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jueves, 29 de julio de 2021

El reino de impunidad de los bolichicos: Una red de empresas para negociaciones turbias (II)

  Desde que constituyeron Derwick Associates a la sombra de los negocios opacos con el chavismo, el imperio de los bolichicos ha crecido con empresas en Panamá, Europa e, incluso, en África.

Por Maibort Petit

  Toda una red de empresas distribuidas por el mundo ha servido a los llamado bolichicos para expandir su imperio habido, a criterio de no pocos, de manera irregular y a la sobre la corrupción.

   Hasta hace poco, se conocía y se hablaba de Derwick Associates como el emblema de la crisis eléctrica Venezuela cuando luego de obtener contratos milmillonarios para solventar la crisis eléctrica sólo respondió con fraude al entregar chatarra al país, lo que agravó la problemática y la convirtió en una de las tantas tragedias que padece el pueblo venezolano. Otras empresas conforman el imperio de los bolichicos, algunas de ellas con las que se expandieron a Colombia y otras con las que han hecho presencia en España.

   Pero una reciente investigación periodística reveló la existencia de una red de empresas en Luxemburgo, un pequeño país europeo, un ducado convertido en paraíso fiscal, en el cual está registrada una red de empresas que han sido denunciadas e investigadas por su supuesto protagonismo en una trama de corrupción en Venezuela.

  Ya el nombre de Francisco Convit Guruceaga, mano derecha de Leopoldo Alejandro Betancourt López, habría retumbado cuando la operación Money Flight develó un esquema de corrupción que habría permitido lavar USD 1.200 millones desviados de Petróleos de Venezuela S.A. Sin embargo, aún faltaban cabos y evidencias por descubrir, lo cuales salieron a la luz con el proyecto OpenLux, a través del cual un grupo de periodistas y medios descubrieron cuatro empresas en Luxemburgo bajo la égida de Betancourt López.

   La averiguación determinó que una de las compañías fue registrada por una firma neerlandesa, Stichting Administratiekantoor DOG[1],  bajo el control de Convit Guruceaga y además estableció que por lo menos tres de estas compañías tuvieron operaciones financieras pon empresas investigadas en EE. UU.

   Una de estas firmas es Latin American Ventures registrada en el ducado en 2015 con un capital de USD 100.000 como Latin America Ventures SARL, beneficiada con fondos de Petrozamora. Allí Convit figuró como director hasta septiembre de 2018, cuando fue sustituido por Orlando José Alvarado Moreno, quien ha estado ligado a los bolichicos durante años, al haber sido directivo de sus empresas. La salida de Convit de la directiva de la firma, coincide con la fecha de acusación de conspiración para cometer lavado de dinero en estados Unidos.

  Otra empresa es Gainsboro Developments, registrada en Luxemburgo 2015, recibe depósitos de Ming International, en 2016 y O’Hara Financial S.A., en 2018. Otras informaciones dan cuenta de la recepción de fondos desde IPC Investments Corp, usada por Betancourt López para invertir en la petrolera canadiense Frontera Energy Corporation y en BDK Financial Group, un banco con negocios en África Occidental. Alvarado aparece como integrante del consejo de administración.

  También Ming International forma parte de los haberes de Betancourt en Luxemburgo, la cual sirve para las inversiones en Hawkers, una empresa de lentes oscuros de moda[2]. Ming International igualmente registrada en el ducado, recibió un préstamo por 53 millones de euros de parte de IPC Investments Corp[3].

  En cuarto lugar, está O’Hara Financial S.A., que los registros corporativos de Delaware muestran como propietaria de un jet privado Falcon 2000.

Más empresas

  Pero estas empresas no serían las única bajo el control de los bolichicos, siendo una de ellas Telmaven Overseas Inc., registrada en Panamá el 10 de enero de 2014, bajo el número 823201, que se encuentra en la actualidad suspendida[4]. Esta compañía, forma parte de las compañías de que se valió Alejandro Betancourt para tomar el control de Pacific Exploration and Production Corporation.

   De ese grupo forma parte IPC Investments Corp., registrada en Barbados el 28 de marzo de 2010, bajo el número 33122[5], la cual obtuvo el 1,27 por ciento del paquete accionario de Pacific, cuando Betancourt López a través del grupo O´Hara. Como se dijo líneas más arriba, esta compañía sirvió para hacer transferencias entre las empresas de Betancourt registradas en Luxemburgo.

   Volbor Trading LTD., como las anteriores formó parte las compañías mediante las cuales Betancourt López se hizo del control de Pacific, pero que al parecer se separó del grupo. Está domiciliada en Punta Pacífica, Panamá[6].

   Entretanto, Agency Partner Corp, además de integrar el grupo O´Hara para concretar la operación con Pacific, figura en un informe presentado el 4 de abril de 2016 por el Standard Chartered Bank of New York como una de las empresas registradas por socios de Leopoldo Alejandro Betancourt López en Estados Unidos, entre los que se cuenta ProEnergy Services — la empresa de ingeniería cuyos equipos vendieron con sobreprecio a Venezuela— para mover dinero por lo menos hasta 2015. Para estos movimientos se valieron de Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, sucursal suiza de una antigua entidad alemana especializada en banca privada absorbida por el Deutsche Bank. Esto ocurrió en la época en que se constituyó Derwick Associates Corporation[7].

  Agency Partner Corp sirvió también para que Betancourt comprara un condominio en Miami.

Los bancos

  BDK Financial Group es un banco africano domiciliado en Luxemburgo, constituido por un grupo de banqueros influyentes en España en el que tiene participación Leopoldo Alejandro Betancourt López y Francisco D´Agostino. El banco debió recibir en 2019 la cuarta inyección de capital en razón de los números rojos que presentaba a razón de su expansión. Con las anteriores el capital social de la entidad se elevó a 136 millones de euros. En la institución financiera, también figuran como accionistas a Alberto Cortina, conocido empresario español y Blas Herrero[8].

  Versus Bank  en Costa Marfil, adquirido por Betancourt López de la mano de Alberto Cortina, quienes invertirían  unos 50 millones de euros. El lazo entre el bolichico y Cortina se afianzó cuando el español lo respaldó en la puja por las acciones de Pacific Rubiales al grupo O'Hara[9].

  Otra de las inversiones de Betancourt en la banca africana, es la del Dakar Financial Group, sociedad instituida en Luxemburgo en 2013, vinculada a los españoles Alberto Cortina, su hijo Pelayo Cortina Koplowitz, César Álvarez y Blas Herrero. También participa Francisco Convit Guruceaga.

  La institución constituida por una sociedad portuguesa que comparte su dirección en Lisboa con la de la firma de inversiones 3 angle capital, que se dedica, según su web, a “facilitar y promover los flujos de inversión transfronterizos y estrategias industriales que involucran países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), América Latina (Brasil, Colombia) y algunos países africanos”.

  El banco comenzó con un capital inicial de 50.000 euros que en poco tiempo aumentó a 20 millones de euros, gracias a una ampliación de capital de sus trece socios[10].

Otras empresas

  Las empresas de Leopoldo Alejandro Betancourt López en España, tienen como bastión principal a Saldum Ventures SL que jefatura, por decirlo de alguna manera, a Play Hawkers SL, Miss Hamptons Brand SL, Northweek SL y Dollar Eyewear.

  Wolf and Sun SL está fuera del control de Sadum y se encarga de administrar la marca Wolfnoir (lentes).

