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jueves, 4 de noviembre de 2021

Los negocios turbios a la sombra de las crisis en PDVSA: Arturo Sarmiento un viejo artífice

   Las sanciones de EE. UU. a la petrolera son un negocio para algunos, como también lo han sido los momentos de crisis. Es así que en 2002-2003, mientras unos intentaban hacer patria, otros procuraban enriquecerse al amparo del régimen chavista.

Por Maibort Petit

   La imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro y sus instrumentalidades, como es el caso de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), se han convertido en una oportunidad de enriquecerse para algunos mediante la creación de empresas fantasmas y el rebautizo de barcos tanqueros. Tales momentos de coyuntura han sido siempre para el chavismo en un resquicio a través del cual llevar a cabo negociaciones irregulares. Así fue durante la huelga petrolera de 2002-2003 cuando surgieron los oportunistas y se hicieron ricos al amparo del régimen. Arturo Sarmiento fue uno de ellos.

   De acuerdo al portal Dateas, Arturo Sarmiento Pérez es titular de la Cédula de Identidad V- 11.669.931. Está registrado en la parroquia Chacao, Municipio Chacao, estado Miranda[1].

  Según el portal Open Corporates, Arturo Sarmiento Pérez, de quien se informa es economista, figura en el directorio de la empresa Free Market Global (OK) Limited, la cual fue registrada en el Reino Unido el 31 de octubre de 2003, bajo el número 04950234. La firma figura como disuelta desde 12 de julio de 2011. Se trataba de una sociedad de responsabilidad limitada que tenía su domicilio en el 5 New Street Square, Londres, EC4A 3TW, Reino Unido.

  Junto a Sarmiento Pérez, quien ejerció como director entre el 31 de octubre de 2003 y el 10 de enero de 2005, estaban en el directorio Adrián Charles Nash (director); Hassan Salahalledin Tatanaki (director); Hatem Ahmed Fakhr (director); Jack Frenche Kemp (director); William Hickman (director). La secretaría estuvo en manos de CHT Secretaries Limited y de COINC Secretaries Limited[2].

  También formó parte de la empresa B & T Produce Limited, la cual fue registrada bajo el número 04156291 en el Reino Unido el 8 de febrero de 2001 y se disolvió el 19 de noviembre de 2002.

   Resta sociedad de responsabilidad limitada estuvo ubicada en Suite 4 Raynor House, 6 Raymnor Road Fallings Park, Wolverhampton, West Midlands WV10 9QY, Reino Unido.

   El directorio lo conformaron Arturo Sarmiento Pérez, quien ejerció como director; David John Fell, secretario; Formation Nominnes Limited, director desde el 8 de febrero de 2001 a 30 de abril de 2001; Formation Secretaries Limited, secretaria, desde el 8 de febrero de 2001 a 30 de abril de 2001[3].

  Es propietario y presidente de la televisora Telecaribe, un canal de televisión abierta venezolano que opera para los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre y Monagas, al oriente del país. La adquirió en 2005 e inició el relanzamiento de la televisora como una red digital de canales regionales.

  Una nota del portal Hoy refiere que Sarmiento Pérez compró el canal televisivo en un momento en el que había logrado grandes beneficios comercializando petróleo venezolano. Y es que durante huelga petrolera que vivió la industria de 2002-2003, en lugar de sumarse al boicot que procuraba debilitar el gobierno de Hugo Chávez con miras a su salida del poder, Arturo Sarmiento, quien está en el negocio petrolero desde 1999, decidió mantener negocios con el mandatario y PDVSA.

  Sarmiento Pérez catalogó la huelga como “criminal” y tal posición le brindó grandes réditos económicos. “Mientras otros estaban parados, yo estaba trabajando (…) uno se convertía en un paria social si se atrevía a trabajar con el gobierno de Chávez”.

  Catalogado como “oportunista” por otros empresarios, Sarmiento ayudó al régimen de Chávez a importar gasolina durante la huelga y luego de esto se mantuvo haciendo negocios con la petrolera, cuando Chávez derrotó el paro y logró mantenerse en la presidencia después de recuperarla tras el fallido golpe de abril de 2003.

  Antes de dedicarse a la compra y venta de petróleo, Arturo Sarmiento Pérez se dedicaba a importar whisky escocés.

   Refiere la nota que el empresario “habla un perfecto inglés con un acento británico”, en razón de que “fue enviado por su familia a un internado en Gran Bretaña a los 11 años. Su padre, un ex oficial del ejército que trabajó como jefe de la custodia civil de presidente Carlos Andrés Pérez, quería que su hijo tuviera la mejor educación posible”.

    Sin embargo, en la nota se recogían afirmaciones suyas según la cual prefería mantenerse a distancia de la política, “aunque desarrolla vínculos estrechos con el gobierno mientras representa grandes corporaciones petroleras. Se ha reunido con Chávez para conversar sobre algunos proyectos.‘Es un caballero. Y pienso que tiene buenas intenciones’”.

   Al comprar la televisora incrementó su plantilla de empleados de 47 a 160. Mantuvo una disputa con el expropietario de la estación sobre los términos de la liquidación. Aseguró que “No estamos cerrados a ninguna tendencia política (…) Pienso que el mercado está abierto de par en par”[4].

  El 18 de diciembre de 2019, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cerraron la oficina en Puerto La Cruz de Telecaribe bajo el alegato de que fue por “aseguramiento de los bienes por una investigación de legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir”.

