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jueves, 24 de junio de 2021

Cómo Alejandro Betancourt se enriqueció a costa de la crisis eléctrica venezolana y probablemente no sea acusado: Reuters revela registros bancarios

   Muchos de sus relacionados han o están siendo procesados, otros aguardan por juicio, pero el famoso “bolichico” es posible que salga ileso, se vea libre de acusaciones y siga viviendo a cuerpo de rey en Europa.

Por Maibort Petit

   A la sombra de la crisis eléctrica venezolana se habría forjado una enorme fortuna que —sin importar los estragos causados a la población con los irregulares e infaustos contratos obtenidos del oficialismo— corrió a fuera de las fronteras patrias donde se multiplicó y brinda a su propietario una vida a cuerpo de rey en tierras europeas.

  Se trata de Alejandro Betancourt, integrante de los llamados “bolichicos”, un grupo de hombres de familias adineradas venidas a menos y que encontraron en las supuestas negociaciones irregulares con el gobierno chavista, el nicho para “resurgir” y hacerse multimillonarios a expensas de las penurias del pueblo venezolano que se sumía en una de las más cruentas crisis energéticas del mundo. Y es que los apagones —que no cesaron, sino que se multiplicaron después de la obtención de una serie de contratos, deviniendo en catástrofe— le sirvieron a Betancourt y a su empresa Derwick Associates Corp. para suscribir las negociaciones con la Corporación Eléctrica Nacional, Petróleos de Venezuela S.A. y la Corporación Venezolana de Guayana para la construcción de plantas termoeléctricas, a pesar de carecer de la experiencia y el capital para llevar a cabo la tarea. Mediante el presunto pago de sobornos, el empresario y sus socios habrían terminado estafando al estado al solamente entregar chatarra o equipos reconstruidos con sobreprecio que poco o nada solucionaron la penuria eléctrica venezolana[1].

  Un trabajo de investigación de la agencia de noticias Reuters, firmado por Angus Berwick este 23 de junio de 2021, titulado “Un magnate del poder, mientras Venezuela se oscurece, ilumina su imagen en el exterior”[2], da a conocer una serie de “registros bancarios, judiciales y corporativos previamente no revelados relacionados con las investigaciones brindan una nueva perspectiva sobre cómo Betancourt usó la riqueza que ganó en casa para rehacerse en el extranjero, incluso cuando los beneficiarios previstos de esos proyectos de energía soportan apagones frecuentes y prolongados”.

   La nota refiere que antes del derrumbe de la economía venezolana se derrumbara en la última década,” los negociadores bien conectados” obtenían milmillonarios contratos gubernamentales en dólares que luego movían al exterior. Unas migraciones de capital que agravaron los problemas económicos del país y llevaron a sus protagonistas a disfrutar de unas vidas generosas fuera del territorio venezolano. De estos, Alejandro Betancourt es un buen ejemplo, a decir de los líderes de la oposición.

Lo que dicen los registros

  Angus Berwick pasa a hacer referencia a lo que revelan los documentos a los que tuvo acceso y que señalan que luego de obtener los contratos de las centrales eléctricas, Alejandro Betancourt inició un ciclo de depósitos bancarios, de inversión en empresas y compra de propiedades en, por lo menos, diez países de Europa y América. La nota da cuenta de más de USD 300 millones en el extranjero durante la última década. Entre las inversiones se cuenta la llevada a cabo en viviendas en París, Nueva York, Florida y España, así como en empresas como Hawkers[3] —compañía española de lentes de sol— que llegó a asociarse con Lionel Messi para diseñar una línea de productos[4].

   Derwick Associates Corp ha estado en el ojo de los fiscales federales de Nueva York, quien se han dedicado a investigar si las empresas de Betancourt, lavaron dinero o pagaron sobornos relacionados con las concesiones de energía, según refiere el periodista le informaron dos personas relacionadas con la averiguación.

  Entretanto, agrega, en el estado de la Florida, otra investigación federal —habrían revelado otras fuentes— pone a Betancourt como "objetivo" de una investigación en la que le ex-banquero suizo con ciudadanía alemana y residenciado en Panamá, Matthias Krull, se declaró culpable en 2018 de conspiración para cometer lavado de dinero[5]. El banquero, quien terminó colaborando con la justicia estadunidense, tuvo que ver con una trama que permitió lavar más de USD 1.200 millones a Francisco Convit Guruceaga, provenientes de negocios de energía y quien, para más señas, es socio de Betancourt en Derwick[6].

   El trabajo de investigación refiere que, más allá del Atlántico, específicamente en Andorra, “una investigación sobre supuestos sobornos pagados a funcionarios venezolanos a través de bancos en el principado europeo también revisó las transacciones de una empresa propiedad de Betancourt, según muestran los documentos”. Se trata de una acusación formal de 2018 que involucra a 28 personas, entre ellos un ex-contratista de Alejandro Betancourt. Según la fiscalía andorrana, los pagos de ese contratista a un funcionario del gobierno venezolano son "sobornos". El “contratista de Betancourt y el exfuncionario al que supuestamente le pagó, están esperando juicio”, se lee en la nota. Se advierte que Alejandro Betancourt no fue procesado en Andorra, no ha sido acusado en ninguno de los dos casos estadounidenses y deja sentado que, posiblemente, no surjan acusaciones en su contra luego de estas averiguaciones.

Betancourt se defiende

  Igualmente informa que Betancourt se negó a ser entrevistado para la redacción de la nota, aunque cita una carta del abogado del empresario, Thomas Clare, quien “describió como ´categóricamente falsa´ cualquier sugerencia de que Betancourt o su empresa ´participaran en actividades corruptas, como sobornos, manipulación de licitaciones, comisiones ilegales u otro comportamiento ilegal´. Clare negó que Derwick no completara los proyectos de energía, diciendo que la compañía ´completó todos los contratos a satisfacción del gobierno venezolano´ y que cualquier problema desde entonces fue el resultado de una mala administración por parte de varias agencias estatales que operan las plantas. En cuanto al papel de Betancourt en la financiación de Hawkers, dijo, ´la inversión de mi cliente en Hawkers es legítima´, ´impulsada por oportunidades comerciales´".

  Alejandro Betancourt le declaró al diario español ABC, según refiere la nota, que sus proyectos de energía crearon un "anillo de armadura eléctrica" para fortalecer el suministro de energía en Venezuela, una afirmación que contrasta con la de expertos que aseguran que los mismos, por el contrario, “dejaron a millones en la oscuridad”.

   Para ilustrar, Berwick hace mención a varias de las localidades donde operan las plantas vendidas por Derwick, donde sus pobladores deben soportar apagones hasta por varios días. Algo que certificó la Asamblea Nacional en 2016 cuando investigó la crisis eléctrica y determinó que la empresa propiedad de Alejandro Betancourt “facturó en exceso al gobierno en un factor de tres, particularmente al inflar el costo de las turbinas. El informe, que analizó el costo de $ 1,51 mil millones para ocho de los 12 proyectos de Derwick, dijo que el valor justo de mercado debería haber sido de $ 551 millones. Las plantas, según el informe, requirieron reparaciones y modificaciones desde el principio (…) ´La ejecución de los proyectos´, escribió la comisión, ´condujo a contingencias que deberían haberse abordado en las fases de diseño, concepto e ingeniería básica´".

   Los abogados de Betancourt consideran que el informe es trata "un documento político" de los opositores con "un claro sesgo político para atacar y desacreditar los esfuerzos del gobierno". En defensa de su cliente, presentaron un informe de la fiscalía de 2017 que lo exonera.

   La nota de Reuters acota que “las evaluaciones contradictorias en Venezuela son típicas de la realidad hiperpartidista en el país, donde el presidente Nicolás Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, aseguraron la lealtad de casi todas las instituciones estatales, incluidos los tribunales”.

Empresa intermediaria

  Deja sentado la nota que el papel de Alejandro Betancourt fue el de intermediario dada la falta de experticia de Derwick en la materia en la que se proponía, constructor de plantas eléctricas.

  Por ello, recurrió ProEnergy Services LLC, contratista estadunidense para que redactara las propuestas que presentaría a la consideración del gobierno venezolano con un cambio en el margen de ganancia.

  La empresa de Betancourt pagó, de acuerdo a los documentos, unos mil millones de dólares por el trabajo que, aparta de la propuesta, incluía la compra de turbinas y la construcción de la planta.

   La documentación revisada para la redacción del trabajo de Reuters refiere que Betancourt compró Derwick en 2007, la cual estaba registrada en Panamá, convirtiéndose en una de las dos docenas de compañías que él sus socios establecieron o compraron en Panamá, Estados Unidos, el Caribe y Europa en los próximos años.

   En la cruenta crisis eléctrica que padecía Venezuela, Betancourt vio la oportunidad y en 2010 firmó un acuerdo de “consultoría y asesoría” con Nervis Villalobos, para entonces viceministro de energía eléctrica quien, de acuerdo al contrato que Angus Berwick revisó para la redacción de la nota, presionó para que la negociación se llevara a cabo. Villalobos forma parte de los investigados en la trama de Andorra. Ni él ni su abogado quisieron hablar con el periodista.

  Como ejemplo de los sobreprecios impuesto por Derwick, Reuters cita el caso de la planta Picure al norte de Caracas, por la cual ProEnergy cobró USD 32,6 millones y Derwick vendió al gobierno venezolano por USD 79 millones, 2,4 veces el precio de ProEnergy.

  Un sobreprecio justificado a juicio del abogado de Betancourt, quien dijo que los aumentos reflejan los riesgos que asumió Derwick en una Venezuela volátil.

   Como este, Derwick suscribió una docena de licitaciones de energía termoeléctrica. Rafael Ramírez dijo luego que los contratos se firmaron apresuradamente por la premura que tenía Hugo Chávez por soluciones rápidas. "Todo el proceso fue complicado (…) Con más calma, tal vez esta empresa no hubiera calificado".

   La nota refiere que entre agosto y octubre de 2010, como revelan las facturas revisadas por Reuters, el gobierno le canceló unos USD 140 millones a Derwick en una cuenta Derwick en JPMorgan Chase & Co en Nueva York y recibió otros pagos por USD 166 millones en un banco en Panamá, todos por proyectos de energía.

