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lunes, 3 de enero de 2022

Cómo operaba la trama de corrupción del Sistema Sucre: Las reservas internacionales se usaron para enriquecer a Álex Saab

  Parlamentarios ecuatorianos explicaron el mecanismo de defraudación instrumentado por el chavismo en Venezuela y Ecuador.

Por Maibort Petit

   Luego de que política y jurídicamente se sentaran las bases para la constitución del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) y de que Colombia y Venezuela suscribieran el 28 de noviembre del 2011 el convenio para la construcción de casas prefabricadas para la Gran Misión Vivienda, Álex Saab y Álvaro Pulido —propietarios de la empresa Fondo Global de Construcción-Foglocons, conformada apenas cuatro días antes de la firma del contrato, así como de su gemela en Ecuador, Fondo Global de Construcción Ecuador, en septiembre del 2012— movieron los hilos para proceder a darle operatividad al sistema que habría de hacerlos milmillonarios. La gran estafa del Sucre tenía forma y eran solo necesario instrumentarla.
   Así lo refiere el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador sobre el “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons”, el cual estableció que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) sólo era un mecanismo de defraudación, un instrumento de enriquecimiento ilícito estructurado sobre una plataforma político-ideológica.

  Con Colombia y Juan Manuel Santos solamente de recuerdo en la foto del día de la firma, Saab y Pulido apuntaron al Ecuador donde la dolarización allí imperante permitiría poner el negocio en movimiento. Procedieron a firmar un contrato para la exportación de paneles prefabricados desde Ecuador, se firmó entre Foglocons Ecuador y ELM Import de Venezuela, ambas, propiedad del colombiano y pusieron la estafa en funcionamiento.
   Refiere el informe que con fondos provenientes del Banco Central del Ecuador (BCE), a saber, USD 159,8 millones, ELM Import pagó por adelantado a través del Sistema Sucre, algo que ocurría a solo tres meses de operaciones, del 28 de diciembre de 2012 al 26 de marzo de 2013. En ese tiempo la trampa se materializaba mediante exportaciones ficticias y compulsivas, de tal manera que, casi a diario, el BCE emitía pagos a Foglocons por USD 864 mil. De este modo, la empresa de Saab y Pulido recibió esos USD 160 millones, pero solamente envió a Venezuela USD 3.1 millones en paneles prefabricados para las casas de la Gran Misión Vivienda.

Sobre Saab y Pulido

   Estas actividades delictivas de Saab y Pulido contaban con la complicidad de autoridades ecuatorianas. Sus fichas en Ecuador Luis Eduardo Sánchez Yánez —quien dirigía Foglocons Ecuador— y Jaime Sánchez Yánez —quien fungía como asesor de Rafael correa— cumplían con su papel y agenciaban y diligenciaban para que la operación marchara sobre ruedas. Los parlamentarios determinaron que Jaime Sánchez se entrevistó con el presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, para interceder a favor de la empresa de Saab, algo que ocurrió en el primer trimestre del 2013, cuando el ente emisor “desangraba los dólares de su Reserva Internacional para adelantar los pagos a Foglocons por importaciones de ELM Import”.
    El periodista Gerardo Reyes relata en su libro “Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, que Álex Saab y Álvaro Pulido —en realidad, Germán Rubio Salas, un individuo envuelto en negocios de narcotráfico— en el 2009 cuando el primero estaba en bancarrota, a través de un amigo común, Reinaldo Slebi. Según Reyes, Saab conocía los antecedentes de Pulido, lo cual no pareció ser problema, tal vez una ventaja.

   Germán Rubio Salas —verdadero nombre de pila de Álvaro Pulido— estaba señalado de ser jefe del Cartel de Bogotá, condenado en ausencia en 1997 por la corte de Milán a 15 años de prisión por narcotráfico. Estuvo preso en 2000 por transportar a Europa dos toneladas de cocaína y 17 kg de heroína.


   Queriendo convertirse en un hombre nuevo, Germán Rubio Salas se suicidó judicialmente y el nombre de un muerto, Álvaro Enrique Pulido Vargas, fallecido en 2005, en Fort Lauderdale, Miami. Con su nueva personalidad conoció a Álex Saab. Por su cabeza piden USD 10 millones, apenas el 6 por ciento del dinero lavado en Ecuador.

  Ya asociados, Saab y Pulido pasaron a ser los contratistas favoritos del régimen chavista y luego del escándalo de Foglocons, vino el contrato del Clap, los contratos millonarios con PDVSA, así como otros acuerdos de intercambio de metales preciosos a cambio de bienes, entre Venezuela y Turquía.

