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viernes, 3 de mayo de 2019

FinCEN advierte a instituciones financieras sobre los continuos intentos de corruptos de Venezuela de robar, ocultar o lavar dinero

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy un aviso para alertar a las instituciones financieras sobre la continua corrupción generalizada en Venezuela y los métodos que las figuras políticas de ese país y sus asociados pueden usar para mover y ocultar el producto de su corrupción. Además de describir el saqueo corrupto del programa de distribución de alimentos patrocinado por el gobierno de Venezuela, el aviso proporciona y actualiza una serie de avisos financieros para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que puedan ser indicativas de corrupción.

“Los miembros de la tribu de corruptos de Maduro continúan buscando flujos de ingresos ilícitos, incluso cuando el pueblo y la economía venezolanos se hunden más en la desesperación. Estamos alertando a las instituciones financieras de que el régimen de Maduro está utilizando esquemas sofisticados, incluido el desvío de asistencia humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control sobre el poder ", dijo Sigal Mandelker, Subsecretario de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera. "La comunidad financiera internacional debe estar atenta para evitar la explotación por parte de los miembros del régimen corruptos y sus habilitadores, incluidas las compañías del frente y las instituciones financieras extranjeras que continúan apuntalando este régimen ilegítimo".

"Los venezolanos están siendo presa del ilegítimo régimen de Maduro y sus aliados y acólitos, que están matando de hambre al pueblo venezolano, privándolos de atención médica y usándolos como herramientas para apoyar la sed de dinero y poder del régimen", dijo FinCEN. Director Kenneth A. Blanco. “El pueblo venezolano está sufriendo una tragedia épica cuyas proporciones rara vez se ven en el hemisferio occidental, si acaso alguna, debido a la codicia y la corrupción del régimen ilegítimo de Maduro. Los Estados Unidos no permitirán que se abuse de nuestro sistema financiero en beneficio de los cleptócratas extranjeros que intentan esconder su fortuna secreta y comprar casas, yates y aviones en los Estados Unidos y crear cada vez más riqueza para los propósitos inhumanos del régimen de Maduro. Este dinero pertenece legítimamente a la gente de Venezuela. FinCEN y sus socios de la institución financiera continuarán trabajando juntos para cortar el flujo de dinero sucio ”.

El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el Presidente Interino de Venezuela y el líder legítimo del pueblo venezolano. El régimen ilegítimo del ex presidente venezolano Nicolás Maduro se ha involucrado en una corrupción masiva a través de empresas estatales y terceros offshore. En los últimos años, las instituciones financieras han reportado una mayor actividad con sospechas de vínculos con la corrupción pública venezolana, incluidos los contratos gubernamentales.

FinCEN advierte sobre el uso indebido del programa de distribución de alimentos patrocinado por el gobierno de Venezuela denominado Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción ("Comités Locales de Suministro y Producción"), que se conoce comúnmente como el "programa CLAP". CLAP se creó en 2016 para El propósito declarado públicamente es proporcionar raciones de alimentos subsidiados a ciudadanos venezolanos. El ilegítimo antiguo régimen de Maduro está utilizando el programa CLAP para proporcionar alimentos subsidiados a sus partidarios, retener los alimentos de los ciudadanos venezolanos comunes y aquellos que critican al régimen y enriquecer a los miembros del régimen corruptos y sus aliados mediante malversación, manipulación de precios y dinero basado en el comercio. Esquemas de lavado utilizando empresas frontales y shell.

El régimen de Maduro también ha experimentado con el uso de la moneda digital para evitar las sanciones y generar ingresos. Ha desarrollado una moneda digital llamada "Petro" y, según se informa, continúa desarrollando nuevos tokens. En 2018, el banco ruso Evrofinance Mosnarbank surgió como la principal institución financiera internacional dispuesta a financiar el Petro. En marzo de 2019, la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Evrofinance Mosnarbank por asistir, patrocinar o proporcionar material, apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios a Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) ). Se recuerda a las instituciones financieras que la Orden Ejecutiva (E.O.) 13827 prohíbe a las personas de EE. UU. Cualquier participación en la moneda Petro digital.

