Claves para comprender el caso de Nervis Villalobos Cárdenas

  Su nombre está asociado a diversas denuncias de corrupción en el sector eléctrico venezolano y en PDVSA, lo cuales han significado la pérdida de millones de dólares del erario público.

Por Maibort Petit

 

  Tal como lo hemos venido haciendo en las últimas entregas con los protagonistas de sonados casos de corrupción, presentamos en esta ocasión los puntos clave del caso criminal de Nervis Villalobos, el cual se ventila en la Corte del Distrito de Texas-División Houston.

Perfil de Nervis Villalobos Cárdenas

  Nacido en Maracaibo y casado con Milagros Coromoto Torres, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, es un ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia, quien trabajó en Enelven, donde llegó a ocupar importantes cargos gerenciales.

  En la gestión de Alí Rodríguez Araque, fue designado director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas y, luego, cuando el referido despacho fue asumido por Rafael Ramírez, Villalobos ocupó el viceministerio de Energía Eléctrica. Desde esta última posición, se encargó de desarrollar diversos planes de incremento de la generación eléctrica, entre ellos el de La Vueltosa en los estados Mérida y Táchira. Es por la presunta comisión de irregularidades en este y otros proyectos eléctricos, que su nombre empieza a protagonizar una serie de denuncias de corrupción.

   En 2003, la Consultoría Jurídica de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec), alertó sobre supuestas irregularidades en la ejecución de 8 mil millones de bolívares que el Ministerio de Energía y Minas destinó a un contrato para una campaña de concientización del ahorro energético destinada a varios canales de televisión. Villalobos Cárdenas habría suscrito dichos contratos sin tener facultades para ello. El caso también fue investigado por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

En boca de Luis Tascón y amigo de los bolichicos

  El fallecido diputado oficialista, Luis Tascón, lo denunció en 2007 por contratar empresas que han incurrido en malversación de fondos en la construcción de la central eléctrica Fabricio Ojeda, conocida como La Vueltosa y acusó una presunta estafa de USD 60 millones en dicho proyecto.

  También el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, lo señaló de ofertar sobornos de parte de la empresa Derwick Associates ante el exministro Rafael Ramírez. Villalobos lo negó y sostuvo que su trabajo se limitaba a la asesoría.

  Igualmente, se le vinculó a supuestos hechos de corrupción en la construcción la planta de generación Termozulia IV, ubicada en el Complejo Termozulia, en el municipio La Cañada de Urdaneta de esa entidad.

Lluvia de denuncias

  Nervis Villalobos también figura entre los jerarcas del gobierno venezolano involucrados en los escándalos de el Banco Privado de Andorra y el Banco de Madrid, según refirió el diario El Mundo (España) en 2015.

  Se trataría de millonarias comisiones supuestamente obtenidas de las contrataciones irregulares la empresa española Duro Felguera que en 2009 para construir la central eléctrica El Sitio en los Valles del Tuy, Miranda, por más de USD 2.000 millones. El caso lo investiga la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra[1].

  También habría tenido que ver con el caso de los empresarios cubano-americanos Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, sentenciados en Nueva York por ayudar a lavar millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano[2].

USD 1,5 en relojes

  Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand) fechado en septiembre de 2020, refiere que Nervis Villalobos Cárdenas gastó USD 1,5 millones en el año 2011 en la compra de relojes de las marcas Rolex, Cartier, Chopard y Breguet.

  El objetivo de la adquisición habría sido el banqueo de dinero a través de un joyero sometido a ahora a un proceso de investigación[3].

Los cargos

   En febrero de 2018, junto a Luis Carlos de León Pérez, César David Rincón Godoy, Alejandro Istúriz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, Nervis Villalobos Cárdenas fue acusado en la Corte del Distrito de Texas-División Houston de la supuesta comisión de delitos de conspiración para cometer lavado de dinero; lavado de dinero; y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

   Estos exfuncionarios venezolanos habrían participado en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos para asegurar contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, fueron arrestados en España en octubre de 2017 por las autoridades d e la nación ibérica en atención a las órdenes emitidas por el tribunal de Texas.