   El informe parlamentario hace mención al “venezolano Carlos Francisco León Ponte, representante de la Casa de Valores Panameña CFIS S.A., quien recibió la autorización de Luis Zuñiga Burneo, representante legal de Foglocons, a efectos de transferir aproximadamente siete millones de Dólares, desde Ecuador hacia el Banco Pichincha Panamá; el referido ciudadano venezolano Carlos León Ponte, conforme consta de la documentación recabada en la presente investigación, viajó junto a los señores: Carlos Pérez; Guillermo Montefusco; Luis Sánchez (Accionista en Foglocons-Ecuador); Luis Giusti Lugo (CEO de empresa CITGO, filial de PDVSA en USA); Luis Giusti López (Padre de Luis Giusti Lugo y ex presidente de PDVSA); Álvaro Pulido Vargas (Accionista en Foglocons- Ecuador); y, José Borja Sánchez, el día 05 de marzo de 2013, en un vuelo privado con origen en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, hacia el aeropuerto Mariscal Lamar en la ciudad de Cuenca, a bordo de la aeronave N1459A, recordando que tanto Pulido Vargas como Luis Sánchez Yánez, eran los socios de la Compañía FOGLOCONS con sede en la ciudad de Guayaquil-Ecuador”.

El esquema operativo del Sucre

   A diferencia de los sistemas de compensación de comercio exterior regulares, el instrumentado por el ALBA y, particularmente, por Venezuela y Ecuador, se vale de una unidad de cuenta virtual, el “Sucre”, que opera como un medio de pago restringido a los bancos centrales.

  Como se refirió en nota anterior, el organismo de decisión del Sucre es el Consejo Monetario Regional (CMR), conformado por la Cámara Central de Compensación de Pagos y el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial.

 Con sede en Caracas, los estados miembros hicieron los aportes iniciales, descritos a continuación:
Funcionamiento del Sucre

  Los parlamentarios ecuatorianos al momento de explicar el funcionamiento del Sistema Sucre establecen en el informe la existencia de dos momentos.

   El primer momento tiene que ver con la firma de un contrato por parte de dos empresas privadas de Venezuela y Ecuador para la construcción de viviendas prefabricadas, ELM Import y Foglocons Ecuador.

   El contrato lo presenta el importador que, en este caso es ELM Import, a su Banco Operativo Autorizado (BOA), Banesco de Venezuela.
    Luego de que el importador y el exportador son autorizados en sus respectivos países para llevar a cabo la operación de comercio exterior a través del Sucre, entonces el BOA —Banesco en este caso— remite los bolívares al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central de Venezuela (BCV)— el cual se comunica con el Banco del ALBA para la realizar la conversión a Sucres y, luego, notificar al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central del Ecuador (BCE)—, que procederá a depositar en dólares en la cuenta de la empresa exportadora en el BOA local —en este caso el Banco Amazonas o banco Territorial— y cuando el Banco del ALBA recibe la autorización de pago por parte del BCV, notifica la acreditación al Banco Central del Ecuador (BCE).

   El siguiente paso es que el BCE acredita inmediatamente BOA del exportador que aquí es el Banco Territorial o Banco Amazonas. Esto ocurre porque Ecuador adelantó los dólares al exportador usando los fondos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD). Los valores totales de la operación comercial, se compensarán seis meses después.
   El informe parlamentario refiere que el 28 de diciembre de 2012, Ruth Arregui, Gerente General del BCE para la fecha informó que “en el caso de pagos al exterior por importaciones, los Bancos Centrales receptan de los importadores a través de las instituciones financieras, el valor de la operación en moneda local, el cual queda en poder de dicho Banco Central por un período de seis meses. Por esta razón, a pesar de la posición superavitaria del Ecuador frente a Venezuela, el país no recibe dichos recursos en ese lapso de tiempo, sino al final del mencionado período de compensación.”

  Igualmente se acota que el BOA, aun cuando estaba obligado a cumplir el rol de debida diligencia, que incluye el conocimiento de su cliente, en la mayoría de casos no cumplieron.

  Se indica que el “ciclo en este primer momento, en los casos investigados, como Foglocons, terminaba con la transferencia de estos dólares a paraísos fiscales, fondos que insistimos, fueron tomados de la RILD, mientras se esperaban las ‘compensaciones con Venezuela’. En términos sencillos, mientras se esperaba la devolución del dinero prestado. De esta forma se incumplieron los principios generales de los objetivos estratégicos para el manejo de una reserva, que son: Seguridad, Liquidez y Rentabilidad. La RILD, según la normativa es un activo público y en este caso fue utilizado para garantizar negocios privados, manchados de corrupción”.

