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martes, 25 de mayo de 2021

Juez de Texas sentenció a directivos de Venequip y a ex-PDVSA por delitos de corrupción en la petrolera venezolana

  En la Corte Federal de Houston se dictó sentencia contra exdirectivos de la empresa Venequip por corrupción relacionada con PDVSA Servicios.

Por Maibort Petit

 El caso de los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, cabecillas de uno de los más grandes desfalcos cometidos contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), continúa generando decisiones importantes en las cortes de los Estados Unidos. Esta vez se trata de  Rafael Enrique Pinto Franceschi, y a Franz Hermán Müller Huber ex-directivos de Venequip Machinery Sales Corporation, una contratista  de la petrolera venezolana con sede en Florida que pagó sobornos para lograr negocios millonarios de manera fraudulenta. Los dos condenados se declararon culpables en 2019 y fueron sentenciados el 6 de mayo de 2021. 
  El juez de Distrito, Gray H. Miller estableció que Rafael Enrique Pinto Franceschi (representante de ventas de Venequip hasta que fue acusado por los Estados Unidos) tendrá que permanecer 24 meses tras las rejas, los cuales deben cumplir concurrentemente. También deberá cumplir 3 años de libertad condicional y pagar una multa de $12.500 más $200 de evaluación especial.
   En el expediente público aparece solamente la sentencia de Rafael Enrique Pinto Franceschi, sin embargo, fuentes internas informaron que  Franz Hermán Müller Huber fue también condenado el 6 de mayo de 2021 a 20 meses de prisión que debe cumplir concurrentemente, más 3 años de libertad condicional.
  
  El 26 de febrero de 2019, el Departamento de Justicia desveló los cargos por la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) contra los venezolanos Franz Hermán Müller Huber y Rafael Enrique Pinto Franceschi, respectivamente presidente y representante de ventas de Venequip, una empresa con sede en EE. UU. Los dos hombres fueron acusados de fraude electrónico y cargos de lavado de dinero. 

  El gobierno de los Estados Unidos alegó que, entre 2009 y 2013, los dos acusados ​​pagaron sobornos a tres funcionarios de PDVSA para obtener un trato de licitación favorable, información privilegiada sobre los competidores y pago preferencial de facturas vencidas. Tanto Müller como Pinto se declararon culpables al igual que dos de los tres presuntos destinatarios de sobornos de PDVSA, José Orlando Camacho e Iván Alexis Guedez.

  Los dos exfuncionarios de PDVSA también fueron sentenciados: José Orlando Camacho fue condenado a cumplir 12 meses de prisión más 2 años de libertad condicional; a Iván Guédez le corresponderá purgar 18 meses de cárcel, más 2 años de libertad condicional.

  La fuente dijo que tanto Pinto Franceschi como Müller Huber, al término de la libertad condicional deberán presentarse ante los servicios de inmigración estadounidenses para discutir procedimientos de su deportación de Estados Unidos. Ambos son residentes legales.

   Venezuela Política confirmó que el gobierno de EE. UU. buscará obtener propiedades de los condenados, tanto personales como aquellas que hayan sido obtenidas irregularmente a consecuencia de los delitos cometidos.

  Estos sujetos formaban parte del grupo de 19 individuos que se declararon culpables de delitos de conspiración, soborno y lavado de dinero relacionados con la millonaria estafa cometida por Rincón y Shiera.

  El 26 de febrero de 2019, el secretario de justicia auxiliar, Brian A. Benczkowski, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal, Ryan K. Patrick, del Distrito Sur de Texas; y el Agente Especial a cargo, Mark Dawson, de la Oficina de Campo de Houston de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos anunciaron las acciones legales contra los señalados, imputados por cargos de soborno extranjero, fraude electrónico y lavado de dinero por su supuesta participación en un plan para asegurar de manera corrupta ventajas comerciales, incluidos contratos y pagos atrasados de facturas, de la empresa estatal venezolana PDVSA.

