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lunes, 16 de mayo de 2022

Justicia de EE. UU. : El caso del exalcalde de Guanta, Jhonnatan Marín está relacionado con el empresario corrupto, Carlos Enrique Urbano Fermín (CUFERCA)

   El socio del ex-gobernante municipal fue arrestado en Miami, y en el marco de su proceso, se declaró culpable y 'delató' a los que operaron un esquema de corrupción que esquilmó millones de dólares en contratos fraudulentos de PDVSA, cuyos fondos se lavaron en el sistema financiero de EE. UU.: Marín fue una pieza clave en el proceso de blanqueo de capitales.  

Por Maibort Petit

 El caso del exalcalde del Municipio Guanta del estado Anzoátegui, Jhonnatan Marín Sanguino —acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción y lavado de dinero — está relacionado con uno de sus socios, Carlos Enrique Urbano Fermín dueño de la Constructora Cuferca C.A., que está siendo procesado por blanqueo de capitales y se declaró culpable ante un juez de Miami, de acuerdo a un memorando de los fiscales federales ingresado en el registro de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Según documentos del tribunal, el caso penal de Marín Sanguino tiene directa relación con el expediente de Carlos Enrique Urbano Fermín. "La Información en la Causa Penal que imputa a Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino con lavado de dinero y cohecho por corrupción venezolana en relación con la adjudicación de contratos de las subsidiarias de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA", dice la comunicación. 

   El caso penal de Marín Sanguino alega que el ex-funcionario recibió sobornos y/o ganancias de sobornos de dos co-conspiradores (Co-Conspirador 1 y Co-Conspirador 2). Co-Conspirador 2 es Carlos Enrique Urbano Fermín quien fue igualmente imputado por lavado de dinero y soborno relacionado con la corrupción venezolana relacionada, en parte, con la adjudicación de contratos por subsidiarias de PDVSA.

  La fiscalía anunció que el caso criminal de Marín Sanguino será transferido al juez Robert Scola. 

  La magistrada Lisette M. Reid que atendió la primera comparecencia de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino ante el tribunal estadounidense ordenó que la lectura de cargos contra el acusado se realizará el 23 de mayo de 2022 en la división de Miami ante el magistrado de turno.

El expediente

  En abril de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una acusación federal aprobada por el Gran Jurado que describe las actividades criminales de este sujeto que también fue acusado por los órganos contralores del régimen venezolano por delitos de corrupción. El exfuncionario utilizó su posición política, su poder y contactos para enriquecerse a costa de dineros públicos perteneciente a los venezolanos.

   En 2019, el Contralor General del régimen de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso acusó a Marín de cometer "ilícitas irregularidades que dañaron el patrimonio público" y anunció un procedimiento administrativo en su contra[1] pese que, hasta entonces, se había movido como una importante ficha del oficialismo en el oriente de Venezuela.  La acusación de la Contraloría venezolana no significa que se busque la transparencia en el manejo de los fondos públicos sino que las mafias que operan en el país no distribuyeron los dividendos logrados en los esquemas de corrupción o excluyeron a otros jerarcas de la revolución.

Su huída de Venezuela

  Marín Sanguino renunció a la Alcaldía de Guanta ante los señalamientos de corrupción y posibles acciones denunciadas en su contra. Logró huir de Venezuela a Miami donde vivió con grandes comodidades en un lujoso edificio residencial de Brickell. Posteriormente, el acusado pasó un tiempo en México. En abril de 2022 se entregó a las autoridades de la Florida para enfrentar las acusaciones en su contra. El ex-alcalde contrató para su defensa, a uno de los más experimentados abogados del gobierno estadounidense que tras su renuncia al Departamento de Justicia, pasó a ejercer en un despacho privado.

La acusación del régimen

   En Venezuela, desde el 4 de febrero de 2019 pesaba sobre Marín Sanguino una orden de aprehensión emitida por un tribunal penal del área metropolitana de Caracas. En dicha instancia judicial se le señalaba de la comisión de los delitos de peculado doloso impropio y asociación para delinquir. Igualmente, desde este juzgado se giraron medidas de incautación de bienes y propiedades, así como de bloqueo de cuentas[2]. 

   El contralor también lo inhabilitó desde el 5 de junio de 2020 para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años[6].

   Marín Sanguino, a través de empresas de maletín con cuentas en los Estados Unidos intentó disfrazar la naturaleza de los fondos irregulares obtenidos a partir de la suscripción de contratos con filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, a saber, Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A., a cambio de sobornos.

  La acusación que cursa en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida omite el nombre de los socios de Marín Sanguino —solamente los identifica como co-conspiradores 1 y 2, así como ex funcionarios venezolanos 1 y 2— y uno de ellos está bajo custodia de las autoridades.  Este lunes se conoció que el co-conspirador 2 es Carlos Enrique Urbano Fermín.

  Marín Sanguino fue señalado en Venezuela de operar “negocios” corruptos con los hermanos Urbano Fermín, propietarios del Grupo Urbano Fermín integrado por un conjunto de empresas de las cuales destaca la Constructora Urbano Fermín, C.A. (Cuferca) a cuyo cargo estuvieron infinidad de obras en el oriente venezolano, especialmente en el estado Anzoátegui durante el mandato del ahora acusado.

  A esta empresa, Jhonnathan Marín Sanguino les entregó una serie de obras, entre ellas, la “construcción de obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio Guanta (…); remoción y pintura, impermeabilización de techos y tanques en el Conjunto residencial Los Cocalitos (…) remoción y Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Inicial y Gimnasio Adriana Carmona (…); demolición y construcción de Puentes de la Av. Arizaleta Guanta (…)”

  Cuferca también recibió contratos para desarrollar proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco que han estado caracterizados por irregularidades[6].

  Jhonnathan Marín con sus denominadas "empresas de producción social" de la Alcaldía de Guanta constituyó una red a través de la cual derivó los “contratos de construcción de obras hacia sus compañías de maletín o las de sus allegados, una de ellas la Constructora Urbano Fermín C.A., Cuferca, de Carlos Esteban Urbano Fermín, privado de libertad a por el Tribunal 6° de Control del circuito judicial penal del estado Anzoátegui a solicitud del Ministerio Público, por su vinculación con el presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, ocurrido entre los años 2010 y 2016. Urbano Fermín figuraba como gerente general de Cuferca y era accionista de diversas compañías contratistas de PDVSA”[7].

  Los negocios irregulares entre Cuferca y Jhonnathan Marín resultaron tan evidentes que hasta el portal oficialista Aporrea denunció que durante unos allanamientos ocurridos en febrero y marzo de 2017, relacionados con una investigación por la adquisición de monoboyas, se encontraron “contratos adjudicados por Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, empresas mixtas de la Faja, a las compañías de la esposa del alcalde”.

  Igualmente, los nexos de Marín Sanguino con el exjefe de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, son ampliamente denunciados en Venezuela. De acuerdo a los registros de prensa, Marín protagonizó un conjunto de supuestas irregularidades que, igualmente, quedaron evidenciadas con unos documentos obtenidos en un allanamiento realizado en la vivienda de un primo de Pedro León en la urbanización Guaraguao, perteneciente a PDVSA.