  Se advierte que, al no existir importaciones originadas en Ecuador, lo que procedía era exigir a Venezuela devolver el dinero que Ecuador había adelantado.

El segundo momento

  Pasa el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la AN ecuatoriana a explicar el segundo momento del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, el cual se justificaba a partir de una supuesta compensación semestral entre las importaciones y exportaciones por los países miembros; pero que en realidad operó exclusivamente, como un mecanismo de exportaciones a Venezuela.

  Refiere el reporte que el Banco del ALBA notificaba los resultados de la “compensación” semestral, y los valores en “Sucres" a pagar y a cobrar a los Bancos Centrales de los países miembros, quienes hacían el pago en dólares, al ser ésta la moneda de referencia común. En el caso explicado en el informe, el ALBA, notificó el valor a pagar al Banco Central de Venezuela y el valor a cobrar al Banco Central de Ecuador.

  Entretanto, el BCV ordenó el pago en dólares, a través de sus bancos corresponsales ubicados en el exterior, a los bancos corresponsales del BCE, un dinero que provenía de las Reservas Internacionales de Venezuela. Esto ocurre seis meses después de que el BCE, adelantó a los exportadores los recursos tomados de la reserva.

  En el caso estudiado por la comisión y ejemplificado en el informe, se utilizó el Commerzbank de Alemania como el Banco Corresponsal en virtud de que tanto Ecuador como Venezuela tienen una cuenta en ese banco.

Sobre la compensación semestral

  El tratado del Sucre establece mencionan que las operaciones realizadas usen como medio de pago la unidad de cuenta común denominada “Sucre”, conformada por monedas de los estados parte y por las principales divisas de uso internacional.

   El valor de inicio del “sucre” se estableció en USD 1.25, el cual ha se ha mantenido fluctuando entre USD 1.24 y USD 1.25 USD.

  Los Sucres se asignaban a cada estado parte por el Consejo Monetario Regional de acuerdo a sus operaciones de importación y exportación.

  Entre 2010 y 2018 se asignaron USD 421,6 millones de sucres equivalentes a USD 527 millones, un monto que se mantuvo mediante un pagaré.

   Subraya el informe que, a partir de 2012, las operaciones cursadas en Sucres ya formaban parte de la Reservas Internacionales.

   Desde sus inicios, la asignación de sucres solamente se incrementó en el caso de Venezuela, por lo que se incrementó su cupo semestral en tres ocasiones.

  La compensación se realiza entre dos países que forman parte del Sistema Sucre en razón de la diferencia entre las importaciones y exportaciones de particulares, que se realiza semestralmente.

  El informe parlamentario advierte que en el caso de Ecuador todas estas “compensaciones” fueron a favor, “por lo que no se puede hablar de una compensación real, ya que para que esto se dé, es necesario que las importaciones y exportaciones estén equilibradas o que al menos existan”.
   Se explica que las exportaciones de Ecuador a Venezuela se ubicaron en USD 2.697 millones, mientras que las importaciones de Venezuela a Ecuador, apenas alcanzaron USD 143 millones. A partir del año 2016, las importaciones fueron cero, es decir no se puede hablar de sistema de compensación.
  El actual gerente del BCE, Guillermo Avellán, le dijo a la comisión parlamentaria que “el resultado de las operaciones del sistema Sucre, anularon el concepto de compensación, por lo que, se confirma el uso de los fondos del Estado para pagar a exportadores privados que como se verá más adelante, fueron ficticias o sobrevaloradas, y que incluso se utilizaron empresas de papel. Entonces, mal se podría hablar de la existencia de una balanza de pagos. Lo que se obtuvo fue una deuda de Venezuela por los pagos que el BCE anticipó a los exportadores, en un gran número falsos o fraudulentos”.
   Aun cuando cada seis meses, entre enero y julio, se debía realizar la compensación de las operaciones y cobrar o pagar el valor a favor o en contra, obtenido por el país, en función de las exportaciones e importaciones realizadas, lo que ocurrió en realidad fue que los bancos centrales retenían durante seis meses los fondos de los importadores. “El banco central del país exportador, en este caso Ecuador, adelantaba los dólares a los falsos exportadores, los mismos que eran inmediatamente transferidos a paraísos fiscales y a Estados Unidos de Norteamérica”.

domingo, 5 de noviembre de 2017

Acción del Ministerio de Defensa evita que Crystallex cobre activos de Venezuela depositados en el Banco de NY

Las partes en conflicto acuerdan extender el tiempo para responder a lo estipulado el fallo emitido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, lo que hace que las posibilidades de cobrar el dinero correspondiente al pago de la deuda que se generó entre la República Bolivariana de Venezuela y la trasnacional canadiense por la expropiación de sus activos por parte del régimen de Hugo Chávez se encuentra cada vez más lejana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Crystallex Corporation continúa sin poder ejecutar el mandato de un juez neoyorquino que autorizó a la minera canadiense a apropiarse de 1 mil 200 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela tiene depositados en el Banco de Nueva York, de manera de abonarlos a la deuda que mantiene el país sudamericano con la trasnacional luego de haber sido expropiados sus activos en la citada nación, por parte del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez.