  Pero las verdaderas razones habrían sido la retaliación de Nicolás Maduro por su apoyo a Juan Guaidó [5].

Los negocios de Sarmiento

  Arturo Sarmiento Pérez está ligado al de William Hickman y Adrián Nash. Como lo certifica el registro de Open Corporates que vimos líneas arriba, siendo los tres representantes de Free Market Holding,  una compañía activa registrada el 15 de septiembre de 2016 en California, bajo el número 201626610468. En la actualidad Raan Parton figura como director y agente, mientras que Paolo Carino es el agente[6]. En Colorado, el 24 de abril de 2019 fue también registrada una sucursal de la empresa Free Market Holding LLC Branch bajo el número 20191352867[7].

   Free Market Holding LLC es propietaria de Free Market Petroleum, constituida en Delaware el 30 de septiembre de 2002 bajo el número 3574193[8]. Esta compañía se habría conformado con el único objetivo de comerciar petróleo venezolano.

  William Hickman es un abogado con amplia experiencia en negociación y asesoría, que ha representado a corporaciones multinacionales estadounidenses en Europa y en los mercados emergentes de África, Medio Oriente, Sudamérica y Sudeste de Asia. Hickman fue presidente de Avis Capital Group, Inc. de 1997 a 1999 y antes de eso, fue socio de Cooper, Liebowitz, Royster y Wright (1995-97) y Arnell y Hastie (1986-95). Se graduó de la Universidad de Arizona en 1968 y recibió un título de J.D. de la Universidad de Loyola en 1970[9].

   Entretanto, el portal Spoke refiere que Adrián Nash es socio principal de Adrian Nash Associates, una firma de fusiones y adquisiciones con sede en Londres, la cual asesora a clientes internacionales sobre la adquisición y disposición de activos, que en los últimos cuatro años han sumado más de USD 4 mil millones. Agrega que también es director de Delta Minerals Corp., constituida en la década de 1990 para explotar las oportunidades mineras en Venezuela. Delta es actualmente la mayor empresa concesionaria de minerales en Venezuela. Igualmente informa que, en 1985, Nash fue el accionista fundador y director ejecutivo/vicepresidente de Monarch Resources Limited, que dirigió a una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Londres. Monarch se dedicó, básicamente, a la exploración y explotación de yacimientos de oro en Venezuela y recaudó casi 25 millones de libras esterlinas de inversores, lo que le habría permitido mantener un lujoso estilo de vida[10]. Del mismo modo, Nash integró varias corporaciones públicas en el Reino Unido, Sudáfrica y América Latina, incluidos cargos en subsidiarias de British Petroleum y Anglo-American Corp[11].

  Por su parte, Hernán Rafael Rojas, protagonista de uno de los más grandes escándalos de corrupción en Venezuela a finales del siglo 20, conocido como el Petro-espionaje por el cual fue preso, pero escapó prisión vestido de mujer. En la estructura de Free Market, le habría correspondido la intermediación entre la compañía y el Ministerio de Energía y Petróleo[12].

  Free Market Petroleum habría suscrito un contrato con el gobierno venezolano en junio de 2003, ampliamente desfavorable para Venezuela comerciar crudo a través de intermediario, en este caso la empresa de Sarmiento, Nash y Hickman, práctica totalmente ajena a la estatal venezolana, la cual siempre manejó directamente.

     En esta negociación intervinieron, subraya la nota, Rafael Ramírez, Bernardo Álvarez y Alí Rodríguez Araque. Por parte de Estados Unidos, participó una figura prominente de la política de esa nación para la época, el congresista Jack Kemp, incorporado a la junta directiva de Free Market[13].

  Sobre Arturo Sarmiento, The Global Intelligence Files de wikiLeaks, publicado el 27 de febrero de 2012, cita una serie de correos electrónicos en los que se hace mención suya, así como de Rafael Rojas, subrayando la escasez de datos sobre ambos. Destacan como hallazgo algunas explicaciones sobre las conexiones entre Alfa, Crown, Rich y PDVSA, y donde podrían encajar los susodichos.

  Se indica que Sarmiento habría desempeñado en el Grupo Alfa como representante en Venezuela y de allí habría pasado a Crown Resources. Alfa es un grupo ruso dueño de TNK, considerada como la tercera compañía petrolera rusa que funcionó sus activos con BP en Rusia y Ucrania. Fue despedido por dudas acerca de la transparencia de sus negocios, pero después  representó  en Venezuela a Crown, firma propiedad de Alfa. Esto despertó sospechas acerca de su conexión con los rusos, una información que se filtró a Wikileaks. Los correos apuntaban la sospecha de que el despido no habría sido nada más  que una manera de enmascarar  la relación de trabajo de Sarmiento como intermediario entre los dos grupos[14].


  Imagen cortesía de Venergía.org

   Venergía.org ofrece detalles sobre Free Market Petroleum LLC la cual actuaría como intermediaria en un contrato firmado entre el Ministerio de Energía con la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR) y resalta la visita que Jack Kemp, codirector de la organización de políticas públicas Empower America y representante de la Fundación para la Defensa de las Democracias, quien además de conversar sobre “el crecimiento y evolución de las relaciones entre ambas naciones”, también discutiría con el presidente de PDVSA y, el Ministro de Energía y Minas y otras autoridades, “temas relacionados a asuntos energéticos”, según palabras de Arturo Sarmiento al director de la Relaciones Públicas del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Tal vez analizar los detalles del contrato entre Free Market Petroleum, estaría entre tales asuntos.