 Los documentos, en manos de los funcionarios del régimen venezolano, determinan que un grupo de empresas que habían sido del alcalde Marín, [y que hoy se encuentran a nombre de su esposa, Esneidy Mayerling Villanueva Medina], entre las que se encuentra la Cooperativa Simón Bolívar Hacia el Futuro, habrían sido utilizadas para lograr contratos públicos de manera irregular.

   La prensa local reveló que al ser allanada la sede de esta supuesta cooperativa se localizaron evidencias que daban cuenta de la estrecha relación personal del alcalde y su esposa con el exdirector de la FPO, así como la existencia de negocios entre ellos. 

  Existen otros documentos bajo escrutinio que relacionan las empresas de la pareja Marín-Villanueva con empresas del grupo Cuferca, que incluyen cuentas de gastos de la constructora y registros de importaciones a su nombre con la actuación de la compañía Group Services & Transporte VIP, presidida por Esneidy Villanueva”, según reveló Aporrea[8].

  Carlos Enrique Urbano Fermín es procesado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde es acusado de Conspiración para cometer lavado de dinero. El acusado de declaró culpable ante un juez en Miami y acordó colaborar con la justicia.

Referencias

[1] Runrun.es. “Elvis Amoroso ordenó investigar a Ramón Muchacho y Jhonnathan Marín”. 25 de septiembre de 2019. https://runrun.es/noticias/389300/elvis-amoroso-ordeno-investigar-a-ramon-muchacho-y-jhonnathan-marin/

[2] El Nacional. “Jhonnathan Marín renunció a la Alcaldía de Guanta”. 21 de noviembre de 2017. https://www.elnacional.com/venezuela/politica/jhonnathan-marin-renuncio-alcaldia-guanta_212367/

[3] Twitter. Jhonnathan Marín. @jhonnathanmarin. https://twitter.com/jhonnathanmarin/status/1176991821676929026?cxt=HHwWhIC_qe30wdUgAAAA

[4] Al Navío. “Jhonnathan Marín, el político que buscan en Venezuela por corrupción y hace negocios en México (+video)”. 1 de noviembre de 2021. https://alnavio.es/jhonnathan-marin-el-politico-que-buscan-en-venezuela-por-corrupcion-y-hace-negocios-en-mexico-video/

[5] Tal Cual. “Régimen inhabilitó a los exalcaldes Ramón Muchacho y Jhonnathan Marín por 15 años”. 5 de junio de 2020. https://talcualdigital.com/regimen-inhabilito-a-los-exalcaldes-ramon-muchacho-y-jhonnathan-marin-por-15-anos/

[6] Venezuela Política. “Guerra entre fiscales saca a la luz escándalos en la asignación fraudulenta de contratos de la Faja Petrolífera del Orinoco”. 28 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/09/guerra-entre-fiscales-saca-la-luz.html

[7] Venezuela Política. “PDVSA oriente: Centro donde se gestan decenas de negocios fraudulentos”. 21 de julio de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/10/pdvsa-oriente-centro-donde-se-gestan.html

[8] Aporrea. “Conozca el esquema y los actores del Desfalco de la Faja del Orinoco”. 15 de septiembre de 2017. https://www.aporrea.org/contraloria/n314558.html


 

Claudia Díaz Guillén propone una fianza de $1 millón ante un tribunal de Florida, aspira lograr de inmediato su libertad

   En el tribunal se discutirá si la mujer acusada por delitos de corrupción y cobro de sobornos permanecerá en arresto domiciliario, con un monitor y junto a su familia. El juez tiene la última palabra.

Por Maibort Petit 

  La defensa de la ex-enfermera de Hugo Chávez y ex-tesorera nacional, Claudia Díaz Guillén planteó ante la Corte Federal de West Palm Beach, en la Florida que la acusada merece que se ordene su libertad en la espera del juicio en las condiciones razones porque la mujer no representa un riesgo de fuga.

  En la moción para oponerse a la oposición del gobierno de que el tribunal acepte una fianza a favor de Guillén Díaz, la defensa pone como ejemplo a los ex-contratistas de CITGO y PDVSA, Roberto Rincón y Abraham Shiera, acusados de liderar un esquema que pagó, al menos, mil millones de dólares en sobornos, y que han disfrutado de libertad a lo largo de todo el proceso que se inició con su arresto en diciembre de 2015.

   Por orden del juez William Matthewman la audiencia de fianza de Díaz Guillén será para el 31 de mayo. Estaba fijada para el 17 de mayo de 2022.

  En la comparecencia inicial de Díaz Guillén, el gobierno anunció que estaba solicitando la prisión preventiva únicamente porque el gobierno cree que la acusada está en riesgo de fuga de conformidad con 18 U.S.C. Sección 3142(f)(2)(a). 

  Los fiscales enfatizaron que la falta de contactos de Díaz Guillén en el sur de la Florida, su decisión de “luchar contra la extradición” y el dinero supuestamente involucrado en la supuesta conspiración eran razones suficientes para que el tribunal le niegue la fianza. No obstante, la defensa considera que la ex-enfermera de Hugo Chávez no presenta ningún riesgo de fuga.

  Según la defensa, Díaz Guillén es ciudadana española, y vive a la vista del gobierno de los Estados Unidos en Madrid desde 2016. "La Sra. Díaz Guillén es madre de dos niños de 3 y 13 años, esposa, mujer de fe y persona responsable". 

  En la moción se señala que Díaz Guillén tiene vínculos con la comunidad del Sur de la Florida "con al menos un familiar y varios amigos" en el estado. 

   Argumentan que la acusada "no tiene antecedentes penales en ninguna parte del mundo y los cargos que se le imputan son todos de naturaleza no violenta y no hay alegaciones de daño económico a ningún individuo específico". 

  En segundo lugar, "ni la Sra. Díaz ni su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa (ambos están en la lista de la OFAC) poseen suficientes activos dentro o fuera de los Estados Unidos para huir de los Estados Unidos y no pueden (y no quieren) regresar a Venezuela", sostiene la defensa. 

  Aclara que "fugarse equivaldría a poner en peligro sus propias vidas dado que, como se describe en este documento, fueron expulsados ​​​​forzosamente de Venezuela por la policía secreta en 2013". 

  En tercer lugar, la conducta de Díaz Guillén al comparecer ante los tribunales españoles en su anterior proceso de extradición, con estrictas restricciones de fianza durante varios años demuestra más que ampliamente que no representa ningún riesgo de fuga. 

  En cuarto lugar, hay numerosos tribunales de distrito, incluido este Distrito, que han permitido la liberación previa al juicio de acusados ​​de manera similar con mayor acceso a fondos y que presentan riesgos de fuga mucho más graves que los de Díaz-Guillén en el presente caso. 

 Finalmente, la defensa dice que incluso si esta "Honorable Corte concluyera, en general, que Díaz Guillén presenta un riesgo de fuga, dicha determinación es insuficiente para detenerla de pleno derecho cuando, como aquí, existe una combinación razonable de condiciones que puede asegurar su aparición en procedimientos futuros en este caso, incluyendo:

• $1,000,000.00 Fianza Personal firmada por Díaz Guillén y co-firmado por su suegra y amiga de la familia;

• Ejecución de la renuncia a la extradición;

• Confinamiento domiciliario con seguimiento electrónico.