Crystallex entró en una batalla legal que se ha alargado por meses, en procura de lograr apoderarse de los fondos que le corresponden, debido a la negativa del gobierno de Venezuela de cumplir con la obligación emanada del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, CIADI, que falló a favor de la canadiense y ordenó al Estado venezolano pagar alrededor de 1 mil 400 millones dólares por las pérdidas de los activos y las inversiones hechas por esa corporación en el desarrollo de las minas Las Cristinas.

La historia del juez y del banco

Crystallex tenía plazo hasta el 27 de octubre de 2017 para intervenir y desestimar la petición y el interventor demandado que propuso el Ministerio de la Defensa venezolano para presentar la respuesta en apoyo de su moción, la cual se extenderá del 3 de noviembre de 2017 al 15 de noviembre de 2017.

Dice el memorando que cualquiera de las partes puede presentar la estipulación ante el tribunal como una solicitud conjunta de que la corte suspende la moción para intervenir y anular la orden de ejecución de los 1 mil 200 millones de dólares.
Crystallex se opone

Crystallex International Corporation aspira obtener lo que una sentencia a su favor le permitió —a saber 1 mil 202 millones de dólares (más el interés previo a la adjudicación) —  que el deudor, la República Bolivariana de Venezuela, mantiene con ella.

En julio 2017, Crystallex obtuvo la autorización de la jueza, Valerie E. Caproni, del Distrito Sur de Nueva York, para una orden de ejecución que le permita satisfacer parcialmente el fallo. Esa moción fue dirigida contra activos comerciales perteneciente a la República de Venezuela, específicamente el dinero depositado en una cuenta fiduciaria en el Banco de Nueva York Mellon.

Dicha cuenta bancaria está a nombre del país sudamericano y se encuentra sujeta al control del estado venezolano, por lo cual, los pagos de dicha cuenta solo pueden hacerse con la aprobación de la República, según un acuerdo firmado por entre el gobierno venezolano y el Banco de Nueva York.

Bajo los términos de la cuenta, la República de Venezuela es el único beneficiario de los fondos y existe expresamente una renuncia a la existencia de terceros beneficiarios. Los abogados de Crystallex sostienen, por su parte, que los fondos son única y exclusivamente propiedad del deudor, que en este caso es el Estado venezolano.

Dicen, además, que la cuenta se creó con el propósito comercial de financiar los pagos a un astillero en Mississippi responsable de reparar unas fragatas de la Armada venezolana.
Crystallex sostiene que la cuenta está sujeta a ejecución bajo lo establecido en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés).

La decisión de la jueza Caproni se basó en los hechos expuestos y Crystallex procedió a entregar al  Servicio de Marshals de los Estados Unidos el mandato para que fuera ejecutado.

Según la ley de Nueva York, esta entrega creó un derecho de retención sobre la cuenta en favor de Crystallex y le dio a los Marshals la posesión constructiva de los activos en la cuenta.

El 7 de agosto de 2017, los alguaciles ejecutaron el mandato de ejecución en el Banco de Nueva York, y le dieron a dicha institución bancaria 30 días para entregar los activos que hasta ese momento estaban a nombre de Venezuela. Crystallex comenzó los trámites de facturación el 14 de septiembre de 2017, con el fin de perfeccionar su gravamen en la cuenta y obtener una determinación sobre sus derechos a poseer los activos.

El 13 de octubre de 2017, el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela presentó una moción instantánea para intervenir y desestimar la petición de rotación de los fondos y, a cambio, pidió que se trasladara el procedimiento a un tribunal diferente.

Según los abogados de Crystallex, la moción presentada por el Ministerio de la Defensa ignora el lenguaje del acuerdo que hay sobre la cuenta, malinterpreta la ley de control y basa sus argumentos en una suposición errónea de que el Ministerio y la República de Venezuela son entidades separadas.

Aclara Crystallex que el Ministerio  de la Defensa y la República son uno, tanto en la ley de los Estados Unidos como en la venezolana. Igualmente, los abogados sostienen que es falso que haya un acuerdo sobre la cuenta, que pretende crear un fideicomiso para el beneficio de la República, como una manera proteger los fondos objetos de la ejecución.