 Saldum Ventures SL fue registrada el 12 de marzo de 2013 en Alicante, España, con el número CIF B-54695002. Está domiciliada en la Calle Santiago Ramon y Cajal 37, Elche 03203. Teléfono: 965681369. Correo electrónico: contact@saldum.com. Como presidente y consejero figura Leopoldo Alejandro Betancourt López; consejero Hugo Arévalo Álvarez-Arena[11].

  Su objeto es el comercio al mayor y al menor, la. Distribución comercial, importación y exportación. Está al control de Hawkers, Miss Hamptons, Northweek y Wolfnoir. Constituye un paso más en la expansión de Betancourt López a través de O´Hara Financial.

   Pero las cuentas no son claras: “En 2014, según cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Saldum Ventures facturó 13,3 millones de euros (con un millón de beneficio); en 2015, la facturación subió un 91%, hasta los 25,7 millones de euros (con 1,1 millones de beneficio). Los fundadores aseguran sin embargo que su facturación ese año fue de 40 millones, 60 millones en 2016 y 100 millones (estimados) el año pasado. ¿Cuál es la salud financiera real del grupo? No hay forma de saberlo. "No queremos que se sepa, nuestras cuentas no están consolidadas, no estamos obligados a ello. Tenemos muchas empresas, proyectos y filiales en más de 50 países, es una estructura societaria muy amplia"[12].

   Play Hawkers SL está inscrita como Sociedad limitada unipersonal. La cantidad de ventas de la empresa es Entre 6 y 30 millones de euros. Está ubicada en la Calle Santiago Ramón y Cajal, 37, Elche/Elx, 03203, Alicante (la misma de Saldum Ventures). Teléfono: 965681369[13].

  Entretanto, Hawkers es el nombre comercial de la sociedad Play Hawkers SL. Se trata de una marca española encargada de comercializar lentes de sol a través de internet y el retail[14].

  Alejandro Betancourt tomó el control de la empresa luego de invertir en ella 50 millones de euros, desplazando así a su antiguo líder Alejandro Moreno.



   El Confidencial revela que Betancourt a mayo de 2018, había invertido 70 millones de euros en la firma[15], mientras que otras publicaciones el daño que la la entrada del bolichico le hizo a la marca, dada su reputación corrupta. Fue así que Cabify, empresa de transporte, rechazó la inversión de 30 millones de euros del bolichico[16].

  Miss Hamptons Brand SL es una marca de ropa femenina que comparte dirección con Saldum Ventures y Play Hawkers en la Calle Ramón y Cajal, 37, Elche/Elx, 03203, Alicante. Fue constituida el 28 de mayo de 2014[17] [18].

  Dollar Eyewear SL fue fundada en como Sociedad de Responsabilidad Limitada el 26 de junio de 2014, con el objeto de comerciar, al mayor y al detal, prendas de vestir y calzado. Comparte la misma dirección de las anteriormente mencionadas. Pasó a denominarse Hawkers Group Retail SL con el número CIF B54796099, dedicada al comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial, importación y exportación. Es propiedad de Saldum Ventures[19].

  Wolf and Sun SL es una Sociedad limitada registrada el 8 de mayo de 2014, con el número CIF B-54785290. Como las restantes empresas de Betancourt en España, está ubicada en la Calle Santiago Ramon y Cajal (pq Industrial), 37 - PISO 1, Elche/elx, 03203 , Alicante. Su objeto social es la “Comercialización y venta al por mayor y menor, distribución comercial, importación y exportación de gafas de sol y otros productos de moda”[20].

CITAS

[1] OpenCorporates. Stichting Administratiekantoor Red Dog. https://opencorporates.com/companies/nl/64483819


[2] El Nuevo Herald. “Boliburgués venezolano usa a Luxemburgo para mover el dinero”. 11 de febrero de 2021. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article249186155.html


[3] Armando.info. “Los 'bolichicos' abrieron su caja de valores en Luxemburgo”. 11 de febrero de 2021. https://armando.info/los-bolichicos-abrieron-su-caja-de-valores-en-luxemburgo/


[4] Open Corporates. Telmaven Overseas Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/823201


[5] Open Corporates. IPC Investments Corp. https://opencorporates.com/companies/bb/33122


[6] Sedar. National Instrument 62-103 Early Warning Report. https://www.sedar.com/CheckCode.do


[7] Venergia.org. “Un banco oculto en el radar sirvió a los ‘bolichicos’”. 28 de octiubre de 2020. https://venergia.org/un-banco-oculto-en-el-radar-sirvio-a-los-bolichicos/


[8] Economía Digital. “Betancourt y la jet madrileña acuden al rescate de su banco”. 14 de noviembre de 2019. https://www.economiadigital.es/empresas/alejandro-betancourt-banco-luxemburgo_20009552_102.html


 


[9] El Cooperante. “¿Guiso?: Bolichico Alejandro Betancourt incursiona en la banca africana con Versus Bank”. 1 de octubre de 2015. https://elcooperante.com/nuevo-guiso-bolichico-alejandro-betancourt-incursiona-en-la-banca-africana-comprando-el-versus-bank/


[10] El Diario. “Luxemburgo, refugio fiscal para grandes fortunas españolas y empresas del Ibex”. 6 de noviembre de 2014. https://rebelion.org/luxemburgo-refugio-fiscal-para-grandes-fortunas-espanolas-y-empresas-del-ibex/


[11] Infocit. Saldum Ventures. http://www.infocif.es/ficha-empresa/saldum-ventures-sl


[12] El Confidencial. “Bomba de relojería en Hawkers: fuga en la cúpula y millones 'exprés' para seguir a flote”. 15 de febrero de 2018. https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-02-15/hawkers-gafas-alejandro-betancourt-saldum-ventures-hugo-arevalo-tuenti_1519576/


[13] Emprestite. Play Hawkers Sl - Elche/Elx. https://empresite.eleconomista.es/PLAY-HAWKERS.html


[14] Hawkers. https://www.hawkersco.com/


[15] El Confidencial. “El mandamás de Hawkers hace negocios con el chavismo y Gazprom a través de Suiza”. 6 de mayo de 2018. https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-05-06/venezuela-leaks-hawkers-betancourt-chavismo-suiza-venezuela-leaks_1559702/


[16] Panampost. “Hawkers: la empresa con dinero robado a Venezuela que crece en España y el mundo”. 1 de agosto de 2018. https://panampost.com/orlando-avendano/2018/08/01/hawkers-la-empresa-de-dinero-robado-a-venezuela-que-crece-en-espana-y-el-mundo/


[17] Infocit. Miss Hamptons Brand SL. http://www.infocif.es/ficha-empresa/miss-hamptons-brand-sl


[18] Miss Hamptons. https://misshamptons.com/


[19] Empresia. Hawkers Group Retail SL. https://www.empresia.es/empresa/hawkers-group-retail/


[20] Emprestite. Wolf And Sun Sl. - Elche/Elx. https://empresite.eleconomista.es/WOLF-AND-SUN.html


martes, 13 de julio de 2021

¿Qué es lo que busca Samark López Bello en su demanda contra el gobierno de lo EE. UU. ?

   Quien es señalado de ser supuesto testaferro de Tareck El Aissami, cataloga de ilegal su designación por parte de la OFAC bajo la Ley de Kingpin.

Por Maibort Petit

   El 29 de junio de 2021, Erich C. Ferrari, de la firma Ferrari & Associates P.C., presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, actuando en representación de Samark José López Bello, una demanda en contra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el director de dicho despacho, por haber ejercido ilegalmente su autoridad bajo la Ley de Designación de Kingpin de narcóticos extranjeros, al sancionar al demandante y bloquear y aprovechar sus propiedades en EE. UU., y devastando sus operaciones comerciales y su reputación internacional.