Imagen es cortesía de Venergía.org

   Se citan en la nota fragmentos del análisis de Soberanía.org hace del contrato: “El contrato Free Market Petroleum es difuso (¿cuánto valen las regalías y quién, y cómo, las paga a quién?) y alegre en la justipreciación CIF-Golfo del crudo Mesa 30 (WTI menos 2.50 $-b!). El comprador, Free Market Petroleum, impuso su opción de vender crudos a un destinatario distinto a la Reserva Estratégica de los EEUU. Las leyes de la ciudad de Nueva York regirán el arbitraje de diferencias jurídicas y/o comerciales entre las partes, en idioma inglés, bajo las reglas de la Cámara Internacional de Comercio (ICC)”[15].

  El contrato y la intermediación de Jack Kemp entre Free Market Petroleum y el gobierno de Hugo Chávez, fue ampliamente cuestionado en Estados Unidos[16].

   En la actualidad Arturo Sarmiento Pérez estaría viviendo en Madrid, España, y continúa manteniendo un bajo perfil.

[1] Dateas. Sarmiento Perez Arturo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/sarmiento-perez-arturo-10340494

[2] Open Corporates. Freemarket Global (OK) Limited. https://opencorporates.com/companies/gb/04950234

[3] Open Corporates. B & T Produce Limited. https://opencorporates.com/companies/gb/04156291

[4] Hoy. “Parte del empresariado prospera bajo el mandato de Hugo Chávez”. 22 noviembre de 2006. https://hoy.com.do/parte-del-empresariado-prospera-bajo-el-mandato-de-hugo-chvez/

[5] Venezuela Awareness. “A un mes del cierre: Venepress y Telecaribe fueron sellados por el régimen venezolano”. 20 de enero de 2020. https://www.venezuelaawareness.com/2020/01/a-un-mes-del-cierre-venepress-y-telecaribe-fueron-sellados-por-el-regimen-venezolano/

[6] Open Corporates. Free Market Holding LLC. https://opencorporates.com/companies/us_ca/201626610468

[7] Open Corporates. Free Market Holding LLC Branch. https://opencorporates.com/companies/us_co/20191352867

[8] Open Corporates. Free Market Petroleum LLC. https://opencorporates.com/companies/us_de/3574193

[9] Spoke. Bill Hickman. William Hickman. https://www.spoke.com/people/bill-hickman-3e1429c09e597c100226145a

[10] The Guardian. “Co-op bidder woos peers”. 1 de mayo de 1999. https://www.theguardian.com/business/1999/may/02/observerbusiness.theobserver3

[11] Spoke. Adrian Nash. https://www.spoke.com/people/3e1429c09e597c10037489be

[12] El Petroespía. https://elpetroespia.blogspot.com/2017/

[13] Open Corporates. Jack French Kemp. Freemarket Global (UK) Limited. https://opencorporates.com/officers/203345835

[14] WikiLeaks. The Global Intelligence Files. https://wikileaks.org/gifiles/docs/54/5484692_re-fwd-a-favor-.html

[15] Venergía. “Free Market Petroleum: Una estafa financiera encapsulada en una estafa política”. 13 de agosto de 2003. https://venergia.org/free-market-petroleum-una-estafa-financiera-encapsulada-en-una-estafa-politica/

[16] UK Indymedia. “Kemp and Bush are Both Leaking Oil”. 30 de julio de 2003. https://mob.indymedia.org.uk/en/2003/07/274993.html


 

sábado, 28 de agosto de 2021

Caso Álex Saab: Una novela por entregas en la que su extradición a EE. UU. representa su etapa culminante

  Los fiscales pidieron una prórroga para rebatir la posición de la defensa, pero los abogados del empresario colombiano se oponen a la extensión del plazo.

Por Maibort Petit 

  La última entrega de la novela en que se ha convertido el caso de Álex Saab —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro y solicitado por Estados Unidos bajo acusación de la comisión de delitos de lavado de dinero— muestra que el Departamento de Justicia pidió una prórroga de 30 días al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, para rebatir los argumentos del empresario colombiano. Una solicitud que, a ojos de los abogados de la defensa, sólo representa un riesgo de que su cliente pueda ser extraditado de Cabo Verde a Miami, donde lo espera el banquillo de los acusados del Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

   El informe por el que los fiscales piden plazo para presentarlo, debe responder a la impugnación que los abogados de Saab hicieron a la acusación que se formuló ante la corte de Miami. Además, rebatieron la jurisdicción de los Estados Unidos en el caso, sustentándose en supuesta inmunidad derivada que, aseguran, supuestamente ostenta su representado por su papel de embajador de la administración de Nicolás Maduro.