   La abogada de Díaz Guillén dijo que su cliente está dispuesta a aceptar cualquier otra condición que el Tribunal crea necesaria. Como tal, la liberación previa al juicio está garantizada en este caso.

    En la moción se señala que la suegra de Díaz Guillén "está en España ayudando a cuidar a sus hijos pequeños, pero accedió a actuar como codeudora y traer a los niños al sur de la Florida si Díaz Guillén es liberada". 

   La suegra de Díaz Guillén ha firmado documentos de fianza de forma remota.

   El nombre de la suegra ha sido retenido de esta presentación pública debido al escrutinio de este caso por parte de la prensa. 

  El abogado estará preparado para revelar el nombre en la audiencia de detención.

    Según los abogados. la suegra de Díaz Guillén vive en Key Biscayne y está preparada para traer a los hijos de la acusada de España, para que puedan reunirse con su madre. "Díaz Guillén también tiene una amiga en el área del sur de la Florida que está preparada para actuar como codeudora del bono y darle la bienvenida a su hogar".

  Agrega que "No hay país al que pueda huir la señora Díaz Guillén"

  Sostiene que "el gobierno no ha articulado ni puede articular ningún país al cual la señora Díaz-Guillén podría huir. Esto se debe a que no existe ningún país al que hipotéticamente pueda huir la acusada. Para entender esto, es importante resaltar cómo la señora Díaz llegó por primera vez a España, país desde el cual fue extraditada".

  "Díaz Guillén vivía en Madrid, España, con sus dos hijos (de 3 y 13 años) y su esposo cuando fue extraditada a los Estados Unidos. La señora Díaz-Guillén se convirtió en ciudadana española no por elección y sólo después de que ella y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueran expulsados ​​de Venezuela". 

  En la moción se destaca que Díaz Guillén trabajó bajo la presidencia de Hugo Chávez como directora de la Oficina del Tesoro Nacional y su esposo trabajaban en el palacio presidencial en el Departamento de Seguridad. Sin embargo, en 2013, una vez que el presidente Nicolás Maduro asumió el control de la presidencia de Venezuela, la señora Díaz Guillén y su familia fueron expulsados ​​de Venezuela. 

 En efecto, la policía secreta venezolana le dijo al Sr. Velázquez Figueroa que tenía una semana para salir de Venezuela.

  En consecuencia, las circunstancias anteriores muestran que no existe riesgo de que  Díaz Guillén huya a Venezuela y se arriesgue a una mayor persecución política y ponga en peligro su propia vida. 

  Asimismo, la defensa sostiene que pone a prueba la credulidad creer que Díaz Guillén huiría arbitrariamente a algún país al azar lejos de su familia cuando, como se explica más adelante, la acusada carece de los recursos financieros para hacerlo y permanece en la lista de la OFAC. 

  Advierten que en cambio, "como madre y esposa, de hecho es mucho mas probable que sí la Sra. Díaz-Guillén huyera, huyera a España para estar con su familia, una familia que está dispuesta a venir aquí. Pero España ya ha demostrado su compromiso de extraditar a la Sra. Díaz-Guillén de conformidad con sus obligaciones en virtud del Tratado y seguramente lo haría de nuevo si buscara puerto seguro allí. Por lo tanto, la premisa de que la Sra. Díaz Guillén podría huir a España para regresar con su familia que está dispuesta a trasladarse y apoyarla aquí desafía la lógica y el sentido común".

 Sin dinero para huir

  La defensa de Díaz Guillén sostiene que no tiene dinero para huir, primero, porque en Venezuela, el gobierno luego (sin el debido proceso ni ningún procedimiento judicial) confiscó los bienes de la señora Díaz Guillén (viviendas, cuentas bancarias, vehículos).

  En segundo lugar, desde ese momento, todos los bienes de la Sra. Díaz Guillén fuera de Venezuela fueron confiscados, congelados y/o son inaccesibles. Esto se debe en gran parte a que, a principios de 2018, la Sra. Díaz Guillén y su esposo fueron incluidos en la lista de sanciones de la OFAC como ciudadanos específicamente designados . 

  Además, debido a que Díaz Guillén ocupó un cargo como funcionaria pública en Venezuela entre 2011 y 2013, los departamentos de riesgo y cumplimiento de los bancos de todo el mundo la identifican a ella (y a su esposo) como Persona Políticamente Expuesta (“PEP”), lo que hace que prácticamente imposible para la acusada o su esposo abrir una cuenta bancaria en cualquier parte del mundo.

  Finalmente, dado que el gobierno de los Estados Unidos ha estado investigando este caso durante al menos 8 años, seguramente tienen suficiente información relacionada con la situación financiera de la Sra. Díaz Guillén y saben que ella está en la indigencia financiera y depende de la caridad de sus amigos y familiares.

  La defensa asegura que Díaz Guillén está comprometida con cada una de las condiciones de fianza ordenadas por dos tribunales españoles diferentes durante su proceso de extradición en España respalda la liberación previa al juicio.

  Agregan: "Contrariamente a las afirmaciones del gobierno de que es probable que la Sra. Díaz Guillén huya porque impugnó las solicitudes de extradición venezolanas y estadounidenses, la conducta de Díaz Guillén al impugnar esas dos solicitudes de extradición separadas en España (una de las cuales ganó) demuestra que la libertad previa al juicio está justificada". 

  Además, "la Sra. Díaz Guillén tenía derecho a impugnar la extradición y su impugnación de la solicitud estadounidense se basó en una creencia bien fundada de que el estatuto de limitaciones prohibía a los Estados Unidos presentar una acusación de reemplazo (SSI) en su contra casi 8 años después el último hecho alegado en el SSI (mayo de 2013). También se basó en su meritorio argumento de que la Sra. Díaz Guillén pretende plantear que el gobierno de Estados Unidos carece de jurisdicción sobre la Sra. Díaz Guillén. 

  Finalmente, asegura, "se basó en un precedente español bien establecido que prohíbe la extradición mientras esté pendiente una investigación en el Estado requerido (es decir, España). 

sábado, 26 de marzo de 2022

Corte procede al decomiso de inmuebles de José Luis De Jongh Atencio los cuales ahora son propiedad de EE. UU.

  En febrero la Corte le concedió un permiso para viajar a Miami para que retirara artículos personales que permanecían en los inmuebles decomisados.

Por Maibort Petit

   Lejos está de cumplirse la aspiración de algunos de recuperar bienes obtenidos con recursos esquilmados a Venezuela por parte de corruptos. Recientemente, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston ordenó el decomiso de un conjunto de bienes inmuebles en Texas, propiedad de José Luis De Jongh Atencio, exfuncionario de CITGO Petroleum Corporation, quien se declaró culpable de participar en un esquema de corrupción que estafó millones de dólares al erario público venezolano.

  De Jongh-Atencio, quien fungió como gerente de Proyectos Especiales de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, recibió más de USD 7 millones en sobornos de parte de empresarios, a cambio del otorgamiento de contratos y prebendas.