   Sostiene López Bello que los demandados difundieron información errónea y el rumor no demostrado para hacer denuncias dañinas de su persona sustentadas en falsos criterios de designación. Agrega que esto se hizo sin dar aviso a López Bello sobre cómo los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de importantes "hallazgos" que no se le han dado a conocer.

  Considera López Bello que las acusaciones de la OFAC y sus evidencias son sólo falsas, sino también fabricadas por completo, pues es un “hombre de negocios internacional” cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales de los acusados. Niega haber proporcionado asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de Tareck El Aissami ni a ninguna otra persona, como asegura la OFAC. Dice no actuar por o en nombre de este último al tiempo de que advierte que, hasta esta fecha, no es consciente de que El Aissami tenga una participación en el tráfico de drogas.

Abuso de autoridad

   En la demanda se enfatiza que los acusados actúan más allá de los que les permite su autoridad legal, contradiciendo el debido proceso constitucional. En tal sentido, refiere que al haber sido catalogado Tareck El Aissami como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) de manera simultánea como él como quien lo asiste material y financieramente, lo cual a su manera de ver es ilógico al no haber sido advertido antes de ello. Por tanto, el registro de apoyo de OFAC no es razonable ni puede estar sustentado en pruebas que demuestren que López Bello estaba proporcionando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos El Aissami.
Foto cortesía de Noticiero Univisión 
  Sobre esto, la demanda estima que esta designación simultánea, hace suponer que la designación del demandante se hace sobre la base de denuncias de conducta que preceden la designación de El Aissami como un SDNT. Por tanto, la OFAC se habría basado en una creencia errónea de que Samark López proporcionó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional para o en nombre de una persona que no era un SDNT durante el tiempo en que se produjeron aquellas actividades supuestamente. Denuncia que, entonces, se violó de manera arbitraria y caprichosa la Ley de Procedimiento Administrativo.

Consecuencias inconmensurables

  Al hablar de las consecuencias de las acciones ilegales de los acusados, el demandante asegura que estas son inconmensurables y sobrepasan lo que sufren usualmente quienes son objeto de estas designaciones.

  Esta afirmación obedece, en primer lugar, a que Samark López y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueadas de conformidad con la Ley de Kingpin.

  En segundo lugar, por el bloqueo de sus las propiedades y otros activos reales basadas en los Estados Unidos.

  En tercer lugar, por sanciones a que están sujetas las personas extranjeras por involucrarse en transacciones con López Bello o sus compañías, lo que ha socavado su capacidad para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos.

   En cuarto lugar, por la injusta investigación de índole penal de que ha sido objeto, al ser acusado por supuestamente inducir a personas estadounidenses comercien con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.
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   Por último, siendo lo que el demandante considera como más dañino, el hecho de que terceros se valgan de las falsas acusaciones de la OFAC para ejecutar los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos, con los que López Bello no tiene relación o conexión. Sostiene que la acción de bloqueo de la OFAC se ha convertido en un mecanismo para la incautación y decomiso de sus activos en EE. UU.

  Refiere Samark López que, para la fecha de la demanda, el decomiso ilegal de sus propiedades se ubicaba en uno USD 160 millones.

Samark López Bello según Samark López Bello

  En la demanda, Samark José López Bello se presenta a sí mismo —además de ciudadano venezolano e italiano— como un “prominente empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, la negociación de productos básicos y equipos, y logística para la industria del petróleo y el gas”.
  Refiere que es CEO y presidente de Profit Corporation C.A., a la que señala como “empresa líder en el mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, adquisiciones y construcción”

  Del mismo modo, informa que dirige Yakima Trading Corporation, la cual ofrece servicio para la industria de petróleo y gas venezolanos, “incluida la negociación de materiales ferrosos, así como en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar equipos para la industria petrolera”.

  Otra empresa de la que da cuenta López Bello como parte de sus haberes, es Postar, compañía de logística que se encargaba de conseguir materiales de construcción para enviarlos Venezuela en kits de viviendas de fácil acceso para personas de bajos recursos.

  También se presenta como una persona dedicada a actividades humanitarias en Venezuela a través de “The Profit Foundation” (Fundación Empresas Profit), con la cual brinda apoyo financiero regular a niños en situación de riesgo. Esta fundación habría financiado la construcción de una escuela y centros de atención de salud rural.

Las propiedades de López Bello en EE. UU.

   La demanda hace referencia a las propiedades de Samark López Bello en Estados Unidos afectadas con la medida bloqueo a consecuencia de su designación como SDN por parte de la OFAC. Igualmente cita a las entidades extranjeras propiedad del demandante.

   Entre las propiedades de López Bello, según la OFAC, se encuentran Alfa One, C.A.; Grupo Sahect, C.A.; MFAA Holdings Limited, Profit Corporation C.A., Servicios Tecnológicos Industriales C.A., SMT Tecnología C.A. y Yakima Trading Corporation.

  Hace mención la demanda a que, atendiendo a una solicitud de registro administrativo formulada por López Bello, sobre la designación y bloqueo de sus propiedades de conformidad con la Ley de Kingpin, la OFAC, mediando una carta remitida el 12 de abril de 2017, en la que hacía alusión al bloqueo de 325 Leucadendra Drive en Coral Gables, Florida, identificado con el ID PITK-9310. El registro administrativo no clasificado incluyó el memorándum que evidencia que la propiedad pertenecía al demandante y, además, se proponía el bloqueo de cinco compañías en EE.UU. también controladas por López Bello.

   Asimismo, se refiere que el 22 de mayo de 2017, la OFAC remitió el registro administrativo relacionado con la designación de López Bello y sus empresas, entre las cuales se hacía referencia a ciertas empresas, su avión y otros bienes raíces y activos en los Estados Unidos, identificado como caso ID FNK-6137.

 Indica la demanda respecto a este punto, que este registro administrativo incluyó el memorando de evidencias que llevó al organismo gubernamental a establecer que Samark López Bello cumple con los criterios de designación bajo la Ley de Kingpin. Según OFAC, "la información presentada [en el Memorándum] proporciona motivos para creer que [López Bello] es una persona extranjera que está asistiendo materialmente, o brinda apoyo financiero o tecnológico para o, o proporciona bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami, y está actuando por o en nombre de El Aissami".

   Se hace un recuento de las propiedades de López Bello según la OFAC que, primero, refiere cuáles son las entidades extranjeras que cumplen lo estipulado bajo 21 U.S.C. § 1904 (b) (3) para tal designación y que, a saber, son Profit Corporation C.A., registrada en Venezuela; Yakima Trading Corporation, registrada en Panamá; Grupo Sahect C.A.(Venezuela); ALFA ONE C.A. (Venezuela); SMT Tecnología C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas); Yakima Oil Trading LLP (Reino Unido).

  Respecto a las compañías basadas en los Estados Unidos y otras propiedades que la OFAC sostiene están en control del demandante, está 1425 Brickell Ave 63-F LLC, registrada en la Florida; 1425 Brickell Ave 63-F LLC (Florida); 1425 Brickell Avenue Unit 46b (Florida); 1425 Brickell Avenue 64E LLC (Florida); Agusta Grand I LLC (Delaware); 200G PSA Holdings LLC (Delaware); todas ajustadas a la designación de conformidad con [21 USC § 1904 (b)].