Las instituciones financieras deberían tomar medidas basadas en el riesgo para identificar y limitar cualquier exposición que puedan tener a los fondos y otros activos asociados con la corrupción pública venezolana alimentada por el régimen de Maduro. Sin embargo, las instituciones financieras deben ser conscientes de que los negocios normales y otras transacciones que involucran a nacionales y empresas venezolanas no representan necesariamente el mismo riesgo que las transacciones y relaciones identificadas como relacionadas con el antiguo régimen venezolano.

jueves, 21 de febrero de 2019

Tribunal de NY fija fecha del juicio contra el banquero iraní que evadió sanciones contra Irán con jugosos contratos en Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juicio del presidente del banco maltés, Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad  se realizará en octubre de 2019, según la orden firmada por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Andrew L. Carter. El banquero fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones estadounidenses contra Irán, de fraude bancario y lavado de dinero relacionado con proyectos de viviendas sociales durante el gobierno del fallecido Hugo Rafael Chávez Frías.
El juez decidió que el juicio de Ali Sadr Hasheminejad empezará el 21 de octubre, para lo cual las partes deben suministrar a la corte las propuestas de instrucciones al jurado y las mociones in limine a más tardar el 9 de octubre.

El propietario de banco maltés Pilatus Bank fue arrestado en marzo de 2018 fue acusado de estar involucrado en un caso relacionado con un contrato mil millonario que el iraní firmó en 2006 con el gobierno de Hugo Chávez a través del cual el banquero habría movido dinero ilegal como parte de un acuerdo para construir viviendas de bajo costo para los venezolanos.

Según los documentos federales, los gobiernos de  Hugo Chávez y el  del iraní Mahmoud Ahmadinejad acordaron construir miles de casas en Venezuela para lo cual se firmó un contrato con la empresa energética estatal venezolana Stratus Group, un grupo de compañías propiedad de Hasheminejad.  
Los fiscales argumentan que el proyecto de Stratus Group consistía en construir 7,000 viviendo por $476 millones. Cada casa tenía un costo de $70,000 aproximadamente, lo que equivalía para ese entonces ( cambio del dólares sobre el bolívar en 2006) a 210 millones de bolívares.
La acusación del Gran Jurado sostiene que el acusado, Ali Sadr Hasheminejad participó directamente en la supervisión de la ejecución del proyecto y ocultaba el rol de la República Islámica en ese proyecto para así evadir las sanciones que el gobierno norteamericano había impuesto al régimen iraní. 
En el marco de la conspiración acusada, Ali Sadr Hasheminejad  y otro co conspirador habrían logrado obtener pasaportes de San Cristóbal y Nieves, cuyos gobierno son aliados del régimen venezolano. En 2010 el acusado poseía un documento de la isla caribeña para lo cual usaba una dirección en Emiratos Árabes Unidos. El objetivo era tener otras entidades  fuera de Irán, una en Turquía y otra en Suiza que fueron usadas para recibir los pagos en dólares provenientes del gobierno de Chávez. Las dos entidades  estaban controladas por Ali Sadr Hasheminejad  y su grupo familiar en Irán.
El rastreo evidenció que entre los años 2011 y 2013 el gobierno de Venezuela ejecutó 15 pagos por un monto de USD115 millones cada uno relacionados con el proyecto de las viviendas de interés social de la administración de Hugo Chávez. El dinero luego fue transferido a un banco en otro offshore ubicado en las Islas Vírgenes Británicas.
Los fiscales destacan que en 2012, el acusado y sus asociados usaron USD 2 millones para comprar propiedades en California. El dinero fue ingresado bajo la categoría  “ganancias del proyecto. 
Uno de los fiscales de distrito, Geoffrey Bearman sostiene que  Sadr Hasheminejad logró crear el banco Pilatus en 2013 con dinero proveniente de la industria criminal y gracias a los pagos en dólares con los que  benefició a Irán. 
Bearman sostuvo que un monto de USD12.9 millones que estaban depositados en Pilatus Bank fueron decomisados porque constituyen un producto criminal relacionado con el proyecto de viviendas en Venezuela.
Ali Sadr Hasheminejad está en libertad con fianza millonaria
En junio de 2018, Ali Sadr Hasheminejad logró salir en libertad bajo fianza aunque acordó estar sujeto al monitoreo electrónico y a la prohibición de salir de su residencia después de las 7 PM. 