  En tal sentido, los representantes legales del Saab pidieron al citado tribunal de apelaciones, negar el pedido de la fiscalía de prorrogar del 7 de septiembre al 7 de octubre el plazo para que el gobierno exponga su posición ante lo argumentado por el acusado[1].
   Los fiscales del caso, al momento de formular su pedido, le recordaron a la corte que sobre el “acusado-apelante” recaen siete cargos de lavado de dinero, además de uno por conspiración para cometer ese delito. La acusación formal señala a Saab y a su socio Álvaro Pulido Vargas, de lavar las ganancias de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), mediante un esquema de pago de sobornos que se aprovechaba del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela. La fiscalía en su acusación, igualmente pidió la confiscación de más de USD 350 millones que es el monto de los de fondos involucrados en delito[2].
   Los abogados de Saab creen que “una demora de 30 días en este caso aumenta en gran medida el riesgo de que el Sr. Saab sea extraditado y sujeto a la custodia de los Estados Unidos, a expensas de su inmunidad diplomática”, pues a su modo de ver el asunto, la prórroga sería equivalente “a otros 30 días más de detención ilegal (...) ya sea en Cabo Verde o en Estados Unidos”.
   Para el DOJ el plazo solicitado es necesario en razón de que nuevos fiscales asumieron el caso, siendo que quienes formularon el pedido “no eran parte del equipo del gobierno durante el proceso ante la corte de distrito y estaban poco familiarizados con este caso antes de ser asignados al caso de la apelación”. Por ello, alegaron, “requieren de tiempo adicional para revisar los historiales, examinar los argumentos de hechos y legales presentados por Saab y desarrollar los argumentos para responder a los alegatos de Saab”.

  De igual forma, este tiempo adicional permitirá a las autoridades del Departamento de Justicia analizar la estrategia de los nuevos titulares del gobierno en el caso
Los escenarios posibles

  De pronunciarse los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos en favor de la extradición, el destino de Álex Saab se definiría en la Corte de la Florida.

  En caso contrario, si los magistrados dictan veredicto en favor del empresario colombiano, el caso pasaría a otra corte que se encargaría de definir el proceso iniciado por Estados Unidos que exige el traslado de Saab a territorio estadunidense para juzgarlo por los delitos líneas arriba señalados.
  Los defensores de Saab siguen sosteniendo que el arresto de su representado fue ilegal y alegan que tiene inmunidad diplomática. El 1º de abril pidieron “anular la orden que le confiere el estado de fugitivo” de la justicia de los Estados Unidos[3].

Se presenta como víctima

   Álex Saab se presenta como una víctima del gobierno estadounidense y sus abogados y el pasado 19 de agosto denunció a tres jueces y fiscal general de Cabo Verde, José Landim, de violar sus derechos en múltiples ocasiones. Una acusación que se suma a una anterior formulada también contra Landim y tres inspectores de la policía judicial que participaron en su detención.

   Los abogados de Saab sostienen que estos funcionarios cometieron numerosos errores procesales, entre ellos haberse excedido del tiempo de detención provisional en la cárcel alrededor de cien días.
   Sobre el fiscal acusan tortura, perjurio y ocultación de pruebas sin que estos hechos se hayan investigado a pesar de haberlos denunciado desde hace un buen tiempo.

   Luego de que el Tribunal de Apelación de Barlavento se pronunció en favor de la extradición de Saab, la defensa del empresario colombiano formuló ante Tribunal Supremo de Cabo Verde un recurso que, pese a los propósitos de los abogados, terminó ratificando la sentencia en contra del supuesto testaferro de Nicolás Maduro emitida el 17 de marzo. También presentaron en julio un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual dio revisión el 13 de agosto al asunto para evaluar el recurso y la solicitud que defiende la inconstitucionalidad de la detención de Saab. El veredicto se espera para los próximos días[4].

La carta de Saab

  En la misma tónica de víctima, Álex Saab escribió una carta el 12 de agosto, la cual se conoció posteriormente y en la cual acusa a los Estados Unidos de violar el derecho internacional cuando ordenaron su arresto.
   En la misiva, primeramente, denuncia no habérsele permitido estar presente en la audiencia ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que reiteró su acusación de mantenerse bajo secuestro desde hace 417 días (con relación a la fecha de la carta).

   Refirió nuevamente su condición de Enviado Especial al servicio del estado venezolano desde abril de 2018, cumpliendo un papel “en misiones humanitarias especiales pacíficas, bajo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro para atender necesidades básicas del país, como alimentos y medicinas, entre otros”.
    Se dedica a halagar a Nicolás Maduro y sus colaboradores quienes se esfuerzan para enfrentar “los esfuerzos de Estados Unidos por imponer su voluntad política e imponernos extraterritorialmente sus leyes, Venezuela ha podido contar con muchos años de confianza y amistad con la Federación de Rusia, la República Popular de China, la República Islámica del Irán, la República de Cuba y la República de Turquía, entre muchos, muchos otros aliados, para asegurar que no solo hayamos sobrevivido a las sanciones ilegales, sino que estamos viendo el inicio de la recuperación económica”.

  En tal sentido, hizo mención del pronunciamiento de Rusia en que advirtió a Estados Unidos y a Cabo Verde que el derecho internacional lo protege.
   En la carta arremete contra Estados Unidos y los medios de comunicación, al tiempo que asegura que Venezuela, pese a las sanciones, “comienza a ver los frutos de las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro y su equipo; y es importante recordar esto, mientras nos preparamos para las elecciones del 21 de noviembre. Nuestra fuerza es nuestra unidad. Nuestra unidad mostrará al mundo la transparencia de nuestro gobierno. Por eso debemos barrer estas elecciones”.

  Acusa que algunas naciones sin recursos “se ven obligadas a doblar las rodillas y tender la mano como mendigos”, a diferencia de Venezuela, a la cual define como “una nación bendecida con todos los recursos naturales en abundancia”.
  Finalizó su carta advirtiendo que “No importa lo fuerte que griten los pseudoperiodistas, no importa las presiones de otros estados, nunca le daré la espalda al pueblo de Venezuela ni a nuestro presidente Nicolás Maduro”[5].

