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domingo, 22 de marzo de 2020

Denuncia el senador de Bolivia, Óscar Ortíz: Marcelo Hurtado Sandoval sería el operador de Carlos Gill en sus empresas

   Sin que se tenga información acerca del origen de su fortuna, este abogado se convirtió en la cara visible de las empresas de las que Gill sería el verdadero propietario. El empresario niega todas las acusaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El nombre de Marcelo Hurtado Sandoval sale a relucir siempre que se tratan de poner en claro los asuntos y negociaciones del empresario venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, bien porque se conecta a él directamente o por mampuesto. Y es que al primero se le señala de supuestamente ser testaferro del segundo, quien entre otras cosas es señalado de ser un empresario que respondería a los intereses y lineamientos políticos del exvicepresidente boliviano, Álvaro García Linera y de su hermano Raúl García Linera, ambos con amplio poder en la estructura del Movimiento al Socialismo (MAS).
   La salida del poder de Evo Morales ha permitido que afloren una serie de denuncias sobre hechos de corrupción que han dejado al descubierto los presuntos manejos irregulares que desde el alto gobierno de Bolivia se llevaban a cabo. Por ejemplo, se insiste en que una serie de empresas y empresarios reportaban directamente de su gestión a García Linera y a la cúpula masista. Y sería en dicho entramado, donde adquiere protagonismo la figura de Hurtado Sandoval. Las interrogantes en torno a esto se incrementaron luego de las denuncias formuladas por el senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, quien ha exigido auditorías en los ministerios que contrataron con las empresas de Gill Ramírez. El parlamentario ha puesto en duda que compañías como ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, sean realmente propiedad de quienes fungen como sus representantes, dejando en el aire la interrogante acerca del papel que Evo Morales y Álvaro García juegan realmente en dichas compañías. El expresidente boliviano lo negó tajantemente y exigió a Ortiz que presente pruebas de sus afirmaciones.

  "Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso", publicó el exmandatario en su cuenta de la red social Twitter, según reseña el diario Los Tiempos[1].

   La respuesta de Ortiz a Morales fue: "Obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?".

   ATB y Marcelo Hurtado respondieron a las acusaciones a través de un comunicado publicado en Facebook en la que aseguró no tener ninguna relación empresarial, ni de negocio alguno con Carlos Gil y sus operaciones e inversiones en Bolivia y “mucho menos he sido nunca representante legal del indicado Sr. Gil”. Del mismo modo negó relación empresarial, política o de amistas con Evo Morales ni Álvaro García Linera. Sostuvo que su única relación es con ATB en su calidad de socio y representante legal ejecutivo, “no he tenido ni tengo ninguna participación societaria, laboral ni de ninguna índole con las empresas Gravetal, La Razón y PAT”.

   Agregó que “El 40% de las acciones de la empresa Provida fueron adquiridas por mi persona legal y lícita de la empresa Credinform S.A.”[2].

   El 3 de enero de 2020, Hurtado Sandoval fue aprehendido en Santa Cruz por la policía, dando cumplimiento a una orden del fiscal Samuel Lima Carvajal, de la División Especializada de Persecución de Delitos de Corrupción, Aduaneros y Tributarios de La Paz, por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros. Lo trasladaron a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)[3].

   Posteriormente, el 5 de enero de 2020, fue liberado por la inasistencia del fiscal Samuel Lima a la audiencia, pero por acción de la senadora Carmen Eva Gonzales, el presidente del directorio de ATB fue recapturado por la apropiación indebida de medios impresos y audiovisuales en el gobierno de Evo Morales. La parlamentaria pidió la inmediata detención de la jueza Milenka Gutiérrez, que le otorgó la libertad pura y simple a Hurtado, y del fiscal por incumplimiento de deberes. La senadora Gonzales advirtió llamó la atención sobre estos sucesos y advirtió que la justicia no podía seguir actuando bajo la misma lógica de protección a temas de corrupción con que encubrió el gobierno del MAS[4].

  Ni estos hechos, ni los alegatos de Hurtado detuvieron a Oscar Ortiz, quien el 9 de enero de 2020 denunció ante el Ministerio Público a  los ejecutivos de los canales ATB y PAT, Marcelo Hurtado y José Luis Valencia, respectivamente, a quienes acusó de presuntamente obtenido ganancias ilícitas, de favorecimiento al enriquecimiento ilícito y creación de sociedades o asociaciones ficticias y, en tal sentido, pidió a la Fiscalía investigar la estrecha relación de estos Álvaro García Linera, todo esto en el contexto de un proceso abierto por contratos irregulares de medios de comunicación.

