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lunes, 20 de febrero de 2017

Refinería de Esmeraldas: La gran fuente de corrupción de Petroecuador

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

Nadie se imaginó que los primeros descubrimientos que los Papeles de Panamá hicieron sobre Ecuador, desencadenarían en un descomunal caso de corrupción que involucra a Petroecuador y en el que, el proceso de repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas catalogado como exitoso por gobierno de Rafael Correa, pasaría a convertirse en la fuente de una serie de manejos irregulares que han desangrado las arcas de petrolera ecuatoriana.

El flagelo de la corrupción hace mella en la industria petrolera del Ecuador en donde desde hace un tiempo, cual caja de pandora, comenzaron a salir a la luz, una tras otra, denuncias sobre irregularidades en contrataciones, subcontrataciones, procesos de ejecución de obras amañados, sobreprecios, lavado de activos, que están acabando con las finanzas de la estatal Petroecuador. Una de las acusaciones más escandalosas es la referida a la Refinería Estatal de Esmeraldas, cuyas obras de repotenciación se convirtieron en un desaguadero de recursos que, al parecer, han ido a parar los bolsillos de unos pocos funcionarios gubernamentales, dirigentes políticos y empresarios de maletín que han dejado pies en polvorosa tan pronto se han hecho públicas las irregularidades y han puesto sus fortunas mal habidas a buen resguardo.

Desde 2008 se registran los hechos, según lo muestran más de 700 contratos firmados para llevar a cabo obras en la refinería por un monto de 2.134 millones de dólares. El diario El Universo que ha abanderado las investigaciones para los Panama Papers en la nación suramericana, sostiene que los trabajos de repotenciación y mantenimiento se concentran en 30 empresas que acaparan 91% de la cantidad citada. Y dos empresas extranjeras, una coreana y otra australiana, se llevan 900 millones de la torta.

La citada refinería tiene su asiento en la Provincia de Esmeraldas una de las más pobres del Ecuador, ubicada en la región litoral o costa y desde su construcción entre los años 1975 y 1977 ha sido objeto de varios procesos de ampliación y rehabilitación. 

La última de estas repotenciaciones se inició en 2008, estimándose que para 2011 estuviese concluida y entrara en funcionamiento, sólo que el proceso fue postergándose una y otra vez hasta llegar al actual gobierno de Rafael Correa. De hecho esta administración ya acumula alrededor de ocho años ejecutando la obra que prometieron tener lista para 2015. Inicios, paralizaciones, reinicios, reformulaciones del proyecto y de presupuesto que han alcanzado tal envergadura que no pocos han llegado a afirmar que la suma invertida hubiera permitido construir una Unidad de Fluido de Cracking Catalítico o una pequeña refinería.

Pero el gobierno de Rafael Correa no comparte estos criterios y en octubre de 2015, a través del su vicepresidente y ahora compañero de fórmula del candidato oficialista Lenín Moreno, Jorge Glas, calificó el proceso de rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas, como exitoso, unas declaraciones que hizo al momento de recorrer las instalaciones de la planta acompañado del gerente de Petroecuador para el momento, Carlos Pareja, y del ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde.

En aquel momento prometió la total operatividad de la planta en noviembre de 2015, como ya hemos apuntado, al tiempo que aseguró que en la misma se procesarían 110 mil barriles de petróleo al día, lo que significaría un incremento de 20 mil barriles diarios. 

Glas ubicó el costo de la rehabilitación en 1.200 millones de dólares, según refiere la reseña de prensa emitida por Petroecuador[1].

Desmienten a Correa

El periodista y especialista en materia petrolera e hidrocarburos, Fernando Villavicencio, a través del portal Focus rebate estas afirmaciones del vicepresidente y las del propio presidente, Rafael Correa, pues sostiene los trabajos en Esmeraldas, según sus averiguaciones periodísticas, pasaron de 187 millones dólares desde 2007 a 2.200 millones de dólares (el diario El Universo precisa la cifra en 2.134 millones de dólares como apuntamos al principio) al término de la obra en diciembre de 2015. 

Igualmente, el periodista desmiente al gobierno y a los asambleístas oficialistas que pretenden adjudicarse la autoría de las investigaciones realizadas por él y Focus. Sostiene que se trata solamente de una estrategia electorera del partido de Correa, que al ver cómo la corrupción en Petroecuador ha terminado de hundir la candidatura de Moreno, intenta tomar bríos abanderando una lucha contra la corrupción que no le pertenece.

—No es cierto lo que dice el presidente Correa de que esos 187 millones de dólares asignados en 2007 sólo correspondían a mantenimiento y así lo corrobora el informe de Contraloría a raíz de una solicitud de auditoría del proceso de rehabilitación que hicimos.

Cita directamente el informe de la Contraloría emitido en 2012 donde claramente establece que se trata de trabajos de rehabilitación y no de mantenimiento como sostiene Correa. Y lee: “Cifras: Presupuesto inicial 127 millones [de dólares], guía descriptiva del año 2007, 187 millones (de dólares) y hasta el año 2011 tenía ya gastados Petroecuador, 855 millones [de dólares]”[2]

Sigue Fernando Villavicencio en sus desmentidos al presidente Correa, esta vez con relación a los sobreprecios negados por el mandatario y sostiene tajantemente —nuevamente sobre la base de informes de Contraloría— que en el proceso de repotenciación de la Refinería Esmeraldas se rubricaron contratos de servicio hasta con un incremento de 400%. Como ejemplo de esto pone el caso de un contrato con empresa Tesca Ingeniería del Ecuador S.A., para la construcción de tres tanques para almacenamiento de combustible que originalmente costó 50 millones de dólares y dos años después, en 2014, firmaron un contrato complementario por 57 millones de dólares lo cual eleva el monto a 107 millones de dólares, pero hasta la fecha no se ha construido ninguno y el gobierno debe pagar un alquiler de 39 mil dólares diarios para almacenar el combustible.

“El presidente dice que no hay sobreprecios en la refinería. Hay que leer, presidente. Aquí está otro informe de contraloría, aquí está, 400% de incremento en los contratos. Contratos sobre contratos, cuatro o cinco contratos en uno solo. Y lo más importante, se han gastado, no 1.200 millones [de dólares] como dice el presidente [Correa], ¡mentira! [son] 2.200 millones (de dólares)”.

Lo peor, insiste en señalar Villavicencio, es que a pesar de la descomunal “inversión” en su repotenciación, la refinería sigue teniendo problemas, pues produce combustibles con altos niveles de contaminación muy difíciles de colocar en el mercado internacional.

La repartición de la torta en la Refinería de Esmeraldas

Fernando Villavicencio considera que el problema de las contrataciones ilegales con sobreprecio en el sector petrolero tiene su origen en un decreto de emergencia emitido por el presidente Correa en el año 2007, así como en diez decretos más subsecuentes al precitado, que han justificado el estado de excepción que permitió que todo el proceso de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas se ejecutara bajo estos parámetros y sin licitación o concurso. “Hay una cadena de responsabilidades en estos hechos de corrupción comenzando por Rafael Correa y en segundo lugar el vicepresidente de la república, Jorge Glas, sobre quien recae el manejo de los sectores estratégicos del Ecuador, sin embargo nadie se hace responsable”. Estima el periodista, que bajo el gobierno de Rafael Correa será imposible una investigación transparente de la corrupción, sino que corresponderá a la nueva administración que se instale en el país luego de las elecciones del 19 de febrero, llevar a cabo una averiguación exhaustiva[3].

En tal, sentido, Villavicencio sostiene que son 180 contratos y no 30 como dice Rafael Correa, los adjudicados por esta vía, “a dedo”, e indica que cuando el mandatario cita la cifra de 1.200 millones de dólares como el monto total del proceso de rehabilitación, sólo está refiriéndose al contrato de la empresa coreana SK Engineering & Construction Co. Ltd., a la cual hay que investigar, sostiene. 