 El exfuncionario venezolano deberá entregar unos inmuebles, específicamente las unidades de condominio identificadas con los números 301, 302, 303 y 304 en el Edificio 3 en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas.

  La orden del tribunal establece que todos los derechos, títulos e intereses sobre esa propiedad que hasta ahora fueron de José Luis De Jongh-Atencio, pertenecen ahora a los Estados Unidos, con lo que se esfuman los deseos de quienes aspiran a que a Venezuela se le restituyan el dinero y propiedades adquiridas en el exterior por parte de políticos y empresarios corruptos con recursos que se robaron al patrimonio nacional.

Gobierno pide Orden final de decomiso

  Kristine E. Rollinson, asistente de la Fiscal interino de los Estados Unidos, Jennifer B. Lowery, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston, en representación de los Estados Unidos una Moción sin oposición para una orden final de decomiso (Champion Forest).

  Específicamente, la fiscalía pidió el decomiso de los bienes inmuebles comerciales ubicados en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas (Unidades 301, 302, 303 y 304). Advirtió el gobierno que no había terceros con peticiones pendientes reclamando un interés en la propiedad inmueble, por lo que la moción no tenía oposición.

   Se mencionaba en la moción que el 22 de marzo de 2021, el Tribunal había firmado una Orden Preliminar de Confiscación Acordada la cual confiscó la propiedad de Champion Forest, entre otros. Tal decisión de acuerdo con la norma y con el consentimiento del demandado, José Luis De Jongh, expuesto en su Acuerdo de culpabilidad, por lo que la confiscación de los bienes inmuebles es definitiva para el demandado.

  Se indicaba que Estados Unidos envió una notificación directa por escrito de la Orden al titular del título Top Canyon LLC el 7 de septiembre de 2021, estableciéndose como fecha límite para presentar una petición afirmando un reclamo era el 8 de octubre de 202, lo cual no ocurrió. Se advirtió que, en razón del vencimiento de los plazos de presentación, Top Canyon LLC y todos los demás terceros ya no pueden presentar un reclamo y deben declararse en incumplimiento,

Orden final de decomiso

  El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston, Gray H. Miller, luego de considerar la Moción de los Estados Unidos para una orden final de decomiso decidió conceder la moción.

   Refería la decisión que el 22 de marzo de 2021, el Tribunal emitió una Orden Preliminar de Confiscación Acordada confiscando la propiedad de Champion Forest, entre otros. El aviso de la Orden se publicó durante al menos 30 días consecutivos, a partir del 31 de marzo de 2021, habiendo transcurrido al momento de ser dictada la orden, más de 60 días desde la primera fecha de publicación.

  Se indica que el 7 de septiembre de 2021, Estados Unidos envió una notificación directa por escrito de la Orden a Top Canyon LLC, titular de los bienes inmuebles de Champion Forest. La fecha límite indicada para presentar una petición afirmando un reclamo era el 8 de octubre de 2021 y Top Canyon LLC no presentó una petición.

  El Tribunal tomó nota de que no había peticiones pendientes de terceros que hicieran valer un reclamo sobre la propiedad, y que el tiempo para presentar una petición había expirado.

  La Corte ordenó la confiscación a favor de los Estados Unidos de los bienes inmuebles, mejoras y accesorios ubicados en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas.

  El juez Miller determinó que los Estados Unidos tienen el título claro de los bienes inmuebles referidos anteriormente y pueden garantizar un buen título a cualquier comprador posterior, de conformidad con la norma.

  Estableció el magistrado que Top Canyon LLC se mantiene en mora y no tiene ningún derecho legal, título o interés en la propiedad confiscada.

  Miller declaró en rebeldía a todas las demás personas que pudieran reclamar cualquier derecho, título o interés sobre los bienes decomisados a través de esta Orden.

  El juez estableció que los Estados Unidos dispondrán de los bienes confiscados de conformidad con la ley y acreditará el producto neto recuperado del decomiso de los bienes inmuebles contra la sentencia monetaria dictada contra el demandado.

  Gray Miller ordenó al secretario del Tribunal enviar cinco copias certificadas de esta Orden Final de Decomiso a la Oficina del Fiscal Federal.

Permiso de viaje

 Por otra parte, el juez Gray Miller, concedió un permiso de viaje a José Luis De Jongh-Atencio.

  El demandado se trasladaría de Texas a Miami, Florida, entre el 17 y el 21 de febrero de 2022.

  Este permiso fue otorgado en razón de una moción presentada por De Jongh-Atencio quien por su condición de libertad provisional tiene restringido el tránsito al estado de Texas.

 José Luis De Jongh-Atencio requería trasladarse a Miami para desalojar una propiedad sujeta a una orden de decomiso acordada en el caso. Apuntaba el documento presentado ante la corte por Nicole De Borde, abogada del demandado, que su representado necesitaba retirar artículos personales de un inmueble sujeto a orden de decomiso, para que la propiedad pudiese venderse de conformidad con la orden de la corte.




 


 


 


 

miércoles, 9 de febrero de 2022

Conozca quiénes son los hermanos Santilli García, presuntos testaferros de exzar de la Faja Petrolífera y el exalcalde corrupto de Guanta

  Una red de empresa de maletín sirvió a Leonardo y Daniel Santilli García para hacerse de jugosos contratos de PDVSA y sus filiales.

Por Maibort Petit

   En nota reciente hicimos referencia a una decisión del juez Robert N. Scola Jr. del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida quien negó la solicitud formulada por familiares y asociados de quienes se supone actuaron como testaferros del exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), Pedro León Torres y del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, en su búsqueda por anular el caso y rescatar el dinero y otros bienes que fueron incautados por las autoridades federales, por tratarse de activos provenientes de actividades de lavado de dinero[1].

  Entre estos reclamantes destacan Daniel Santilli García y Leonardo Santilli Tomasicchio, así como sus relacionados Sabrina Santilli García y Carmela Tomasicchio. En esta entrega fijaremos nuestra atención en ellos, especialmente en los dos primeros y daremos a conocer la red de empresas que utilizaron para hacerse de los millonarios contratos.

  Leonardo Santilli fue acusado el 20 de marzo de 2020 por la Fiscalía de los Estados Unidos, señalándolo de la comisión de delitos de lavado de dinero y otros cargos relacionados. Un empresario que habría logrado convertirse en contratista de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus empresas filiales a través de mecanismos irregulares entre 2014 y 2017. Estas negociaciones para el suministro de bienes y servicios, estarían caracterizadas por el sobreprecio y habrían sido posibles mediante el pago de sobornos y coimas a funcionarios de la estatal petrolera venezolana.

  El referido empresario estaría ligado a una serie de propiedades en los estados de la Florida y California (Estados Unidos), las cuales suman más de USD 5 millones, así como con cinco empresas no identificadas en Hong Kong. Kong, las cuales podrían estar vinculadas al objetivo de mantener ocultas las ganancias ilícitas provenientes de los referidos contratos irregulares con PDVSA, refiere una nota del portal Sayar[2]i.

