Mostrando entradas con la etiqueta corrupción Odebrecht. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta corrupción Odebrecht. Mostrar todas las entradas

martes, 13 de octubre de 2020

Conozca cuál fue el papel de los hermanos Martinelli Linares en la trama de corrupción de Odebrecht

   Supuestamente habrían actuado como intermediarios para que un alto funcionario de gobierno de Panamá entre 2009 y 2014 recibiera los sobornos de la empresa brasileña.

Por Maibort Petit

   La documentación presentada ante el Tribunal del Distrito este de Nueva York revela cómo habría sido la participación de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, en la trama de corrupción en la cual, supuestamente, la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a un alto funcionario de gobierno de Panamá para obtener millonarios. Contratos entre 2008 y 2014.


   El 27 de junio de 2020, el Agente Especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por las siglas en inglés de Federal Bureau of Investigation), quien se desempeña en la Unidad de Corrupción Internacional en la División de Nueva York, presentó ante el tribunal del Distrito Este de Nueva York, detalló en una declaración jurada los detalles de la presunta participación de los Martinelli Linares en el esquema corrupto.

  El agente especial del FBI declaró que, entre agosto de 2009 y enero de 2014, los acusados Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht al, entre otras cosas, actuando como intermediarios para el pago de sobornos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Entre otras cosas, Luis y Martinelli Linares establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore que les permitían recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá.

  En cumplimiento del esquema de soborno, aproximadamente entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, los imputados, junto con otros, abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras, que fueron utilizadas para recibir, transferir y entregar pagos de sobornos que Odebrecht hizo y provocó que se hicieran en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Específicamente, Luis Martinelli y Ricardo Martinelli establecieron sociedades pantalla en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y realizaron transferencias electrónicas a través de la estructura de las cuentas bancarias de la empresa fantasma para ocultar y gastar las ganancias del soborno.

   Entre 2009 y 2012, los demandados abrieron cuentas bancarias en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar pagos de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Esto ocurrió utilizando la Compañía Offshore A el Banco; la Compañía Offshore B el Banco 2; la Compañía Offshore C el Banco 3; la Compañía Offshore del Banco 4; y la Compañía Offshore E, la Compañía Offshore F, la Compañía Offshore G y la Compañía Offshore H, todas en Banco 5.

   Explicó Lewandowski que la apertura y operación de las Cuentas de Sociedades Offshore se hizo con el objetivo de promover, asistir, facilitar, encubrir y actuar como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Esto para que la citada Odebrecht obtuviera una ventaja comercial indebida para suscribir contratos en Panamá.

  Entre 2009 y 2012, las Cuentas de Sociedades Offshore recibieron aproximadamente USD 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Al menos USD 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales de EE. UU., entre ellos Banco 6 y el Banco 7 en Nueva York, Nueva York, a las cuentas de empresas offshore.

  El agente del FBI refirió que los registros financieros muestran que el 27 de julio de 2010, se hizo una transferencia bancaria de USD 350.000 dólares desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma en el extranjero controlada por Odebrecht y ubicada en Portugal, a la cuenta de la Compañía A en el Banco 1, a través de una cuenta en Bank 6 en Nueva York, Nueva York.

 Después, los acusados Luis Martinelli y Ricardo Martinelli, realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses, algunos Nueva York, que involucraron el producto de los pagos de sobornos de Odebrecht.

  El 11 de febrero de 2013, el demandado Luis Martinelli transfirió USD 346.500.00 de la cuenta de la Compañía Offshore I en el Banco 2, a través de una cuenta en el Banco 6 en Nueva York, a una cuenta en Nueva Jersey en el Banco 9. Los registros obtenidos de un corredor de yates en Nueva York muestran que esta transferencia fue un pago parcial por la compra de una embarcación.

  Entre estas operaciones irregulares, el agente del FBI menciona que el 12 de noviembre de 2013, los demandados transfirieron USD 899.978,32 de la cuenta de la Compañía Offshore A en el Banco 1, a la Compañía Offshore E cuenta en Bank 5, a través de una cuenta en el Banco Corresponsal 3 en Nueva York.

  El 10 de diciembre de 2013, los acusados transfirieron USD 30.887,21 de la cuenta de la Compañía Offshore A en el Banco 1 a la cuenta E de la Compañía Offshore en el Banco 5, a través de cuentas en el banco 8 en Nueva York.

  El 26 de agosto de 2015 Luis Martinelli transfirió USD 570.000 de la cuenta de la Compañía Offshore I en el Banco 2 a través de una cuenta en el Banco 6 en Nueva York, a una cuenta en el Banco 6 en Florida. Los registros muestran que esta transferencia fue un pago parcial por la compra de un condominio en Miami por una corporación de Florida a nombre de Luis Enrique Martinelli Linares.

  El agente especial del FBI solicitó a la corte que emitiera órdenes de aprehensión en contra de Luis Martinelli y Ricardo Martinelli.

Declaración del agente del FBI

  En esa misma fecha, en su declaración jurada ante el juez Robert M. Levi, titular del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Michael Lewandowski, pidió el sellado de los documentos de la investigación.

  El agente Lewandowski solicitó que se  sellaran todos documentos presentados en apoyo de su solicitud, incluida la denuncia y las órdenes de arresto relacionadas, dado que se corresponden a una investigación criminal en curso que no es pública ni conocida por todos los objetivos de la averiguación.

  Alertó al juez de que no todos los implicados serían arrestado en ese momento y subrayó que tanto Luis como Ricardo Martinelli Linares se encontraban en libertad, requiriéndose el sellado de los documentos para evitar que los imputados fueran detenidos y procesados.

  El gobierno señala como excepción limitada al sellado, compartir la denuncia y/o las órdenes de arresto relacionadas con otras agencias de aplicación de la ley.

Declaración de la Fiscal en apoyo a la extradición

  El 27 de julio de 2020, la Fiscal Federal Auxiliar del Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, declaró bajo juramento ante el Juez de primera instancia de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Robert M. Levy, en apoyo a la solicitud de extracción de Luis Enrique Martinelli Linares.

   Nestor trabajó en el caso contra Luis Enrique Martinelli Linares, titulado Estados Unidos contra Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, numerado 20-M- 498, surgido de una investigación a Odebrecht S.A., empresa brasileña que opera en 27 países y que promovió un esquema de soborno masivo y lavado de dinero en el que participaron los acusados.

Los cargos

  Refiere Julio Nestor que un Juez de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York firmado una demanda el 27 de junio de 2020 contra Luis Enrique Martinelli Linares, acusándolo de conspiración para cometer lavado de activos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 195 (h), 1956 (a) (I) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; y luego se emitió una orden de arresto en su contra, por parte de un Juez Magistrado del referido circuito judicial.

   Este juez magistrado acusó a Luis Enrique Martinelli Linares, el 20 de julio de 2020, de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

  Explica la fiscal que acumuló todas las diligencias judiciales practicadas contra Luis Martinelli como es la práctica frecuente en al Tribunal del distrito Este de Nueva York.