  Advierte la nota de Reuters que no se pudo certificar cuánto recibió Alejandro Betancourt de los USD 2 mil millones que Derwick recibió en contratos o dónde se pudieron haber hecho otros depósitos.

   Los datos que abogados de Derwick suministraron para el reportaje indican que la ganancia fue de USD 274 millones en las plantas de energía, pero no especificó sus ingresos totales. El despacho legal agregó que gobierno venezolano aún le adeuda a Derwick USD 184 millones.

  Los papeles manejados para la nota también refieren que “Betancourt instaló oficina en un rascacielos de Caracas y se movió por la ciudad en vehículos blindados, según documentos de Derwick y tres personas familiarizadas con sus actividades” y agrega que, en noviembre de 2010, pagó casi USD 12 millones por un ático en Manhattan.

Caso Andorra

  Igualmente, Alejandro Betancourt “realizó pagos detallados posteriormente por fiscales en Andorra”. El escándalo involucró más de 2.000 millones de euros en “comisiones ilegales” pagadas a numerosos funcionarios venezolanos, a cambio de la aprobación de millonarios contratos estatales.

   La revisión del caso revela que ni Betancourt ni Derwick fueron objetivos de la investigación. “Los pagos citados en la acusación involucraron a Villalobos, el contratista que Derwick contrató para presionar a los funcionarios de energía en Venezuela”.

  Se explica que los registros bancarios revelan que, a finales de 2011, Minenven Corp, empresa registrada por Betancourt, hizo tres transferencias que sumaron 5 millones de euros a una cuenta de Villalobos en la Banca Privada d’Andorra.

   Luego de estos pagos, los registros bancarios muestran que Nervis Villalobos transfirió 2,6 millones de euros a una cuenta en el mismo banco de Javier Alvarado quien hasta hacía un año había sido director de Corporación Eléctrica Nacional SA. Villalobos y Alvarado fueron acusados y están a la espera de juicio. La nota alerta que la “acusación no afirmaba que el pago de Villalobos a Alvarado fuera ordenado por o en nombre de Betancourt”.

A Europa

   Transcurrido el tiempo, Alejandro Betancourt se alejó de Venezuela y fue a Europa "buscando oportunidades". Llevaba sus bolsillos llenos “y un pasaporte europeo debido a los lazos familiares en Italia, se mudó a España”.

   La prensa rosa española dio cuenta de su lujosa boda en julio de 2012 y los registros públicos revelan que pagó 24 millones de euros por El Alamín, el castillo que se convirtió en su hogar, así como de su inversión en Hawkers.  “Los documentos judiciales y de propiedad también muestran compras de bienes raíces en París y Florida para ese año”, agrega la nota.

Estados Unidos afina el ojo

  Pero a medida que avanzaba la investigación de Andorra, se gestaban problemas en Estados Unidos, revela la nota de Reuters que indica que, a fines de 2013, a Daniel Rosenau, un vendedor de ProEnergy en Missouri le llamó la atención la negociación de la empresa con Derwick.

  Revisó la documentación y se sorprendió por las fuertes subidas de precios ocurridos entre los borradores de ProEnergy y las propuestas de Derwick. Entregó copias de archivo a los fiscales.

   Entonces vinieron las investigaciones de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero y soborno que sigue en curso, de acuerdo a lo que revelaron a Reuters fuentes ligadas al caso.

   Del mismo modo se da cuenta en la nota de que en diciembre de 2014, el Departamento de Justicia pidió información a Suiza sobre las cuentas de Derwick y un tribunal suizo que aprobó la solicitud. “Derwick para entonces había transferido al menos $ 58 millones a cuentas suizas, según el fallo”, dice la nota.

   Ya Betancourt cambió de residencia, ahora vive en Londres en una mansión de Londres valorada en £ 30 millones, de acuerdo a lo que revelan los registros públicos. Posiblemente ese siga siendo su tren de vida y las investigaciones nunca terminen por llevarlo a la cárcel.

REFERENCIAS

[1] Tiempo Latino. “Alejandro Betancourt: el “bolichico” acusado de hacer una fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela”. 30 de mayo de 2019. https://eltiempolatino.com/news/2019/may/30/alejandro-betancourt-el-bolichico-acusado-de-hacer/

[2] Reuters. “A power tycoon, while Venezuela goes dark, brightens his image abroad”. 23 de junio de 2021. https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-spain-investor/

[3] Hawkers. https://www.hawkersco.com/

[4] OCCRP. “Hundiendo a Venezuela en la oscuridad”. 12 de junio de 2019. https://www.occrp.org/es/investigations/plunging-venezuela-into-the-dark

[5] Venezuela Política. “Los beneficios obtenidos por Mathias Krull, el banquero que informó a EE. UU. sobre la trama criminal que involucra a Maduro, Raúl Gorrín y los bolichicos”. 7 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/los-beneficios-obtenidos-por-mathias.html

[6] Venezuela Política. “Francisco Convit Guruceaga: Acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA”. 28 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/francisco-convit-guruceaga-acusado-de.html


viernes, 28 de mayo de 2021

Conozca los ardides del ex-zar de PDVSA, Rafael Ramírez para escapar del juicio en su contra en un tribunal de EE. UU.

 Documentos judiciales revelan cómo Ramírez, incluso, disfrazó su paradero ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas.

Por Maibort Petit

   El escurridizo Rafael Ramírez demostró “maña” para lograr la anulación de la sentencia por rebeldía emitida en su contra, la cual lo obligaba a pagar USD 1.400. 000.000 a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V.

  El 17 de enero de 2020, Michelle S. Stratton, de la firma Smyser Kaplan & Veselka LLP, en representación de los intereses de Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V., en la demanda entablada contra Rafael Darío Ramírez Carreño, Juan José García Mendoza, Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company Inc., Petroconsultores (Barbados) LTD., Petroconsultores Inc., Selle LLC, Azure 904 LLC, Azure 406 LLC, Eulogio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston que conoce la causa, la respuesta sellada de sus clientes en oposición a la moción de Ramírez de anular sentencia en rebeldía y mociones de desestimación bajo las reglas 12 (B) (2) y 12 (B) (5).

  Los demandantes le advirtieron a la Corte que antes de dictar sentencia definitiva en rebeldía contra Rafael Ramírez, dicho tribunal se aseguró de que el servicio fuera adecuado y que tuviera jurisdicción personal y que las alegaciones bien fundamentadas de Harvest le dieran derecho a reparación. Refirieron que la moción de Ramírez de anular la sentencia en rebeldía, respaldada sólo por una declaración que está desacreditada por las propias declaraciones públicas y la conducta del demandado, no conlleva su carga de establecer una buena causa para su incumplimiento o que la evaluación previa del servicio y la jurisdicción del Tribunal fue incorrecta. Por tanto, a criterio de Harvest el Tribunal debía denegar la moción.

  Refieren Harvest y HNR que entre 2002 a 2014, cuando Rafael Darío Ramírez Carreño se desempeñaba como ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, este y el resto de los acusados llevaron a cabo una conspiración generalizada de soborno y lavado de dinero, beneficiándose personalmente al exigir a las empresas estadounidenses que pagaran para obtener contratos y negociaciones con la estatal petrolera.

  Harvest Natural Resources Inc., con sede en Houston, y HNR Energía B.V., subsidiaria de la primera, se encontraban entre las víctimas de esta conspiración.

  Informan que cuando en 2012 y nuevamente en 2014, Harvest intentó vender sus activos en Venezuela, operación que requería la aprobación de Ramírez desde sus funciones gubernamentales. Este, a través del co-conspirador, Juan José García Mendoza, habría exigido repetidamente que Harvest le pagara sobornos para asegurar la aprobación de Venezuela. La demandante se negó a pagar y los acuerdos fracasaron. Harvest pudo vender sus activos con gran pérdida.

  Para recuperar la pérdida, Harvest presentó la demanda contra Ramírez, García y otros, el 16 de febrero de 2018, alegando violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), la Ley Sherman, la Ley Robinson-Patman y la Ley de Libre Empresa y Antimonopolio de Texas. En la misma fecha, Harvest notificó a Rafael Ramírez dejando una copia de la demanda y citación originales con un empleado doméstico que residía en la última y única dirección conocida de este en Nueva York, a saber, el 16 E. 81st Street, Nueva York, Nueva York 10028 (sede de la residencia que ocupan los Embajadores de Venezuela ante la ONU).

  Los demandantes sostienen que, indiscutiblemente, Ramírez tenía conocimiento real de la demanda cuando fue presentada y se comunicó con la prensa y su asesor legal al respecto. Sin embargo, el ex-zar petrolero venezolano optó por no responder ante la corte, aun cuando hizo referencias a ella a través de los medios de comunicación y sus redes sociales.

  El Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, finalmente determinó que era apropiado un fallo definitivo en rebeldía.

  Investigaciones llevadas a cabo por Harvest, revelaron que prácticamente Rafael Ramírez no tiene activos a su nombre que permitieran ejecutar la sentencia del tribunal.

  Harvest refirió al tribunal que cuando lograron ubicar a Rafael Ramírez, este se movió para anular la sentencia final por incumplimiento del Tribunal (1), alegando una buena causa bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 60 (b) (1), alegando que su incumplimiento no fue intencional. Además, resultaba nulo bajo la Regla 60 (b) (4) dado que la notificación del proceso fue insuficiente. También hizo la moción para desestimar la demanda bajo la Regla 12 (b) (2) por falta de contactos en Texas suficientes para jurisdicción personal, y bajo la Regla 12 (b) (5) por servicio insuficiente. En una moción complementaria, Ramírez buscó desestimar bajo las Reglas 12 (b) (6) o 12 (c) por no presentar un reclamo, sobre la base de que Harvest renunció a su derecho a demandarlo.

  Tras la moción de Ramírez de anular la sentencia en rebeldía, el Tribunal permitió pruebas escritas limitadas relacionadas con el servicio y la jurisdicción, cuyo período ya se había cerrado al momento de presentar estas respuestas. Las partes han confirmado que sus respuestas de descubrimiento y sus producciones están completas.

