Mostrando entradas con la etiqueta corrupción Venezuela. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta corrupción Venezuela. Mostrar todas las entradas

lunes, 8 de noviembre de 2021

Conozca las principales claves para comprender el caso de Álex Saab

   Estos son los aspectos fundamentales que llevaron al empresario colombiano al banquillo de los acusados en un tribunal de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   He aquí algunas claves que sintetizan la esencia del caso del empresario colombiano naturalizado venezolano, Álex Saab, recientemente extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos a objeto de que enfrente a la justicia que lo señala de conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.
La acusación

   Álex Naim Saab Morán —junto a su socio Álvaro Pulido Vargas— fue acusado el 25 de julio de 2019 por la Fiscalía General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida por la supuesta comisión de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y de lavado de instrumentos monetarios. En específico, la acusación establece que los demandados cometieron un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero. El gobierno de los EE. UU. alega la pérdida de más de USD 350 millones que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación. Los fiscales señalan que Saab y Pulido presuntamente desempeñaron roles fundamentales en el lavado del producto de las “violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.
   Álex Saab y Álvaro Pulido suscribieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 cuyo objeto era la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos y se aprovecharon, junto con sus cómplices, del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, el cual les permitía obtener dólares estadounidenses a un tipo favorable, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos sobre bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornando funcionarios del gobierno venezolano para que aprobarán esos documentos.

   Se explica en la acusación formal que los imputados instrumentaron un esquema de soborno que violó la FCPA e implicó delitos de soborno contra Venezuela. Para ello llevaron a cabo reuniones para promover el pago de sobornos en Miami y enviaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Este plan de Saab y Pulido se materializó con la transferencia de aproximadamente USD 350 millones de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban”[1].


   En razón del acuerdo de extradición que el gobierno estadounidense estableció con su homólogo de Cabo Verde, al ser en esta última nación la pena máxima para el delito de lavado de dinero equivalente a 20 años, la fiscalía del Sur de la Florida retiró los siete cargos relacionados con el lavado de instrumentos monetarios a objeto de que la pena que le sea impuesta, en caso de ser declarado culpable, no sobrepase la que se le impondría en la nación africana por el mismo delito.

Supuesto testaferro de Maduro

   Existe la presunción de que Álex Saab actúa como testaferro o prestanombres de Nicolás Maduro. De hecho, la ex-fiscal general, Luisa Ortega, lo catalogó en 2017 como el “principal testaferro de la autocracia” de Maduro y su familia. Según Ortega Díaz, sus investigaciones la llevaron a presumir que Maduro era el verdadero propietario de Group Grand Limited (GGL), aunque Saab y Pulido sean quienes figuren como dueños.

   Y es que, al contrario de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela por la incertidumbre que generaban los pagos y controles en el cambio de divisas impuestos por el gobierno, las operaciones de Saab se incrementaron, como también lo hicieron sus negociaciones con el régimen, tanto en el área de la construcción como con el CLAP.
 Álex Saab habría cumplido un papel determinante en el establecimiento y mantenimiento de las redes de financiamiento ilícitas para facilitan la corrupción del régimen venezolano. Se cree que Maduro, presuntamente, le habría confiado su fortuna personal. Por ello el proceso judicial que comenzó a desarrollarse en los Estados Unidos, pudiera permitir establecer la veracidad o falsedad de estos supuestos, así como también ayudaría a comprender y a obtener detalles de las actividades ilícitas que sirven de sustento al régimen venezolano.

   El Departamento del Tesoro refiere que Álex Saab en 2016 diseñó el esquema del CLAP a través de una estructura corporativa para comprar alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela a una tarifa más rentable para ellos. El Tesoro sostiene que, bajo la supervisión de Nicolás Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó sólo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.
   De vendedor de llaveros pasó a ser contratista del régimen chavista, primero en 2011 con un contrato de construcción de viviendas de interés social; luego la construcción de gimnasios verticales por lo que recibió USD 100 millones a pesar de que a la fecha muchos están sin terminar; después la venta de leche en polvo a través del CLAP y a la venta de alimentos para dicho programa. Ya entre 2016 y 2018, amasaba una fortuna de más de USD 1.500 millones.

  Lo cierto es que Saab es de fundamental importancia para Maduro, hecho que se deja ver con su actitud de patear la mesa de negociaciones que mantiene con la oposición en México, tan pronto se concretó la extradición del empresario colombiano a los Estados Unidos.
Las empresas de Saab

  Dos fueron las empresas que sirvieron a Álex Saab y a su socio, Álvaro Pulido, a saber, Group Grand Limited (con sede en Hong Kong y también registró en México). En la nación azteca, Group Grand Limited, S.A. de C.V. está controlada por el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González).

  La otra empresa es Asasi Food FZE, igualmente manejadas por Saab y Pulido.

La verdad de los proyectos del chavismo

   En la acusación que la fiscalía del Distrito Sur de Florida formula contra Alex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, se explica cómo estos, luego de haber accedido a dólares preferenciales a través de CADIVI, justificaron sus operaciones con facturas y documentos falsos y fraudulentos, resultando que en muchas ocasiones los bienes negociados nunca llegaron a Venezuela.

    El juicio a Saab servirá, por tanto, para que salga a la luz la verdad de los proyectos de construcción de viviendas de interés social por los cuales se les juzgará y, asimismo, podría conocerse la verdad sobre el programa de alimentación CLAP que ha sido ampliamente cuestionado.

¿Por qué serán juzgados en Estados Unidos?

   Por la sencilla razón de que se valieron del sistema estadounidense para lavar fondos ilícitos productos de sobornos pagados a funcionarios gubernamentales venezolanos a cambio de la aprobación de contratos irregulares.

   Saab y Pulido transfirieron dichos fondos corruptos a entidades bancaria y financieras de los Estados Unidos violando así la legislación de este país, específicamente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

  De este modo, fondos por USD 350.041.500 habían sido introducidos a través de diversas transferencias electrónicas desde cuentas bancarias en Venezuela a cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos.

Corrupto sistema de control de cambios

  El juicio contra Álex Saab también develará el corrupto sistema de control de cambios imperantes en Venezuela durante largos años.

  Se verá cómo el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) actúan corruptamente en Venezuela, permitiendo el desarrollo de actividades delictivas aun cuando el deber ser de todas estas instituciones se supone era el resguardo de la legalidad.

  Es decir, la realidad de un gobierno devenido en entidad criminal podría develarse durante el proceso criminal que se le seguirá a Álex Saab en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

También investigado en Colombia

   Las actividades de Álex Saab también fueron objeto de investigación en su país de origen, Colombia, donde en 2018 fue objeto de la pesquisa de la Fiscalía por el supuesto lavado de activos.

  Saab habría recurrido a todo tipo de argucias para evadir sus responsabilidades tributarias y aduaneras y para dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones llevadas a cabo a través de la empresa Shantex S.A.

  Se le expropiaron seis propiedades evaluados en 38 mil millones de pesos.

  En el país neogranadino se le vincula a la exsenadora y excandidata presidencial, Piedad Córdoba, quien habría sido el puente que lo relacionó con el gobierno venezolano y lo habría ayudado a gestionar el pago de facturas pendientes desde la administración del finado Hugo Chávez.