   La OFAC también determinó que tiene "razones para creer que un Gulfstream 200 con el número de registro de aeronaves FAA N200vr es una aeronave propiedad o controlada por 200 g de Holdings LLC" y que esta aeronave se identificará en la lista de SDN de OFAC de conformidad con 21 U.S.C. § 1904 (b).

Sin sustento legal

   Se advierte que la OFAC no ofrece suficientes bases de ley que sustenten sus afirmaciones, las cuales terminan básicamente basadas, no en evidencias, sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está “vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares”.

  Subrayan que la OFAC no evalúa la credibilidad del artículo de Reportero-24 ni la base para que la agencia diera por ciertas las afirmaciones de este. Tampoco se evidencia que la OFAC haya corroborado la veracidad de esta información ni de que López Bello es el testaferro de Tareck El Aissami.

   Sostiene la demanda que, en ninguna parte del memorando, la OFAC establece su evidencia acerca de cómo Samark López Bello asiste materialmente o brinda apoyo financiero o tecnológico o proporciona bienes o servicios en apoyo del tráfico internacional de narcóticos de Tareck El Aissami.

Resúmenes no clasificados

   La demanda hace referencia a una serie de resúmenes no clasificados en los cuales se hacen afirmaciones respecto a Samark López Bello, indicando que el primero de estos documentos declara al demandante como testaferro de Tareck El Aissami, lo cual “Además de ser falso, este resumen no identifica ninguna conducta sancionable ni cómo esta caracterización de López Bello se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami”.

   El segundo resumen no clasificado de OFAC establece, en parte, que López Bello "está a cargo de las ganancias de los medicamentos para el lavado de [PDVSA] y organizar las rutas de cocaína aérea y marítimo para transportar cocaína a Oriente Medio y Asia". Sobre esto, la demanda sostiene que es falso y no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami.

  Se remite la demanda al segundo resumen no clasificado donde se alega que López Bello "fue utilizado por El Aissami” para comprar y manipular noticias en Venezuela, especialmente aquellas críticas del régimen de Chávez, lo cual se habría hecho con fondos gubernamentales para influir en la opinión pública venezolana. Se indica que el resumen no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami y tampoco informa cómo López Bello actúa por o en nombre de un SDNT, puesto que para ese momento no había sido designado como tal.

  Entretanto, el tercer resumen no clasificado de OFAC establece que López Bello es el" representante de Negocios", "gerente financiero" y "lavador de dinero” de Tareck El Aissami, lo cual cataloga de falso y de no señalar quién identificó a López Bello como tal, ni cómo se evaluaron estas afirmaciones n la veracidad de las mismas.

  Respecto al cuarto resumen no clasificado de OFAC alega la demanda que la afirmación de que López Bello "maneja asuntos financieros para El Aissami" y "gestiona los bonos venezolanos, como parte privada, y lleva a cabo acuerdos no específicos que generan beneficios significativos", son absolutamente falsas y no explican cómo se apoyaron las actividades internacionales de narcóticos internacionales de El Aissami.

   Se alerta en la demanda que la fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York en su acusación del 8 de marzo de 2019 contra Samark López Bello, lo señala de cargos penales por violaciones de la Ley de Kingpin, pero, en ningún momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos penales contra López Bello por tráfico de narcóticos o lavado de dinero.

   Además de hacer un recuento de las propiedades y cuentas bancarias bloqueadas, Samark López Bello hace referencia a los daños económicos y morales que las acciones de la OFAC en su contra, le han ocasionado.

El reclamo de López Bello

  La demanda de Samark López Bello contra la OFAC del departamento de Estado y el director de esta entidad, Bradley Smith, comprende siete cargos que sostienen que su designación bajo la Ley de Kingpin constituye una acción arbitraria y caprichosa en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo; que la designación excede la jurisdicción estatutaria, limitaciones o autoridades en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo; que los acusados no lo notificaron de manera justa cuando lo designaron bajo la Ley de Kingpin en violación de la cláusula de debido proceso de la quinta enmienda; que la designación bajo la Ley de Kingpin y la imposición de sanciones sobre él y sus propiedades viola su derecho de la Cuarta Enmienda a estar libres de convulsiones irrazonables; que la designación según la ley de Kingpin es contraria al derecho constitucional; que la designación y el incumplimiento del aviso violan su quinto derecho de enmienda al debido proceso; y porque el incumplimiento de la notificación de las razones de la designación de López Bello bajo la Ley de Kingpin, viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

  López Bello pide al Tribunal para el Distrito de Columbia que se ordene a los demandados a rescindir su designación y la de sus empresas bajo la Ley de Kingpin; declarar ilegal su designación como SDNT; declarar ilegal la designación de sus empresas; que los demandados divulguen la evidencia que los llevó a su designación bajo la Ley de Kingpin; un premio de los costos y honorarios de abogados bajo la Ley de Justicia Igual Acceso a la Justicia; y cualquier otra disposición aplicable de la ley y beneficio que se considere apropiado.

jueves, 24 de junio de 2021

Cómo Alejandro Betancourt se enriqueció a costa de la crisis eléctrica venezolana y probablemente no sea acusado: Reuters revela registros bancarios

   Muchos de sus relacionados han o están siendo procesados, otros aguardan por juicio, pero el famoso “bolichico” es posible que salga ileso, se vea libre de acusaciones y siga viviendo a cuerpo de rey en Europa.

Por Maibort Petit

   A la sombra de la crisis eléctrica venezolana se habría forjado una enorme fortuna que —sin importar los estragos causados a la población con los irregulares e infaustos contratos obtenidos del oficialismo— corrió a fuera de las fronteras patrias donde se multiplicó y brinda a su propietario una vida a cuerpo de rey en tierras europeas.

  Se trata de Alejandro Betancourt, integrante de los llamados “bolichicos”, un grupo de hombres de familias adineradas venidas a menos y que encontraron en las supuestas negociaciones irregulares con el gobierno chavista, el nicho para “resurgir” y hacerse multimillonarios a expensas de las penurias del pueblo venezolano que se sumía en una de las más cruentas crisis energéticas del mundo. Y es que los apagones —que no cesaron, sino que se multiplicaron después de la obtención de una serie de contratos, deviniendo en catástrofe— le sirvieron a Betancourt y a su empresa Derwick Associates Corp. para suscribir las negociaciones con la Corporación Eléctrica Nacional, Petróleos de Venezuela S.A. y la Corporación Venezolana de Guayana para la construcción de plantas termoeléctricas, a pesar de carecer de la experiencia y el capital para llevar a cabo la tarea. Mediante el presunto pago de sobornos, el empresario y sus socios habrían terminado estafando al estado al solamente entregar chatarra o equipos reconstruidos con sobreprecio que poco o nada solucionaron la penuria eléctrica venezolana[1].

  Un trabajo de investigación de la agencia de noticias Reuters, firmado por Angus Berwick este 23 de junio de 2021, titulado “Un magnate del poder, mientras Venezuela se oscurece, ilumina su imagen en el exterior”[2], da a conocer una serie de “registros bancarios, judiciales y corporativos previamente no revelados relacionados con las investigaciones brindan una nueva perspectiva sobre cómo Betancourt usó la riqueza que ganó en casa para rehacerse en el extranjero, incluso cuando los beneficiarios previstos de esos proyectos de energía soportan apagones frecuentes y prolongados”.