  Villalobos Cárdenas permanece bajo custodia española pendiente de extradición a los Estados Unidos.

Argumentos de la acusación

   Según la documentación de las autoridades estadunidenses, los cinco acusados se conocían como el "equipo de gestión" de PDVSA el cual conspiró entre sí y otros para solicitar a varios proveedores de petrolera estatal venezolana —entre algunos residentes de los Estados Unidos y con empresas de su propiedad y control— sobornos a cambio de la aprobación de contratos y asistencia en relación con su negocio con la empresa.

   Agrega la acusación que los co-conspiradores lavaron los ingresos del plan de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas, incluso a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos, y, en algunos casos, los avances en el soborno ingresan a La forma de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en EE. UU.

  La acusación refiere que Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, enviaron más de USD 27 millones en pagos de sobornos a una cuenta en Suiza de la cual de León y Villalobos eran firmantes autorizados. Dichos fondos se transfirieron más tarde a otras cuentas también en Suiza. Tanto Roberto Rincón como Shiera se declararon culpables en el distrito sur de Texas a los cargos de FCPA en relación con un plan para sobornar a los funcionarios PDVSA.

Narcotráfico

   El 26 de marzo de 2020, la Administración para el Control de Drogas (DEA) acusó a varias personas cercanas a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de mantener relaciones con el narcotráfico, pero Villalobos Cárdenas lo negó tajantemente.

"Ni he estado, ni estoy ni estaré investigado por narcotráfico", le aseguró a El Mundo, pese a que la DEA lo incorporó a un esquema en el que sitúa a los dirigentes chavistas que habrían convertido a Venezuela en "un narcoestado que auspicia el terrorismo, uniéndose a las FARC [antigua guerrilla colombiana] para exportar toneladas de cocaína a EEUU"[4].

Suiza le niega residencia

  En marzo de 2021, las autoridades de Suiza le negaron a Nervis Villalobos y su familia, un permiso de residencia que introdujo en 2016.

  La Secretaría de Estado de Migración recomendó al Tribunal Administrativo Federal de Suiza no admitir la solicitud, pues podría verse perjudicada la reputación del país y amenazar el orden y la seguridad interna en esa nación, en razón de que Villalobos es objeto de un proceso judicial por corrupción y lavado de dinero. El tribunal acogió la recomendación.

Testigo en caso de Modoro

  En septiembre de 2021, Nervis Villalobos declaró en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional de España sobre el caso que en esa instancia judicial se investiga sobre el exembajador español en Venezuela, Raúl Modoro, quien supuestamente entre 2011 y 2015 habría recibido más de 4,5 millones de euros de PDVSA.

  Dijo que no conocía a Modoro hasta que la policía española lo contactó para pedirle ayuda sobre las presuntas comisiones de la petrolera venezolana PDVSA.

  Durante un allanamiento, la policía encontró en la residencia de Villalobos un contrato de los Modoro con PDVSA que, según Villalobos estaba en su poder porque se lo entregó la propia policía española en 2016 para que suministrara información sobre los firmantes.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/05/asi-pasaron-miles-de-millones-de-pdvsa.html

 

[2] Venezuela Política. “Jurado declaró culpable a dos empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami”. 16 de noviembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/11/jurado-declaro-culpable-dos-empresarios.html

[3] El Pitazo. “Nervis Villalobos: el exviceministro de Energía que busca EE. UU.”. 5 de noviembre de 2021. https://elpitazo.net/politica/nervis-villalobos-el-exviceministro-de-energia-que-busca-ee-uu/

 

[4] El Mundo. “El ex viceministro de Chávez se defiende de la acusación de EEUU: ‘Ni he estado, ni estoy, ni estaré investigado por narcotráfico’". 8 de abril de 2020. https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/08/5e8c890721efa094668b46ce.html

José Luis Parada ocultó en Suiza fondos sustraídos irregularmente de PDVSA

   El dinero era el producto de haber esquilmado a la petrolera estatal venezolana mediante una trama de corrupción que encabezó Nervis Villalobos.