   Una nota de prensa emanada del Ministerio de Comunicación boliviano refirió que Ortiz denunció la identificación de "21 empresas relacionadas con el señor Marcelo Hurtado Sandoval en Fundempresa; de estas 19 son posteriores a la llegada de Evo Morales al gobierno y especialmente a partir de 2009 (…) Esas empresas que tienen que ver fundamentalmente con medios de comunicación, pero también con el área financiera de seguros y con otros rubros diversos como energía, madera, comercio exterior, incluso restauración".

  El legislador manifestó que “uno de los temas más escandalosos que involucra a Hurtado es el relacionado con la estructura societaria de la televisora ATB, ‘en la cual hay más de nueves empresas que constituyen una trama que busca ocultar quiénes son los verdaderos dueños de esta empresa; es peor que los Panamá Papers (…) Uno busca quien es dueño de una empresa y aparecen otras tres empresas; uno busca quienes son dueños de esas empresas y aparecen otras empresas; la única característica en común es que en todas figura como representante legal el señor Marcelo Hurtado Sandoval"[5].

Más datos de Hurtado Sandoval

   Además de las referencias que ya hemos señalado de Marcelo Hurtado Sandoval, este trabajaba en mancuerna con Luis Norberto Clavijo Castro, quien formó parte de la estructura gubernamental boliviana desde 2009 durante la gestión del entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

   Este hombre estuvo vinculado al operativo que tuvo lugar el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz y que fue directamente ordenado por Evo Morales, un sonado caso que derivó en una masacre en la que tres personas fueron asesinadas por integrantes del denominado grupo Rozsa, pero que fue presentado por el gobierno como una acción contra un grupo terrorista[6]. Los ejecutados fueron identificados como Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, de origen europeo. Fueron arrestados los también los europeos Elöd Tóásó y Mario Tadic. Esta operación habría servido para arremeter contra la oposición boliviana y procesar a sus dirigentes.

   A Luis Clavijo se le señala de formar parte de una trama que fue denunciada públicamente por el Ministerio de Gobierno de utilizar el nombre del ministro Carlos Romero para influenciar en la administración de justicia para obtener beneficios económicos. “Se ha venido denunciando que los ciudadanos Guillermo Eue Chávez y Luis Norberto Clavijo Castro estarían influenciando en administradores y operadores de justicia a nombre del señor Ministro con el objeto de obtener ventajas económicas indebidas”[7].

  Otro personaje tras el cual se escudarían Hurtado, es el periodista Jaime Iturri, cuya notoriedad le sirve de mampara.

  Hurtado Sandoval, quien contaría el aval y la confianza de los grupos venezolanos directamente relacionados al lavado de dinero extraído del erario público de Venezuela, ahora dirige sus esfuerzos a tratar de lavar su imagen acercándose principalmente a los dirigentes cívicos de Santa Cruz, como por ejemplo, a Luis Fernando Camacho, jefe del Comité Cívico Pro Santa Cruz, abogado de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra y con una maestría en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona. A Camacho, Hurtado le habría ofrecido participación en las empresas que controla a cambio de protección. Luis Nemtala, gerente general de ATB, le serviría de operador a Hurtado para conseguir este objetivo[8]. Igualmente, Sergio Salazar Machicado, abogado del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociado, quien funge como integrante del directorio de ATB[9].

   Bajo el control de Marcelo Hurtado Sandoval están las empresas ATB, PAT, La Razón y Seguros Provida S.A., las cuales supuestamente fueron obtenidas por métodos ilegales y poco ortodoxos, tales como la extorsión y la presión a través de todo el aparato público que habría confabulado por ordenes de los hermanos Linera, para que Hurtado-Gill pudieran hacerse de dichas empresas.

   Se conoce poco acerca de los orígenes y trayectoria empresarial de Marcelo Hurtado Sandoval. Tampoco se saben cuáles son los emprendimientos e iniciativas que pudieran justificar su enorme fortuna. Habiendo tenido ATB tenía un valor patrimonial de más de 49 millones de bolivianos al momento de su irregular venta, es necesario que se aclare la fuente de la riqueza de Hurtado.

   Formó parte del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados, encargado de diseñar la estrategia en Bolivia para el ingreso de grupos económicos venezolanos vinculados al régimen Chávez-Maduro. A través de este bufete, Hurtado Sandoval habría ingresado al “esquema” venezolano diseñado.

Caso ATB

  La Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB) es una cadena de televisión de Bolivia que es controlada por Marcelo Hurtado Sandoval, habiéndose convertido en parte de lo que en Bolivia han llegado a considerarse como medios paraestatales[10].

  Se trataría de una red de medios de comunicación cuya estructura externa se halla controlada por los hermanos Álvaro y Raúl García Linera, quienes supuestamente son quienes dictan la línea editorial, siendo presuntamente Hurtado Sandoval, el encargado de seguirla e instrumentarla en la televisora.