   La nota refiere que antes del derrumbe de la economía venezolana se derrumbara en la última década,” los negociadores bien conectados” obtenían milmillonarios contratos gubernamentales en dólares que luego movían al exterior. Unas migraciones de capital que agravaron los problemas económicos del país y llevaron a sus protagonistas a disfrutar de unas vidas generosas fuera del territorio venezolano. De estos, Alejandro Betancourt es un buen ejemplo, a decir de los líderes de la oposición.

Lo que dicen los registros

  Angus Berwick pasa a hacer referencia a lo que revelan los documentos a los que tuvo acceso y que señalan que luego de obtener los contratos de las centrales eléctricas, Alejandro Betancourt inició un ciclo de depósitos bancarios, de inversión en empresas y compra de propiedades en, por lo menos, diez países de Europa y América. La nota da cuenta de más de USD 300 millones en el extranjero durante la última década. Entre las inversiones se cuenta la llevada a cabo en viviendas en París, Nueva York, Florida y España, así como en empresas como Hawkers[3] —compañía española de lentes de sol— que llegó a asociarse con Lionel Messi para diseñar una línea de productos[4].

   Derwick Associates Corp ha estado en el ojo de los fiscales federales de Nueva York, quien se han dedicado a investigar si las empresas de Betancourt, lavaron dinero o pagaron sobornos relacionados con las concesiones de energía, según refiere el periodista le informaron dos personas relacionadas con la averiguación.

  Entretanto, agrega, en el estado de la Florida, otra investigación federal —habrían revelado otras fuentes— pone a Betancourt como "objetivo" de una investigación en la que le ex-banquero suizo con ciudadanía alemana y residenciado en Panamá, Matthias Krull, se declaró culpable en 2018 de conspiración para cometer lavado de dinero[5]. El banquero, quien terminó colaborando con la justicia estadunidense, tuvo que ver con una trama que permitió lavar más de USD 1.200 millones a Francisco Convit Guruceaga, provenientes de negocios de energía y quien, para más señas, es socio de Betancourt en Derwick[6].

   El trabajo de investigación refiere que, más allá del Atlántico, específicamente en Andorra, “una investigación sobre supuestos sobornos pagados a funcionarios venezolanos a través de bancos en el principado europeo también revisó las transacciones de una empresa propiedad de Betancourt, según muestran los documentos”. Se trata de una acusación formal de 2018 que involucra a 28 personas, entre ellos un ex-contratista de Alejandro Betancourt. Según la fiscalía andorrana, los pagos de ese contratista a un funcionario del gobierno venezolano son "sobornos". El “contratista de Betancourt y el exfuncionario al que supuestamente le pagó, están esperando juicio”, se lee en la nota. Se advierte que Alejandro Betancourt no fue procesado en Andorra, no ha sido acusado en ninguno de los dos casos estadounidenses y deja sentado que, posiblemente, no surjan acusaciones en su contra luego de estas averiguaciones.

Betancourt se defiende

  Igualmente informa que Betancourt se negó a ser entrevistado para la redacción de la nota, aunque cita una carta del abogado del empresario, Thomas Clare, quien “describió como ´categóricamente falsa´ cualquier sugerencia de que Betancourt o su empresa ´participaran en actividades corruptas, como sobornos, manipulación de licitaciones, comisiones ilegales u otro comportamiento ilegal´. Clare negó que Derwick no completara los proyectos de energía, diciendo que la compañía ´completó todos los contratos a satisfacción del gobierno venezolano´ y que cualquier problema desde entonces fue el resultado de una mala administración por parte de varias agencias estatales que operan las plantas. En cuanto al papel de Betancourt en la financiación de Hawkers, dijo, ´la inversión de mi cliente en Hawkers es legítima´, ´impulsada por oportunidades comerciales´".

  Alejandro Betancourt le declaró al diario español ABC, según refiere la nota, que sus proyectos de energía crearon un "anillo de armadura eléctrica" para fortalecer el suministro de energía en Venezuela, una afirmación que contrasta con la de expertos que aseguran que los mismos, por el contrario, “dejaron a millones en la oscuridad”.

   Para ilustrar, Berwick hace mención a varias de las localidades donde operan las plantas vendidas por Derwick, donde sus pobladores deben soportar apagones hasta por varios días. Algo que certificó la Asamblea Nacional en 2016 cuando investigó la crisis eléctrica y determinó que la empresa propiedad de Alejandro Betancourt “facturó en exceso al gobierno en un factor de tres, particularmente al inflar el costo de las turbinas. El informe, que analizó el costo de $ 1,51 mil millones para ocho de los 12 proyectos de Derwick, dijo que el valor justo de mercado debería haber sido de $ 551 millones. Las plantas, según el informe, requirieron reparaciones y modificaciones desde el principio (…) ´La ejecución de los proyectos´, escribió la comisión, ´condujo a contingencias que deberían haberse abordado en las fases de diseño, concepto e ingeniería básica´".

   Los abogados de Betancourt consideran que el informe es trata "un documento político" de los opositores con "un claro sesgo político para atacar y desacreditar los esfuerzos del gobierno". En defensa de su cliente, presentaron un informe de la fiscalía de 2017 que lo exonera.

   La nota de Reuters acota que “las evaluaciones contradictorias en Venezuela son típicas de la realidad hiperpartidista en el país, donde el presidente Nicolás Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, aseguraron la lealtad de casi todas las instituciones estatales, incluidos los tribunales”.

Empresa intermediaria

  Deja sentado la nota que el papel de Alejandro Betancourt fue el de intermediario dada la falta de experticia de Derwick en la materia en la que se proponía, constructor de plantas eléctricas.

  Por ello, recurrió ProEnergy Services LLC, contratista estadunidense para que redactara las propuestas que presentaría a la consideración del gobierno venezolano con un cambio en el margen de ganancia.

  La empresa de Betancourt pagó, de acuerdo a los documentos, unos mil millones de dólares por el trabajo que, aparta de la propuesta, incluía la compra de turbinas y la construcción de la planta.

   La documentación revisada para la redacción del trabajo de Reuters refiere que Betancourt compró Derwick en 2007, la cual estaba registrada en Panamá, convirtiéndose en una de las dos docenas de compañías que él sus socios establecieron o compraron en Panamá, Estados Unidos, el Caribe y Europa en los próximos años.

   En la cruenta crisis eléctrica que padecía Venezuela, Betancourt vio la oportunidad y en 2010 firmó un acuerdo de “consultoría y asesoría” con Nervis Villalobos, para entonces viceministro de energía eléctrica quien, de acuerdo al contrato que Angus Berwick revisó para la redacción de la nota, presionó para que la negociación se llevara a cabo. Villalobos forma parte de los investigados en la trama de Andorra. Ni él ni su abogado quisieron hablar con el periodista.

  Como ejemplo de los sobreprecios impuesto por Derwick, Reuters cita el caso de la planta Picure al norte de Caracas, por la cual ProEnergy cobró USD 32,6 millones y Derwick vendió al gobierno venezolano por USD 79 millones, 2,4 veces el precio de ProEnergy.

  Un sobreprecio justificado a juicio del abogado de Betancourt, quien dijo que los aumentos reflejan los riesgos que asumió Derwick en una Venezuela volátil.

   Como este, Derwick suscribió una docena de licitaciones de energía termoeléctrica. Rafael Ramírez dijo luego que los contratos se firmaron apresuradamente por la premura que tenía Hugo Chávez por soluciones rápidas. "Todo el proceso fue complicado (…) Con más calma, tal vez esta empresa no hubiera calificado".