El Universo, diario que ha llevado la batuta en Ecuador de las averiguaciones que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, realiza sobre los Panamá Papers, difiere un tanto en las cifras manejadas por Villavicencio. 

Según el rotativo, el proceso de rehabilitación tuvo un costo de 2.134 millones de dólares, como ya hemos citado varias veces, que se repartieron entre una treintena de proveedores nacionales e internacionales, siendo que la citada SK firmó por 717,75 millones de dólares y la australiana Worley Parsons International Inc., lo hizo por 157,36 millones de dólares. Estas dos empresas participan en otros procesos como la Refinería del Pacífico “Eloy Alfaro” por 314 millones de dólares. Esta empresa fue invitada a Ecuador por Petroindustrial que ahora es la Gerencia de Refinación de Petroecuador. Por su parte, Worley Parsons entró a participar en el proyecto de la Refinería de Esmeraldas en 2011. Su primer contrato fue por 38 millones de dólares y luego recibió otros tres que suman 30 millones de dólares. Igualmente Worley participa en obras en la Refinería del Pacífico y se encargó de la fiscalización del acueducto Represa La Esperanza que en Ecuador ejecutó la constructora brasileña Odebrecht a un costo de 275 millones de dólares[4].

De acuerdo a la magnitud del monto del contrato, encontramos en tercer lugar a la empresa estadounidense con sede en Texas, inscrita en Delaware, KBC Advanced Technologies Inc., que posee dos contratos firmados en 2013 y 2014, los cuales suman 149,28 millones de dólares. 

Luego se ubica la empresa Tesca Ingeniería del Ecuador (la misma señalada por Villavicencio pero con un monto en los contratos diferente), propiedad de Maessa, del Grupo ACS de España, con cuatro contratos por 129,39 millones de dólares para construir y dar mantenimiento a tanques de almacenamiento de la Refinería de Esmeraldas, aunque el último de estos contratos es para la construir una nueva planta de aguas amargas.

Con contratos por 93 millones de dólares encontramos después a MMR Group filial de otra homónima en Luisiana, EEUU. Esta compañía estuvo dirigida hasta hace poco por el venezolano Arturo Pinzón Domador, quien tiene una orden de prisión por supuestos pagos indebidos a Álex Bravo Panchano.

Por dónde se encendió la mecha

Pero hagamos una pausa para trasladarnos a un momento que resultó ser clave para que se desenmarañara todo este asunto que sacó a la luz un esquema de corrupción de gran envergadura que viene a añadir una nueva mácula al gobierno de Rafael Correa, el cual se ha caracterizado por ir de escándalo en escándalo.

Cuando el 3 de abril de 2016 salieron a la luz de manera simultánea en 109 medios de comunicación de 76 países lo que pasó a conocerse como los Panama Papers o los Papeles de Panamá —una investigación que revelaba una filtración informativa al periódico alemán Süddeutsche Zeitung que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ—, quedaron al descubierto propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión de impuestos de presidentes y jefes de Estado y de gobierno, políticos, altos funcionarios, artistas y personalidades de todo el mundo. 

Y aunque en lo que respecta a Ecuador los primeros señalamientos solo apuntaron hacia Pedro Delgado, expresidente del Banco Central, y a hacia Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado —quienes figuran entre los relacionados con el bufete panameño Mossack Fonseca por propiedades adquiridas por el primero en Miami, y por el segundo, en Quito—, luego se destaparía lo que pasó a conocerse como el “Caso Petroecuador”. 

Un caso en el que el fiscal Chiriboga no deja de estar salpicado. Chiriboga, quien debería ser el garante de los derechos nacionales, es un exministro, exfuncionario de Petroecuador, exembajador y exabogado personal de Rafael Correa —de quien es pariente— y también ha maniobrado para permitir que Carlos Pareja Yanuzzelli —personaje del que hablaremos in extenso a continuación— pudiera huir del país con toda tranquilidad. La justicia ecuatoriana, representada por Chiriboga, en una especie de parodia pretendió accionar contra el señalado sólo meses después cuando ya estaba a buen resguardo.

Los Papeles de Panamá dieron cuenta, en primer lugar, de un contrato suscrito entre las empresas offshore Girbra S.A. y Arkdale Investments Limited y Petroecuador. 

La primera de estas compañías privadas estaba integrada por Álex Fabricio Bravo Panchano, para la fecha gerente general de la estatal petrolera ecuatoriana, su esposa y un socio, mientras que en la segunda, figuraba Juan Baquerizo Escobar. 

Entonces el nombre de Carlos Pareja Yannuzzelli salió a relucir por ser la persona que había ocupado la gerencia general de la petrolera desde el 20 de julio de 2015 hasta noviembre de ese mismo año. Pareja Yannuzzelli, entre otros cargos de gobierno, venía de ejercer el Viceministerio de Recursos Naturales No renovables. Luego, pasó a ser el titular del Ministerio de Hidrocarburos y Bravo Panchano tomó la gerencia general de Petroecuador el 18 de noviembre de 2015, cargo en el que se mantuvo hasta 10 de mayo de 2016 cuando fue destituido a raíz de la explosión del bombazo periodístico.

El esquema de corrupción

La empresa offshore Girbra S.A fue constituida por Álex Bravo Panchano con la asesoría del escritorio jurídico panameño Mossack Fonseca el 3 de octubre de 2011. Posteriormente, el 10 de febrero de 2014 firmó un contrato de agenciamiento con Arkdale Investment Limited, la cual debía pagar a la primera 600 mil dólares y una comisión del 10% de cada contrato de venta de servicios que suscribiera en territorio ecuatoriano.

La investigación puso en claro todo un entramado con el que se quería enmascarar la relación de Bravo Panchano y Pareja Yannuzzelli con la estatal petrolera de Ecuador.

Como propietaria de la empresa offshore Arkadale Investment Limited figura la Fundación Liscard, la cual pertenece a los hermanos Juan Andrés y Jaime Alberto Baquerizo Escobar, quienes también son accionistas de la compañía Oil Services & Solutions S.A., OSS, beneficiaria de 15 contratos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, por un total de 30,3 millones de dólares.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Ecuador inició acciones legales contra los exdirectivos de Petroecuador y otras personas involucradas en las negociaciones por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Pero la corrupción en Petroecuador no se queda en estas trasnacionales descubiertas a razón de los Papeles de Panamá, esto sólo sería la punta de iceberg, según Fernando Villavicencio, quien sostiene en sus publicaciones en Focus, que hay cinco empresas offshore más creadas por Alex Bravo en Panamá, las cuales están relacionadas con Petroecuador pero que no fueron fundadas al amparo de Mossack Fonseca.

Sostiene Villavicencio —quien además es perseguido político condenado por los tribunales ecuatorianos a indemnizar al presidente Correa a pesar de contar con medidas cautelares a su favor dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— que a raíz de estas denuncias formuladas por él y Focus, Bravo Panchano renunció a la gerencia de la petrolera estatal ecuatoriana y pretendió huir del país. El funcionario fue detenido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, conocido como Tababela, en Quito, portando una gran cantidad de dinero cuya procedencia no ha podido justificar hasta la fecha. Sin embargo, fue liberado poco después, gracias a los oficios de abogados al servicio de Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia. 

Considera el comunicador que se han presentado suficientes evidencias para que la fiscalía, la contraloría y demás instancias judiciales procedieran en consecuencia contra los responsables de las irregularidades en Petroecuador. Pero las autoridades no actuaron con la diligencia requerida. 