   Esta investigación formaría parte de las averiguaciones de las autoridades de los EE. UU. realizan desde 2017, la cual ha “identificado mil millones de dólares en pagos de subsidiarias de PDVSA a cuentas bancarias de varios contratistas venezolanos en el sur de Florida”, siendo Santilli es solo uno más de los contratistas beneficiados de prácticas corruptas.

  Hace mención la reseña del examen que la policía estadounidense hizo a los registros de las cuentas bancarias de las empresas Santilli en el cual se descubrió que estas habían cobrado “sobreprecios sustanciales” por los suministros contratados con las subsidiarias de PDVSA. Se indica que, en por lo menos, tres casos las órdenes de compra “equivalían a entre cuatro y cinco veces el precio de mercado de equipos como mandíbulas de halcón, válvulas flotantes y bidones de petróleo de 55 galones, según los fiscales estadounidenses”.

  Una de cálculo mantenida por Santilli “parecen enumerar los pagos de sobornos por fecha, monto y destinatario”, refiere la nota al tiempo que informa que hasta la fecha de publicación de la misma (mayo de 2020) las autoridades estadounidenses habían incautado USD 44,7 millones relacionados con la investigación.

Las empresas

  A través de un conjunto de empresas registradas en el estado de la Florida los Santilli comprarían propiedad en dicha entidad estadounidense y en California con el potencial objetivo de lavar las ganancias de los contratos inflados obtenidos con PDVSA mediante procedimiento irregulares de soborno.

  Al hacer una revisión de los registros públicos es posible constatar que Leonardo Santilli figura en los documentos de incorporación de cuatro empresas de responsabilidad limitada (LLC) de Florida, la cuales posteriormente fueron utilizadas para comprar bienes inmuebles en los condados de Los Ángeles (California) y Miami-Dade (Florida).

   Se indica que el valor total estimado de las cuatro propiedades supera los USD 5 millones, habiéndose adquirido todas entre diciembre de 2015 y abril de 2017, fechas que coinciden con el período en que habría tenido lugar la supuesta actividad ilícita que describe la denuncia penal.

Las cuatro LLC que involucraron a Santilli fueron:

  2377 Glendon LLC, una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 8 de enero de 2016, bajo el número L16000006093, número FEI/EIN 81-1216996 y con sede en el 12991 NW 1st Street 106, Pembroke Pines, FL 33028 que también figura como dirección postal. El agente registrado es Guillermo Montero domiciliado en el 1270 99th Street, Bay Harbor Islands, FL 33154. Montero también figura como gerente[3].

  En el acta constitutiva de la empresa figuraban, además, Daniel Santilli y Leonardo Santilli como gerentes.

   El último reporte anual de la compañía registrado el 6 de abril de 2021 refiere que el domicilio de la compañía es ahora el 1270 99th Street, Bay Harbor Islands, FL 33154. Se indica que Guillermo Montero ocupa la presidencia de la firma.

  10421 Northvale LLC es otra empresa activa registrada en el estado de la Florida el 29 de abril de 2016, bajo el número L16000085173, número FEI/EIN 81-2624918, cuyo domicilio es el 12991 NW 1st Street 106, Pembroke Pines, FL 33028 que también figuraba como dirección postal. Esta dirección cambió el 1 de diciembre de 2021 al 1270 99th Street, Bay Harbor Islands, FL 33154. El agente registrado es Guillermo Montero, quien también figura como gerente, con domicilio en la misma dirección de la compañía. Posteriormente pasó a ocupar la presidencia[4].

  En el acta constitutiva de la firma Daniel Santilli y Leonardo Santilli figuraban como gerentes.

  Entretanto, Manning 90064 LLC, es una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 11 de agosto de 2016, bajo el número L16000150122, número FEI/EIN 81-3813399, cuyo estatus actual es activa. Su domicilio era el 12991 NW 1st Street 106, Pembroke Pines, FL 33028 que también figuraba como dirección postal. Esta dirección cambió el 30 de abril de 2019 al 1270 99th Street, Bay Harbor Islands, FL 33154. Guillermo Montero era el agente registrado y gerente de la empresa[5].

  Como en las anteriores, en el acta constitutiva de la empresa Daniel Santilli y Leonardo Santilli figuran como gerentes.

  En el último reporte anual fechado el 6 de abril de 2021, Guillermo Montero figura como presidente.

  Brickell Miami 5210 LLC, es también una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 10 de octubre de 2016, bajo el número L16000187307, número FEI/EIN 81-5137181. Su domicilio es el 2100 Ponce De Leon Blvd., Suite 1050, Coral Gables, FL 33134, que también es la dirección fiscal y domicilio del agente registrado y directivos[6]. La compañía fue reactivada el 1 de abril de 2021, cuando también se incorporó a Carmela Tomasicchio, quien figura como gerente.

   2377 Glendon LLC fue la primera en comprar propiedades y figura en una operación ocurrida el 15 de diciembre de 2015, en la que se la hace beneficiaria de la venta de una propiedad en Los Ángeles con fecha del, tres semanas antes de que la empresa se incorporara formalmente. El valor de la propiedad fue de USD 1.249.000.

Imagen cortesía de Sayari

  La investigación de Sayari refiere que, después, en abril l 2016, 10421 Northvale LLC compró una propiedad en el condado de Los Ángeles por USD1.505.000, mientras que el 30 de enero de 2017, Brickell Miami 5210 LLC adquirió un condominio de lujo en 1300 S Miami Ave por más de USD1,4 millones.

  El 3 de abril de 2017, Manning 90064 LLC compró por más de USD 1 millón en Bay Harbor Islands.

  SGO Group LLC es una empresa registrada en la Florida el 15 de agosto de 2014, bajo el número L14000129520, número FEI/EIN 45-5195094. Su estatus actual es activo al haber sido reinstalada el 26 de abril de 2021. Su sede es el 9100 S Dadeland Blvd. 912, Miami, FL 33156 que también es dirección postal y domicilio del agente registrador y los directivos. El directorio está constituido por SGO Group LTD y Daniel Santilli García[7].



   SGO Group Corp., es una empresa inactiva constituida en la Florida el 2 de mayo de 2012, bajo el número P12000041145, número FEI/EIN 45-5195094. Su sede estaba en el 1500 Weston Rd, Suite 200, Weston, FL 33326 que igualmente era su dirección fiscal y domicilio del agente registrado, a saber, Bernardo L. González. El directorio lo conformaban Daniel Santilli como presidente, Leonardo Santilli como vicepresidente y Giancarlo Santilli como director, los tres domiciliados en el 14227 SW 97 Terrace, Miami, FL 33186[8].

  SGO Group Ltd., de acuerdo a información que suministra Bloomberg, es una empresa constituida el 13 de diciembre de 2010 en Londres y que “opera como una firma de capital de riesgo. La Compañía invierte los fondos para desarrollar y lanzar sus servicios de retroalimentación digital. SGO atiende a clientes en todo el mundo”. Tiene su sede en 105 Piccadilly Londres, W1J 7NJ Reino Unido. Su teléfono es 44-20-7629-9279[9].