La fianza del banquero incluye una serie de condiciones y bonos que totalizan unos $ 34 millones,  aunado a unos 40 bonos de familiares, amigos y colegas que alcanza un valor de casi $ 14 millones.


El acusado  también fue obligado a entregar todos sus pasaportes y otros documentos de viaje a la corte neoyorquina. Por orden judicial el banquero no podrá obtener nuevos documentos y debió renunciar a cualquier derecho de impugnar la extradición  en caso que cualquier país extranjero decida procesarlo.

La orden de la corte estableció un perímetro entre los Distritos sur y este de la ciudad de Nueva York, Washington DC, Maryland y el distrito este de Virginia.

Entre las otras limitaciones que acordó Ali Sadr Hasheminejad está la posibilidad de reclamar el dinero que fue congelado en sus cuentas bancarias en bancos internacionales.














jueves, 31 de enero de 2019

Fiscal provisorio exculpó a empresa bloqueada por PDVSA por sobreprecios en contratos contradiciendo a Tarek William Saab

Contraviniendo las afirmaciones del Tarek William Saab, el Fiscal Provisorio 55° de competencia Nacional en lo Penal, exculpó a la empresa Capriservis C.A., señalada por su superior de desfalcar a PDVSA mediante contratos con sobreprecios.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Desmintiendo al fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, el Fiscal Provisorio 55° Nacional Penal, Ronny José Salimey Mejías, exculpó a la empresa Capriservis C.A. por no ser objeto de investigación en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), pese a que su superior jerárquico así lo había asegurado ante la opinión pública venezolana.

Cabe recordar que el 31 de agosto de 2017, Saab dio a conocer que las empresas Nalco Venezuela, Sumi Service 2021, Capriservis, Cooperativa servicio de Oriente, Servicio construcciones y mantenimiento Romara, Constructora Urbano Fermín, Metroemergencias, Travequip, SDV Energía e Infraestructura y Derwick Associates, estaban señaladas de supuestamente haber desfalcado al país por un monto de USD 200 millones, ocasión que aprovechó para vincular en estos hechos irregulares a Luisa Ortega Díaz por actuar “con permisiva omisión. Usted es la principal responsable del desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco porque desviaron la investigación para extorsionar”[1].

Y aunque ahora el fiscal Ronny José Salimey Mejías niega que Capriservis haya incurrido en el ilícito de negociar con sobreprecio con la estatal petrolera, Tarek William Saab aseguró que sus investigaciones lo llevaron a determinar que las diez empresas involucradas recibieron doce contratos para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco entre 2010 y 2016 estableciendo tarifas sobrevaloradas en hasta 230 por ciento[2].

Esa no fue la única ocasión en la que Tarek William Saab se refirió al asunto, pues posteriormente, el 22 de septiembre del mismo año 2017, indicó que luego de avanzar en las investigaciones de su despacho —pese a que el fiscal Salimey Mejías lo niega— el número de las empresas bajo averiguación se había elevado a 17, “de las cuales 10 están totalmente auditadas y comprometidas en este desfalco con sobreprecio en las contrataciones que se hicieron en la Faja” y agregó que a través de estas “contrataciones colosales”, aproximadamente con 41 mil contratos otorgados de manera directa, se había esquilmado el patrimonio público en unos 35 mil millones de dólares, informó el periódico de tendencia oficialista El Correo del Orinoco[3].

El oficio exculpatorio

El 27 de abril de 2018, el Fiscal Provisorio 55° Nacional Penal, Ronny José Salimey Mejías, dirigió una comunicación al presidente de Petróleos de Venezuela S.A., Mayor General Manuel Quevedo, para informarle que las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público en la Faja Petrolífera del Orinoco, “en razón del otorgamiento de los distintos contratos que contienen procura con sobreprecio”, se constató que la empresa Capriservis C.A. con el Registro de Información Fiscal (RIF) J-31131922-0, con el código de proveedor en la industria N° 100066862, no estaba siendo investigada por las fiscalías comisionadas para el caso signado con el número MP-257978-2017, referido a Petropiar, “ni en ninguna otra causa”.