Para Villavicencio las supuestas investigaciones de la fiscalía y el gobierno no han sido más que una parodia que ha permitido a los señalados de hechos de corrupción actuar con total impunidad y burlar a la justicia: “No quieren que se destape la olla a otro nivel (…) Han intervenido en el caso para cerrar algunas puertas y ventanas e impedir que se llegue más arriba. Por eso ellos [el gobierno] hablan de un millón de dólares en la cuenta de Carlos Pareja, están hablando de 12 millones de dólares en las cuentas de Álex Bravo, lo cual no es nada, eso es para los tabacos. Estamos hablando como yo he revelado, de que se gastaron 2.200 millones de dólares en nueve años para repotenciar la refinería de Esmeraldas, y la refinería no funciona bien”.

Esmeraldas: Un nido de corruptelas

El proceso de repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas vino a ser, definitivamente, una fuente al parecer inagotable de corrupción. Contratos tras contratos sirvieron para llenar bolsillos por todas partes.

Así tenemos a los hermanos Jaime y Juan Baquerizo, señalados en este recuento como la mecha por donde se prendió el escándalo de los Papeles de Panamá en Ecuador, al ser accionistas de la empresa Oil Services & Solutions S.A., OSS, y a su vez propietarios de la Fundación Liscard —dueña de la offshore Arkadale Investment Limited, ligada a Álex Bravo—y beneficiario de 15 contratos con Petroecuador. Pues bien, en el portal “4pelagatos.com” se cuenta la historia de subcontrataciones que se inició cuando Worley Parsons autorizó firmar con OSS para construir una planta de sosa gastada sin tener la mínima experiencia para ello, por un monto de 13,8 millones de dólares en un negocio inicial al que le siguieron al menos 15 contratos más hasta sumar más de 30 millones de dólares.

¿Desde cuándo Jaime Baquerizo es dueño de OSS?, se preguntan en la redacción de “4pelagatos.com” e inmediatamente se responden: “Según la documentación de [Fernando] Villavicencio, desde apenas dos semanas antes de firmar el contrato. Con una experiencia de 15 días en esto de construir plantas de sosa gastada, es obvio que Baquerizo tenía que encomendarle el trabajo a otro. Ahí entra Armengol Cevallos, un viejo trabajador de la refinería Esmeraldas, con una serie de empresas tercerizadoras. ¿Y qué hacen? Importan los equipos, que son de la más alta tecnología. Ocurre que este tipo de plantas, que no se fabrican en el país, vienen hechas, se entregan en módulos y nomás hay que montarlas. Pues bien: en lugar de contratar con una empresa extranjera, directamente, la instalación de la planta, se decidió comprar los equipos y armarla en casa, lo cual terminó costando casi el doble de lo que debería”[5]

Del mismo modo, aparece Jorge Vivar, quien por 27 millones de dólares debía encargarse de la construcción e instalación de las plantas Merox y Amina que servirían para reducir el nivel de azufre en los combustibles refinados. Lo curioso es que Jorge Vivar, a pesar de llevar varios años trabajando con la Refinería de Esmeraldas, lo hacía como proveedor de personal, por lo que, al igual que OSS, carecía de experiencia alguna en el asunto de refinación, con lo que los problemas de contaminación de los combustibles con azufre sólo vinieron a agravarse.

Otro caso en esta cadena, es el de Ramiro Luque, propietario de Galileo Energy S.A., empresa beneficiaria de un contrato por 38,1 millones de dólares para eliminar los desechos tóxicos de las antiguas piscinas de la refinería. 

Luque, cuenta el portal Focus, es también representante en Ecuador de la transnacional francesa Veolia, desde 2013, con la que logró adjudicarse los primeros y jugosos contratos en la Refinería Esmeraldas gracias a los favores de Carlos Pareja Yannuzzelli y Alex Bravo Panchano, a quien transfirió dinero desde una de las empresas offshore vinculadas, al consorcio francés.

Galileo es otra empresa exprés surgida en 2012 que a las pocas semanas de fundada se coronó con los primeros contratos de Petroecuador. En resumidas, Ramiro Luque ha logrado contratos que superan los 40 millones de dólares en la industria petrolera, los más sustanciosos obtenidos como representante de la multinacional Veolia. 

Por su parte, la empresa Nolimit, relacionada con Álex Bravo, contrató por 130 millones de dólares; MMR Group facturó 110,4 millones de dólares para la rehabilitación del sistema eléctrico de la refinería (una obra que no concluyó, dicho sea de paso) y 67,5 millones de dólares para el sistema contra incendios. La nota curiosa con Nolimit es que su representante regional, es el colombiano Arturo Pinzón Domador, quien se encuentra inhabilitado para hacer negocios con Venezuela por sus malos manejos.

Hernández-Mancheno & Hidalgo Ingeniería suscribió un contrato por 52,5 millones de dólares para ejecutar el sistema eléctrico, tarea con la que no cumplió.

Geinco Colutions Cia. LTD, firmó contrato por 4,9 millones de dólares para la construcción de un laboratorio de control de calidad por el que terminó cobrando 48,7 millones de dólares. 

19 causas abiertas

Dada la magnitud que el caso adquirió, al parecer a las autoridades no les tocó más remedio que emprender acciones. Es así como la Fiscalía General hasta la fecha ha abierto 19 causas destinadas a investigar las referidas irregularidades.

Entre dichas causas están las indagaciones a Carlos Pareja Yannuzzelli y a Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador, junto a otros funcionarios de petrolera.

Del mismo modo las averiguaciones alcanzan a Oil Services y Galileo Energy S.A., que figuran entre las proveedoras con las que la petrolera ecuatoriana ha suscrito los cuestionados contratos. La primera de estas empresas es propiedad de Ramiro Luque Flores y su esposa, Glenda Meza Bracho, con dos contratos por 30,34 millones de dólares. La segunda figura con cuatro por un total de 38,14 millones de dólares.

El Universo da cuenta también de que las averiguaciones han dejado al descubierto pagos irregulares por parte de Petroecuador a ejecutivos de MMR Group y Azulec S.A., la cual tiene un contrato de 10,5 millones de dólares ubicándose en el último lugar del ranking de las 29 compañías del citado grupo con cuestionados negocios en el proceso de rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas.

Entre los proveedores aparece Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica Cía. Ltda., que tiene como socio principal a Jorge Vivar Quintero, quien es investigado por la Fiscalía a raíz de un informe emitido por la Contraloría.

Corrupción azul

Denunciada por Fernando Villavicencio y también por el diario El Universo para los Papeles de Panamá, la empresa WorleyParsons International Inc., actuó como fiscalizadora en el proceso de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, como ya hemos apuntado, y a su vez subcontrató a una compañía del Grupo Azul por 56,8 millones de dólares.

Dos ejecutivos del citado grupo son investigados por el Ministerio Público por sus implicaciones con Petroecuador.

El estadounidense, William Wallace Phillips Cooper, es el propietario de las ochos empresas que conforman el conglomerado del Grupo Azul y goza de la buena estima del presidente Correa, quien lo condecoró por su aporte empresarial y la labor que desarrolla en pro del movimiento scout desde 2010, con la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Caballero. Pero también, Phillips Cooper es esposo de Mónica Hernández de Phillips, quien funge como asesora del presidente Rafael Correa y es directora del Plan Familia, adscrito a la Presidencia de la República del Ecuador. 

Tecnazul es una de las empresas que integran el grupo y a su frente están en la gerencia general y la gerencia financiera, Humberto Guardenas Córdova y Sonia Calero Silva, respectivamente. Estas personas hicieron pagos irregulares a Álex Bravo Panchano con el objetivo de obtener contratos de Petroecuador. Por estos hechos la Fiscalía mantiene un proceso abierto contra ellos.

Los pagos a Tecnazul representaron un 44 por ciento de los 127 millones de dólares pagados a WorleyParson por Petroecuador.

El colmo de esta situación queda transparentado en el hecho de que la subcontratación de Tecnazul fue para que realizara los trabajos de supervisión por los que Petroecuador había contratado a WorleyParsons[6].

