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viernes, 3 de noviembre de 2017

Juez de NY acepta evidencias de la fiscalía en caso de empresarios lavadores de dinero de funcionarios chavistas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez de Distrito, William H. Pauley III aceptó la solicitud hecha por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presentar evidencias de fondo y de contexto en el caso que se le sigue a los empresarios del sur de la Florida Luis Javier Díaz y Luis Díaz, acusados de haber usado una empresa de venta de materiales de construcción como un banco para lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios del régimen venezolano.

El juicio contra los dos empresarios se iniciará en el 6 de noviembre, para lo cual ya se han realizado las acciones pertinentes a la escogencia del jurado y la preparación de los testigos y las pruebas. 

El gobierno de los Estados Unidos presentó al tribunal las llamadas mociones in limine que buscaban que el juez autorizara la testificación de un experto en los controles de cambio que se han aplicado en Venezuela desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez y que el actual mandatario ha mantenido. 

Asimismo, la fiscalía pidió al tribunal que acepte dentro de las evidencias un libro mayor de contaduría donde aparecen registradas las transacciones que se hicieron a lo largo de la conspiración que según los documentos federales se inició en 2009 y duró hasta el 2016.  La corte se reservó para los próximos días la admisión de este instrumento.

En las mociones in limine, la Fiscalía argumentó que con los argumentos del experto,  Daniel Lansberg-Rodríguez los miembros de jurado pudiesen entender cómo marcha el proceso de controles de cambio en Venezuela y el daño que le ha hecho a la economía del país sudamericano. 

En una carta el  fiscal neoyorquino, Joon H. Kim dijo que esperaba que el testigo pudiera ayudar al jurado a identificar a funcionarios y exfuncionarios vinculados a este esquema de lavado de dinero, entre quienes mencionó a  Fidel Ramírez Carreño, (hermano del expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez Carreño); Enrique Rafael Cid, (un contratista que fungió como asesor del exministro de Industria Energía Eléctrica, Jesse Chacón) y el ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos Cárdenas.

El juez Pauley ordenó admitir las mociones in limine del gobierno que buscan la presentación a los jurados de evidencia de fondo del contexto, motivación y los efectos de los crímenes por los cuales están siendo acusados Luis Díaz y  Luis Javier Díaz.

Los acusados se les imputa de cuatro cargos, todos derivados de la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia a través de su empresa exportadora, Miami Equipment, desde aproximadamente 2010 hasta al menos 2016.

Los cargos de que se los acusa son, a saber:

1) Conspiración para operar un negocio transmisor de dinero sin licencia, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371;

2) Operación de un negocio transmisor de dinero sin licencia, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1960;

3) Conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956;


4) Lavado internacional de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

Seguiremos informando...

martes, 17 de octubre de 2017

Defensa de los acusados de lavado de dinero de funcionarios chavistas rechaza pruebas de la fiscalía

Para los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., es inadmisible que la corte acepte el testimonio del experto sobre control de cambio y el libro mayor encontrado en un recinto ajeno a los acusados, las principales evidencias de la fiscalía. En tal sentido solicitan al tribunal la realización de una audiencia Daubert para considerar el asunto.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La defensa de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., dos hombres acusados de haber lavado más de 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a través de una empresa que vende materiales de construcción en el estado de la Florida, rechazó la propuesta hecha por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presentar en el juicio el testimonio del experto en Regímenes de Control de Cambio, el profesor Daniel Lansberg-Rodríguez.
Los fiscales federales propusieron que Lansberg-Rodríguez explique al jurado cómo funcionan en Venezuela los controles de cambio y los mecanismos que se usan para lograr comprar las divisas que vende el gobierno a un precio menor del que rige en el mercado, lo cual ha creado una enorme corrupción por parte de los funcionarios y sus asociados, y una grave distorsión en la economía venezolana.

Los dos hombres —residentes del estado de la Florida— fueron acusados de cuatro cargos por el gobierno de los Estados Unidos, todos derivados de la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia a través de su empresa exportadora, Miami Equipment, desde aproximadamente 2010 hasta al menos 2016.

Los cargos de acusación contra los Díaz son los siguientes:

1) Conspiración para operar un negocio de transferencias de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371;

2) Operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1960;

3) Conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h); y

4) Lavado internacional de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A)

El fiscal neoyorquino, Kim H. Joo, informó a la corte que el profesor Lansberg-Rodríguez podrá identificar en su testimonio frente a la corte a ciertas personas relevantes en el caso de los acusados, entre quienes se incluyen a Fidel Ramírez Carreño (hermano del expresidente de PDVSA y actual embajador ante la ONU, Rafael Ramírez), Enrique Rafael Cid (Ex-asesor del exministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón) y Nervis Villalobos Cárdenas (ex-viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez), como ciudadanos vinculados a funcionarios del gobierno venezolano. Ver más detalles sobre el memorando de la fiscalía de NY en este enlace.

Vale destacar que a raíz de la publicación de los nombres de exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes supuestamente estarían involucrados en este caso de lavado de dinero, según la fiscalía de Nueva York, intentamos comunicarnos con los señalados.

Logramos contactar a una fuente cercana al exviceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos Cárdenas, quien declinó comentar directamente sobre el caso, aunque negó que estuviese implicado o haya formado parte en el pasado en operaciones de presunto lavado de dinero a través de Cadivi.

El exfuncionario indicó que "ejercerá todas las acciones necesarias para demostrar que nunca estuvo relacionado a transacciones supuestamente al margen de la ley".