El fiscal Salimey Mejías le refirió a Manuel Quevedo que en razón de que para el momento de suscribir dicha comunicación, la susodicha empresa se encontraba bloqueada por PDVSA y sus filiales, se exhortaba a la Petróleos de Venezuela S.A. a proceder al respectivo desbloqueo “a los fines que pueda continuar son sus labores dentro de la estatal, honre los compromisos contratados con esa empresa y así se le realicen los pagos correspondientes”.

“En tal sentido, siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal y su función está dirigida a determinar la culpabilidad de los posibles agentes que están inmersos en algún hecho punible, también tiene atribuida la facultad de exculpar en aquellos casos donde no se encuentran elementos de convicción, en consecuencia solicitamos de sus buenos oficios de cumplimiento a lo exhortado por esta Oficina Fiscal”, concluye.

La comunicación iba con copia a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, a la Consultoría Jurídica, a la Dirección de Auditoría Interna y a la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA.



La orden de bloqueo

El 14 de agosto de 2017, el entonces presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, pidió al vicepresidente de la estatal, Simón Zerpa, así como al presidente de Bariven, Francisco Jiménez, bloquear preventivamente de forma inmediata a diez empresas para todo tipo de operaciones en el maestro de proveedores, incluida la colocación de pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".

La orden de Del Pino se sustentaba en el hecho de que cursaba una investigación sobre la procura de la Faja Petrolífera donde estas diez empresas, entre las que figuraba Capriservis C.A., eran consideradas "de alto riesgo [y] a las cuales se les debe hacer bloqueo inmediato".

El presidente de la estatal petrolera prohibió que ha dichas compañías se les invitara a participar “en procesos de licitación, celebración de negocios y contratos hasta que culmine la investigación”[4].



La empresa

La empresa Capriservis C.A., de acuerdo al portal Pymes Venezuela[5], se dedica a “todo lo relacionado con la prestación de servicios de control ambiental y de manera enunciativa podría realizar mantenimiento de fosas con componentes derivados del petróleo, aceites, gases, fosas de agua salada, desechos tóxicos, reciclaje de derivados del petróleo aceites, construcción, mantenimiento  e inspección de obras civiles, petroleras, mecánicas, eléctricas, electrónicas, hidráulicas, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, transporte en general marítimo y terrestre, suministro, alquiler y venta de maquinarias y equipos pesados, elaboración de proyectos, mantenimiento en general, importación, fabricación, compra, venta de materiales de ferretería y de la construcción, suministro y supervisión de personal, recuperación y restauración de áreas verdes, arborización, paisajismo, decoración de ambientes exteriores e interiores, así como la explotación de cualquier rama de actividad mercantil de lícito comercio establecidas en las leyes venezolanas, además de las ramas conexas o no relacionadas, siempre que así se decida en asamblea general de accionistas”.

La compañía tiene su sede en Santa Elena de las Piñas, calle principal, Quinta N° 58, Maturín, estado Monagas, la cual también figura como dirección fiscal. El Registro de Información Fiscal (RIF) es J-31131922-0.

Se informa que cuenta con un trabajador y sus teléfonos son 0414-3824569, 0416-9922186, Fax 0291-6419119 y correo electrónico: capriservis@cantv.net.

Entretanto, Dato Capital[6] informa que el último balance presentado por Capriservis tenía fecha de 31 de diciembre de 2016, con una facturación de 118.566.483 bolívares, un beneficio bruto de Bs. 93.064.031, un beneficio neto de Bs. 3.034.981 y un efectivo disponible de Bs. 3.760.193.

La empresa, que figura en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) correspondiente al estado Monagas.

Capriservis estaba habilitada para contratar con el estado de  acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones Públicas.


El fiscal

Ronny José Salimey Mejías nació el 13 de noviembre de 1976 y es titular de la Cédula de Identidad número V-13.406.007, se le ubica en la parroquia Sucre del municipio Libertador del Distrito Capital, de acuerdo a información del portal Dateas[7].

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional “Doctor Elías Rodríguez”, ubicado en la parroquia Sucre, municipio Libertador, Distrito Capital.