Gestor del chavismo en el exterior

   En los últimos tiempos, a raíz de las sanciones impuestas al régimen de Maduro por los Estados Unidos, Álex Saab se convirtió en un importante agente del gobierno venezolano en el extranjero en razón de sus relaciones.

   Así, aparte de sus negocios con el CLAP, Saab pasó a diligenciar financiamiento para el régimen de Maduro y se convirtió en intermediario del dictador con sus nuevos aliados, a saber, Turquía e Irán, para llevar a cabo otros asuntos, como las exportaciones de oro.

   De hecho, al verse acorralado en Cabo Verde, la administración de Nicolás Maduro recurrió a la estrategia de catalogarlo como agente diplomático de Venezuela que, al momento de su detención, se encontraba en misión de estado viajando en calidad de enviado especial para negociar gasolina y ayuda humanitaria.

Con información privilegiada

   La comparecencia de Saab ante la justicia estadunidense se espera sirva para el empresario suministre información sobre las negociaciones irregulares llevadas a cabo por el régimen de Maduro, no solamente en materia del CLAP, sino de otros ámbitos.

   De hecho, tiene plena conciencia el gobierno de Maduro, el cual a través de una comunicación que le remitió el entonces canciller, Jorge Arreaza, le advirtió a Saab de que “Está usted en posesión de información concerniente a la seguridad y defensa de la nación considerada ‘clasificada’. Tenemos razones bien fundadas para estimar que, en caso de ser extraditado a Estados Unidos, usted será presionado por cualquier método, legítimo o no, para la revelación de dicha información, lo que supondría un gran riesgo para nuestro país”.

REFERENCIA 

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Two Colombian BusinessmEn Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

 

Tribunal de Florida transfirió a estatus de fugitivo de la justicia de los EE. UU. a José Gregorio Vielma Mora y otros acusados de corrupción y lavado de dinero

    


Por Maibort Petit 

     La Corte del Distrito Sur de la Florida pasó a estatus de fugitivo a un grupo de exfuncionarios y socios de Álex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, acusados de haber participado en un esquema de corrupción para expoliar millones de dólares del erario público venezolano y blanquearlos en el sistema financiero estadounidense. En la lista de fugitivos de la justicia norteamericana se encuentra el exgobernador, José Gregorio Vielma Mora, Álvado Pulido Vargas, Emmanuel ENrique Rubio González y Ana Guillermo Luis.

     El 7 de octubre de 2021, la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó ante el tribunal homónimo la acusación que un Gran Jurado formulara contra Álvaro Pulido Vargas, alias“Germán Enrique Rubio Salas”, alias “Cuchi”, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, señalándolos de la comisión de cinco cargos de lavado de dinero. Todo en violación a lo establecido en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15 y el Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd1, et seq.(FCPA).
    El referido instrumento legal hace referencia a cierta clase de personas y entidades que actúan de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario de un gobierno extranjero con el propósito de influir en este e inducirlo a realizar u omitir ciertos actos, y asegurar una ventaja indebida para ayudar a esas clases de personas a obtener o retener negocios.

   La acusación señala que en los parámetros definidos en la FCPA encajan los imputados Álvaro Pulido Vargas, colombiano quien, junto con co-conspirador 1 controlaba varias compañías que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX para proveer alimentos y medicinas a Venezuela, incluyendo Group Grand Limited y Asasi Food.

  Asimismo, José Gregorio Vielma Mora, venezolano quien desde 2012 hasta 2017, fue gobernador del estado Táchira y desde esa posición supervisó COBISERTA y su proceso de contratación. Vielma Mora encaja en la figura de "funcionario extranjero" que se define en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (9 (2) (A), y como "funcionario público", según la ley venezolana.
  Entretanto, el co-conspirador 1, colombiano, con Álvaro Pulido Vargas, controlaban varias empresas que obtuvieron contratos de COBISERTA y CORPOVEX. El co-conspirador 2, venezolano, es una “persona” como se usa ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (a).

   También figuran en la acusación el Funcionario 1 del Gobierno de Venezuela desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2020 ostentó un alto rango en el FONDEN; el Oficial 1 del Gobierno de Venezuela quien se desempeñó con alto rango en BANDES. El funcionario 1 era un "funcionario extranjero" según se define ese término en la FCPA. El Funcionario 2, un venezolano que desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2020 tuvo un alto cargo en el Ministerio de Finanzas y en BANDES, siendo un "funcionario extranjero" según la FCPA.
   Las entidades que figuran en la acusación son el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa estatal de distribución de alimentos y medicamentos.

  La Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (COBISERTA), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX); el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas; el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN); y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES); son un "departamento", "agencia" e "instrumentalidad" de un gobierno extranjero, y sus funcionarios y empleados son "funcionarios extranjeros", según se utilizan esos términos en la FCPA.

Conspiración para cometer blanqueo de capitales

  El primer cargo formulado contra los imputados es el de Conspiración para cometer blanqueo de capitales.

   Se indica que desde julio de 2015 hasta por lo menos 2020, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados, Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis, se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron a sabiendas y voluntariamente entre sí, y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer un delito contra los Estados Unidos.
   Específicamente, se les señala de, primero, transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia dentro y fuera del país, con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A); y segundo, transportar, transmitir y transferir a sabiendas, un instrumento monetario y fondos que involucren el producto de una actividad ilegal especificada, desde un lugar en los Estados Unidos hacia fuera del país, sabiendo que los fondos involucrados representaban el producto de alguna actividad ilegal y que dichas operaciones se diseñaron en su totalidad o en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos de dicha actividad ilegal especificada, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i).

   Tales actividades constituyen un delito grave de violación de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3; y un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucra el soborno de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto por el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv).

El propósito de la conspiración

   Se señala en la acusación que el propósito de la conspiración para que los acusados y sus co-conspiradores fue enriquecerse ilegalmente a través de un plan para sobornar a funcionarios venezolanos y así obtener y retener contratos milmillonarios y otras ventajas comerciales con entidades. e instrumentalidades propiedad y controladas por el gobierno venezolano para la importación y entrega de alimentos y medicinas.

  Procuraban lavar los sobornos, ganancias y otros fondos relacionados con el esquema corrupto hacia y a través de cuentas en los Estados Unidos y así ocultar la naturaleza y el propósito de dicho plan corrupto.

El papel de Vielma Mora en la conspiración

   Los imputados y sus co-conspiradores utilizaron numerosas empresas controladas por ellos para celebrar contratos con el gobierno venezolano destinados a exportación de cajas de alimentos de México y cajas de medicinas de varios países, y distribuirlas en Venezuela.

   Pagaban sobornos a los funcionarios del gobierno venezolano, incluidos los funcionarios encargados de adjudicar los contratos, ocultando la naturaleza de las operaciones mediante el diseño de un esquema consistente en la creación de una red de cuentas bancarias personales y corporativas en múltiples países, las cuales utilizaban para recibir y transferir el producto de los contratos obtenidos de manera corrupta.

   Se describe que, en 2015, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y otros co-conspiradores maniobraron para obtener contratos relacionados con la producción, importación y distribución de alimentos con el gobierno venezolano. Para ese entonces, José Gregorio Vielma Mora se desempeñaba como gobernador del estado Táchira, posición desde la que supervisaba el proceso de contratación relacionado con el programa CLAP.

