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martes, 3 de mayo de 2022

La deuda amarrada al petróleo con China se contrajo en condiciones perjudiciales a Ecuador y con altos intereses

   El gobierno chino puso como condición 'mantener en secreto las condiciones de los préstamos' otorgados durante la administración de Rafael Correa, los cuales terminaron en sobrepago con la producción petrolera de Petroecuador.

Por Maibort Petit

  Una exigencia de la República Popular China al gobierno del expresidente, Rafael Correa, impidió que se conocieran las condiciones perjudiciales para Ecuador de los prestados atados al petróleo, así como los altos intereses de la misma, reveló el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”.

   La investigación parlamentaria saca a un informe de la Contraloría General del Estado fechado en abril de 2018 e identificado con el serial NA3-007-2018, donde se estableció que “Se declaró secreta y reservada la documentación de operaciones de endeudamiento, sin cumplir con los requisitos previstos en la ley y extendiendo indebidamente tal declaratoria hasta el pago total de los créditos”.

  Así lo había impuesto el gobierno chino a Rafael Correa, quien procedió a declarar las operaciones como reservadas de manera de evitar el escrutinio público de toda la contratación, para lo que emitió tres resoluciones ministeriales de 2010, a saber, MF-DM-RD-2010-001, MF- DM-RD-2010-002 y MF-DM-RD-2010-003, las cuales pusieron cerrojo sobre las negociaciones   pusieron candados sobre las negociaciones impidiendo que, por varios años, la nación ecuatoriana se enterara de los manejos del endeudamiento.

  El informe parlamentario refiere que fueron algunas publicaciones periodísticas, así como el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas y Petroecuador levantaran en ciertos casos la confidencialidad, lo que permitió que inicialmente que Ecuador se enterara de que se habían recibido esos préstamos con altos intereses, así como del castigo que se infligió al petróleo ecuatoriano por la forma en cómo se fijó su precio en los contratos comerciales. Dichas condiciones significaron que la nación ecuatoriana terminara comprometiendo mucho más crudo que el requerido para saldar la deuda.

Petroecuador más allá de sus competencias

  El informe de la comisión de fiscalización y control político hace referencia a la auditoría de la Contraloría General la cual estableció que Petroecuador se extralimitó en sus competencias.

  Refiere dicha auditoría que “‘a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y demás entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017’, la Contraloría General del Estado concluyó que Petroecuador E.P. gestionó, sin ser de su competencia, líneas de crédito mediante un convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito con el Ministerio de Finanzas, destinado a otorgar liquidez a la caja fiscal, cuando debieron destinarse únicamente a proyectos de inversión. 

  El referido aspecto se contrapuso a lo establecido en el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que prohíbe el endeudamiento para gasto permanente y establece que las entidades del sector público, que requieran operaciones de endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar programas de inversión e infraestructura”.

   El órgano contralor ecuatoriano estableció, tal como lo cita el informe parlamentario, que hubo un manejo “discrecional” de las operaciones de endeudamiento en razón de que “el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) derogó normas que preveían en forma clara, la composición de endeudamiento”, así como también otras leyes y reglamentos que “permitieron aplicación discrecional de conceptos sobre endeudamiento y su utilización”. Específicamente, se cita a modo de ejemplo de esta situación, el no considerar como deuda las operaciones de venta anticipada de petróleo, pese a haberse reconocido el pago de intereses y devengado no sólo con crudo sino también con dinero en efectivo, a saber, USD 35.000.000.

Correa sobrepasó el límite de endeudamiento

  El informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político del Poder Legislativo de Ecuador se remite a otro reporte de la Contraloría que concluyó que el gobierno de Rafael Correa, en octubre de 2017, superó el límite legal de endeudamiento, establecido en el COPLAFIP en 40 por ciento.

   Refirió la Contraloría que, hasta el 30 de junio de 2017, la deuda pública de Ecuador alcanzó USD 48’647.334.819,98, es decir el 48,41 por ciento del PIB de 2017, de acuerdo a lo que refiere el Estado de Situación Financiera del Presupuesto General del Estado de ese año.

  Indican los parlamentarios que la Contraloría advirtió que no se llevó a cabo el seguimiento de los convenios de crédito y de los proyectos ejecutados, como tampoco se emitió normativa técnica para la ejecución de operaciones de endeudamiento, administración de deuda y operaciones conexas. Además, se alerta de que el Decreto Ejecutivo 1218, estableció una metodología para cálculo de relación Deuda/PIB, lo cual no está previsto en la ley, pero permitió seguir contratando deuda sin requerir de la aprobación del Poder Legislativo Nacional, ni del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal que prevé el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Los acuerdos con China

   El informe indica que el 20 de noviembre de 2007 comenzó, con la firma del “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Económica” en Pekín, la nueva política de comercialización de hidrocarburos del gobierno de la “Revolución Ciudadana” de Rafael Correa. Tal política propuso la cooperación recíproca “en base del principio de beneficio mutuo”, al igual que el desarrollo de proyectos y acciones específicas en los ámbitos económico, comercial, industrial, científico, minero, energético, petrolero, turismo, entre otros.

 Además, China y Ecuador suscribieron otros 13 acuerdos de cooperación económica, medio ambiente, minas y energía, cultura, ferrocarriles, medidas sanitarias y fitosanitarias en agricultura y pesca, entre otros.

  En la misma fecha se firmó el “Acuerdo de Cooperación en el Sector Hidrocarburífero” de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador, Petroecuador, y la Corporación Nacional de Petróleo y Gas Natural de China y la Corporación Química de China, el cual perseguía desarrollar proyectos en la exploración, explotación y producción de petróleo, gas natural y yacimientos petrolíferos.

  Una nota de El Universo fechada el 19 de julio del 2017 informó que Petroecuador había vendido a Petrochina, a la empresa sueca Taurus Petroleum y a la británica Arcadia Petroleum cuatro embarques de 360.000 barriles de crudo cada uno[1]. Se iniciaban las relaciones comerciales entre Petroecuador y Petrochina International Company Limited.

Siguen los intermediarios

  Aun cuando una de las razones de Rafael Correa para instrumentar la alianzas fue la necesidad de terminar con los intermediarios, el informe parlamentario destaca que la información deja ver que en la operación de agosto de 2007 quedó en evidencia la presencia de Taurus Petroleum como comercializadora del crudo ecuatoriano, un hecho que no era la primera vez que ocurría, pues ya la intermediaria suiza se adjudicaba los cargamentos de petróleo junto a Petrochina.

 Asimismo, en 2006, junto a Mitsubishi Internacional y Mitsubishi Corporation, Taurus se adjudicó la venta 17,28 millones de barriles de crudo provenientes del bloque 15.

  Refiere el reporte Taurus Petroleum se convirtió posteriormente en la intermediaria del crudo que Petrochina se adjudicó en 2009, bajo los convenios de Alianzas Estratégicas, suscritos con el Estado ecuatoriano. Se subraya el hecho de que la misma Taurus reconociera que entre ellas existía una relación comercial. Así lo comprueba una carta de referencia comercial fechada en julio de 2006, suscrita por Ben Pollner, dueño de Taurus Petroleum, dirigida a Petroecuador, Pollner en la que señaló: “Petrochina International Company Limited es una de las empresas autorizadas a realizar actividades comerciales internacionales de petróleo crudo y productos refinados para el Grupo Petrochina. Petrochina opera en los mercados internacionales de comercio de petróleo desde 1995 y goza de una buena reputación entre sus contrapartes comerciales. En nuestros tratos con Petrochina hemos descubierto que se comportan de manera competente y profesional”.

  Entretanto, Petrochina siguió haciendo negocios con Petroecuador lo que se comprueba con la firma en 2008 del contrato número 2008-358 para la compraventa de Crudo Oriente a largo plazo. El 3 de octubre de 2008, Petrochina presentó formalmente la petición dirigida al gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en la que expresó su “disposición de expandir sus vínculos comerciales y firmar una Alianza Estratégica”. El convenio fue aprobado por el Consejo de Administración de Petroecuador a través de la resolución Nº 354-CAD-2008-11-1720.

Se encienden las alarmas

  En el año 2008, Carlos Pareja Yannuzzelli, representante del presidente Rafael Correa ante el directorio de Petroecuador, le advirtió a este en una comunicación que en el concurso en el que la petrolera sacó a la venta, mediante licitación, 12 lotes de 12.000 barriles diarios de crudo Oriente a entregarse durante el año, hubo varios hechos que perjudicaron los intereses del Ecuador.

    Pareja Yannuzzelli alertó que esa venta, un negocio de más de USD 5.000 millones, no cumplió con las bases establecidas en el concurso en razón de que, entre otras cosas, el destino del crudo, una vez en manos de las adjudicatarias, no iba al destino final determinado en los pliegos de la negociación. 

    En ese sentido, Pareja le dijo a Rafael Correa que Petroecuador había adjudicado a cinco empresas diferentes los lotes de crudo a diferente precio, lo que significó una pérdida de USD 300.000 diarios o USD 9 millones, “por cuanto se adjudicó el mismo momento, el mismo volumen del mismo producto bajo la misma modalidad a diferente precio sin pedir igualación del diferencial ofertado por las compañías perdedoras al diferencial ganador”. 

   Explicó en la misiva que la compañía “Valero ganó cargamentos con un diferencial de USD 13,21 por barril, mientras que el resto de las competidoras se adjudicaron el crudo con diferenciales más altos: Conoco con un diferencial ofertado de USD 14,94, Repsol con USD 15,62, Petrochina con USD 16,28 y Glencore con USD 16,37”. 

 Esto significa que la pérdida estimada por Pareja Yannuzzelli era de más de USD 18 millones solamente entre los meses de julio y agosto, por “no igualar los diferenciales” con el diferencial de Valero.

    Explicó que Glencore  fue adjudicada con un diferencial mayor, a saber de USD 3,16, subrayando Pareja que no quedó claro en su oferta el destino final del crudo, dado que la comercializadora detalló refinerías de las que no se tenía claro si eran de su propiedad, “es decir, no se sabe finalmente qué va a hacer con nuestro crudo, convirtiéndola en un intermediario, incumpliendo las bases que señalaban que se debía indicar expresamente el destino final del crudo Oriente, como consumidor final”.

  De igual forma se refirió el asesor presidencial sobre Petrochina a la cual se le adjudicaron los cargamentos con una diferencia de USD 3,07. La empresa china había informado que el crudo iría a “otros destinos solicitados por Petrochina International Group y aprobados por Petroecuador (...) en ninguna parte de las bases consta un destino de común acuerdo”.

  Carlos Pareja Yannuzzelli concluyó dejó sentado que la mayoría de los barriles “serán comercializados en el mercado a pesar de su restricción de destino que limitaba las cargas hacia una refinería o terminal específico”, por lo que recomendó a Rafael Correa que las compañías adjudicadas “certifiquen las entregas al destino final señalado en la oferta y de no ser así, cobrar las garantías, borrarlas del registro de contratistas por incumplimiento”.

  La advertencia de Carlos Pareja Yannuzzelli se formuló vía escrita el 19 de agosto de 2008, sin que ninguna de sus advertencias fuera tomada en cuenta. Al contrario, las relaciones comerciales con China se afianzaron.

 Asimismo, los conocimientos de embarque e información de Petroperú indican que el crudo de Ecuador entregado a Petrochina llegó a la refinería de la estatal peruana a través de las intermediarias Castor Petroleum y Taurus Petroleum.