Por Maibort Petit

  Una investigación periodística sustentada con la debida documentación, reveló que el exdirector general de Producción y Explotación de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), José Luis Parada, ocultó USD 7,1 millones en un banco suizo los cuales transfirió desde la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Rafael Ramírez, José Luis Parada, Nervis Villalobos y Diego Salazar

    La operación tuvo lugar durante el mes de julio de 2014 cuando Parada trasladó los fondos a una cuenta en la Banca Credinvest SA desde la cuenta de emisión en BPA donde había acumulado un saldo de USD 8,5 millones entre los años 2008 y 2015.

    La información que dio a conocer el diario español El País[1] el cual precisó que en dicha institución andorrana en la que el secreto bancario rigió hasta 2017, José Luis Parada recibió depósitos —entre 2010 y 2011— de parte de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía durante la gestión de Hugo Chávez, los cuales alcanzaron los USD 6 millones. Los restantes USD 2,5 millones los hizo llegar Diego Salazar, familiar del ex-zar del petróleo venezolano, Rafael Ramírez. Tanto Villalobos como Salazar, formaron parte de una trama de corrupción que ocultó en 37 cuentas bancarias, fondos provenientes de sobornos y comisiones percibidos por su participación en la aprobación de contratos irregulares de la estatal petrolera, habiendo logrado sus protagonistas esquilmar a PDVSA unos USD 2.000 millones[2].

   Parada se valió d e una empresa de maletín denominada Prometeo Internacional SA, para abrir la cuenta en el BPA, la cual hizo adquisiciones entre 2008 y 2014 en valores de compañías que sumaron USD 16 millones.

  La nota indica que, mediante dos tarjetas asociadas a Prometeo Internacional SA, entre los años 2009 y 2013, se hicieron cargos en suntuosos establecimientos, hoteles y restaurantes en Houston, Los Ángeles, San Diego, Miami, París, Bogotá, Barcelona o Düsseldorf que totalizaron 128.700 euros.

  Ante el BPA, José Luis Parada dijo que los ingresos que recibiría la cuenta corresponderían a pagos por sus servicios como asesor de Nervis Villalobos.

   Se hace mención en la información de que Nervis Villalobos y Diego Salazar camuflaron las operaciones mediante traspasos internos, ordenando las transferencias desde cuentas asociadas a Tristaina Trading SA y Monterrey Management SA, empresas instrumentales del primero, y de High Advisory and Consulting SA, una firma del segundo con su testaferro, Luis Mariano Rodríguez Cabello.

  Parada también transfirió USD 1 millón desde el BPA al Union Bancaire Privée de Suiza, el 28 de marzo de 2011, cuyo beneficiario no ha podido ser identificado por las autoridades.

  Estaba, pues, el exdirectivo de PDVSA evitando que sus fondos fueran congelados, tal como había ocurrido con otras personas (dirigentes del chavismo y de PDVSA) que eran investigados por la citada trama de corrupción citada líneas arriba. En el registro bancario, Parada argumentó los retiros en razón de que “no existe seguridad jurídica en el país que proteja su patrimonio, así como una persecución intencionada por parte de las autoridades locales a las personas de su nacionalidad”.

  Parada, quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana, se encontraría, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), organismos que determinó que los fondos del exdirectivo de Petróleos de Venezuela provenían de la corrupción ejercida en dicha empresa a la cual esquilmó la millonaria suma.

Referencias

[1] El País. “Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza”. 27 de octubre de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-10-27/un-directivo-de-petroleos-de-venezuela-oculto-siete-millones-en-suiza.html

[2] El País. “Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra”. 14 de diciembre de 2017. https://elpais.com/internacional/2017/12/13/actualidad/1513189655_511418.html

 

Así ha huido Rafael Ramírez del juicio que entabló Harvest en su contra en la Corte de Houston

   Para Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV ha resultado toda una odisea sentar al ex-zar petrolero venezolano en el banquillo de los acusados.

