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martes, 18 de agosto de 2020

Empresas Norte Sur: Una de las empresas que permitió negociaciones irregulares en PDVSA Occidente

  Esta compañía llegó a hacerse incómoda para el propio oficialismo que la denunció por distintas vías.

Por Maibort Petit


  Un conjunto de denuncias formuladas en los años 2005 y 2006 que hacían referencia José Luis Parada, exgerente de PDVSA Occidente para la fecha, da cuenta de una serie de irregularidades y negociaciones “sospechosas” realizadas por este, los hermanos Guillermo y Marco Romero, la compañera sentimental de este último y también funcionaria de la estatal, Libeth Nieto, que involucraban a Empresas Norte Sur C.A. (ENSCA), propiedad de Lionel Salaverría.

  ENSCA, figura como representante en Venezuela de GEFanunc, Woodward, Bently Nevada y Fix eran pertenecientes a General Electric, marcas que comenzaban a resultar incómodas para el chavismo, por ser estas transnacionales estadounidenses.

  Lionel Salaverria igualmente propietario de panamericana de Ailamientos Térmicos S.A. (PANTERSA), venezolana de Ingeniería de Consulta S.A. (VENINCO), Innovatis Technologies de Venezuela C.A., las cuales, igualmente, mantienen negociaciones con PDVSA y sus filiales. Salaverría es propietario también de la empresa ensambladora de motos marca MD.


  Asimismo, el grupo de Guillermo Enrique Romero Santana, Marco José Romero Santana y Lisbeth Nieto, todos empleados de PDVSA de Plantas de Compresión de Gas para aquel, constituirían, supuestamente, la mancuerna que hacía funcionar la trama de corrupción denunciada desde interior mismo del oficialismo. Los hermanos Romero de empleados pasaron a constituirse en “contratistas petroleros”, mientras Lisbeth Nieto se mantenía como ficha que Parada ubicaba de acuerdo a sus intereses, primero como Gerente de Plantas de Compresión de Gas y luego, cuando fue trasladado a Caracas, asignada a la recién creada PDVSA Industrial. Desde 2014m cuando Parada volvió a PDVSA Occidente, Nieto fue designada en una nueva gerencia desde la cual, manejaría las adjudicaciones directas a GE, Dresser-Rand, Rolls-Royce, SOLAR Turbines, entre otras empresas.

El informe de AIT

  Un informe de AIT de PDVSA Occidente, fechado en junio de 2005, hace referencia a que las empresas GEFanunc, Woodward, Bently Nevada y Fix eran marcas de General Electric y que la Empresa Norte Sur fungía como representante exclusivo de la primera y, al mismo tiempo, enlace entre la segunda y Petróleos de Venezuela S.A. Esto último a pesar de que estaba vetada por la estatal por “haber colaborado en el sabotaje petrolero de 2002-2003”. 

  Resulta que Woodward, según el reporte, "se negó a suministrar información acerca de los sistemas de automatización cuando se le solicitó". No obstante, "en los años 2004 y 2005, a Empresa Norte se le contrató para ejecutar varios proyectos importantes en el área de automatización para las Plantas de Compresión de Gas, especialmente en Tía Juana".

  En las Plantas de Gas de Tía Juana funcionaba, desde 2004, un grupo de ingeniería encargado de aprobar o no los proyectos que allí se desarrollaban y que estaba a cargo de Guillermo Romero. Este, recuerda el informe, cursaba para la fecha del paro petrolero —con financiamiento de PDVSA— un postgrado en Estados Unidos. Su esposa había estado vinculada laboralmente a Empresas Norte Sur, mientras su hermano, Marco Romero, se desempeñaba —para le fecha del informe— como supervisor en la Gerencia de Proyectos del Distrito Tía Juana del Departamento de Soporte Técnico e Instalaciones de PDVSA Occidente. Agrega, que Guillermo Romero viajó en varias oportunidades a EE. UU. en 2004 a las instalaciones de General Electric, para atender asuntos relativos a proyectos de las Plantas de Gas Distrito Tía Juana.

  El informe también acusa que también, "Aida Naim, perteneciente al citado Departamento de Soporte Técnico participó en actividades de Gente de Petróleo, aunque no fue despedida por estar de permiso médico por embarazo durante el paro petrolero". Para la fecha del reporte seguía laborado en PDVSA, pero en otro departamento.

  El informe justifica de alguna manera que "Empresas Norte Sur haya obtenido las licitaciones de varios proyectos, dado que su condición de representante de General Electric" le otorga ciertas ventajas por encima de otros participantes en los proyectos.

  El informe también refiere que "la empresa MGM fue beneficiada de varios contratos, a pesar de estar vetada por su participación en el sabotaje petrolero de 2002-2003".

  El reporte denuncia "la tendencia a beneficiar a la empresa Rotork, la cual estaba dirigida por la exgerente de Cibernética de PDVSA Occidente, Dilia Rosa Guerra, despedida durante el paro petrolero por pertenecer a Gente de Petróleo".

  Otro hecho irregular dado a conocer en el informe, tenía que ver con las empresas Moalca y Conscarvi, las cuales contarían con los mismos directivos, “es decir, son dos partes de una misma compañía”. Puntualiza que estas empresas se dedican al “negocio de contratar”, o sea, "PDVSA paga a estas compañías que contratan personal por el que la petrolera asigna una cantidad de la cual se dedica en realidad una tercera parte aproximadamente al pago del profesional y su posterior liquidación, obteniendo una ganancia de las dos terceras partes restantes". El informe concluye que “lo más caro de contratar a alguien de esta manera es la contratación misma”.

  El informe hace mención a otros asuntos, como el retraso de PDVSA en el cumplimiento del Decreto Presidencial Nº 3390 de diciembre de 2004 de implementar el software libre o de código abierto en la estatal. También acusaba que Petróleos de Venezuela seguía comprando instrumentos de control “casi en su totalidad a monopolios fabricantes (marcas) de EE. UU., entre las que resaltan General Electric (GEFanuc, Fix, Woodward), Allen-Bradley, Microsoft, IBM, Sun”.

  Igualmente se reportaba como hecho negativo el que el personal de AIT se involucrara en los proyectos contratados con empresas extranjeras, sólo en la etapa final de los mismos, lo que significaba que se encontraran “con una serie de irregularidades técnicas y comerciales”, como mala especificación de equipos, incumplimientos de las normas PDVSA, desconocimiento de los procesos, entre otras.

Denuncia sobre irregularidades en las Plantas de Compresión de Gas

  El 12 de abril de 2006, un informe reiteraba parte de los anteriormente planteado acerca de la contratación, en el año 2003, por parte de PDVSA en las plantas de gas, de empresas que “de manera abierta o solapada, activa o pasivamente” participaron en el paro petrolero, calificado por el oficialismo, como “sabotaje petrolero”.

  Para la fecha de la “denuncia” (2006), se refería que la mayoría de los proyectos de automatización  se seguía utilizando exclusivamente los servicios de PLC`s GEFanuc (General Electric) o Allen Bradley (RockwellAutomation) “bajo la tesis del Upgrade (actualización), por lo que, a su modo de ver PDVSA se “entubaba” con las mismas marcas estadounidenses del “pasado” y negando la posibilidad de usar tecnologías alternativas.

  Se veía con preocupación, la utilización casi exclusiva,  de la Empresa Norte Sur (ENSCA), ganadora de licitaciones  o adjudicaciones directas  bajo la premisa de “declaración de emergencia” en proyectos de gran envergadura y multimillonarios en el área de automatización en los que ENSCA es representante de la marca GEFanuc de PLCs de General Electric.

 “En este sentido,es que la interesada, insistente y evidente promoción para el uso de tecnologías de la marca GEFanuc en beneficio de la Empresa Norte Sur C.A. (ENSCA), por parte trabajadores de PDVSA tales como  Marco Romero (Líder de Infraestructura Gerencia de Gas  Asociado GGA, indicador ROMEROMEQ); Lisbeth Nieto (Líder de Planta Gas GGA, indicador NIETOL) y Guillermo Romero (Líder del Grupo de Ingeniería de Planta Dtto TJ, indicador: ROMEROGE), quienes de una u otra manera tienen el poder de decidir ‘qué es mejor para la empresa’, los hace sospechosos de conspiración en contra de los reales beneficios para la industria petrolera venezolana y por ende para el país, y de ser beneficiarios económicos de Norte Sur”, sentencia el informe-denuncia.

  Se hace mención de que, como lo señalan otras denuncias aquí dadas a conocer, Marco Romero, hermano de Guillermo Romero, “mantiene una relación y de dominio público con Lisbeth Nieto”.

  La denuncia se extiende a José Luis Parada y "los supuestos vínculos con el presidente de Empresas Norte Sur, Lionel Salaverría y con los hermanos Romero", sus encuentros en lujosos hoteles de Maracaibo y Caracas, que llevaban a sospechar de que “los negocios y contratos que se han otorgado a la empresa Norte Sur tengan alguna vinculación con estos supuestos vínculos (sic) de amistad”.

  La denuncia exhortaba a investigar los bienes adquiridos por los hermanos Romero y la relación de los “proyectos ENSCA-PDVSA-Romero-Parada”.

Denuncia en el programa de Mario Silva

  El 5 de diciembre de 2007, se formuló una denuncia anónima en los comentarios de un video del programa “La Hojilla” conducido por Mario Silva en Venezolana de Televisión (VTV) del 4 de julio del citado año 2007. Esta denuncia también fue publicada en el portal Noticias Candela el 21 de septiembre de 2008. Igualmente la publicó el portal Informe en la misma fecha.

  Según expresa el denunciante, Lisbeth Nieto, a quien apoda como Lisbeth “Carmona Matraca” Nieto, gerente de Plantas de Gas y de Gas Asociado, con sede en el edificio principal de PDVSA en Tía Juana, maltrata a los trabajadores a su cargo.

  La califica de “escuálida” —denominación que el difunto presidente, Hugo Chávez, le daba a sus adversarios políticos—  y refiere, en primer término, que reemplazó todos gerentes de segunda línea, militantes del oficialismo, “que afrontaron el paro petrolero en el año 2002” y los sustituyó con personas de oposición.

  Asimismo, el denunciante sostiene que "Nieto despide al personal que no está de acuerdo con la contratación de empresas que no cumplen con el perfil requerido"; despido de trabajadores afectos al “proceso revolucionario” y con experiencia en Plantas de Gas, a quienes sustituyó por personal con menos de 5 años de experiencia pero que están alineados con ella; hacer “matraca con la empresa Norte Sur y Pantersa” presididas por su cuñado, "Guillermo Romero, quien fue gerente de Plantas de Gas Tomoporo y cuñadito de ella. Insta a revisar el proceso de compra de las válvulas de control de gas combustible de las turbinas de Planta TJ-3".

  La denuncia también acusa Lisbeth Nieto de cometer irregularidades en la compra de las consolas de aceite hidráulico del módulo C de PC LL-1 por una cifra millonaria que no precisa y no funcionan al cien por ciento. Advierte que los G/GAS Rolls Royce de dicho módulo carecían de garantía por parte de la empresa Rolls Royce, debido a que las consolas instaladas no son compatibles con el equipo.

   Llama a hacer una investigación sobre un viaje de un mes que Nieto realizara a Italia, así como también sus relaciones con un consorcio Italiano que, supuestamente, la habría regalado un apartamento en la avenida Delicias de Maracaibo, valorado en más de un millardo de bolívares.

  Por otra parte, se señala a Lisbeth Nieto de cobros indebidos, “matraca”, en la compra del Panel de Control de la Planta LL.1, el cual había sido cotizado inicialmente en 800 millones de bolívares, pero que ella terminaría comprando por casi 2.000 millones de bolívares.

 También se la acusa de negociaciones irregulares con el Instituto PMM Learning, el cual presta servicios con el dictado clases que son calificados como asistencia técnica a PDVSA y los por los cuales ella autorizó pagos por 44 mil euros semanales.

Sobre los protagonistas de la trama

  José Luis Parada Sánchez, cuyo código único en PDVSA era PARADAJL, ocupaba la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente adscrita a Exploración y Producción, ubicada en la oficina 12-10 del piso 12 de la Torres Este, La Campiña, Caracas.

  Marco Romero, código único ROMEROMEQ, empleado externo del área de Exploración y Producción, cuyo supervisor era Jinmy J. Bohorquez Villalobos. Sus labores las desempeñaba en la oficina 1-13, piso 1 del Edificio Miranda, Maracaibo. 

  Marco Romero fue secuestrado junto a su mujer, Nina Romero, en agosto de 2009, en su residencia ubicada en la zona norte de Maracaibo.

  Guillermo Romero, código único ROMEROGE, cumplía funciones en la Planta de Compresión TJ Dtto. Tía Juana, bajo la supervisión de Jaime Urdaneta, en la oficina 426, piso 1 de la Torre Única del Edificio Principal Tía Juana, en Tía Juana, estado Zulia. 

 Lisbeth Nieto, Código único: NIETOL. Ocupa la Gerencia de Gas Asociado adscrita a Exploración y Producción, bajo la supervisión de José Luis Parada Sánchez. Lugar de desempeño: Centro petrolero, Torre Lama, oficina 5, Pent House. 

 Una Nota de Interés de PDVSA Occidente, fechada el 16 de mayo de 2014, da cuenta de las designaciones instrumentadas en la Dirección Ejecutiva Occidente, entre las cuales se encontraba Lisbeth Nieto (NIETOL), como gerente encargada de Planificación, Presupuesto y Gestión.

  Otra Nota de Interés de PDVSA Occidente, fechada el 29 de septiembre de 2014, da cuenta de una nueva designación de Lisbeth Nieto (NIETOL), como directora adjunta encargada de Nuevos Desarrollos y Proyecto de Ingeniería.

Para 2015, Lisbeth Nieto continuaba en este último cargo:





viernes, 3 de abril de 2020

El prófugo de la justicia por delitos de corrupción en PDVSA, José Luis Parada Sánchez, aparece comprando ejemplares de razas cebuínas en Colombia

  Acusado de haber utilizado su cargo en Petróleos de Venezuela para lucrarse del patrimonio público de los venezolanos, el ex-funcionario corrupto de PDVSA, apareció en una de las más prestigiosas ferias ganaderas colombianas, adquiriendo costosas cabezas de ganado selecto.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
  El ex miembro de la Junta Directiva de PDVSA y gerente de PDVSA Occidente, José Luis Parada Sánchez —prófugo de la justicia venezolana habría "pagado sobornos para excluir su alerta roja en Interpol y moverse con mucha facilidad por varios países, incluyendo Colombia, Estados Unidos y Canadá", informó una fuente vinculada al caso. 

   Cuando se descubrió que el código rojo no estaba activado, la juez Leda Cecilia Jiménez Jiménez, del Juzgado Noveno de Juicio del Circuito Judicial del estado Zulia, firmó un oficio fechado el 20 de Mayo de 2019 donde solicitó al Comisario, Argenis Pérez, Jefe de la División de Investigaciones de Interpol, que se incluyera nuevamente al exfuncionario en el sistema de Alerta Roja y que la misma fuera activada. Aunque se produjo la activación, Interpol no está ejecutando la medida de aprehensión y el prófugo sigue moviéndose por el mundo sin restricciones.
   José Luis Parada Sánchez se fugó del servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la base territorial de Maracaibo (SEBIN) en 2016. Actualmente, su causa se encuentra paralizada en virtud de que la Orden de aprehensión —signada con el N-008-18 dictada por  este tribunal en fecha 28 de febrero de 2018, mediante el oficio 350-18, relacionada con la investigación signada por la Fiscalía 26- del Ministerio Público— no ha podido ser ejecutada, dice el oficio de las autoridades.

  La orden de aprehensión contra José Luis Parada Sánchez se ratificó según el oficio del Juzgado N Nro. 1462-19 del Poder Judicial, Juzgado Noveno de Juicio del Circuito Judicial del estado Zulia el 20 de mayo de 2019.

  José Luis Parada Sánchez, cédula de Identidad V-9.260.454, fue acusado de peculado doloso propio en grado de continuidad previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción en relación al artículo 99 del Código Penal, cometido en perjuicio del estado venezolano.



Gastando una fortuna en ganado

   José Luis Parada Sánchez, vinculado al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez —quien también es prófugo de la justiciafue visto recientemente en Colombia, participando en la prestigiosa feria ganadera de Asocebú, en la cual "gastó miles de dólares en la compra de razas exclusivas de ganado" que fueron expuestas en el referido evento colombiano, dijo la fuente consultada.

  Testigos narraron que "José Luis Parada Sánchez estaba acompañado de sus familiares y amigos, disfrutando de su fortuna proveniente de la corrupción".
  "A pesar de la alerta roja en Interpol, José Luis Parada Sánchez se le ha permitido el acceso a Cañada y a los Estados Unidos, donde presume haber ingresado sin problemas, debido a que logró dar de baja la solicitud", dijo la fuente consultada. 
  Los reportes en nuestro poder señalan que Interpol mantiene activada la alerta roja contra Parada Sánchez, ya que las autoridades venezolanas presuntamente "están trabajando en la aprehensión del fugado para ser juzgado en Venezuela, donde se le siguen varios procesos por el defalco a la estatal petrolera venezolana PDVSA".

Causas de la acusación contra  José Luis Parada

   Parada fue acusado por presuntamente incurrir en irregularidades administrativas en la celebración de contratos con empresas de servicios en 2008. Su detención se debió a que el Ministerio Público recibió y procesó una denuncia de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros en la que advertían presuntas irregularidades en la contratación de servicios de transporte y de personal por parte de Parada.

    En el año 2015, las fiscales 51ª, 53ª 56ª y 57ª acusaron a José Luis Parada por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio continuado y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.

  Las fiscales solicitaron en esa oportunidad la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de José Luis Parada. quien fue recluido en el Sebin, ubicado en El Helicoide desde su detención el 2 de febrero de 2015, cuando se disponía a viajar en su avioneta desde Maracaibo.

  La detención se produjo en menos de 72 horas, de también haber sido aprehendida la directora general de Mercados Internos del Ministerio de Petróleo y Minería, Gladys Nubia Parada Mendoza, que es prima de José Luis Parada.

  La Fiscalía solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar los bienes muebles e inmuebles de Parada.

En los tribunales estadounidenses

   El nombre de José Luis Parada Sánchez apareció, recientemente, en una lista presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva en el juicio de Ali Sadr Hashemi Nejad, un iraní enjuiciado por delitos de lavado de dinero proveniente de un programa de viviendas acordado por el entonces presidente Hugo Chávez y el mandatario iraní, Mahmoud Ahmadinejad. El banquero, propietario de Pilatus bank, fue procesado también por haber evadido las sanciones que EE. UU.  impuso a la República Islámica de Irán.

  Ali Sadr Hashemi Nejad, quien fue hallado culpable por un jurado, estuvo vinculado con Parada Sánchez cuando se realizó el proyecto de construcción de 12 mil viviendas, que estuvo dentro de los planes supuestamente ejecutados por PDVSA- DUCOLSA, que era presidida por el ahora prófugo de la justicia. 

  Cuando se hizo la representación de los citados y de los testigos en el caso, el nombre de José Luis Parada salió a relucir, pero el ex funcionario corrupto de PDVSA no testificó en el tribunal. El juicio de Sadr Hashemi tuvo varios cambios en el procedimiento y limitaciones en el número de audiencias, debido a la emergencia que ha generado en el sistema de cortes la pandemia de coronavirus. 

   Dos miembros del jurado de Ali Sadr fueron puestos en cuarentena y la corte se vio obligada a cambiar de sala, a reducir las audiencias y a permitir que dos jurados deliberaran por teleconferencia debido a las restricciones impuestas por las autoridades ante el brote e en la ciudad de Nueva York del COVID-19. 

   Sánchez Parada también aparece entre los nombres citados en el caso del ingeniero iraní, Bahram Karimi —co-acusado en el caso de Sadr Hashemi Nejad—quien se encuentra en custodia en Canadá a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos, para enfrentar los cargos en la Corte Federal de Nueva York.   

    Karimi fue uno de los ingenieros encargados del proyecto Venezuela por parte International Iranian Housing Corp. que es la empresa que está involucrada en el escándalo de lavado de dinero y evasión de sanciones. Karimi mantenía comunicación constante con José Luis Parada y otros funcionarios de PDVSA vinculados al proyecto de construcción de 12 mil viviendas que sirvió como mecanismos para blanquear fondos a favor del grupo iraní.

  


miércoles, 4 de marzo de 2020

Juicio de Ali Sadr Hasheminejad aporta elementos para entender cómo Hugo Chávez contribuyó al envío de dinero a la República Islámica de Irán, violando las sanciones impuestas por EE.UU. contra ese país

   Aún no se ha explicado la razón por la cual el régimen de Hugo Chávez pagó millones de dólares a una empresa de Teherán para construir "una ciudad" en el estado Zulia, con "12 mil unidades habitacionales", como si en Venezuela no hubiese empresas constructoras con amplia experiencia. Lo que se si supo en el segundo día del juicio de Ali Sadr Hasheminejad, es que la empresa del padre del acusado tiene relaciones estrechas con el régimen de Irán, y que ha logrado contratos millonarios para construir la infraestructura de ese país, destruída durante la guerra. Uno de los testigos interrogado, confesó que las empresas que están bajo escrutinio de los fiscales de Nueva York, han recibido millonarios contratos del gobierno iraní. Aquí les cuento parte de esta historia.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  En la segunda audiencia del juicio de Ali Sadr Hasheminejad, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mostró un contrato que se firmó en el marco de los acuerdos bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán acordados en 2006, en el cual se incluyó un convenio para el Desarrollo Habitacional Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, ubicado en el municipio Lagunillas del estado Zulia. Hugo Chávez Frías y el presidente iraní para la época, Mahmoud Ahmadineyad, contrataron a la empresa Iranian International Housing Company (IIHC), propiedad del padre del acusado, Mohammad Sadr Hasheminejad, para ejecutar el contrato de US.475,734,000,00 que contemplaba la construcción de 12 mil unidades habitacionales. Uno de las cláusulas establecía que los pagos debían hacerse en dólares americanos "porque es una moneda fuerte que no pierde valor", cuestión que constituye un factor clave en el proceso criminal contra Ali Sadr a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. a la República Islámica de Irán.
   En sus argumentos de apertura del juicio, la fiscal Stephanie L. Lake sostuvo que "este es un caso que incluye un esquema de fraude sofisticado para el enriquecimiento de este hombre (señalando a Ali Sadr Hasheminejad) y de su familia, que involucra $115 millones manejado a través de una serie de empresas que le permitieron cometer fraude bancario e incumplir las sanciones estadounidenses contra Irán".

   La fiscal dijo que el acusado creó un esquema complejo, a través del cual canalizó millones de dólares del proyecto de viviendas del gobierno venezolano, a través del sistema financiero estadounidense,  en nombre de entidades iraníes, incluida la compañía de su familia [Stratus Holding Group], su filial en Turquía, cuentas de banco en Suiza y en otros países.

   Comentó que el acusado violó las sanciones impuestas [por razones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos] a Irán, y que prohíben a los ciudadanos de ese país hacer negocios con estadounidenses, y utilizar el sistema financiero norteamericano. "Dos empresas de su padre, quien es dueño de un emporio, fueron usadas en el esquema".

  En 2006, Iranian International Housing Co. (IIHC) firmó un acuerdo con el gobierno de Venezuela y el gobierno de la República Islámica de Irán, en el marco de un acuerdo entre las dos naciones por un monto de casi medio millón de millones de dólares, y a raíz de ese contrato con la empresa de su padre se creó y ejecutó un esquema para violar las sanciones estadounidenses.

  Sostuvo que Ali Sadr compró una nacionalidad de un país del Caribe para ocultar la iraní. "Con su nuevo pasaporte registró empresas con una dirección en Dubai, no en Irán, compró casas, abrió cuentas de banco para que las instituciones financieras no vieran la palabra Irán por ninguna parte, de tal manera que no se levantaran las alarmas por las sanciones contra el régimen persa".

  La fiscal sostuvo que  "Ali Sadr se movió por China, Venezuela, Turquía, movilizando el dinero para que finalmente fuera a parar a Irán, a las empresas de su padre".

  Entre 2011 y 2014, el gobierno de Venezuela pagó a las empresas de servicio de Irán, haciendo transferencias a las empresas de Ali Sadr y no a Irán para evitar las sanciones.

  "Sadr y su padre se unieron para ejecutar un esquema con el cual cometieron lavado de dinero, fraude bancario y violación de sanciones", acotó.

  Dijo que a lo largo del juicio la fiscalía presentará testigos y abundantes evidencias que le permitirán más allá de la duda razonable, que Ali Sadr es culpable de los seis cargos por los que se le acusa.

  Las evidencias muestran que las transacciones hechas por Sadr  y su familia y el esquema creado, le permitieron al acusado ganar mucho dinero.

  Aseguró que presentarán un contrato donde se removió el nombre de Irán y los proyectos de Venezuela para evitar las sanciones.

   Se mostró al jurado, conformado por 10 mujeres y 5 hombres, los pasaportes de Ali Sadr de San Cristóbal y Nieves, y el iraní, "llevaba consigo al menos cuatro pasaporte", dijo a funcionaria.

  Explicó que entre 2013 y 2015, Sadr Hasheminejad viajó más de 100 veces, incluidos múltiples viajes a Estambul, Zurich, Dubai, Londres, Malta y Teherán. En varias ocasiones desde 2010, Sadr Hasheminejad declaró que reside en Dubai, Bielorrusia, Suiza y los Estados Unidos.

  La fiscalía sostiene que Sadr Hasheminejad portaba hasta cinco pasaportes, cuatro de San Cristóbal y Nieves y uno de Irán, ninguno de los cuales ha expirado, después de haberlos usado indistintamente cuando viajaban. 

  Los documentos federales muestran que Sadr Hasheminejad obtuvo su ciudadanía de San Cristóbal y Nieves en 2009 a través del programa de ciudadanía por inversión por $ 250,000.

La defensa dice que su cliente es un hombre correcto y de familia.

  El abogado Reid H. Weingarden dijo a los jurados que su cliente es un hombre inteligente, educado, graduado de ingeniero, padre de familia, de 40 años que nació el Teherán y que debido a su posición política fue víctima de tortura, estuvo en prisión, al igual que su padre Mohammad Sadr Hasheminejad, quien también ha sido objeto de persecución por parte del régimen iraní.

  El defensor dijo que Ali Sadr se sitió responsable del enorme proyecto de casas en Venezuela, él era el responsable de la construcción de viviendas, estadios, escuelas, etc. 

   Comentó que su cliente tiene una familia enorme, muchos vivían en Irán,"su madre que tiene un PHD vive en Washington DC, su hermana arquitecto en Los Ángeles, California". Sostuvo que el padre de Ali  Sadr protestó contra el gobierno y fue encarcelado, él es un ingeniero brillante que fue traído para reconstruir el país luego de la guerra con Irak. 

  El abogado argumentó que las empresas del padre de Ali Sadr crecieron y se convirtieron en los primeros negocios de Irán, y que estaban a favor de la democracia, abrió un banco privado en su país, y logró tener una empresa con más de 10 mil empleados pero luego fue nuevamente a la cárcel, torturado otra vez por la revolución islámica.

  Destacó que Ali Sadr es un ingeniero y hombre de negocios que buscó oportunidades en el mundo, fue a Europa, Turquía para buscar opciones de inversión, en Suiza.

  Fue a Venezuela para construir una ciudad, luego que otras empresas habían fracasado con ese proyecto. "Él se encargó de ese trabajo interesante del cual se sentía orgulloso y quería ayudar a su padre", acotó. 

  Aseguró que las sanciones de Estados Unidos contra Irán hicieron daño a los ciudadanos, 40 años de sanciones sobre 80 millones de personas, más el embargo ha tenido efectos en la economía iraní. Ali Sadr entendió y tiene conocimiento de las sanciones, y de los riesgos para hacer negocios. Nunca se imaginó que iba a ser un target del gobierno de los Estados Unidos.

  El proyecto de Venezuela requería cuentas bancarias para recibir los pagos en dólares. para lo cual se registraron compañías en otros países, cuentas en un banco europeo, y el dinero se invirtió en Europa porque su padre y él sabían que si lo llevaban a Irán se lo iban a confiscar.

  El banco suizo fue parte de las transacciones entre Ali Sadr y Venezuela.

  Comentó que muchos iraníes quieren sacar el dinero de su país e invertirlo en otros lugares donde haya seguridad.

  Weingarten dijo que el padre de Sadr Hasheminejad quería ayudar a las personas en Venezuela "cuando otras seis empresas iraníes no pudieron idear una forma de construir un proyecto de vivienda para una ciudad destruida por una inundación". Agregó: “Mi cliente estaba totalmente comprometido en otra parte, quería ser banquero. Pero su padre le pidió ayuda en Venezuela. Mi cliente ama a su padre, quería devolverle el dinero. Ambos querían ayudar a la gente pobre de Venezuela. Ali estaba adentro. Quería que su padre se fuera de Irán".

   Weingarten dijo que los Hasheminejads temían que el dinero del proyecto de Venezuela fuera tomado por los ayatolás de Irán.

  Dijo al jurado: “A medida que vean la evidencia, verán que la empresa constructora enviaba una factura a Venezuela. Eventualmente pagarían, a bancos en Portugal y España, en Europa. Pero en la cuenta de Venezuela, utilizaron un banco estadounidense para liquidar las transacciones. Ambos tenían cuentas de compensación con JP Morgan. Eso es. Esa es la historia Esa es la presunta criminalidad ... Pero no hay intención criminal. Estados Unidos no puede probar eso. Ali pensó que estaba bien siempre que no fuera dinero a Irán ".


   Weingarten dijo al jurado que no quería que los bancos le negaran los negocios porque era iraní. “Incluso si encuentra una violación técnica de las sanciones, eso no es un delito si él tenía un corazón puro y estaba del lado correcto. Este caso no se trata de la sabiduría de las sanciones ... Mantenga una mente abierta. Ali Sadr quería ayudar a su padre. Ni por un nanosegundo quería violar la ley estadounidense. Al final, señores del jurado devolverán el único veredicto posible: no culpable ".

  Pidió al jurado usar su sentido común, ponerse en los zapatos de su cliente, tener la mente abierta y evaluar las piezas de evidencias para llegar a la conclusión de que Ali Sadr es un hombre de familia y no es culpable de lo que se acusa. 

Un testigo desmiente la defensa de Ali Sadr

  En la jornada fue interrogado Fashid Kazerani, un hombre que trabajó por más de dos décadas con el padre del acusado y vió de cerca cómo se desarrolló el proyecto Venezuela. El hombre, quien se mudó a los Estados Unidos en 2013, y testificó el farsi, dijo estar seguro que el régimen de la República Islámica de Irán nunca persiguió, acosó o sometió a tortura a Ali Sadr o a su padre Sayed Sadr, ni tampoco a sus empresas que, según el ex-empleado de Stratus Holding Group, recibieron contratos millonarios del gobierno iraní.

   Interrogado por el fiscal federal adjunto Michael K. Krouse,  Kazerani afirmó que viajó a Venezuela, trabajó en el proyecto que inicialmente contemplaba la construcción de 7 mil viviendas, pero que luego se añadieron 5 mil más para hacer un total de 12 mil. Explicó que conoce muy bien a la familia Sadr, desmontó la narrativa de la defensa, y sostuvo que el mismo presidente de Irán,  Mahmoud Ahmadineyad había servido de portavoz a los requerimientos de la empresa del padre Sard, y había llevado quejas a Hugo Chávez en varias de las visitas hechas por el mandatario iraní a Caracas, incluyendo una realizada en 2009, cuando Ahmadineyad abogó por los pagos pendientes con Chávez, según se mostró en una minuta del grupo Stratus que condujo a la pesquisa que los fiscales estadounidenses hicieron para llegar a la conclusión que el conglomerado de empresas de los Sard servía de puente para lavar millones de dólares para Irán, y como método para violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a país islámico. 


El Proyecto Nueva Ciudad Fabricio Ojeda

  El proyecto Nueva Ciudad Fabricio Ojeda fue ejecutado a través de la empresa estatal Ducolsa, como parte del convenio de cooperación firmado el 2 de julio de 2006 por la República Bolivariana de Venezuela, la República Islámica de Irán y la empresa IIHC.

  Hugo Chávez y su homólogo Ahmadineyad hicieron una cadena para hacer entrega de las primeras unidades que formaron parte del convenio, en el Desarrollo Habitacional Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, ubicado al este del municipio Lagunillas de la Costa Oriental del Lago.

  "El proyecto contemplaba la construcción 12 mil apartamentos para dignificar a 60 mil habitantes aproximadamente, señaló el director Ejecutivo de PDVSA Occidente", Ricardo Coronado.


  El coordinador regional de la Gran Misión Vivienda Venezuela para el estado Zulia era Francisco Arias Cárdenas. En las fotos mostradas al jurado aparece el ex-funcionario posando al lado de un grupo de iraníes que ejecutaba el proyecto.

  El desarrollo integral de viviendas comprendía 12 mil apartamentos en 755 bloques, destinado a cumplir con la reubicación de las familias que vivían en la zona de subsidencia de la Costa Oriental del Lago.

  Se construyó en un terreno de 318 hectáreas ubicado a 10 kilómetros al este de Ciudad Ojeda (Lagunillas). Para la primera fase construirán 438 edificios equivalentes a 7.008 apartamentos (178 hectáreas); y para la segunda 317 edificios integrados por 5.072 apartamentos.

   Contempló además la construcción de 10 escuelas para primaria y secundaria, cinco centros comunales, cinco zonas socioproductivas y 15 consultorios Barrio Adentro, entre otros espacios como estaciones de policía, bomberos, CDI, SRI y 20 centros simoncitos.

lunes, 2 de marzo de 2020

Conoce cómo la empresa mixta Petrozamora viola las normas internas de PDVSA

La empresa mixta Petrozamora no observa las pautas establecidas en las normas en materia de control interno a la hora de formular y ejecutar los proyectos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

  Irregularidades y debilidades de control interno que afectan los procesos de formulación, ejecución, control y seguimiento de los proyectos requeridos para mantener y mejorar las condiciones operacionales de las Plantas Compresoras de Gas (PAPCG), adscritas a la Empresa Mixta Petrozamora, quedaron en evidencia en una evaluación practicada por la Gerencia de Auditoría Interna Corporativa EyP de Petróleos de Venezuela S.A. División Occidente.

  Estas operaciones están a cargo de la Gerencia de Operaciones de Plantas (GOP) en PDVSA Occidente y a esa instancia de la corporación los auditores le recomendaron una serie de acciones destinadas a corregir las anomalías. Las recomendaciones se extendieron también a las gerencias de Planificación, Presupuesto y Gestión, Finanzas DEPO, instruyéndolas para que monitoreen y aseguren el cumplimiento de los correctivos, con el fin de fortalecer los controles internos, lo cual contribuirá al logro de los objetivos propuestos para la ejecución de los proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas.

  Estos hechos forman parte de las denuncias formuladas por el auditor interno Diego Nava, ante las autoridades de Petróleos de Venezuela S.A., lo cual le valió la persecución de él y su familia por parte del régimen de Nicolás Maduro, obligándolos a huir del país para salvaguardar sus vidas[1].

El informe

  En diciembre de 2017, Jhon Sánchez, gerente de Auditoría Interna Corporativa EyP de PDVSA Occidente, suscribió el informe confidencial que versaba sobre la evaluación practicada a los proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas adscritas a la empresa mixta Petrozamora, el cual estuvo a cargo de los auditores, Ricardo Hernández y Jesús Manzanilla.

  Ante todo, el informe explica que la auditoría se llevó a cabo con miras al desarrollo de nuevas inversiones a ejecutarse en las Plantas Compresoras de Gas, de modo que cumplan con las leyes, regulaciones o normativas de PDVSA, las cuales son de obligatorio cumplimiento. Igualmente, la evaluación procura la preservación de las condiciones de operación a través de su adecuación, al tiempo que se procura incrementar la vida útil de estos activos.

  Refiere que entre los tipos de proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas destacan los de continuidad/confiabilidad/flexibilidad operacional, seguridad, ambiente, calidad de vida, protección integral, entre otros, dirigidos a la mitigación de riesgos al ejecutar el proyecto propuesto.

  En tal sentido, la auditoría apuntó a evaluar el control interno de los proyectos de adecuación de las plantas compresoras de gas para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativa interna y procedimientos vigentes. 

Incumplimiento de requisitos

  Los auditores revisaron el 100 por ciento de las propuestas de inversión de capital asociadas a proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas occidente, a saber 6 proyectos en los que se observó incumplimiento total de los requisitos establecidos en la normativa interna para formular propuestas de inversión de capital.
  Alertan que las propuestas carecen de la información correspondiente, según lo exige la normativa interna sobre los proyectos individuales asociados a lo alcances de las propuestas. Esto obedece al desconocimiento de las normas sobre proyectos y en la aplicación de controles.

Inexistencia de evaluaciones económicas

  Cuando en la evaluación los auditores revisaron las 6 propuestas de inversión de capital asociadas a proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas occidente, se encontró, en primer lugar, con que dichos proyectos no presentaban descripción de alternativas en los DSD Emisión Original Aprobado Fase Conceptualizar y soportes, de los cuales uno, es decir, el 17 por ciento, difieren del alcance actual de las propuestas.

  Por otra parte, 6 propuestas no presentaban informe sobre la situación a la fecha de su presentación en la que se declarara la ausencia o falta del sistema o equipo, para el funcionamiento de las operaciones.

   Una propuesta presentaba inconsistencias sobre los indicadores de evaluación económica reflejada en las pantallas See Plus y lo indicado en DSD Emisión Original Aprobado Fase Conceptualizar. Tampoco reflejaba información sobre los proyectos individuales y su alineación con el alcance de las propuestas.

  Precisa el informe, respecto a las pantallas See Plus asociadas a una propuesta, que ésta carecía de soportes de conceptos empleados, no se identifican proyectos individuales, hay incongruencia con el alcance original de los proyectos que integran la propuesta. La propuesta compara y evalúa opciones sin soportes, premisas y diferente grado de definición.

  Los auditores alertan que esta situación conlleva a que se ejecuten proyectos que generan pérdidas para la Corporación, porque no generan ingresos o ahorros, de acuerdo a sus estudios de factibilidad y estudio técnico-económico.

Inoperatividad del Comité Evaluador de Propuestas

  La normativa hay un Comité Responsable de Revisar las propuestas y, al respecto, la auditoría determinó que dicho Comité/Grupo Ad Hoc no se había conformado desde la creación de la Empresa Mixta Petrozamora.

   Asimismo, cinco propuestas no contaban con actas de decisión del Comité Evaluador de Propuestas o el Grupo Ad Hoc; una propuesta presentaba decisión no razonable por el Comité (DEPO), en cuanto a que se recibió y procesó información carente de validez, sin corresponder con la fase, sin validar el cumplimiento con los requisitos por fases establecidos y exigidos, evidenciando fallas en procesos y controles, omitiendo la situación actual y real de los proyectos evaluados.
  También se encontraron con que la Hoja Resumen de una propuesta, carece de validez para todos los eventos presupuestarios independientemente del nivel de firma que presenta.

   Consideran los auditores que esta situación se produce por la falta de operatividad de los controles establecidos y por omisión de la normativa interna para la formulación y desarrollo de proyectos, de manera de soportar la toma de decisiones y predecir los factores y riesgos que pueden impactar al proyecto.

Sin control, seguimiento y registro de la gestión de proyectos

  La auditoría encontró que en la gestión de proyectos había un empleo y desviación de recursos técnicos, humanos y financieros por el orden de Bs. 5,53 MM para el período 2016-2017, sin contar con la operatividad de los controles y planes (PDN, PIS, POA vigentes correspondientes) establecidos.

  Subrayan que los planes para 2017 y 2018 no fueron evidenciados y la formulación no contó con la operatividad de los controles establecidos. Esto no incluía los recursos técnicos, humanos y financieros empleados por ORP o Ejecutoras de proyectos de Petrozamora, cuyos presupuestos fueron solicitados de manera independiente.

  El informe hace referencia al empleo de recursos y creación del sistema SAP-PS como herramienta de control y seguimiento, sin la operatividad de los controles y planes establecidos, lo que genera problemas en la identificación, trazabilidad y registro de avance, por no haber validado el cumplimiento según normativa interna.

  Destaca la auditoría que las instalaciones de plantas compresoras de gas no han sido adecuadas al Decreto 883.

  Petrozamora, refieren,  no cuenta con una organización que lleve registro de los indicadores de cumplimiento de las adecuaciones en materia ambiental, seguridad industrial, seguridad integral, confiabilidad/continuidad/flexibilidad operacional, higiene, calidad de vida, entre otros, así como apalancar las actualizaciones, mejoras o adecuaciones requeridas por las plantas compresoras de gas.

  Detectaron inacción ante las evaluaciones y estudios realizados por DANDyPI (2015), Confiabilidad (2014) e Ingeniería a Instalaciones (2005), entre otros, que reportan la criticidad de las instalaciones por fallas por sistemas y subsistemas, fugas, riesgos de seguridad e impactos de producción.

   Tampoco hubo información de emisiones o fugas asociadas a los enfriadores atmosféricos de plantas y miniplantas compresoras, por cuanto no se pudo cuantificar las perdidas generadas.

  También se da cuenta de la ausencia de reporte de robos/hurtos, por lo cual no fue evidenciada la situación e impacto de las Plantas Compresoras de Gas.

  Subrayan que desde agosto 2016, GOP cuenta con una Planta Compresoras de Gas Portátil operando en ubicación fija por más de 14 años y no han sido liberadas para realizar su función.

  Reportan que la MPBA-2 presenta un alto grado de deterioro, principalmente asociado a la remoción de partes, repuestos y piezas para soportar las operaciones del resto de las miniplantas y al largo período sin mantenimiento a su estructura.

  Dada la disminución de capacidad instalada, no se han planificado proyectos de adecuación como flexibilidad operacional o considerando premisas de confiabilidad y disponibilidad de la flota.

  La auditoría se refirió a 51 propuestas asociadas a PAPCG cuyo alcance abarca instalaciones de GOP, e indicó que se evidenciaron deficiencias y desconocimiento total o parcial en cuanto a estatus (soporte), alcance, estrategias y resultados, impacto de su no ejecución, roles de las organizaciones involucradas, modalidad de ejecución, fecha original de cumplimiento y el tiempo de desfase.

  Seis propuestas contaban con información parcial del archivo de proyecto, los cuales no reportan su estatus. Las 45 propuestas restantes no tenían registros en el Centro de Información Técnica y por ello no existe evidencia de la memoria técnica de las diferentes fases desarrolladas y su estatus, sin aprobación del autorizador.

  Se reporta una propuesta con inconsistencias en registro y reporte de la información, la cual presenta falta de veracidad en cuanto a alcance, fases, avance físico y financiero, aprobación por parte del autorizador, alineación con los planes vigentes correspondientes. De las 50 propuestas restantes, se desconoce su estatus. Tampoco se reportaron 5 proyectos planificados por Petrozamora para 2017.

  Petrtozamora no hizo referencia a las propuestas asociadas a PAPCG en ejecución por parte de AIT Región Occidente.

  Se adquirió un sistema CCTV, por vía excepcional (CITGO), sin haber cumplido lo establecido en normativa interna y lineamientos de PDVSA, asociado a un plan operativo anual 2015 inexistente.

  Se instalaron sistemas de control y supervisión propietarios, consolas PMP y skids de gas combustible  en ejecución bajo la modalidad de proyecto de campo para la actualización tecnológica de la instalación, fuera de la normativa interna, correspondiente a proyectos existentes.

   La auditoría determinó falta de dirección, control y seguimiento de la gestión proyectos y gerencia del riesgo por parte de los niveles tácticos, estratégicos, de dirección y de decisión.

Debilidad en la codificación de proyectos

En materia de ejecución de proyectos, los auditores determinaron que 5 propuestas carecían de información sobre el código de proyecto y soporte de la gestión.

Una propuesta fue codificada cuyo alcance correspondía a proyectos existentes, no contaba con la fecha de emisión del código, ni de registro del formato de solicitud y asignación.

  Una propuesta presentaba código emitido sin validez por no existir un PDN, PIS y POA alienados y vigentes que soporte el requerimiento solicitado por la ORP y Ejecutoras de PAPCG.

  Seis propuestas presentaban títulos no conforme a premisas de entes gubernamentales y del MPIC.

  Advierten los auditores que esto es consecuencia del desconocimiento, inadecuado control y gestión documental del registro y mantenimiento de la memoria corporativa  de los  proyectos, lo cual genera una memoria técnica sin trazabilidad, afectando la condición de existencia de los proyectos.

  Deficiencias en la conformación de la memoria técnica del proyecto

  Los auditores refieren que 6 propuestas no poseen DSD Emisión Original Aprobado y no cuentan con la aprobación del Autorizador.                      

  Una propuesta, presenta DSD “Fase Definir o 3” sin haber desarrollado las fases previas; presenta revisión por formulación presupuestaria que no corresponden a la fase en la que se encuentra el proyecto; tiene incongruencia con el alcance original y carecía de firma del autorizador.

Una propuesta presenta modificaciones del alcance del proyecto.

  Seis propuestas no presentan existencia del archivo de proyecto/Acta de Entrega en el CITIP ni en físico ni en digital.

  Toda esta situación, alerta la auditoría, es consecuencia del desconocimiento, inadecuado control y gestión documental del registro y mantenimiento de la memoria corporativa PIC. Esto acarrea toma de decisiones sin soportes y registros y que no cumpla las garantías técnicas o de seguridad.

Inoperatividad de mesas de trabajo

  De acuerdo a la norma, deben existir mesas de evaluación de propuestas y mesas de trabajo de evaluación económica durante todas las fases de los proyectos. La auditoría estableció en la revisión que 6 propuestas no contaban con aval de Propiedad Planta y Equipos o Acta Comité Capital vs. Gasto, previo al inicio del proyecto.

  Asimismo, 5 propuestas carecían de la documentación soporte, aval del comité capital vs. Gasto y sometimiento por el Ejecutor o ORP; una propuesta presentaba minuta del comité capital vs. gastos generadas posterior a la fecha de inicio del proyecto y al desarrollo de la etapa de definición y desarrollo del mismo, entre otras irregularidades.

   Seis propuestas no presentaban actas de mesas de trabajo, calidad, evaluación económica, cambio de fase, de decisión y aplicación de lista de verificación de propuestas por proyecto individual o global según corresponda.

  Consideran los auditores que esta situación obedece a decisiones supeditadas al ACE o la ORP, por encima de los controles establecidos y debilidad técnica durante la aplicación de controles.

Falta de veracidad y calidad de la información

  Se encontraron los auditores con que 6 propuestas no poseían la documentación soporte que avalara el estatus real del proyecto, asociado a documentos y productos, revisiones, soportes y firmas de aprobación. Determinaron que las fases no se desarrollaban secuencialmente.

  Seis propuestas no presentaban informes de gestión y los resultados obtenidos en la revisión evidenció la falta de seguimiento y control de las actividades desarrolladas asociadas a los proyectos individuales o globales según correspondiera.

  Una propuesta presentaba inconsistencia y falta de veracidad de las fechas reportadas del inicio y fin de cada fase, además de no contar con soportes correspondiente.

  Cinco propuestas no reportaron información sobre avance físico, financiero, sus rendimientos y costos totales.

  Una propuesta reportó incongruencia en rendimiento financiero SAP/fichas del proyecto y rendimiento físico entre fichas del proyecto, presentando 10 por ciento de avance físico y desembolsos por Bs. 5,53 MM, durante un tiempo de ejecución de 9 años, 

Sin planificación ni eficiencia

  Los auditores determinaron que la ejecución física de 6 propuestas no era razonable, pues ningún proyecto completó la Fase Visualizar y presentaban inconsistencias, ausencia e inexistencia de información, documentos y productos durante su desarrollo y no contaban con la aprobación del autorizador.             

   Cinco propuestas no reportaron información en cuanto a costos totales originales y actuales, desembolsos, avances, fechas planificadas y fechas reales de ejecución.