   Refiere que entre principios y mediados de 2016, Vielma Mora se reunió con los co=conspiradores 1 y 2 para conversar sobre su papel en la importación de alimentos al estado Táchira. También se reunió con Carlos Rolando Lizcano Manrique y los co-conspiradores 1 y 2 para discutir una propuesta para la producción, importación y distribución de cajas de alimentos para el programa CLAP. Entonces, bajo la dirección del gobernador tachirense, el co-conspirador 2 elaboró una propuesta cuyo costo real discutieron en una reunión sostenida entre el mandatario, Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2.
   Entonces, el co-conspirador 1 acordó realizar pagos corruptos a Vielma Mora para obtener y retener contratos del CLAP en el estado Táchira. En tal sentido, el co-conspirador 1 ordenó a Lizcano Manrique y al co-conspirador 2 que trabajaran juntos para producir las cajas de alimentos para la importación a Venezuela.
   Después, a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora, Carlos Rolando Lizcano Manrique, co-conspirador 1 y co-conspirador 2 se reunieron con los Funcionarios del Gobierno de Venezuela 1 y 2 para obtener el apoyo de estos en la adjudicación de los contratos a empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1.

   La acusación precisa que el 14 de octubre de 2016, Group Grand Limited, empresa propiedad y controlada por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1, obtuvo un contrato de COBISERTA para importar y distribuir 10 millones de cajas de alimentos para el programa CLAP a USD 34 cada caja, para un monto total de USD 340.000.000. Una negociación que se llevó a cabo a pesar de que José Gregorio Vielma Mora sabía que el costo de producción e importación de dichas cajas era mucho menor, todo por el interés de que los co-conspiradores pudieran usar los fondos adicionales para pagarle los sobornos acordados a él y otros funcionarios involucrados en el esquema corrupto.

   En la conspiración, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, y otros fueron los encargados de la compra de alimentos en México, ensamblar las cajas de comida y exportarlas a Venezuela. Entretanto, Carlos Rolando Lizcano Manrique y otros fueron los encargados de recibir las cajas de alimentos en Venezuela y distribuirlas cajas en el Estado de Táchira.

  La acusación dice que a mediados o finales de 2016, José Gregorio Vielma Mora se reunió con los co-conspiradores 1 y 2 para conversar sobre la forma cómo recibiría el dinero del soborno que se le debía por su participación en la adjudicación de los contratos a las empresas de Álvaro Pulido Vargas. Acordaron que el co-conspirador 2 serviría como intermediario para recibir el dinero que después remitiría, pagaría, transferiría y dirigiría al gobernador. Por esta labor, co-conspirador 2 recibiría pagos en el esquema de soborno ilegal.

Una red de empresas y cuentas bancarias

   En el esquema de corrupción, a Ana Guillermo Luis, quien trabajaba para Álvaro Pulido y co-conspirator 1, le correspondió crear una red de decenas de empresas y cuentas bancarias asociadas en varios países. Dicha red le permitiría a Pulido Vargas, co-conspirator 1 y otros co-conspiradores recibir y mover el dinero pagado desde Venezuela por concepto de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  En este sentido, Ana Guillermo Luis ayudó al co-conspirador 2 a abrir cuentas bancarias a través de las cuales recibía el dinero que, como intermediario, transfería luego a Vielma Mora, así como también para cobrar sus propias ganancias corruptas. También ayudó a crear empresas y abrir cuentas bancarias asociadas para que otros conspiradores recibieran su parte de las ganancias del esquema de soborno ilegal. Igualmente creó contratos y otros documentos falsos y fraudulentos para justificar las transferencias de fondos, sobornos y ganancias corruptas relacionadas con el esquema.

Las ganancias de Vielma Mora

   Refiere la acusación que entre el 12 de diciembre de 2016 y el 10 de abril de 2018, José Gregorio Vielma Mora y co-conspirator 2 recibieron aproximadamente USD 17.256.935 en sobornos y ganancias corruptas a cambio de su asistencia e influencia en la adjudicación de contratos de alimentos de COBISERTA y CORPOVEX. Su papel incluyó el otorgamiento de ventajas comerciales en beneficio de las empresas controladas por Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, Ana Guillermo Luis y co-conspirador 1, entre otros.

  Desde el 12 de diciembre de 2016 hasta el 17 de julio de 2017, Vielma Mora y co-conspirador 2 provocaron transferencias electrónicas de aproximadamente USD 6.355.158 en ingresos del esquema de soborno ilegal a una cuenta bancaria en el sur Distrito de Florida propiedad y controlada por co-conspirador 2.
   Se indica que el 11 de febrero de 2017, co-conspirador 2 estaba en los Estados Unidos y transfirió USD 1.600.000 desde una cuenta bancaria que controlaba en Panamá a una cuenta bancaria que controlaba en el Distrito Sur de Florida cuyo destinatario final era José Gregorio Vielma Mora.

Más contratos, más ganancias corruptas

   El 14 de febrero de 2017, Group Grand Limited obtuvo un segundo contrato para importar y distribuir en Venezuela 10 millones de cajas de alimentos a través del programa CLAP. El valor de este contrato fue de USD 369.900.000.

  A principios de 2017, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1 procurar obtener otros contratos del programa CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano.

  Del mismo modo, el 31 de marzo de 2017, Group Grand Limited obtuvo un contrato de CORPOVEX por USD 70.889.234 para importar y distribuir medicamentos en Venezuela a través del programa CLAP. Un segundo contrato de esta naturaleza lo logró el 22 de mayo de 2017 por USD 74.990.942.

  En julio de 2017, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas del FONDEN por un total de USD 33.750.295 a una cuenta en Antigua a nombre de Group Grand Limited, como pago de los contratos de alimentos y medicinas obtenidos de manera corrupta.

  Desde enero de 2018 hasta marzo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias electrónicas de BANDES por un total de USD. 105.001.292 a una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food, empresa de propiedad y controlado por Álvaro Pulido Vargas y co-conspirator 1, como pago por los contratos de alimentos y medicinas.

   Describe la acusación que, desde enero de 2018 hasta mayo de 2018, los miembros de la conspiración recibieron transferencias bancarias de BANDES por un total de 248.727.831 euros en una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Asasi Food.

  Se señala que, durante el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas Carlos Rolando Lizcano Manrique y co-conspirator 1, utilizaron parte de a través de los referidos contratos corruptos, para transferir de manera electrónica, al menos USD 10.000.000 a cuentas bancarias en los Estados Unidos de propiedad, controladas por y para el beneficio de los co-conspiradores. Por lo menos USD 5.500.000 de esos fondos se transfirieron directamente al Distrito Sur de Florida.

  También se indica que en el transcurso de la conspiración, Álvaro Pulido Vargas y co-conspirador 1 transfirieron en su nombre, al menos USD 170.000.000 en ganancias a través de bancos corresponsales en los Estados Unidos a cuentas bancarias en beneficio de los co-conspiradores. Por cable, ellos y sus empresas transfirieron USD 22.000.000 a una empresa de transporte y envío de carga ubicada en México, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBISERTA y CORPOVEX.

   También USD 50.000.000 a una empresa de servicios de alimentos ubicada en México, a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos, para pagar los costos asociados con el cumplimiento de los contratos COBIERTA y CORPOVEX.