   Según los senadores Oscar Ortiz y Carmen Eva González, ATB fue vendida bajo presión y mediante métodos extorsivos por sus antiguos propietarios[11].

  El caso se abrió por denuncia de Gonzales, quien acusó a 18 personas de haber utilizado métodos extorsivos para hacerse de medios de comunicación, como los canales ATB y PAT, en concomitancia del Gobierno del MAS, refiere una nota del portal Erbol. “(…) el empresario Gill Rodríguez llegó a Bolivia con el respaldo de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para incursionar, entre otros proyectos, en medios de comunicación sin importar la rentabilidad, sino que estén al servicio del gobierno del MAS, a cambio de millonarias ganancias por publicidad estatal. Dice el memorial que Gill precipitó las negociaciones con ejecutivos del Grupo Prisa para tomar control de La Razón y El Extra, designando a su representante a Marcelo Hurtado. ‘ATB pasa por un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros’.  En agosto de 2008, la empresa fantasma Akaishi Investments S.L fue creada en España exclusivamente para la transferencia de La Razón y ATB, siendo su representante Marcelo Hurtado a quien acusan de ser ‘pieza clave del esquema extorsivo al Grupo Prisa, como también a un grupo de abogados que trabajaron en el Estudio Jurídico Salazar y Asociados’”, se lee en la reseña de prensa.

  La firma de abogados, por instrucciones de Gill Ramírez, constituyó en agosto de 2008 en España la empresa Akaishi, una compañía de fachada cuyo objetivo habría sido encubrir el ingreso de empresarios venezolanos vinculados al régimen chavista a Bolivia. V arios integrantes del despacho de abogados luego integraron el directorio de la televisora.

Caso PAT

  La Red Periodistas Asociados Televisión (PAT) es un canal de televisión abierta boliviano lanzado al aire en 1997 por Carlos Mesa, quien lo vendió a Abdallah Daher. En la actualidad, la televisora también es controlada por Hurtado Sandoval y, por ende, Álvaro y Raúl García Linera.

  Tal como habría ocurrido con ATB, PAT igualmente fue comprado bajo presión, con el agravante de que, por dicha venta, sus propietarios no recibieron pago alguno.

  Así lo reveló el ex-gerente de PAT, Sergio Weise, quien refirió que en 2011 el presidente del directorio de la red ATB, Marcelo Hurtado, y Jaime Iturri, presionaron a Abdallah Daher para que entregara la televisora bajo términos que ellos redactaron.

   “En esa época, ya se había producido el caso Hotel las Américas, había autoridades expulsadas, no había Estado de Derecho, ese era la presión que tenía Abdallah Daher para firmar el contrato de venta y finalmente lo hizo a favor de Iturri y Hurtado (…) Daher no recibió ni un peso por la transferencia del canal a pesar de que se firmó un contrato en que se estableció cierta cantidad de dinero que no justificaría la inversión real que se hizo”, narró Weise.

  Según dijo, Marcelo Hurtado le propuso a Daher en principio comprar el canal PAT, pero el tono cambió luego a amenaza: “si quieres preservar tu empresa, tienes que vender PAT, tienes que entregar PAT” y agregó que el objetivo de Hurtado e Iturri era” usar PAT con fines políticos, porque Iturri llegaba al medio para reunirse con los periodistas y definir el contenido que debe y no debe difundirse”[12].

  Se conoció que Abdallah Daher se habría negado a negociar, pero la extorsión y la amenaza de encarcelar a su hijo Edmond, lo llevaron a ceder su empresa a cambio de nada.

  Sobre Daher se abalanzó el gobierno de Evo Morales mediante entidades públicas como a la UIF, Impuestos, Ministerio de Trabajo, Autoridad de Empresas (AEMP) para que entregara su negocio, la cual se llevó a cabo a través de la empresa Comercializadora Multimedia del Sur SRL, constituida por el Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados.

Caso Provida

   En las denuncias de Oscar Ortiz sobre la propiedad de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida la cual estaría enmascarada a través de testaferros, Marcelo Hurtado Sandoval, fue señalado de ser el representante legal de ese conglomerado, a lo cual este último lo negó, sí admitió que es uno de los socios de ATB y dueño del 40 por ciento de las acciones de la empresa de seguros Provida[13].

  Esta empresa aseguradora administra el 30 por ciento del Seguro Social Obligatorio de los bolivianos.

  Hurtado Sandoval llegó a Provida luego de la trasferencia de las acciones del grupo Credinform, a quienes habría extorsionado por el caso de pólizas emitidas para la construcción del Proyecto Misicuni, habiéndolos librado de ser enjuiciados a cambio de la entrega de las acciones.