Los argumentos de Harvest

  Aseguró Harvest en su escrito que Rafael Ramírez no estableció las razones por las cuales la sentencia en rebeldía de la Corte debía ser anulada y recordó que, antes de dictar sentencia en rebeldía, el tribunal concluyó que el demandante había entregado debidamente la demanda a Ramírez, así como también que la Corte de Houston tiene jurisdicción personal sobre demandante.

 Consideró Harvest que no había una buena causa para anular la sentencia en rebeldía y que para rebatirla, Ramírez presentó solamente su simple declaración de que su incumplimiento no fue intencional. Para los demandantes, la evidencia lo desacreditaba “abrumadoramente”.

  En tal sentido, Harvest asegura que Ramírez recibió una notificación de la demanda el día en que se presentó y tuvo la capacidad de responder, pero decidió ignorarla. “Eso pone fin a la investigación de una buena causa. Si se anulara la sentencia, Harvest ahora sería menos capaz de descubrir evidencia para sustentar sus reclamos y no podría perseguir reclamos contra los otros acusados que desestimó para obtener la sentencia en rebeldía, circunstancias que no habrían existido si Ramírez hubiera aparecido oportunamente”.

  Y sentenció: “Ramírez también tendría más tiempo para ocultar activos”.

  Los demandantes aseveraron que la sentencia en rebeldía no era nula por notificación del proceso insuficiente. A la excusa de que ya no vivía en Nueva York como única base para desafiar el servicio, no era suficiente pues el Tribunal estaba al tanto de eso antes de encontrar el servicio adecuado y dictar sentencia en rebeldía. “El servicio en la antigua residencia de Ramírez era legalmente suficiente porque recibió una notificación real de la demanda. El servicio de Harvest en la última y única residencia conocida de Ramírez fue un esfuerzo de buena fe para cumplir con las reglas de servicio federal, y Ramírez ciertamente disfrazó su paradero”.

  En tercer lugar, Harvest considera que la Corte tenía jurisdicción personal sobre Rafael Ramírez antes de dictar la sentencia en rebeldía. Refirieron que una impugnación de jurisdicción personal debe plantearse como parte del primer movimiento defensivo significativo del acusado o se perdería.

  Por otra parte, los demandantes estimaron que, en todo caso, la Corte tenía múltiples bases de competencia personal que Ramírez no impugnó.

  Por todo ello, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energía B.V. pidieron al tribunal rechazar la moción de Rafael Ramírez de anular la sentencia definitiva en rebeldía.

Las escaramuzas de Ramírez

  Los demandantes sostuvieron que Ramírez ignoró deliberadamente la demanda de Harvest, lo que ponía fin a la investigación de causa justificada.

  El expresidente de PDVSA, precisaron, no demostró que su negligencia fuera excusable, en lugar de intencional. Fue notificado el mismo día de la demanda y, de hecho, en esa misma fecha Ramírez habló con Associated Press (AP) del asunto.

  Además, Rafael Ramírez y su abogado fueron notificados de la demanda poco más de un mes después de que se presentó y el 27 de marzo de 2018, el abogado de Harvest lo informó de la misma a través de un mensaje de WhatsApp a su número de teléfono de Nueva York. También, en sus respuestas al interrogatorio, Ramírez dijo que fue notificado de la demanda a través de un mensaje de texto de WhatsApp de una persona que supuestamente era el abogado de Harvest, y que "remitió el texto a su abogado".

  Subrayaron que Ramírez pudo responder oportunamente y no lo hizo a pesar de estar en conocimiento de la demanda. Destacaron que la evidencia refutaba los argumentos de Ramírez, toda vez que habla el idioma inglés y participó en innumerables oportunidades en las redes sociales sobre el tema, así como en nueve entrevistas.

Ramírez disfrazó intencionalmente su paradero

  Harvest advirtió al tribunal que Rafael Ramírez ocultó su paradero deliberadamente.

  Indicaron que la evidencia reveló que Ramírez ocultó su residencia al momento del servicio, lo que respalda aún más la conclusión de que el servicio en la dirección de Nueva York, incluso si se trataba de una residencia anterior, era apropiado.

   Categóricamente aseguraron los demandantes que Ramírez “nubló su paradero” en el momento del servicio y lo continuaba haciendo al momento en que este reclamo se hacía ante el tribunal. De hecho, en su declaración en apoyo de su moción para anular la sentencia en rebeldía, estuvo dispuesto a especificar solo el continente de su presunta residencia y afirmó que ningún personal de la embajada venezolana sabía dónde estaba.

martes, 11 de mayo de 2021

Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York Mantener el sello sobre documentos del expediente de Víctor Mones Coro

   La acción responde a un pedido de Inner City Press de abrir documentos del caso.

Por Maibort Petit

   La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, magistrado de la referida jurisdicción, mantener bajo sello un conjunto de documentos pertenecientes al expediente del caso Estados Unidos contra Mones Coro y otros.
  Un pedido ante al cual el magistrado ordenó a la secretaría del tribunal mantener el acceso solamente al Fiscal Federal Auxiliar que maneja el caso y su personal y la corte. El gobierno informar antes del 29 de abril de 2021 qué aspectos de los documentos permanecerán sellados y cuáles se harán públicos.


  El 31 de marzo de 2021, Inner City Press, presentó una solicitud para abrir documentos en el referido caso.

  Ante tal solicitud, el juez Hellerstein había ordenado el 14 de abril a la fiscalía, reconociendo la presunción a favor de la rendición de cuentas y la presentación pública de documentos, que informara a la Corte qué partes de los documentos a su juicio debían permanecer sellados con la respectiva motivación para ello.

  El 31 de marzo de 2021, el Tribunal del distrito Sur de Nueva York sentenció a Victor Mones Coro a cumplir 55 meses de prisión por haber formado parte de un plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su supuesto testaferro, Samark José López Bello; así como al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro, violando con esta acción las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de estados Unidos (OFAC). Mones Coro se había declarado culpable de una acusación formal de cinco cargos el 4 de enero de 2021[1].








[1] Department of Justice. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

 

miércoles, 30 de diciembre de 2020

Hasta por discriminación llueven demandas sobre CITGO

  Un ex-trabajador reclama una serie de compensaciones luego de haber sufrido un accidente en la refinería de Corpus Christi que lo discapacitó y en donde los responsables de atenderlo en el evento, actuaron con negligencia.

Por Maibort Petit

  El principal activo de Venezuela en el extranjero, CITGO, se ha convertido en los últimos años en blanco de demandas, bien por hechos de corrupción, como por la realización de contrataciones irregulares, reclamos por pagos, compensación por deudas de la república y hasta por discriminación laboral.

   Es el caso del ex-trabajador de CITGO Petroleum Corporation, Gabriel Alvarado — discapacitado a raíz de un accidente ocurrido el 19 de julio de 2009, durante sus labores en la refinería de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, ubicada en Corpus Christi, Texas— quien acusa a la empresa de discriminación por su condición, por lo que recurrió ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División Corpus Christi, para reclamar que se le repare por daños reales y se le reivindique, tanto devolviéndolo a su cargo, como pagándole salarios perdidos, bonos y otros beneficios que se establezcan en el proceso judicial.

    Exige la realización de un juicio por jurado y un fallo contra CITGO que se traduzca la cancelación por daños compensatorios por el monto máximo permitido por la ley; que la empresa tome otras acciones adicionales que sean necesarias para reparar la violación de los Derechos Civiles que se le violaron; el pago de intereses previos y posteriores al juicio en la cantidad máxima permitida por la ley; los costos de la demanda, incluidos los honorarios de peritos y abogados; y la concesión de cualquier otra reparación adicional que le corresponda.

   Sostiene que en su caso involucra discriminación por discapacidad y represalias en violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 42 USC Sec. 12101 y siguientes, así como de la Sección 21 del Código Laboral de Texas y siguientes; y represalias en violación de la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas, Código de Laboratorio de Texas, Sec. 451.001 y siguientes. Además, afirma una reclamación en virtud de la sección 504 de la Ley de rehabilitación relacionada con la discriminación por discapacidad y represalias.

  La historia de Gabriel Alvarado se remite al 19 de julio de 2009, cuando a consecuencia de una explosión química mientras trabajaba en la planta del Demandado en Corpus Christi, Condado de Nueces, Texas, sufrió lesiones graves que le provocaron discapacidad. El incidente fue cubierto por la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas.

   La demanda detalla lo ocurrido y cómo David Cave, el Jefe de Bomberos de CITGO a cargo de la situación, actuó negligentemente y no le brindó la ayuda que requería[1].

   Dicha negligencia lo obligó a esperar por una ambulancia que no llegó en el momento preciso, debiendo el demandante soportar un terrible dolor sin que se le brindara la atención médica y cuidados necesarios. Ese día, cuando por fin llegó la ambulancia, a Gabriel Alvarado le suministraron un medicamento que lo noqueó.

  El demandante se despertó 90 días después en el hospital y fue cuando constató que había sufrido quemaduras externas e internas en aproximadamente el 60 por ciento de su cuerpo, que perdió el antebrazo y la mano izquierda, de los graves daños que presentaba su lado derecho, así como también en el área de los ojos, las orejas y los labios, que tuvieron que rehacerse mediante injertos. Sus piernas también resultaron gravemente dañadas. Desde entonces ha tenido que someterse a más de 50 cirugías y, por el resto de su vida, deberá recibir terapias.

  Y aunque en su momento David Cave fue degradado/removido como Jefe de Bomberos después de la explosión química de 2009 y de que Gabriel Alvarado volvió a trabajar en enero de 2011, el causante en buena parte de su tragedia (David Cave) fue reinstalado como Jefe de Bomberos y gerente/supervisor en diciembre de 2018.

   Desde entonces, comenzó un patrón de discriminación, represalias y acoso contra Gabriel Alvarado sometiéndolo a una serie de condiciones laborales que le han ocasionado daños, incluso psicológicos.