Por Maibort Petit

   Un escurridizo Rafael Ramírez se dio a conocer en los alrededores del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, donde en febrero de 2018, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV entabló una demanda en su contra, al señalarlo causarles daños y de formar parte de un esquema de soborno y lavado de dinero.

   La acción legal de los demandantes igualmente está dirigida contra Juan José García Mendoza, Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company Inc., Petroconsultores (Barbados) LTD., Petroconsultores Inc., Selle LLC, Azure 904 LLC, Azure 406 LLC, Eulogio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, supuestamente integrantes de la trama de corrupción.

  Pero los demandantes no la han tenido fácil con el exministro de energía y minas y expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en su objetivo de sentarlo en el banquillo de los acusados y hacer que responda a las imputaciones que le formulan. De hecho, el 13 de febrero de 2019, la juez federal de Houston, Lee Rosenthal, dictaminó que Rafael Ramírez debía pagar a los demandantes USD 1.400 millones como compensación por el fraude de fueron objeto, pero una nueva decisión judicial le otorgó la oportunidad de presentarse a un nuevo juicio en el que pudiera ejercer su derecho a la defensa[1].

  De la odisea que ha significado para los demandantes para darlo por enterado de la acusación y así poder verse a la cara con Ramírez en los tribunales, damos cuenta en esta entrega en la que mostramos una serie de diligencias, documentos y estrategias emprendidas para cumplir con el cometido de enjuiciar a Rafael Ramírez.

   El 17 de octubre de 2019, Abbe David Lowell, abogado de la firma Winston & Strawn, responsable del demandado Rafael Darío Ramírez Carreño, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, el segundo conjunto de respuestas y objeciones de su representado sobre cuestiones relativas a Servicio de proceso y jurisdicción en el caso de la demanda que, contra él y otros, entablaron Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V.

   El abogado de Ramírez, de conformidad con las Reglas Federales de Procedimiento Civil 33 y 34, y la Regla Local 33 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, respondió y objetó por segunda vez a los demandantes sobre cuestiones relativas al servicio del proceso y la jurisdicción. Tales respuestas fueron designadas como confidenciales en los términos de la Orden de Protección Convenida, la cual fue dictada por el tribunal el 1 de octubre de 2019.

  Asimismo, se precisó que, de conformidad con las órdenes del Tribunal y el acuerdo del abogado, se proporcionarían respuestas adicionales de forma continua y se completarían antes del 16 de enero de 2020.

La información confidencial

  En primer lugar, se advertía la posible sospecha por parte de Nicolás Maduro, de que fuera Rafael Ramírez una de las fuentes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuyos datos permitieron la elaboración del informe oral que emitió el 20 de marzo de 2019 y que fue publicado el 4 de julio de 2019, relativo a las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

   Entre los datos se refiere que existía una amplia evidencia de que los objetivos políticos, como es el caso de Rafael Ramírez, son severamente torturados y asesinados si son capturados o extraditados. Como ejemplo se cita el caso de Nelson Martínez, exministro de petróleo y exjefe de la refinería Citgo Holding Inc., quien había muerto para la fecha, mientras se encontraba en prisión en Venezuela. Un hecho que ocurrió luego de haber sido secuestrado y abusado durante un año bajo las órdenes de Nicolás Maduro, sin haber sido juzgado ni convicto. Había sido arrestado en noviembre de 2017 como parte de la purga política implementada por Maduro en contra de sus de opositores políticos.

  Otro caso citado es el del arresto el 30 de junio de 2019, del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien fue torturado hasta la muerte mientras estaba en prisión en Venezuela. Asimismo, en agosto del mismo año, el concejal de la oposición, Fernando Albán, murió tras caer desde el décimo piso de la sede de los servicios de inteligencia de Venezuela en Caracas tras ser secuestrado y torturado durante 72 horas. Agrega que las solicitudes de extradición contra ciudadanos venezolanos que viven en España han sido denegadas en razón del riesgo de tortura, tratos inhumanos o degradantes si se devuelven a Venezuela.