  Con las acciones en la mano, Marcelo Hurtado emprendió una campaña de hostigamiento en contra de la empresa a través de los órganos del estado y cuando la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) le increpó una deficiencia patrimonial, el operador de Gill Ramírez llamó a los accionistas a realizar un aporte de capital.

  Entonces Marcelo Hurtado ofreció como aporte una serie de bienes inmuebles, lo cual estaba prohibido por la norma que rige la APS, la cual fue modificada a instancias de este, admitiéndose por vía de excepción los aportes de capital en especies de Hurtado por un valor de USD 5.000.000, aunque los avalúos ordenados por los ejecutivos de Seguros Provida establecieron que solamente valían USD 150.000.

   Cuando dichos ejecutivos de Provida rechazaron los aportes de capital de Hurtado Sandoval, este con la presencia de Luis Clavijo Castro y abogados del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados, así como de Fernando Cortez, inició el asedio judicial contra los propietarios de la aseguradora. Cortez es un exfiscal de La Paz que fungía como abogado de la empresa China CAMC y también era abogado personal de la expareja del Evo Morales, Gabriela Zapata.

Tales presiones dieron su resultado y fueron transferidos a Hurtado Sandoval a valor “0” las acciones de Fernando Arce equivalentes a 60 por ciento de la empresa.

ATB-Argentina

   Marcelo Hurtado, Luis Nemtala y Jaime Iturri constituyeron en Argentina la empresa ATB-Argentina con una inversión que supera en mucho a la de Bolivia.

CITAS

[1] Los Tiempos. “Morales y una de las empresas privadas señaladas por Ortiz niegan acusaciones”. 15 de diciembre de 2019. https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191215/morales-empresas-privadas-senaladas-ortiz-niegan-acusaciones

[2] Facebook. ATB Digital. Comunicado a la opinión pública. 14 de diciembre de 2019. https://www.facebook.com/ATBDigital/posts/3428793927162012

[3] La Razón. “La Policía detiene al presidente del directorio de la red ATB Marcelo Hurtado”. 3 de enero de 2020. http://www.la-razon.com/nacional/aprehenden-marcelo-hurtado-atb-bolivia_0_3287671248.html

[4] Brújula Digital. “Liberan a Marcelo Hurtado y de inmediato fue aprehendido otra vez”. 6 de enero de 2020. https://brujuladigital.net/politica/liberan-a-marcelo-hurtado-y-de-inmediato-fue-aprehendido-otra-vez

[5] Ministerio de Comunicación. “Oscar Ortiz presenta ante la Fiscalía denuncias penales contra ejecutivos de ATB y PAT”. 9 de enero de 2020. https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20200109/28541

[6] Página Siete. “Clavijo, quien usó el nombre de Romero, actuó en caso Rózsa”. 8 de marzo de 2019. https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/3/8/clavijo-quien-uso-el-nombre-de-romero-actuo-en-caso-rozsa-211347.html



[7] Eju. “Acusan a exfuncionarios de extorsionar a nombre del Ministro de Gobierno”. 25 de febrero de 2019. https://eju.tv/2019/02/acusan-a-exfuncionarios-de-extorsionar-a-nombre-del-ministro-de-gobierno/

[8] Página Siete. “Medios paraestatales bajo investigación”. 21 de enero de 2020. https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/1/21/medios-paraestatales-bajo-investigacion-244088.html

[9] Yumpu. Presentación de la senadora Carmen Eva González. El Mas y el asalto a los medios de comunicación en Bolivia. https://www.yumpu.com/es/document/read/62980863/presentacion-carmen-eva



[10] Página Siete. “Medios paraestatales bajo investigación”. 21 de enero de 2020. https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/1/21/medios-paraestatales-bajo-investigacion-244088.html

[11] Erbol. “Carlos Gill y otros 17 empresarios denunciados en Bolivia por apoderarse de medios mediante coacción y amenazas”. 30 de diciembre de 2019. https://erbol.com.bo/nacional/denuncian-que-18-personas-se-hicieron-de-cuatro-medios-mediante-%E2%80%98recursos-extorsivos%E2%80%99





[12] Urgente.bo. “Revelan que los empresarios Hurtado e Iturri no pagaron “ni un peso” por la adquisición de PAT”. 16 de enero de 2020. https://urgente.bo/noticia/revelan-que-los-empresarios-hurtado-e-iturri-no-pagaron-%E2%80%9Cni-un-peso%E2%80%9D-por-la-adquisici%C3%B3n-de

[13] Correo del Sur. “Elevan la polémica sobre la propiedad de cinco empresas”. 16 de diciembre de 2019. https://correodelsur.com/politica/20191216_elevan-la-polemica-sobre-la-propiedad-de-cinco-empresas.html