Dice Crystallex que dicha cuenta fue creada para hacer pagos a los acreedores comerciales de la República y, en cualquier caso, como una cuestión de política pública de Nueva York (que rige la Cuenta Acuerdo), debe tenerse como un fideicomiso que no puede servir para proteger de sus acreedores los activos del deudor.

En el fondo, la República conserva un interés de propiedad y un derecho a poseer los activos, lo cual la hace sujeto a la rotación de los fondos.

Los abogados sostienen, además, que a sabiendas de que los argumentos presentados por el Ministerio de la Defensa venezolano pueden ser aprobados, propusieron que se traslade el proceso de embargo de bienes por parte de Crystallex, al Distrito Sur de Mississippi.

Dicha solicitud se basa en el hecho de que otro potencial acreedor de la República de Venezuela, Huntington Ingalls Industries, ha hecho valer sus propios reclamos sobre la misma cuenta en relación con una acción que mantiene contra el gobierno venezolano en ese tribunal.

Pero como Crystallex no es parte de esa otra acción, no está sujeto a la jurisdicción personal en Mississippi y, además, la cuenta se encuentra en Nueva York, por lo cual la jurisdicción sobre los activos y las partes en el acuerdo de la cuenta tiene como foro exclusivo para la resolución de la disputa, la ciudad de Manhattan. Agregan que Ingalls conoce bien el proceso de ejecútese sobre la cuenta  bancaria y no tiene objeción a que dicho procedimiento ocurra en Nueva York.

Crystallex asegura también que Ingalls tiene la intención de retirar su reclamo contra la cuenta del Banco de Nueva York y buscar anular la orden judicial preliminar que está actualmente vigente en Mississippi para entonces ingresar una orden para que los fondos de la cuenta sean entregados a la corporación canadiense. Dicen que no hay razones para que la querella se traslade a otro tribunal.
Crystallex quiere que la corte niegue la petición del Ministerio de desestimar y otorgar la petición de ejecución de la cuenta.

El caso

El laudo arbitral fue favorable a la productora de oro canadiense Crystallex que gastó cientos de millones de dólares desarrollando las minas Las Cristinas, una reserva de oro extremadamente valiosa en Venezuela. Venezuela expropió ilegalmente los derechos de Crystallex y sus activos.

En 2011, una vez que se completó la expropiación, Crystallex comenzó un arbitraje contra la República de Venezuela en Washington, D.C. En abril de 2016, Crystallex obtuvo un fallo a su favor de 1 mil 200 millones más intereses previos a la adjudicación de los fondos en la referida cuenta del Bando de Nueva York. A pesar de la orden de ejecución, el gobierno venezolano ha utilizado los fondos objetos de la orden judicial para financiar otras obligaciones, incluyendo el pago a los tenedores de los bonos emitidos para financiar la cuenta, en primer lugar.

Una investigación hecha por Crystallex sobre la cuenta en disputa reveló que, en 2002, Ingalls había comenzado una acción contra el Ministerio de la Defensa y el Banco de Nueva York en el Tribunal del Distrito Sur de Mississippi, cuyo principal objetivo era obligar al Ministerio a arbitrar la disputa subyacente entre las partes de conformidad con el contrato que habían firmado originalmente. Esto a pesar de que una cláusula del acuerdo de la cuenta requiere que todos los litigios relacionados con la misma se inicien en Nueva York o Venezuela. 

La queja de Ingalls en el litigio de Mississippi incluye un reclamo auxiliar contra el Banco de Nueva York, donde se alega que el banco posee los fondos de la cuenta para el beneficio de Ingalls, ya sea porque dicha empresa es un beneficiario previsto en el acuerdo de la cuenta o porque es el beneficiario de una confianza constructiva que debe ser impuesta en la cuenta.

Motivado a que la República retuvo el poder de transferir los fondos en la cuenta de vuelta a sí mismo o fuera de los Estados Unidos, el 8 de noviembre de 2002, poco después del litigio que se inició,  el Tribunal de Mississippi emitió una orden judicial preliminar que restringe al Banco de Nueva York a realizar pagos desde la cuenta a nadie que no sea Ingalls, es decir, quedó  restringida la posibilidad de transferir, o permitir que se transfiera, cualquier fondo de la cuenta fiduciaria a nombre de la República para cualquier otro propósito que no sea pagar a Ingalls de conformidad con el acuerdo de la cuenta basado en las leyes sustantivas internas del estado de Nueva York.

El mandato de ejecución a favor de Crystallex determinó que la cuenta era una propiedad ejecutable perteneciente a, y bajo el control de, la República. En consecuencia, Crystallex aplicó la orden emanada del tribunal del Distrito Sur de Nueva York de conformidad a lo establecido en la ley FSIA.