   En el interrogatorio número 5, en el que se le consulta cómo y cuándo se enteró de la demanda en su contra, Ramírez objeta esta solicitud en la medida en que busca información sujeta al privilegio abogado-cliente, la doctrina del producto del trabajo y cualquier otro privilegio aplicable.

   Sujeto y sin exención de las objeciones anteriores y del derecho de Ramírez a enmendar o complementar sus respuestas, este respondió que, uno o dos días después de que se presentara la acción legal en febrero de 2018, cuando un periodista de Reuters le preguntó sobre el asunto. El reportero no especificó cómo se mencionaba a Ramírez en la demanda, pero sí que se trataba de denuncias de sobornos en PDVSA. Ramírez le habría respondido al periodista que que no recibió ningún soborno, así como su creencia de que, en algún momento después, una persona que se presentaba como abogado de Harvest intentó contactarlo a través de WhatsApp. Como no pudo determinar si el texto era creíble, lo remitió a su abogado.

   En el interrogatorio Nº 9 se le pide a Rafael Ramírez identificar, por institución financiera y número, todas las cuentas financieras en los Estados Unidos en las que tenga o haya tenido alguna propiedad o interés de beneficiario final desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha de la entrevista, incluidas, entre otras, las cuentas de Ocean Bank, Espirito Santo Bank, Brickell Bank o Amegy Bank. Se indicaba que debía incluirse cualquier propiedad o interés de beneficiario final que tenga o haya tenido a través de cualquier individuo o entidad, incluidos los testaferros.

   Esta pregunta también fue objetada por Ramírez por considerar como inexactos los hechos a que se refiere, además de requerir información sensible y personal. Sujeto y sin renuncia a la objeción anterior y al derecho de enmendar o complementar sus respuestas, Ramírez dijo que en o alrededor de mayo de 2015, abrió una cuenta financiera en la Cooperativa de Crédito Federal de las Naciones Unidas (UNFCU) para recibir salario como a embajador. Aseguró que esa era la única cuenta bancaria que poseía en Estados Unidos y agregó que, antes de abrirla, tenía una cuenta financiera en Bank of America con el mismo propósito de recibir su salario, pero esta fue cerrada por el banco en algún momento entre enero y mayo de 2015. Negó el uso de testaferros.

  En el interrogatorio Nº 12, se le pidió a Ramírez identificar todo el dinero, pagos, bienes o servicios de cualquier tipo y valor que él o su familia recibieron de Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, Javier Alvarado-Ochoa, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha del interrogatorio.

  Como las anteriores, esta pregunta también fue objetada por Ramírez al procurar información más allá del alcance del servicio y cuestiones de jurisdicción personal. Sujeto y sin renuncia a las objeciones anteriores y al derecho de modificar o complementar sus respuestas, Ramírez aseguró que no conoce personalmente a dichas personas.

El abogado y el periodista

  El 23 de marzo de 2018, el periodista de AP, Joshua Goodman, le remitió un correo electrónico a Dane Ball, abogado de la firma Smyser Kaplan & Veselka L.L.P, en el que advertía que, para responder algunas interrogantes al abogado, debían garantizarle que no sería citado en ningún expediente judicial, petición a la que accedió el requirente: “Correcto. No lo citaremos ni haremos público un correo electrónico que nos envíe”, le aseguró Ball.

   El abogado, en un correo anterior, le había hecho referencia a la respuesta de Rafael Ramírez respecto a la fecha en que se había enterado de la demanda en su contra de parte de Harvest y a una afirmación del reportero acerca de que por vía telefónica le había enviado la denuncia y quería saber los detalles de la respuesta de Ramírez.