Según su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ingresó al sistema el 16 de junio de 1997, su fecha de contingencia es el 13 de noviembre de 2036. Su estatus actual es cesante, al haberse retirado de la Defensoría del Pueblo Número Patronal 19891412, el 9 de enero de 2019. Acumula 992 semanas cotizadas y un total de salarios de Bs. 21.045,76.


Este fiscal, según fuentes informativas, es protegido del Director General de Administración de la Fiscalía General.

Ronny José Salimey Mejías También fue señalado por los familiares del expresidente de Citgo y PDVSA, Nelson Martínez, quien murió cuando estaba detenido por acusaciones de corrupción, por no haber tomado acciones a tiempo que hubieran impedido que el exfuncionario falleciera, supuestamente, por negársele a tiempo los servicios médicos que requería[8].

Notas

[1] Efecto Cocuyo. “Saab vincula a exfiscal en desfalco a la Nación de 200 millones de dólares”. 31 de agosto de 2017. http://efectococuyo.com/politica/saab-vincula-a-exfiscal-en-desfalco-a-la-nacion-de-200-millones-de-dolares/

[2] 2001. “Tarek William Saab nombra 10 empresas que incurrieron en robo a la nación (+Lista)”. 31 de agosto de 2017. http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/168537/tarek-william-saab-nombra-10-empresas-que-incurrieron-en-dano-patrimonial---lista-.html

[3] Correo del Orinoco. “Cronología de la caída de las mafias petroleras”. 1° de diciembre de 2017. http://www.correodelorinoco.gob.ve/cronologia-de-la-caida-de-las-mafias-petroleras/

[4] Venezuela Política. “Presidente de PDVSA pide bloquear a 10 empresas con antecedentes de corrupción para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco”. 31 de agosto de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/08/presidente-de-pdvsa-pide-bloquear-10.html

[5] Pymes Venezuela. Capriservis C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/capriservis-ca-33280

[6] Datos Capital. Capriservis C.A. https://www.datocapital.com.ve/empresas/Capriservis-Ca.html

[7] Dateas. Salimey Mejías, Ronmy José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/salimey-mejias-ronmy-jose-578294

[8] Noticias Venezuela. “Maibort Petit: Al expresidente de Citgo y PDVSA Nelson Martínez se le habría violado servicio médico y tratamiento adecuado”,

domingo, 19 de agosto de 2018

Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida

En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en julio de 2018 por acusaciones en este caso. No obstante, en el cronograma del tribunal aparece que el acusado será presentado ante el juez el miércoles 22 de agosto de 2018 para una audiencia en la cual deberá declararse culpable o no culpable de los cargos en su contra.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los nuevos documentos dados a conocer por la Corte del Distrito Sur de la Florida en el caso de contratistas y funcionarios del gobierno venezolano que habrían supuestamente malversado más de US$1.200 millones provenientes de la estatal  petrolera PDVSA (entre 2014 y 2018), revelan que los acusados habían adquirido más de 13 propiedades inmobiliarias en Miami, 11 en ciudad de Panamá, además de haber hecho inversiones millonarias en bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. Los bienes fueron incautados por las autoridades federales de los Estados Unidos.
Los acusados son los siguientes: Francisco Convit Guruceaga (contratista venezolano); Carmelo Urdaneta Aqui, (exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela); Abraham Eduardo Ortega, exdirector de finanzas de PDVSA; José Vicente Amparan Croquer, operador  venezolano;  Hugo Andrés Ramalho Gois (banquero portugués),  Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara (banquero uruguayo) y Mario Bonilla Valera.

En este caso fue arrestado el 24 de julio de 2018 en Miami,  el ciudadano alemán que vivió en Venezuela y quien es residente de Panamá, Matthias Krull.  Tras su presentación ante el juez el 27 de julio de 2018, la defensa del banquero solicitó libertad bajo fianza, la cual fue fijada por el juez de la causa en un millón de dólares (USD 1.000.000,00). 
La nueva audiencia de Matthias Krull se realizará el miércoles 22 de agosto de 2018 ante la jueza Cecilia M. Altonaga y la misma tiene como objeto que el acusado se declare culpable o no culpable de los cargos en su contra.