Los abogados destacan que la corte consideró los argumentos de Crystallex y, el 25 de julio de 2017, le concedió la orden para proceder con la ejecutar los fondos. El Tribunal sostuvo que Crystallex busca la ejecución de juicio contra la propiedad que es (a) la propiedad de Venezuela, (b) ubicada en este distrito, y (c) ser utilizado para la actividad comercial en los Estados Unidos.

Crystallex había obtenido en el Tribunal Distrito Sur de Nueva York otras dos órdenes (el 30 de junio de 2017 y el 5 de julio de 2017) para restringir otros activos pertenecientes a Venezuela.

El 14 de septiembre de 2017, después de más de treinta días desde la fecha en que banco de Nueva York recibió el mandato para la entrega de los activos en la cuenta, Crystallex presentó su petición de la cifra de negocios en este Tribunal para perfeccionar la tasa en la cuenta.

En dicha petición Crystallex solicitó que el Banco de Nueva York le entregara los activos retenidos en la cuenta en forma parcial a satisfacción de su juicio pendiente contra Venezuela.

El 18 de septiembre de 2017, Crystallex envió un aviso de su solicitud al país sudamericano (a través de la sede venezolana del Ministerio) por correo certificado del Servicio Postal de los Estados Unidos. Igualmente, envió un aviso de su petición al abogado de registro del Ministerio en el Mississippi Litigios vía Federal Express.

Casi un mes después de que Crystallex presentó su petición de ejecútese, y más de dos meses después de que la orden fue presentada en el Banco de Nueva York, el 13 de octubre de 2017, el Ministerio presentó una moción instantánea para intervenir en este procedimiento y desestimar la petición, a la vez que solicitó transferir el caso a otra jurisdicción. El día anterior, el 12 de octubre de 2017, el Ministerio presentó una Moción para que la jueza Caproni fuera separada del caso.

Las dos mociones del Ministerio contienen varios argumentos idénticos, dicen los abogados de Crystallex, por lo cual la transnacional se opuso a ambas mociones y pidió al tribunal negarlas.

Dice Crystallex que el deudor tiene el interés de que su dinero o propiedad sea tenido por una tercera parte, a pesar de que el acuerdo establece que la República es la propietaria de los fondos de la cuenta.

En el documento se señala que la república hizo uso de sus derechos como propietaria y en 2007 incrementó los fondos de la cuenta al agregar 315 millones de dólares al monto principal de 9-1/8% para pagar la deuda de los bonos (Global Notes).

Acota que los términos del acuerdo dejan claro que la República de Venezuela, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Defensa son una misma entidad con un mismo interés y el mismo objetivo.

Crystallex presentó la opinión del abogado venezolano y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, José Ignacio Hernández, para dejar claro ante el tribunal que el Ministerio de Defensa y la República Bolivariana de Venezuela son la misma entidad.
En una declaración de fecha 3 de noviembre de 2017, Hernández señaló que de acuerdo a las leyes venezolanas, tanto el Ministerio de la Defensa como el Ministerio de Finanzas, son subdivisiones del Poder Ejecutivo de la República y que ambas son usadas para lograr las metas del gobierno bajo la autoridad del presidente de nación.

Por tanto, en los términos del acuerdo que rigen la cuenta, la república tiene la propiedad sobre la cuenta y es, por tanto, la dueña de los fondos, por lo cual Crystallex puede poseer esos activos. Contrario a lo alegado por el Ministerio de la Defensa, el hecho de que la Cuenta sea nominalmente un fideicomiso, no altera los derechos de Crystallex sobre los fondos. 

Los abogados sostienen que el Banco de Nueva York puede transferir los fondos de la cuenta a Crystallex.

Aclara que con dicha solicitud en ningún momento está pidiendo a la Corte que ordene que la entidad bancaria viole los acuerdos firmados con su cliente, que en este caso es la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo a los abogados demandantes, Crystallex está autorizada por la ley de FSIA para ejecutar la cuenta, porque los activos de la República tienen uso comercial y porque estos no están hipotecados ni con Ingalls, ni con otro acreedor.

Asimismo, argumenta que el Tribunal de Mississippi ordenó que el Banco de Nueva York tiene permitido transferir los fondos de la cuenta fiduciaria de la República de Venezuela para cualquier finalidad distinta a la de pagar a Ingalls, de conformidad con el Acuerdo de cuenta, que los pagos pueden hacerse sin orden adicional de este Tribunal.