Una serie de relaciones entre los propietarios y accionistas de las empresas del Grupo Azul están relacionados con funcionarios gubernamentales. Por ejemplo, Urazul S.A. y Phillips Cooper son accionistas de Tecnazul. Entretanto, Urazul es dueña de otras compañías ecuatorianas, entre las que figura Sierrazul, presidida por Sonia Calero Silva, una de las investigadas por corrupción en Petroecuador.

WorleyParsons tiene a su cargo la gerencia del proyecto de la Refinería del Pacífico que Petroecuador contrató en 2011 por 205 millones de dólares. También se encargó de la asesoría técnica de la planta de licuefacción en el balneario de Bajo Alto, en El Oro. Una obra cuestionada por la Contraloría por haber subcontratado —otra vez— con Tecnazul.

Cosas de familia

Entre las últimas actuaciones judiciales por el caso de Petroecuador, el fiscal de la causa, Juan Carlos Zuñiga, acusó a trece personas señalándolos como "autores directos" del delito de cohecho y a cinco, de ser "coautores". Este fiscal viene a sustituir a Segundo Jacinto Tibanlombo, suspendido por el Consejo de la Judicatura y cuestionado por el presidente Rafael Correa, porque en su dictamen se abstuvo de acusar a siete personas.

Así, Zúñiga solicitó la inclusión como autores directos de cohecho al exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, al exgerente de la estatal Álex Bravo y a otros dos funcionarios del sector. Además, serán procesados nueve contratistas por operaciones irregulares.

El fiscal acusa a Pareja de articular y dirigir las acciones para obtener beneficios económicos ilegales. A Bravo Panchano lo señala como operador, la persona encargada de manejar el dinero de tales transferencias.

Como posibles “co-actores” figuran familiares cercanos de Pareja y de Bravo. 

Rafael Correa ha dicho que posee una lista de los familiares de las ex-autoridades de Petroecuador beneficiarios de varias transferencias millonarias.

No sólo la corrupción afecta a Petroecuador

Pero si lo de la corrupción que hace estragos en la petrolera no fuera ya suficiente, ahora se agrega el hecho de que los ingresos de la empresa estatal han experimentado una merma sustancial.

Así lo revela el estado financiero de Petroecuador a diciembre de 2016, reseña una nota del diario Expreso que señala que las ventas, e inversiones se han reducido considerablemente.

Específicamente se da cuenta de que la exportación de crudo cayó de 5.539 millones de dólares, en 2015, a 4.441 millones, en 2016. Hablamos de 19,82 por ciento menos ingresos petroleros. Tal situación responde, por un lado a la caída de los precios petroleros que, en caso de Ecuador el barril pasó de 42,17 dólares a 35,25 dólares. Por el otro lado, la nación suramericana redujo la cantidad barriles exportados que en un año pasaron de 131,3 millones de barriles a 126 millones, es decir 4,08 por ciento menos.

A lo interno también Petroecuador experimentó una reducción, en virtud de que la venta de gasolina a raíz del incremento del precio del combustible hizo que se percibieran 42 millones de dólares menos, lo cual se traduce en una caída de 2,78 por ciento.

Las inversiones en Petroecuador también han sufrido un descalabro significativo al pasar de 662 millones de dólares en 2015 a 277,3 millones de dólares en 2016.

Entretanto, el gasto corriente pasó de 1.109 millones de dólares en 2015 a 929,2 millones de dólares en 2016. 16,3 por ciento de reducción[7].

Contratos irregulares

La Contraloría General elaboró varios informes que revelan 13 irregularidades en las declaraciones de altos funcionarios de Petroecuador y así se lo ha hecho saber a la Fiscalía a objeto de que tome acciones en caso de que así lo considere pertinente.

Del mismo modo el despacho contralor estableció en 15 informes inconsistencias en los contratos de servicios que varias empresas prestan a la petrolera estatal. 

Indica la Contraloría, que si bien la producción de la Refinería de Esmeraldas mejoró tras la repotenciación, no corrió así con los costos, lo cual está siendo objeto de investigación legal.

Los CapayaLeaks

El exgerente general de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, el personaje por donde se desató todo este caso, como ya lo señalamos líneas más arriba, concedió una entrevista a la periodista Tania Tinoco, de Ecuavisa, habló para exponer su versión de los hechos ocurridos y desde entonces, tales revelaciones han comenzado a conocerse como los CapayaLeaks. Igualmente a través de la cuenta @capayaleaksecu en la red social Twitter, ha venido soltando píldoras sobre lo ocurrido

Lo primero que hace Pareja es pedir perdón a los ecuatorianos por los delitos cometidos en su gestión en la estatal petrolera y en el despacho de gobierno y prosigue denunciando el terrible endeudamiento de la empresa, la cual ya ha comprometido al próximo gobierno al haber vendido petróleo a futuro y haberse gastado el dinero. “Veo un país endeudado que no sé cómo a salir el próximo gobierno de esta deuda tan grande. Veo petróleo comprometido en el próximo gobierno al que solamente le tocará entregar el petróleo del que ya se gastó la plata este gobierno”. 

Consultado acerca de qué acciones impulsó para impedir esta situación cuando ocupó el Ministerio de Hidrocarburos, Pareja Yannuzzelli advierte que sólo pudo hacer la denuncia a lo interno de lo que esta situación significaba, pero de ningún modo podía frenar tal acción. En todo caso refiere que sólo fue ministro por cinco meses y un tiempo igual fue el que estuvo en la gerencia general de Petroecuador. “En mi administración como gerente general de Petroecuador no se vendió petróleo [a futuro] porque ya estaba vendido todo”.

Refiere que siendo ministro le solicitó al gobernador del Ecuador ante la OPEP, Wilson Pastor, que el cartel emitiera un informe acerca del estado de la comercialización del petróleo de Ecuador, por lo cual luego de las averiguaciones, el funcionario informó al vicepresidente, Jorge Glas, que la nación estaba perdiendo 4 dólares por barril, por lo que las pérdidas alcanzarían cifras descomunales. Se lava las manos advirtiendo que ellos como funcionarios no podían tomar ninguna decisión de envergadura, puesto que esto correspondía únicamente a Jorge Glas hacerlo.

Explica que esta pérdida de 4 dólares por barril se debió a la participación de intermediarios en las ventas, en lugar de hacerlas directamente de Estado a Estado. Cada intermediario cobra comisiones que ha podido obtener Ecuador, sobre todo en momentos de crisis petrolera. Según Pareja, de acuerdo a lo afirmado por la OPEP, Ecuador habría experimentado pérdidas por el orden de los 2.800 millones de dólares.

“En la venta de petróleo el precio lo pone el mercado y para ello hay que sacar la venta al mercado. Entonces, el directorio de Petroecuador hizo una disposición en que se deja un 10 por ciento de todo el crudo ecuatoriano para sacarlo al mercado y [esto permita establecer un] precio referencial del mercado [que ha debido servir para fijar el precio de venta del crudo a] entregarle a PetroChina. Vendieron todo para que no haya ningún precio referencial, pusieron un precio teórico, ahí está la pérdida. Se incumplió con lo que dijo el directorio que ya es gravísimo. Allí están los 4 dólares de pérdida”.

Carlos Pareja indica que la comercialización del petróleo ecuatoriano está a cargo del gerente de comercio internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, un licenciado en hotelería recién graduado quien en 2014 y 2015 cobró más de 100 mil dólares en viáticos. Luego de este funcionario el procurador de la empresa, Mauricio Jaramillo, da su aprobación a todos los contratos. Igualmente intervienen Rafael Poveda, Fausto Herrera, entre otros, hasta llegar a Jorge Glas, el vicepresidente, quien es en definitiva quien decide todo en esta materia.

Refiere que las decisiones se toman en Petroecuador sin que el directorio haga la aprobación de las distintas operaciones. Además acusa que desde hace más de un año los precios de venta de petróleo se manejan secretamente. “No hay actas en el directorio sobre ventas de comercio internacional. Tampoco hacen ahora las grabaciones de las reuniones del directorio, está prohibido”. Refirió que las ventas de petróleo a futuro que al final de su gestión se negó a autorizar fueron autorizadas por su sucesor en el cargo, Pedro Mirizalde.