El seguro social

  A raíz de las lesiones sufridas en julio de 2009, Gabriel Alvarado solicitó y recibió pagos mensuales subsidiados por discapacidad del Seguro Social para él y sus familiares.

 Para ello requería que CITGO llenara los "Formularios de Discapacidad del Seguro Social" requeridos para establecer que el demandante calificaría para dichos pagos de beneficios. Los papeles incluyen el formulario de cuestionario de actividad laboral, que es necesario para que el Seguro Social califique a Alvarado para los pagos subsidiados por discapacidad. Allí se estableció que el demandante solo podía realizar el diez por ciento de sus obligaciones laborales anteriores.

  En 2011, el Alvarado calificó para pagos subsidiados por discapacidad del Seguro Social que subsidiaban el otro noventa por ciento de las tareas laborales que no podía realizar. Por ello recibió aproximadamente USD 2.100 por mes en pagos por discapacidad, incluidos los pagos para miembros de la familia.

  Sin embargo, CITGO luego se negó a completar los referidos formularios y por esta razón, el seguro Social ahora le está demandando a Gabriel Alvarado el reembolso en efectivo de USD 60.000 lo descalificó a él y a los miembros de su familia de beneficios pasados y futuros.

Lo que pide Alvarado

   Gabriel Alvarado exige un juicio con jurado, que CITGO le pague los salarios caídos, pasados y futuros; daños compensatorios, que incluyen angustia mental, dolor emocional, sufrimiento, molestias, pérdida del disfrute de la vida sufridos en el pasado y que, con toda probabilidad razonable, se sufrirán en el futuro; pérdidas pecuniarias; daños liquidados y punitivos; honorarios de abogados, honorarios de expertos y costos razonables.

    Asimismo, el demandante exige que CITGO corra con los gastos legales que su actitud ha ocasionado, por cuanto ha tenido que contratar un abogado debido a la negligencia de la empresa.

Referencia

[1] Venezuela Política. “Ex trabajador discapacitado que demandó a CITGO exige juicio con jurado y daños compensatorios”. 21 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/ex-trabajador-discapacitado-que-demando.html


 

sábado, 7 de noviembre de 2020

Conozca cómo decidió la corte el asunto de la autoridad corporativa de Avior

 El tribunal estableció que el Grupo Añez carecía de la autoridad suficiente para entablar la demanda presentada Miami-Dade.

Por Maibort Petit

   Para el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del condado de Miami-Dade, Florida, definir sobre quién recae la autoridad en Avior era fundamental para establecer el destino de la demanda que Airlines C.A., Avior Airlines C.A. LLC y Avior Airlines Service LLC interpusieron en contra de Shell Aerospace Supplies LLC y Shell Aerospace LLC.

  Dos grupos se debatían el control de la aerolínea, uno conformado por Jorge Añez (Grupo Añez) y el otro integrado por Luis Suárez, Moisés Maionica y Carlos Kauffmann (Grupo Suárez). Ambas partes coincidieron con la corte en la necesidad de establecer la autoridad de la empresa.

   En tal sentido, el Grupo Suárez un juicio sumario sobre la Tercera Demanda Enmendada de los demandantes basándose en la falta de autoridad de los Demandantes para presentar la acción. El Grupo Añez, en respuesta, llevó a cabo una acción que empeoró la situación, toda vez que presentó una Declaración Jurada falsa y fraudulenta, con la que buscaba anular la moción de juicio sumario de los demandados.

  Para solucionar el asunto, la corte se remitió a la jurisprudencia, específicamente al caso de la Publicidad Vepaco C.A. contra Mezerhane, el cual estableció que la cuestión de la autoridad corporativa tanto para contratar abogados como para iniciar una acción legal, es determinante.

   La Corte propuso resolver el problema mediante la celebración de una audiencia probatoria para determinar la autoridad corporativa para hacer que una entidad venezolana, como Avior, presente la demanda.

   Siendo que cada uno de los grupos es poseedor del 50 por ciento de las acciones de la empresa, ninguna de las partes tiene la autoridad suficiente para establecer una demanda sin contar con el apoyo de la otra. El Grupo Añez se abrogó su supuesta autoridad a partir de una asamblea de accionistas ilegítima del 6 de febrero de 2019 que excluyó al Grupo Suárez e ignoró sus intereses y derechos de propiedad. Con la realización de dicha asamblea se violaron los estatutos operativos de Avior al no darse aviso del encuentro al Grupo Suárez y no cumplió con los requisitos de quórum. Por lo tanto, el tribunal estableció que las acciones tomadas en esta reunión son completamente nulas. De este modo, se determinó que la junta directiva emanada en la reunión del 11 de febrero de 2019 es Ilegítima, como también es el otorgamiento de facultades que hizo a Añez para entablar la demanda.

   La jurisprudencia de la Florida señala que solamente los directores de una corporación tienen poder de administrar los asuntos comerciales de la misma, entre ellos el poder entablar demandas, a menos de que los estatutos de la compañía establezcan lo contrario. En tal sentido, la corte consideró que el Grupo Añez no puede reclutar indebidamente una junta directiva de su conveniencia para promover su disputa.

    La revisión de jurisprudencia de casos tanto en la Florida como en otras entidades, llevó al Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del condado de Miami-Dade a establecer que un accionista no puede comandar una corporación para hacer la guerra a los otros accionistas con intereses de propiedad iguales, particularmente cuando los estatutos no lo permiten.

   Fue actuando de esta manera que Jorge Añez fue mucho más allá de una interpretación legal de su autoridad corporativa y simplemente tomó el control de Avior al negar falsamente los intereses de propiedad del Grupo Suárez. Añez nunca tuvo la autoridad para hacer que los demandantes presentaran la demanda y su junta ilegítima no puede legitimar la ley ultra-vires de Avior, por lo cual se desestima la misma.

Sobre los honorarios de los abogados

   El Tribunal determinó que correspondía al Grupo Añez pagar los honorarios de abogados derivados de la demanda interpuesta por él.

    Señaló la corte que la materia de honorarios se rige según la Regla de Procedimiento Civil de Florida 1.510 (g) que establece que las “Declaraciones juradas hechas de mala fe. Si, a satisfacción del tribunal, en cualquier momento parece que alguna de las declaraciones juradas presentadas de conformidad con esta regla se presentan de mala fe o únicamente con el propósito de demorar, el tribunal debe ordenar inmediatamente a la parte que los emplea que pague a la otra parte el monto de los gastos razonables en los que la presentación de las declaraciones juradas causó que la otra parte incurriera, incluidos los honorarios razonables de los abogados, y cualquier parte o abogado infractor puede ser declarado culpable de desacato”.

    Dados los hechos, el Tribunal determinó que la Declaración Jurada de Jorge Añez fue presentada de mala fe y en violación de la Regla de Procedimiento Civil de Florida 1.510 (g).

    Advirtió que el asunto de la autoridad corporativa de Avior pudo y debió determinarse en una audiencia sobre la moción de juicio sumario si el Grupo Añez simplemente hubiera dicho la verdad que está respaldada de manera abrumadora por la evidencia.

  El Tribunal determinó que se deben otorgar honorarios a los Demandados Suárez según la Regla 1.510 (g) y, por ello, al Grupo Añez se le imputaron dichos honorarios y no a las entidades demandantes, que fueron meros instrumentos utilizados para perpetrar el fraude.

   Asimismo, la corte determinó que Jorge Añez cometió perjurio y fraude, actuó de mala fe e impuso sanciones por ellos al Grupo Añez. Vista la evidencia, la Corte dictaminó la obstrucción a la administración de justicia por parte de Añez y determinó que el Grupo Suárez tiene derecho a recuperar los honorarios de abogado de manos del Grupo Añez, quien por sus acciones y conducta ha invocado y se sometió a la jurisdicción de la Corte.

La decisión judicial

   Vistos los hechos, la Corte dictaminó que el Grupo Suárez es propietario del 50 por ciento de las acciones emitidas y en circulación de Avior Airlines, C.A, mientras que el Grupo Añez Folla C.A., posee el otro 50 por ciento de las acciones emitidas y en circulación de la aerolínea.

    La Corte desestimó en su totalidad la Tercera Queja Enmendada de los demandantes, porque los demandantes no tenían la autoridad adecuada para presentar y mantener la acción. Se estableció que los demandantes no volverán a presentar una queja enmendada o cualquier alegato a menos que dicha acción esté debidamente autorizada según los estatutos de 2017 de Avior.

   Asimismo, los Demandados Suárez tienen derecho a recuperar los honorarios y costos de abogados contra Jorge Añez Dager.

   También, los demandados Suárez tienen derecho a recuperar los costos contra Jorge Añez Dager de conformidad con la Sección 57.041 de los Estatutos de Florida.

     Finalmente, el Tribunal se reservó la jurisdicción para determinar el monto de los honorarios y costas de los abogados y cualquier multiplicador aplicable en las circunstancias y para dictar sentencia contra Jorge Añez Dager sobre los mismos.

viernes, 13 de marzo de 2020

Denuncian en Bolivia contrataciones irregulares del empresario venezolano ligado al chavismo, Carlos Gill Ramírez

   Piden que negociaciones con tres ministerios de la administración de Evo Morales encabezadas por Carlos Gill Ramírez, las cuales totalizan USD 1.113.373.835,06 sean sometidas a auditoría.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    El senador y aspirante a la presidencia de Bolivia Boliviano por Unidad Democrática, Oscar Ortiz, denunció que la empresa Cotienne S.A. de Carlos Gill Ramírez fue objeto de millonarias adjudicaciones de contratos durante la administración de Evo Morales, negociaciones estas que se encontrarían bajo sospecha de haberse contratado irregularmente, razón por la cual solicitó al gobierno transitorio someter dichos proyectos a auditoría.
   Los proyectos que, a juicio de Ortiz habrían sido otorgados bajo la modalidad de contratación directa incumpliendo la normativa y a los cuales pide revisar fueron suscritos por los ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el de Hidrocarburos y Defensa.