El acuerdo deja en claro que la República, no solo conserva un interés de propiedad en la Cuenta activos, sino también mantiene la capacidad de dirigir el uso de los activos, ya que es el único beneficiario.

miércoles, 25 de enero de 2012

La filantropía en Venezuela: Una actividad en la que Chávez quiere exclusividad

La filantropía, la labor de asistencia y la responsabilidad social, parecen ser actividades que en Venezuela deben tener una sola impronta: la oficial... Al menos así parece creerlo en gobierno de Hugo Chávez.

Así lo refiere una información aparecida en el Washington Post, donde se da cuenta de que los programas sociales o "Misiones", como los bautizó el propio presidente venezolano, tienen un alto rendimiento político que es preciso monopolizar y no dar oportunidad al sector privado y, menos aún, a la oposición, de obtener dividendos de la noble labor de ayudar al otro.
Además, estos programas sociales gubernamentales parecen haberse convertido en una excelente manera de ocultar el enorme gasto del gobierno, y el destino incierto de los inmensos ingresos petroleros que en los últimos trece años han alimentado las arcas venezolanas.... Las cuentas son un absoluto misterio.
Sin embargo, el sector privado no se amilana del todo, y pese a las trabas administrativas y de orden legislativo que desde las alturas del poder se imponen, iniciativas altamente loables se suscitan en el seno del empresariado. Tal es el caso de la Fundación Polar, brazo filantrópico de Empresas Polar, un grupo al que la administración de Chávez le ha declarado la guerra y amenaza constantemente con expropiar.
Tarea ciclópea... David contra Goliat... Donde el deseo de ayudar y el sentido de justicia social se imponen por encima del deseo egoísta de acaparar el rédito que la justicia y la generosidad otorgan.

viernes, 13 de enero de 2012

Chávez cierra el Consulado de Venezuela en Miami y así no votamos en la capital del exilio

Hugo Chávez no pierde pisada. La decisión del Departamento de Estado de expulsar a la Cónsul de Venezuela en Miami, Livia Acosta Noguera por estar involucrada en un supuesto complot, que involucraba un atentado contra las instalaciones nucleares en los Estados Unidos, fue aprovechada por Chávez para cerrar el Consulado en Miami y evitar así que se produzcan las elecciones primarias de la Oposición prevista para el 12 de febrero.


Chávez sabe de sobra que nunca podrá ganar unas elecciones en Miami ni en el extranjero. El cierre de la sede consular de Venezuela en Miami no sólo interfiere con las elecciones primarias, sino que dificulta y prácticamente paraliza, las realización de las elecciones presidenciales del 07 de octubre de 2012. 


Chávez argumenta que el cierre de la sede consular en Miami es una respuesta ante la expulsión de la Cónsul Acosta Noguera. 
Como en otras oportunidades, Chávez ha  aprovechado una decisión del gobierno de los EEUU, para violar los derechos civiles de los venezolanos que se encuentran residenciados en la Florida y que son abiertos opositores a su régimen militarista y socialista.


Aquellos que deseen ejercer su derecho al voto no podrán hacerlo porque el Registro Electoral Permanente tiene asentadas todas las direcciones en el estado de la Florida, y no podrán hacerse migraciones ni cambios a otros estados norteamericanos, en tiempo para poder ejercer el derecho en los comicios del 12 de febrero ni del 07 de octubre.


Queda claro una vez más que en Venezuela no hay democracia, que Hugo Chávez es un vulgar dictador y que los venezolanos no tenemos derechos políticos. Venezuela está secuestrada por una banda de delincuentes y criminales que acabaron con las instituciones y con los pocos vestigios de libertad y democracia.

jueves, 12 de enero de 2012

EEUU confirma deportación de Cónsul de Venezuela en Miami



La administración de Barack Obama confirmó hoy que la Cónsul de Venezuela en Miami. Livia Acosta Noguera, salió del país el 8 de enero de 2012, tras haber sido expulsada por el gobierno de los Estados Unidos por su participación en un supuesto complot contra las instalaciones nucleares norteamericanas y haber conspirado contra funcionarios del Departamento de Estado.
Las declaraciones del gobierno de Obama ponen en entredicho la afirmación del presidente Hugo Chávez, quien habría afirmado que la funcionaria diplomática, quien fue declarada persona non grata por el gobierno de los Estados Unidos estaría en Venezuela desde diciembre 31 de 2011.
El gobierno norteamericano dijo hoy que Livia Acosta Noguera dejó el país antes que se venciera el plaza otrogado por las autoridades estadounidenses previsto para el 10 de enero.
Acosta fue expulsada después de acusaciones de que, mientras se encontraba en la embajada de su país en México, conversó sobre la posibilidad de efectuar posibles ataques cibernéticos en territorio estadounidense.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Los candidatos de la oposición Vs el desespero chavista

Por Maibort Petit


    Los venezolanos en el exterior se están organizando para enfrentar a  Hugo Chávez en las urnas el próximo mes de octubre de 2012. 