Del mismo modo, Pareja Yannuzzelli, denuncia todas las acciones emprendidas por el gobierno en contra de su familia al haber sido detenidos y arrestados su cuñado y su suegra sin que hasta la fecha haya prueba alguna que los condene. En tal sentido refiere que a través de su abogado ha recibido varios mensajes según los cuales el gobierno se valdrá de “métodos ortodoxos y no ortodoxos para traer a Pareja a Ecuador”.

Denunció amedrentamientos e informaciones según las cuales la decisión es acabarlo “para que yo no pueda hablar”.

Niega rotundamente haber formado parte de una red de corrupción en el manejo del petróleo ecuatoriano. Precisamente, advierte, “mi problema es que no era yo parte de la red, si no nos estuviera aquí”.

Agrega que se ha querido distraer a la opinión pública con acusaciones referidas a la refinación en Petroecuador sólo evitar investigar lo que sucede en Comercio Internacional de Petroecuador. “Es demencial, son 1.400 millones de dólares en pérdidas debido a los cuatro dólares señalados por la OPEP”. La disparidad de cantidades se debe a que Pareja Yannzzelli hace un doble cálculo, uno con base a los cuatro dólares señalados por la OPEP como lo que las pérdidas de la petrolera serían los 2.800 millones dólares señalados anteriormente; y en segundo cálculo hecho a 2 dólares de pérdida por barril con lo que la cantidad total se reduciría a 1.400.000 millones de dólares. Sea un caso o el otro, Pareja refiere que el daño ´patrimonial a la nación es descomunal.

Por otra parte, admite haber tenido conocimiento de la existencia de una tarifa económica que las grandes empresas contratistas de la Refinería Estatal de Esmeraldas tenían que pagar a los equipos de contraloría para sacar limpios los informes de auditoría. “Eso era vox populi”. Pero negó haber recibido pagos provenientes de los contratos de venta petrolera que el Ecuador realiza a nivel internacional, así como tampoco comisiones por parte de la Constructora brasileña Odebrecht.

En tal sentido sostiene que llegar a saber quiénes en Ecuador recibieron las coimas de Odebrecht es sumamente sencillo, “llegar a saber los nombres de Odebrecht (…) llegar a esos nombres es más fácil que la tabla del uno. En Petroecuador en este gobierno Odebrecht firmó alrededor de 600 millones de dólares, es facilito, ¿quién firmó los contratos de Odebrecht en Petroecuador? ¿Quién era el gerente refinería del Pacífico en ese momento que firmó un contrato de casi 300 millones por el movimiento de tierra? ¿Quiénes fueron los miembros del directorio que aprobaron los contratos? ¿Quién fue el fiscalizador, el administrador del contrato y las comisiones que llegaron al precio?”.

Sobre el sobreprecio denunciado en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas que el presidente Rafael Correa, Carlos Pareja Yannuzzelli advierte que esta defensa del mandatario no es para librarlo de culpas a él, sino a la contraloría y al directorio, que son en todo caso quienes tendrían que haber autorizado los 1.200 millones de dólares que finalmente habría terminado costando el trabajo, aun cuando inicialmente se estableció en 187 millones de dólares. “El gerente de refinación no puede ni siquiera conseguir ese dinero. Por eso es que el presidente dice que no hay sobreprecio, porque tendrían que meter preso al directorio”.

Pareja Yannuzzelli denuncia también que cuando estuvo dispuesto a someterse al proceso de colaboración eficaz, por vía Skype intervino en una audiencia de justicia para acordar el procedimiento. A su abogado presente en el tribunal en Quito le quitaron su computadora y dieron la orden de detectar dónde se encontraba él al momento de intervenir en la teleconferencia. Su abogado le avisó por otra vía que apagara la computadora y saliera del lugar en el que se encontraba, por lo que tuvo que desistir de colaborar con la justicia por este procedimiento de la colaboración eficaz. Refiere que se mismo día recibió información de que la orden en el gobierno era eliminarlo.

Señaló que con lo dicho por él hasta ahora el fiscal debería actuar de inmediato. De cualquier manera anunció que seguirá suministrando información y nombres para que todo el Ecuador sepa qué sucedió en general.

“Si tengo que pagar cárcel por enriquecimiento ilícito como se me acusa, pues me someteré, pero ¿lavado de activos?, yo no lavo ni la ropa, mucho menos activos. [Menos] delincuencia organizada, peculado, no, pues (…) Cuando haya justicia en el país yo me entrego”.

Ahora habrá que esperar por las decisiones que la juez Karen Matamoros tenga a bien emitir sobre este caso de corrupción que ha desangrado las arcas de la petrolera estatal ecuatoriana.



[1] EP Petroecuador. “Exitoso proceso de rehabilitación en refinería Esmeraldas”. 10 de octubre de 2015. http://www.eppetroecuador.ec/?p=2775
[2] Teleamazonas. “Entrevista a Fernando Villavicencio, sobre corrupción en Petroecuador”. 17 de octubre de 2016. http://www.teleamazonas.com/2016/10/entrevista-fernando-villavicencio-corrupcion-petroecuador/
[3] YouTube. Sensación TV. “Fernando Villavicencio | FOCUS: Corrupción en Petroecuador”. 20 de octubre de 2010. https://www.youtube.com/watch?v=jHjh6SpjASw
[4] El Universo. “La Refinería estatal de Esmeraldas suma ya más de $ 2.134 millones en contratos”. 12 de enero de 2017. http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/12/nota/5992273/refineria-estatal-esmeraldas-suma-ya-mas-2134-millones-contratos
[5] 4pelagatos.com. “Refinería Esmeraldas: al parecer hay más de 40 ladrones”. 17 de octubre de 2016. http://4pelagatos.com/2016/10/17/refineria-esmeraldas-al-parecer-hay-mas-de-40-ladrones/
[6] EL Universo. “WorleyParsons dio $ 56 millones a firma que hizo pagos a Álex Bravo”. 12 de enero de 2017. http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/12/nota/5992741/worleyparsons-dio-56-millones-firma-que-hizo-pagos-bravo
[7] Expreso. “Petroecuador terminó un año con cifras a la baja”. 6 de febrero de 2017. http://expreso.ec/actualidad/petroecuador-termino-un-ano-con-cifras-a-la-baja-FM1068667


domingo, 19 de febrero de 2017

La corrupción de Odebrecht que el gobierno de Ecuador pretende dejar en el olvido

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos demostró que la acción corrupta de Odebrecht dejó una marca en Ecuador equivalente a 33,5 millones de dólares repartidos en sobornos a funcionarios gubernamentales a cambio de la aprobación de contratos entre 2006 y 2016. Pero pese a las evidencias, la administración de Rafael Correa se empeña en obviar tales hechos premiando a la constructora con el retorno al país y la adjudicación de más contratos que dejaron en el olvido acusaciones de corrupción y demandas por más de 250 millones de dólares por sólo 20 millones de dólares que la multinacional brasileña pagó como compensación por pérdidas y que nadie sabe dónde están.
A su paso por las 27 naciones en las que tiene presencia, la constructora brasileña Odebrecht ha dejado huella por las obras que ha construido, y más recientemente por los escándalos que ha generado. Ecuador está en la lista de doce países señalados en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que destapó lo que se considera una "conspiración para violar" las leyes contra sobornos, específicamente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés.

El informe del organismo de gobierno norteamericano establece que “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros, proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”.

Tanto Odebrecht como su empresa relacionada Braskem, se declararon culpables el pasado 21 de diciembre de 2016 ante la justicia de Estados Unidos y acordaron cancelar 3.500 millones de dólares en multas tanto a las autoridades norteamericanas como a las de Brasil y Suiza—que colaboraron en la investigación— por el pago de sobornos a funcionarios públicos gubernamentales y políticos de Brasil, Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. 