“Nos referimos a un contrato de adquisición de radares adjudicados a Thales Air System, por la suma de USD 227 millones; un contrato por la instalación 22 estaciones satelitales de regasificación, por costo de 137 millones de dólares; y un contrato de Mi teleférico, por Bs. 5.025.130.386,00 (…) El monto total de fiscalización es de USD 1.113.373.835,06”.

  El parlamentario boliviano refirió que estos contratos otorgados bajo el gobierno de Evo Morales tienen en común a la Empresa Cotienne S.A., propiedad de Carlos Gill Ramírez.

“En todas ellas [las contrataciones] participó la empresa Cotienne (…) una empresa constructora directamente relacionada al empresario venezolano muy vinculado al régimen de Evo Morales, Carlos Gill Ramírez. Lo curioso es que él declaró ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa en Paraguay donde invitó a muchos periodistas, que era propietario de Cotienne, aunque cuando investigamos en los papeles de esta empresa no figura como propietario, lo cual es casi una confesión de parte, que se administra con testaferros en Bolivia”, se lee en la reseña publica por el diario Los Tiempos[1].

  Página Siete agrega que Ortiz advirtió que en el caso del Teleférico “ni siquiera hubo un proceso de licitación, sino que la empresa Doppelmayr, de la cual Gil es representante, se adjudicó los contratos directamente”[2].

  Oscar Ortiz cree que es fundamental que las unidades de transparencia de los citados ministerios establezcan de qué manera se llevaron a cabo estas negociaciones, cómo se llevaban a cabo las licitaciones. “Si no había competencia en las ofertas [es necesario establecer] cómo definían cuánto se iba a pagar por estos contratos”.

  Ortiz cree que importante establecer la responsabilidad de las personas que permitieron estas negociaciones irregulares.

Modelo corrupto

  El parlamentario boliviano dijo que sus indagatorias como senador le han permitido determinar que el expresidente Morales desarrolló un modelo de protección, favorecimiento e, incluso, de corrupción que en varias oportunidades ha denunciado con pruebas y argumentos.

  Específicamente, Ortiz se refirió a la modalidad de favorecer las contrataciones a la hora de otorgar proyectos, lo cual evita la competencia e impide una sana comparación de precios, costos y plazos, al tiempo que favorece a grupos e individuos vinculados al poder.

  Destacó que en el nombre de Carlos Gill Ramírez siempre salía a la luz en sus investigaciones, por lo que decidió iniciar una averiguación sobre los negocios en los que ha participado este empresario en Bolivia. “El propósito no es ir en contra de una persona, sino develar el mecanismo gubernamental de favorecimiento, con fines ilícitos”.

  La pesquisa —subrayó Ortiz— dejó claro que este mecanismo, incluye un sistema de subcontrataciones, representaciones y tercerías que tiene como objetivo final, ocultar la verdadera identidad de los allegados y actuar con ventaja e impunidad. “La conclusión es que, en todas las inversiones y emprendimientos de Carlos Gill Ramírez en Bolivia, hay un evidente grado de preferencias otorgado por el gobierno del presidente Evo Morales”.

¿Quién es Carlos Gill Ramírez?

  En su página web[3], Carlos Enrique Gill Ramírez se define como un líder que ha ocupado altas posiciones en diversas organizaciones e instituciones financieras, industriales y comerciales en las que ha alcanzado éxito, haciendo especial énfasis en la reestructuración del Banco Unión, Mercedes-Benz Venezuela, C.A. Corimón, C.A., Banco Capital, C.A., Banco Canarias de Venezuela, C.A. y Bancentro Banco Comercial, C.A.
  Parte de esta información es corroborada por el portal Poderopedia[4], que indica que Carlos Gil Ramírez es un empresario venezolano-paraguayo, presidente del Grupo Corimón, una corporación venezolana que se dedica a la producción y comercialización de pinturas. Agrega que en su perfil en la red social Linkedin, Gill manifiesta que ha incursionado en los sectores automotriz, hotelero, industrial, seguros, salud y comercial. Agrega que Gill fue propietario de Banorte, el cual vendió alrededor de un año antes de que fuera intervenido.

  El portal dice igualmente que a Gill Ramírez se le vincula con el expresidente boliviano, Evo Morales, con cuya ayuda y la del gobierno venezolano, habría adquirido varias empresas en el país del altiplano, a saber, dos medios de comunicación y una compañía ferroviaria. Se cita una entrevista concedida al portal web El Deber, donde “aseguró que forma parte del proyecto del tren bioceánico que tiene como objetivo unir a tres países (Brasil, Bolivia y Perú) de América del Sur. ‘El bioceánico es un proyecto que debe realizar el Estado boliviano. Nosotros, como el consorcio privado que tiene la concesión, empujamos para que esto suceda’”[5].

  Las indagatorias de Oscar Ortiz sobre e Gill Ramírez, lo llevaron a asegurar que este es un empresario que debe su notoriedad a su relación con el expresidente Hugo Chávez y con el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

  Se remite a sus búsquedas hemerográficas en las cuales pudo conocer que Gill Ramírez forjó parte de su fortuna a la sombra de la crisis bancaria de la última década del siglo XX en la que compró y vendió varias instituciones financieras, como Nuevo Mundo, el Canarias y Banorte[6].

   Sobre esto se remite a la investigación del periodista César Batiz aparecida en abril de 2010 en el diario Últimas Noticias —en la actualidad borrada del historial del periódico— que reproduce Noticias Candela, en la que el comunicador dio a conocer cómo Banorte otorgó créditos a plazo a por lo menos cinco empresas fantasmas el 18 de agosto de 2009. La información agregaba que dicho banco fue objeto de medidas administrativas por parte de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), “órgano que también objetó el traspaso de acciones entre Carlos Gill Ramírez (Seguros Nuevo Mundo, Bancentro y hermano del dueño de Fondo Común Víctor Gill) y Zambrano, pues se desconocía el origen del capital utilizado para pagar $52 millones a mediados de 2008”[7].

  Oscar Ortiz recordó que Carlos Gill Ramírez llegó a Bolivia en 2008 de la mano de quien para entonces ejercía como embajador venezolano en esa nación, Julio Montes Prado, quien lo habría contactado con la estructura política boliviana, en especial, con el vicepresidente Álvaro García Linera. Estos datos los recoge el parlamentario del libro “Control remoto” del periodista Raúl Peñaranda.

  Añade que Montes Prado —quien ejerció como representante del gobierno de Hugo Chávez en Bolivia desde 2006 hasta 2009— siguió manteniendo su influencia en la administración de Evo Morales y todos los ámbitos de la vida boliviana a través de Gill Ramírez. Esto se comprueba con el hecho de que Montes en 2015 se convirtió en vicepresidente de la Empresa Ferroviaria Andina cuando esta ya había pasado de Carlos Gill[8].

Breve reseña sobre las empresas de Gill

  Gill Ramírez es propietario de Ferroviaria Oriental, cuyo paquete accionario comparte con el estado boliviano; también es dueño del 50 por ciento de Ferroviaria Andina; de Invergill Investments S.A., un grupo inversionista inscrito en Panamá el 2 de octubre de 2013, de acuerdo a información que brinda el portal Open Corporates que agrega que allí figura como presidente y director. A través de este grupo, Carlos Gill compró la franquicia de comida rápida Wendy’s en su capítulo venezolano[9].

  Información del portal ArmandoInfo reveló que Gill Ramírez compró el Diario La Razón (Bolivia) en 2010, el cual cambió desde entonces su línea editorial a favor de la administración de Evo Morales. La adquisición, según el periodista Raúl Peñaranda, la hizo a través de la empresa española Akaishi, algo que Gill niega.

  La adquisición del diario boliviano fue una operación que, según el periodista boliviano Raúl Peñaranda, se hizo a través de la empresa española Akaishi. Gill negó tener algo que ver con esta compañía. De acuerdo con el periodista, aquel diario cambió su línea editorial, ahora favorable al presidente Evo Morada, después de ser adquirido por Gill. Este, sin embargó, también negó tener algo que ver con el gobierno boliviano. Gill Ramírez también es dueño del Diario Extra[10].  

  Se le relaciona con Rafael Enrique Abreu Anselmi, hermano del finado director de Sistema de Orquesta Nacional de Venezuela, José Antonio Abreu, y del presidente del diario El Universal, Jesús Abreu Anselmi. Rafael Abreu participa también en la junta directiva de Ferroviaria Oriental.

  El portal Vook[11] informa que la Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. constituida en 1987 en Bolivia, con oficina central en La Paz, específicamente en la Calle 10, Avenida Costanera y Avenida Los Sauces, Nº 479 Zona Calacoto, La Paz. Teléfono: 2793058. Correo Electrónico: elenaortega@cotienne.com.

El representante legal de la firma es Mauricio Eloy Etienne Solares.

  El objeto de la compañía es la construcción; proyectos, estudios y diseños d e ingeniería y obras civiles; compra y venta de terrenos e inmuebles; alquileres de bienes inmuebles y muebles; maquinaria para la construcción y equipo pesado.