  En razón de la escasez de dólares estadounidenses experimentada por Venezuela, lo cual le impedía pagar a empresas extranjeras, el co-conspirador 1 y Álvaro Pulido Vargas realizaron negocios para refinar y vender oro en nombre de Venezuela para facilitar así la obtención de divisas y el correspondiente pago a sus empresas.
    El 6 de marzo de 2019, el co-conspirador 2, mientras se encontraba en los Estados Unidos, autorizó la transferencia de fondos bajo la dirección de José Gregorio Vielma Mora desde una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida a individuos para beneficio del gobernador.

   El 5 de agosto de 2019, co-conspirador 2 autorizó una transacción con tarjeta de crédito utilizando la tarjeta de crédito para pagar USD 4.499 a un sitio web de viajes de un familiar cercano de José Gregorio Vielma Mora.

Los cargos por blanqueo de Instrumentos Monetarios

   La acusación además contempla cargos —del 2 al 5— por blanqueo de instrumentos monetarios.

  Las operaciones que contemplan dichos cargos se describen en el siguiente cuadro:

   La acusación contempla que de ser declarados culpables, se confiscarán todas las propiedades que los imputados tengan en los Estados Unidos.

  Se incluye el decomiso de USD 1.607.626.307,19 en moneda estadounidense, que representa la cantidad de fondos involucrados en las violaciones del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 que se alega en la acusación.

jueves, 28 de octubre de 2021

José Luis Parada ocultó en Suiza fondos sustraídos irregularmente de PDVSA

   El dinero era el producto de haber esquilmado a la petrolera estatal venezolana mediante una trama de corrupción que encabezó Nervis Villalobos.

Por Maibort Petit

  Una investigación periodística sustentada con la debida documentación, reveló que el exdirector general de Producción y Explotación de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), José Luis Parada, ocultó USD 7,1 millones en un banco suizo los cuales transfirió desde la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Rafael Ramírez, José Luis Parada, Nervis Villalobos y Diego Salazar

    La operación tuvo lugar durante el mes de julio de 2014 cuando Parada trasladó los fondos a una cuenta en la Banca Credinvest SA desde la cuenta de emisión en BPA donde había acumulado un saldo de USD 8,5 millones entre los años 2008 y 2015.

    La información que dio a conocer el diario español El País[1] el cual precisó que en dicha institución andorrana en la que el secreto bancario rigió hasta 2017, José Luis Parada recibió depósitos —entre 2010 y 2011— de parte de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía durante la gestión de Hugo Chávez, los cuales alcanzaron los USD 6 millones. Los restantes USD 2,5 millones los hizo llegar Diego Salazar, familiar del ex-zar del petróleo venezolano, Rafael Ramírez. Tanto Villalobos como Salazar, formaron parte de una trama de corrupción que ocultó en 37 cuentas bancarias, fondos provenientes de sobornos y comisiones percibidos por su participación en la aprobación de contratos irregulares de la estatal petrolera, habiendo logrado sus protagonistas esquilmar a PDVSA unos USD 2.000 millones[2].

   Parada se valió d e una empresa de maletín denominada Prometeo Internacional SA, para abrir la cuenta en el BPA, la cual hizo adquisiciones entre 2008 y 2014 en valores de compañías que sumaron USD 16 millones.

  La nota indica que, mediante dos tarjetas asociadas a Prometeo Internacional SA, entre los años 2009 y 2013, se hicieron cargos en suntuosos establecimientos, hoteles y restaurantes en Houston, Los Ángeles, San Diego, Miami, París, Bogotá, Barcelona o Düsseldorf que totalizaron 128.700 euros.

  Ante el BPA, José Luis Parada dijo que los ingresos que recibiría la cuenta corresponderían a pagos por sus servicios como asesor de Nervis Villalobos.

   Se hace mención en la información de que Nervis Villalobos y Diego Salazar camuflaron las operaciones mediante traspasos internos, ordenando las transferencias desde cuentas asociadas a Tristaina Trading SA y Monterrey Management SA, empresas instrumentales del primero, y de High Advisory and Consulting SA, una firma del segundo con su testaferro, Luis Mariano Rodríguez Cabello.

  Parada también transfirió USD 1 millón desde el BPA al Union Bancaire Privée de Suiza, el 28 de marzo de 2011, cuyo beneficiario no ha podido ser identificado por las autoridades.

  Estaba, pues, el exdirectivo de PDVSA evitando que sus fondos fueran congelados, tal como había ocurrido con otras personas (dirigentes del chavismo y de PDVSA) que eran investigados por la citada trama de corrupción citada líneas arriba. En el registro bancario, Parada argumentó los retiros en razón de que “no existe seguridad jurídica en el país que proteja su patrimonio, así como una persecución intencionada por parte de las autoridades locales a las personas de su nacionalidad”.

  Parada, quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana, se encontraría, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), organismos que determinó que los fondos del exdirectivo de Petróleos de Venezuela provenían de la corrupción ejercida en dicha empresa a la cual esquilmó la millonaria suma.

Referencias

[1] El País. “Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza”. 27 de octubre de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-10-27/un-directivo-de-petroleos-de-venezuela-oculto-siete-millones-en-suiza.html

[2] El País. “Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra”. 14 de diciembre de 2017. https://elpais.com/internacional/2017/12/13/actualidad/1513189655_511418.html


 

domingo, 17 de octubre de 2021

Tribunal de Nueva York cambia nuevamente fecha de la sentencia del Profesor vinculado al caso de Álex Saab

   Aunque parezca increíble, la sentencia de una de las fichas de Álex Saab en Estados Unidos será condenado el mismo día que el considerado testaferro de Nicolás Maduro sea presentado en corte para que el juez le lea los cargos por los cuales será procesado en Miami.

Por Maibort Petit

    Nuevamente fue cambiada la fecha de sentencia del profesor y experto en Crimen Organizado Trasnacional, Bruce Bagley que fue acusado de ser parte de una red de lavado de dinero encabezada por el colombiano, Álex Saab y su socio Álvaro Pulido. La condena estaba prevista para 18 de octubre, luego fue cambiada para el 16 de noviembre y existe la posibilidad que sea prorrogada una vez más. 

     El 1 de junio de 2020, el profesor de la Universidad de la Florida y autor de un libro sobre Crimen Organizado en América Latina se declaró culpable de haber participado en una trama de lavado de dinero internacional de más de $ 2 millones derivados del pago de soborno y de actividades relacionadas con la corrupción en Venezuela.

    Bagley se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero. El acusado usó cuentas bancarias a su nombre y de una compañía que creó en Florida para lavar más de $ 2 millones en ganancias de un esquema de soborno y corrupción de Venezuela en los Estados Unidos.
   Bagley se desempeñaba como profesor universitario y autor de un libro especializados en narcotráfico y blanqueo de capitales y de manera sorpresiva decidió cometer los delitos de corrupción y lavado de dinero en un esquema vinculado directamente a los colombianos Álex Saab y Álvaro Pulido.

  El profesor Bagley admitió que lavaba dinero para ciudadanos extranjeros corruptos, que era producto del soborno y la corrupción. "Eran fondos robados a los ciudadanos de Venezuela", dicen los documentos federales. 

La acusación

 En noviembre de 2016, Bruce Bagley, profesor de estudios internacionales y autor del libro 'Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas',  abrió una cuenta bancaria (1) en nombre de una empresa (1) de su propiedad. 

  Entre noviembre de 2016 o alrededor de noviembre de 2017, la Cuenta-1 tuvo una actividad mínima, pero alrededor de noviembre de 2017, comenzó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. 

  Cada mes, Bagley recibiría un depósito de aproximadamente $ 200,000 de una de las cuentas en el extranjero en la cuenta-1. Posteriormente, retiraría aproximadamente el 90 por ciento de los fondos en forma de cheque de caja, pagadero a una cuenta en poder de otra persona. 

  Bagley enviaba el resto de los fondos a su cuenta personal. Entre noviembre de 2017 y alrededor de octubre de 2018, la cuenta 1 recibió aproximadamente $ 2.5 millones de las cuentas en el extranjero.
  
  Las cuentas en el extranjero pertenecían a un individuo colombiano (Alex Saab). En diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha, la Persona-1 tuvo una conversación con Bagley sobre el hecho de que Bagley estaba trasladando los fondos de la Persona-2 a los Estados Unidos y que los fondos representaban los ingresos del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano. Sin embargo, en diciembre de 2018, Bagley creó una nueva cuenta bancaria ("Cuenta-2") para transferir dinero adicional perteneciente a Individual-2.

    Bagley continuó recibiendo cientos de miles de dólares de las cuentas en el extranjero después de abrir la cuenta 2. Bagley transfirió la mayoría de estos fondos al Individuo-1 pero retuvo una comisión por sus servicios.

    El acusado, de 73 años y residente de Coral Gables, Florida, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. 

   Bagley será sentenciado por el juez Rakoff el 18 de octubre de 2021.



 



 


jueves, 29 de julio de 2021

El reino de impunidad de los bolichicos: Una red de empresas para negociaciones turbias (II)

  Desde que constituyeron Derwick Associates a la sombra de los negocios opacos con el chavismo, el imperio de los bolichicos ha crecido con empresas en Panamá, Europa e, incluso, en África.

Por Maibort Petit

  Toda una red de empresas distribuidas por el mundo ha servido a los llamado bolichicos para expandir su imperio habido, a criterio de no pocos, de manera irregular y a la sobre la corrupción.

   Hasta hace poco, se conocía y se hablaba de Derwick Associates como el emblema de la crisis eléctrica Venezuela cuando luego de obtener contratos milmillonarios para solventar la crisis eléctrica sólo respondió con fraude al entregar chatarra al país, lo que agravó la problemática y la convirtió en una de las tantas tragedias que padece el pueblo venezolano. Otras empresas conforman el imperio de los bolichicos, algunas de ellas con las que se expandieron a Colombia y otras con las que han hecho presencia en España.

   Pero una reciente investigación periodística reveló la existencia de una red de empresas en Luxemburgo, un pequeño país europeo, un ducado convertido en paraíso fiscal, en el cual está registrada una red de empresas que han sido denunciadas e investigadas por su supuesto protagonismo en una trama de corrupción en Venezuela.

  Ya el nombre de Francisco Convit Guruceaga, mano derecha de Leopoldo Alejandro Betancourt López, habría retumbado cuando la operación Money Flight develó un esquema de corrupción que habría permitido lavar USD 1.200 millones desviados de Petróleos de Venezuela S.A. Sin embargo, aún faltaban cabos y evidencias por descubrir, lo cuales salieron a la luz con el proyecto OpenLux, a través del cual un grupo de periodistas y medios descubrieron cuatro empresas en Luxemburgo bajo la égida de Betancourt López.

   La averiguación determinó que una de las compañías fue registrada por una firma neerlandesa, Stichting Administratiekantoor DOG[1],  bajo el control de Convit Guruceaga y además estableció que por lo menos tres de estas compañías tuvieron operaciones financieras pon empresas investigadas en EE. UU.

   Una de estas firmas es Latin American Ventures registrada en el ducado en 2015 con un capital de USD 100.000 como Latin America Ventures SARL, beneficiada con fondos de Petrozamora. Allí Convit figuró como director hasta septiembre de 2018, cuando fue sustituido por Orlando José Alvarado Moreno, quien ha estado ligado a los bolichicos durante años, al haber sido directivo de sus empresas. La salida de Convit de la directiva de la firma, coincide con la fecha de acusación de conspiración para cometer lavado de dinero en estados Unidos.

  Otra empresa es Gainsboro Developments, registrada en Luxemburgo 2015, recibe depósitos de Ming International, en 2016 y O’Hara Financial S.A., en 2018. Otras informaciones dan cuenta de la recepción de fondos desde IPC Investments Corp, usada por Betancourt López para invertir en la petrolera canadiense Frontera Energy Corporation y en BDK Financial Group, un banco con negocios en África Occidental. Alvarado aparece como integrante del consejo de administración.

  También Ming International forma parte de los haberes de Betancourt en Luxemburgo, la cual sirve para las inversiones en Hawkers, una empresa de lentes oscuros de moda[2]. Ming International igualmente registrada en el ducado, recibió un préstamo por 53 millones de euros de parte de IPC Investments Corp[3].

  En cuarto lugar, está O’Hara Financial S.A., que los registros corporativos de Delaware muestran como propietaria de un jet privado Falcon 2000.

Más empresas

  Pero estas empresas no serían las única bajo el control de los bolichicos, siendo una de ellas Telmaven Overseas Inc., registrada en Panamá el 10 de enero de 2014, bajo el número 823201, que se encuentra en la actualidad suspendida[4]. Esta compañía, forma parte de las compañías de que se valió Alejandro Betancourt para tomar el control de Pacific Exploration and Production Corporation.

   De ese grupo forma parte IPC Investments Corp., registrada en Barbados el 28 de marzo de 2010, bajo el número 33122[5], la cual obtuvo el 1,27 por ciento del paquete accionario de Pacific, cuando Betancourt López a través del grupo O´Hara. Como se dijo líneas más arriba, esta compañía sirvió para hacer transferencias entre las empresas de Betancourt registradas en Luxemburgo.

   Volbor Trading LTD., como las anteriores formó parte las compañías mediante las cuales Betancourt López se hizo del control de Pacific, pero que al parecer se separó del grupo. Está domiciliada en Punta Pacífica, Panamá[6].

   Entretanto, Agency Partner Corp, además de integrar el grupo O´Hara para concretar la operación con Pacific, figura en un informe presentado el 4 de abril de 2016 por el Standard Chartered Bank of New York como una de las empresas registradas por socios de Leopoldo Alejandro Betancourt López en Estados Unidos, entre los que se cuenta ProEnergy Services — la empresa de ingeniería cuyos equipos vendieron con sobreprecio a Venezuela— para mover dinero por lo menos hasta 2015. Para estos movimientos se valieron de Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, sucursal suiza de una antigua entidad alemana especializada en banca privada absorbida por el Deutsche Bank. Esto ocurrió en la época en que se constituyó Derwick Associates Corporation[7].

  Agency Partner Corp sirvió también para que Betancourt comprara un condominio en Miami.