Krull firmó una autorización para un juicio acelerado, y en los documentos que aparecen en su expediente está una audiencia para los exámenes preliminares de este caso prevista realizarse el 8 de octubre de 2018.

La acusación de Krull dice que el demandado trabajó en la administración de las cuentas de la cúpula venezolana y que formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares provenientes de Pdvsa.

Otro detenido en espera de extradición

Otro de los sujetos acusados en la supuesta conspiración es un ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri. La fiscalía lo acusada de blanquear parte de los fondos a través de inversiones fraudulentas en fondos mutuos. Hernández Frieri fue detenido en Italia el 25 de julio de 2018 y está a la espera de su extradición a los Estados Unidos.

El caso

La acusación emanada del Gran Jurado establece que los acusados conspiraron para lavar unos US D 1.200 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera PDVSA,  y que a la vez idearon un esquema para lavar los fondos de origen ilegítimo en el sistema financiero norteamericano y europeo.

Dice la demanda que los acusados compraron una serie de propiedades inmobiliarias, bonos e instrumentos financieros durante las fechas de la conspiración (2014-2018). 

El gobierno acusa a Francisco Convit  Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Arteaga, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andrés Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara y a Mario Enrique Bonilla Valera de haber conspirado para lavar dinero en los Estados Unidos. 
Los demandados, Abraham Edgardo Arteaga y Gustavo Adolfo Hernández Frieri tienen dos cargos por lavar dinero con instrumentos financieros. El la acusación también se destaca que Hernández Frieri tiene un cargo por promoción de lavado de dinero internacional.

Incautaciones de propiedades en tres países

Documentos de la corte informan que el gobierno de los Estados Unidos incautó propiedades por el orden de los USD 45.585.667, 46El 19 de diciembre de 2017 se incautaron bienes por USD 5.999.710,00; en enero 8 de 2018 por el orden de US D 35.488.967,72 y el 17 de julio de 2018 por US D 4.096.989,74.

Se confiscó además una propiedad en la Torre Porsche ubicada en 18555 Collins Avenue #2205, Sunny Isles Beach, Florida 33160. 
Asimismo se congelaron todos los fondos depositados en la cuenta 1466054 Del City National Bank y los de la cuenta -portafolio 1303311-00 Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Las Bahamas; USD 5.000 Global Securities Trade Clase D-Serie D-1-15813-315 LU098615466 Fenice SICAV SIF Eagle Global. 

Otras incautaciones hechas por las autoridades federales fueron los fondos depositados en la cuenta 10608645 de Zarattini & Co Bank en Lugano, Suiza y los siguientes instrumentos financieros:

1)16.000 Fenice SICAV SIF SCA SICAV-SIF Eagle Global.

2)24,405,72 Fenice SICAV SIF SCA SICAV Blu.

Y todos los fondos depositados en la cuenta ZIULD767 en Valbury Capital LTD en Londrés.

Se confiscaron11 apartamentos ubicados en las Residencias Santa María Signature en ciudad de Panamá, con el mobiliario incluido.

Asimismo embargaron 11 propiedades inmobiliarias en el estado de la Florida.







miércoles, 1 de agosto de 2018

(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Las autoridades de los Estados Unidos arrestaron al ciudadano estadounidense-venezolano, José Manuel González Testino acusado de haber pagado sobornos a funcionarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA para obtener contratos para sus empresas ubicadas en territorio norteamericano.


De acuerdo al comunicado del Departamento de Justicia, González Testino controlaba múltiples empresas y fue detenido el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Este es el arresto número 17 relacionado con un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que investiga la Fiscalía del Distrito Sur de Texas y que involucra a varios funcionarios del gobierno del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.

González Testino fue presentado en corte este miércoles donde el juez  el Juez del Distrito Sur de la Florida, Lauren F. Louis leyó los cargos en su contra. El sujeto es acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

La acusación señala que González y otro conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de lograr contratos de PDVSA a favor de las empresas de González, dar prioridad a los pagos de sus compañías y otorgar a contrataciones de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos.

El anunció fue hecho por el Fiscal General Adjunto, Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston de Inmigración y Aduanas del Servicio de Inmigración y Aduanas (HSI).