CITAS 

[1] Los Tiempos. “Ortiz pide auditoría a contratos de ministerios de Obras Públicas, Hidrocarburos y Defensa”. 10 de marzo de 2020. https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200310/ortiz-pide-auditoria-contratos-ministerios-obras-publicas-hidrocarburos

[2] Página Siete. “Ortiz anuncia auditorías a tres ministerios por adjudicaciones de contratos en gestiones del MAS”. 10 de marzo de 2020. https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/10/ortiz-anuncia-auditorias-tres-ministerios-por-adjudicaciones-de-contratos-en-gestiones-del-mas-249169.html



[3] Carlos Gill Ramírez. https://carlos-gill-ramirez.com/2018/10/26/biografia-carlos-gill-ramirez/

[4] Poderopedia. Carlos Gill Ramírez. https://poderopediave.org/persona/carlos-gill-ramirez/

[5] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico

[6] KonZapata. “Así eran los millonarios y los millones antes de que aparecieran los bolichicos”. 11 de mayo de 2015. https://konzapata.com/2015/05/asi-eran-los-millonarios-y-los-millones-antes-de-que-aparecieran-los-bolichicos

[7] Noticias Candela. “Con empresas fantasmas guisaron a Banorte”. 26 de octubre de 2012. https://www.noticiascandela.informe25.com/2012/10/banorte-habria-entregado-creditos.html





[8] BBC. “El exembajador chavista que se convirtió en alto ejecutivo ferroviario en Bolivia”. 20 de octubre de 2015. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151012_embajador_venezolano_empresario_bolivia_bm



[9] Open Corporates. Invergill Investments S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/815347

[10] ArmandoInfo. “EL Citizen Gill compra medios por América Latina”. 13 de diciembre de 2014. https://armando.info/Reportajes/Details/124

[11] Vook. Ficha detallas de empresa: Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. https://www.vook.bo/index.php/tEmpresa/viewfront?id=371

domingo, 8 de septiembre de 2019

Un documento muestra negocios irregulares entre extitular el Ministerio de Alimentación de Venezuela y un empresario sirio

Un documento, filtrado a este blog, ilustra las denuncias sobre negociaciones irregulares supuestamente habidas entre el ex-titular de la cartera de Alimentación y el millonario contratista de empresas estatales venezolanas, Naman Wakil

 Por Maibort Petit 
@maibortpetit

A través de una red de empresas que maletín que replica a compañías de alimentos de Brasil y de sus relaciones con altos funcionarios del Ministerio de Alimentación y agencias gubernamentales, el empresario Naman Wakil, estructuró una supuesta red de corrupción que le ha permitido ganar millones de dólares a expensas del erario público y de las necesidades del pueblo venezolano. Un documento, filtrado a Venezuela Política, refiere el contrato complementario o adendum a una orden de compra de 40 mil toneladas métricas (TM) de pollo por USD 74.800.000 por parte de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La CASA), a una de las compañías de Wakil, a saber Perdigao Agroindustrial S.A., el cual sirve para ilustrar las denuncias acerca de los negocios irregulares que se han venido formulando desde diferentes instancias contra quien es uno de los proveedores de alimentos favoritos de la administración chavista.
La estrategia de Wakil y su red de empresas consistiría en la compra de comida a punto de vencimiento —y hasta en ocasiones podrida, a decir de  fuentes internas consultadas bajo compromiso de anonimato— que luego es vendida al gobierno venezolano con gran sobreprecio.

Dos fuentes consultadas refieren que el exministro de Alimentación, Carlos Osorio es, presuntamente, una ficha indispensable para dar cumplimiento a esta trama de corrupción, pues desde sus altas posiciones en los despachos del ramo, habría amparado las operaciones irregularidades cometidas por Naman Wakil y sus empresas. De hecho, al poco tiempo de abandonar la cartera de Alimentación, fueron detenidos varios funcionarios acusados de enriquecimiento y manejo arbitrario de alimentos en Abastos Bicentenario, entre quienes se encuentran el presidente y la administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Heber Aguilar y Bárbara Neidi Figueroa, así como la presidenta de la Red de Abastos Bicentenario S.A, Bárbara González, dependientes del despacho que dirigió el general chavista[1]. La Asamblea Nacional declaró en 2016 la responsabilidad política de Carlos Osorio por la crisis alimentaria que vive el país[2].

El medio web Cuentas Claras Digital, que ha investigado ampliamente este asunto y lo ha dado a conocer a través de diferentes entregas, informó el 19 de abril de 2016 que Naman Wakil supuestamente pagó USD 5 millones 850 mil a Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del general Carlos Osorio Zambrano, por facilitar la compra de 40.000 toneladas de carne por parte de la Corporación CASA cuando Osorio estaba al frente del despacho de Alimentación. Los familiares del alto funcionario habrían recibido la presunta coima a través de una empresa de maletín registrada en Panamá. La cancelación del soborno se habría hecho mediante ocho pagos realizados entre diciembre de 2012 y junio de 2013 por la firma JA Comercio de Géneros Alimenticios, cuyo dueño es Naman Wakil, a Viltas Company SA, la empresa registrada en Panamá por los hermanos de la esposa de Carlos Osorio.

Cuentas Claras precisó que la compra se concretó a un precio de USD 3.200 por tonelada que totalizaban USD 128 millones, de los cuales la empresa que suministró la carne solamente percibió USD 52 millones, es decir, unos USD 1.300 por tonelada de una carne vendida como de primera calidad aunque al momento de la venta ya estaba vencida. Los USD 76 millones correspondientes al sobreprecio habrían ido a parar a las arcas de Naman Wakil luego de restar el porcentaje presuntamente destinado a los cuñados de Osorio[3].

Las irregularidades comenzaron a tener su máxima expresión a partir de que Petróleos de Venezuela S.A. a través de su empresa filial Bariven asumió lo que el gobierno dio en llamar la “soberanía alimentaria”, pero que en realidad habría pasado a ser un gran foco de corrupción ante el cual poco o nada se ha hecho a pesar de las múltiples denuncias provenientes desde diferentes frentes.

Entre finales de 2007 y febrero de 2008, Bariven se propuso importar 41.719.087 toneladas métricas (TM) a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) y de la propia filial petrolera en el contexto de la emergencia alimentaria decretada por el gobierno nacional. Entre noviembre de 2007 y julio de 2008, Bariven compró y pagó 1.057.531 toneladas de comida por USD 2.248 millones, pero en octubre de 2008 sólo se habían recibido 266.571 toneladas métricas, equivalentes a solamente 25 por ciento de la adquisición. Además, de esta cantidad se distribuyeron únicamente el 14 por ciento, a saber 143.866 TM de alimentos vía PDVAL, sin que se tuvieran noticias acerca del destino del resto de la comida, informó el portal Transparencia Venezuela[4].

Se negociaron 4.200 toneladas de carne bovina que nunca llegó a Venezuela, lo que significó un desfalcó al país de USD 21,48 millones que se ejecutaron a través de anticipos cancelados por transferencias de USD 10,92 millones y USD 10,92 millones que no se ampararon con las fianzas o garantías exigidas por las leyes.

Además, un informe de gestión de PDVAL permitió conocer que Bariven compró 597.000 toneladas de alimentos en 2008, pese a que solamente tenía capacidad para distribuir 191.000 toneladas y se carecía de la capacidad de almacenaje en los puertos de Venezuela. Así se gestó el caso que se conoció en Venezuela como el escándalo de Pudreval en alusión a los alimentos descompuestos importados por la filial petrolera[5].

El exdiputado y exgobernador de Aragua, Carlos Tablante, también ha documentado estas denuncias en el libro “El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos” escrito a cuatro manos junto a Marcos Tarre en 2013 y alertó sobre los supuestos delitos cometidos por Naman Wakil en una sección titulada “Trece millones de dólares en mortadela”.

Tablante informó acerca de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público en contra de Wakil “y sus oscuros negocios con altos funcionarios del régimen como proveedor de alimentos”. Refiere que el expediente de la averiguación, identificado con el número 318350-2016, comprende “una lista de empresas utilizadas para las supuestas negociaciones fraudulentas que habrían causado un grave daño al patrimonio público: Dicom de Venezuela C.A., Atlas Systems Canda Ins C.A., Atlas Systems International Inc. C.A., Frigorífico Quatro Marcos C.A., Syronics de Venezuela C.A., Kelviana Group International C.A., All Food Universal Corp C.A., Michi Foods C.A., Doux Frangosul Agro Avicola C.A.”.

Carlos Osorio demandó a Tablante y a los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia por daños morales a raíz de sus denuncias en su contra y por las averiguaciones emprendidas por la Asamblea Nacional[6].

Adendum de orden de compra por pollos a Brasil

El 3 de marzo de 2009, la División de Cárnicos y Lácteos de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La CASA), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación suscribió el Adendum de la Orden de Compra-Venta Mercal identificada con el código DCL-111-3/2009 del Punto de Cuenta número 00041 de fecha 9 de febrero de 2009.
Por La Casa estampó su firma el presidente de la corporación, Rodolfo Clemente Marco Torres, titular de la Cédula de Identidad número V-8.812.571, mientras que la empresa Perdigao Agroindustrial S.A. estuvo representada por su apoderado Naman Wakil, portador de la Cédula de Identidad V-12.954.535.

Este contrato complementario era para la compra 40 mil toneladas métricas (TM) de pollo entero beneficiado (cajas de 16 a 18 kilogramos) a un costo de USD 1.870 por TM para un monto total de USD 74.800.000.

El pago debía realizarse a través de transferencia bancaria contra presentación de la copia de los documentos respectivos. El vendedor se comprometió a cancelar el 0,5 por ciento del monto total contratado al comprador en referencia a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas aprobada en la Gaceta Oficial N° 360.130 de fecha 25 de marzo de 2008 que estipula en su artículo 44 las condiciones para contratación. Específicamente el numeral 14 refiere que “Queda establecido el compromiso de responsabilidad social”, dado según punto de cuenta N° 25 de abril de 2008. Para la cual deberá presentar declaración jurada en el cual se compromete a dar cumplimiento al compromiso de Responsabilidad Social.

Los alimentos provenientes de Brasil se recibirían un 60 por ciento en el puerto de Puerto Cabello y el restante 40 por ciento en el puerto de La Guaira.

Sobre Perdigao Agroindustrial S.A.

El portal Open Corporates informa que Perdigao Agroindustrial S.A. es una empresa registrada en Panamá el 26 de abril de 2007 bajo el número 564949. Su estatus actual es vigente. El agente registrador es Mata & Pitti, mientras que en el actualidad el directorio está conformado por José Francisco Castrellón (presidente-director y suscriptor), Aracelly Maribel Olmos (secretaria-director y suscriptor), y Fimia Gissel Meléndez (tesorero-director)[7].Todas estas personas se incorporaron al directorio de la compañía el 13 de junio de 2018.

Entretanto, Panamá Companies dice que Perdigao Agroindustrial Group Inc. es una compañía constituida en Panamá bajo la figura de Sociedad Anónima, bajo el número de registro 592157. Su estatus actual es vigente. El directorio de la firma está conformado por Naman Wakil, quien es su presidente y director; Ingrid Sayech (esposa de Naman Wakil) es la vicepresidenta, directora y tesorera; Elías Sarraf es secretario y director; Istme A Internacional S.A. es suscriptora; Azurero Inversionista S.A. es suscriptor; el agente registrador es Marcela Rojas. La representación legal de la empresa recae en el presidente y en su ausencia, en la vicepresidenta[8].