La defensa rusa e iraní

  Vale la pena mencionar la incursión en el asunto que últimamente ha asumido Rusia, nación que un día antes de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde emitiera un fallo sobre la legalidad de la extradición de Álex Saab, emitió una nota desde la cancillería calificando la detención del empresario de ilegal.
  Para su pronunciamiento, se sustentó en la supuesta inmunidad de que estaría investido el empresario señalado testaferro de Maduro.

   Al respecto, el gobierno ruso dijo que “Esta práctica de secuestrar a ciudadanos de otros países, incluida la Federación de Rusia, en terceros países por cargos fabricados por las fuerzas del orden de Estados Unidos, se ha convertido en la infame 'tarjeta de presentación' de los Estados Unidos. Ahora Washington parece haber decidido pasar a un nuevo nivel, sentando un precedente dañino para la extradición de una persona autorizada con estatus diplomático".
  Igualmente, Irán ha calificado a Saab como prisionero de guerra, al sostener que este, “con pasaporte diplomático y como enviado del gobierno venezolano para proporcionar artículos médicos y alimenticios al pueblo de Venezuela, tenía la misión de evitar que el gobierno de Estados Unidos hiciera cumplir sus leyes nacionales y extraterritoriales solo con fines políticos”.

  Ambas posiciones buscan ratificar la estrategia de la defensa que apunta a desacreditar la acusación de los Estados Unidos y catalogar el caso como una persecución política.
   Otras voces apuntan a que, en realidad, Rusia e Irán sólo están interesadas en evitar que con al traslado a EE. UU. de Saab se conozcan detalles de los negocios irregulares que el régimen de Maduro mantiene con estos gobiernos.

REFERENCIAS

[1] Infobae. “La Fiscalía de EEUU pidió un plazo de 30 días para presentar argumentos contra Alex Saab lo que aumenta la probabilidad de su extradición”. 26 de Agosto de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/08/26/la-fiscalia-de-eeuu-pidio-un-plazo-de-30-dias-para-presentar-argumentos-contra-alex-saab-lo-que-aumenta-la-probabilidad-de-su-extradicion/

[2] Departamento de Justicia . “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

[3] El Nuevo Herald. “EEUU pide prórroga de 30 días para presentar caso contra Alex Saab”. 27 de agosto de 2021. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article253729698.html

[4] El Espectador. “Alex Saab denunció a jueces y fiscal de Cabo Verde por violar sus derechos”. 19 de agosto de 2021. https://www.elespectador.com/judicial/alex-saab-denuncio-a-jueces-y-fiscal-de-cabo-verde-por-violar-sus-derechos/

[5] Workers World. “Alex Saab’s Letter: No retreat, No surrender!”. 23 de agosto de 2021. https://www.workers.org/2021/08/58518/

























domingo, 22 de marzo de 2020

Denuncia el senador de Bolivia, Óscar Ortíz: Marcelo Hurtado Sandoval sería el operador de Carlos Gill en sus empresas

   Sin que se tenga información acerca del origen de su fortuna, este abogado se convirtió en la cara visible de las empresas de las que Gill sería el verdadero propietario. El empresario niega todas las acusaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El nombre de Marcelo Hurtado Sandoval sale a relucir siempre que se tratan de poner en claro los asuntos y negociaciones del empresario venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, bien porque se conecta a él directamente o por mampuesto. Y es que al primero se le señala de supuestamente ser testaferro del segundo, quien entre otras cosas es señalado de ser un empresario que respondería a los intereses y lineamientos políticos del exvicepresidente boliviano, Álvaro García Linera y de su hermano Raúl García Linera, ambos con amplio poder en la estructura del Movimiento al Socialismo (MAS).
   La salida del poder de Evo Morales ha permitido que afloren una serie de denuncias sobre hechos de corrupción que han dejado al descubierto los presuntos manejos irregulares que desde el alto gobierno de Bolivia se llevaban a cabo. Por ejemplo, se insiste en que una serie de empresas y empresarios reportaban directamente de su gestión a García Linera y a la cúpula masista. Y sería en dicho entramado, donde adquiere protagonismo la figura de Hurtado Sandoval. Las interrogantes en torno a esto se incrementaron luego de las denuncias formuladas por el senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, quien ha exigido auditorías en los ministerios que contrataron con las empresas de Gill Ramírez. El parlamentario ha puesto en duda que compañías como ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, sean realmente propiedad de quienes fungen como sus representantes, dejando en el aire la interrogante acerca del papel que Evo Morales y Álvaro García juegan realmente en dichas compañías. El expresidente boliviano lo negó tajantemente y exigió a Ortiz que presente pruebas de sus afirmaciones.

  "Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso", publicó el exmandatario en su cuenta de la red social Twitter, según reseña el diario Los Tiempos[1].

   La respuesta de Ortiz a Morales fue: "Obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?".

   ATB y Marcelo Hurtado respondieron a las acusaciones a través de un comunicado publicado en Facebook en la que aseguró no tener ninguna relación empresarial, ni de negocio alguno con Carlos Gil y sus operaciones e inversiones en Bolivia y “mucho menos he sido nunca representante legal del indicado Sr. Gil”. Del mismo modo negó relación empresarial, política o de amistas con Evo Morales ni Álvaro García Linera. Sostuvo que su única relación es con ATB en su calidad de socio y representante legal ejecutivo, “no he tenido ni tengo ninguna participación societaria, laboral ni de ninguna índole con las empresas Gravetal, La Razón y PAT”.