   Una propuesta que involucraba la combinación de proyectos, presentaba 9 años de ejecución lo que representaba 1,5 Ciclos de Planificación (PDN y PIS) y 2,25 períodos para ejecutar la obra en progreso (tiempo no mayor a 4 años), alcanzando un avance del 10 por ciento sin soportes.

  Los auditores señalaron que entre las causas principales que afectaban la ejecución, estaban las limitaciones técnicas y financieras, así como procesos de contratación extensos.

  Advirtieron que las instalaciones estaban expuestas a la materialización de los riesgos inherentes asociados riesgos de eficiencia, seguridad, falla de sistemas y equipos, falta de calidad de vida que tienen efecto en la producción, por no tomar las acciones oportunas.

Inadecuada gestión presupuestaria

  La revisión evidenció que una propuesta presentaba desembolsos por cargos reales de inversión en Bs. 5,53 MM asociados a labor, sin contar con la aprobación del autorizador del proyecto.

  Igualmente observaron la inexistencia de informes de gestión y soportes de las fases definir e implantar de 6 propuestas que explicaran los cargos asociados y actividades realizadas en cuanto a labor, contrato, ingenierías, procura, construcción y puesta en servicios.

  No se evidenció en 6 propuestas el desarrollo de la etapa de definición y desarrollo e ingeniería detalle por esfuerzo propio o contratado. No se encontraron registros de los cargos de servicios profesionales y labor.

CITAS

[1] Venezuela Política. “Cacería de brujas en PDVSA (Parte 1): Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG”. 11 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/caceria-de-brujas-en-pdvsa-parte-1.html

Se inició en Nueva York juicio contra el banquero iraní acusado de lavar millones de dólares de PDVSA a favor de la República Islámica de Irán

  A primeras horas de este lunes, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se empezó a seleccionar el jurado que tendrá la responsabilidad de emitir un veredicto en el juicio del ex presidente de Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad quien fue acusado por Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas a Irán.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
  Ante la juez de Distrito, Alison J. Nathan este lunes se empezó a evaluar individualmente a los posibles jurados que conformarán el panel. Una vez leídas las instrucciones, se procedió a llevar un cuestionario que buscaba dejar claro si algunos de los preseleccionados podría tener algún viso de parcialidad en el caso. Se les hicieron más de 40 preguntas relacionadas con Irán, Venezuela, los testigos, o sí tenían alguna posición sobre los ciudadanos iraníes, o sobre el tema de la inmigración. 

  La sala de la corte federal estaba repleta  de personas. Fueron llamados inicialmente 33 prospectos que fueron interrogados frente al acusado, la defensa y los fiscales. Posteriormente fueron eliminados algunos de los que fueron considerados como proclives a tener una opinión parcial sobre los cargos juzgados.

   Mientras transcurría la selección de jurados, Ali Sadr observaba relajado desde el puesto reservado para los acusados. Vestía un traje gris oscuro, lucía impecable, y muy tranquilo. En las gradas del público estaban sentadas su madre, esposa, hermana y otros familiares.

  Durante la jornada de este lunes se discutieron varias mociones hechas por la defensa que buscaban detener la introducción de información que se considera perjudicial para Sadr Hasheminejad . La juez Nathan las desestimó, incluyendo una que buscaba el uso de la palabra "discriminación" para referirse a los argumentos que señalan que el acusado es iraní, inmigrante o adjetivos de ese tenor.

 Ali Sadr Hasheminejad fue arrestado en febrero de 2018 y acusado de participar en un plan para evadir las sanciones estadounidenses y canalizar más de $ 115 millones pagados en virtud de un contrato de construcción con el gobierno de Hugo Chávez Frías a través del sistema financiero estadounidense.

  Hasheminejad enfrenta 125 años de cárcel si es encontrado culpable de los cargos. El acusado niega las acusaciones en su contra y asegura, a través de sus abogados que desconocía que sus actividades hubiesen violado las sanciones. 

 El tribunal dictaminó, en su decisión preliminar, que las declaraciones de los cómplices de Hasheminejad y la mayoría de los correos electrónicos serán admisibles en el juicio.


  Hasheminejad, quien obtuvo la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves,  está acusado de haber utilizado los sistemas bancarios de Estados Unidos y Suiza para transferir millones de un proyecto de vivienda de Venezuela al negocio de construcción de su familia iraní en Turquía, en violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

  De acuerdo a la acusación, Iranian International Housing Corporation (IIFC) fue la empresa de construcción incorporada en Teherán por el principal holding de la familia Sadr, Stratus Group.

  El expediente señala que en 2007, IIHC celebró un contrato de $ 476 millones con la subsidiaria de PDVSA, Desarrollos Urbanos S.A. (DULCOSA) para construir miles de unidades de vivienda de un programa del gobierno de Hugo Chávez.

  Ali Sadr estableció una red de empresas fachadas y cuentas bancarias en varios países para poder ocultar la participación de las compañías de Irán en el acuerdo. Para evitar llamar la atención de las autoridades, el acusado utilizó pasaportes de San Cristóbal y Nieves, y de Malta.

  Sadr forma parte de los fundadores de una compañía en Suiza, Clarity Trade and Finance y otra en Turquía llamada Stratus International Contracting.

   La acusación asegura que la sucursal de JPMorgan en Nueva York fue la entidad usada como el banco intermediario. JP Morgan forma parte del juicio en calidad de víctima.

   Dentro de las evidencias se menciona una comunicación enviada a DULCOSA, que era el ente supervisor del proyecto de viviendas sociales. En la carta, fechada el 22 de julio de 2011,un director de IIHC solicitó que los pagos del contrato se hicieran a una cuenta bancaria en Hyposwiss Private Bank Ltd, con sede en Zurich, a nombre de Clarity Trade and Finanzas.

   Los fiscales aseguran que Sadr registró múltiples compañías en Malta, Suiza, Hong Kong, Chipre, el Reino Unido y los Estados Unidos, y que en ninguno de los registros corporativos el acusado reveló su origen iraní, a pesar de que mantiene un vínculo con los sectores de la banca y la construcción en Irán a través de su padre, Mohammad Sadr Hashemi Nejad, fundador del primer banco privado de la República Islámica de Irán, Eghtesad Novin Bank, en 2001. Actualmente, Mohammad Sadr Hashemi Nejad es presidente Stratus Holding Group, uno de los mayores conglomerados de la construcción de viviendas y carreteras de Irán.

   Sadr y otros ordenaron que los pagos se hicieran a través de bancos estadounidenses a las cuentas bancarias de Stratus Turquía o Clarity en el banco en Suiza. La mayoría de los fondos se transfirieron a otra entidad offshore ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, que fue incorporada por Sadr y otros en 2009. El 1 de febrero de 2012, Clarity transfirió más de $ 2,000,000 de ganancias del Proyecto directamente a los Estados Unidos. Esas ganancias se utilizaron para comprar bienes inmuebles en California.

  Tras ser arrestado, el gobierno le confiscó propiedades de Sard en Maryland, Washington, DC; Malibú (California), incluyendo unas granjas de pistachos en ese estado.