En el caso específico de Ecuador, Rafael Correa reaccionó airadamente en defensa de su gestión y de quienes estarían involucrados. Pero no solamente la gestión de Correa se encuentra cuestionada por su relación taimada con la constructora brasileña. Otras seis administraciones también lo están: las encabezadas por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio. De los últimos diez gobiernos solo quedan exentos los de Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez.

Las operaciones y contrataciones de Odebrecht en Ecuador suman $2.957.037.892,33, y los sobornos otorgados totalizan 33,5 millones de dólares, según el reporte del Departamento de Justicia. Estas coimas formaban parte de un sistema con carácter orgánico y corporativo y eran canceladas a través de una “caja B” con registro documental contable, todo perfectamente organizado y canalizado por la División de Operaciones Estructuradas, una dependencia creada en 2006 por la empresa, que a la luz de las averiguaciones, no vino a ser más que un vulgar departamento de sobornos. Pero el esquema corrupto existía desde antes —años 80— con el nombre de “Sector de relaciones estratégicas”. El reporte de la entidad gubernamental norteamericana indica que los 33,5 millones de dólares pagados en coimas entre 2007 y 2016, le generaron beneficios a la constructora por 116 millones de dólares.

Y aunque no hay nombres propios que se hayan dado a conocer, sí existe un conjunto de sobrenombres y seudónimos adjudicados de acuerdo a las características físicas, personalidad o perfil profesional de los 18 personajes —por ahora— involucrados. El diario Expreso, de Ecuador, refiere que en sus averiguaciones —aún en curso—hechas sobre más de cien páginas escritas a mano, figura el financiamiento de una campaña electoral sin que hasta el momento se haya podido determinar de quién. Por los momentos, solo se conoce que en las operaciones fraudulentas figuran personajes como “Secreto 1”, “Secreto 2”, “Grosso”, “Matraca”, “Banco”, “Nipón”, “Luzes”, “Chanceller”, entre otros.

Un secreto largamente guardado

Se supone que los registros debían ser regularmente destruidos para no dejar rastros de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios corruptos de diferentes países. Eso fue lo que creyeron los directivos del consorcio brasileño.
Pero no fue así.
Una mujer, para entonces de 20 años, quien trabajó desde 1987 como secretaria del referido departamento de sobornos de Odebrecht, fue despedida en 1992 y, desde entonces, olvidada. Su nombre es Concepción Andrade y reapareció en los escenarios brasileños al momento de estallar el escándalo. Andrade desempolvó las amarillentas hojas mecanografiadas que se llevó a su casa al momento de su despido y que contenían los registros que había levantado sobre pagos irregulares y los entregó a la justicia y a la Comisión del Congreso que investiga el caso Lava Jato.

La mujer conversó con el diario Expreso y afirmó que “los que constan en el listado recibían sobornos de Odebrecht” que en el expediente que maneja la justicia de Brasil aparece registrado como “Relación de socios”. Dijo además que los pagos “eran del 2 al 5% del valor de la obra” y no pueden ni deben confundirse con donaciones legales.

Los documentos que analiza el diario revelan el procedimiento seguido por la unidad de sobornos de Odebrecht para pagar las coimas a sus “socios” ecuatorianos. Recurrían a dos mecanismos. El primero de ellos, a través de vales de caja en los que se reflejaban transferencias a Guayaquil y Miami descritos como “gastos de representación”. 

La segunda vía quedó registrada en hojas separadas rellenas a mano, con descripciones como: “Equador, 800.000. Manutenção”.

Las declaraciones de Concepción Andrade refieren que “la compañía en Ecuador recibía el depósito y lo pagaba en efectivo a los implicados. Ellos exigían el pago en dólares y definían la hora y el lugar para cobrarlo”.

Los contratos en Ecuador

Como referimos al principio, siete de los diez últimos gobiernos ecuatorianos firmaron contratos con Odebrecht, por un total de $2.957.037.892,33, que estarían discriminados de la siguiente manera: La administración de León Febres Cordero, en 1987, lo hizo por $176.600.000; la de Sixto Durán, entre 1992 y 1996, firmó en dos ocasiones por $160.900.000 y por $80.586.701; Fabián Alarcón, en 1997, contrató por $126.700.000; Jamil Mahuad, en 1998, firmó contratos por $143.014.888; Gustavo Novoa, entre 2000 y 2002, ejecutó obras con la contratista brasileña y firmó en dos ocasiones, una por $286.851.129 y por $97.651674.87; Alfredo Palacio, en 2006, suscribió tres contratos por $102.674.986,69, por $157.058.512,77, y por $25.000.000; mientras que el actual gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2016, ha firmado contratos con Odebrecht por $1.600.000.000.

Odebrecht opera en Ecuador desde el 21 de agosto de 1987 cuando se encargó de la construcción del Trasvase Santa Elena, en la provincia de Guayas, un contrato suscrito con el gobierno de León Febres Cordero por $176.600.000.

Además, la empresa brasileña ha sido responsable de la construcción de importantes obras de infraestructura como la central hidroeléctrica San Francisco, la central hidroeléctrica Manduriacu, la preparación del área donde ha de construirse la Refinería del Pacífico, la Ruta Viva en la capital de la república, el trasvase Daule-Vinces, el acueducto La Esperanza, el poliducto Pascuales-Cuenca y la primera y segunda etapa del Metro de Quito.

Odebrecht también ganó el contrato para la ampliación del puerto de aguas profundas de Manta, pero esta obra fue cancelada por el gobierno de Correa en razón de decidirse el redimensionamiento del proyecto.

Como ya se dijo, el informe del Departamento de Justicia de EEUU da cuenta de que los sobornos registrados en Ecuador tuvieron lugar entre el año 2007 y 2016, tiempo durante el cual el único mandatario que ha ejercido el poder en la nación suramericana es Rafael Correa.

La reacción del gobierno de Correa

Ante los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos la respuesta del gobierno de Rafael Correa no se hizo esperar y a través de un comunicado emitido por la Secretaría Nacional de Comunicación se dirigió a la ciudadanía para negar los hechos denunciados.

Ese documento refirió que el 23 de septiembre de 2008 el presidente Correa emitió el decreto ejecutivo 1348 por medio del cual expulsó del país a la constructora Odebrecht luego de haberse detectado una serie de “deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco —proyecto contratado en el año 2000 en el gobierno de Gustavo Noboa e inaugurado en el 2007 (…)[y] ordenó el arraigo de sus más altos funcionarios en Ecuador y, rescindió todos sus contratos: Toachi Pilatón, Multipropósito Baba y Carrizal Chone. Además, la constructora debió ceder su participación en el Consorcio Tena, como contratista del nuevo aeropuerto de Tena”.

Agrega el comunicado que la Odebrecht volvió a operar en Ecuador en 2010, luego de que “aceptara todas las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional. Debió reparar integralmente la central San Francisco por un monto estimado en 55,7 millones de dólares, así como pagar 20 millones de dólares por los costos ocasionados por la paralización de la central”.

Sostiene que los contratos ganados a partir de esa fecha se hicieron a través de concursos abiertos que le permitieron a la constructora brasileña adjudicarse el trasvase Daule-Vinces, por 299,36 millones de dólares; la central hidroeléctrica de Manduriacu, por 199,9 millones de dólares; la preparación de terreno para la Refinería del Pacífico por 303 millones de dólares; el acueducto La Esperanza por 296,01 millones de dólares; y el poliducto Pascuales-Cuenca, por 547 millones de dólares. Es decir, 1.329,46 millones de dólares, un monto nada despreciable para una compañía tenida por incumplida al extremo de expulsarla del país.