Sobre esta empresa, Cuentas Claras Digital refiere que fue creada por Naman Wakil como clon de una compañía brasileña de nombre similar que en la actualidad se encuentra en problemas y agrega que un banco de Curazao le paralizó un pago de USD 12.790.000 correspondientes a la importación de varias toneladas de embutidos comprados por Casa de Venezuela a Perdigao Agroindustrial S.A. de Brasil en razón a que la operación era sospechosa, según refiere Carlos Tablante en su libro anteriormente citado[9].

De Naman Wakil

Naman Wakil, de acuerdo al portal del Consejo Nacional Electoral (CNE), ejerce el sufragio en la Unidad Educativa Colegio San Antonio de Macaracuay, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Poderopedia[10] indica que Wakil es un empresario de origen sirio que reside en Venezuela desde los años ’70, habiéndose iniciado como comerciante ambulante vendiendo relojes falsos. Agrega este portal que este hombre “creó una red de empresas para estafar al Estado venezolano, según lo develado por una investigación del portal Cuentas Claras Digital. Su modus operandi: adquirir mercancía de las proveedoras de alimentos —carne y pollo, principalmente— próximos a vencerse, a bajo costo, para luego revenderlo, con sobreprecio, al Ministerio de Alimentación, a través de empresas de maletín creadas con nombres idénticos a los de las verdaderas proveedoras”.

Indica Poderopedia que Wakil se hizo de millonarias ganancias, mantiene propiedades en Miami, al tiempo que su nombre figura en los Papeles de Panamá al haber recibido asesoría del bufete Mossack Fonseca para la constitución de compañías en paraísos fiscales.

Cuentas Claras Digital en una nota titulada “Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación”, fechada el 25 de mayo de 2016, informa que Naman Wakil supuestamente se hizo millonario a raíz de sus relaciones con altos funcionarios del gobierno venezolano y de los negocios irregulares llevados a cabo con estos a expensas del erario público.

La reseña refiere que su fortuna, “calculada en más de 400 millones de dólares en un solo banco, proviene del saqueo orquestado contra las instituciones públicas encargadas de importar los alimentos de los venezolanos” a través de una trama urdida en 2007 que se mantiene en la actualidad, destinada supuestamente a defraudar cientos de millones de dólares al estado venezolano en presunta complicidad con altos funcionarios del ministerio de Alimentación y de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA).

Se informa que Wakil registró 12 empresas de maletín en Panamá en las cuales figura como presidente y directivo con nombres casi idénticos a los de legítimas compañías dedicadas a la exportación de alimentos de Brasil. Esta red de compañías le habría permitido llevar a cabo millonarias negociaciones con CASA y otros organismos públicos venezolanos, convirtiéndose en uno de los proveedores favoritos de la administración chavista.

Cuentas Claras Digital agrega que en contexto de esta práctica, Wakil constituyó el 3 de agosto de 2009 en Panamá la empresa Corporación de Abastecimiento y Seguridad Agroalimentaria SA, (CASA) en la que figura como presidente-director, una firma clon de la estatal venezolana.

La estrategia de constituir empresas de fachada con nombres similares a compañías brasileñas sería la base de la trama de corrupción urdida por Wakil para llevar a cabo sus presuntas estafas, para dar a creer la idea de que las estatales venezolanas llevan a cabo adquisiciones directas con las empresas de Brasil lo cual disminuiría los costos. La realidad, por el contrario, es que las compras se hacen mediante un intermediario que son las empresas espejo.

La información precisa que este empresario compra carne o pollos a precios con grandes descuentos a las empresas brasileñas que luego vende con sobreprecio a la Corporación CASA. Estos alimentos adquiridos por Wakil tienen un bajísimo costo en razón de que es mercancía con fecha de caducidad próxima y de muy baja calidad. Al recibir los pagos inflados de la corporación venezolana, cancela a los verdaderos proveedores de Brasil supuestamente embolsillándose los dólares del sobreprecio que cambia en el mercado negro obteniendo gigantescas ganancias con el diferencial cambiario.

La investigación de Cuentas Claras Digital refiere que Naman Wakil “registró en 2009 en Sao Paulo, Brasil, la empresa Michi Foods-Producao, Comercio, Distribuicao, Importacao e Expotacao de Alimentos Ltda, con un capital de 100 mil dólares. Figuran como socios María Clara Maluta de Melo y la empresa panameña All Food Universal Corp cuyo presidente y director es Naman Wakil (…) Con CASA clonada, la empresa registrada en Brasil y la veintena de empresas-espejo panameñas, Wakil y sus cómplices tenían el tinglado completo. Movieron y lavaron cientos de millones de dólares haciendo múltiples transferencias entre las cuentas de unas y otras en paraísos fiscales hasta ocultar el origen del dinero”.

Los millones de Wakil

Las investigaciones refieren que Naman Wakil realizó transferencias por un total de USD 6 millones a favor de dos cuñados del exministro Carlos Osorio en tiempos en que este ejercía como ministro de Alimentación. De este alto funcionario los Papeles de Panamá refieren que supuestamente es poseedor de una fortuna de USD 400 millones, de acuerdo a lo que revelaría correos filtrados del despacho de abogados panameños Mossack Fonseca. Este bufete habría creado al menos nueve empresas de fachada y varios fideicomisos para Wakil en respuesta a una solicitud formulada por el gerente a cargo de sus cuentas en Citigroup de Miami, Víctor Olivo.

La reseña dice que el empresario tiene multimillonarios bienes con los cuales Mossack Fonseca asegura su solvencia financiera, entre los cuales figuran una propiedad ubicada en Biscayne Bay, Coconut Grove, Miami, así como acciones mayoritarias en varias compañías entre las que figuran Obelisk Global S.A., Conferencee S.A. y Wakil Properties.

Cuentas Claras Digital cita una nota de The Charlotte Observer y McClatchy DC titulada “Bancos estadounidenses ayudan a sus mejores clientes a encontrarle camino a cuentas Off Shore” en la que se refiere que en 2015 el gerente del Citigroup, Victor Olivo, citado líneas arriba, pidió al despacho de abogados panameño para un cliente rico importante con una fortuna de USD 400 millones e intereses comerciales en Carolina del Norte y Miami, para reducir su deuda tributaria en Estados Unidos y proteger sus bienes de los acreedores. La propuesta de Mossack Fonseca fue la creación de los fideicomisos y empresas offshore para Naman Wakil.

Agrega la publicación que un año después, Wakil se vio incurso en la trama que lo relacionaba a un general venezolano en una supuesta estafa de contratación que le habría permitido hacerse de USD 76 millones.

La nota que hace referencia a los manejos de las instituciones bancarias para ocultar los activos de los clientes políticamente expuestos, refiere las supuestas relaciones entre Wakil y el exministro Osorio quien controlaba la agencia estatal de distribución de alimentos CASA. Se agrega que la esposa de general de nombre Iraida, es hermana de los dos hombres a quienes presuntamente Wakil pagó para garantizar un contrato del gobierno para comprar carne de vacuno.

La publicación se remite a la investigación de Cuentas Claras Digital en la que se señala que Naman Wakil en 2012 supuestamente compró 40.000 toneladas de carne brasileña con un descuento en razón de que esta estaba próxima a su fecha de caducidad, pero la facturó al gobierno venezolano a precios normales obteniendo, presuntamente, una ganancia irregular de USD 76 millones. Carlos Osorio ha negado tener relación con estos hechos[11].

Las empresas espejo

Aparte de la ya reseñada Perdigao Agroindustrial Group Inc., Maman Wakil está o estuvo detrás de otras empresas que son espejo, clon o réplica de compañías brasileñas dedicadas al ramo alimenticio.

All Food Universal Corp. es una empresa de estatus actual vigente registrada en Panamá el 5 de diciembre de 2007, bajo el número 594198. El agente registrador de esta Sociedad Anónima es Marcela Rojas. En el directorio figuran Naman Wakil (presidente-director); Ingrid Sayegh como vicepresidenta, directora y tesorera; Elías Sarraf como secretario y director; como suscriptores figuran Azurero Inversionista S.A. e Istme A Internacional S.A. La representación legal de la ejerce el presidente y en su ausencia el vicepresidente[12].

Bajo el número 592201 se registró el Panamá el 21 de noviembre de 2007 la empresa Atlas Systems International Inc, cuyo estatus actual es vigente. El agente registrador fue Marcela Rojas. El directorio está conformado por Naman Wakil (presidente-director); Georges Hneich (vicepresidente-director-tesorero); Elías Sarraf (secretario-director); como suscriptores figuran Azurero Inversionista S.A. e Istme A Internacional S.A. La representación legal es del presidente y en su ausencia la ejerce el vicepresidente[13].

Quatro Marcos Ltda SA fue registrada el 21 de noviembre de 2007 en Panamá bajo el número 592309. Su estatus actual es activo[14].

Doux Frangosul Agro Avícola Industrial SA es una empresa registrada en Panamá el 6 de agosto de 2009, bajo el número 671359[15].

M & V Trading International Inc fue registrada en Panamá el 21 de noviembre de 2007 bajo el número 592210[16].

Frigorífico Concepción SA fue registrada en Panamá el 18 de noviembre de 2008 bajo el número 641642. Su estatus actual es activo[17].

Otras empresas de Naman Wakil serían, de acuerdo a lo informado por Cuentas Claras Digital, Alimentos Universal Trading Inc y Frigomerc SA, Ad ´Oro SA y Frigorífico Agrofrio SA.

Entretanto, el portal Archibunker[18] refiere que Naman Wakil posee en Panamá All Food Universal Corp, fundada el 5 de diciembre de 2007. El número de folio es 594198. Posición: director-presidente; Atlas Systems International Inc, número de folio 592201. Posición: director-presidente. Fundada el 21 de noviembre de 2007; Perdigao Agroindustrial Group Inc, registrada el 20 de noviembre de 2007. Número de folio 592157. Cargo: director-presidente; Alimentos Universal Trading Corp, creada el 21 de noviembre de 2007. Número de folio: 592189. Cargo: director-presidente; M&V Trading International Inc, registrada el 21 de noviembre de 2007. Número de Folio: 592210. Posición: director-vicepresidente-tesorero; Quatro Marcos LTDA S.A., fundada el 21 de noviembre de 2007. Número de folio: 592309. Posición: director-presidente; Frigorífico Concepción S.A. fundada el 16 de noviembre de 2008. Número de folio: 641642. Cargo: director-presidente. Capital Social: USD 20.000; Doux Frangosul Avícola Industrial S.A., fundada el 6 de agosto de 2009. Número de folio: 671359. Cargo: director-presidente. Capital Social: USD 20.000; Frigomer S.A., constituida el 31 de agosto de 2010. Número de folio: 710957. Cargo: director-vicepresidente. Capital Social: USD 20.000; AD’Oro S.A. registrada el 6 de septiembre de 2010. Número de folio: 711606. Cargo: director-vicepresidente. Capital Social: USD 20.000; y Frigorífico Agrofrío S.A. Número de folio: 711634. Cargo: director-vicepresidente. Capital Social: USD 20.000.

El mismo portal informa que Wakil es propietario en los Estados Unidos de las siguientes compañías: En Miami, Florida, Wakilisimo LLC[19] bajo el número L10000020009. Cargo: Director. Fecha de Registro: 22-02-2010; también en Miami está Viscaya 602 LLC[20], bajo el número L11000126715. Cargo: Director. Fecha de registro: 07-11-2011; en Miami, Tequesta 607 LLC[21], registrada el 21 de mayo de 2009 bajo el número L09000049521; en Miami, Tequesta Three Unit 1806 Enterprises LLC[22], registrada el 11 de febrero de 2008 bajo el número L08000015021. Cargo: Director; en Miami, Capital Sins LLC[23], registrada el 1° de noviembre de 2010, bajo el número L10000063463el 14 de junio de 2010. Cargo: Director; en Miami, Wakil Properties LLC (Branch)[24], registrada el 1° de octubre de 2010, bajo el número de identificación fiscal 26-2278812. Cargo: Director; en Gastonia, Carolina del Norte, la firma Wakil Properties LLC[25], registrada el 23 de marzo de 2008, bajo el número 1033934. Cargo: Director.

El ex-ministro Carlos Alberto Osorio Zambrano

El portal Dateas informa que Carlos Alberto Osorio Zambrano, es titular de la Cédula de Identidad número V-6.397.281 y se le ubica en la parroquia Santa Lucía, municipio Paz Castillo, estado Miranda[26].

Ejerce el voto en la Escuela Básica Estadal Manguito I, parroquia Santa Lucía, municipio Paz Castillo, estado Miranda.

Sobre él la Asociación Civil Control Ciudadano[27] informa que egresó en julio de 1985 de la Academia Militar de Venezuela con el grado de subteniente —Teniente en la actualidad— y con el título de Licenciado en Ciencias y Artes Militares. En su promoción ocupó la posición número 52 entre un total de 139 graduados. En la actualidad ostenta el grado de Mayor General. Presidió la Misión Mercal (2006), fue Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) (hasta 2010), ministro de Alimentación (hasta el 2013), presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Ministerio para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (2014), jefe de la Región de Desarrollo Integral (REDI) de Guayana (hasta 2015), Presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A., (CASA), y nuevamente ministro de Alimentación, coordinador del Estado Mayor contra la Guerra Económica, Jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Central (2016), jefe de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ministro del Poder Popular para el Transporte (2017).

La Asamblea Nacional lo declaró en 2016 como políticamente responsable de la crisis alimentaria del país. En enero de 2017 la Associated Press publicó que Carlos Osorio es investigado por el gobierno estadounidense por acusaciones de corrupción en la importación y distribución de alimentos. El 3 de noviembre de 2017 fue sancionado por el gobierno de Canadá; el 9 de noviembre de 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; y el 30 de marzo de 2018 por el gobierno de Panamá. En junio de 2018 fue removido del cargo de Ministro del Poder Popular para el Transporte.

Citas

[1] Panorama. “Privan de libertad a los presidentes de Cval y Abastos Bicentenario por corrupción”. 30 de enero de 2016. https://www.panorama.com.ve/ciudad/Privan-de-libertad-a-los-presidentes-de-Cval-y-Abastos-Bicentenario-por-corrupcion-20160130-0012.html

[2] RunRun.es. “AN aprobó sanción de responsabilidad política para Carlos Osorio y Giusseppe Yoffreda”. 20 de abril de 2016. https://runrun.es/nacional/venezuela-2/258227/an-aprobo-sancion-de-responsabilidad-politica-para-carlos-osorio-y-giusseppe-yoffreda/

[3] Cuentas Claras Digital. “Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para CASA”. 19 de abril de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/04/cunados-de-carlos-osorio-recibieron-mas-de-6-millones-por-importacion-de-carne-para-casa/

[4] Transparencia Venezuela. “De PDVAL a Pudreval”. https://transparencia.org.ve/project/de-pdval-a-pudreval/

[5] La Vanguardia. “Aparecen miles de contenedores llenos de alimentos podridos en Venezuela”. 22 de junio de 2010. https://www.lavanguardia.com/lectores-corresponsales/20100622/53950727838/aparecen-miles-de-contenedores-llenos-de-alimentos-podridos-en-venezuela.html

[6] Carlos Tablante. “Carlos Tablante: El cinismo del general Osorio”. 14 de junio de 2016. http://carlostablante.com/carlos-tablante-el-cinismo-del-general-osorio/

[7] Open Corporates. Perdigao Agroindustrial S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/564949

[8] Panama Companies. Perdigao Agroindustrial Group Inc. https://www.panamaregistry.org/perdigao-agroindustrial-group-inc

[9] Cuentas Claras Digital. “Escándalo en Brasil: JBS, proveedor de Venezuela, exportaba carne podrida”. 20 de marzo de 2017. https://www.cuentasclarasdigital.org/2017/03/escandalo-en-brasil-jbs-proveedor-de-venezuela-exportaba-carne-podrida/

[10] Poderopedia. “Naman Wakil, el empresario que alimentó su fortuna con venta de carne al Estado”. 27 de mayo de 2016. https://poderopediave.org/naman-wakil-el-empresario-que-alimento-su-fortuna-con-venta-de-carne-al-estado/

[11] Cuentas Claras Digital. “Papeles de Panamá revelan fortuna de $400 millones de proveedor Naman Wakil”. 16 de mayo de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/05/papeles-de-panama-revela-fortuna-de-400-millones-de-proveedor-naman-wakil/

[12] Open Corporates. All Food Universal Corp. https://opencorporates.com/companies/pa/594198

[13] Open Corporates. Atlas Systems International Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/592201

[14] Panam Biz. Quatro Marcos Ltda SA. https://panamabiz.com/enterprise/quatro-marcos-ltda-s-a.323532313430.html

[15] Panama Biz. Doux Frangosul Agro Avícola Industrial SA. https://panamabiz.com/enterprise/doux-frangosul-agro-avicola-industrial-s-a.353533383839.html

[16] Panama Biz. M & V Trading International Inc. https://panamabiz.com/enterprise/m-v-trading-international-inc.323735393333.html 

[17] Panama Biz. Frigorífico Concepción SA. https://panamabiz.com/enterprise/frigorifico-concepcion-s-a.333031373232.html

[18] Archibunker. Compañías de venezolanos en el exterior Lista # 8. 26 de julio de 2017. https://www.archibunker.org/companias-de-venezolanos-en-el-exterior-lista-8/

[19] Sunbiz. Wakilisimo LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=WAKILISIMO%20L100000200090&aggregateId=flal-l10000020009-908de80e-ebd7-4eef-8509-914b49ee0c15&searchTerm=Wakilisimo%20LLC%20&listNameOrder=WAKILISIMO%20L100000200090

[20] Sunbiz. Viscaya 602 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=VIZCAYA602%20L110001267150&aggregateId=flal-l11000126715-8fa4da75-0dd4-429c-bf2d-45c4b43d9a84&searchTerm=VIZCAYA%201%20LLC&listNameOrder=VIZCAYA1%20L170001406940

[21] Sunbiz. Tequesta 607 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=TEQUESTA607%20L090000495210&aggregateId=flal-l09000049521-638f1b07-812c-4d2c-b77a-3ef60e0e2d14&searchTerm=Tequesta%20607%20LLC&listNameOrder=TEQUESTA607%20L090000495210

[22] Sunbiz. Tequesta Three Unit 1806 Enterprises LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=TEQUESTATHREEUNIT1806ENTERPRIS%20L080000150210&aggregateId=flal-l08000015021-fa0c7fcb-7ed0-42ea-b020-85553e5e9d47&searchTerm=Tequesta%20Three%20Unit%201806%20Enterprises%20LLC&listNameOrder=TEQUESTATHREEUNIT1806ENTERPRIS%20L080000150210

[23] Sunbiz. Capital Sins LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=CAPITALSINS%20L100000634630&aggregateId=flal-l10000063463-2abdb720-cbc4-433b-809dc22eb1cd741a&searchTerm=Capital%20Sins%20LLC&listNameOrder=CAPITALSINS%20L100000634630

[24] Open Corporates. Wakil Properties LLC (Branch). https://opencorporates.com/companies/us_fl/M10000004324

[25] Sunbiz. Wakil Properties LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=WAKILPROPERTIES%20M100000043240&aggregateId=forl-m10000004324-6e5d6725-96e2-4a8d-b32d-6cc9d1ca7124&searchTerm=Wakil%20Properties%20LLC&listNameOrder=WAKILPROPERTIES%20M100000043240

[26] Dateas. Osorio Zambrano, Carlos Alberto. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/osorio-zambrano-carlos-alberto-9355264

[27] Control Ciudadano. Carlos Alberto Osorio Zambrano. https://www.controlciudadano.org/fanb-y-poder/carlos-alberto-osorio-zambrano