Con el arresto de González, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 17 personas, 12 de las cuales se declararon culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los EE. UU. Sobre sobornos en PDVSA. HSI en Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la asistencia de HSI en Boston y Miami dice el comunicado del gobierno y añade que los abogados litigantes Sarah E. Edwards y Jeremy R. Sanders de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y los Fiscales Federales Auxiliares John P. Pearson y Robert S. Johnson del Distrito Sur de Texas están procesando el caso. La Asistente de la Fiscal de los Estados Unidos Kristine Rollison del Distrito Sur de Texas están manejando los aspectos de confiscación del caso. 

La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también brindó asistencia.


domingo, 22 de julio de 2018

Glencore debe informar a los E.E. U.U. sobre sus negocios con PDVSA , CVG y CAMIMPEG

En un emplazamiento legal del Departamento de Justicia norteamericano contra la multinacional anglo-suiza se pide -de manera general- que entregue las evidencias sobre las negociaciones hechas en el Congo, Nigeria y Venezuela. Una indagación con las fuentes ligadas al caso revelan cuáles son las empresas ligadas al Estado venezolano que son de interés para las autoridades estadounidenses.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Las autoridades federales de los Estados Unidos solicitaron a la transnacional Glencore Ltd. información sobre los negocios que realiza con sus socios en República Democrática del Congo, Venezuela y Nigeria. En la petición legal, el gobierno norteamericano se refiere a los negocios de manera general "any deal general"  según destaca la comunicación federal. Una fuente ligada al caso, asegura que la firma deberá suministrar los documentos de los acuerdos con los gobierno de los mencionados países. En el caso de Venezuela, el consultado informó que las contrataciones están relacionadas con "Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Compañía  Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) y sus asociadas extranjeras SPS Oil Production (UK) y Palmat International, entre otras". Asimismo, la multinacional también deberá ofrecer detalles de su presunta participación en el esquema de corrupción demandado por PDVSA US Litigation Trust en la Corte del Distrito Sur de la Florida.
Glecore ha sido señalada de haber operado en varias contrataciones de manera fraudulenta en tres diferentes países. La autoridades norteamericanas investigan a varias corporaciones por haber presuntamente violado la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero que tipifica como crimen que las empresas paguen sobornos a funcionarios públicos en el extranjero para conseguir negocios.

Glencore informó que colaborará con el Departamento de Justicia estadounidense, según anunció uno de sus principales voceros en un comunicado.

Entramado de corrupción PDVSA 

Glencore fue demandada civilmente en la Corte del Distrito Sur de la Florida por haber formado parte de un entramado de corrupción junto a otras empresas petroleras, empleados, exfuncionarios de PDVSA y varios empresarios quienes habrían clonado el sistema informático de la estatal petrolera venezolana para beneficiarse de las ofertas de productos y servicios de manera fraudulenta.

En la acción civil aparecen como demandados Glencore de Venezuela, C.A., Glencore Energy UK Ltd.,  Glencore International A.G. y Glencore Ltd.

Paralelamente, Glencore fue señalada en un reporte federal sobre las operaciones de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas CA (CAMIMPEG). El informe dice que en la gigante energética junto a empresas asociadas Southern Procurement Services (S.P.S) LTD y Palmat International habrían  violado las sanciones impuestas por los Estados Unidos a funcionarios venezolanos, y estarían envueltas en un esquema de corrupción y lavado de dinero con entes públicos del país suramericano. 

Glencore Plc. informó que tiene toda la disposición de cooperar con las autoridades estadounidenses, luego de haber recibido un emplazamiento legal de la justicia norteamericana en el cual se pidió la entrega de documentos sobre sus negocios de minería en la República Democrática del Congo, Venezuela y Nigeria, como parte de una investigación por corrupción.

La firma dijo que estableció un comité de miembros del directorio, incluyendo al presidente Tony Hayward y a los directores no ejecutivos independientes Leonhard Fischer y Patrice Merrin, para supervisar su respuesta al pedido del Departamento de justicia.

Tony Hayward dijo que “La corporación cooperará con el Departamento de Justicia estadounidense, mientras continúa enfocándose en nuestro negocio y buscando maximizar el valor que creamos para nuestros diversos accionistas en una forma responsable y transparente”.