  Una nota del portal Noti Venezuela refiere que esta empresa está dirigida por Antonio Mujica, fundador y CEO de Smartmatic, la firma que desde el 2004 brindó la plataforma tecnológica al Consejo Nacional Electoral (CNE) y que acusó de fraude al régimen de Nicolás Maduro en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta firma tiene sede en Barbados, Brasil, Haití, India, México, Holanda, Panamá, Filipinas, Taiwán, Estados Unidos y Venezuela. La información indica que Mujica es un “ingeniero electrónico egresado de la Universidad Simón Bolívar (USB), fundó la Sgo Group LTD junto a su socio de Smartmatic, Roger Piñate y ambos están relacionados a Daniel Santilli, quien es su socio a través de Sgo Group LLC”[10].

Una red en varios países

  La red de los Santilli no se habría quedado en estas cuatro empresas, sino que se habría ampliado conformando toda una red que comprende el sur de Florida, Panamá, Venezuela y Hong Kong.

  Sayari refiere que Santilli se mantiene o mantuvo conectado (para la fecha de la publicación en mayo de 2020), con otras seis empresas en el sur de Florida, seis en Venezuela y dos en Panamá.

  Igualmente informó que Santilli figuraba como accionista del 50 por ciento de Corporación Guayana Oro C.A., una empresa venezolana dedicada a la minería, la cual funcionaba en la Faja Minera del Orinoco. De acuerdo a la publicación, también aparece como director y secretario de la Corporación Empresarial Alimentos del Sur, S.A. (CEASSA) una compañía panameña de distribución de alimentos[11] que mantiene o mantuvo contratos con el gobierno de Venezuela. Daniel Santilli también figura como director

Leonardo Santilli en Hong Kong

  La investigación agrega que Leonardo Santilli y su familia tenían también propiedades en Hong Kong, donde poseen y controlan cinco empresas.

  El 3 de noviembre de 2017, Santilli y otros miembros de su familia constituyó la empresa Constructora Cosaco C.A. Limited en Hong Kong, bajo el número 2602384[12].

  Igualmente, también en Hong Kong, el 17 de febrero de 2018, Santilli se constituyó la empresa Ribet International Limited[13].

Imagen cortesía de Sayari

Imagen cortesía de Sayari

  Entretanto, el 19 de octubre de 2018 registraron Pld inversiones C.A., PLD, Limited[14].

  Recuerda la nota que la fiscalía de Estados Unidos estima que, en dos ocasiones, a saber, en febrero y agosto de 2017, Santilli transfirió USD 10 millones a una empresa no identificada con sede en las Islas Vírgenes Británicas, donde existe una empresa homónima, Ribet International LTD. La investigación no ha permitido establecer si entre Santilli y la empresa en las Islas Vírgenes Británicas existe algún vínculo. Pudiera pensarse que podría tratarse de la empresa no identificada de la que hablan los fiscales estadounidenses.

  Existe la presunción de que el propósito de las empresas constituidas en Hong Kong por Santilli y su familia es ocultar las ganancias ilícitas obtenidas mediante los contratos sobrevalorados establecidos con PDVSA y sus filiales.

Sobre los Santilli García

  De acuerdo al portal Dateas, Daniel Santilli García es titular de la cédula de Identidad número V-12.308.111 y se encuentra ubicado en la parroquia Olegario Villalobos del municipio Maracaibo del estado Zulia[15].

  Del mismo modo, la página del Instituto Venezolano de Seguros Sociales informa que ingresó al sistema 1 1 de noviembre de 1999, encontrándose en la actualidad activo en la empresa Garo Import C.A. cuyo número patronal es Z15911631, a la que ingresó el 1 de abril de 2012. Acumula 696 semanas cotizadas para un total de 69,13 bolívares. Su fecha de contingencia será el 15 de abril de 2034[16].

  Por su parte, Leonardo Santilli García nació el 3 de octubre de 1970, es titular de la Cédula de Identidad V- 9.782.698 y se le ubica en la parroquia Olegario Villalobos, municipio Maracaibo, estado Zulia[17]. Murió asesinado el 1 de septiembre de 2020 en Lechería, estado Anzoátegui[18]. Según la fiscalía, el crimen tuvo como móvil una deuda de un millón de dólares y se responsabilizó del hecho a “seis hombres entre los que está el autor intelectual, los cooperantes y los cómplices”. Nicola Romano, quien tenía la deuda con Santilli, pagó 75 mil dólares por acabar con la vida del empresario zuliano[19].

  El portal del IVSS dice que leonardo Santilli ingresó al sistema de seguridad social el 2 de enero de 2010 y, al igual que su hermano, estuvo adscrito a la empresa Garp Import C.A. hasta el 14 de septiembre de 2020. Alcanzó a cotizar 558 semanas[20].

  De ellos, el 9 noviembre de 2017, Dólar Today reproduce una información del portal InfoVzlaNet en la que se refiere que el grupo de hacker conocido como el #TeamHDP dieron a conocer un conjunto de cuentas bancarias de Leonardo y Daniel Santilli García. Allí se narra que Pedro León, de quien los Santilli García serían supuestos testaferros, aprobó irregularmente un contrato de Petrocedeño a la empresa PLD INVERSIONES, por más de USD 15 millones para la compra de llaves mecánicas, entre otros contratos igualmente aprobados obviando los mecanismos de ley para ello.

   La nota indica que “Pedro León (Jefe de la Faja del Orinoco) entregó a sus testaferros 1 contrato por más de 15 millones de Dólares a dedo” y explica que se trata de una compañía que contaba con solamente 4 trabajadores.

  Se cita al tuitero Justin reveló “algunas de las propiedades en #Miami de Pedro León, Jhonnathan Marín y Leonardo y Daniel Santilli García y procedió a mostrar un estado de cuenta.





 










“Tribunal de EE. UU. niega petición de los reclamantes de los fondos confiscados a los testaferros del ex-zar de la Faja del Orinoco y el exalcalde corrupto de Guanta”. 4 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/tribunal-de-ee-uu-niega-reclamos-de-los.html

[2] Sayari. “Public Records Tie Alleged Venezuelan Money Launderer to Over $5 Million in Property, Companies in Hong Kong”. 28 de mayo de 2020. https://sayari.com/resources/public-records-tie-alleged-venezuelan-money-launderer-to-over-5-million-in-property-companies-in-hong-kong/

[3] Sunbiz. Division of Corporations. 2377 Glendon LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=2377GLENDON%20L160000060930&aggregateId=flal-l16000006093-564a318b-369a-4caa-9ac8-293c40f2be97&searchTerm=2375%20Nw%2036%20Street%2C%20LLC&listNameOrder=2375NW36STREET%20L100000863650

[4] Sunbiz. Division of Corporations. 10421 Northvale LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=10421NORTHVALE%20L160000851730&aggregateId=flal-l16000085173-e459a758-f6c3-4495-9fd3-9ea317d1f58e&searchTerm=10421%20Northvale%20LLC%20&listNameOrder=10421NORTHVALE%20L160000851730

[5] Subiz. Division of Corporations. Manning 90064 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=MANNING90064%20L160001501220&aggregateId=flal-l16000150122-1f5738b4-2805-43ca-98eb-1837808bf7ac&searchTerm=Manning%2090064%20LLC%20&listNameOrder=MANNING90064%20L160001501220