Referencia
 
[1] Department of Justice. “Two Businessmen Charged with Foreign Bribery in Connection with Venezuela Bribery Scheme”. 26 de febrero de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-businessmen-charged-foreign-bribery-connection-venezuela-bribery-scheme










martes, 27 de abril de 2021

La tesis del Alter Ego abre la puerta para el cobro de viejas deudas de PDVSA en tribunales de EE. UU.

    Lindsayca USA Inc. reclama el pago de cuatro facturas fechadas en 2013 y 2014 por un monto de USD 4.138.225, 24.

Por Maibort Petit

   Petróleos de Venezuela S.A. continúa acumulando demandas por incumplimientos de pagos, bien por no honrar capital e intereses de bonos de la deuda, por la no cancelación de indemnizaciones por expropiaciones, por daños y perjuicios en causas insospechadas, pero también por viejas deudas que nunca pagó. Para todas ellas, la tesis del alter ego a la que recurrió la minera canadiense Crystallex —concedida por los tribunales— y que le permitió exigir el pago de sus acreencias con activos de PDVSA en Estados Unidos, ha servido de sustento.

  Es el caso de una demanda por daños fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Texas -División Houston, por parte de la empresa Lindsayca USA Inc. en contra de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Services Inc., y Bariven.

 La demandante reclama pagos por USD 4.138.225, 24, correspondientes a órdenes de compra no canceladas entre los años 2013 y 2014.
   La demanda que fue presentada el 30 de diciembre de 2020 y deja ver que los demandantes tratan de recuperar el viejo endeudamiento, por un monto relativamente bajo, al amparo de la tesis de que PDVSA Service Inc. y Bariven S.A. son Alter Ego de Petróleos de Venezuela S.A., habiendo actuado como meras herramientas o conductos comerciales de PDVSA.
   La demanda es consecuencia de una operación de compra por parte de PDVSA a Lindsayca entre los años 2013 y 2014, cuando esta última vendió equipos y servicios en múltiples envíos a la estatal petrolera venezolana, de acuerdo con órdenes de compra y facturas, para actualizar o reemplazar equipos y piezas de procesamiento en sus instalaciones operativas de producción de petróleo en Venezuela.

  Explica la demanda que, en muchos casos, los equipos se fabricaron expresamente bajo códigos y especificaciones muy precisos, utilizando para ello metales especiales, aleaciones o revestimientos requeridos especialmente para su fabricación.

  Agregan la demandante que Lindsayca ayudó a PDVSA con la instalación del equipo en sus refinerías y proporcionó respaldo al personal técnico de PDVSA en la búsqueda de alternativas para sustituir materiales obsoletos que ya no se producen en las modernas acerías y en la adaptación de los equipos existentes a los nuevos estándares de la industria.

  Se refiere que PDVSA Services (PSI) y Bariven son subsidiarias de propiedad absoluta de PDVSA, las cuales funcionan como los brazos de adquisiciones comerciales del gobierno venezolano y de corporación petrolera venezolana. en específico, PSI es el agente de compras internacional de Bariven, la cual es la principal responsable de la compra de materiales y equipos fuera de Venezuela.

  La entrega del equipo debía realizarse en Houston, Condado de Harris, Texas, siendo el vencimiento de cada factura a 30 días a partir de la fecha de entrega que debía entregarse a la empresa Clover International Inc. En una ocasión la entrega fue a través de DHL Global Reenvío.

   PDVSA Service Inc. incumplió sus obligaciones de pago y tampoco impugnaron ninguno de los equipos entregados. Bariven, que tomó posesión de los equipos, ni PDVSA que era el usuario final, ha respondido. Tampoco han atendido ninguna de las comunicaciones de la Lindsayca.

  Se advierte en la demanda que los demandados reconocieron la deuda contraída con Lindsayca el 8 de marzo de 2017.

   Lindsayca ahora busca asistencia de la corte para recuperar los montos adeudados, junto con los honorarios de abogados, los intereses previos y posteriores al juicio y los costos.

Los pagos reclamados

   Explica la demanda que entre 2013 y 2014, PDVSA colocó nueve (9) órdenes de compra separadas a través de PSI y Bariven, las cuales se reflejaron en seis (6) facturas separadas. Se advierte que sólo cuatro de esas facturas son objeto del litigio, puesto que las demás fueron resueltas.