   Cuando obtuvo la garantía, Goodman dijo que revisaría sus archivos y, momentos después, respondió quelo único que Rafael Ramírez le había manifestado era que Harvest quería vender sus activos y la Asamblea Nacional debía aprobarlo, de acuerdo a las leyes que rigen las empresas conjuntas con PDVSA.

  Goodman agregó que Ramírez advirtió que no era una decisión discrecional de él la aprobación de la operación y que se reservaba el derecho de demandar a la empresa. Dijo que el expresidente de PDVSA y ex ministro de energía venezolano, comparó la denuncia en su contra con terrorismo judicial, pero sin mencionar a los abogados.

   Rafael Ramírez le habría informado que consultaría con un abogado para que revisara la denuncia y preparara una declaración y aseguró que “nunca le había pedido dinero a nadie ni que se involucraría en la elección de socios para una empresa conjunta. Que dependía de una entidad llamada CVP, supongo que alguna oficina de PDVSA o agencia gubernamental”.

   Pero la brega de Dane Ball por contactar a Ramírez a través de Joshua Goodman venía desde el 17 de febrero, cuando el abogado le envió un correo electrónico al periodista de AP para solicitarle que, si volvía a tener comunicación con el exministro petrolero venezolano, le hiciera mención de su interés por contactarlo informalmente.

   El abogado expresó de manera que el periodista se lo hiciera saber a Ramírez que, si bien existían mecanismos legales formales para resolver la situación, estimaba intentar intercambiar información hablando de manera informal.

   Ball no subestimaba ninguna información que el periodista pudiera suministrarle, al tiempo que se comprometía a no revelar la fuente.

  A lo que Joshua Goodman le advirtió que no creía posible poder convertirse en un conducto entre ambas partes. Entonces mostró una ficha, le suministraría un número telefónico de Rafael Ramírez con el firme compromiso de que nunca se hiciera saber que él ni ningún otro periodista lo había proporcionado.

   Y finalmente vino el dato, con la advertencia de que la comunicación tal vez sólo sería posible por WhatsApp a través de wifi, pues dudaba que mantuviera la línea telefónica en uso.

Y efectivamente, el número pertenecía a Rafael Ramírez:

   Días después, específicamente el 27 de marzo de 2018, el abogado Dane Ball contactó a Rafael Ramírez a través de un mensaje de WhatsApp, presentándose como uno de los abogados de Harvest Natural Resources en la demanda que ésta entabló en Estados Unidos contra el ex-zar petrolero venezolano.

   Ball le refirió a Ramírez que el motivo de su comunicación se debía al hecho de que este no había respondido a la demanda en el tribunal, ni ningún abogado se había presentado en su nombre.

  Le manifestó su interés de conversar sobre el asunto con él o con su abogado para, simplemente, “saber, en este momento, si responderá a la demanda en la corte”.

   Finalmente le reiteró la invitación a hablar con relación a la demanda, bien por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico.

[1] Venezuela Política. “¿Engañó Rafael Ramírez al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston?”. 7 de mayo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/05/engano-rafael-ramirez-al-tribunal-del.html

¿Engañó Rafael Ramírez al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston?

  Una decisión de la corte le otorgó al exjerarca petrolero venezolano, la oportunidad de presentarse a un nuevo juicio en el que pudiera ejercer su derecho a la defensa.

Por Maibort Petit

   Algunos documentos y rastreos harían presumir que Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y ex ministro de energía y minas en el gobierno del finado Hugo Chávez, así como canciller y representante de Venezuela en la ONU bajo la administración de Nicolás Maduro, habría engañado a la Corte de Houston donde las empresas Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energía BV lo acusaban de fraude.

   En febrero de 2018, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil ante el tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios, a saber, Juan José Mendoza García, Petro Consultores S.C., Petro Consultores International Trading Company Inc., Azure 904 y José Ángel González Acosta, acusándolos por daños y señalándolos de llevar a cabo un esquema de soborno y lavado de dinero.