   Agregó que “El 40% de las acciones de la empresa Provida fueron adquiridas por mi persona legal y lícita de la empresa Credinform S.A.”[2].

   El 3 de enero de 2020, Hurtado Sandoval fue aprehendido en Santa Cruz por la policía, dando cumplimiento a una orden del fiscal Samuel Lima Carvajal, de la División Especializada de Persecución de Delitos de Corrupción, Aduaneros y Tributarios de La Paz, por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros. Lo trasladaron a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)[3].

   Posteriormente, el 5 de enero de 2020, fue liberado por la inasistencia del fiscal Samuel Lima a la audiencia, pero por acción de la senadora Carmen Eva Gonzales, el presidente del directorio de ATB fue recapturado por la apropiación indebida de medios impresos y audiovisuales en el gobierno de Evo Morales. La parlamentaria pidió la inmediata detención de la jueza Milenka Gutiérrez, que le otorgó la libertad pura y simple a Hurtado, y del fiscal por incumplimiento de deberes. La senadora Gonzales advirtió llamó la atención sobre estos sucesos y advirtió que la justicia no podía seguir actuando bajo la misma lógica de protección a temas de corrupción con que encubrió el gobierno del MAS[4].

  Ni estos hechos, ni los alegatos de Hurtado detuvieron a Oscar Ortiz, quien el 9 de enero de 2020 denunció ante el Ministerio Público a  los ejecutivos de los canales ATB y PAT, Marcelo Hurtado y José Luis Valencia, respectivamente, a quienes acusó de presuntamente obtenido ganancias ilícitas, de favorecimiento al enriquecimiento ilícito y creación de sociedades o asociaciones ficticias y, en tal sentido, pidió a la Fiscalía investigar la estrecha relación de estos Álvaro García Linera, todo esto en el contexto de un proceso abierto por contratos irregulares de medios de comunicación.

   Una nota de prensa emanada del Ministerio de Comunicación boliviano refirió que Ortiz denunció la identificación de "21 empresas relacionadas con el señor Marcelo Hurtado Sandoval en Fundempresa; de estas 19 son posteriores a la llegada de Evo Morales al gobierno y especialmente a partir de 2009 (…) Esas empresas que tienen que ver fundamentalmente con medios de comunicación, pero también con el área financiera de seguros y con otros rubros diversos como energía, madera, comercio exterior, incluso restauración".

  El legislador manifestó que “uno de los temas más escandalosos que involucra a Hurtado es el relacionado con la estructura societaria de la televisora ATB, ‘en la cual hay más de nueves empresas que constituyen una trama que busca ocultar quiénes son los verdaderos dueños de esta empresa; es peor que los Panamá Papers (…) Uno busca quien es dueño de una empresa y aparecen otras tres empresas; uno busca quienes son dueños de esas empresas y aparecen otras empresas; la única característica en común es que en todas figura como representante legal el señor Marcelo Hurtado Sandoval"[5].

Más datos de Hurtado Sandoval

   Además de las referencias que ya hemos señalado de Marcelo Hurtado Sandoval, este trabajaba en mancuerna con Luis Norberto Clavijo Castro, quien formó parte de la estructura gubernamental boliviana desde 2009 durante la gestión del entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

   Este hombre estuvo vinculado al operativo que tuvo lugar el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz y que fue directamente ordenado por Evo Morales, un sonado caso que derivó en una masacre en la que tres personas fueron asesinadas por integrantes del denominado grupo Rozsa, pero que fue presentado por el gobierno como una acción contra un grupo terrorista[6]. Los ejecutados fueron identificados como Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, de origen europeo. Fueron arrestados los también los europeos Elöd Tóásó y Mario Tadic. Esta operación habría servido para arremeter contra la oposición boliviana y procesar a sus dirigentes.

   A Luis Clavijo se le señala de formar parte de una trama que fue denunciada públicamente por el Ministerio de Gobierno de utilizar el nombre del ministro Carlos Romero para influenciar en la administración de justicia para obtener beneficios económicos. “Se ha venido denunciando que los ciudadanos Guillermo Eue Chávez y Luis Norberto Clavijo Castro estarían influenciando en administradores y operadores de justicia a nombre del señor Ministro con el objeto de obtener ventajas económicas indebidas”[7].

  Otro personaje tras el cual se escudarían Hurtado, es el periodista Jaime Iturri, cuya notoriedad le sirve de mampara.

  Hurtado Sandoval, quien contaría el aval y la confianza de los grupos venezolanos directamente relacionados al lavado de dinero extraído del erario público de Venezuela, ahora dirige sus esfuerzos a tratar de lavar su imagen acercándose principalmente a los dirigentes cívicos de Santa Cruz, como por ejemplo, a Luis Fernando Camacho, jefe del Comité Cívico Pro Santa Cruz, abogado de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra y con una maestría en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona. A Camacho, Hurtado le habría ofrecido participación en las empresas que controla a cambio de protección. Luis Nemtala, gerente general de ATB, le serviría de operador a Hurtado para conseguir este objetivo[8]. Igualmente, Sergio Salazar Machicado, abogado del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociado, quien funge como integrante del directorio de ATB[9].