  A saber, las facturas cuyo pago reclama la demandante es la identificada con el número 1673, de fecha 21 de marzo de 2013, por USD 107.106,60.

  Esta factura se corresponde con la Orden de Compra 5100105592 de PDVSA.

  La factura número 1712, fechada el 31 de julio de 2013, por USD 26.786,28.
  A esta factura le corresponde la Orden de Compra de PDVSA número 5100106945.
La factura 1724, del 12 de noviembre de 2013, por USD 755.866,70.
   A esta factura le corresponde la orden de compra de PDVSA número 5100106218.

   La factura 1741, del 14 de enero de 2014, por USD 3.248.465,66.
  A esta factura le corresponde la orden de compra de PDVSA número 5100106157.

Sobre Lindsayca

   Lindsayca es una empresa que, según su página web, tiene como misión “innovar y liderar el sector energético superando las expectativas de nuestros clientes y socios”, cuya filosofía de trabajo apunta a la “excelencia, alta calidad, seguridad y responsabilidad ambiental”. Refieren que cuentan con más de mil empleados “que ofrecen soluciones de hidrocarburos especializadas e integradas para la industria del petróleo y el gas”.

   Agrega el sitio que en Venezuela la compañía comenzó operaciones en 1986 como Empresa Constructora que, posteriormente, en 1995, se constituyó en como Lindsayca. Sus 30 años de experiencia —dicen— la consolidan en la ejecución de proyectos de fabricación y EPC para el sector de Oil & Gas, experta en la fabricación de plantas modularizadas de procesamiento de gas/GNL/compresión e instalaciones de tratamiento de petróleo en todo el mundo. Actualmente tiene operaciones en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Argentina y México.

   El portal de la empresa suministra tres direcciones, una en estados Unidos, en el 1602 Peach Leaf ST., Houston, Texas 77039 (Teléfono: +1(713) 467-9560); en México, en la Calle Rio Lerma 232, oficina 2363, Torre Diana, Cuauhtemoc 06500, Cuauhtemo, Ciudad de México (+52(55) 8852-7882); en Venezuela en y también en la avenida de Enlace con calle 2, parcela E-11, Zona Industrial, El Tigre, Estado Anzoátegui (+58(283) 500-1100)[1].

  Lindsayca USA Inc. es una corporación de Texas, con su sede principal de negocios ubicada en Houston, la cual, se acuerdo al portal Better Business Bureau (BBB), está ubicada en el 14350 Chrisman Rd., Houston, TX 77039. Su teléfono es (713) 467-9560 y (713) 467-9561. Refiere que la compañía “se especializa en el suministro de repuestos y servicios para la industria del petróleo, el gas y la construcción, incluidos los servicios de fabricación, así como los servicios de logística y empaque para transporte marítimo y aéreo”.

   Se indica que la empresa se constituyó el 23 de julio de 2003, figurando en su directorio Amy Núñez, como asistente administrativa; Héctor Fuentes, como presidente[2]. Los nombres de los verdaderos dueños permanecen ocultos.




 

miércoles, 2 de septiembre de 2020

Tres posibles móviles del sicariato del contratista de PDVSA, Leonardo Santilli

 La camioneta en la se encontraba Santilli estaba blindada en todas las puertas, con excepción del techo que fue por donde entraron los ocho tiros que acabaron con su vida.

Por Maibort Petit

   Hasta este miércoles se manejan tres móviles del asesinato por encargo del contratista de PDVSA que fue acusado de delitos de lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, Leonardo Santilli, ocurriendo este martes 1 de septiembre en Lecherías, estado Anzoátegui. 

  Fuentes vinculadas al caso informaron a Venezuela Política que hasta el momento se manejan las siguientes hipótesis:

1) El occiso tenía bajo su nombre y control un monto de dinero que pertenecía a un grupo de exfuncionarios de Petróleos Venezuela,  encabezados por Pedro León. Había una enorme presión sobre Santilli para que regresara los fondos que, al parecer, son los que fueron congelados por el gobierno de los Estados Unidos.