   La nota refiere que entre agosto y octubre de 2010, como revelan las facturas revisadas por Reuters, el gobierno le canceló unos USD 140 millones a Derwick en una cuenta Derwick en JPMorgan Chase & Co en Nueva York y recibió otros pagos por USD 166 millones en un banco en Panamá, todos por proyectos de energía.

  Advierte la nota de Reuters que no se pudo certificar cuánto recibió Alejandro Betancourt de los USD 2 mil millones que Derwick recibió en contratos o dónde se pudieron haber hecho otros depósitos.

   Los datos que abogados de Derwick suministraron para el reportaje indican que la ganancia fue de USD 274 millones en las plantas de energía, pero no especificó sus ingresos totales. El despacho legal agregó que gobierno venezolano aún le adeuda a Derwick USD 184 millones.

  Los papeles manejados para la nota también refieren que “Betancourt instaló oficina en un rascacielos de Caracas y se movió por la ciudad en vehículos blindados, según documentos de Derwick y tres personas familiarizadas con sus actividades” y agrega que, en noviembre de 2010, pagó casi USD 12 millones por un ático en Manhattan.

Caso Andorra

  Igualmente, Alejandro Betancourt “realizó pagos detallados posteriormente por fiscales en Andorra”. El escándalo involucró más de 2.000 millones de euros en “comisiones ilegales” pagadas a numerosos funcionarios venezolanos, a cambio de la aprobación de millonarios contratos estatales.

   La revisión del caso revela que ni Betancourt ni Derwick fueron objetivos de la investigación. “Los pagos citados en la acusación involucraron a Villalobos, el contratista que Derwick contrató para presionar a los funcionarios de energía en Venezuela”.

  Se explica que los registros bancarios revelan que, a finales de 2011, Minenven Corp, empresa registrada por Betancourt, hizo tres transferencias que sumaron 5 millones de euros a una cuenta de Villalobos en la Banca Privada d’Andorra.

   Luego de estos pagos, los registros bancarios muestran que Nervis Villalobos transfirió 2,6 millones de euros a una cuenta en el mismo banco de Javier Alvarado quien hasta hacía un año había sido director de Corporación Eléctrica Nacional SA. Villalobos y Alvarado fueron acusados y están a la espera de juicio. La nota alerta que la “acusación no afirmaba que el pago de Villalobos a Alvarado fuera ordenado por o en nombre de Betancourt”.

A Europa

   Transcurrido el tiempo, Alejandro Betancourt se alejó de Venezuela y fue a Europa "buscando oportunidades". Llevaba sus bolsillos llenos “y un pasaporte europeo debido a los lazos familiares en Italia, se mudó a España”.

   La prensa rosa española dio cuenta de su lujosa boda en julio de 2012 y los registros públicos revelan que pagó 24 millones de euros por El Alamín, el castillo que se convirtió en su hogar, así como de su inversión en Hawkers.  “Los documentos judiciales y de propiedad también muestran compras de bienes raíces en París y Florida para ese año”, agrega la nota.

Estados Unidos afina el ojo

  Pero a medida que avanzaba la investigación de Andorra, se gestaban problemas en Estados Unidos, revela la nota de Reuters que indica que, a fines de 2013, a Daniel Rosenau, un vendedor de ProEnergy en Missouri le llamó la atención la negociación de la empresa con Derwick.

  Revisó la documentación y se sorprendió por las fuertes subidas de precios ocurridos entre los borradores de ProEnergy y las propuestas de Derwick. Entregó copias de archivo a los fiscales.

   Entonces vinieron las investigaciones de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero y soborno que sigue en curso, de acuerdo a lo que revelaron a Reuters fuentes ligadas al caso.

   Del mismo modo se da cuenta en la nota de que en diciembre de 2014, el Departamento de Justicia pidió información a Suiza sobre las cuentas de Derwick y un tribunal suizo que aprobó la solicitud. “Derwick para entonces había transferido al menos $ 58 millones a cuentas suizas, según el fallo”, dice la nota.

   Ya Betancourt cambió de residencia, ahora vive en Londres en una mansión de Londres valorada en £ 30 millones, de acuerdo a lo que revelan los registros públicos. Posiblemente ese siga siendo su tren de vida y las investigaciones nunca terminen por llevarlo a la cárcel.

REFERENCIAS

[1] Tiempo Latino. “Alejandro Betancourt: el “bolichico” acusado de hacer una fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela”. 30 de mayo de 2019. https://eltiempolatino.com/news/2019/may/30/alejandro-betancourt-el-bolichico-acusado-de-hacer/

[2] Reuters. “A power tycoon, while Venezuela goes dark, brightens his image abroad”. 23 de junio de 2021. https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-spain-investor/

[3] Hawkers. https://www.hawkersco.com/

[4] OCCRP. “Hundiendo a Venezuela en la oscuridad”. 12 de junio de 2019. https://www.occrp.org/es/investigations/plunging-venezuela-into-the-dark

[5] Venezuela Política. “Los beneficios obtenidos por Mathias Krull, el banquero que informó a EE. UU. sobre la trama criminal que involucra a Maduro, Raúl Gorrín y los bolichicos”. 7 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/los-beneficios-obtenidos-por-mathias.html

[6] Venezuela Política. “Francisco Convit Guruceaga: Acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA”. 28 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/francisco-convit-guruceaga-acusado-de.html


viernes, 28 de mayo de 2021

Conozca los ardides del ex-zar de PDVSA, Rafael Ramírez para escapar del juicio en su contra en un tribunal de EE. UU.

 Documentos judiciales revelan cómo Ramírez, incluso, disfrazó su paradero ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas.

Por Maibort Petit

   El escurridizo Rafael Ramírez demostró “maña” para lograr la anulación de la sentencia por rebeldía emitida en su contra, la cual lo obligaba a pagar USD 1.400. 000.000 a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V.

  El 17 de enero de 2020, Michelle S. Stratton, de la firma Smyser Kaplan & Veselka LLP, en representación de los intereses de Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V., en la demanda entablada contra Rafael Darío Ramírez Carreño, Juan José García Mendoza, Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company Inc., Petroconsultores (Barbados) LTD., Petroconsultores Inc., Selle LLC, Azure 904 LLC, Azure 406 LLC, Eulogio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston que conoce la causa, la respuesta sellada de sus clientes en oposición a la moción de Ramírez de anular sentencia en rebeldía y mociones de desestimación bajo las reglas 12 (B) (2) y 12 (B) (5).

  Los demandantes le advirtieron a la Corte que antes de dictar sentencia definitiva en rebeldía contra Rafael Ramírez, dicho tribunal se aseguró de que el servicio fuera adecuado y que tuviera jurisdicción personal y que las alegaciones bien fundamentadas de Harvest le dieran derecho a reparación. Refirieron que la moción de Ramírez de anular la sentencia en rebeldía, respaldada sólo por una declaración que está desacreditada por las propias declaraciones públicas y la conducta del demandado, no conlleva su carga de establecer una buena causa para su incumplimiento o que la evaluación previa del servicio y la jurisdicción del Tribunal fue incorrecta. Por tanto, a criterio de Harvest el Tribunal debía denegar la moción.

  Refieren Harvest y HNR que entre 2002 a 2014, cuando Rafael Darío Ramírez Carreño se desempeñaba como ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, este y el resto de los acusados llevaron a cabo una conspiración generalizada de soborno y lavado de dinero, beneficiándose personalmente al exigir a las empresas estadounidenses que pagaran para obtener contratos y negociaciones con la estatal petrolera.