   Bajo el control de Marcelo Hurtado Sandoval están las empresas ATB, PAT, La Razón y Seguros Provida S.A., las cuales supuestamente fueron obtenidas por métodos ilegales y poco ortodoxos, tales como la extorsión y la presión a través de todo el aparato público que habría confabulado por ordenes de los hermanos Linera, para que Hurtado-Gill pudieran hacerse de dichas empresas.

   Se conoce poco acerca de los orígenes y trayectoria empresarial de Marcelo Hurtado Sandoval. Tampoco se saben cuáles son los emprendimientos e iniciativas que pudieran justificar su enorme fortuna. Habiendo tenido ATB tenía un valor patrimonial de más de 49 millones de bolivianos al momento de su irregular venta, es necesario que se aclare la fuente de la riqueza de Hurtado.

   Formó parte del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados, encargado de diseñar la estrategia en Bolivia para el ingreso de grupos económicos venezolanos vinculados al régimen Chávez-Maduro. A través de este bufete, Hurtado Sandoval habría ingresado al “esquema” venezolano diseñado.

Caso ATB

  La Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB) es una cadena de televisión de Bolivia que es controlada por Marcelo Hurtado Sandoval, habiéndose convertido en parte de lo que en Bolivia han llegado a considerarse como medios paraestatales[10].

  Se trataría de una red de medios de comunicación cuya estructura externa se halla controlada por los hermanos Álvaro y Raúl García Linera, quienes supuestamente son quienes dictan la línea editorial, siendo presuntamente Hurtado Sandoval, el encargado de seguirla e instrumentarla en la televisora.

   Según los senadores Oscar Ortiz y Carmen Eva González, ATB fue vendida bajo presión y mediante métodos extorsivos por sus antiguos propietarios[11].

  El caso se abrió por denuncia de Gonzales, quien acusó a 18 personas de haber utilizado métodos extorsivos para hacerse de medios de comunicación, como los canales ATB y PAT, en concomitancia del Gobierno del MAS, refiere una nota del portal Erbol. “(…) el empresario Gill Rodríguez llegó a Bolivia con el respaldo de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para incursionar, entre otros proyectos, en medios de comunicación sin importar la rentabilidad, sino que estén al servicio del gobierno del MAS, a cambio de millonarias ganancias por publicidad estatal. Dice el memorial que Gill precipitó las negociaciones con ejecutivos del Grupo Prisa para tomar control de La Razón y El Extra, designando a su representante a Marcelo Hurtado. ‘ATB pasa por un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros’.  En agosto de 2008, la empresa fantasma Akaishi Investments S.L fue creada en España exclusivamente para la transferencia de La Razón y ATB, siendo su representante Marcelo Hurtado a quien acusan de ser ‘pieza clave del esquema extorsivo al Grupo Prisa, como también a un grupo de abogados que trabajaron en el Estudio Jurídico Salazar y Asociados’”, se lee en la reseña de prensa.

  La firma de abogados, por instrucciones de Gill Ramírez, constituyó en agosto de 2008 en España la empresa Akaishi, una compañía de fachada cuyo objetivo habría sido encubrir el ingreso de empresarios venezolanos vinculados al régimen chavista a Bolivia. V arios integrantes del despacho de abogados luego integraron el directorio de la televisora.

Caso PAT

  La Red Periodistas Asociados Televisión (PAT) es un canal de televisión abierta boliviano lanzado al aire en 1997 por Carlos Mesa, quien lo vendió a Abdallah Daher. En la actualidad, la televisora también es controlada por Hurtado Sandoval y, por ende, Álvaro y Raúl García Linera.

  Tal como habría ocurrido con ATB, PAT igualmente fue comprado bajo presión, con el agravante de que, por dicha venta, sus propietarios no recibieron pago alguno.

  Así lo reveló el ex-gerente de PAT, Sergio Weise, quien refirió que en 2011 el presidente del directorio de la red ATB, Marcelo Hurtado, y Jaime Iturri, presionaron a Abdallah Daher para que entregara la televisora bajo términos que ellos redactaron.

   “En esa época, ya se había producido el caso Hotel las Américas, había autoridades expulsadas, no había Estado de Derecho, ese era la presión que tenía Abdallah Daher para firmar el contrato de venta y finalmente lo hizo a favor de Iturri y Hurtado (…) Daher no recibió ni un peso por la transferencia del canal a pesar de que se firmó un contrato en que se estableció cierta cantidad de dinero que no justificaría la inversión real que se hizo”, narró Weise.

  Según dijo, Marcelo Hurtado le propuso a Daher en principio comprar el canal PAT, pero el tono cambió luego a amenaza: “si quieres preservar tu empresa, tienes que vender PAT, tienes que entregar PAT” y agregó que el objetivo de Hurtado e Iturri era” usar PAT con fines políticos, porque Iturri llegaba al medio para reunirse con los periodistas y definir el contenido que debe y no debe difundirse”[12].

  Se conoció que Abdallah Daher se habría negado a negociar, pero la extorsión y la amenaza de encarcelar a su hijo Edmond, lo llevaron a ceder su empresa a cambio de nada.

  Sobre Daher se abalanzó el gobierno de Evo Morales mediante entidades públicas como a la UIF, Impuestos, Ministerio de Trabajo, Autoridad de Empresas (AEMP) para que entregara su negocio, la cual se llevó a cabo a través de la empresa Comercializadora Multimedia del Sur SRL, constituida por el Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados.