  El informe parlamentario refiere también que el 27 de enero de 2009, el presidente ejecutivo de Petroecuador E.P., Luis Jaramillo, suscribió con el representante legal de Petrochina, Zhang Tao, el Convenio de Alianza Estratégica 2009016 22 que tenía por objeto “desarrollar actividades económicas de mutuo interés en áreas de exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos, servicios petroleros, gestión ambiental, fortalecimiento institucional y capacitación”.

   Este acuerdo, que tenía una vigencia de cinco años, estableció en la cláusula décima segunda que los “convenios específicos que se deriven del presente Convenio Macro, se regirán por la normativa interna vigente en el país y en el Sistema Petroecuador”, es decir, por la legislación de Petroecuador. Las negociaciones futuras se harían de Estado a Estado, sin la participación de intermediarios.

[1] El Universo. “Ecuador vende 1,4 millones de barriles de crudo”. 19 de julio de 2007. https://www.eluniverso.com/2007/07/19/0001/9/66CF7B915E3743E68A77C6E34CF4DC78.html


domingo, 24 de abril de 2022

Rafael Correa casi quintuplicó la deuda pública y convirtió a Petroecuador en caja chica de su gobierno: Informe parlamentario (II)

 La deuda pasó de USD 13.426 millones en 2007 a USD 43.542 millones en 2017.

Por Maibort Petit

  El informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”, determinó que durante la administración de Rafael Correa que se extendió de 2007 a 2017 —contrario a lo prometido por el mandatario— el endeudamiento aumentó exponencialmente y la industria petrolera terminó convertida en fuente de liquidez del gobierno.

   A pesar de que en abril de 2007 Correa —había iniciado su mandato el 15 de enero del citado año 2007— anunció la ruptura con los organismos multilaterales una vez fueran saldadas las deudas que el país tenía con esas instituciones y de que en 2008 denunciara que un tramo de dicho endeudamiento era ilegal e ilegítimo, al final de su mandato en 2017 la deuda pública del Ecuador casi se había quintuplicado.

  Al asumir el poder Correa en la nación suramericana, la deuda totalizaba USD 13.426 millones (USD 10.171,90 de deuda externa y USD 3.277,60 de deuda interna), ubicándose la misma en junio de 2017 al cierre de su gestión en USD 43.542 millones (USD 28.552,10 de deuda externa y USD 14.990,10 de deuda interna), es decir, había un incremento de USD 29.951 millones que su sucesor en el cargo, Lenin Moreno Garcés elevó a USD 63.070 millones (USD 45.387,93 de deuda externa y USD 17.682,47 de deuda interna) en solo 4 años de administración.

  Había cambiado Rafael Correa de acreedores al sustituir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial por la República Popular China, declarada como la nueva aliada de Ecuador en materia de desarrollo en virtud de que la nación oriental supuestamente brindaría el apoyo necesario para el desarrollo de proyectos en sectores estratégicos.

   Rafael Correa reorientó la política de comercialización internacional de hidrocarburos del Ecuador hacia el establecimiento de acuerdos de gobierno a gobierno con China, Venezuela y Uruguay bajo la figura de alianza estratégica, en razón de que, según acusó, la comercialización de petróleo tal y como se venía realizando hasta entonces solamente había beneficiado a las mafias intermediarias.

  Pero estas “alianzas estratégicas” con empresas estatales significó que Ecuador se endeudara entre 2009 y 2016 con China en USD 18.170.000.000 millones, a los que hay que sumar intereses y costos financieros.

 Contratos de preventa de crudo suscritos, entre 2009 y 2016, con Petrochina, PTT y Unipec:


  Además de esto, Ecuador recibió USD 300 millones por un contrato de venta anticipada de fuel Oil Nº 6 con la compañía Oman Trading International.

Petroecuador convertida en caja chica del gobierno

 El gobierno de Correa emitió un Decreto Ejecutivo para la celebración de los convenios de Alianzas Estratégicas, el cual se expidió con el objetivo de “promover la realización de Convenios de alianza estratégica y acuerdos generales de cooperación bilateral a través de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR), para aprovechar recíprocamente fortalezas y experiencias de otras empresas estatales especializadas en la industria petrolera”.

  El reglamento establecía que los contratos derivados de las Alianzas Estratégicas se firmarían directamente con la aprobación previa del Consejo de Administración de Petroecuador, el cual se reunió por última vez el 1 de abril de 2010, cuando fue disuelto con la emisión del Decreto Ejecutivo 315 del 6 de abril de 2010, suscrito por Rafael Correa. Esto significó que Petroecuador y Petroamazonas se transformaban en empresas públicas, con personería jurídica, patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.

  Establecía el decreto que Petroecuador tenía como objeto principal de Petroecuador “la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera con excepción de las fases de exploración y explotación, bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los derechos de los pueblos”.

  Sin embargo, la Comisión parlamentaria denuncia en su informe que, “contrario a lo que se estableció en el mandato, sobre utilizar sus recursos naturales para su propio beneficio, Petroecuador se dedicó a gestionar líneas de créditos para otorgar liquidez al gobierno central”.

  La Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político se remite en su informe a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la cual establece en su artículo 34 que “las empresas públicas tienen amplia capacidad para invertir sus recursos económicos y excedentes en la ejecución de proyectos a desarrollarse en las mismas empresas, subsidiarias, filiales, agencias o unidades de negocio en los términos que apruebe el Directorio”. Igualmente, el artículo 39 señala que “en cuanto al reparto de excedentes, aquellos que correspondan a la participación de la empresa pública, observarán los principios y normas previstos en el artículo 315 de la Constitución de la República, es decir, se destinarán a la inversión y reinversión en las mismas empresas, sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado para que sean utilizados en los fines que la Función Ejecutiva considere pertinente”.

  Cita el informe DNA3-0001-2017 de la Contraloría General del Estado del 10 de junio de 2017, donde se determinó que “de los USD 5.000 millones obtenidos por las tres Líneas de Créditos suscritas con el Banco de Desarrollo de China (y de las que Petroecuador fue partícipe, porque fue la empresa que garantizó y pagó los préstamos), el 72% de los recursos fueron de libre disponibilidad para el Gobierno, el otro 28% se destinó para financiar proyectos específicos. En el caso de los recursos recibidos por la Línea de Crédito I, obtenidos por Petroecuador, nada llegó a sus cuentas. La Contraloría General del Estado señala que el 48,90% (USD 538, 7 millones) se destinó a gasto corriente, el 33,03% (USD 363,8) a gasto de inversión, 8,37% (USD 92,1 millones) a gasto de capital, 9,50% (USD 104,6 millones) para aplicación del financiamiento y 0,2% a otros gastos (USD 2,2 millones)”.

  En tal sentido, la comisión parlamentaria denuncia que la las alianzas estratégicas solamente sirvieron como vehículo para evitar el mecanismo de la licitación el cual garantiza, mediante procesos competitivos, las mejores condiciones para el país. Apuntaron que las empresas asiáticas, así como la venezolana PDVSA y la uruguaya ANCAP, terminaron tan sólo ejerciendo un papel de prestanombres toda vez que fueron utilizadas para facilitar que terceros, a saber, intermediarios, adquirieran el petróleo a precios preferenciales, algo a lo que jamás habrían tenido acceso en las condiciones de concurso público internacional.

  El informe de la comisión acusa tal situación como una trama de corrupción que se inició con contratos simulados, decretos ejecutivos, reuniones reservadas de directorios y otros actos que buscaban “facilitar” el proceso que “permitió la corrupción público-privada, en la que intervenían figuras como Enrique Cadena, Antonio Peréz, Jaime Baquerizo, Nilsen Arias Sandoval, entre otras. Sin duda, se trata del andamiaje más sofisticado de corrupción orquestada que se recuerde en Ecuador”.

Entrega del negocio petrolero a China

  Deja sentado el informe que a cambio de la deuda china de USD 18.170.000.000, se entregaron los recursos naturales del Ecuador a largo plazo, a través de 13 contratos comerciales suscritos con Petrochina International Company Limited, Unipec Asia Co. Ltd. y PTT International Trading Pte. Ltd., que se tradujeron en la entrega de 1.325 millones de barriles de petróleo crudo hasta el año 2024, como garantía e instrumento de pago de la deuda. Señalaban los parlamentarios que a febrero de 2022 se habían entregado 1.174 millones de barriles de crudo, quedando pendiente la entrega de 151 millones de barriles de cuatro contratos vigentes, lo que representa un 12 por ciento del total del volumen contractual.

  Refieren los parlamentarios que el saldo de deuda pendiente con la banca asiática a febrero 2022 se ubica en USD 2.000.000.000, mientras la garantía petrolera, representa un volumen de 151 millones de barriles de crudo que al precio actual de USD 90, equivale a USD 14.000.000.000.

  De este modo, la comisión de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional del Ecuador, estableció que ese país entregó a China y a la red de intermediarios, un negocio que representa 5 o 6 veces más que la deuda comprometida.


jueves, 23 de diciembre de 2021

Los hermanos Luis y Jaime Sánchez: Los socios necesarios de Álex Saab para poner en práctica sus operaciones en Ecuador

  “Hice un favor”, argumentó Luis Sánchez ante la comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional ecuatoriana cuando se solicitaron explicaciones acerca de su participación en la trama de corrupción en que derivó el mecanismo de pago ideado por Hugo Chávez para acabar con la tiranía del dólar.

Por Maibort Petit 

   En la investigación que la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), dejó claro que el vínculo entre los expresidentes Hugo Chávez y Rafael Correa de Venezuela y Ecuador, respectivamente, con el empresario colombiano señalado de ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro y en proceso judicial en los Estados Unidos, Álex Saab, lo constituía Luis Sánchez, quien figuraba como directivo de la empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons), principal compañía con la que se habrían lavado millones de dólares a través del mecanismo de pago.

   El informe parlamentario indicó que esta presunción surge del hecho de que Luis Sánchez es hermano de Jaime Sánchez, asesor del expresidente Rafael Correa en el tiempo en que se instrumentó el mecanismo de compensación.

  Hay que apuntar que Jaime Sánchez, persona de confianza de Hugo Chávez y asesor de seguridad de Correa —aunque no manejaba el tema— se erigió como el hilo de comunicación entre los dos mandatarios y Álex Saab, aunque él lo negó ante la comisión.

  “Mi trabajo tiene que ver con el desarrollo y seguimiento de acciones para la gobernabilidad, así como atender requerimientos de audiencia, solicitadas al presidente por parte de pobladores y simpatizantes durante sus recorridos”, explicó en una ocasión a la prensa.

  Se trata de un individuo con varias nacionalidades, venezolana-ecuatoriana y chilena, quien fungió como asesor de Correa, que portaba cinco números de pasaportes, según investigación periodística que revisó el registro migratorio de Jaime Francisco Sánchez Yánez, a saber “12360405, 0775883, SO-94192 (pasaporte oficial utilizado el 26 de abril de 2007 antes de ser parte del gobierno de Rafael Correa), 0503089658 (pasaporte ordinario con su cédula de identidad ecuatoriana) y OS0-6970 (su pasaporte oficial que le concedió el gobierno en octubre del 2007, luego de reemplazar su pasaporte ordinario)”. Desde su ingreso al gobierno ecuatoriano los registros dan cuenta de viajes a Venezuela, Perú, Cuba, Estados Unidos, España, Bélgica, Argentina, entre otros.

  La nota periodística señala que, además de Hugo Chávez y Rafael Correa, los vínculos presidenciales de Jaime Sánchez incluían a Daniel Ortega de Nicaragua[1].

   El informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político igualmente indagó la información sobre los vuelos privados de Sánchez, los cuales sumaron en total 29 desde el año 2007 y con destinos tales como Rusia, Bélgica, Nicaragua, Salvador, Haití, Alicante. En este sentido, el ente parlamentario insta a la Fiscalía y a Estados Unidos, a objeto de que investiguen quién pagó estos vuelos y cuál era su objetivo.

  Se acota que en los registros de vuelos también figuran Piedad Córdoba, quien habría viajado con Álex Saab y su hijo a Quito en julio del año 2013. Se señala que la aeronave en que llegó Córdoba era propiedad de una empresa americana que está siendo investigada y sus dueños procesados por narcotráfico.

Pero, ¿quién es Luis Sánchez?

   En los registros del Fondo Global de Construcción de Venezuela figura Luis Eduardo Sánchez Yánez como vicepresidente de Finanzas, quien al momento de comparecer ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador dijo que el propósito de este holding conformado por la referida empresa en Venezuela, Fondo Global de Construcciones Colombia y su filial ecuatoriana, era “crear una estructura corporativa para absorber las acciones de las compañías de los países donde tienen operación, (...) ellos arman una estructura o velo corporativo desde Malta con empresas en España, para que estas empresas españolas absorbieran a futuro las acciones de las compañías que habían sido constituidas en Colombia, en Ecuador y en Venezuela”.

  Ante los parlamentarios, Luis Sánchez identificó a Álvaro Pulido como “el beneficiario final de la estructura”.

 Entretanto, en Ecuador, Fondo Global, registra como accionistas actuales a Fondo Global Petrolero S.L. y Grupo FGDC Latinoamericana, Sociedad Limitada, ambas empresas son de nacionalidad española que en la actualidad su situación jurídica es “inactiva”.

  Luis Sánchez explicó a la comisión el 10 de noviembre de 2021, cómo conoció a Álvaro Pulido e indicó que, a finales de 2010, llegó a Colombia procedente de Venezuela y que en agosto de 2011 vió al colombiano, quien “nos comentó que tenía algunas operaciones en Venezuela desde algún tiempo y que estaban valorando un gran proyecto de construcción de viviendas en el país” a través de un “convenio binacional”. Agregó que la segunda reunión con Pulido, ocurrió en Bogotá en diciembre de 2011. Entre diciembre y enero de 2012, viajó a Venezuela para una reunión “de cierre” con Pulido, “en la cual lógicamente me hablaron ya de mi contratación de los temas salariales los temas contractuales”.

   Dijo que “Ingresé en el mes de enero del 2012, con el cargo de vicepresidente de Administración y Finanzas de la compañía venezolana, la constructora, y es muy importante que tengan en cuenta que la compañía constructora no tenía autorización de divisas y nunca tuvo autorización de divisas por parte del Estado venezolano”. Indicó que, en mayo de 2011, Álvaro Pulido le dijo que quería hacer una inversión en Ecuador y montar una planta para producir paneles de construcción, un “sistema digamos con lo cual se había comprometido a desarrollar las viviendas en Venezuela”. Informó que “el otro objetivo era que, por temas políticos entre Colombia y Venezuela, había una directriz de no autorizar divisas a importadores venezolanos de productos colombianos, entonces se estaba migrando o estaban autorizando hacer importaciones bajo el sistema Sucre a esta compañía desde el Ecuador”.

   Sánchez también dijo que conoció a Álex Saab Morán en febrero de 2012, “no era una persona... digamos... que no estaba muy metido en lo operativo de la empresa de construcción en Venezuela” y advirtió que no tuvo mayor relación con este.



  Informó que el Fondo Global de Construcción Ecuador, se constituyó con el 60 por ciento de acciones de Álvaro Pulido y el 40 por ciento de acciones a su nombre, aunque solo por 30 días, porque en octubre de 2012, cedió sus acciones al grupo FGDC Latinoamérica. “No he sido administrador, ni he sido representante legal, ni he tenido firma bancaria, ni he firmado contratos de ningún tipo por cuenta de esta compañía en Ecuador”.

  A la prensa Sánchez le dijo que Pulido le solicitó aparecer como accionista para constituir la sucursal en Ecuador. “Hice un favor”, indicó y advirtió a El Tiempo en nota reproducida por El Nacional, “No fui nunca accionista. El consultor jurídico fue diagnosticado con cáncer en la piel, y me pidieron el favor de aparecer en la constitución de la firma, en julio de 2012”.

  Precisó que trabajó en Fondo Global de Venezuela desde enero de 2012, hasta abril de 2016 y subrayó que no tiene vinculación con el crimen organizado. Tal advertencia la hizo en referencia a un informe, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, fechado el 2 de julio de 2013, sobre las “operaciones inusuales” de Fondo Global de Construcción S.A., que concluyó “Que en la búsqueda efectuada en Internet de información relacionada con el señor SÁNCHEZ YÁNEZ LUIS EDUARDO, ciudadano venezolano con CC 11510134 se obtuvo en el link http://tribunales-primera-instancia.vlex.com.ve/vid/nchez-nez-vicente-omero-llar- maldonado-306448574, se evidenció información que guardaría relación con el mencionado señor en que se le atribuye la supuesta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE”.

  Al respecto acotamos que Sánchez demandó por difamación al parlamentario ecuatoriano Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien habría difundido esta información. Sánchez sostiene que la persona acusada por el Servicio de Aduanas de narcotráfico al que hace mención Villavicencio en una investigación, es un homónimo[2].

   La Comisión de Fiscalización de la Asamblea del Ecuador certificó los datos de Luis Eduardo Sánchez Yánez y determinó que viajó en varias oportunidades a Ecuador con el objetivo de concretar la constitución de Fondo Global. Tales viajes los hizo junto con Álvaro Pulido en vuelos privados, la mayoría procedentes de Bogotá. Sobre los aviones dijo que “Todos los aviones que tienen los señores Alex Saab y Álvaro Pulido, son de ellos y de nadie más. Son aviones de ellos. Es más, nosotros no solamente viajamos a Ecuador, había ingenieros colombianos que viajaban de Colombia a Venezuela”, al tiempo que alertó que él solamente era un empleado.

  La nota del El Nacional citada líneas arriba agrega que Luis Sánchez se vio envuelto en una controversia que señalaba que había negociado un lote de terreno en Colombia con la senadora de esa nación Paloma Valencia. “El portal Cuestión Pública aseguró que la congresista y una familiar vendieron, el 29 de diciembre de 2015, un lote por 1.000 millones de pesos a la empresa Fomento y Desarrollo Inmobiliario (FDI). Y agregó que el representante legal suplente de la firma es el venezolano Luis Eduardo Sánchez Yánez, supuesto socio de Alex Saab en el Fondo Global de Construcción S. A. (…) ‘No he tenido vínculo alguno con el señor Alex Saab, como se sugiere, en forma totalmente inaceptable, en el portal de Internet Cuestión Pública. No conozco ni he tenido relación personal o comercial con el señor Alex Saab’, dijo Valencia”.

  Entretanto, Luis Sánchez admitió que, “además de representante suplente de FDI, la firma que hizo el negocio del lote es suya y de su esposa, quien firmó la escritura”[3].

¿Ubicuidad?

  Llamó la atención de los parlamentarios que la escritura de constitución de las compañías Fondo Global de Construcción Foglocons S.A. (Ecuador) y Constructora JAAR S.A., indican que Álvaro Pulido y Luis Sánchez firmaron los documentos en Guayaquil los días 19 y 20 de septiembre de 2012, en la Notaría Trigésima Séptima, de la notaría Wendy María Vera Ríos.

  Sin embargo, tales fechas no coinciden con lo reportado en los certificados de movimientos migratorios, entregados por el Ministerio de Gobierno a la Comisión de Fiscalización, pues en dichas fechas Pulido y Sánchez no ingresaron al país.

  Consultado al respecto, Luis Sánchez dijo que “Está mi firma, está firmada, ahora sí la firmé en Venezuela y aquí porque... (...) yo soy el que constituyó la compañía con el cuarenta por ciento. Muchos de los documentos se firmaron en Venezuela. Sí, yo constituí. Es que es una realidad. Pero, así como constituí, yo transferí, aquí hay un poder (...) esta compañía que se llama FGDC Latinoamérica Social Limitada, es una compañía española cuyo dueño se llama Grupo FGDC Malta Holdings. Una empresa del señor Álvaro Pulido, esa empresa hizo un poder al señor Víctor Alfaro Márquez y al señor Ramón Burgos Irazábal, que dice lo siguiente, que entre otras cosas dice que hay facultades: ‘adquirir en Colombia y en Ecuador de acuerdo a lo establecido por la ley colombiana y ecuatoriana respectivamente según se trate, acciones del capital social de Fondo Global de Construcción SAS Bogotá, Fondo Global de Construcción, FOGLOCONS, con todas las direcciones, etcétera, etcétera. Otorgar y firmar cualquier documento público, privado, destinado a esa finalidad, sin reserva de alimentación alguna’”.

  La comisión advirtió que la escritura de Foglocons señala que comparecieron personalmente, pero por la información oficial recibida, eso no ocurrió.

Sobre Jaime Sánchez

  Jaime Francisco Sánchez Yánez fue señalado por Fernando Balda, exdirigente de Alianza País, de haber recibido la copia de la grabación de unos narcotraficantes, los hermanos Ostaiza, quienes ofertaban un aporte a la campaña electoral de Rafael Correa en 2008. Los vínculos se extenderían hasta las FARC.

  Como ya apuntamos, posee las nacionalidades venezolana, ecuatoriana y chilena —recuérdense además los varios pasaportes que posee— pues nació en Venezuela y cuando tenía 28 años solicitó en un consulado de Estados Unidos la nacionalidad ecuatoriana, siguiendo un trámite de inscripción tardía, pero al parecer, se trató de un trámite irregular, toda vez que la ley establecía que debía hacerse en el lugar de nacimiento o de residencia. Fue así como, portador de la nacionalidad ecuatoriana estaba apto para sufragar en dicha nación[4].

Intercesor por empresas de Saab ante el BCE

  Entretanto, el informe de la comisión parlamentaria ecuatoriana hace mención a las bitácoras de ingreso al Banco Central del Ecuador en las cuales figuran los hermanos Luis y Jaime Sánchez Yánez, quienes mantuvieron reuniones con altas autoridades de la institución.

  Luis Sánchez, según los registros, visitó el BCE el 10 de abril de 2013 y el 23 de mayo de 2013. Por su parte, Jaime Sánchez reconoció ante los parlamentarios el 25 de noviembre de 2021, intercedió ante Diego Martínez, presidente del directorio del Banco Central para hablar sobre la banca privada ecuatoriana.

  Detalló que entre 2007 y 2010 fue asesor del expresidente Rafael Correa y, posteriormente, trabajó con el exministro del Interior, José Serrano.

  Negó ser el vínculo entre Hugo Chávez y Rafael Correa: “No tengo nada que ver con el presidente Chávez, al presidente Chávez, lo conocí ya trabajando con Rafael Correa, como es obvio, y como muchos de ustedes asambleístas han viajado a varios países, obviamente, yo trabajaba, era el círculo de asistente del presidente, tenía el cargo de asesor, y era obvio que tenía que estar en las reuniones bilaterales, donde estaba el presidente Correa, y hubo la ocasión de conocer al presidente Chávez, pero eso fue todo, sacan una foto que sale el presidente Correa, sale el presidente Chávez, en una visita oficial, estoy yo en la foto, entonces ya yo soy el ojo seco, y soy la persona que pone Chávez”.

   Jaime Sánchez le manifestó a la comisión de fiscalización que conocía poco sobre Luis Sánchez y sus negocios, aunque reconoció que conoció a Álvaro Pulido, cuando se lo presentó su hermano en Ecuador, con quien negó tener otros vínculos que los familiares.  “Nunca he sido accionista de ninguna empresa en Ecuador”, dijo. Sin embargo, los parlamentarios recogieron información de la Superintendencia de Compañías y Valores, que refería que Jaime Sánchez, fue Gerente General de SANORSA S.A. empresa constituida en 2003 por su hermano y que a la fecha de redacción del informe estaba en liquidación.

  Por su parte, Diego Martínez dijo que solamente abordó con Jaime Sánchez temas relacionados a la operación de la banca ecuatoriana y su participación en mecanismos de comercio exterior. “Ante eso, la pregunta del señor Sánchez fue sumamente genérica y general, y yo le dije que toda la información disponible respecto a los sistemas de transacciones, así como de los sistemas de operación interna de la banca ecuatoriana, era completamente de carácter público que estaba publicada en la página web del Banco Central”.

  Pero Mateo Villalba, exgerente del Banco Central, reveló ante los parlamentarios el 24 de noviembre de 2021, que Jaime Sánchez Yánez visitó el BCE entre enero y abril de 2013, donde se presentó como asesor del presidente Rafael Correa “y habla de Fondo Global de Construcción. Dice que es una empresa que tiene un contrato muy grande para construir viviendas en Venezuela y que habrá un flujo muy grande de exportaciones de prefabricados desde Ecuador a Venezuela y que eso va a pasar por Sucre”.


    Habría advertido que el Banco Central no debía sorprenderse por los altos montos que iban a ingresar a las cuentas bancarias de Foglocons.

  Villalba también hizo referencia a las exportaciones, que entre octubre de 2012 y enero de 2013 “los flujos financieros excedían en demasía a los flujos reales de exportaciones a Venezuela”, una circunstancia que levantó sospechas de posibles “actividades ilícitas”.

  Mateo Villalba agregó que el exfiscal general, Galo Chiriboga Zambrano, le informó que “algunos socios de Foglocons son narcotraficantes y que tenía que tomar medidas de seguridad, y yo pasé a vivir rodeado de policías armados (...) Fue muy traumático”.

REFENCIAS 

[1] El Universo. “Asesor de Presidente cuenta con cinco tipos de pasaporte para viajar”. 24 de marzo de 2009. https://www.eluniverso.com/2009/03/24/1/1355/2A25ED63AED747649EDDC1A4FAB40BA4.html/


[2] Ecuador Verifica. “El empresario venezolano Luis Sánchez demandó en Colombia a Villavicencio por injurias”. 11 de noviembre de 2021. http://ecuadorverifica.org/2021/11/11/el-empresario-venezolano-luis-sanchez-demando-en-colombia-a-villavicencio-por-injurias/


[3] El Nacional. “La exficha venezolana de Alex Saab que negoció lote de terreno con senadora colombiana”. 22 de julio de 2020. https://www.elnacional.com/mundo/la-exficha-venezolana-de-alex-saab-que-negocio-lote-de-terreno-con-senadora-colombiana/


[4] Vaderetro Referencias. “El misterioso personaje Jaime Francisco Sanchez Yanez asesor de Correa”. 25 de marzo de 2009. https://vaderetroref.blogspot.com/2012/08/20090325-el-misterioso-personaje-jaime.html


miércoles, 22 de diciembre de 2021

Sistema Sucre: Un mecanismo de lavado de dinero en el que la Foglocons, empresa de Álex Saab, jugó un papel protagónico

   La compañía se constituyó en tres países a pocos meses de la firma del contrato millonario para suministro de casas prefabricadas.

Por Maibort Petit

   Un entramado de corrupción que involucraba transacciones ficticias y sobrevaloradas estaría detrás del Sistema Sucre, una modalidad de compensación de pagos creada en 2008, que solamente habría servido para llevar a cabo una serie de operaciones irregulares que arrojaron grandes ganancias a los artífices de la misma. En pocas palabras, el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) solamente sirvió para enmascarar delitos de "enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria", según dejó ver el informe final de una comisión parlamentaria ecuatoriana que investigó las actividades ilícitas que fueron puestas en práctica por quien fungió como el supuesto operador del fraude, Álex Saab, su socio Álvaro Pulido y la empresa de ambos, Fondo Global de Construcción (Foglocons), entre otras.

  Lejos estuvo el objetivo de reducir la dependencia del dólar y la vulnerabilidad de esta moneda en épocas de crisis, anunciado por el finado expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien el 26 de noviembre de 2008, propuso la creación del Sucre. Era la materialización de una propuesta previa del exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien durante la III Cumbre Extraordinaria del ALBA en Caracas, se había pronunciado por la puesta en funcionamiento de un sistema de compensación recíproca y de una moneda contable como paso previo a la creación de una moneda regional[1]. Unos meses después, el 17 de abril de 2009, Chávez anunció que el 1 de enero de 2010 comenzaría a funcionar el Sucre[2]. De lo que no habló —como tampoco lo hizo Correa— fue del conjunto de irregularidades que, doce años después, revelarían al sistema de compensación como una mera herramienta de enriquecimiento ilícito. Unas conclusiones derivadas de datos e información proveniente del Banco Central del Ecuador, de la Superintendencia de Bancos y Compañías de dicha nación, entre otras instituciones estatales ecuatorianas. Sin embargo, hay que advertir que las primeras sospechas sobre el sistema surgieron —como revela el informe— en 2013, cuando el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador reportó exportaciones por el orden de los USD 461,4 millones, en tanto las operaciones similares realizadas a través del Sucre casi duplicaban dicha cifra y las ubicaban en USD 822 millones.

   Un informe parlamentario revelador de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador identificado con el código CEPFCP-2021-2023-002-I denominado “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons”, de fecha 13 de diciembre de 2021, que en esta y otras entregas de Venezuela Política iremos dando a conocer.

  La investigación emanó del mandato surgido durante las sesiones parlamentarias del 7 y 24 de junio de 2021, cuando el pleno de la comisión de fiscalización acordó avocarse a indagar el caso Sucre, el cual se describía como un “Sistema de lavado de dinero entre Ecuador y Venezuela” que habría permitido el blanqueo de USD 2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países a través de una trama de exportaciones ficticias. Referían los parlamentarios, que este caso había llegado a la justicia en 2013, cuando el poder judicial ecuatoriano ordenó la incautación de los activos de la empresa Foglocons y la retención de USD 57 millones.

   Igualmente, la comisión de fiscalización aprobó el 19 de octubre de 2021 una solicitud de Ana Belén Cordero Cuesta de “Que la Comisión acoja como parte de los procesos de fiscalización lo relacionado con la Compañía Foglocons: que involucra presuntamente las operaciones realizadas por el ex fiscal Galo Chiriboga y a los ciudadanos Álex Saab Morán, Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez entre otros, mociono se proceda a la aprobación del mismo, que ha sido oportunamente difundido y debatido en esta comisión”.

Los hechos

  El informe parlamentario se remite, en primer lugar, a narrar los hechos que derivaron en las irregularidades descritas en el reporte. Rememora que en razón de su visión ideológica-geopolítica supuestamente “anti imperialista”, Hugo Chávez intentó construir una arquitectura financiera latinoamericana. Fue la moneda virtual “Sucre” la manera de lograr este objetivo que ya manejaba el mandatario venezolano desde antes de que Rafael Correa fuera presidente de Ecuador. También planteaba Chávez la creación de un Banco Latinoamericano, el cual se llamaría luego el Banco del Sur.

  Ya con Rafael Correa en la presidencia ecuatoriana, este y su homólogo venezolano asumieron la iniciativa y deciden crear la llamada Alianza Bolivariana, ALBA y el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, que debía facilitar el comercio exterior entre Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba, “pero terminó convirtiéndose en un mecanismo para lavar dinero y facilitador de exportaciones ficticias, como lo demuestran las sentencias dictadas en los casos Foglocons, Pifo Gardens, Escatell (Espinosa Castellanos), Copera y Banco Territorial”.

  Refiere el informe que entretanto se implementaba el sistema de compensación, fueron constituyéndose un conjunto de empresas en Ecuador, entre la cuales estaba Fondo Global de Construcción Foglocons, propiedad de Álex Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas, quien es “un narcotraficante colombiano cuyo nombre original era Germán Rubio Salas quien jurídicamente deja de existir y crea una falsa partida de defunción asumiendo el nombre de un muerto en la Florida” regresando así “al mundo delictivo para no ser identificado y crear esta empresa para exportar a Venezuela desde Colombia casas prefabricadas”.



  Advierten los parlamentarios que estas empresas van luego a Ecuador, no porque se tratara de un país potencia en la fabricación de casas y/o materiales para exportar, sino porque “es el único país que tiene dólares, quedando claro que lo que querían es ensamblar un sistema de lavado de dinero”.

El mecanismo

  Se indica en el informe que el Sucre tiene dos momentos en el tiempo, el primero, cuando se suscribe el contrato entre dos empresas privadas de los países miembros y la importadora transfiere los fondos en moneda local a un banco operativo autorizado y luego este transfiere al Banco Central del país importador, siendo en el 99 por ciento de los casos el Banco Central Venezuela. El BCV emite una notificación al Banco del ALBA quien notifica al Banco Central del Ecuador con la acreditación en sucres.

  Después, el BCE transfiere los dólares al banco de la empresa exportadora, tomando los fondos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, ya que hasta entonces el ingreso quedaría solo en los libros contables. “Transcurrido seis meses de esto, el Banco del ALBA, notifica los resultados de las operaciones semestrales y emite los valores en dólares que Venezuela debe pagar a Ecuador, regresando así el dinero a las arcas del Estado; para este entonces el ‘falso exportador’ ya había sacado el dinero del país a paraísos fiscales y a cuentas en los Estados Unidos, generándose esta estafa o mecanismo de lavado”.

  Alerta el informe que para esto ocurriera, era necesaria la complicidad de “falsas empresas importadoras” que igualmente eran propiedad de Álex Saab y Álvaro Pulido, tal es el caso de ELM Import, domiciliada en Caracas. Como igualmente era necesaria la banca, en Ecuador utilizaron el Banco Territorial, el Banco Amazonas, Coopera, Banco Internacional, Banco del Pacífico, Banco Pichincha, entre otros.

Controles burlados

  El informe indica que los organismos contralores fueron burlados, generando alerta solamente tiempo después, pero de forma desarticulada. De este modo, en 2013, la fiscalía inició una investigación a varias empresas, así como a Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez, pero estos dos fueron sobreseídos en 2016 y, por orden judicial, se les devolvieron USD 56 millones que estaban retenidos en el Banco Central del Ecuador.

   Los parlamentarios determinaron que parte ese dinero terminó en el Citibank de Miami, mientras que otra parte fue a dar a manos de Miguel Ángel Loor Centeno, presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Este habría recibido personalmente USD 6 millones, que depositó en su cuenta del Banco Biscayne Capital de la Florida y el resto, cerca de USD 30 millones, los dirige a tres empresas offshore, dos de ellas panameñas vinculadas a él. Refieren que, por tanto, Loor Centeno habría recibido más de USD 36 millones y deducen, entonces, su relación con el proceso contra Álex Saab en Estados Unidos, de quien habría sido realmente el dinero.

  También, el informe refiere que parte del dinero proveniente de las operaciones de lavado efectuadas con el sistema SUCRE se destinó a la campaña electoral del binomio Correa-Glas en 2013. Los aportes recibidos llegaron a través de Inconeg (empresa propiedad de Micaela Leherer, pareja de Carlos León Ponte, hombre clave en las operaciones de Álex Saab y su socio Álvaro Pulido), la cual a su vez recibió dinero de Foglocons y Pifogarden. Se apunta que a partir del caso Arroz Verde el entonces consejero electoral Luis Verdesoto elaboró un informe sobre las irregularidades identificadas en los aportes de campaña para la Alianza PAÍS, hecho que fue revelado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional el 26 de junio del 2019.

Sobre Foglocons

  Como hemos apuntado en principio, la empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons) jugó un papel estelarísimo en la supuesta trama de corrupción y lavado de dinero que significó el Sistema Sucre.

  Las primeras irregularidades al comenzar a implementarse el Sucre derivaron de la suscripción en noviembre 2011 de un convenio estratégico entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador para dotar de viviendas populares a miles de familias de bajos recursos económicos.  Allí se empezó a gestar la trama de corrupción teniendo como fachada la importación de casas prefabricadas, a través de una empresa de papel, a saber, el Fondo Global de Construcción (Foglocons), creada días antes en Colombia por Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas.

  Por su parte, el informe parlamentario informa que, de acuerdo a datos suministrados por la Superintendencia de Compañías, el 19 de septiembre de 2012, se constituyó Fondo Global de Construcción S.A. (Fogoclons), la cual fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 11 de octubre de 2012, con el objeto social de dedicarse a la “compra, venta, importación, exportación y fabricación de todo tipo de materiales e insumos para la construcción”.

  Ya en diciembre de 2012, a solamente dos meses de constituida, Fondo Global suscribió un contrato por USD 465 millones de dólares para la venta de casas prefabricadas a las empresas venezolanas ELM Import y Thermo Group, vinculadas igualmente a Álex Saab Morán y a Álvaro Pulido Vargas.

  Es necesario apuntar que el lado oscuro del Sucre no ha sido analizado únicamente por la comisión parlamentaria de Ecuador, pues en 2015, se desarrolló una investigación periodística por los diarios El Universo (Ecuador) y El Nuevo Herald (Estados Unidos) en cooperación con el portal venezolano Armando.info, la cual determinó que este sistema de compensación sirvió de plataforma para que unas 60 empresas de Venezuela y Ecuador llevaran a cabo operaciones millonarias que involucraban ventas ficticias, empresas fantasmas y cuentas bancarias en Panamá, Bahamas y Anguila.

   Refiere el reportaje que el Fondo Global de Construcción se constituyó en Colombia como casa matriz, registrándose luego en Ecuador, bajo el mismo nombre una compañía en la que Álvaro Pulido y el venezolano Luis Sánchez Yánez eran socios. Entretanto, en Venezuela se registró el 2 de marzo de 2012, siendo la cabeza de la misma Menahem Michel Edery, accionista de Thermo Group, firma que junto a ELM Import tenían como proveedor a Foglocons.

   En Venezuela, Foglocons tuvo su primera sede en el estado Carabobo y después en Caracas, siendo en principios sus accionistas Gioia Pifano Antonini y a Maritza Antonini Bruzual como accionistas. El reportaje apunta que ese mismo año 2012, la compañía en Venezuela cambió de nombre y su paquete accionario pasó en su totalidad a manos de la empresa FGDC Latam 2012 de España en el mes de noviembre. Subraya la nota que FGDC correspondería a las siglas de “Fondo Global De Construcción”. Agrega que la empresa española es propiedad de una compañía registrada en Malta en octubre de 2012, de nombre FGDC Malta Holdings Limited.

  Armando.info dice que documentación obtenida durante el pesquisaje periodístico muestra que Flogocons Ecuador creó una fábrica de paneles ad hoc en la localidad Durán, la cual estaba a cargo a cargo de la empresa venezolana Técnicas Modernas de Construcción. A pesar de esto, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, el Fondo Global de Construcción exportó a Venezuela mercancía valorada en la aduana ecuatoriana por solo USD 3,1 millones. Para ese mismo periodo, el Foglocons Ecuador recibió USD 159,8 millones girados por ELM Import, una de las dos empresas contratistas del estado venezolano.

  La nota cita un “oficio del Banco Central de Venezuela (BCV) dirigido a Héctor Sirit, director de ELM Import, [el cual] da fe de que esas transferencias, realizadas a través de Banesco Banco Universal y el Banco de Venezuela S.A.C.A. para la importación de kits de viviendas, ‘fueron efectuadas bajo la modalidad de forma de pago anticipada, de conformidad con lo establecido en el instructivo para la tramitación de operaciones a través del Sucre’”[3].

   En Miami, estado de la Florida en Estados Unidos, se constituyó Fondo Global de Construcciones SAC Corp. el 15 de diciembre de 2011, de acuerdo al portal Sunbiz. El número de registro es el P11000106375. La dirección de la firma era el 1523 NW 89TH CT, Miami, FL 33172 que también era dirección postal y domicilio del agente registrador, Pedro E. Silva, quien también figuraba como presidente, junto a Pedro Antar que era vicepresidente, este último domiciliado en el 444 Brickell Avenue, Suite 51-448, Miami, FL 33131. La empresa se disolvió el 26 de octubre de 2012[4].

   La nota de Armando.info refiere que Pedro Antar dijo que la empresa se creó por pedido de su cliente, Pedro Silva, pero que fue disuelta por inactividad. Silva, para la fecha de la publicación, estaba llamado a juicio en Ecuador por su presunta participación en el esquema de lavado de dinero implementado con el sistema Sucre, pero el proceso judicial estaba suspendido hasta tanto se presentara ante el tribunal. El abogado del Fondo Global en Ecuador Jorge Zavala Egas, aseguró que estas empresas (la de Miami y las otros de Venezuela, Ecuador y Colombia) no guardan relación alguna.

REFERENCIAS

[1] El Universo. “Chávez propone creación del "sucre" como moneda regional”. 26 de noviembre de 2008. https://www.eluniverso.com/2008/11/26/0001/14/88EACF64F65A4B53AA6DAAEE58795840.html/


[2] El Universo. “Un nuevo sucre al uso desde el 1 de enero, anuncia Chávez”. 17 de abril de 2009. https://www.eluniverso.com/2009/04/17/1/1361/AAC2B7391F8347BB93B7B0D3A87C1039.html


[3] Armando.info. “En el fondo, las casas eran excusa para los dólares”. 25 de abril de 2015. https://armando.info/en-el-fondo-las-casas-eran-excusa-para-los-dolares/


[4] Sunbiz. Division of Corporations. Fondo Global de Construcciones SAC Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=FONDOGLOBALDECONSTRUCCIONESSAC%20P110001063750&aggregateId=domp-p11000106375-5028529d-8525-4c67-83ed-e6349f603d9a&searchTerm=FONDA%20CARIBENA%20RESTAURANT%20INC&listNameOrder=FONDOENTERPRISES%20P190000197930


 

lunes, 20 de febrero de 2017

Refinería de Esmeraldas: La gran fuente de corrupción de Petroecuador

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

Nadie se imaginó que los primeros descubrimientos que los Papeles de Panamá hicieron sobre Ecuador, desencadenarían en un descomunal caso de corrupción que involucra a Petroecuador y en el que, el proceso de repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas catalogado como exitoso por gobierno de Rafael Correa, pasaría a convertirse en la fuente de una serie de manejos irregulares que han desangrado las arcas de petrolera ecuatoriana.

El flagelo de la corrupción hace mella en la industria petrolera del Ecuador en donde desde hace un tiempo, cual caja de pandora, comenzaron a salir a la luz, una tras otra, denuncias sobre irregularidades en contrataciones, subcontrataciones, procesos de ejecución de obras amañados, sobreprecios, lavado de activos, que están acabando con las finanzas de la estatal Petroecuador. Una de las acusaciones más escandalosas es la referida a la Refinería Estatal de Esmeraldas, cuyas obras de repotenciación se convirtieron en un desaguadero de recursos que, al parecer, han ido a parar los bolsillos de unos pocos funcionarios gubernamentales, dirigentes políticos y empresarios de maletín que han dejado pies en polvorosa tan pronto se han hecho públicas las irregularidades y han puesto sus fortunas mal habidas a buen resguardo.

Desde 2008 se registran los hechos, según lo muestran más de 700 contratos firmados para llevar a cabo obras en la refinería por un monto de 2.134 millones de dólares. El diario El Universo que ha abanderado las investigaciones para los Panama Papers en la nación suramericana, sostiene que los trabajos de repotenciación y mantenimiento se concentran en 30 empresas que acaparan 91% de la cantidad citada. Y dos empresas extranjeras, una coreana y otra australiana, se llevan 900 millones de la torta.

La citada refinería tiene su asiento en la Provincia de Esmeraldas una de las más pobres del Ecuador, ubicada en la región litoral o costa y desde su construcción entre los años 1975 y 1977 ha sido objeto de varios procesos de ampliación y rehabilitación. 

La última de estas repotenciaciones se inició en 2008, estimándose que para 2011 estuviese concluida y entrara en funcionamiento, sólo que el proceso fue postergándose una y otra vez hasta llegar al actual gobierno de Rafael Correa. De hecho esta administración ya acumula alrededor de ocho años ejecutando la obra que prometieron tener lista para 2015. Inicios, paralizaciones, reinicios, reformulaciones del proyecto y de presupuesto que han alcanzado tal envergadura que no pocos han llegado a afirmar que la suma invertida hubiera permitido construir una Unidad de Fluido de Cracking Catalítico o una pequeña refinería.

Pero el gobierno de Rafael Correa no comparte estos criterios y en octubre de 2015, a través del su vicepresidente y ahora compañero de fórmula del candidato oficialista Lenín Moreno, Jorge Glas, calificó el proceso de rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas, como exitoso, unas declaraciones que hizo al momento de recorrer las instalaciones de la planta acompañado del gerente de Petroecuador para el momento, Carlos Pareja, y del ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde.

En aquel momento prometió la total operatividad de la planta en noviembre de 2015, como ya hemos apuntado, al tiempo que aseguró que en la misma se procesarían 110 mil barriles de petróleo al día, lo que significaría un incremento de 20 mil barriles diarios. 

Glas ubicó el costo de la rehabilitación en 1.200 millones de dólares, según refiere la reseña de prensa emitida por Petroecuador[1].

Desmienten a Correa

El periodista y especialista en materia petrolera e hidrocarburos, Fernando Villavicencio, a través del portal Focus rebate estas afirmaciones del vicepresidente y las del propio presidente, Rafael Correa, pues sostiene los trabajos en Esmeraldas, según sus averiguaciones periodísticas, pasaron de 187 millones dólares desde 2007 a 2.200 millones de dólares (el diario El Universo precisa la cifra en 2.134 millones de dólares como apuntamos al principio) al término de la obra en diciembre de 2015. 

Igualmente, el periodista desmiente al gobierno y a los asambleístas oficialistas que pretenden adjudicarse la autoría de las investigaciones realizadas por él y Focus. Sostiene que se trata solamente de una estrategia electorera del partido de Correa, que al ver cómo la corrupción en Petroecuador ha terminado de hundir la candidatura de Moreno, intenta tomar bríos abanderando una lucha contra la corrupción que no le pertenece.

—No es cierto lo que dice el presidente Correa de que esos 187 millones de dólares asignados en 2007 sólo correspondían a mantenimiento y así lo corrobora el informe de Contraloría a raíz de una solicitud de auditoría del proceso de rehabilitación que hicimos.

Cita directamente el informe de la Contraloría emitido en 2012 donde claramente establece que se trata de trabajos de rehabilitación y no de mantenimiento como sostiene Correa. Y lee: “Cifras: Presupuesto inicial 127 millones [de dólares], guía descriptiva del año 2007, 187 millones (de dólares) y hasta el año 2011 tenía ya gastados Petroecuador, 855 millones [de dólares]”[2]

Sigue Fernando Villavicencio en sus desmentidos al presidente Correa, esta vez con relación a los sobreprecios negados por el mandatario y sostiene tajantemente —nuevamente sobre la base de informes de Contraloría— que en el proceso de repotenciación de la Refinería Esmeraldas se rubricaron contratos de servicio hasta con un incremento de 400%. Como ejemplo de esto pone el caso de un contrato con empresa Tesca Ingeniería del Ecuador S.A., para la construcción de tres tanques para almacenamiento de combustible que originalmente costó 50 millones de dólares y dos años después, en 2014, firmaron un contrato complementario por 57 millones de dólares lo cual eleva el monto a 107 millones de dólares, pero hasta la fecha no se ha construido ninguno y el gobierno debe pagar un alquiler de 39 mil dólares diarios para almacenar el combustible.

“El presidente dice que no hay sobreprecios en la refinería. Hay que leer, presidente. Aquí está otro informe de contraloría, aquí está, 400% de incremento en los contratos. Contratos sobre contratos, cuatro o cinco contratos en uno solo. Y lo más importante, se han gastado, no 1.200 millones [de dólares] como dice el presidente [Correa], ¡mentira! [son] 2.200 millones (de dólares)”.

Lo peor, insiste en señalar Villavicencio, es que a pesar de la descomunal “inversión” en su repotenciación, la refinería sigue teniendo problemas, pues produce combustibles con altos niveles de contaminación muy difíciles de colocar en el mercado internacional.

La repartición de la torta en la Refinería de Esmeraldas

Fernando Villavicencio considera que el problema de las contrataciones ilegales con sobreprecio en el sector petrolero tiene su origen en un decreto de emergencia emitido por el presidente Correa en el año 2007, así como en diez decretos más subsecuentes al precitado, que han justificado el estado de excepción que permitió que todo el proceso de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas se ejecutara bajo estos parámetros y sin licitación o concurso. “Hay una cadena de responsabilidades en estos hechos de corrupción comenzando por Rafael Correa y en segundo lugar el vicepresidente de la república, Jorge Glas, sobre quien recae el manejo de los sectores estratégicos del Ecuador, sin embargo nadie se hace responsable”. Estima el periodista, que bajo el gobierno de Rafael Correa será imposible una investigación transparente de la corrupción, sino que corresponderá a la nueva administración que se instale en el país luego de las elecciones del 19 de febrero, llevar a cabo una averiguación exhaustiva[3].

En tal, sentido, Villavicencio sostiene que son 180 contratos y no 30 como dice Rafael Correa, los adjudicados por esta vía, “a dedo”, e indica que cuando el mandatario cita la cifra de 1.200 millones de dólares como el monto total del proceso de rehabilitación, sólo está refiriéndose al contrato de la empresa coreana SK Engineering & Construction Co. Ltd., a la cual hay que investigar, sostiene. 

El Universo, diario que ha llevado la batuta en Ecuador de las averiguaciones que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, realiza sobre los Panamá Papers, difiere un tanto en las cifras manejadas por Villavicencio. 

Según el rotativo, el proceso de rehabilitación tuvo un costo de 2.134 millones de dólares, como ya hemos citado varias veces, que se repartieron entre una treintena de proveedores nacionales e internacionales, siendo que la citada SK firmó por 717,75 millones de dólares y la australiana Worley Parsons International Inc., lo hizo por 157,36 millones de dólares. Estas dos empresas participan en otros procesos como la Refinería del Pacífico “Eloy Alfaro” por 314 millones de dólares. Esta empresa fue invitada a Ecuador por Petroindustrial que ahora es la Gerencia de Refinación de Petroecuador. Por su parte, Worley Parsons entró a participar en el proyecto de la Refinería de Esmeraldas en 2011. Su primer contrato fue por 38 millones de dólares y luego recibió otros tres que suman 30 millones de dólares. Igualmente Worley participa en obras en la Refinería del Pacífico y se encargó de la fiscalización del acueducto Represa La Esperanza que en Ecuador ejecutó la constructora brasileña Odebrecht a un costo de 275 millones de dólares[4].

De acuerdo a la magnitud del monto del contrato, encontramos en tercer lugar a la empresa estadounidense con sede en Texas, inscrita en Delaware, KBC Advanced Technologies Inc., que posee dos contratos firmados en 2013 y 2014, los cuales suman 149,28 millones de dólares. 

Luego se ubica la empresa Tesca Ingeniería del Ecuador (la misma señalada por Villavicencio pero con un monto en los contratos diferente), propiedad de Maessa, del Grupo ACS de España, con cuatro contratos por 129,39 millones de dólares para construir y dar mantenimiento a tanques de almacenamiento de la Refinería de Esmeraldas, aunque el último de estos contratos es para la construir una nueva planta de aguas amargas.

Con contratos por 93 millones de dólares encontramos después a MMR Group filial de otra homónima en Luisiana, EEUU. Esta compañía estuvo dirigida hasta hace poco por el venezolano Arturo Pinzón Domador, quien tiene una orden de prisión por supuestos pagos indebidos a Álex Bravo Panchano.

Por dónde se encendió la mecha

Pero hagamos una pausa para trasladarnos a un momento que resultó ser clave para que se desenmarañara todo este asunto que sacó a la luz un esquema de corrupción de gran envergadura que viene a añadir una nueva mácula al gobierno de Rafael Correa, el cual se ha caracterizado por ir de escándalo en escándalo.

Cuando el 3 de abril de 2016 salieron a la luz de manera simultánea en 109 medios de comunicación de 76 países lo que pasó a conocerse como los Panama Papers o los Papeles de Panamá —una investigación que revelaba una filtración informativa al periódico alemán Süddeutsche Zeitung que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ—, quedaron al descubierto propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión de impuestos de presidentes y jefes de Estado y de gobierno, políticos, altos funcionarios, artistas y personalidades de todo el mundo. 

Y aunque en lo que respecta a Ecuador los primeros señalamientos solo apuntaron hacia Pedro Delgado, expresidente del Banco Central, y a hacia Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado —quienes figuran entre los relacionados con el bufete panameño Mossack Fonseca por propiedades adquiridas por el primero en Miami, y por el segundo, en Quito—, luego se destaparía lo que pasó a conocerse como el “Caso Petroecuador”. 

Un caso en el que el fiscal Chiriboga no deja de estar salpicado. Chiriboga, quien debería ser el garante de los derechos nacionales, es un exministro, exfuncionario de Petroecuador, exembajador y exabogado personal de Rafael Correa —de quien es pariente— y también ha maniobrado para permitir que Carlos Pareja Yanuzzelli —personaje del que hablaremos in extenso a continuación— pudiera huir del país con toda tranquilidad. La justicia ecuatoriana, representada por Chiriboga, en una especie de parodia pretendió accionar contra el señalado sólo meses después cuando ya estaba a buen resguardo.

Los Papeles de Panamá dieron cuenta, en primer lugar, de un contrato suscrito entre las empresas offshore Girbra S.A. y Arkdale Investments Limited y Petroecuador. 

La primera de estas compañías privadas estaba integrada por Álex Fabricio Bravo Panchano, para la fecha gerente general de la estatal petrolera ecuatoriana, su esposa y un socio, mientras que en la segunda, figuraba Juan Baquerizo Escobar. 

Entonces el nombre de Carlos Pareja Yannuzzelli salió a relucir por ser la persona que había ocupado la gerencia general de la petrolera desde el 20 de julio de 2015 hasta noviembre de ese mismo año. Pareja Yannuzzelli, entre otros cargos de gobierno, venía de ejercer el Viceministerio de Recursos Naturales No renovables. Luego, pasó a ser el titular del Ministerio de Hidrocarburos y Bravo Panchano tomó la gerencia general de Petroecuador el 18 de noviembre de 2015, cargo en el que se mantuvo hasta 10 de mayo de 2016 cuando fue destituido a raíz de la explosión del bombazo periodístico.

El esquema de corrupción

La empresa offshore Girbra S.A fue constituida por Álex Bravo Panchano con la asesoría del escritorio jurídico panameño Mossack Fonseca el 3 de octubre de 2011. Posteriormente, el 10 de febrero de 2014 firmó un contrato de agenciamiento con Arkdale Investment Limited, la cual debía pagar a la primera 600 mil dólares y una comisión del 10% de cada contrato de venta de servicios que suscribiera en territorio ecuatoriano.

La investigación puso en claro todo un entramado con el que se quería enmascarar la relación de Bravo Panchano y Pareja Yannuzzelli con la estatal petrolera de Ecuador.

Como propietaria de la empresa offshore Arkadale Investment Limited figura la Fundación Liscard, la cual pertenece a los hermanos Juan Andrés y Jaime Alberto Baquerizo Escobar, quienes también son accionistas de la compañía Oil Services & Solutions S.A., OSS, beneficiaria de 15 contratos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, por un total de 30,3 millones de dólares.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Ecuador inició acciones legales contra los exdirectivos de Petroecuador y otras personas involucradas en las negociaciones por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Pero la corrupción en Petroecuador no se queda en estas trasnacionales descubiertas a razón de los Papeles de Panamá, esto sólo sería la punta de iceberg, según Fernando Villavicencio, quien sostiene en sus publicaciones en Focus, que hay cinco empresas offshore más creadas por Alex Bravo en Panamá, las cuales están relacionadas con Petroecuador pero que no fueron fundadas al amparo de Mossack Fonseca.

Sostiene Villavicencio —quien además es perseguido político condenado por los tribunales ecuatorianos a indemnizar al presidente Correa a pesar de contar con medidas cautelares a su favor dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— que a raíz de estas denuncias formuladas por él y Focus, Bravo Panchano renunció a la gerencia de la petrolera estatal ecuatoriana y pretendió huir del país. El funcionario fue detenido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, conocido como Tababela, en Quito, portando una gran cantidad de dinero cuya procedencia no ha podido justificar hasta la fecha. Sin embargo, fue liberado poco después, gracias a los oficios de abogados al servicio de Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia. 