  La fiscal Nestor explica que según las leyes de Estados Unidos el delito de conspiración es simplemente un acuerdo para violar leyes penales, subrayando que el acto de combinar y acordar con una o más personas para violar la ley estadounidense es un crimen en sí mismo. Tal acuerdo no necesita ser formal y puede ser simplemente un entendimiento verbal.

  En este sentido, Julia Nestor refiere que la Demanda Enmendada acusa a Luis Enrique Martinelli Linares de conspiración para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h). Añade que respecto al cargo de conspiración para cometer lavado de activos se debe acreditar que el imputado celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos. La pena máxima de prisión por este delito es una pena de 20 años de prisión.

  La fiscal dice que respecto a los dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i) que también se le imputa a Luis Martinelli, se debe demostrar que este realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucraba bienes que constituían el producto de un delito de soborno a un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; que este sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que también sabía que la transacción fue diseñada total o parcialmente para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del producto de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá. La pena máxima de prisión por una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), según se imputa en la Demanda Enmendada, es una pena de 20 años de prisión.

  Igualmente, la Demanda Enmendada también acusa a Luis Martinelli Linares de dos delitos de gastos de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957, por lo que se debe demostrar  que participó o intentó participar a sabiendas en una transacción monetaria; que involucraba bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, de hecho, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en Estados Unidos. La pena máxima de prisión por una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957, según se imputa en la Demanda Enmendada, es una pena de 10 años de prisión.

  A Luis Enrique Martinelli Linares también se le señala de cometer dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero y dos delitos de lavado de dinero de gastos al ayudar e incitar a los delitos, según lo dispuesto en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2.

  Luego de otras consideraciones, Julia Nestor refirió al juez Levi que revisó a fondo el estatuto de limitaciones aplicable, comprobado que los cargos que se le imputan a Luis Martinelli se ajustan a la norma.

  Manifestó que Estados Unidos probará su caso contra Luis Enrique Martinelli Linares a través de varios tipos de evidencia, incluida información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de la corporación, correos electrónicos y otras pruebas.

Los hechos

  La investigación señala que entre 2001 y 2016, Odebrecht, a través de algunos de sus empleados y agentes, y junto con otros co-conspiradores, participaron en un esquema de soborno masivo en el que los conspiradores acordaron con otros pagar corruptamente más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios en varios países del mundo, incluidos los funcionarios públicos y los servidores públicos en Panamá.

  Odebrecht ocultó la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del producto de los beneficios del esquema de soborno al canalizar los ingresos del esquema a través de cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero a los beneficiarios finales de los sobornos.

 Se identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó pagos de sobornos de Odebrecht en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá”, un alto funcionario del gobierno de ese país, entre 2009 y 2014, que era un familiar cercano suyo.

  Entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht al, entre otras cosas, actuar como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Los acusados establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore para recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá.

  Desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales se utilizaron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del Funcionario de Gobierno de Panamá.

   Específicamente, los demandados establecieron sociedades fantasma en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y las transferencias electrónicas enviadas personalmente y provocadas a través de la estructura de las cuentas bancarias de la empresa fantasma para ocultar y gastar las ganancias del soborno.

 


 


 


 


 


lunes, 12 de octubre de 2020

Hermanos Martinelli batallan en Guatemala para evitar extradición a EE. UU.

  Desde su detención en Guatemala bregan para no tener que enfrentar cargo en la Corte del distrito Este de Nueva York donde son solicitados.

Por Maibort Petit

  Bajo una acusación por lavado de dinero, fueron apresados en Guatemala, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, quien gobernó la nación centroamericana entre 2009 y 2014.

  Los hijos del exmandatario panameño son solicitados en extradición por Estados Unidos, lo cual fue confirmado por la Cancillería de Guatemala el pasado 4 de septiembre[1].

  De los Martinelli Linares se desconocía su paradero desde hacía un año y fueron arrestados en el aeropuerto internacional La Aurora, cuando intentaba abordar un vuelo humanitario hacia Panamá.

 Se los acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht para la obtención de contratos. También están implicados un escándalo que se conoce como "Blue Apple", una trama similar a la de la brasileña, pero con empresas panameñas.

  Odebrecht que se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016 en el Distrito Este de Nueva York, estableció un esquema corrupto implicó el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, servidores públicos, partidos políticos y otros en Panamá y otros países del mundo para obtener y retener negocios para la empresa[2].

  Los hijos del expresidente panameño eran investigados desde hacía unos meses y alegan inmunidad por su condición de diputados suplemente al Parlamento Centroamericano desde junio de 2019[3].

 Investigaciones de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos incluyeron reuniones que los demandados sostuvieron con un agente federal, pero no se han dado detalles al respecto.

  Se dice que los sobornos por los cuales los Martinelli Linares sirvieron de intermediarios, estaban destinados a quien en la demanda se identifica como “Funcionario del Gobierno de Panamá”, quien ostentó un alto rango 2009 y 2014 y de quien los demandados son familiares cercanos. La descripción hace presumir que se estaría hablando del expresidente, Ricardo Martinelli, cuyo periodo de gobierno coincide con los años señalados.

  La defensa de Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares brega en Guatemala por evitar la extradición a los Estados Unidos, donde deberán enfrentar un proceso en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York[4]. En el país centroamericano el caso se lleva por separado[5].

  Entretanto, el expresidente Ricardo Martinelli, asegura que el caso de sus hijos fue “fabricado” por Juan Carlos Varela[6].

Demanda enmendada y solicitud de aprehensión

  El 27 de junio de 2020, el Agente Especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por las siglas en inglés de Federal Bureau of Investigation), quien se desempeña en la Unidad de Corrupción Internacional en la División de Nueva York, presentó ante el tribunal del Distrito Este de Nueva York, una Demanda Enmendada en apoyo a la solicitud de detención de Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, supuestamente incursos en el delito de lavado de dinero.

Los cargos

  Se indica que, entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, dentro del Distrito Este de Nueva York y en otros lugares, los acusados junto con otros, actuaron sabiendas y conspiraron intencionalmente para cometer delitos bajo el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 y 1957, a saber:

  (a) transportar, transmitir y transferir fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los EE. UU. y a un lugar en el país con la intención de cometer un delito contra una nación extranjera, mediante el soborno de un funcionario público, en violación del Código Penal de la República de Panamá; contrario al Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A);

 (b) realizar e intentar realizar transacciones financieras que involucran un delito contra una nación extranjera que implique el soborno de un funcionario público, en violación del Código Penal de la República de Panamá; saber que la propiedad involucrada representa el producto de alguna forma de actividad ilegal, y saber que la transacción fue diseñada para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control del producto de la actividad ilegal especificada, lo cual es contrario al Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i); y

(c) participar e intentar realizar una transacción monetaria en una propiedad derivada delictivamente de un valor superior a USD 10.000 y que deriva a un delito contra una nación extranjera que implique el soborno de un funcionario público, en violación de el Código Penal de la República de Panamá; contrario al Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957.

  Se estima que Luis Martinelli y Ricardo Martinelli, en las fechas establecidas, llevaron a cabo dentro del Distrito Este de Nueva York y en otros lugares, una transacción financiera que representa el producto de un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público, en violación del Código Penal de la República de Panamá.

  Sabían los demandados que la propiedad involucrada representaba el producto de alguna forma de actividad ilegal, y sabiendo que la transacción fue diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos de la actividad ilegal especificada.

Esto ocurrió de la siguiente manera:

12 noviembre de 2013

Transferencia bancaria de USD 899.978,32 desde el Banco 1, a través de cuentas en el Banco 8 en Nueva York, al Banco 5

10 de diciembre de 2013

Transferencia bancaria de USD 30.887,21 desde el Banco 1, a través de cuentas en el Banco 8 en Nueva York, al Banco 5

  Asimismo, los acusados se comprometieron a realizar una transacción monetaria hacia una institución financiera por un valor superior a USD 10.000, siendo que derivaba de un delito contra una nación extranjera que involucraba el soborno de un funcionario público, en violación del Código Penal de la República de Panamá.

11 de febrero de 2013

 Transferencia bancaria de USD 346.500 desde el Banco 2, a través  de una cuenta en New York, en el Banco 6, a una cuenta en Nueva Jersey.

26 de agosto de 2015

  Transferencia bancaria de USD 570.000 desde el Banco 2, a través de una cuenta en Nueva York, en el Banco 6, a una cuenta en Florida en el Banco 6

Los protagonistas de la trama

  La demanda identifica como participantes de la trama, en primer lugar, a los demandados, los hermanos, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ambos con doble nacionalidad, panameña e italiana, quienes viajaron en varias oportunidades a los Estados Unidos durante el transcurso de la conspiración.

  Igualmente, a quien se identifica como “Funcionario del Gobierno de Panamá”, quien fue un funcionario gubernamental de alto rango en el país centroamericano entre 2009 y 2014. Los imputados eran familiares cercanos de este “servidor público”, como lo define el Código Penal de la República de Panamá.

  Luego tenemos a Odebrecht S.A., un holding brasileño que tenía su sede en Salvador, estado de Bahía, Brasil, y operaba en al menos otros 27 países, incluido Estados Unidos.

  Luego tenemos “Compañía A Offshore”, “Compañía Offshore B” y “Compañía Offshore C”, que eran corporaciones de las Islas Vírgenes Británicas. La “Compañía Offshore D” era una corporación de las Bahamas.

  Entretanto, "Sociedad offshore E", "Sociedad offshore F", "Sociedad offshore G", “Compañía Offshore H” y “Compañía Offshore I”, todas entidades corporativas.

  Igualmente, “Banco 1”, “Banco 2”, “Banco 3”, “Banco 4” y “Banco 5”, que eran instituciones financieras ubicadas en Suiza.

  Por su parte, "Bank 6", “Bank 7” y "Bank 8", eran bancos de EE. UU. que tenía cuentas corresponsales en Nueva York.

"Bank 9" era un banco de EE. UU.

El esquema criminal

  Recuerda Lewandowski que el 21 de diciembre de 2016, la empresa brasileña Odebrecht S.A. se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

   Odebrecht admitió en aquel entonces que entre 2001 y 2016, a través de algunos de sus empleados y agentes, así como junto con otros co-conspiradores, participaron en un esquema de soborno masivo en el que se acordó pagar de manera corrupta más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros, para obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre estos, Panamá.

  La empresa ocultó la naturaleza, fuente, propiedad y control de los ingresos del esquema de soborno al canalizarlos a los beneficiarios a través de un esquema de cuentas bancarias de compañías fantasmas.

  Odebrecht, junto con algunos de sus empleados y agentes, transfirió por vía electrónica desde sus cuentas bancarias a cuentas bancarias de sociedades fantasma extraterritoriales controladas por ella, incluso a través de cuentas con sede en Nueva York, como las de los Bancos Corresponsales identificados con los números 1, 2 y 3. Los fondos destinados a los pagos de sobornos ilegales se transfirieron luego a través de múltiples cuentas bancarias de compañías fantasma en todo el mundo, incluso en Nueva York, antes de llegar a los destinatarios finales del soborno.

  Igualmente Odebrecht utilizó un agente en los Estados Unidos para comprar sociedades fantasma offshore; enviar y recibir documentos para facilitar la apertura de dichas cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades pantalla offshore; y enviar y recibir documentos, algunos de los cuales contenía información falsa y fraudulenta, para hacer que las transacciones financieras se llevaran a cabo desde cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero, incluidas las transacciones financieras que utilizaron cuentas bancarias corresponsales de EE. UU.

CITAS

[1] Hola News. “Guatemala recibe pedido formal de EE.UU. para extraditar a hijos de Martinelli”. 4 de septiembre de 2020. https://holanews.com/guatemala-recibe-pedido-formal-de-ee-uu-para-extraditar-a-hijos-de-martinelli/

[2] Departamento de Justicia. “Dos personas acusadas por su participación en un plan de soborno y lavado de dinero que involucra a un exfuncionario gubernamental de alto rango en Panamá”. 6 de julio de 2020. https://www.justice.gov/usao-edny/pr/two-individuals-charged-their-role-bribery-and-money-laundering-scheme-involving-former

[3] DW. “Arrestan en Guatemala a hijos de expresidente Ricardo Martinelli”. 6 de julio de 2020. https://www.dw.com/es/arrestan-en-guatemala-a-hijos-de-expresidente-ricardo-martinelli/a-54073494

[4] Prensa Libre. “Caso de extradición de los Martinelli: abogado asegura que sala vulnera derecho al debido proceso”. 3 de octubre de 2020. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/caso-de-extradicion-de-los-martinelli-abogado-asegura-que-sala-vulnera-derecho-al-debido-proceso/

[5] EFE. “Los procesos de los Martinelli esperan el desenlace de dos recusaciones en Guatemala”. 11 de agosto de 2020. https://www.efe.com/efe/america/politica/los-procesos-de-martinelli-esperan-el-desenlace-dos-recusaciones-en-guatemala/20000035-4316621

[6] Metro Libre. “Martinelli dice que el caso en contra de sus hijos fue ‘creado y fabricado por Varela’”. 10 de septiembre de 2020. https://www.metrolibre.com/nacionales/181594-martinelli-dice-que-el-caso-en-contra-de-sus-hijos-fue-%E2%80%9Ccreado-y-fabricado-por-varela%E2%80%9D.html


  

miércoles, 6 de junio de 2018

Así engordaron sus cuentas altos chavistas con Odebrecht

Investigaciones de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Houston pusieron al descubierto un esquema de presunta corrupción vinculada al conglomerado brasileño Odebrecht, mediante contratos cuyos montos originales fueron inflados en convenios secretos con la aprobación y firma de Diosdado Cabello y otros altos líderes revolucionarios.

Casto Ocando | @cocando
Maibort Petit | @maibortpetit

Una serie de contratos complementarios suscritos entre el gobierno de Venezuela y la Constructora Norberto Odebrecht, de Brasil, cuyos detalles se mantuvieron secretos hasta ahora, fueron utilizados para incrementar en centenares de millones de dólares los costos  de las obras, dinero que habría sido desviado para el presunto pago de altas comisiones a funcionarios del gobierno venezolano.
De acuerdo a documentos de las contrataciones, actualmente bajo investigación de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Estados Unidos y vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht, el precio original estimado para las obras contratadas por el gobierno venezolano se infló a través de una serie de “documentos complementarios” firmados en fechas posteriores a la firma del contrato original, con cifras muy por encima de los costos reales.

Las indagaciones, coordinadas en Venezuela por el fiscal Pedro Lupera en el marco de la llamada Operación Lavajato, fueron incluidas en las investigaciones contra la corrupción del gigante brasileño por la fiscalía en Brasilia, y retomadas por la fiscalía de Houston, que también participó en la investigación internacional contra Odebrecht.

En uno de los casos más notables firmado por el Ministerio de Infraestructura y Finanzas de Venezuela, Odebrecht cotizó un precio inicial de USD 991.6 millones cuando ganó la licitación en 2006 para construir el tercer puente sobre el río Orinoco. Para 2014, el costo de la obra ya era el triple del precio original.
Los excesivos incrementos de los contratos se hicieron mediante una estrategia de añadir una serie de adenda, denominados “documentos complementarios”, presentados por Odebrecht de manera secreta, y aprobados por altos funcionarios en Venezuela.

En el caso del proyecto conocido como “Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco”, la corporación brasileña presentó cinco “documentos complementarios”, mediante los cuales los costos se incrementaron en más del doble en un período de 9 años. Pese a los incrementos, sin embargo, la obra no fue culminada.

El contrato original con fecha del 7 de junio de 2006, firmado por Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas, y por Ramón Carrizalez, ministro de Infraestructura, tuvo como contraparte por Odebrecht al gerente Euzenando Prazerez Azevedo, el jefe del conglomerado brasileño que terminó como testigo protegido de la Fiscalía de Brasil, y que reveló la extensa corrupción de sus operaciones en territorio venezolano, incluyendo una “donación” no declarada de USD 35 millones para Nicolás Maduro, supuestamente para financiar la campaña presidencial de 2014.

Dos de los documentos complementarios de este contrato fueron firmados por Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Viviendas, por un valor de USD 4.000 millones adicionales al contrato original de USD 991 millones.

El resto de los tres documentos complementarios fueron firmados por Rafael Isea (ministro de Finanzas), por USD 1.47 millardos; Juan García Toussaint (ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas), por USD 3.2 millardos; y por José Luis Bernardo Hurtado (también ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas), por USD 1.9 millardos.

En los documentos también aparecen firmando Jorge Giordani (ministro de Planificación y Finanzas); Alí Rodríguez Araque (ministro de Economía y Finanzas); Rafael Isea (ministro de Finanzas); e Isidro Ubaldo  Rondón (ministro Encargado de Infraestructura).

“Parte del dinero de los llamados documentos complementarios o adenda, que no eran más que mecanismos para ponerle sobreprecio a las obras, fueron desviados para pagos de comisiones de altos funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello”, dijo uno de los funcionarios venezolanos que participó en las investigaciones en Brasil y Estados Unidos.

La fuente dijo que la investigación está basada en el testimonio de Euzenando Prazerez Azevedo, que firmó no sólo el contrato original en 2006, sino todos los cinco documentos complementarios que triplicaron el precio de la obra.

Precios inflados

En la negociación inicial para la ejecución del “Proyecto de Ingeniería Básica” y construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco conformado por el puente ferroviario carretero entre Caicara, estado Bolívar, y Cabruta, estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, enlaces de conexión con la vialidad de las dos citadas ciudades y la carretera Cazorla-Cabruta en el estado Guárico, el contrato pasó de tener un precio inicial de Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15 sin incluir lo concerniente al IVA a Bs. 6.035.421.447,71 en su componente en moneda nacional y a USD 1.921.175.345 en el componente en moneda extranjera para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78 a tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar.

El modus operandi consistía en presentar una oferta inicial con un precio moderado en el proceso de licitación y luego de ser aprobado y suscrito el contrato, iba incrementándose el monto a través de la firma de adenda o acuerdos complementarios.

El contrato original

En fecha 7 de junio de 2006, la República Bolivariana de Venezuela por órgano de los ministerios de Infraestructura y Finanzas, representados por Ramón Alonzo Carrizales Rengifo y Nelson Merentes, respectivamente, por una parte, y Constructora Norberto Odebrecht, empresa brasileña con sucursal en Venezuela por la otra, a su vez representada por Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, ambos domiciliados en Caracas, suscribieron un contrato para llevar a cabo el “Proyecto de Ingeniería Básica, así como lo concerniente a la ingeniería de detalle y construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco, integrado por el puente ferroviario carretero entre las ciudades de Caicara, estado Bolívar, y Cabruta, estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, sus enlaces de conexión con la  vialidad de las poblaciones de Caicara y Cabruta y la carretera Cazorla-Cabruta en el estado Guárico”, de acuerdo a lo que establece la cláusula segunda del referido contrato.

En ese mismo aparte, la contratista se obligó a ejecutar para Venezuela, “por su exclusiva cuenta, y sin ningún costo para esta última, el referido proyecto cuyo monto alcanza los USD 5.588.000, teniendo lo anterior como el aporte necesario para el acuerdo con lo que se desprende del contenido del Convenio Básico de Cooperación Técnica” entre ambos países (Venezuela y Brasil).

Venezuela, de acuerdo a lo previsto en esa misma cláusula, pagaría a la contratista lo concerniente a la ingeniería de detalle y la construcción del referido sistema vial.

Las dos naciones establecieron el 20 de febrero de 1973 dicho convenio, el cual permitía a los dos gobiernos en las áreas que les permitieran sus legislaciones, hacer acuerdos complementarios, siendo que el primero se llevó a cabo el 4 de julio de 1995 para la recuperación de la región amazónica y orinoquense. Brasil aceptó el 6 de mayo de 2006 la propuesta venezolana de modificar dicho Acuerdo Complementario para proceder a la construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco.

Basados en el supuesto de que la Constructora Odebrecht ejecutaba para el momento las obras correspondientes al Sistema Vial Puente Mixto sobre el Río Orinoco, Venezuela estimó la conveniencia de que la experiencia, equipos y capacidad de la empresa que estaba establecida en el territorio del estado Bolívar, asumiera las nuevas obras.

Los trabajos a realizar

Se estableció que entre los alcances de los trabajos estaban los estudios de transporte, topográficos, batimétricos, geofísicos, hidráulicos, la ingeniería básica y de detalle requeridos para el puente ferroviario carretero y sus accesos estructurales, los enlaces viales con las poblaciones de Cabruta y Calzara y la carretera Cazorla-Cabruta.

Igualmente los trabajos de soporte, desvío provisional o reubicación definitiva de servicios públicos, la ingeniería de detalle, las obras relativas al desvío del tránsito vehicular y fluvial, la restauración de superficie de los servicios afectados, la construcción del puente ferroviario carretero entre Caicara y Cabruta, la construcción de los enlaces viales y de la carretera Cazorla.

Modalidad, vigencia y pecio del contrato

La modalidad del contrato eran los precios unitarios y la vigencia del mismo era de 48 meses contados a partir de la firma del acta de inicio luego de que Odebrecht recibiera el anticipo.

El monto de la obra era de Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15 sin incluir lo concerniente al IVA, los cuales serían cancelados de acuerdo a los mecanismos financieros y tiempos acordados por los ministerios de Finanzas e Infraestructura. Estos mecanismos a su vez debían a ser aprobados por el presidente de la república.


El cronograma de pagos estipulado fue: 1) El 15 por ciento de precio en calidad de anticipo; 2) el saldo del precio de la obra se pagaría contra la prestación de valuaciones efectuadas por el ingeniero inspector. Del monto bruto de cada valuación se deducirían los porcentajes correspondientes a la amortización del anticipo y a las retenciones previstas como garantía. Igualmente se deducirían las penalidades si estas existieran.

Se estableció un lapso de garantía una vez terminada la obra, de doce meses, a partir de la firma del acta de aceptación provisional de los trabajos. Una vez vencido ese lapso se suscribiría un acta de recepción definitiva dentro de los 30 días siguientes.

Variación del presupuesto

El contrato preveía que el presupuesto de la obra podía modificaciones como consecuencia de: a) variaciones en las cantidades de obra; b)  variaciones en la cota de referencia de las fundaciones según el proyecto básico; c) variaciones por aumentos salariales.

Respecto a las obras de vialidad el 25,05 por ciento de las partidas estaba transformado en dólares estadunidenses calculados a la tasa de cambio para la fecha de Bs. 2.150 por dólar que sumaban USD 31.417.013,55 y serían facturados en esa misma moneda.

El 74,95 por ciento del presupuesto de las obras de vialidad presentaban para época (diciembre de 2005) un monto estimado de Bs. 201.743.126.080,20, que serían facturados en bolívares.

En las obras de puente el 68,70 por ciento estaba transformado en dólares a la tasa de cambio de Bs. 2.150 por dólar que constituía la cantidad de USD 563.271.334,57 que debían facturarse de esa manera.

El 31,30 por ciento de las partidas de obra de puente representaban un monto estimado de Bs. 551.784.054.620,21 que serían facturados en bolívares.

Primer Addendum

El 30 de abril de 2008 el ministro encargado del Poder Popular para la Infraestructura, Isidro Ubaldo Rondón Torres, y el ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Eduardo Isea Romero, en representación de Venezuela, así como Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro en representación de Constructora Odebrecht S.A. firmaron un Addendum como Documento Complementario N° 1 del contrato suscrito el 7 de junio de 2006 en razón de que el monto acordado inicialmente correspondía a una ingeniería básica conceptual desarrollada entre 2004 y 2005 bajo informaciones de carácter provisional y cómputos métricos estimados; de que estudios posteriores más detallados y específicos proyectaron un aumento significativo respecto a la demanda en la utilización del sistema vial; de que la Fundación ProPatria notificó a la contratista alterar el proyecto original de la obra para añadir dos nuevos canales carreteros en el piso superior del puente; y de que el límite de contratación del 30 por ciento del precio de la obra fue modificado el 4 de diciembre de 2007, el valor de los trabajos se elevó a Bs. 2.770.815.678.835,55 equivalentes a USD 1.288.751.478,53 sin incluir el IVA.
El Documento Complementario N° 1 estableció un precio actualizado de la obra con un complementario de Bs. 399.659.910,86 equivalentes a USD 185.888.330,63 sin IVA que totalizan el monto del documento principal en Bs. 3.170.475.589,69 equivalentes a USD 1.474.639.809,16 sin IVA.
Este Addendum extendió la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2011.

Se previó un anticipo complementario de 15 por ciento del monto complementario de Bs. 59.948.986,63.

Segundo Addendum

El 4 de junio de 2009, la República Bolivariana de Venezuela representada por los ministros de Infraestructura, Diosdado Cabello Rondón, y de Economía Finanzas, Alí Rodríguez Araque, firmaron con Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., un segundo Addendum o Documento Complementario N° 2 que incrementó el precio básico de la obra en Bs. 1.008.463.382,86 equivalentes a USD 469.052.736,21 más IVA. De este modo, el nuevo Addendum elevó el precio de la obra a Bs. 4.178.938.970,91 equivalentes a USD 1.943.692.544,61 más IVA.
El anticipo complementario fue de 15 por ciento igual Bs. 151.269.507,43

Tercer Addendum

El 15 de junio de 2010, Diosdado Cabello Rondón, ministro del Poder Popular para la Infraestructura y Jorge Giordani, ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, en representación de Venezuela, por una parte y, por la otra, Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., suscribieron el tercer Addendum o Documento Complementario N° 3.
El precio de este Addendum estableció en el componente nacional un aumento del Bs. 2.406.686.910,26, mientras que el componente en moneda extranjera fue de USD 483.343.043,82 equivalentes a Bs. 1.256.691.913,93 que en conjunto a la tasa de cambio vigente para la fecha de Bs. 2,6 por dólar, sumaban USD 1.408.991.855,46 más IVA.
Con la firma del Documento Complementario N° 3 el precio de la obra queda integrado por un componente en moneda nacional igual Bs. 4.136.293.293,01 y otro en moneda extranjera que alcanzaba los USD 1.622.567.503,44 que en conjunto a la tasa de cambio de Bs. 2.6 por dólar totalizaban USD 2.584.496.176,23 más IVA.

Se extendió la vigencia del contrato hasta el 23 julio de 2013.

Cuarto Addendum

En fecha 27 de septiembre de 2012, Juan de Jesús García Toussaintt en representación del gobierno venezolano y Euzenando Prazeres de Azevedo y Estevão Timponi França, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., suscribieron el cuarto Addendum o Documento Complementario N° 4.
El precio del contrato se elevó en su componente nacional Bs. 1.685.274.078,34 y en moneda extranjera alcanzó la suma de USD 262.547.553,93 equivalentes a Bs. 1.128.954.481,90. El precio global de obra era entonces Bs. 2.814.228.560,24 que a tasa de 4,3 por dólar totalizaba USD 654.471.758,19 más IVA.
Con este nuevo Addendum el precio de la obra se estableció en su componente nacional en Bs. 5.821.567.371,35 y el componente en moneda extranjera se ubicó en USD 1.885.115.057,37 que a una tasa de cambio de Bs. 4,3 por dólar es igual a USD 3.238.967.934,91.
Quinto Addendum

Aun habría de firmarse un nuevo Addendum, cuando el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, José Luis Bernardo Hurtado, en representación del gobierno de Venezuela y por Constructora Odebrecht S.A., José Claudio de Cerqueira Daltro y Estevão Timponi França, estamparon la firma al Documento Complementario N° 5, lo cual ocurrió el 7 de septiembre de 2015.