El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez y su hermano, han evitado pronunciarse frente a diversas acusaciones de corrupción en las cuales han sido mencionados.

La defensa arremete

La defensa de los Díaz, representada por los abogados José Manuel Quiñones, George J. Vila y  Vincent Joseph Flynn, pidieron al juez que realice una audiencia Daubert para presentar los argumentos de inadmisibilidad del testimonio del testigo experto propuesto por la fiscalía, Daniel Lansberg-Rodríguez.

Una audiencia Daubert es un encuentro llevado a cabo ante el juez, donde la validez y la admisibilidad del testimonio de un experto son cuestionadas por un abogado opositor. Se requiere que el experto demuestre que su metodología y razonamiento son científicamente válidos y pueden aplicarse a los hechos del caso.

El término proviene del caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1993, Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., en el cual la Corte articuló un nuevo conjunto de criterios para la admisibilidad del testimonio de expertos científicos.

Objetan la evidencia del libro de contabilidad

Los defensores de los dos acusados informaron que sus clientes se oponen a la introducción del libro de contabilidad o libro mayor y su contenido, el cual fue recuperado por los agentes del gobierno durante la ejecución de una orden de registro en un "Restaurante" en Nueva York que participaba en la conspiración. Los defensores argumentan que la ubicación del "Restaurante" está totalmente fuera del dominio o control de los demandados.

En el memorando, la defensa dice que el libro mayor y sus contenidos son irrelevantes e inmateriales con respecto al caso de los acusados, y según ellos, usarlo como prueba directa violaría las Reglas Federales de Evidencia con respecto a la evidencia de rumores.

La defensa dice que los fiscales no pueden presentar el libro mayor por las siguientes razones:

​​(1) Se desconoce quién lo creó;
(2) Su propósito previsto;
(3) La autenticidad de las entradas en el mismo;
(4) La precisión de las entradas en el mismo;
(5) La identidad de cada individuo que hizo cada entrada;
(6) Lo que representa cada entrada en lo que respecta a cualquier transacción en particular y los detalles de la misma, y
​​(7) El conocimiento de la persona a quien cada entrada  se atribuye.

Recuerdan los abogados que las reglas sobre este particular establecen que la prueba para la evidencia relevante debe tener las siguientes características:

(a) tiene alguna tendencia a hacer un hecho más o menos probable de lo que sería sin la evidencia; y (b) el hecho es de importancia para determinar la acción.
Igualmente argumentan que si la corte considerara relevante esa evidencia, la regla 403, prevé la exclusión de evidencia relevante en ciertas situaciones, en particular cuando su valor probatorio es substancialmente superado por el peligro de uno o más de los siguientes elementos: prejuicio injusto, confusión de los asuntos, engaño del jurado, demora indebida, pérdida de tiempo o presentación innecesaria evidencia acumulada.

Por lo tanto, aseguran, si el tribunal considera que el libro de contabilidad es relevante, aun así sería tan perjudicial que confundirá los asuntos, y engañaría al jurado con tal información extraña, que no debe admitirse como evidencia en este caso.

Critican que las entradas en el libro mayor son rumores ya que el Gobierno ofrecerá el libro mayor y sus entradas para probar la causa, y por lo tanto, debe ser excluido de conformidad con la regla federal de evidencia número 802.

La defensa de los Díaz pidió al juez que rechace la moción in limine del gobierno y conceda su solicitud de audiencia "Daubert", basada en el testimonio experto del Profesor Daniel Lansberg- Rodríguez.

En ese sentido, la defensa dice que rechaza la intención del gobierno de presentar evidencia a través de testimonios de expertos sobre los controles monetarios venezolanos, los esquemas comunes utilizados para evadir esos controles monetarios y el daño que he han causado a la economía venezolana y sus ciudadanos cuando se violan dichos controles.

Dicen que si la corte admite que el gobierno presente testimonios periciales sobre controles monetarios venezolanos, los acusados solicitaran que limite dicho testimonio para prohibir que el mismo se relacione con los hechos y circunstancias del caso y con los individuos y entidades supuestamente involucradas.

Rechazan la propuesta del gobierno de que el experto informará al jurado sobre la operación de los esquemas de control monetario, pero no opinará sobre las pruebas en el juicio ni ofrecerá opinión sobre la conducta los acusados y su participaron en la conspiración.

Este Tribunal debería prohibir al Gobierno la presentación de testimonios de expertos sobre el efecto o impacto en la economía y los ciudadanos de Venezuela provocados por una violación de los controles monetarios, argumentan los abogados.

Explican que al evaluar los testimonios y las pruebas de los expertos, "el tribunal de distrito debe considerar los indicios de confiabilidad identificados en la Regla 702, a saber, (1) que el testimonio se base en hechos o datos suficientes; (2) que el testimonio sea el producto de principios y métodos confiables; y (3) que "el testigo haya aplicado los principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso".

Entre otros factores, los abogados señalan que el tribunal de distrito debe considerar "si la teoría o la técnica del experto ha sido sometida a revisión y publicación por pares", la "tasa de error conocida o potencial" de la técnica "La existencia y mantenimiento de estándares que controlan la operación de la técnica" y si la técnica ha ganado aceptación general en la comunidad científica relevante.

La defensa expuso en el memorando que "la investigación flexible de Daubert le da a la corte del distrito la discreción necesaria para garantizar que la puerta de la sala del tribunal permanezca cerrada a la ciencia basura mientras admite un testimonio experto confiable que ayudará al juez de hecho".

Para justificar la admisibilidad, sin embargo, es fundamental que el análisis de un experto sea confiable en cada paso, acotan los abogados.