2) Santilli formaba parte de una sociedad que posee una mina de oro en el Callao, y un grupo de delincuentes que ejercen control en la zona estaba extorsionando a los asociados para que pagaran una vacuna.

3) Había sido amenazado por sus socios porque se habían enterado que estaba en proceso de negociación con las autoridades de los Estados Unidos para entregar información que comprometía a otros miembros que participaron en el esquema de corrupción que es acusado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  El excontratista se transportaba en una camioneta blindada en las puertas con excepción del techo, que fue justamente por donde entraron los 8 disparos que pusieron fin de a su vida. Los asesinos conocían las condiciones del vehículo.

 Santilli era natural de Maracaibo, estado Zulia, casado y con tres hijas.

El caso de lavado de dinero en EE. UU.

    Leonardo Santilli, un ciudadano italo-venezolano, habría participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de contratos con sobreprecio de Petróleos de Venezuela y sus subsidiarias, de acuerdo a los documentos federales de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Santilli es acusado de tres cargos: 1) Conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; 2) Instrumentos para lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

  En la acusación, aparece un declaración del agente de investigación del Homeland Security Investigation  (HSI) Shauna L. Willard, encargado de hacer la investigación de lavado de activos contra el demandado, quien es acusado de haber violado el Código de los Estados Unidos, en su Título 18.

  Leonardo Santilli es el dueño de las empresas venezolana Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp.,  (registrada en  el Sur de Miami)  y A&M Support Inc. (registrada en en Weston, Florida). 

La trama de corrupción

  A finales de 2017, el gobierno federal abrió una investigación sobre corrupción en PDVSA y sus empresas filiales por lavado de dinero, corrupción en bancos y compras de inmuebles en el Miami,  Florida. Durante en curso de las investigaciones, las autoridades identificaron $1.000 millones en pagos de PDVSA y sus filiales a unas cuentas de banco de contratistas venezolanos en el Sur de la Florida.

  La investigación reveló una enorme escala de corrupción que envolvía contratos con sobreprecio.  Todos los casos seguían el siguiente esquema: Los funcionarios de PDVSA aprobaban contratos  con sobreprecios (4 ó 5 veces más que el precio de mercado), el contratista pagaban sobornos a los oficiales de PDVSA, a los del gobierno de Venezuela o a los militares, que ayudaban a obtener los contratos.A su vez, los contratistas pagaban los sobornos por medio de testaferros o empresas de maletín para esconder la naturaleza de la transacción y el delito como tal.

  Los investigadores lograron obtener los récords de las cuentas bancarias de las empresas de Leonardo Santilli, correos electrónicos, contratos de las compañías con PDVSA y sus subsidiarias y hojas de contabilidad donde se llevaba control del pago de los sobornos.

  La acusación señala que el acusado recibió contratos corruptos de Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa, Petromonagas por un total de$146.600.000.

  Los registros bancarios mostraban que las compañías de Santilli compraban bienes (repuestos, partes y equipos) a las empresas establecidas en Estados Unidos para las empresas subsidiarias de PDVSA, usando una tercera parte en de lo que recibía. El dinero restante lo transfería a su familia, a su cuenta personal y a otras cuentas corporativas, compañías de maletín y a varios individuos venezolanos que no tenían conexión con el acusado o sus empresas.

  Santilli usó cuentas en el Banco Mercantil. Uno de los ejemplos que aparece en la acusación fue hecho el 16 de septiembre de 2016. Una de las empresas de Santilli obtuvo una orden de compra de Petropiar por $9.300.000 para comprar 10 hawkjaws por apróximadamente $2.500.000. De acuerdo a la orden de Petropiar, las empresas de Santilli cobraron a la petrolera cuatro veces más el precio. La empresa manufacturera de los hawkjaws indicó que había hecho los envíos directo a PDVSA.

  Otra transacción descrita corresponde a Petrocedeño en diciembre de 2015, para comprar nueve válvulas floating por apróximadamente $5.500.000. El costo de las mismas en el mercado eran de $1.100.000. y el acusado le cobró a la petrolera cinco veces más el precio de las mismas.

  Otra transacción ocurrió en octubre de 2015, el acusado compró para Sinovensa 55 bidones de aceite por apróximadamente $9.200.000. El costo de los bidones era de $2.000.000.

  En febrero de 2015, el acusado recibió un correo electrónico de uno de los asociados de su empresa, con una hoja de contabilidad donde aparecen los pagos de los sobornos, los nombres de los beneficiarios, las fechas y los montos.

  En la hoja aparece registrado que en el 22 de diciembre de 2014 el acusado pagó a  Finadco Overseas Corporation unos  $101.270 y el beneficiario era un ex-funcionario de Petrocedeño. La transacción se hizo a una cuenta de banco en Curazao desde una cuenta de un banco de Miami.

  En enero de 2015, se transfirieron $100.000 a AJG Suministros y Servicios Integrales a beneficio de un funcionario de Petropiar. Los fondos pasaron de una cuenta a otra en los Estados Unidos.

  Uno de los testigos cooperantes de este caso, quien está asociado a Santilli, tenía acceso a las hojas de contabilidad de los sobornos pagados por el acusado. Se usaban apodos, uno de ellos "Leo" para el pago de coimas del acusado y "Viejo" en referencia a un funcionario senior de PDVSA. Las hojas reflejan pagos por $1.8 millones en beneficio del funcionario de PDVSA, incluyendo un monto extra de $345.000. para la compra de una casa en la isla de Margarita en Venezuela. El dinero para la compra de la casa del oficial corrupto se le envió el 16 de mayo de 2016 desde una cuenta bancaria de Miami a una en Curazao.

  Asimismo, aparecen reflejados otros gastos del acusado, que incluyen pagos a funcionarios de las subsidiarias de PDVSA, catalogadas como comisiones. Hay 72 pagos por, aproximadamente, $7.2 millones a beneficio de varios individuos. El testigo cooperante identificó a algunos de esos beneficiarios como funcionarios de las subsidiarias de  PDVSA que entregaron los contratos.

 En los récords, aparece una transacción de $168.000 que fue entregada al funcionario (2) que era el exgerente de Petropiar. Se le pagó a través de la transferencia a favor de Inversiones Jeur y el primer nombre. La operación se hizo desde un banco de Estados Unidos a una cuenta de Inversiones Jeur en Panamá el 19 de agosto  de 2015. En ese período se pagaron aproximadamente $850.000 pagos a esa misma empresas desde cuentas de Miami.

  También pagó $1.4 millones en la compra de una casa para un funcionario del Departamento de Procura de Petrocedeño. Primero se hizo un pago de $1.000.000. de una cuenta de banco en Miami a una de un individuo venezolano, (el 1 de marzo de 2016) y el resto lo hizo a través de una empresa fantasma.

  El testigo identificó un pago de $15 mil a un funcionario de Petrocedeño que ahora colabora con la justicia (CW3), quien confirmó que recibió pagos de sobornos por parte del acusado por ayudarlo a obtener los contratos.

 Otro testigo (CW4), quien era funcionario del departamento de Procura de Petrocedeño, dijo que había recibido $220.000 en sobornos por parte del acusado para que se le otorgaran los contratos a sus compañías. Las transacciones se hicieron en dos pagos en noviembre y diciembre de 2015 a una cuenta fuera de Estados Unidos.

  Otro testigo en este caso, (CW5), quien era funcionario del Departamento legal de Petrocedeño, acordó recibir sobornos del acusado por haber otorgado contratos de las subsidiarias de PDVSA a las empresas de Santilli por el orden de $201.180, en enero de 2015.

  El acusado transfirió grandes montos de dinero recibidos de PDVSA a su cuenta personal, entre los cuales destaca uno hecho el 13 de febrero de 2017 de $5.000.000, de una cuenta de HSBC Private Bank a una cuenta a nombre de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas controlada por su familia.

  El 8 de agosto de 2017, hizo otra operación para transferir $5.000.000  a la misma cuenta en las Islas Vírgenes Británicas.

   En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado y sus asociados y se lograron congelar $44.7 millones.

jueves, 19 de abril de 2018

César Rincón Godoy, otro funcionario de PDVSA que se declara culpable de corrupción y lavado de dinero en E.E. U.U.

El juez Kenneth M. Hoyt  impuso una sentencia de dinero personal  en su contra por un monto de $ 7,033,504,71

Por Maibort Petit
@maibortpetit

César Rincón Godoy,  ex gerente general de la filial de compras de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se declaró culpable de participar en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra el cobro de sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos ante un juez de la Corte del Distrito Sur de Texas a funcionarios de la petrolera venezolana.  
En una declaración conjunta del Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División Penal del Departamento de Justicia, John P. Cronan; el Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas,  Ryan K. Patrick y el Agente Especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE y Aduanas de los EE. UU, Mark Dawson Field informaron que el exfuncionario había acordado declararse culpable de los delitos por los cuales se le acusa.

" Hoy César David Rincón Godoy (50) se declaró culpable en el tribunal federal de Houston de una acusación de conspiración para lavado de dinero", dice el comunicado. 

Rincón Godoy aceptó  los cargos frente al juez Kenneth M. Hoyt  quien le impuso una sentencia de dinero personal  en su contra por un monto de $ 7,033,504,71. Godoy aceptó la orden de decomiso de la corte. La sentencia está programada para el 9 de julio de 2018.

César Rincón Godoy fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos después de que un gran jurado federal en el Distrito Sur de Texas aprobara una acusación de 20 cargos contra Rincón Godoy, Luis Carlos De León Pérez; Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; Alejandro Isturiz Chiesa; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz. 

De acuerdo con las admisiones realizadas en relación con el alegato por el cual fue acusado César Rincón aceptó que entre enero de 2012 y junio de 2013, conspiró junto a De León, Villalobos, Istúriz, Reiter y otros funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias, y ex funcionarios de otras agencias u organismos del gobierno venezolano, para solicitarles a los contratistas sobornos millonarios a cambio de proporcionar asistencia a esos proveedores en relación con su negocio de la petrolera estatal. 

Específicamente, César Rincón Godoy admitió haber aceptado sobornos del contratista Roberto Enrique Rincón Fernández, residenciado en The Woodlands, Texas, y de Abraham José Shiera Bastidas de Coral Gables, Florida, a cambio de realizar actividades para favorecer a los contratistas  "Cuando Rincón Godoy era gerente general de Bariven ayudó a las empresas de Roberto Rincon y Abraham Shiera a recibir prioridad de pago y recibir contratos adicionales de PDVSA" dice la declaración oficial. 

Rincón Godoy admitió -además- que luego conspiró con Roberto Rincón y Shiera para lavar y ocultar el dinero producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias a cuentas en los Estados Unidos y Suiza a nombre de terceras personas o entidades controladas por los miembros del esquema de corrupción. 

Previamente, tanto Roberto Rincón como Abraham Shiera se declararon culpables en el Distrito Sur de Texas de cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por sus respectivos roles en el esquema de soborno. Actualmente esperan la sentencia que está fijada para el 23 de agosto de 2018.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, César Rincón también admitió haber solicitado y recibido sobornos de otros propietarios de compañías de energía con sede en los Estados Unidos a cambio de ayudar a esas personas y sus empresas a ganar negocios con PDVSA y obtener el pago adelantado de las facturas frente a otros proveedores. César Rincón admitió haber conspirado con otros para blanquear al menos $ 7,033,504,71 en ganancias de varios esquemas de soborno en los que participó.

Los cargos contra De León, Villalobos, Isturiz y Reiter siguen pendientes. Cada uno de los cuatro individuos ​​restantes están acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y de uno o más cargos de lavado de dinero. De León y Villalobos también están acusados ​​de un cargo de conspiración para violar la FCPA. 

De León fue extraditado de España el 9 de marzo, y se ordenó que se lo detuviera en espera de juicio luego de una audiencia de detención ante el juez magistrado de los Estados Unidos Frances H. Stacy del Distrito Sur de Texas, celebrada el 10 de abril de 2018. Villalobos y Reiter permanecen en custodia de las autoridades  españolas en espera de la extradición. Alejandro Isturiz sigue prófugo de la justicia norteamericana.