Con este Addendum el precio de la obra quedó integrado por un componente en moneda nacional de Bs. 6.035.421.447,71 y el componente en moneda extranjera de USD 1.921.175.345,15 para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78 a tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar.
En este cuadro pueden observarse las cifras del contrato original y los cambios que sufrió en los montos presupuestados, así como también los funcionarios del chavismo responsables de las firmas de dichas contrataciones.

jueves, 9 de noviembre de 2017

Alianza Camimpeg-SPS confirma la incapacidad de los militares en materia petrolera

En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro creó  la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y Gas, que le otorga facultades en materia de hidrocarburos al sector castrense, una decisión que a los ojos de sectores críticos sólo responde al interés de otorgar más cuotas de poder al estamento militar. Una alianza con la empresa SPS cuestionada por su inexperiencia en el área, revela la  incapacidad de los militares en los asuntos de la industria petrolera pues, llejos de solucionar el problema, evidencia que se trata de una jugada que parece tener detrás intereses muy distantes del objetivo de aumentar la producción petrolera que se dicen perseguir.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La falta de experticia y experiencia en al área de los hidrocarburos de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y Gas (Camimpeg), quedó de manifiesto con la suscripción de un acuerdo con la  firma de ingeniería Southern Procurement Services (SPS) para poder operar el campo Urdaneta en lago de Maracaibo, que inicialmente se había asignado a una empresa mixta que se creó entre Petróleos de Venezuela y la brasileña Odebrecht, con lo que se comprueba la incapacidad de los militares en materia petrolera.  
Pero una acción que pudiera catalogarse como atinada al obviar a una empresa tan cuestionada como la constructora brasileña, deja de verse con optimismo cuando empiezan a conocerse las diversas objeciones surgidas a la luz de la empresa seleccionada para sustituirla.

Al hecho bastante cuestionable de adjudicar a los militares la potestad de ejercer la actividad petrolera, se suma el mal tino —a criterio de unos cuantos observadores— a la hora de escoger los socios para realizar las operaciones.

Es el caso de Southern Procurement Services Ltd, una empresa registrada en el Reino Unido por sus socios venezolanos tan solo en 2011 y que, para no pocos, es simplemente una compañía desconocida entre el sector petrolero del país, una circunstancia que al parecer no tuvo ningún peso al momento de adjudicarle junto a Camimpeg, un contrato para reactivar 1 mil 500 pozos petroleros, tanto en el Lago de Maracaibo como en la Faja Petrolífera del Orinoco. SPS también fue registrada en las islas Marshall[1] y en Belice, informó El Estímulo [2] en un amplio reportaje aparecido el 13 de febrero de 2017.

Como CEO de SPS aparece Manuel Chinchilla, y junto a él figuran en la directiva de la empresa, Anabeida Ocampo Ruíz y Esmeralda del Carmen Da Silva Izquierdo. En la red Linkedin, Chinchilla se presenta como ingeniero egresado de la Universidad Santa María, experto en el sector petrolero, petroquímico, siderúrgico y minero[3].

Chinchilla igualmente figura como propietario de la empresa especializada en construcción Inversiones 1098, S.A.[4], que es una compañía habilitada para contratar con el estado venezolano. Noticias Candela refiere en nota publicada el 6 de marzo de 2017[5], que esta empresa atiende los requerimientos de sus clientes en las áreas de ingeniería, construcción y suministros de materiales y equipos. Se dan a conocer como una importante empresa del área de fabricación de equipos de alta tecnología para clientes de la industria petrolera, minera, metalúrgica, así como de proveer servicios en el área de ingeniería, construcción y mantenimiento industrial.

A Campimpeg-SPS, la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., le asignó en comodato los muelles Alí Primera y Pedro Lucas Urribarrí, con sede en Campo Urdaneta Lago y Centro Sur Lago, en el estado Zulia. Cabe destacar que para concedérsele tal responsabilidad no se recurrió al mecanismo de la licitación, sino que le fue conferido por considerársele una “alianza estratégica”.

Se estableció un contrato de servicios que permite las operaciones conjuntas en actividades de mantenimiento, suministro y automatización destinados a optimizar la producción petrolera venezolana, la cual ha mermado en más de 1 millón de barriles diarios desde 1999.

Pero el área de acción de Camimpeg-SPS no se limita al Lago de Maracaibo, sino que se extiende al oriente del país, al comprender la prestación de servicios a las empresas mixtas Petrozamora, Petroquiriquire y Petrourdaneta.

Entre los trabajos realizados por la alianza está la instalación de un motocompresor comprado por Halliburton, en la Planta Compulsora Chimire I, situada en la División Ayacucho.

Aunque aseguran contar con los recursos para llevar a cabo las tareas que conllevan los contratos suscritos, se le crítica la falta de experiencia frente a empresas de servicios como la ya citada Halliburton y Schlumberger, a las que les ha tocado sustituir dado que las mismas redujeron al mínimo sus operaciones en el país desde 2016, pues PDVSA no saldaba la enorme deuda que con ellas mantenía.

SPSD, que tiene 440 colaboradores, asegura que recurre a la contratación de personal especializado, de manera de poder ejecutar las obras que le son encomendadas, en caso de no contar con los profesionales adecuados.

— Sí estamos en la capacidad de asumir contratos, de hecho estamos prestando servicio a PDVSA y sus filiales. Decidimos quedarnos a invertir aquí y estamos garantizando un mayor rendimiento de la producción de las áreas operativas de PDVSA. No solo con inversiones de primera línea y alta tecnología, sino además, mantenemos constante presencia en los campos que permitan ajustar la mejor configuración de equipos hechos a la medida, según los requerimientos de cada pozo. Trabajamos de la mano con expertos petroleros de Rusia, Alemania, Colombia y Canadá. Juntos buscaremos las mejores soluciones técnicas y sobretodo con tecnología de punta para aumentar la producción aplicando el conocimiento del trabajador petrolero venezolano que sabe de la realidad de nuestros campos y operaciones —le aseguraron a El Estímulo en el reportaje antes mencionado.

De las dudas también se hace eco la página especializada Oil Price, que el 21 de diciembre de 2016 manifestó que ante la falta de experiencia de Camimpeg-SPS, en el sector se preguntan “si los socios de la empresa mixta tienen el personal o el capital necesarios para realizar el trabajo”. Precisa que el hecho de que las compañías hayan tenido la posibilidad de formar equipos es sorprendente[6].

La petrolera militar

Por resolución del Ejecutivo Nacional publicada en el Gaceta Oficial N° 40.845, el 10 de febrero de 2016 se firmó el decreto presidencial N° 2.231 que creó la Camimpeg C.A., de capital cien por ciento venezolano, una empresa estatal de servicios que, según su página web, está “a la orden del estado venezolano y comprometida” con PDVSA.