  Harvest Natural Resources Inc., con sede en Houston, y HNR Energía B.V., subsidiaria de la primera, se encontraban entre las víctimas de esta conspiración.

  Informan que cuando en 2012 y nuevamente en 2014, Harvest intentó vender sus activos en Venezuela, operación que requería la aprobación de Ramírez desde sus funciones gubernamentales. Este, a través del co-conspirador, Juan José García Mendoza, habría exigido repetidamente que Harvest le pagara sobornos para asegurar la aprobación de Venezuela. La demandante se negó a pagar y los acuerdos fracasaron. Harvest pudo vender sus activos con gran pérdida.

  Para recuperar la pérdida, Harvest presentó la demanda contra Ramírez, García y otros, el 16 de febrero de 2018, alegando violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), la Ley Sherman, la Ley Robinson-Patman y la Ley de Libre Empresa y Antimonopolio de Texas. En la misma fecha, Harvest notificó a Rafael Ramírez dejando una copia de la demanda y citación originales con un empleado doméstico que residía en la última y única dirección conocida de este en Nueva York, a saber, el 16 E. 81st Street, Nueva York, Nueva York 10028 (sede de la residencia que ocupan los Embajadores de Venezuela ante la ONU).

  Los demandantes sostienen que, indiscutiblemente, Ramírez tenía conocimiento real de la demanda cuando fue presentada y se comunicó con la prensa y su asesor legal al respecto. Sin embargo, el ex-zar petrolero venezolano optó por no responder ante la corte, aun cuando hizo referencias a ella a través de los medios de comunicación y sus redes sociales.

  El Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, finalmente determinó que era apropiado un fallo definitivo en rebeldía.

  Investigaciones llevadas a cabo por Harvest, revelaron que prácticamente Rafael Ramírez no tiene activos a su nombre que permitieran ejecutar la sentencia del tribunal.

  Harvest refirió al tribunal que cuando lograron ubicar a Rafael Ramírez, este se movió para anular la sentencia final por incumplimiento del Tribunal (1), alegando una buena causa bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 60 (b) (1), alegando que su incumplimiento no fue intencional. Además, resultaba nulo bajo la Regla 60 (b) (4) dado que la notificación del proceso fue insuficiente. También hizo la moción para desestimar la demanda bajo la Regla 12 (b) (2) por falta de contactos en Texas suficientes para jurisdicción personal, y bajo la Regla 12 (b) (5) por servicio insuficiente. En una moción complementaria, Ramírez buscó desestimar bajo las Reglas 12 (b) (6) o 12 (c) por no presentar un reclamo, sobre la base de que Harvest renunció a su derecho a demandarlo.

  Tras la moción de Ramírez de anular la sentencia en rebeldía, el Tribunal permitió pruebas escritas limitadas relacionadas con el servicio y la jurisdicción, cuyo período ya se había cerrado al momento de presentar estas respuestas. Las partes han confirmado que sus respuestas de descubrimiento y sus producciones están completas.

Los argumentos de Harvest

  Aseguró Harvest en su escrito que Rafael Ramírez no estableció las razones por las cuales la sentencia en rebeldía de la Corte debía ser anulada y recordó que, antes de dictar sentencia en rebeldía, el tribunal concluyó que el demandante había entregado debidamente la demanda a Ramírez, así como también que la Corte de Houston tiene jurisdicción personal sobre demandante.

 Consideró Harvest que no había una buena causa para anular la sentencia en rebeldía y que para rebatirla, Ramírez presentó solamente su simple declaración de que su incumplimiento no fue intencional. Para los demandantes, la evidencia lo desacreditaba “abrumadoramente”.

  En tal sentido, Harvest asegura que Ramírez recibió una notificación de la demanda el día en que se presentó y tuvo la capacidad de responder, pero decidió ignorarla. “Eso pone fin a la investigación de una buena causa. Si se anulara la sentencia, Harvest ahora sería menos capaz de descubrir evidencia para sustentar sus reclamos y no podría perseguir reclamos contra los otros acusados que desestimó para obtener la sentencia en rebeldía, circunstancias que no habrían existido si Ramírez hubiera aparecido oportunamente”.

  Y sentenció: “Ramírez también tendría más tiempo para ocultar activos”.

  Los demandantes aseveraron que la sentencia en rebeldía no era nula por notificación del proceso insuficiente. A la excusa de que ya no vivía en Nueva York como única base para desafiar el servicio, no era suficiente pues el Tribunal estaba al tanto de eso antes de encontrar el servicio adecuado y dictar sentencia en rebeldía. “El servicio en la antigua residencia de Ramírez era legalmente suficiente porque recibió una notificación real de la demanda. El servicio de Harvest en la última y única residencia conocida de Ramírez fue un esfuerzo de buena fe para cumplir con las reglas de servicio federal, y Ramírez ciertamente disfrazó su paradero”.

  En tercer lugar, Harvest considera que la Corte tenía jurisdicción personal sobre Rafael Ramírez antes de dictar la sentencia en rebeldía. Refirieron que una impugnación de jurisdicción personal debe plantearse como parte del primer movimiento defensivo significativo del acusado o se perdería.

  Por otra parte, los demandantes estimaron que, en todo caso, la Corte tenía múltiples bases de competencia personal que Ramírez no impugnó.

  Por todo ello, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energía B.V. pidieron al tribunal rechazar la moción de Rafael Ramírez de anular la sentencia definitiva en rebeldía.

Las escaramuzas de Ramírez

  Los demandantes sostuvieron que Ramírez ignoró deliberadamente la demanda de Harvest, lo que ponía fin a la investigación de causa justificada.

  El expresidente de PDVSA, precisaron, no demostró que su negligencia fuera excusable, en lugar de intencional. Fue notificado el mismo día de la demanda y, de hecho, en esa misma fecha Ramírez habló con Associated Press (AP) del asunto.

  Además, Rafael Ramírez y su abogado fueron notificados de la demanda poco más de un mes después de que se presentó y el 27 de marzo de 2018, el abogado de Harvest lo informó de la misma a través de un mensaje de WhatsApp a su número de teléfono de Nueva York. También, en sus respuestas al interrogatorio, Ramírez dijo que fue notificado de la demanda a través de un mensaje de texto de WhatsApp de una persona que supuestamente era el abogado de Harvest, y que "remitió el texto a su abogado".

  Subrayaron que Ramírez pudo responder oportunamente y no lo hizo a pesar de estar en conocimiento de la demanda. Destacaron que la evidencia refutaba los argumentos de Ramírez, toda vez que habla el idioma inglés y participó en innumerables oportunidades en las redes sociales sobre el tema, así como en nueve entrevistas.

Ramírez disfrazó intencionalmente su paradero

  Harvest advirtió al tribunal que Rafael Ramírez ocultó su paradero deliberadamente.

  Indicaron que la evidencia reveló que Ramírez ocultó su residencia al momento del servicio, lo que respalda aún más la conclusión de que el servicio en la dirección de Nueva York, incluso si se trataba de una residencia anterior, era apropiado.

   Categóricamente aseguraron los demandantes que Ramírez “nubló su paradero” en el momento del servicio y lo continuaba haciendo al momento en que este reclamo se hacía ante el tribunal. De hecho, en su declaración en apoyo de su moción para anular la sentencia en rebeldía, estuvo dispuesto a especificar solo el continente de su presunta residencia y afirmó que ningún personal de la embajada venezolana sabía dónde estaba.

martes, 11 de mayo de 2021

Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York Mantener el sello sobre documentos del expediente de Víctor Mones Coro

   La acción responde a un pedido de Inner City Press de abrir documentos del caso.