En la declaración el vocero aseguró que la trasnacional aborda con seriedad la ética y el cumplimiento en todo el conglomerado.


El Departamento de Justicia pidió a Glencore una copia de los documentos y registros de cumplimiento con la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero y estatutos de lavado de dinero.

Cooperación y garantía de transparencia


La principal razón del emplazamiento legal estadounidense contra la gigante suiza no son los contratos con Venezuela y Nigeria, sino los negocios en la República Democrática del Congo donde la firma tiene operaciones mil millonarias con empresas vinculadas a un empresario sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense.

El 20 de diciembre, una orden ejecutiva del presidente Donald Trump colocó al multimillonario israelí de diamantes Dan Gertler en la lista de individuos sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), debido a sus lazos comerciales con el controvertido presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila .

Ser calificado como OFAC "nacional especialmente designado" significa que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con Gertler o sus empresas relacionadas, y que todas sus propiedades e intereses en los EE. UU. están bloqueados. 

Gertler fue asociado comercial de Glencore en varios negocios. Cuando fue sancionado, la trasnacional no pudo continuar las operaciones con el mencionado empresario lo que generó varios litigios internacionales. 

En junio de 2018, Glencore PLC decidió reanudar los pagos multimillonarios a Gertler, con lo cual retó las autoridades norteamericana que prohibieron con su decisión a las empresas occidentales más opciones para lidiar con homólogos sancionados.


La transnacional había dejado de pagar las regalías a Gertler en diciembre de 2017, luego de que se impusieran sanciones por presunta corrupción en la República Democrática del Congo. La firma argumentó que decisión de reanudar los pagos era la única opción viable para evitar el riesgo de perder sus activos. Los pagos se realizarían en euros y garantizaría que ningún ciudadano estadounidense tuviese ningún rol en el acuerdo para cumplir con las sanciones de los EE. UU., según un reporte del diario The Wall Street Journal.[1]

Glencore  dijo que "si no se hacían los pagos se podría poner en riesgo la operación de sus activos en el Congo, lo que representa una amenaza para los precios del cobre y el cobalto en todo el mundo", dijeron fuentes relacionadas al The Wall Street Journal. Glencore, a través de sus minas congolesas, es el mayor productor mundial de cobalto, un producto clave para las baterías de vehículos eléctricos.

Luego de la decisión de Glencore de junio 2018, el Departamento del Tesoro impuso sanciones adicionales a 14 entidades afiliadas a Gertler. Los Estados Unidos acusan al empresario de utilizar su estrecha amistad con el presidente congoleño Joseph Kabila para actuar como intermediario en la venta de activos mineros en el país, dice el reporte del WSJ. 

En abril de 2018,  Gertler inició una acción legal contra Glencore en un tribunal congoleño en busca de 3.000 millones de dólares en daños y perjuicios en respuesta a la decisión de la empresa de detener los pagos, reportó el WSJ. Gertler también obtuvo importantes órdenes judiciales que, si se convirtieran en definitivas, le habrían permitido confiscar bienes de forma permanente en las minas de Glencore, lo que causaría graves trastornos en el mercado, dijo la compañía.

Las sanciones del Departamento del Tesoro prohíben que las firmas estadounidenses trabajen con Gertler y varias compañías asociadas con él. Esta fue la razón principal por la cual las autoridades norteamericanas presentaron un desafío legal a Glencore, que si bien es una empresa anglo-suiza, está estrechamente vinculada al sistema financiero de los EE. UU.

Glencore llegó a un acuerdo "para abordar adecuadamente todas las obligaciones de sanciones aplicables". Como resultado del acuerdo, Glencore dijo que "sus subsidiarias y compañías afiliadas Gertler acordaron retirar todo litigio pendiente y amenazado entre ellas".

Según el Departamento del Tesoro, Gertler habría amasado una fortuna a través de "minería opaca y corrupta". y acuerdos petroleros ". La principal empresa Gertler que trabaja en el Congo, Fleurette Group, ha negado enérgicamente las acusaciones de corrupción. 

La petición de la documentación por parte de la justicia norteamericana podría ser entregada este mes y de allí procederán con las acciones pertinentes. 

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