“Camimpeg ha sido creada para impulsar, desarrollar, expandir, fortalecer, consolidar, implementar y cooperar en la prestación de los servicios petroleros, de gas y de explotación minera, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 113 único aparte, 236 numerales 2, 5, 11 y 20, y 328 mediante el cual acredita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo Nacional, en concordancia con los artículos 3 y 4 de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”[7].

Según refieren en su página oficial, la Fuerza Armada adquiere entonces nuevas funciones que la distraen de su objetivo principal definido en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que se encargará de “garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley”.

Unos principios que en nada se compaginan con el objeto social que la propia empresa define al proponerse “efectuar todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna; se empleará en el área de rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros, reparación, mantenimiento y administración de taladros de perforación, fabricación, reparación y mantenimiento de las estaciones de flujo, bombeo y plantas compresoras en áreas terrestres o marinas, servicios de reparaciones de bombas; contratación de personal obrero calificado para la industria de minería e hidrocarburos”[8].

Además de prestar servicios de apoyo logístico a las instalaciones; servicios generales a las empresas en todos sus variantes, a través de la importación, exportación, distribución, comercialización, compra y venta de productos químicos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera, tales como desengrasantes, solventes aromáticos, disolventes, surfactantes, inhibidores de corrosión, productos biodegradables para el medio ambiente. Igualmente está facultada para llevar a cabo servicios de transporte a nivel nacional e internacional.

Se ocupará también de la atención de derrames de hidrocarburos, construcciones para desechos de hidrocarburos, transporte y manejo de desechos de perforación; del “mantenimiento, protección, funcionamiento, y descontaminación del medio ambiente”; la ejecución de obras civiles, eléctricas y mecánicas; mantenimiento y limpieza en general de áreas industriales y urbanas; entre otra cantidad de funciones que la convierten en una compañía con similares objetivos y funciones que Petróleos de Venezuela, S.A. pero circunscrita y manejada con la discrecionalidad y secreto que caracteriza a la institución armada.

En total, se trata de más de 25 competencias de la más variada índole, que convierten a Camimpeg en una gran corporación en manos de militares, lo que viene a ser una decisión sin precedentes e irregular, tal como precisa el diario La Razón en nota sin fecha aparecida en su página web[9].

Desde su constitución como empresa militar para manejar las operaciones petroleras, se levantaron severas críticas desde todos ámbitos de la vida nacional, pues aparte de significar un reconocimiento por parte del propio gobierno del fracaso y estado de postración en el que se encuentra PDVSA, también amplía las atribuciones y funciones de la FAN al dejar en manos militares la solución de un problema que debería ser tratado únicamente en el orden económico.

La pretensión de aplicar correctivos por vía militar suponía, a criterio de los entendidos, un nuevo fracaso por la incompatibilidad de amabas áreas —militar y petrolera— que sólo deja ver la intención de imponer los criterios ideológicos y el sesgo que imperan en el ámbito castrense desde la asunción del chavismo al poder.

Pese a las objeciones y observaciones, la administración de Nicolás Maduro ha insistido en que Camimpeg sea una “empresa petrolera militar”, pues asegura que la misma sólo se limita al ámbito de prestadora de servicios a la principal empresa estatal del país.

Pero para la presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la creación de Camimpeg solamente demuestra que “los militares están exigiendo cada vez más espacios”[10], como reseña RunRun.es en publicación del 6 de junio de 2016. A todas luces, una decisión que solamente es un premio a la “lealtad” — más bien sujeción— a los intereses personalistas, de poder y de control absoluto de la sociedad que persigue el gobierno de Nicolás Maduro en todas las áreas de la vida nacional.

También al diario El Impulso, San Miguel le aseguró el 27 de marzo de 2016, que esto es “absolutamente incompatible con las funciones previstas en la Ley Orgánica de la FAN” y con las funciones de “policía ambiental que tiene atribuidas por las leyes de Ambiente y la Penal del Ambiente y, en general, con las funciones que tiene atribuidas la de Guardería Ambiental”[11].

La directiva de Camimpeg

De hecho, esta empresa adquiere tal poder, que le otorga al ministro de la Defensa la potestad de nombrar a discreción la directiva de la empresa, cuyos ejecutivos le rinden cuentas únicamente a él, poniéndola en posición paralela a PDVSA, cuyo titular es nombrado por el presidente de la república.

En un principio la presidencia de la empresa quedó en manos del Mayor General, Alexander Cornelio Hernández Quintana, mientras que como Director Principal, fue designado el Mayor General, Antonio José Benavides Torres. Los acompañarían como directores el Mayor General, Pedro Miguel Castro Rodríguez, el General de División, Darío José Barboza Gómez y la Vicealmirante, Maribel del Carmen Parra de Mestre.

El portal Guisos Rojos en publicación del 26 de mayo de 2017, cataloga de corruptos a quienes encabezan esta directiva, como apuntamos, Hernández Quintana y Benavidez Torres, quienes con su designación se ubican por encima de PDVSA.

El Mayor General, Alexander Cornelio Hernández Quintana, fue nombrado en julio de 2015, viceministro de Planificación del Ministerio de la Defensa. Antes de esto, en 2012, fue objeto de una acción de amparo en su contra por presuntamente avalar el desalojo forzoso de varios oficiales de la FAN de unas viviendas que les habían sido asignadas por la institución militar, pero el juzgado tercero de primera instancia civil declaró inadmisible el recurso, refiere el portal Poderopedia[12].

Entretanto, el general Antonio José Benavides Torres, forma parte de los funcionarios sancionados por el gobierno de los Estados Unidos en marzo del año 2015, al ser señalado como uno de los principales represores de las protestas de 2014 y por estar involucrado en la denominada masacre de Tumeremo. Su record en contra de los derechos humanos se habría completado durante las protestas opositoras que tuvieron lugar este año 2017, cuando murió más de una centena de venezolanos y cientos de personas resultaron arrestadas en condición de presos políticos, puede verse en Poderopedia[13].

Según Guisos Rojos, tanto Hernández Quintana como Benavides Torres, han obtenido beneficios personales producto de los contratos suscritos por la alianza de Camimpeg-SPS, con sede en el edificio Banaven, conocido como el “Cubo Negro” en Caracas[14].

Ampliación del poder militar

La nota reseñada líneas más arriba en La Razón, cita a Roland Denis, exviceministro de Planificación de Hugo Chávez, quien recordó que desde los tiempos del general Raúl Baduel, el sector militar aspiraba a “meterle mano a PDVSA”, pero el finado expresidente, Hugo Chávez, “por razones que nunca explicó, no le quiso dar PDVSA a los militares, prefirió guardarla dentro de un cuadro civil por los propios equilibrios de poder que él mismo manejó y creo que en este caso fue acertado, aunque los personajes civiles que metió en PDVSA no lo fueron”, advertencia que hizo en clara referencia a Rafael Ramírez.