Por Maibort Petit

   La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, magistrado de la referida jurisdicción, mantener bajo sello un conjunto de documentos pertenecientes al expediente del caso Estados Unidos contra Mones Coro y otros.
  Un pedido ante al cual el magistrado ordenó a la secretaría del tribunal mantener el acceso solamente al Fiscal Federal Auxiliar que maneja el caso y su personal y la corte. El gobierno informar antes del 29 de abril de 2021 qué aspectos de los documentos permanecerán sellados y cuáles se harán públicos.


  El 31 de marzo de 2021, Inner City Press, presentó una solicitud para abrir documentos en el referido caso.

  Ante tal solicitud, el juez Hellerstein había ordenado el 14 de abril a la fiscalía, reconociendo la presunción a favor de la rendición de cuentas y la presentación pública de documentos, que informara a la Corte qué partes de los documentos a su juicio debían permanecer sellados con la respectiva motivación para ello.

  El 31 de marzo de 2021, el Tribunal del distrito Sur de Nueva York sentenció a Victor Mones Coro a cumplir 55 meses de prisión por haber formado parte de un plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su supuesto testaferro, Samark José López Bello; así como al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro, violando con esta acción las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de estados Unidos (OFAC). Mones Coro se había declarado culpable de una acusación formal de cinco cargos el 4 de enero de 2021[1].








[1] Department of Justice. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

 

miércoles, 30 de diciembre de 2020

Hasta por discriminación llueven demandas sobre CITGO

  Un ex-trabajador reclama una serie de compensaciones luego de haber sufrido un accidente en la refinería de Corpus Christi que lo discapacitó y en donde los responsables de atenderlo en el evento, actuaron con negligencia.

Por Maibort Petit

  El principal activo de Venezuela en el extranjero, CITGO, se ha convertido en los últimos años en blanco de demandas, bien por hechos de corrupción, como por la realización de contrataciones irregulares, reclamos por pagos, compensación por deudas de la república y hasta por discriminación laboral.

   Es el caso del ex-trabajador de CITGO Petroleum Corporation, Gabriel Alvarado — discapacitado a raíz de un accidente ocurrido el 19 de julio de 2009, durante sus labores en la refinería de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, ubicada en Corpus Christi, Texas— quien acusa a la empresa de discriminación por su condición, por lo que recurrió ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División Corpus Christi, para reclamar que se le repare por daños reales y se le reivindique, tanto devolviéndolo a su cargo, como pagándole salarios perdidos, bonos y otros beneficios que se establezcan en el proceso judicial.

    Exige la realización de un juicio por jurado y un fallo contra CITGO que se traduzca la cancelación por daños compensatorios por el monto máximo permitido por la ley; que la empresa tome otras acciones adicionales que sean necesarias para reparar la violación de los Derechos Civiles que se le violaron; el pago de intereses previos y posteriores al juicio en la cantidad máxima permitida por la ley; los costos de la demanda, incluidos los honorarios de peritos y abogados; y la concesión de cualquier otra reparación adicional que le corresponda.

   Sostiene que en su caso involucra discriminación por discapacidad y represalias en violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 42 USC Sec. 12101 y siguientes, así como de la Sección 21 del Código Laboral de Texas y siguientes; y represalias en violación de la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas, Código de Laboratorio de Texas, Sec. 451.001 y siguientes. Además, afirma una reclamación en virtud de la sección 504 de la Ley de rehabilitación relacionada con la discriminación por discapacidad y represalias.

  La historia de Gabriel Alvarado se remite al 19 de julio de 2009, cuando a consecuencia de una explosión química mientras trabajaba en la planta del Demandado en Corpus Christi, Condado de Nueces, Texas, sufrió lesiones graves que le provocaron discapacidad. El incidente fue cubierto por la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas.

   La demanda detalla lo ocurrido y cómo David Cave, el Jefe de Bomberos de CITGO a cargo de la situación, actuó negligentemente y no le brindó la ayuda que requería[1].

   Dicha negligencia lo obligó a esperar por una ambulancia que no llegó en el momento preciso, debiendo el demandante soportar un terrible dolor sin que se le brindara la atención médica y cuidados necesarios. Ese día, cuando por fin llegó la ambulancia, a Gabriel Alvarado le suministraron un medicamento que lo noqueó.

  El demandante se despertó 90 días después en el hospital y fue cuando constató que había sufrido quemaduras externas e internas en aproximadamente el 60 por ciento de su cuerpo, que perdió el antebrazo y la mano izquierda, de los graves daños que presentaba su lado derecho, así como también en el área de los ojos, las orejas y los labios, que tuvieron que rehacerse mediante injertos. Sus piernas también resultaron gravemente dañadas. Desde entonces ha tenido que someterse a más de 50 cirugías y, por el resto de su vida, deberá recibir terapias.

  Y aunque en su momento David Cave fue degradado/removido como Jefe de Bomberos después de la explosión química de 2009 y de que Gabriel Alvarado volvió a trabajar en enero de 2011, el causante en buena parte de su tragedia (David Cave) fue reinstalado como Jefe de Bomberos y gerente/supervisor en diciembre de 2018.

   Desde entonces, comenzó un patrón de discriminación, represalias y acoso contra Gabriel Alvarado sometiéndolo a una serie de condiciones laborales que le han ocasionado daños, incluso psicológicos.

El seguro social

  A raíz de las lesiones sufridas en julio de 2009, Gabriel Alvarado solicitó y recibió pagos mensuales subsidiados por discapacidad del Seguro Social para él y sus familiares.

 Para ello requería que CITGO llenara los "Formularios de Discapacidad del Seguro Social" requeridos para establecer que el demandante calificaría para dichos pagos de beneficios. Los papeles incluyen el formulario de cuestionario de actividad laboral, que es necesario para que el Seguro Social califique a Alvarado para los pagos subsidiados por discapacidad. Allí se estableció que el demandante solo podía realizar el diez por ciento de sus obligaciones laborales anteriores.

  En 2011, el Alvarado calificó para pagos subsidiados por discapacidad del Seguro Social que subsidiaban el otro noventa por ciento de las tareas laborales que no podía realizar. Por ello recibió aproximadamente USD 2.100 por mes en pagos por discapacidad, incluidos los pagos para miembros de la familia.

  Sin embargo, CITGO luego se negó a completar los referidos formularios y por esta razón, el seguro Social ahora le está demandando a Gabriel Alvarado el reembolso en efectivo de USD 60.000 lo descalificó a él y a los miembros de su familia de beneficios pasados y futuros.

Lo que pide Alvarado

   Gabriel Alvarado exige un juicio con jurado, que CITGO le pague los salarios caídos, pasados y futuros; daños compensatorios, que incluyen angustia mental, dolor emocional, sufrimiento, molestias, pérdida del disfrute de la vida sufridos en el pasado y que, con toda probabilidad razonable, se sufrirán en el futuro; pérdidas pecuniarias; daños liquidados y punitivos; honorarios de abogados, honorarios de expertos y costos razonables.

    Asimismo, el demandante exige que CITGO corra con los gastos legales que su actitud ha ocasionado, por cuanto ha tenido que contratar un abogado debido a la negligencia de la empresa.

Referencia

[1] Venezuela Política. “Ex trabajador discapacitado que demandó a CITGO exige juicio con jurado y daños compensatorios”. 21 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/ex-trabajador-discapacitado-que-demando.html