[6] Sunbiz. Division of Corporations. Brickell Miami 5210 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=BRICKELLMIAMI5210%20L160001873070&aggregateId=flal-l16000187307-2a7584aa-1601-414d-a787-cc93cd9974b7&searchTerm=Brickell%20Miami%205210%20LLC%20&listNameOrder=BRICKELLMIAMI5210%20L160001873070

[7] Sunbiz. Division of Corporations. SGO Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SGOGROUP%20L140001295200&aggregateId=flal-l14000129520-1c1d3c7e-3488-4cd0-a855-1b4f97569927&searchTerm=Sgo%20Group%20LLC&listNameOrder=SGOGROUP%20L140001295200

[8] Sunbiz. Division of Corporations. SGO Group Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SGOGROUP%20P120000411450&aggregateId=domp-p12000041145-0070ab25-a583-486d-b78d-7e87ee1bbb7a&searchTerm=Sgo%20Group%20LLC&listNameOrder=SGOGROUP%20L140001295200


[9] Bloomberg. SGO Corp Ltd. https://www.bloomberg.com/profile/company/1222037D:LN


[10] NotiVenezuela. “¡EL PAÍS DE LOS GUISOS! Vinculan a Smartmatic y el Zar de la Faja con desfalco a Pdvsa”. 14 de noviembre de 2017. https://www.notivenezuela.com/noticia/el-pais-de-los-guisos-vinculan-a-smartmatic-y-el-zar-de-la-faja-con-desfalco-a-pdvsa-8075


[11] Mercado.com.pa. Corporación Empresarial Alimentos del Sur, S.A. (CEASSA). https://www.mercado.com.pa/empresas/corporacion-empresarial-alimentos-del-sur-sociedad-anonima-ceassa-id-8E8543D2EA894A12


[12] Open Corporates, Constructora Cosaco C.A. Limited. https://opencorporates.com/companies/hk/2602384


[13] Open Corporates. Ribet International Limited. https://opencorporates.com/companies/hk/2657254


[14] Open Corporated. Pld inversiones C.A., PLD, Limited. https://opencorporates.com/companies/hk/2756591


 


[15] Dateas. Santilli García, Daniel. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/santilli-garcia-daniel-15257324


[16] IVSS. Santilli García, Daniel. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[17] Dateas. Santilli Garcia, Leonardo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/santilli-garcia-leonardo-15256519


[18] EP Mundo. “Asesinan al excontratista de Pdvsa Leonardo Santilli (Video)”. 2 de septiembre de 2020. https://epmundo.com/2020/asesinan-al-excontratista-de-pdvsa-leonardo-santilli-video/


[19] El Pitazo. “Victimarios pagaron 75 mil dólares por asesinar al empresario zuliano Leonardo Santilli”. 17 de septiembre de 2020. https://elpitazo.net/sucesos/victimarios-pagaron-75-mil-dolares-por-asesinar-al-empresario-zuliano-leonardo-santilli/


[20] IVSS. Cuenta Individual. Leonardo Santilli García. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


 

lunes, 7 de febrero de 2022

Tribunal aplaza nuevamente la sentencia del contratista corrupto de CITGO-PDVSA, José Manuel González Testino

Por Maibort Petit

   Nuevamente el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, a cargo del juez Gray H. Miller, autorizó el aplazamiento de la sentencia  en contra de José Manuel González Testino, un contratista que encabezó un esquema de corrupción y lavado de dinero consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. para asegurar y mantener contratos millonarios de energía y logística con la estatal petrolera y su filial en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corp.

   La fecha de la lectura de la sentencia del contratista estadounidense y venezolano ha sido aplazada en varias oportunidades después de que, en primera instancia, se fijara el 28 de agosto de 2019. La nueva cita para la condena de  José Manuel González Testino fue programada para el 10 de agosto de 2022.

   El corrupto contratista se declaró culpable el 29 de mayo de 2019 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras.

 González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida cuando intentaba abandonar el territorio estadounidense, después de que el sistema judicial encontrara una causa probable para demandar al empresario, como efectivamente lo demandó.

  González Testino controlaba varias empresas estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA, la cuales fueron utilizadas para, entre 2012 y 2018, obtener contratos millonarios a cambio de sobornos pagados a funcionarios de la estatal venezolana.

   El 10 de febrero de 2022 era la última fecha prevista por el tribunal pero otro cambio operó y la sentencia de González Testino se fijó para el 10 de agosto de 2022 a las 10:00 a. m. luego que los fiscales de los Estados Unidos presentaran  una Solicitud Acordada de Aplazamiento.

  El Tribunal consideró que se cumplen todos los requisitos, los fines de la justicia, para autorizar  la Moción de Aplazamiento. 

  Según los documentos judiciales la sentencia de González Testino se restablece de la siguiente manera:

1. El informe de investigación, anterior a la sentencia, estará disponible para el acusado antes del 6 de julio de 2022.

2. El abogado de la Defensa tiene  hasta el 20 de julio de 2022 para objetar por escrito los hechos utilizados y la aplicación de las pautas o una declaración de que no hay objeción.

3. El oficial de libertad condicional deberá presentar al juez el informe final de la sentencia con una adición que aborde los asuntos en disputa antes del 3 de agosto de 2022.

4. Todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo se presentarán a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas.

5. La sentencia se llevará a cabo el día 10 de agosto de 2022 a las 10:30 horas.

lunes, 8 de noviembre de 2021

Conozca las principales claves para comprender el caso de Álex Saab

   Estos son los aspectos fundamentales que llevaron al empresario colombiano al banquillo de los acusados en un tribunal de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   He aquí algunas claves que sintetizan la esencia del caso del empresario colombiano naturalizado venezolano, Álex Saab, recientemente extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos a objeto de que enfrente a la justicia que lo señala de conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.
La acusación

   Álex Naim Saab Morán —junto a su socio Álvaro Pulido Vargas— fue acusado el 25 de julio de 2019 por la Fiscalía General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida por la supuesta comisión de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y de lavado de instrumentos monetarios. En específico, la acusación establece que los demandados cometieron un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero. El gobierno de los EE. UU. alega la pérdida de más de USD 350 millones que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación. Los fiscales señalan que Saab y Pulido presuntamente desempeñaron roles fundamentales en el lavado del producto de las “violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.
   Álex Saab y Álvaro Pulido suscribieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 cuyo objeto era la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos y se aprovecharon, junto con sus cómplices, del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, el cual les permitía obtener dólares estadounidenses a un tipo favorable, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos sobre bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornando funcionarios del gobierno venezolano para que aprobarán esos documentos.

   Se explica en la acusación formal que los imputados instrumentaron un esquema de soborno que violó la FCPA e implicó delitos de soborno contra Venezuela. Para ello llevaron a cabo reuniones para promover el pago de sobornos en Miami y enviaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Este plan de Saab y Pulido se materializó con la transferencia de aproximadamente USD 350 millones de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban”[1].