— Un presidente mucho más débil que Chávez, evidentemente, le permite a los militares abrazar muchos más espacios, no solo en el mando directo sobre diferentes instituciones, sino también estableciendo una estrategia corporativa —agrega Denis.

Y remata que se trataría entonces de un “clarísimo juego de correlaciones de fuerza dentro del Estado”, en el que Nicolás Maduro ha cedido espacios a los militares por el obvio interés de mantenerlos apegados a él aunque esta sea una “obediencia negociada”.

Vale destacar un cambio que el presidente de la república, Nicolás Maduro, instrumentó en la directiva de PDVSA en enero de 2017, una restructuración cuyo objetivo, como dijo, era ir "saneando de corrupción en todos los ámbitos que se han podrido en PDVSA", al tiempo que agregó que "(...) hay que ir a sanear profundamente la corrupción incubada allí”[15], refiere el portal La Izquierda Diario el 1° de febrero de 2017.

Y aunque en la presidencia de PDVSA se mantenía —hasta ese momento— a Eulogio Del Pino, se cambiaron a los titulares de las vicepresidencias de las áreas de Exploración, Refinación, Comercio y Finanzas, al tiempo que se amplió la junta directiva con una nueva Vicepresidencia ejecutiva de la que se encargó a la vicealmirante, Maribel Parra, quien como señalamos anteriormente, integra la directiva Camimpeg, destacó La Izquierda Diario en una publicación aparecida el 1° de febrero de 2017.

La incorporación de Maribel Parra sólo venía entonces a corroborar el carácter militarista que la gestión de Nicolás Maduro le ha querido inyectar a su gobierno, amén de que el propio sector castrense ha venido exigiendo cada vez más espacios, ya no limitados al ámbito político, sino extendidos ahora también a lo económico. Vale destacar la decisión del Ejecutivo nacional de eliminar la fiscalización y control que tienen los hombres de armas en sus administraciones, todo a cambio de la fidelidad que hasta ahora le ha mostrado el alto estamento militar.

Autocontrol militar

Otra reseña de Izquierda Diario alertó el 31 de enero de 2017 de la eliminación de controles sobre las empresas militares.

De hecho, la sentencia N° 1.421 del Tribunal Supremo de Justicia emitida el 15 diciembre de 2016, le otorgó a las Fuerzas Armadas la posibilidad de autocontrolarse al quitarle a la Contraloría General de la República la facultad de fiscalización sobre las empresas que manejan los militares[16].

Así la caja negra militar amplía sus espacios con esta decisión que delega únicamente en la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la potestad de fiscalizar las empresas militares, tal es el caso de Camimpeg. El control civil se hizo más estrecho con esta decisión.

Los contratos

El 3 de enero de 2017 se anunció el inicio de las operaciones de alianza establecida entre Camimpeg, Southern Procurement Services (SPS) y PDVSA, en el Campo Urdaneta Lago y su muelle Alí Primera, ubicados al sur y sureste de Maracaibo, asignado por la estatal petrolera al referido convenio cívico-militar, el cual se encargaría de la rehabilitación, acondicionamiento, resguardo y operatividad de las instalaciones, según informó Venezolana de Televisión en la fecha antes citada[17].

SPS, de acuerdo lo reza en su página web, Southern Procurement Services, S.A., es una empresa que tiene por objetivo “satisfacer los requerimientos de sus clientes en las áreas de ingeniería, construcción y suministros de materiales y Equipos (…) Actualmente representa importante empresas del área de fabricación de equipos de alta tecnología para clientes de la industria petrolera, minera, metalúrgica, además de proveer servicios en el área de ingeniería, construcción y mantenimiento industrial”[18].

El canal de televisión oficial informó que la alianza entre Camimpeg, SPS y PDVSA, la cual catalogó de estratégica, comprende una agenda de trabajo conformada por cuatro fases. Las dos primeras se encargarían conjuntamente de apalancar tecnología de punta, suministros de equipos, inversión en el campo, tendidos de tuberías y todos los servicios requeridos para aumentar la capacidad instalada, todo a través del financiamiento internacional.

“Hemos trabajado en conjunto con PDVSA por varios años, esta experiencia y relación de confianza construida a través del trabajo realizado en equipo, dando paso a la alianza que se firmó el 25 de julio del año pasado (2016), que suscribimos una alianza estratégica. Sumándose a este gran reto a partir del 7 de octubre la estatal petrolera venezolana, con la firma de una alianza macro, en la que Camimpeg, SPS y PDVSA se enlazan para formar un gran bloque, dirigido a impulsar, desarrollar y posicionar los recursos y reservas petroleras de la Nación, en el mercado internacional”, le explicó SPS a El Estímulo en la respuesta que le dio a una de las preguntas que le remitió en un cuestionario.

Entretanto, para los servicios se suscribiría un contrato aparte del de operaciones, esto con el fin de aumentar la capacidad y garantizar de este modo los recursos y que estos sean reinvertidos de eficientemente, dijo Manuel Chinchilla, presidente de SPS.

De acuerdo a información divulgada por El Universal el 24 de marzo de 2017, se firmaron los memorandos de entendimiento entre el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el para entonces presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, para que la PDVSA y las Fuerzas Armadas aúnen esfuerzos en procura de soluciones integrales al sector petrolero.

El titular de la cartera castrense precisó que los efectivos militares que se incorporen a la estatal petrolera brindarán apoyo a PDVSA en materia de seguridad y defensa. Igualmente, la explicó que la alianza incluye un acuerdo con Camimpeg destinado a elevar los niveles de producción en el Campo Urdaneta del estado Zulia[19].

Entretanto, el 5 de mayo de 2017, se suscribió un contrato de servicios que tenía por objeto el incremento de la producción de hidrocarburos entre PDVSA y la alianza Camimpeg-SPS, reseña Petróleos de Venezuela en una nota de prensa publicada en la fecha citada.

Este contrato perseguía aumentar la producción petrolera en el Lago de Maracaibo en más de 30 mil barriles por día, con una inversión de 400 millones de dólares. La firma del citado contrato tuvo lugar en el Muelle Alí Primera, municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia[20].

“En el Campo Urdaneta hay más de 500 millones de barriles a desarrollar y vamos a llevarlo a su máxima producción”, dijo Eulogio Del Pino en esa oportunidad.

EE. UU. pone la lupa

La alianza Camimpeg-SPS no sería objeto de observación por parte de los entes y agentes nacionales sino también los internacionales, toda vez que el convenio suscrito entre Southern Procurement Services Ltd con Petróleos de Venezuela S.A. y la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, estaría bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos por presuntas irregularidades, refiere Noticias Candela en nota del 6 de marzo de 2017[21] ya reseñada en este reportaje.

Extraoficialmente se conoció que el gobierno de Estados Unidos mira con especial atención al sancionado e incluido en la lista de la OFAC, comandante General de la Guardia Nacional, general Antonio Benavides Torres, así como sus vínculos con otros militares, civiles y empresas. Aunque no hace mención a cuáles son, la página refiere que la alianza de Camimpeg-SPS es señalada por casos de corrupción.