Los bancos

  BDK Financial Group es un banco africano domiciliado en Luxemburgo, constituido por un grupo de banqueros influyentes en España en el que tiene participación Leopoldo Alejandro Betancourt López y Francisco D´Agostino. El banco debió recibir en 2019 la cuarta inyección de capital en razón de los números rojos que presentaba a razón de su expansión. Con las anteriores el capital social de la entidad se elevó a 136 millones de euros. En la institución financiera, también figuran como accionistas a Alberto Cortina, conocido empresario español y Blas Herrero[8].

  Versus Bank  en Costa Marfil, adquirido por Betancourt López de la mano de Alberto Cortina, quienes invertirían  unos 50 millones de euros. El lazo entre el bolichico y Cortina se afianzó cuando el español lo respaldó en la puja por las acciones de Pacific Rubiales al grupo O'Hara[9].

  Otra de las inversiones de Betancourt en la banca africana, es la del Dakar Financial Group, sociedad instituida en Luxemburgo en 2013, vinculada a los españoles Alberto Cortina, su hijo Pelayo Cortina Koplowitz, César Álvarez y Blas Herrero. También participa Francisco Convit Guruceaga.

  La institución constituida por una sociedad portuguesa que comparte su dirección en Lisboa con la de la firma de inversiones 3 angle capital, que se dedica, según su web, a “facilitar y promover los flujos de inversión transfronterizos y estrategias industriales que involucran países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), América Latina (Brasil, Colombia) y algunos países africanos”.

  El banco comenzó con un capital inicial de 50.000 euros que en poco tiempo aumentó a 20 millones de euros, gracias a una ampliación de capital de sus trece socios[10].

Otras empresas

  Las empresas de Leopoldo Alejandro Betancourt López en España, tienen como bastión principal a Saldum Ventures SL que jefatura, por decirlo de alguna manera, a Play Hawkers SL, Miss Hamptons Brand SL, Northweek SL y Dollar Eyewear.

  Wolf and Sun SL está fuera del control de Sadum y se encarga de administrar la marca Wolfnoir (lentes).

 Saldum Ventures SL fue registrada el 12 de marzo de 2013 en Alicante, España, con el número CIF B-54695002. Está domiciliada en la Calle Santiago Ramon y Cajal 37, Elche 03203. Teléfono: 965681369. Correo electrónico: contact@saldum.com. Como presidente y consejero figura Leopoldo Alejandro Betancourt López; consejero Hugo Arévalo Álvarez-Arena[11].

  Su objeto es el comercio al mayor y al menor, la. Distribución comercial, importación y exportación. Está al control de Hawkers, Miss Hamptons, Northweek y Wolfnoir. Constituye un paso más en la expansión de Betancourt López a través de O´Hara Financial.

   Pero las cuentas no son claras: “En 2014, según cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Saldum Ventures facturó 13,3 millones de euros (con un millón de beneficio); en 2015, la facturación subió un 91%, hasta los 25,7 millones de euros (con 1,1 millones de beneficio). Los fundadores aseguran sin embargo que su facturación ese año fue de 40 millones, 60 millones en 2016 y 100 millones (estimados) el año pasado. ¿Cuál es la salud financiera real del grupo? No hay forma de saberlo. "No queremos que se sepa, nuestras cuentas no están consolidadas, no estamos obligados a ello. Tenemos muchas empresas, proyectos y filiales en más de 50 países, es una estructura societaria muy amplia"[12].

   Play Hawkers SL está inscrita como Sociedad limitada unipersonal. La cantidad de ventas de la empresa es Entre 6 y 30 millones de euros. Está ubicada en la Calle Santiago Ramón y Cajal, 37, Elche/Elx, 03203, Alicante (la misma de Saldum Ventures). Teléfono: 965681369[13].

  Entretanto, Hawkers es el nombre comercial de la sociedad Play Hawkers SL. Se trata de una marca española encargada de comercializar lentes de sol a través de internet y el retail[14].

  Alejandro Betancourt tomó el control de la empresa luego de invertir en ella 50 millones de euros, desplazando así a su antiguo líder Alejandro Moreno.



   El Confidencial revela que Betancourt a mayo de 2018, había invertido 70 millones de euros en la firma[15], mientras que otras publicaciones el daño que la la entrada del bolichico le hizo a la marca, dada su reputación corrupta. Fue así que Cabify, empresa de transporte, rechazó la inversión de 30 millones de euros del bolichico[16].

  Miss Hamptons Brand SL es una marca de ropa femenina que comparte dirección con Saldum Ventures y Play Hawkers en la Calle Ramón y Cajal, 37, Elche/Elx, 03203, Alicante. Fue constituida el 28 de mayo de 2014[17] [18].

  Dollar Eyewear SL fue fundada en como Sociedad de Responsabilidad Limitada el 26 de junio de 2014, con el objeto de comerciar, al mayor y al detal, prendas de vestir y calzado. Comparte la misma dirección de las anteriormente mencionadas. Pasó a denominarse Hawkers Group Retail SL con el número CIF B54796099, dedicada al comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial, importación y exportación. Es propiedad de Saldum Ventures[19].

  Wolf and Sun SL es una Sociedad limitada registrada el 8 de mayo de 2014, con el número CIF B-54785290. Como las restantes empresas de Betancourt en España, está ubicada en la Calle Santiago Ramon y Cajal (pq Industrial), 37 - PISO 1, Elche/elx, 03203 , Alicante. Su objeto social es la “Comercialización y venta al por mayor y menor, distribución comercial, importación y exportación de gafas de sol y otros productos de moda”[20].

CITAS

[1] OpenCorporates. Stichting Administratiekantoor Red Dog. https://opencorporates.com/companies/nl/64483819


[2] El Nuevo Herald. “Boliburgués venezolano usa a Luxemburgo para mover el dinero”. 11 de febrero de 2021. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article249186155.html


[3] Armando.info. “Los 'bolichicos' abrieron su caja de valores en Luxemburgo”. 11 de febrero de 2021. https://armando.info/los-bolichicos-abrieron-su-caja-de-valores-en-luxemburgo/


[4] Open Corporates. Telmaven Overseas Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/823201


[5] Open Corporates. IPC Investments Corp. https://opencorporates.com/companies/bb/33122


[6] Sedar. National Instrument 62-103 Early Warning Report. https://www.sedar.com/CheckCode.do


[7] Venergia.org. “Un banco oculto en el radar sirvió a los ‘bolichicos’”. 28 de octiubre de 2020. https://venergia.org/un-banco-oculto-en-el-radar-sirvio-a-los-bolichicos/


[8] Economía Digital. “Betancourt y la jet madrileña acuden al rescate de su banco”. 14 de noviembre de 2019. https://www.economiadigital.es/empresas/alejandro-betancourt-banco-luxemburgo_20009552_102.html


 


[9] El Cooperante. “¿Guiso?: Bolichico Alejandro Betancourt incursiona en la banca africana con Versus Bank”. 1 de octubre de 2015. https://elcooperante.com/nuevo-guiso-bolichico-alejandro-betancourt-incursiona-en-la-banca-africana-comprando-el-versus-bank/


[10] El Diario. “Luxemburgo, refugio fiscal para grandes fortunas españolas y empresas del Ibex”. 6 de noviembre de 2014. https://rebelion.org/luxemburgo-refugio-fiscal-para-grandes-fortunas-espanolas-y-empresas-del-ibex/


[11] Infocit. Saldum Ventures. http://www.infocif.es/ficha-empresa/saldum-ventures-sl