Considera el comunicador que se han presentado suficientes evidencias para que la fiscalía, la contraloría y demás instancias judiciales procedieran en consecuencia contra los responsables de las irregularidades en Petroecuador. Pero las autoridades no actuaron con la diligencia requerida. 

Para Villavicencio las supuestas investigaciones de la fiscalía y el gobierno no han sido más que una parodia que ha permitido a los señalados de hechos de corrupción actuar con total impunidad y burlar a la justicia: “No quieren que se destape la olla a otro nivel (…) Han intervenido en el caso para cerrar algunas puertas y ventanas e impedir que se llegue más arriba. Por eso ellos [el gobierno] hablan de un millón de dólares en la cuenta de Carlos Pareja, están hablando de 12 millones de dólares en las cuentas de Álex Bravo, lo cual no es nada, eso es para los tabacos. Estamos hablando como yo he revelado, de que se gastaron 2.200 millones de dólares en nueve años para repotenciar la refinería de Esmeraldas, y la refinería no funciona bien”.

Esmeraldas: Un nido de corruptelas

El proceso de repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas vino a ser, definitivamente, una fuente al parecer inagotable de corrupción. Contratos tras contratos sirvieron para llenar bolsillos por todas partes.

Así tenemos a los hermanos Jaime y Juan Baquerizo, señalados en este recuento como la mecha por donde se prendió el escándalo de los Papeles de Panamá en Ecuador, al ser accionistas de la empresa Oil Services & Solutions S.A., OSS, y a su vez propietarios de la Fundación Liscard —dueña de la offshore Arkadale Investment Limited, ligada a Álex Bravo—y beneficiario de 15 contratos con Petroecuador. Pues bien, en el portal “4pelagatos.com” se cuenta la historia de subcontrataciones que se inició cuando Worley Parsons autorizó firmar con OSS para construir una planta de sosa gastada sin tener la mínima experiencia para ello, por un monto de 13,8 millones de dólares en un negocio inicial al que le siguieron al menos 15 contratos más hasta sumar más de 30 millones de dólares.

¿Desde cuándo Jaime Baquerizo es dueño de OSS?, se preguntan en la redacción de “4pelagatos.com” e inmediatamente se responden: “Según la documentación de [Fernando] Villavicencio, desde apenas dos semanas antes de firmar el contrato. Con una experiencia de 15 días en esto de construir plantas de sosa gastada, es obvio que Baquerizo tenía que encomendarle el trabajo a otro. Ahí entra Armengol Cevallos, un viejo trabajador de la refinería Esmeraldas, con una serie de empresas tercerizadoras. ¿Y qué hacen? Importan los equipos, que son de la más alta tecnología. Ocurre que este tipo de plantas, que no se fabrican en el país, vienen hechas, se entregan en módulos y nomás hay que montarlas. Pues bien: en lugar de contratar con una empresa extranjera, directamente, la instalación de la planta, se decidió comprar los equipos y armarla en casa, lo cual terminó costando casi el doble de lo que debería”[5]

Del mismo modo, aparece Jorge Vivar, quien por 27 millones de dólares debía encargarse de la construcción e instalación de las plantas Merox y Amina que servirían para reducir el nivel de azufre en los combustibles refinados. Lo curioso es que Jorge Vivar, a pesar de llevar varios años trabajando con la Refinería de Esmeraldas, lo hacía como proveedor de personal, por lo que, al igual que OSS, carecía de experiencia alguna en el asunto de refinación, con lo que los problemas de contaminación de los combustibles con azufre sólo vinieron a agravarse.

Otro caso en esta cadena, es el de Ramiro Luque, propietario de Galileo Energy S.A., empresa beneficiaria de un contrato por 38,1 millones de dólares para eliminar los desechos tóxicos de las antiguas piscinas de la refinería. 

Luque, cuenta el portal Focus, es también representante en Ecuador de la transnacional francesa Veolia, desde 2013, con la que logró adjudicarse los primeros y jugosos contratos en la Refinería Esmeraldas gracias a los favores de Carlos Pareja Yannuzzelli y Alex Bravo Panchano, a quien transfirió dinero desde una de las empresas offshore vinculadas, al consorcio francés.

Galileo es otra empresa exprés surgida en 2012 que a las pocas semanas de fundada se coronó con los primeros contratos de Petroecuador. En resumidas, Ramiro Luque ha logrado contratos que superan los 40 millones de dólares en la industria petrolera, los más sustanciosos obtenidos como representante de la multinacional Veolia. 

Por su parte, la empresa Nolimit, relacionada con Álex Bravo, contrató por 130 millones de dólares; MMR Group facturó 110,4 millones de dólares para la rehabilitación del sistema eléctrico de la refinería (una obra que no concluyó, dicho sea de paso) y 67,5 millones de dólares para el sistema contra incendios. La nota curiosa con Nolimit es que su representante regional, es el colombiano Arturo Pinzón Domador, quien se encuentra inhabilitado para hacer negocios con Venezuela por sus malos manejos.

Hernández-Mancheno & Hidalgo Ingeniería suscribió un contrato por 52,5 millones de dólares para ejecutar el sistema eléctrico, tarea con la que no cumplió.

Geinco Colutions Cia. LTD, firmó contrato por 4,9 millones de dólares para la construcción de un laboratorio de control de calidad por el que terminó cobrando 48,7 millones de dólares. 

19 causas abiertas

Dada la magnitud que el caso adquirió, al parecer a las autoridades no les tocó más remedio que emprender acciones. Es así como la Fiscalía General hasta la fecha ha abierto 19 causas destinadas a investigar las referidas irregularidades.

Entre dichas causas están las indagaciones a Carlos Pareja Yannuzzelli y a Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador, junto a otros funcionarios de petrolera.

Del mismo modo las averiguaciones alcanzan a Oil Services y Galileo Energy S.A., que figuran entre las proveedoras con las que la petrolera ecuatoriana ha suscrito los cuestionados contratos. La primera de estas empresas es propiedad de Ramiro Luque Flores y su esposa, Glenda Meza Bracho, con dos contratos por 30,34 millones de dólares. La segunda figura con cuatro por un total de 38,14 millones de dólares.

El Universo da cuenta también de que las averiguaciones han dejado al descubierto pagos irregulares por parte de Petroecuador a ejecutivos de MMR Group y Azulec S.A., la cual tiene un contrato de 10,5 millones de dólares ubicándose en el último lugar del ranking de las 29 compañías del citado grupo con cuestionados negocios en el proceso de rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas.

Entre los proveedores aparece Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica Cía. Ltda., que tiene como socio principal a Jorge Vivar Quintero, quien es investigado por la Fiscalía a raíz de un informe emitido por la Contraloría.

Corrupción azul

Denunciada por Fernando Villavicencio y también por el diario El Universo para los Papeles de Panamá, la empresa WorleyParsons International Inc., actuó como fiscalizadora en el proceso de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, como ya hemos apuntado, y a su vez subcontrató a una compañía del Grupo Azul por 56,8 millones de dólares.

Dos ejecutivos del citado grupo son investigados por el Ministerio Público por sus implicaciones con Petroecuador.

El estadounidense, William Wallace Phillips Cooper, es el propietario de las ochos empresas que conforman el conglomerado del Grupo Azul y goza de la buena estima del presidente Correa, quien lo condecoró por su aporte empresarial y la labor que desarrolla en pro del movimiento scout desde 2010, con la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Caballero. Pero también, Phillips Cooper es esposo de Mónica Hernández de Phillips, quien funge como asesora del presidente Rafael Correa y es directora del Plan Familia, adscrito a la Presidencia de la República del Ecuador. 

Tecnazul es una de las empresas que integran el grupo y a su frente están en la gerencia general y la gerencia financiera, Humberto Guardenas Córdova y Sonia Calero Silva, respectivamente. Estas personas hicieron pagos irregulares a Álex Bravo Panchano con el objetivo de obtener contratos de Petroecuador. Por estos hechos la Fiscalía mantiene un proceso abierto contra ellos.

Los pagos a Tecnazul representaron un 44 por ciento de los 127 millones de dólares pagados a WorleyParson por Petroecuador.

El colmo de esta situación queda transparentado en el hecho de que la subcontratación de Tecnazul fue para que realizara los trabajos de supervisión por los que Petroecuador había contratado a WorleyParsons[6].

Una serie de relaciones entre los propietarios y accionistas de las empresas del Grupo Azul están relacionados con funcionarios gubernamentales. Por ejemplo, Urazul S.A. y Phillips Cooper son accionistas de Tecnazul. Entretanto, Urazul es dueña de otras compañías ecuatorianas, entre las que figura Sierrazul, presidida por Sonia Calero Silva, una de las investigadas por corrupción en Petroecuador.

WorleyParsons tiene a su cargo la gerencia del proyecto de la Refinería del Pacífico que Petroecuador contrató en 2011 por 205 millones de dólares. También se encargó de la asesoría técnica de la planta de licuefacción en el balneario de Bajo Alto, en El Oro. Una obra cuestionada por la Contraloría por haber subcontratado —otra vez— con Tecnazul.

Cosas de familia

Entre las últimas actuaciones judiciales por el caso de Petroecuador, el fiscal de la causa, Juan Carlos Zuñiga, acusó a trece personas señalándolos como "autores directos" del delito de cohecho y a cinco, de ser "coautores". Este fiscal viene a sustituir a Segundo Jacinto Tibanlombo, suspendido por el Consejo de la Judicatura y cuestionado por el presidente Rafael Correa, porque en su dictamen se abstuvo de acusar a siete personas.

Así, Zúñiga solicitó la inclusión como autores directos de cohecho al exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, al exgerente de la estatal Álex Bravo y a otros dos funcionarios del sector. Además, serán procesados nueve contratistas por operaciones irregulares.

El fiscal acusa a Pareja de articular y dirigir las acciones para obtener beneficios económicos ilegales. A Bravo Panchano lo señala como operador, la persona encargada de manejar el dinero de tales transferencias.

Como posibles “co-actores” figuran familiares cercanos de Pareja y de Bravo. 

Rafael Correa ha dicho que posee una lista de los familiares de las ex-autoridades de Petroecuador beneficiarios de varias transferencias millonarias.

No sólo la corrupción afecta a Petroecuador

Pero si lo de la corrupción que hace estragos en la petrolera no fuera ya suficiente, ahora se agrega el hecho de que los ingresos de la empresa estatal han experimentado una merma sustancial.

Así lo revela el estado financiero de Petroecuador a diciembre de 2016, reseña una nota del diario Expreso que señala que las ventas, e inversiones se han reducido considerablemente.

Específicamente se da cuenta de que la exportación de crudo cayó de 5.539 millones de dólares, en 2015, a 4.441 millones, en 2016. Hablamos de 19,82 por ciento menos ingresos petroleros. Tal situación responde, por un lado a la caída de los precios petroleros que, en caso de Ecuador el barril pasó de 42,17 dólares a 35,25 dólares. Por el otro lado, la nación suramericana redujo la cantidad barriles exportados que en un año pasaron de 131,3 millones de barriles a 126 millones, es decir 4,08 por ciento menos.

A lo interno también Petroecuador experimentó una reducción, en virtud de que la venta de gasolina a raíz del incremento del precio del combustible hizo que se percibieran 42 millones de dólares menos, lo cual se traduce en una caída de 2,78 por ciento.