Caso Provida

   En las denuncias de Oscar Ortiz sobre la propiedad de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida la cual estaría enmascarada a través de testaferros, Marcelo Hurtado Sandoval, fue señalado de ser el representante legal de ese conglomerado, a lo cual este último lo negó, sí admitió que es uno de los socios de ATB y dueño del 40 por ciento de las acciones de la empresa de seguros Provida[13].

  Esta empresa aseguradora administra el 30 por ciento del Seguro Social Obligatorio de los bolivianos.

  Hurtado Sandoval llegó a Provida luego de la trasferencia de las acciones del grupo Credinform, a quienes habría extorsionado por el caso de pólizas emitidas para la construcción del Proyecto Misicuni, habiéndolos librado de ser enjuiciados a cambio de la entrega de las acciones.

  Con las acciones en la mano, Marcelo Hurtado emprendió una campaña de hostigamiento en contra de la empresa a través de los órganos del estado y cuando la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) le increpó una deficiencia patrimonial, el operador de Gill Ramírez llamó a los accionistas a realizar un aporte de capital.

  Entonces Marcelo Hurtado ofreció como aporte una serie de bienes inmuebles, lo cual estaba prohibido por la norma que rige la APS, la cual fue modificada a instancias de este, admitiéndose por vía de excepción los aportes de capital en especies de Hurtado por un valor de USD 5.000.000, aunque los avalúos ordenados por los ejecutivos de Seguros Provida establecieron que solamente valían USD 150.000.

   Cuando dichos ejecutivos de Provida rechazaron los aportes de capital de Hurtado Sandoval, este con la presencia de Luis Clavijo Castro y abogados del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados, así como de Fernando Cortez, inició el asedio judicial contra los propietarios de la aseguradora. Cortez es un exfiscal de La Paz que fungía como abogado de la empresa China CAMC y también era abogado personal de la expareja del Evo Morales, Gabriela Zapata.

Tales presiones dieron su resultado y fueron transferidos a Hurtado Sandoval a valor “0” las acciones de Fernando Arce equivalentes a 60 por ciento de la empresa.

ATB-Argentina

   Marcelo Hurtado, Luis Nemtala y Jaime Iturri constituyeron en Argentina la empresa ATB-Argentina con una inversión que supera en mucho a la de Bolivia.

CITAS

[1] Los Tiempos. “Morales y una de las empresas privadas señaladas por Ortiz niegan acusaciones”. 15 de diciembre de 2019. https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191215/morales-empresas-privadas-senaladas-ortiz-niegan-acusaciones

[2] Facebook. ATB Digital. Comunicado a la opinión pública. 14 de diciembre de 2019. https://www.facebook.com/ATBDigital/posts/3428793927162012

[3] La Razón. “La Policía detiene al presidente del directorio de la red ATB Marcelo Hurtado”. 3 de enero de 2020. http://www.la-razon.com/nacional/aprehenden-marcelo-hurtado-atb-bolivia_0_3287671248.html

[4] Brújula Digital. “Liberan a Marcelo Hurtado y de inmediato fue aprehendido otra vez”. 6 de enero de 2020. https://brujuladigital.net/politica/liberan-a-marcelo-hurtado-y-de-inmediato-fue-aprehendido-otra-vez

[5] Ministerio de Comunicación. “Oscar Ortiz presenta ante la Fiscalía denuncias penales contra ejecutivos de ATB y PAT”. 9 de enero de 2020. https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20200109/28541

[6] Página Siete. “Clavijo, quien usó el nombre de Romero, actuó en caso Rózsa”. 8 de marzo de 2019. https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/3/8/clavijo-quien-uso-el-nombre-de-romero-actuo-en-caso-rozsa-211347.html



[7] Eju. “Acusan a exfuncionarios de extorsionar a nombre del Ministro de Gobierno”. 25 de febrero de 2019. https://eju.tv/2019/02/acusan-a-exfuncionarios-de-extorsionar-a-nombre-del-ministro-de-gobierno/

[8] Página Siete. “Medios paraestatales bajo investigación”. 21 de enero de 2020. https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/1/21/medios-paraestatales-bajo-investigacion-244088.html

[9] Yumpu. Presentación de la senadora Carmen Eva González. El Mas y el asalto a los medios de comunicación en Bolivia. https://www.yumpu.com/es/document/read/62980863/presentacion-carmen-eva



[10] Página Siete. “Medios paraestatales bajo investigación”. 21 de enero de 2020. https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/1/21/medios-paraestatales-bajo-investigacion-244088.html

[11] Erbol. “Carlos Gill y otros 17 empresarios denunciados en Bolivia por apoderarse de medios mediante coacción y amenazas”. 30 de diciembre de 2019. https://erbol.com.bo/nacional/denuncian-que-18-personas-se-hicieron-de-cuatro-medios-mediante-%E2%80%98recursos-extorsivos%E2%80%99





[12] Urgente.bo. “Revelan que los empresarios Hurtado e Iturri no pagaron “ni un peso” por la adquisición de PAT”. 16 de enero de 2020. https://urgente.bo/noticia/revelan-que-los-empresarios-hurtado-e-iturri-no-pagaron-%E2%80%9Cni-un-peso%E2%80%9D-por-la-adquisici%C3%B3n-de

[13] Correo del Sur. “Elevan la polémica sobre la propiedad de cinco empresas”. 16 de diciembre de 2019. https://correodelsur.com/politica/20191216_elevan-la-polemica-sobre-la-propiedad-de-cinco-empresas.html