[12] El Confidencial. “Bomba de relojería en Hawkers: fuga en la cúpula y millones 'exprés' para seguir a flote”. 15 de febrero de 2018. https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-02-15/hawkers-gafas-alejandro-betancourt-saldum-ventures-hugo-arevalo-tuenti_1519576/


[13] Emprestite. Play Hawkers Sl - Elche/Elx. https://empresite.eleconomista.es/PLAY-HAWKERS.html


[14] Hawkers. https://www.hawkersco.com/


[15] El Confidencial. “El mandamás de Hawkers hace negocios con el chavismo y Gazprom a través de Suiza”. 6 de mayo de 2018. https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-05-06/venezuela-leaks-hawkers-betancourt-chavismo-suiza-venezuela-leaks_1559702/


[16] Panampost. “Hawkers: la empresa con dinero robado a Venezuela que crece en España y el mundo”. 1 de agosto de 2018. https://panampost.com/orlando-avendano/2018/08/01/hawkers-la-empresa-de-dinero-robado-a-venezuela-que-crece-en-espana-y-el-mundo/


[17] Infocit. Miss Hamptons Brand SL. http://www.infocif.es/ficha-empresa/miss-hamptons-brand-sl


[18] Miss Hamptons. https://misshamptons.com/


[19] Empresia. Hawkers Group Retail SL. https://www.empresia.es/empresa/hawkers-group-retail/


[20] Emprestite. Wolf And Sun Sl. - Elche/Elx. https://empresite.eleconomista.es/WOLF-AND-SUN.html


martes, 13 de julio de 2021

¿Qué es lo que busca Samark López Bello en su demanda contra el gobierno de lo EE. UU. ?

   Quien es señalado de ser supuesto testaferro de Tareck El Aissami, cataloga de ilegal su designación por parte de la OFAC bajo la Ley de Kingpin.

Por Maibort Petit

   El 29 de junio de 2021, Erich C. Ferrari, de la firma Ferrari & Associates P.C., presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, actuando en representación de Samark José López Bello, una demanda en contra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el director de dicho despacho, por haber ejercido ilegalmente su autoridad bajo la Ley de Designación de Kingpin de narcóticos extranjeros, al sancionar al demandante y bloquear y aprovechar sus propiedades en EE. UU., y devastando sus operaciones comerciales y su reputación internacional.

   Sostiene López Bello que los demandados difundieron información errónea y el rumor no demostrado para hacer denuncias dañinas de su persona sustentadas en falsos criterios de designación. Agrega que esto se hizo sin dar aviso a López Bello sobre cómo los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de importantes "hallazgos" que no se le han dado a conocer.

  Considera López Bello que las acusaciones de la OFAC y sus evidencias son sólo falsas, sino también fabricadas por completo, pues es un “hombre de negocios internacional” cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales de los acusados. Niega haber proporcionado asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de Tareck El Aissami ni a ninguna otra persona, como asegura la OFAC. Dice no actuar por o en nombre de este último al tiempo de que advierte que, hasta esta fecha, no es consciente de que El Aissami tenga una participación en el tráfico de drogas.

Abuso de autoridad

   En la demanda se enfatiza que los acusados actúan más allá de los que les permite su autoridad legal, contradiciendo el debido proceso constitucional. En tal sentido, refiere que al haber sido catalogado Tareck El Aissami como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) de manera simultánea como él como quien lo asiste material y financieramente, lo cual a su manera de ver es ilógico al no haber sido advertido antes de ello. Por tanto, el registro de apoyo de OFAC no es razonable ni puede estar sustentado en pruebas que demuestren que López Bello estaba proporcionando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos El Aissami.
Foto cortesía de Noticiero Univisión 
  Sobre esto, la demanda estima que esta designación simultánea, hace suponer que la designación del demandante se hace sobre la base de denuncias de conducta que preceden la designación de El Aissami como un SDNT. Por tanto, la OFAC se habría basado en una creencia errónea de que Samark López proporcionó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional para o en nombre de una persona que no era un SDNT durante el tiempo en que se produjeron aquellas actividades supuestamente. Denuncia que, entonces, se violó de manera arbitraria y caprichosa la Ley de Procedimiento Administrativo.

Consecuencias inconmensurables

  Al hablar de las consecuencias de las acciones ilegales de los acusados, el demandante asegura que estas son inconmensurables y sobrepasan lo que sufren usualmente quienes son objeto de estas designaciones.

  Esta afirmación obedece, en primer lugar, a que Samark López y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueadas de conformidad con la Ley de Kingpin.

  En segundo lugar, por el bloqueo de sus las propiedades y otros activos reales basadas en los Estados Unidos.

  En tercer lugar, por sanciones a que están sujetas las personas extranjeras por involucrarse en transacciones con López Bello o sus compañías, lo que ha socavado su capacidad para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos.

   En cuarto lugar, por la injusta investigación de índole penal de que ha sido objeto, al ser acusado por supuestamente inducir a personas estadounidenses comercien con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.
                       Suscribete a nuestro canal de Youtube Sin Filtros

   Por último, siendo lo que el demandante considera como más dañino, el hecho de que terceros se valgan de las falsas acusaciones de la OFAC para ejecutar los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos, con los que López Bello no tiene relación o conexión. Sostiene que la acción de bloqueo de la OFAC se ha convertido en un mecanismo para la incautación y decomiso de sus activos en EE. UU.

  Refiere Samark López que, para la fecha de la demanda, el decomiso ilegal de sus propiedades se ubicaba en uno USD 160 millones.

Samark López Bello según Samark López Bello

  En la demanda, Samark José López Bello se presenta a sí mismo —además de ciudadano venezolano e italiano— como un “prominente empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, la negociación de productos básicos y equipos, y logística para la industria del petróleo y el gas”.
  Refiere que es CEO y presidente de Profit Corporation C.A., a la que señala como “empresa líder en el mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, adquisiciones y construcción”

  Del mismo modo, informa que dirige Yakima Trading Corporation, la cual ofrece servicio para la industria de petróleo y gas venezolanos, “incluida la negociación de materiales ferrosos, así como en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar equipos para la industria petrolera”.

  Otra empresa de la que da cuenta López Bello como parte de sus haberes, es Postar, compañía de logística que se encargaba de conseguir materiales de construcción para enviarlos Venezuela en kits de viviendas de fácil acceso para personas de bajos recursos.

  También se presenta como una persona dedicada a actividades humanitarias en Venezuela a través de “The Profit Foundation” (Fundación Empresas Profit), con la cual brinda apoyo financiero regular a niños en situación de riesgo. Esta fundación habría financiado la construcción de una escuela y centros de atención de salud rural.

Las propiedades de López Bello en EE. UU.

   La demanda hace referencia a las propiedades de Samark López Bello en Estados Unidos afectadas con la medida bloqueo a consecuencia de su designación como SDN por parte de la OFAC. Igualmente cita a las entidades extranjeras propiedad del demandante.

   Entre las propiedades de López Bello, según la OFAC, se encuentran Alfa One, C.A.; Grupo Sahect, C.A.; MFAA Holdings Limited, Profit Corporation C.A., Servicios Tecnológicos Industriales C.A., SMT Tecnología C.A. y Yakima Trading Corporation.