Las inversiones en Petroecuador también han sufrido un descalabro significativo al pasar de 662 millones de dólares en 2015 a 277,3 millones de dólares en 2016.

Entretanto, el gasto corriente pasó de 1.109 millones de dólares en 2015 a 929,2 millones de dólares en 2016. 16,3 por ciento de reducción[7].

Contratos irregulares

La Contraloría General elaboró varios informes que revelan 13 irregularidades en las declaraciones de altos funcionarios de Petroecuador y así se lo ha hecho saber a la Fiscalía a objeto de que tome acciones en caso de que así lo considere pertinente.

Del mismo modo el despacho contralor estableció en 15 informes inconsistencias en los contratos de servicios que varias empresas prestan a la petrolera estatal. 

Indica la Contraloría, que si bien la producción de la Refinería de Esmeraldas mejoró tras la repotenciación, no corrió así con los costos, lo cual está siendo objeto de investigación legal.

Los CapayaLeaks

El exgerente general de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, el personaje por donde se desató todo este caso, como ya lo señalamos líneas más arriba, concedió una entrevista a la periodista Tania Tinoco, de Ecuavisa, habló para exponer su versión de los hechos ocurridos y desde entonces, tales revelaciones han comenzado a conocerse como los CapayaLeaks. Igualmente a través de la cuenta @capayaleaksecu en la red social Twitter, ha venido soltando píldoras sobre lo ocurrido

Lo primero que hace Pareja es pedir perdón a los ecuatorianos por los delitos cometidos en su gestión en la estatal petrolera y en el despacho de gobierno y prosigue denunciando el terrible endeudamiento de la empresa, la cual ya ha comprometido al próximo gobierno al haber vendido petróleo a futuro y haberse gastado el dinero. “Veo un país endeudado que no sé cómo a salir el próximo gobierno de esta deuda tan grande. Veo petróleo comprometido en el próximo gobierno al que solamente le tocará entregar el petróleo del que ya se gastó la plata este gobierno”. 

Consultado acerca de qué acciones impulsó para impedir esta situación cuando ocupó el Ministerio de Hidrocarburos, Pareja Yannuzzelli advierte que sólo pudo hacer la denuncia a lo interno de lo que esta situación significaba, pero de ningún modo podía frenar tal acción. En todo caso refiere que sólo fue ministro por cinco meses y un tiempo igual fue el que estuvo en la gerencia general de Petroecuador. “En mi administración como gerente general de Petroecuador no se vendió petróleo [a futuro] porque ya estaba vendido todo”.

Refiere que siendo ministro le solicitó al gobernador del Ecuador ante la OPEP, Wilson Pastor, que el cartel emitiera un informe acerca del estado de la comercialización del petróleo de Ecuador, por lo cual luego de las averiguaciones, el funcionario informó al vicepresidente, Jorge Glas, que la nación estaba perdiendo 4 dólares por barril, por lo que las pérdidas alcanzarían cifras descomunales. Se lava las manos advirtiendo que ellos como funcionarios no podían tomar ninguna decisión de envergadura, puesto que esto correspondía únicamente a Jorge Glas hacerlo.

Explica que esta pérdida de 4 dólares por barril se debió a la participación de intermediarios en las ventas, en lugar de hacerlas directamente de Estado a Estado. Cada intermediario cobra comisiones que ha podido obtener Ecuador, sobre todo en momentos de crisis petrolera. Según Pareja, de acuerdo a lo afirmado por la OPEP, Ecuador habría experimentado pérdidas por el orden de los 2.800 millones de dólares.

“En la venta de petróleo el precio lo pone el mercado y para ello hay que sacar la venta al mercado. Entonces, el directorio de Petroecuador hizo una disposición en que se deja un 10 por ciento de todo el crudo ecuatoriano para sacarlo al mercado y [esto permita establecer un] precio referencial del mercado [que ha debido servir para fijar el precio de venta del crudo a] entregarle a PetroChina. Vendieron todo para que no haya ningún precio referencial, pusieron un precio teórico, ahí está la pérdida. Se incumplió con lo que dijo el directorio que ya es gravísimo. Allí están los 4 dólares de pérdida”.

Carlos Pareja indica que la comercialización del petróleo ecuatoriano está a cargo del gerente de comercio internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, un licenciado en hotelería recién graduado quien en 2014 y 2015 cobró más de 100 mil dólares en viáticos. Luego de este funcionario el procurador de la empresa, Mauricio Jaramillo, da su aprobación a todos los contratos. Igualmente intervienen Rafael Poveda, Fausto Herrera, entre otros, hasta llegar a Jorge Glas, el vicepresidente, quien es en definitiva quien decide todo en esta materia.

Refiere que las decisiones se toman en Petroecuador sin que el directorio haga la aprobación de las distintas operaciones. Además acusa que desde hace más de un año los precios de venta de petróleo se manejan secretamente. “No hay actas en el directorio sobre ventas de comercio internacional. Tampoco hacen ahora las grabaciones de las reuniones del directorio, está prohibido”. Refirió que las ventas de petróleo a futuro que al final de su gestión se negó a autorizar fueron autorizadas por su sucesor en el cargo, Pedro Mirizalde.

Del mismo modo, Pareja Yannuzzelli, denuncia todas las acciones emprendidas por el gobierno en contra de su familia al haber sido detenidos y arrestados su cuñado y su suegra sin que hasta la fecha haya prueba alguna que los condene. En tal sentido refiere que a través de su abogado ha recibido varios mensajes según los cuales el gobierno se valdrá de “métodos ortodoxos y no ortodoxos para traer a Pareja a Ecuador”.

Denunció amedrentamientos e informaciones según las cuales la decisión es acabarlo “para que yo no pueda hablar”.

Niega rotundamente haber formado parte de una red de corrupción en el manejo del petróleo ecuatoriano. Precisamente, advierte, “mi problema es que no era yo parte de la red, si no nos estuviera aquí”.

Agrega que se ha querido distraer a la opinión pública con acusaciones referidas a la refinación en Petroecuador sólo evitar investigar lo que sucede en Comercio Internacional de Petroecuador. “Es demencial, son 1.400 millones de dólares en pérdidas debido a los cuatro dólares señalados por la OPEP”. La disparidad de cantidades se debe a que Pareja Yannzzelli hace un doble cálculo, uno con base a los cuatro dólares señalados por la OPEP como lo que las pérdidas de la petrolera serían los 2.800 millones dólares señalados anteriormente; y en segundo cálculo hecho a 2 dólares de pérdida por barril con lo que la cantidad total se reduciría a 1.400.000 millones de dólares. Sea un caso o el otro, Pareja refiere que el daño ´patrimonial a la nación es descomunal.

Por otra parte, admite haber tenido conocimiento de la existencia de una tarifa económica que las grandes empresas contratistas de la Refinería Estatal de Esmeraldas tenían que pagar a los equipos de contraloría para sacar limpios los informes de auditoría. “Eso era vox populi”. Pero negó haber recibido pagos provenientes de los contratos de venta petrolera que el Ecuador realiza a nivel internacional, así como tampoco comisiones por parte de la Constructora brasileña Odebrecht.

En tal sentido sostiene que llegar a saber quiénes en Ecuador recibieron las coimas de Odebrecht es sumamente sencillo, “llegar a saber los nombres de Odebrecht (…) llegar a esos nombres es más fácil que la tabla del uno. En Petroecuador en este gobierno Odebrecht firmó alrededor de 600 millones de dólares, es facilito, ¿quién firmó los contratos de Odebrecht en Petroecuador? ¿Quién era el gerente refinería del Pacífico en ese momento que firmó un contrato de casi 300 millones por el movimiento de tierra? ¿Quiénes fueron los miembros del directorio que aprobaron los contratos? ¿Quién fue el fiscalizador, el administrador del contrato y las comisiones que llegaron al precio?”.

Sobre el sobreprecio denunciado en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas que el presidente Rafael Correa, Carlos Pareja Yannuzzelli advierte que esta defensa del mandatario no es para librarlo de culpas a él, sino a la contraloría y al directorio, que son en todo caso quienes tendrían que haber autorizado los 1.200 millones de dólares que finalmente habría terminado costando el trabajo, aun cuando inicialmente se estableció en 187 millones de dólares. “El gerente de refinación no puede ni siquiera conseguir ese dinero. Por eso es que el presidente dice que no hay sobreprecio, porque tendrían que meter preso al directorio”.

Pareja Yannuzzelli denuncia también que cuando estuvo dispuesto a someterse al proceso de colaboración eficaz, por vía Skype intervino en una audiencia de justicia para acordar el procedimiento. A su abogado presente en el tribunal en Quito le quitaron su computadora y dieron la orden de detectar dónde se encontraba él al momento de intervenir en la teleconferencia. Su abogado le avisó por otra vía que apagara la computadora y saliera del lugar en el que se encontraba, por lo que tuvo que desistir de colaborar con la justicia por este procedimiento de la colaboración eficaz. Refiere que se mismo día recibió información de que la orden en el gobierno era eliminarlo.

Señaló que con lo dicho por él hasta ahora el fiscal debería actuar de inmediato. De cualquier manera anunció que seguirá suministrando información y nombres para que todo el Ecuador sepa qué sucedió en general.

“Si tengo que pagar cárcel por enriquecimiento ilícito como se me acusa, pues me someteré, pero ¿lavado de activos?, yo no lavo ni la ropa, mucho menos activos. [Menos] delincuencia organizada, peculado, no, pues (…) Cuando haya justicia en el país yo me entrego”.

Ahora habrá que esperar por las decisiones que la juez Karen Matamoros tenga a bien emitir sobre este caso de corrupción que ha desangrado las arcas de la petrolera estatal ecuatoriana.



[1] EP Petroecuador. “Exitoso proceso de rehabilitación en refinería Esmeraldas”. 10 de octubre de 2015. http://www.eppetroecuador.ec/?p=2775
[2] Teleamazonas. “Entrevista a Fernando Villavicencio, sobre corrupción en Petroecuador”. 17 de octubre de 2016. http://www.teleamazonas.com/2016/10/entrevista-fernando-villavicencio-corrupcion-petroecuador/
[3] YouTube. Sensación TV. “Fernando Villavicencio | FOCUS: Corrupción en Petroecuador”. 20 de octubre de 2010. https://www.youtube.com/watch?v=jHjh6SpjASw
[4] El Universo. “La Refinería estatal de Esmeraldas suma ya más de $ 2.134 millones en contratos”. 12 de enero de 2017. http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/12/nota/5992273/refineria-estatal-esmeraldas-suma-ya-mas-2134-millones-contratos
[5] 4pelagatos.com. “Refinería Esmeraldas: al parecer hay más de 40 ladrones”. 17 de octubre de 2016. http://4pelagatos.com/2016/10/17/refineria-esmeraldas-al-parecer-hay-mas-de-40-ladrones/
[6] EL Universo. “WorleyParsons dio $ 56 millones a firma que hizo pagos a Álex Bravo”. 12 de enero de 2017. http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/12/nota/5992741/worleyparsons-dio-56-millones-firma-que-hizo-pagos-bravo
[7] Expreso. “Petroecuador terminó un año con cifras a la baja”. 6 de febrero de 2017. http://expreso.ec/actualidad/petroecuador-termino-un-ano-con-cifras-a-la-baja-FM1068667