La administración de Correa subrayó como hecho curioso que habiendo estado presente Odebrecht en Ecuador desde los años 80, el informe del Departamento de Justicia sólo analiza el período 2007-2016 y obvia al resto de los gobiernos, por lo que calificó de sesgada y tendenciosa la investigación.
Igualmente, en el comunicado el gobierno cuestionó el hecho de que se acuse a funcionarios ecuatorianos en 2007 y 2008 cuando precisamente Odebrecht fue expulsada del país. 

El gobierno de Correa advirtió que “tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente ‘negocia’ su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio. Esperamos que este no sea el caso, pero no nos sorprendería tampoco que el Departamento de Justicia subordine su administración, una vez más, a los intereses de la política exterior de Washington”.

Voces en contra y contraataques 

Varias han sido las voces que se han levantado para criticar la actitud de Rafael Correa frente a la constructora Odebrecht y la denuncia que la señala de haber pagado 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales.

Una de estas voces es la de Andrés Pérez Benalcázar, compañero de fórmula —aspira a la vicepresidencia— de Guillermo Lasso quien competirá con Correa en las elecciones presidenciales pautadas para este 2017.
Sostiene Pérez que de no haber una aclaratoria por parte del gobierno, viajará a EEUU en busca de información sobre el caso. Durante una entrevista televisiva a Ecuavisa, manifestó que lo que la administración de Correa “debería hacer es simplemente acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos y pedir que la lista (de presuntos involucrados) se publique”.

De persistir el silencio gubernamental Andrés Pérez refirió en la citada entrevista que "acudiré ante el juez de la corte de Nueva York para presentarme como tercero interesado y para exigirle, a través de la normativa vigente en los Estados Unidos, que se revele esa lista porque el Ecuador exige conocer quiénes son los autores de este nuevo atraco al Estado ecuatoriano".

Otro que anunció viaje a Estados Unidos es el alcalde Quito, Mauricio Rodas, quien en su cuenta en la red social Twitter dijo: “Viajaré inmediatamente a Washington, para manifestar el interés de @MunicipioQuito y los quiteños para q Dpto.Justicia revele información”.

Y es que el gobierno de Rafael Correa al eximirse de culpas en el caso, subrayó con sumo énfasis en su comunicado oficial que “el único contrato que tiene Odebrecht vigente en Ecuador es con el municipio de Quito, mediante el Consorcio Acciona-Odebrecht, para la construcción de la fase 2 del Metro de Quito, por un monto de 1.538 millones de dólares, suma que, por sí sola, prácticamente equivale a todos los contratos mantenidos con el Gobierno Nacional”.

El 6 de enero del presente año 2017, la Fiscalía General del Ecuador allanó la residencia del asesor principal de Mauricio Rodas, Mauro Terán Vásconez y procedió a detenerlo. 

La aprehensión de Terán, según una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación, obedece a que “este ‘asesor’, sin sueldo ni cargo aparente, no registra entre 2010 y 2016 ninguna actividad económica reportada a la autoridad tributaria, ni declara impuesto a la renta a pesar de haber tenido ingresos entre 2014 y 2016 por más de cinco millones y medio de dólares”.

El comunicado de prensa señala que los ingresos más fuertes de Mauro Terán los percibió en 2015, fecha que “coincide con el año en el que se adjudicó y firmó el contrato para la segunda fase de construcción del Metro de Quito cerrado con el consorcio Acciona-Odebrecht”. 

Los ingresos de Mauro Terán reportados por la banca estadounidense son, según el reporte gubernamental: en 2010, 52.882 dólares; en 2011, 317.697 dólares;  en 2012, 269.401 dólares; en 2013, 319.770 dólares; en 2014, 2.624.729 dólares; en 2015, 2.352.876 dólares; en 2016, 497.760 dólares.

Y mientras el alcalde Quito, Mauricio Rodas, defiende la integridad de Terán a quien describe como un gran colaborador que no es empleado municipal y cataloga de “maliciosa” e “inaceptable” la estrategia del gobierno nacional de pretender vincular una investigación tributaria y particular con el contrato del Metro de Quito por un mero objetivo electoral, el presidente Rafael Correa sugirió en declaraciones a El Expreso que "en vez de viajar a Washington a hablar con quien quiera, debería explicar o decirle a su amigo por qué tiene 6 millones de dólares depositados entre 2014 y 2015, cuando llega la nueva administración municipal y coincidente con los contratos del Metro de Quito”.

Correa ahora defiende a Odebrecht

Por contradictorio que parezca, la misma administración de gobierno que en 2008 decidió expulsar a Odebrecht por incumplimiento, ahora la defiende a capa y espada.

El diario La República da cuenta de afirmaciones de Correa defendiendo el contrato de la constructora brasileña para la obra de la represa central hidroeléctrica Manduriacu, en las que advierte que los contratos complementarios con Odebrecht “no son sobreprecios”, al tiempo que refiere que dichos contratos han sido auditados al cien por ciento. 

Correa inauguró en marzo de 2015 la central hidroeléctrica Manduriacu y para esa misma fecha la Comisión Nacional Anticorrupción denunció que el contrato original de la obra, estipulado en 124.881.250 dólares en un principio, sufrió un incremento a 227.389.966,63 dólares, acusando un sobreprecio de 82%.

Asimismo, la Secretaría de Comunicación en otro parte de prensa sostiene que la empresa  cumplió con todos los requerimientos para volver a Ecuador: “Los errores de la constructora brasileña Odebrecht fueron enmendados oportunamente para cumplir con todos los requerimientos que exige el Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP) y acceder como contratista en la Refinería del Pacífico”.

La pregunta obligada ante esta nueva posición del gobierno de Rafael Correa apunta a saber dónde quedaron y por qué el giro a aquellas afirmaciones que en su momento hiciera sobre Odebrecht ante las graves fallas detectadas en la central hidroeléctrica San Francisco y que en el portal Plan V. Los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita se encargan de refrescar: “Mientras más escarbo más pus encuentro. Estos señores han sido corruptos y corruptores, han tenido comprado a funcionarios del Estado", dijo tajante el presidente ecuatoriano en 2008 cuando aseguró que conocía perfectamente la magnitud de los manejos dolosos y los nombres de los corruptos.

Al parecer, Correa decidió guardar en un cofre inexpugnable tales secretos, advierten los comunicadores cuando recuerdan la promesa del presidente: “No descansaré hasta darle a conocer al mundo lo que han hecho en este país". Al parecer se cansó. 

La mano de Lula

Según refieren Villavicencio y Zurita, fue la intervención del expresidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, la que logró suspender todas las acciones judiciales emprendidas por Correa contra Odebrecht, no solamente en Ecuador sino también fuera de ese país, las cuales sumaban en conjunto 250 millones de dólares. 

La firma del Convenio de Transacción el 8 de julio de 2010, entre Hidropastaza y Norberto Odebrecht, —acuerdo hecho sin la autorización del Procurador del Estado— sirvió para borrar de la memoria de Correa todas las acusaciones de corrupción contra la constructora. Eso, y el pago de 20 millones dólares por concepto de pérdidas que echaron por tierra las glosas establecidas por la Contraloría por 70 millones de dólares.

La amnesia que el acuerdo causó en Rafael Correa dejó también en el olvido una auditoría de la firma Electroconsul que aseguró que las pérdidas ocasionadas por la paralización de los trabajos en la represa San Francisco lanzaban la cifra de 83 millones de dólares. Incluso, la propia Odebrecht había ofrecido pagar por ello 43 millones de dólares. Pero el gobierno de Correa se conformó solamente con 20 millones de dólares, un dinero del que se desconoce el destino.

Otro round: Ros-Lehtinen versus Correa

En esta odisea de peleas, otro capítulo lo constituye el choque entre la representante republicana estadounidense, Ileana Ros-Lehtinen, y el presidente Correa.