  Según los demandantes, habrían sido objeto en cuatro oportunidades de presión para que pagar USD 10 millones a cambio de que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería aprobara la venta de los activos de las demandantes en Venezuela. Al haber rechazado tales exigencias, Harvest perdió dos operaciones por compradores diferentes en 2013 y 2014 (una por USD 725 millones y la otra por USD 400) y se vio obligada a vender los mismos activos por USD 255 millones, lo que representó una pérdida de USD 470 millones, así como, inesperadamente, dejar de hacer negocios y liquidar sus negocios.

  El 13 de febrero de 2019, la corte dictaminó a través de la juez federal de Houston, Lee Rosenthal, que Rafael Ramírez debía pagar a los demandantes USD 1.400 millones como compensación por el fraude de fueron objeto.

  Durante el proceso, Ramírez no dio respuesta al tribunal respecto a las acusaciones de que fue objeto por parte de Harvest y HNR y la juez Rosenthal que inicialmente, en diciembre de 2018 otorgó una compensación de USD 472 millones, monto que el nuevo fallo triplicó[1].

   Un mensaje del abogado Dane Ball, quien formó parte del equipo legal que representó a Harvest Natural Resources, da cuenta de esta situación.

  El abogado Ball refiere a Ramírez que “no ha respondido a la demanda en el tribunal, ni ha aparecido un abogado en su nombre” y, por ello, lo insta a hablar con él o a enviar a un abogado.

“Simplemente me gustaría saber, en este momento, si responderá a la demanda en la corte. Encantado de seguir hablando con usted, sobre este o el caso en general, por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. Nuevamente, si tiene un abogado con el que debería hablar, por favor avise”.

  Pero, sorpresivamente, el 26 de agosto de 2020, mediante una comunicación que los abogados de Harvest Natural Resources Inc. informaron que la empresa había decidido retirar voluntariamente la querella y advirtió que no estaba obligado a responder ante el tribunal.

  En esa ocasión, Venezuela Política conoció por fuentes ligadas al caso, que la razón del retiro de la acusación había sido el no haber logrado ubicar "una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio".

  Igualmente, la corte otorgó a Rafael Ramírez el derecho a iniciar un nuevo proceso en razón de que no había ejercido su derecho a la defensa al encontrarse fuera del territorio de los Estados Unidos “y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources”[2].

  Pero por lo menos hasta el 4 de diciembre de 2017 se había mantenido en Nueva York, ejerciendo como Representante Permanente de Venezuela ante las naciones Unidas, un cargo al que llegó —según insistieron distintos personeros de la política y la opinión pública venezolana— para revestirlo de inmunidad en razón de las múltiples acusaciones que existían en su contra. De hecho, la Asamblea Nacional lo señaló como responsable de la comisión de varias irregularidades y el Tribunal Supremo de Justicia la silenció para que, años después, el mismo sistema judicial que lo protegió, lo señalara como corrupto y responsable de buena parte de los ilícitos cometidos en la industria petrolera de que anteriormente lo había eximido.

  Desde esa capital emitía mensajes a través de su cuenta en la red social Twitter, referidos estos a su labor diplomática.

  El servicio Wayback Machine, el cual es una base de datos que contiene copias de una gran cantidad de páginas o sitios de Internet, certificó que el 5 de octubre de 2017, Rafael Ramírez se encontraba en Nueva York y desde allí lanzó los tweets.

   Documentos presentados por Harvest igualmente refieren que otros sitios de rastreo también ubicaban, para junio de 2019, a Rafael Ramírez en Nueva York, e indicaban que su dirección en dicha localidad era el 16 E 81st; New York, NY 10028-0201. Esta dirección es la correspondiente a la casa del Embajador de Venezuela ante la ONU. El inmueble es propiedad de la República de Venezuela.

Su esposa, Beatrice Sansó también fue ubicada en la misma dirección.

[1] Venezuela Política. “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 15 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/conoce-todos-los-detalles-de-la-demanda.html

[2] Venezuela Política. “¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/por-que-harvest-natural-resources-inc.html