    Muchas son las dudas que hay sobre la limpieza del padrón electoral y la gaveta de trampas que el régimen tiene preparado para esconder y desaparecer la avalancha de votos en contra del régimen corrupto, asesino y ladrón de Chávez. 


    Todos estamos claros que hay muchas debilidades, pero muchos ha decidido participar en unas elecciones y tratar por todos los medios de poner en evidencia que Hugo Chávez no cuenta con la mayoría.


Esta semana, los precandidatos a la presidencia por la oposición dieron una lección de democracia, participaron de manera civilizada en un debate televisado, donde cada uno mostró clase, conocimiento de los problemas que aquejan al país, un sentido de solidaridad con la masa empobrecida, y un compromiso con los valores democráticos. 


Chávez, por su parte, actuó como es él, enloquecido, ambicioso, arrogante, ególatra, mal educado, mal hablado, corrompido, mañoso, tramposo y manipulador. Su actitud no pudo ser más miserable. Sigue creyendo que con cadenas le va a tapar los ojos a la Venezuela decente que está harta de los abusos del peor régimen que ha tenido el país desde su nacimiento en 1811. Ni los sargentuchos del siglo XIX, ni los militaruchos de principios del siglo XX habían destruido al país como lo ha hecho este pupulista megalómano .


El régimen mostró claramente que tiene miedo, y que está desesperado. Los acólitos chavistas lucen ojerosos y trasnochados... Saben que tienen escollos en el camino y que el futuro no es nada halagador. Tick Tack Tick Tack




Aca reproducimos la opinión de los venezolanos en el extranjero. 




Sociedad Venezolana de Orlando SOVENOR: Cinco por la democracia

Este lunes 14 de noviembre, el país pudo ver y escuchar las diferentes opiniones de cinco venezolanos que presentaron al país una preliminar de su visión de futuro. Son cinco demócratas que proponen un mensaje y demuestran su condición de líderes para ocupar la Presidencia de la República en enero de 2013.

La determinación por labrarse un futuro libre hizo que este lunes los estudiantes, promotores del encuentro, volvieran a ser protagonistas de su propio porvenir, al lograr que los venezolanos escucharan la pluralidad que sólo es posible en democracia.


En cualquier país democrático que se prepara para elegir al Presidente de la República, el evento realizado en la Universidad Católica Andrés Bello con los cinco candidatos de la Unidad Democrática, hubiera estado dentro de la rutina electoral.

Sin embargo, en la Venezuela hegemónica de Hugo Chávez esta rutina cobra relevancia nacional, porque este tipo de evento en la era “revolucionaria” es algo nuevo e inusual para una gran mayoría que ha nacido, o que ha visto pasar sus primeras etapas de crecimiento, con el péndulo de la dictadura sobre sus cabezas.

Este lunes también la ciudadanía pudo ver el arrojo de unos líderes que están dispuestos a batirse contra todo abuso de poder e ilegalidades, aún a costa del riesgo que ello signifique para su libertad y seguridad personal, para cambiar la ruta comunista que implanta Hugo Chávez.

Los cinco demócratas mandaron otro mensaje al país: Es posible exponer ideas sin descalificar al otro. Es posible hablar sin insultos. Es posible detenerse a pensar en conjunto cómo resolver los problemas del país.

La importancia de esa jornada se sintetiza en que esta noche de noviembre, los venezolanos pudieron confrontar las dos visiones de país: Una, la plural que presentaron los cinco demócratas en la UCAB. Otra, la hegemónica, que protagonizó Hugo Chávez en la cadena nacional previa a la jornada democrática. Una cadena donde Chávez, en lo que pudiera catalogarse como un error táctico, sirvió como telonero al encuentro de los candidatos de la Unidad, y donde de nuevo hizo alarde de su modo unilateral de gobernar y de su política de reparto de la cosa pública para sujetarse en el mando del país. ¡Ése es el debate real!

Fue aleccionador el contraste que se dio entre el cansino monólogo sin propósito de Chávez, y las cortas y dinámicas intervenciones de los cinco demócratas, respondiendo ocho inquietudes de la generación del futuro en tres áreas vitales para el venezolano: seguridad, empleo y educación.

Tres áreas donde el fracaso de Hugo Chávez se ha evidenciado cada día de estos 13 largos años que ha controlado el poder. Tres áreas donde los cinco demócratas tienen propuestas de solución.




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