La congresista norteamericana solicitó el 5 de enero de 2017 a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, revelar los nombres de los funcionarios gubernamentales ecuatorianos que recibieron sobornos de Odebrecht entre 2006 y 2016.  

“Estoy requiriendo que usted revele los nombres de los funcionarios públicos ecuatorianos referidos en el acuerdo de culpabilidad con ejecutivos de Odebrecht y de otros individuos involucrados en corrupción en Ecuador”, reza la carta de la legisladora al momento de argumentar su solicitud con la advertencia de que en Ecuador no hay garantías judiciales para que los nombres salgan a la luz.

“La presión política de Correa, además de la corrupción y la falta de independencia judicial bajo su Gobierno, hace altamente improbable que los fiscales ecuatorianos revelen los nombres de los funcionarios implicados en el caso Odebrecht o los lleven a juicio”, asegura Ros-Lehtinen a la fiscal Lynch en la misiva.

Rafael Correa contestó a la legisladora estadounidense en su programa televisivo del 7 de enero de 2007, haciendo referencia, en primer lugar, a que la solicitud de la congresista la formula a título personal, para luego advertir que los funcionarios involucrados no formarían parte de su gobierno sino de otras instancias del poder en clara alusión a la alcaldía de Quito: “pronto sabrá el país lo que verdaderamente está pasando”.

Correa quiso desviar la atención del caso Odebrecht a la vieja disputa que mantiene con los hermanos William y Roberto Isaías, acusados y sentenciados en Ecuador por fraude bancario y que en la actualidad residen en Miami. El mandatario acusa a los hermanos Isaías de orquestar una campaña para politizar el caso Odebrecht con el único objetivo, supuestamente, de afectar a su gobierno. 

Los CapayaLeaks

Otro que se pronunció respecto al caso Odebrecht desde Estados Unidos a donde huyó, fue el exgerente general de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli. El exfuncionario gubernamental ha remecido los cimientos de la administración de Correa con las revelaciones que ha hecho a varios periodistas y que ahora se conocen como CapayaLeaks. También a través de cuenta @capayaleaksecu en la red social Twitter, ha lanzado una serie de mensajes de alto contenido explosivo, pues dan a conocer los manejos irregulares en la administración de la estatal Petroecuador y, en general, sobre el gobierno de Rafael Correa.

Entre los comunicadores con los que conversó Pareja Yannuzzelli está Tania Tinoco de Ecuavisa, a quien expuso que determinar quiénes fueron los funcionarios del gobierno que recibieron comisiones por parte de la constructora brasileña Odebrecht es sumamente sencillo.

Advierte que no es necesario esperar a que Brasil informe quiénes son, pues basta con echar un vistazo a los contratos que el consorcio firmó en Ecuador.

En tal sentido, Pareja Yannuzzelli precisó que “llegar a saber los nombres de Odebrecht (…) llegar a esos nombres es más fácil que la tabla del uno. En Petroecuador en este gobierno Odebrecht firmó alrededor de 600 millones de dólares, es facilito, ¿quién firmó los contratos de Odebrecht en Petroecuador? ¿Quién era el gerente refinería del Pacífico en ese momento que firmó un contrato de casi 300 millones por el movimiento de tierra? ¿Quiénes fueron los miembros del directorio que aprobaron los contratos? ¿Quién fue el fiscalizador, el administrador del contrato y las comisiones que llegaron al precio?” .

Gobierno de Ecuador en mora

Pese a que Odebrecht ha acordado con las autoridades de seis países la devolución de los montos de los sobornos y algunas compensaciones, en Ecuador no se tiene información al respecto ni hay detenidos por estas graves denuncias. 

Se sabe que República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, Suiza, Colombia y Perú han llegado a acuerdos con la constructora brasileña. Sin embargo la Procuraduría General del Estado continúa en silencio en lo que a Ecuador respecta, y pese a los esfuerzos por obtener un pronunciamiento, el organismo se mantiene inmutable, de acuerdo al diario El Comercio.

En la opinión del jurista, Ramiro Román, consultado por El Comercio, las autoridades ecuatorianas han debido activarse en este sentido y emitir una queja internacional para gestionar el pago a Ecuador por parte de Odebrecht. “Para mí, de fondo, existe algo. ¿A quién protege? ¿Qué intereses hay? No existe otra conclusión frente a esto”.

La Fiscalía recientemente solicitó información a la Procuraduría sobre los contratos que la empresa brasileña firmó en Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, SRI, reconoció que Odebrecht pudo haberse valido de empresas fantasmas o instrumentales para ocultar ingresos ilícitos. Y aunque el gobierno de Correa ha rechazado la versión “sin pruebas ni beneficio de inventario” ofrecida por los directivos de la constructora Estados Unidos, la Corte de Justicia de Brasil avaló los testimonios entregados por los ex-ejecutivos de la firma. Entretanto, en Ecuador se mantiene el mutismo y hasta el momento no hay detenidos ni indagados. 

La fiscalía emitió el 31 de enero pasado un escueto comunicado en el que dicen que Ecuador ha solicitado “asistencias penales” a Estados Unidos, Brasil Suiza y España, al tiempo que han pedido información a la Contraloría, Procuraduría, SRI, Servicio Nacional de Contratación Pública y a las Superintendencias de Bancos y Compañías. 

El fiscal general, Galo Chiriboga, se excusó recientemente de dar detalles de la investigación bajo el argumento de que es un caso reservado y que “no se trata de encubrir a nadie, sino de no entorpecer el proceso”. 

Chiriboga viajó a EEUU donde se reunió con autoridades del Departamento de Justicia de ese país con la intención de acceder a los nombres de quienes habrían recibido los supuestos sobornos. En el encuentro participaron Bruce Swartz, fiscal general adjunto de Estados Unidos y otros 12 funcionarios de diversas unidades de investigación del caso en Washington y Nueva York, así como una representación del FBI. En la cita Swartz le precisó a Chiriboga que la información es reservada y que no se puede hacer pública. Esta es la razón por la cual en otros países se han impulsado averiguaciones independientes . 

Gobierno ecuatoriano contrata estudio jurídico en Brasil

Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, informó que el gobierno contrató los servicios de un escritorio jurídico en Brasil con el objeto de que represente los interese ecuatorianos en la investigación que en la nación carioca se sigue sobre el caso Odebrecht.

El alto funcionario se trasladó a finales de enero a Brasil para obtener información sobre el proceso judicial "Lava jato".  

Especialistas cuestionan esta contratación por cuanto estiman que Gobierno no puede realizar una investigación particular sobre un caso judicializado en Ecuador, pero Mera justificó la acción asegurando que el estudio jurídico “Tozzini Freire Abogados” defenderá los intereses ecuatorianos en el caso.

Alexis Mera se abstuvo de informar sobre los detalles del contrato suscrito con los abogados brasileños alegando que se trata de información reservada.

Cooperación española en el caso

Por el caso la fiscalía ecuatoriana también diligenció la cooperación de sus pares en España a objeto de que le tomen declaración a un implicado en el caso que se encuentra detenido en la nación ibérica.

España aceptó el pedido e interrogará a Rodrigo Tecla Durán, abogado de la constructora Odebrecht que está detenido en el país europeo por el delito de lavado de dinero, soborno a funcionarios y por ser integrante de una organización criminal.

Tecla Durán está detenido en España por pedido de Brasil, nación que lo acusa de ser el presunto responsable del pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.

El fiscal ecuatoriano del caso, Wilson Toainga, informó que remitieron un cuestionario de 20 preguntas como Asistencia Penal Internacional.

Toainga aseguró que las investigaciones están en curso, negando así la versión de estancamiento de las averiguaciones en Ecuador.

Entretanto, la cadena de descalificaciones continúa, la incertidumbre y las dudas sobre este caso se van desdibujando en la memoria de los ecuatorianos que parecen bailar al son de la melodía que desde el gobierno central se interpreta para alejar la atención de las corruptelas que día tras día explotan una tras otra.