César Rincón se convierte en el último sujeto en declararse culpable como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los EE. UU. realiza sobre este esquema de pago de sobornos en PDVSA que superó los 1000 millones de dólares  Incluyendo a Cesar Rincón, Roberto Rincón y Shiera, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de un total de 11 individuos en conexión con la investigación.




jueves, 1 de marzo de 2018

Documento revela que el abogado Alexis Chacón sería uno de los responsables del contrato del Aban Pearl

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El abogado Alexis Chacón sería una de los responsables del contrato de la unidad semi-sumergible Aban Pearl para la construcción y rehabilitación pozos costa afuera, Plan Siembra Petrolera  2010-2018, otorgado a la empresa Petromarine Energy Services LTD, según se desprende de una comunicación privada que circuló en el mes de febrero de 2009 en PDVSA Servicios y donde se deja claro que el mencionado consultor jurídico era en encargado de dicha contratación.
Un correo enviado a funcionarios de PDVSA Servicios por la entonces asistente de José Luis Parada, informa que Chacón sería la persona encargada del contrato de la plataforma semi-sumergible Aban Pearl, cuyo alquiler produjo un severo daño a las finanzas de Petróleos de Venezuela. Algunos de los responsables de este hecho de corrupción no han sido tocados por la justicia del régimen de Nicolás Maduro.

En el correo (con copia a Orlando Guevara, Alberto Gil, Jovanny Martínez, José Luis Parada, Tatiana Valbuena, Glisory Morillo)  titulado: Urgente Lineamientos y  disposiciones varias, Marisela Isea, actuando como asistente de la Gerencia de Control y Seguimiento y de la Dirección Ejecutiva de Producción, informa que "por órdenes de José Luis Parada quedaban suspendidas las aprobaciones y autorizaciones para el inicio del proceso de contratación y otorgamiento de Buena Pro u otorgamiento de adjudicaciones para la contratación de obras, bienes y servicios que lleve adelante PDVSA Servicios independientemente del nivel de la Delegación Financiera".

La comunicación señala que "oportunamente el Sr. Parada dirigirá instrucciones sobre esta materia y la reactivación de las acciones  administrativas para los contratos que se encuentran en la etapa de inicio de o adjudicaciones (buena pro)".

Se aclara que en este contexto, y el correo separado, "el abogado Alexis Chacón les estará remitiendo formato para la actualización de la Base de Datos de los contratos y procesos vigentes o vencidos de Pdvsa Servicios".

No obstante, se advierte en una nota aparta que "por instrucciones del ingeniero José Luis Parada, el contrato N- 4600027051 perteneciente a la contratación directa denominado: Suministro y Operación de la unidad semi-sumergible Aban Pearl, para la construcción y rehabilitación pozos costa afuera, Plan Siembra Petrolera  2010-2018, otorgado a la empresa Petromarine Energy Services LTD, el mismo debe ser excluído de dicho formato, el cual, únicamente será responsabilidad del abogado Alexis Chacón y de la Consultoría Jurídica a su cargo".

Agrega la comunicación que se anexan los formatos que sirven para completar referidos a la composición y actuación de las Comunicaciones de Contratación (mayor o menor) actualmente en funcionamiento en PDVSA Servicios a nivel nacional.

Marisela Isea, en nombre de José Luis Parada, agradece a los funcionarios a quien dirige la comunicación por la colaboración en la completación de dichos ejercicios para el viernes 13 de febrero de 2009 en horas de la mañana. A la vez -advierte- que "el abogado Alexis Chacón  tiene la responsabilidad de la consolidación de esta información y se encuentra a la orden para aclarar o ampliar cualquier información  adicional que requieran  (Indicador CHACONAD) extención telefónica 66441 - 0214- 2336102". 

Finalmente Isea recomienda designar un punto focal por parte de PDSVA Servicios para coordinar e interactuar.

Chacón: "Yo no fui"

A través de su cuenta en la red social Twitter, Alexis Chacón aseguró que no es culpable, y que José Luis Parada lo obligó hacer cambios en el contrato salvo amenazas de ser despedido.  Hasta ahora, las órdenes de detención dictadas por el Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab no han tocado al abogado que intervino directamente en el mencionado contrato.