  Hace mención la demanda a que, atendiendo a una solicitud de registro administrativo formulada por López Bello, sobre la designación y bloqueo de sus propiedades de conformidad con la Ley de Kingpin, la OFAC, mediando una carta remitida el 12 de abril de 2017, en la que hacía alusión al bloqueo de 325 Leucadendra Drive en Coral Gables, Florida, identificado con el ID PITK-9310. El registro administrativo no clasificado incluyó el memorándum que evidencia que la propiedad pertenecía al demandante y, además, se proponía el bloqueo de cinco compañías en EE.UU. también controladas por López Bello.

   Asimismo, se refiere que el 22 de mayo de 2017, la OFAC remitió el registro administrativo relacionado con la designación de López Bello y sus empresas, entre las cuales se hacía referencia a ciertas empresas, su avión y otros bienes raíces y activos en los Estados Unidos, identificado como caso ID FNK-6137.

 Indica la demanda respecto a este punto, que este registro administrativo incluyó el memorando de evidencias que llevó al organismo gubernamental a establecer que Samark López Bello cumple con los criterios de designación bajo la Ley de Kingpin. Según OFAC, "la información presentada [en el Memorándum] proporciona motivos para creer que [López Bello] es una persona extranjera que está asistiendo materialmente, o brinda apoyo financiero o tecnológico para o, o proporciona bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami, y está actuando por o en nombre de El Aissami".

   Se hace un recuento de las propiedades de López Bello según la OFAC que, primero, refiere cuáles son las entidades extranjeras que cumplen lo estipulado bajo 21 U.S.C. § 1904 (b) (3) para tal designación y que, a saber, son Profit Corporation C.A., registrada en Venezuela; Yakima Trading Corporation, registrada en Panamá; Grupo Sahect C.A.(Venezuela); ALFA ONE C.A. (Venezuela); SMT Tecnología C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas); Yakima Oil Trading LLP (Reino Unido).

  Respecto a las compañías basadas en los Estados Unidos y otras propiedades que la OFAC sostiene están en control del demandante, está 1425 Brickell Ave 63-F LLC, registrada en la Florida; 1425 Brickell Ave 63-F LLC (Florida); 1425 Brickell Avenue Unit 46b (Florida); 1425 Brickell Avenue 64E LLC (Florida); Agusta Grand I LLC (Delaware); 200G PSA Holdings LLC (Delaware); todas ajustadas a la designación de conformidad con [21 USC § 1904 (b)].

   La OFAC también determinó que tiene "razones para creer que un Gulfstream 200 con el número de registro de aeronaves FAA N200vr es una aeronave propiedad o controlada por 200 g de Holdings LLC" y que esta aeronave se identificará en la lista de SDN de OFAC de conformidad con 21 U.S.C. § 1904 (b).

Sin sustento legal

   Se advierte que la OFAC no ofrece suficientes bases de ley que sustenten sus afirmaciones, las cuales terminan básicamente basadas, no en evidencias, sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está “vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares”.

  Subrayan que la OFAC no evalúa la credibilidad del artículo de Reportero-24 ni la base para que la agencia diera por ciertas las afirmaciones de este. Tampoco se evidencia que la OFAC haya corroborado la veracidad de esta información ni de que López Bello es el testaferro de Tareck El Aissami.

   Sostiene la demanda que, en ninguna parte del memorando, la OFAC establece su evidencia acerca de cómo Samark López Bello asiste materialmente o brinda apoyo financiero o tecnológico o proporciona bienes o servicios en apoyo del tráfico internacional de narcóticos de Tareck El Aissami.

Resúmenes no clasificados

   La demanda hace referencia a una serie de resúmenes no clasificados en los cuales se hacen afirmaciones respecto a Samark López Bello, indicando que el primero de estos documentos declara al demandante como testaferro de Tareck El Aissami, lo cual “Además de ser falso, este resumen no identifica ninguna conducta sancionable ni cómo esta caracterización de López Bello se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami”.

   El segundo resumen no clasificado de OFAC establece, en parte, que López Bello "está a cargo de las ganancias de los medicamentos para el lavado de [PDVSA] y organizar las rutas de cocaína aérea y marítimo para transportar cocaína a Oriente Medio y Asia". Sobre esto, la demanda sostiene que es falso y no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami.

  Se remite la demanda al segundo resumen no clasificado donde se alega que López Bello "fue utilizado por El Aissami” para comprar y manipular noticias en Venezuela, especialmente aquellas críticas del régimen de Chávez, lo cual se habría hecho con fondos gubernamentales para influir en la opinión pública venezolana. Se indica que el resumen no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami y tampoco informa cómo López Bello actúa por o en nombre de un SDNT, puesto que para ese momento no había sido designado como tal.

  Entretanto, el tercer resumen no clasificado de OFAC establece que López Bello es el" representante de Negocios", "gerente financiero" y "lavador de dinero” de Tareck El Aissami, lo cual cataloga de falso y de no señalar quién identificó a López Bello como tal, ni cómo se evaluaron estas afirmaciones n la veracidad de las mismas.

  Respecto al cuarto resumen no clasificado de OFAC alega la demanda que la afirmación de que López Bello "maneja asuntos financieros para El Aissami" y "gestiona los bonos venezolanos, como parte privada, y lleva a cabo acuerdos no específicos que generan beneficios significativos", son absolutamente falsas y no explican cómo se apoyaron las actividades internacionales de narcóticos internacionales de El Aissami.

   Se alerta en la demanda que la fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York en su acusación del 8 de marzo de 2019 contra Samark López Bello, lo señala de cargos penales por violaciones de la Ley de Kingpin, pero, en ningún momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos penales contra López Bello por tráfico de narcóticos o lavado de dinero.

   Además de hacer un recuento de las propiedades y cuentas bancarias bloqueadas, Samark López Bello hace referencia a los daños económicos y morales que las acciones de la OFAC en su contra, le han ocasionado.

El reclamo de López Bello

  La demanda de Samark López Bello contra la OFAC del departamento de Estado y el director de esta entidad, Bradley Smith, comprende siete cargos que sostienen que su designación bajo la Ley de Kingpin constituye una acción arbitraria y caprichosa en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo; que la designación excede la jurisdicción estatutaria, limitaciones o autoridades en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo; que los acusados no lo notificaron de manera justa cuando lo designaron bajo la Ley de Kingpin en violación de la cláusula de debido proceso de la quinta enmienda; que la designación bajo la Ley de Kingpin y la imposición de sanciones sobre él y sus propiedades viola su derecho de la Cuarta Enmienda a estar libres de convulsiones irrazonables; que la designación según la ley de Kingpin es contraria al derecho constitucional; que la designación y el incumplimiento del aviso violan su quinto derecho de enmienda al debido proceso; y porque el incumplimiento de la notificación de las razones de la designación de López Bello bajo la Ley de Kingpin, viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

  López Bello pide al Tribunal para el Distrito de Columbia que se ordene a los demandados a rescindir su designación y la de sus empresas bajo la Ley de Kingpin; declarar ilegal su designación como SDNT; declarar ilegal la designación de sus empresas; que los demandados divulguen la evidencia que los llevó a su designación bajo la Ley de Kingpin; un premio de los costos y honorarios de abogados bajo la Ley de Justicia Igual Acceso a la Justicia; y cualquier otra disposición aplicable de la ley y beneficio que se considere apropiado.