   En razón del acuerdo de extradición que el gobierno estadounidense estableció con su homólogo de Cabo Verde, al ser en esta última nación la pena máxima para el delito de lavado de dinero equivalente a 20 años, la fiscalía del Sur de la Florida retiró los siete cargos relacionados con el lavado de instrumentos monetarios a objeto de que la pena que le sea impuesta, en caso de ser declarado culpable, no sobrepase la que se le impondría en la nación africana por el mismo delito.

Supuesto testaferro de Maduro

   Existe la presunción de que Álex Saab actúa como testaferro o prestanombres de Nicolás Maduro. De hecho, la ex-fiscal general, Luisa Ortega, lo catalogó en 2017 como el “principal testaferro de la autocracia” de Maduro y su familia. Según Ortega Díaz, sus investigaciones la llevaron a presumir que Maduro era el verdadero propietario de Group Grand Limited (GGL), aunque Saab y Pulido sean quienes figuren como dueños.

   Y es que, al contrario de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela por la incertidumbre que generaban los pagos y controles en el cambio de divisas impuestos por el gobierno, las operaciones de Saab se incrementaron, como también lo hicieron sus negociaciones con el régimen, tanto en el área de la construcción como con el CLAP.
 Álex Saab habría cumplido un papel determinante en el establecimiento y mantenimiento de las redes de financiamiento ilícitas para facilitan la corrupción del régimen venezolano. Se cree que Maduro, presuntamente, le habría confiado su fortuna personal. Por ello el proceso judicial que comenzó a desarrollarse en los Estados Unidos, pudiera permitir establecer la veracidad o falsedad de estos supuestos, así como también ayudaría a comprender y a obtener detalles de las actividades ilícitas que sirven de sustento al régimen venezolano.

   El Departamento del Tesoro refiere que Álex Saab en 2016 diseñó el esquema del CLAP a través de una estructura corporativa para comprar alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela a una tarifa más rentable para ellos. El Tesoro sostiene que, bajo la supervisión de Nicolás Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó sólo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.
   De vendedor de llaveros pasó a ser contratista del régimen chavista, primero en 2011 con un contrato de construcción de viviendas de interés social; luego la construcción de gimnasios verticales por lo que recibió USD 100 millones a pesar de que a la fecha muchos están sin terminar; después la venta de leche en polvo a través del CLAP y a la venta de alimentos para dicho programa. Ya entre 2016 y 2018, amasaba una fortuna de más de USD 1.500 millones.

  Lo cierto es que Saab es de fundamental importancia para Maduro, hecho que se deja ver con su actitud de patear la mesa de negociaciones que mantiene con la oposición en México, tan pronto se concretó la extradición del empresario colombiano a los Estados Unidos.
Las empresas de Saab

  Dos fueron las empresas que sirvieron a Álex Saab y a su socio, Álvaro Pulido, a saber, Group Grand Limited (con sede en Hong Kong y también registró en México). En la nación azteca, Group Grand Limited, S.A. de C.V. está controlada por el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González).

  La otra empresa es Asasi Food FZE, igualmente manejadas por Saab y Pulido.

La verdad de los proyectos del chavismo

   En la acusación que la fiscalía del Distrito Sur de Florida formula contra Alex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, se explica cómo estos, luego de haber accedido a dólares preferenciales a través de CADIVI, justificaron sus operaciones con facturas y documentos falsos y fraudulentos, resultando que en muchas ocasiones los bienes negociados nunca llegaron a Venezuela.

    El juicio a Saab servirá, por tanto, para que salga a la luz la verdad de los proyectos de construcción de viviendas de interés social por los cuales se les juzgará y, asimismo, podría conocerse la verdad sobre el programa de alimentación CLAP que ha sido ampliamente cuestionado.

¿Por qué serán juzgados en Estados Unidos?

   Por la sencilla razón de que se valieron del sistema estadounidense para lavar fondos ilícitos productos de sobornos pagados a funcionarios gubernamentales venezolanos a cambio de la aprobación de contratos irregulares.

   Saab y Pulido transfirieron dichos fondos corruptos a entidades bancaria y financieras de los Estados Unidos violando así la legislación de este país, específicamente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

  De este modo, fondos por USD 350.041.500 habían sido introducidos a través de diversas transferencias electrónicas desde cuentas bancarias en Venezuela a cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos.

Corrupto sistema de control de cambios

  El juicio contra Álex Saab también develará el corrupto sistema de control de cambios imperantes en Venezuela durante largos años.

  Se verá cómo el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) actúan corruptamente en Venezuela, permitiendo el desarrollo de actividades delictivas aun cuando el deber ser de todas estas instituciones se supone era el resguardo de la legalidad.

  Es decir, la realidad de un gobierno devenido en entidad criminal podría develarse durante el proceso criminal que se le seguirá a Álex Saab en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

También investigado en Colombia

   Las actividades de Álex Saab también fueron objeto de investigación en su país de origen, Colombia, donde en 2018 fue objeto de la pesquisa de la Fiscalía por el supuesto lavado de activos.

  Saab habría recurrido a todo tipo de argucias para evadir sus responsabilidades tributarias y aduaneras y para dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones llevadas a cabo a través de la empresa Shantex S.A.

  Se le expropiaron seis propiedades evaluados en 38 mil millones de pesos.

  En el país neogranadino se le vincula a la exsenadora y excandidata presidencial, Piedad Córdoba, quien habría sido el puente que lo relacionó con el gobierno venezolano y lo habría ayudado a gestionar el pago de facturas pendientes desde la administración del finado Hugo Chávez.

Gestor del chavismo en el exterior

   En los últimos tiempos, a raíz de las sanciones impuestas al régimen de Maduro por los Estados Unidos, Álex Saab se convirtió en un importante agente del gobierno venezolano en el extranjero en razón de sus relaciones.

   Así, aparte de sus negocios con el CLAP, Saab pasó a diligenciar financiamiento para el régimen de Maduro y se convirtió en intermediario del dictador con sus nuevos aliados, a saber, Turquía e Irán, para llevar a cabo otros asuntos, como las exportaciones de oro.

   De hecho, al verse acorralado en Cabo Verde, la administración de Nicolás Maduro recurrió a la estrategia de catalogarlo como agente diplomático de Venezuela que, al momento de su detención, se encontraba en misión de estado viajando en calidad de enviado especial para negociar gasolina y ayuda humanitaria.

Con información privilegiada

   La comparecencia de Saab ante la justicia estadunidense se espera sirva para el empresario suministre información sobre las negociaciones irregulares llevadas a cabo por el régimen de Maduro, no solamente en materia del CLAP, sino de otros ámbitos.

   De hecho, tiene plena conciencia el gobierno de Maduro, el cual a través de una comunicación que le remitió el entonces canciller, Jorge Arreaza, le advirtió a Saab de que “Está usted en posesión de información concerniente a la seguridad y defensa de la nación considerada ‘clasificada’. Tenemos razones bien fundadas para estimar que, en caso de ser extraditado a Estados Unidos, usted será presionado por cualquier método, legítimo o no, para la revelación de dicha información, lo que supondría un gran riesgo para nuestro país”.

REFERENCIA 

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Two Colombian BusinessmEn Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme