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miércoles, 6 de junio de 2018

Así engordaron sus cuentas altos chavistas con Odebrecht

Investigaciones de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Houston pusieron al descubierto un esquema de presunta corrupción vinculada al conglomerado brasileño Odebrecht, mediante contratos cuyos montos originales fueron inflados en convenios secretos con la aprobación y firma de Diosdado Cabello y otros altos líderes revolucionarios.

Casto Ocando | @cocando
Maibort Petit | @maibortpetit

Una serie de contratos complementarios suscritos entre el gobierno de Venezuela y la Constructora Norberto Odebrecht, de Brasil, cuyos detalles se mantuvieron secretos hasta ahora, fueron utilizados para incrementar en centenares de millones de dólares los costos  de las obras, dinero que habría sido desviado para el presunto pago de altas comisiones a funcionarios del gobierno venezolano.
De acuerdo a documentos de las contrataciones, actualmente bajo investigación de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Estados Unidos y vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht, el precio original estimado para las obras contratadas por el gobierno venezolano se infló a través de una serie de “documentos complementarios” firmados en fechas posteriores a la firma del contrato original, con cifras muy por encima de los costos reales.

Las indagaciones, coordinadas en Venezuela por el fiscal Pedro Lupera en el marco de la llamada Operación Lavajato, fueron incluidas en las investigaciones contra la corrupción del gigante brasileño por la fiscalía en Brasilia, y retomadas por la fiscalía de Houston, que también participó en la investigación internacional contra Odebrecht.

En uno de los casos más notables firmado por el Ministerio de Infraestructura y Finanzas de Venezuela, Odebrecht cotizó un precio inicial de USD 991.6 millones cuando ganó la licitación en 2006 para construir el tercer puente sobre el río Orinoco. Para 2014, el costo de la obra ya era el triple del precio original.
Los excesivos incrementos de los contratos se hicieron mediante una estrategia de añadir una serie de adenda, denominados “documentos complementarios”, presentados por Odebrecht de manera secreta, y aprobados por altos funcionarios en Venezuela.

En el caso del proyecto conocido como “Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco”, la corporación brasileña presentó cinco “documentos complementarios”, mediante los cuales los costos se incrementaron en más del doble en un período de 9 años. Pese a los incrementos, sin embargo, la obra no fue culminada.

El contrato original con fecha del 7 de junio de 2006, firmado por Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas, y por Ramón Carrizalez, ministro de Infraestructura, tuvo como contraparte por Odebrecht al gerente Euzenando Prazerez Azevedo, el jefe del conglomerado brasileño que terminó como testigo protegido de la Fiscalía de Brasil, y que reveló la extensa corrupción de sus operaciones en territorio venezolano, incluyendo una “donación” no declarada de USD 35 millones para Nicolás Maduro, supuestamente para financiar la campaña presidencial de 2014.

Dos de los documentos complementarios de este contrato fueron firmados por Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Viviendas, por un valor de USD 4.000 millones adicionales al contrato original de USD 991 millones.

El resto de los tres documentos complementarios fueron firmados por Rafael Isea (ministro de Finanzas), por USD 1.47 millardos; Juan García Toussaint (ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas), por USD 3.2 millardos; y por José Luis Bernardo Hurtado (también ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas), por USD 1.9 millardos.

En los documentos también aparecen firmando Jorge Giordani (ministro de Planificación y Finanzas); Alí Rodríguez Araque (ministro de Economía y Finanzas); Rafael Isea (ministro de Finanzas); e Isidro Ubaldo  Rondón (ministro Encargado de Infraestructura).

“Parte del dinero de los llamados documentos complementarios o adenda, que no eran más que mecanismos para ponerle sobreprecio a las obras, fueron desviados para pagos de comisiones de altos funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello”, dijo uno de los funcionarios venezolanos que participó en las investigaciones en Brasil y Estados Unidos.

La fuente dijo que la investigación está basada en el testimonio de Euzenando Prazerez Azevedo, que firmó no sólo el contrato original en 2006, sino todos los cinco documentos complementarios que triplicaron el precio de la obra.

Precios inflados

En la negociación inicial para la ejecución del “Proyecto de Ingeniería Básica” y construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco conformado por el puente ferroviario carretero entre Caicara, estado Bolívar, y Cabruta, estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, enlaces de conexión con la vialidad de las dos citadas ciudades y la carretera Cazorla-Cabruta en el estado Guárico, el contrato pasó de tener un precio inicial de Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15 sin incluir lo concerniente al IVA a Bs. 6.035.421.447,71 en su componente en moneda nacional y a USD 1.921.175.345 en el componente en moneda extranjera para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78 a tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar.

El modus operandi consistía en presentar una oferta inicial con un precio moderado en el proceso de licitación y luego de ser aprobado y suscrito el contrato, iba incrementándose el monto a través de la firma de adenda o acuerdos complementarios.

El contrato original

En fecha 7 de junio de 2006, la República Bolivariana de Venezuela por órgano de los ministerios de Infraestructura y Finanzas, representados por Ramón Alonzo Carrizales Rengifo y Nelson Merentes, respectivamente, por una parte, y Constructora Norberto Odebrecht, empresa brasileña con sucursal en Venezuela por la otra, a su vez representada por Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, ambos domiciliados en Caracas, suscribieron un contrato para llevar a cabo el “Proyecto de Ingeniería Básica, así como lo concerniente a la ingeniería de detalle y construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco, integrado por el puente ferroviario carretero entre las ciudades de Caicara, estado Bolívar, y Cabruta, estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, sus enlaces de conexión con la  vialidad de las poblaciones de Caicara y Cabruta y la carretera Cazorla-Cabruta en el estado Guárico”, de acuerdo a lo que establece la cláusula segunda del referido contrato.

En ese mismo aparte, la contratista se obligó a ejecutar para Venezuela, “por su exclusiva cuenta, y sin ningún costo para esta última, el referido proyecto cuyo monto alcanza los USD 5.588.000, teniendo lo anterior como el aporte necesario para el acuerdo con lo que se desprende del contenido del Convenio Básico de Cooperación Técnica” entre ambos países (Venezuela y Brasil).

Venezuela, de acuerdo a lo previsto en esa misma cláusula, pagaría a la contratista lo concerniente a la ingeniería de detalle y la construcción del referido sistema vial.

Las dos naciones establecieron el 20 de febrero de 1973 dicho convenio, el cual permitía a los dos gobiernos en las áreas que les permitieran sus legislaciones, hacer acuerdos complementarios, siendo que el primero se llevó a cabo el 4 de julio de 1995 para la recuperación de la región amazónica y orinoquense. Brasil aceptó el 6 de mayo de 2006 la propuesta venezolana de modificar dicho Acuerdo Complementario para proceder a la construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco.

Basados en el supuesto de que la Constructora Odebrecht ejecutaba para el momento las obras correspondientes al Sistema Vial Puente Mixto sobre el Río Orinoco, Venezuela estimó la conveniencia de que la experiencia, equipos y capacidad de la empresa que estaba establecida en el territorio del estado Bolívar, asumiera las nuevas obras.

Los trabajos a realizar

Se estableció que entre los alcances de los trabajos estaban los estudios de transporte, topográficos, batimétricos, geofísicos, hidráulicos, la ingeniería básica y de detalle requeridos para el puente ferroviario carretero y sus accesos estructurales, los enlaces viales con las poblaciones de Cabruta y Calzara y la carretera Cazorla-Cabruta.

Igualmente los trabajos de soporte, desvío provisional o reubicación definitiva de servicios públicos, la ingeniería de detalle, las obras relativas al desvío del tránsito vehicular y fluvial, la restauración de superficie de los servicios afectados, la construcción del puente ferroviario carretero entre Caicara y Cabruta, la construcción de los enlaces viales y de la carretera Cazorla.

Modalidad, vigencia y pecio del contrato

La modalidad del contrato eran los precios unitarios y la vigencia del mismo era de 48 meses contados a partir de la firma del acta de inicio luego de que Odebrecht recibiera el anticipo.

El monto de la obra era de Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15 sin incluir lo concerniente al IVA, los cuales serían cancelados de acuerdo a los mecanismos financieros y tiempos acordados por los ministerios de Finanzas e Infraestructura. Estos mecanismos a su vez debían a ser aprobados por el presidente de la república.


El cronograma de pagos estipulado fue: 1) El 15 por ciento de precio en calidad de anticipo; 2) el saldo del precio de la obra se pagaría contra la prestación de valuaciones efectuadas por el ingeniero inspector. Del monto bruto de cada valuación se deducirían los porcentajes correspondientes a la amortización del anticipo y a las retenciones previstas como garantía. Igualmente se deducirían las penalidades si estas existieran.

Se estableció un lapso de garantía una vez terminada la obra, de doce meses, a partir de la firma del acta de aceptación provisional de los trabajos. Una vez vencido ese lapso se suscribiría un acta de recepción definitiva dentro de los 30 días siguientes.

Variación del presupuesto

El contrato preveía que el presupuesto de la obra podía modificaciones como consecuencia de: a) variaciones en las cantidades de obra; b)  variaciones en la cota de referencia de las fundaciones según el proyecto básico; c) variaciones por aumentos salariales.

Respecto a las obras de vialidad el 25,05 por ciento de las partidas estaba transformado en dólares estadunidenses calculados a la tasa de cambio para la fecha de Bs. 2.150 por dólar que sumaban USD 31.417.013,55 y serían facturados en esa misma moneda.

El 74,95 por ciento del presupuesto de las obras de vialidad presentaban para época (diciembre de 2005) un monto estimado de Bs. 201.743.126.080,20, que serían facturados en bolívares.

En las obras de puente el 68,70 por ciento estaba transformado en dólares a la tasa de cambio de Bs. 2.150 por dólar que constituía la cantidad de USD 563.271.334,57 que debían facturarse de esa manera.

El 31,30 por ciento de las partidas de obra de puente representaban un monto estimado de Bs. 551.784.054.620,21 que serían facturados en bolívares.

Primer Addendum

El 30 de abril de 2008 el ministro encargado del Poder Popular para la Infraestructura, Isidro Ubaldo Rondón Torres, y el ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Eduardo Isea Romero, en representación de Venezuela, así como Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro en representación de Constructora Odebrecht S.A. firmaron un Addendum como Documento Complementario N° 1 del contrato suscrito el 7 de junio de 2006 en razón de que el monto acordado inicialmente correspondía a una ingeniería básica conceptual desarrollada entre 2004 y 2005 bajo informaciones de carácter provisional y cómputos métricos estimados; de que estudios posteriores más detallados y específicos proyectaron un aumento significativo respecto a la demanda en la utilización del sistema vial; de que la Fundación ProPatria notificó a la contratista alterar el proyecto original de la obra para añadir dos nuevos canales carreteros en el piso superior del puente; y de que el límite de contratación del 30 por ciento del precio de la obra fue modificado el 4 de diciembre de 2007, el valor de los trabajos se elevó a Bs. 2.770.815.678.835,55 equivalentes a USD 1.288.751.478,53 sin incluir el IVA.
El Documento Complementario N° 1 estableció un precio actualizado de la obra con un complementario de Bs. 399.659.910,86 equivalentes a USD 185.888.330,63 sin IVA que totalizan el monto del documento principal en Bs. 3.170.475.589,69 equivalentes a USD 1.474.639.809,16 sin IVA.
Este Addendum extendió la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2011.

Se previó un anticipo complementario de 15 por ciento del monto complementario de Bs. 59.948.986,63.

Segundo Addendum

El 4 de junio de 2009, la República Bolivariana de Venezuela representada por los ministros de Infraestructura, Diosdado Cabello Rondón, y de Economía Finanzas, Alí Rodríguez Araque, firmaron con Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., un segundo Addendum o Documento Complementario N° 2 que incrementó el precio básico de la obra en Bs. 1.008.463.382,86 equivalentes a USD 469.052.736,21 más IVA. De este modo, el nuevo Addendum elevó el precio de la obra a Bs. 4.178.938.970,91 equivalentes a USD 1.943.692.544,61 más IVA.
El anticipo complementario fue de 15 por ciento igual Bs. 151.269.507,43

Tercer Addendum

El 15 de junio de 2010, Diosdado Cabello Rondón, ministro del Poder Popular para la Infraestructura y Jorge Giordani, ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, en representación de Venezuela, por una parte y, por la otra, Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., suscribieron el tercer Addendum o Documento Complementario N° 3.
El precio de este Addendum estableció en el componente nacional un aumento del Bs. 2.406.686.910,26, mientras que el componente en moneda extranjera fue de USD 483.343.043,82 equivalentes a Bs. 1.256.691.913,93 que en conjunto a la tasa de cambio vigente para la fecha de Bs. 2,6 por dólar, sumaban USD 1.408.991.855,46 más IVA.
Con la firma del Documento Complementario N° 3 el precio de la obra queda integrado por un componente en moneda nacional igual Bs. 4.136.293.293,01 y otro en moneda extranjera que alcanzaba los USD 1.622.567.503,44 que en conjunto a la tasa de cambio de Bs. 2.6 por dólar totalizaban USD 2.584.496.176,23 más IVA.

Se extendió la vigencia del contrato hasta el 23 julio de 2013.

Cuarto Addendum

En fecha 27 de septiembre de 2012, Juan de Jesús García Toussaintt en representación del gobierno venezolano y Euzenando Prazeres de Azevedo y Estevão Timponi França, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., suscribieron el cuarto Addendum o Documento Complementario N° 4.
El precio del contrato se elevó en su componente nacional Bs. 1.685.274.078,34 y en moneda extranjera alcanzó la suma de USD 262.547.553,93 equivalentes a Bs. 1.128.954.481,90. El precio global de obra era entonces Bs. 2.814.228.560,24 que a tasa de 4,3 por dólar totalizaba USD 654.471.758,19 más IVA.
Con este nuevo Addendum el precio de la obra se estableció en su componente nacional en Bs. 5.821.567.371,35 y el componente en moneda extranjera se ubicó en USD 1.885.115.057,37 que a una tasa de cambio de Bs. 4,3 por dólar es igual a USD 3.238.967.934,91.
Quinto Addendum

Aun habría de firmarse un nuevo Addendum, cuando el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, José Luis Bernardo Hurtado, en representación del gobierno de Venezuela y por Constructora Odebrecht S.A., José Claudio de Cerqueira Daltro y Estevão Timponi França, estamparon la firma al Documento Complementario N° 5, lo cual ocurrió el 7 de septiembre de 2015.

Con este Addendum el precio de la obra quedó integrado por un componente en moneda nacional de Bs. 6.035.421.447,71 y el componente en moneda extranjera de USD 1.921.175.345,15 para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78 a tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar.
En este cuadro pueden observarse las cifras del contrato original y los cambios que sufrió en los montos presupuestados, así como también los funcionarios del chavismo responsables de las firmas de dichas contrataciones.

jueves, 9 de noviembre de 2017

Alianza Camimpeg-SPS confirma la incapacidad de los militares en materia petrolera

En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro creó  la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y Gas, que le otorga facultades en materia de hidrocarburos al sector castrense, una decisión que a los ojos de sectores críticos sólo responde al interés de otorgar más cuotas de poder al estamento militar. Una alianza con la empresa SPS cuestionada por su inexperiencia en el área, revela la  incapacidad de los militares en los asuntos de la industria petrolera pues, llejos de solucionar el problema, evidencia que se trata de una jugada que parece tener detrás intereses muy distantes del objetivo de aumentar la producción petrolera que se dicen perseguir.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La falta de experticia y experiencia en al área de los hidrocarburos de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y Gas (Camimpeg), quedó de manifiesto con la suscripción de un acuerdo con la  firma de ingeniería Southern Procurement Services (SPS) para poder operar el campo Urdaneta en lago de Maracaibo, que inicialmente se había asignado a una empresa mixta que se creó entre Petróleos de Venezuela y la brasileña Odebrecht, con lo que se comprueba la incapacidad de los militares en materia petrolera.  
Pero una acción que pudiera catalogarse como atinada al obviar a una empresa tan cuestionada como la constructora brasileña, deja de verse con optimismo cuando empiezan a conocerse las diversas objeciones surgidas a la luz de la empresa seleccionada para sustituirla.

Al hecho bastante cuestionable de adjudicar a los militares la potestad de ejercer la actividad petrolera, se suma el mal tino —a criterio de unos cuantos observadores— a la hora de escoger los socios para realizar las operaciones.

Es el caso de Southern Procurement Services Ltd, una empresa registrada en el Reino Unido por sus socios venezolanos tan solo en 2011 y que, para no pocos, es simplemente una compañía desconocida entre el sector petrolero del país, una circunstancia que al parecer no tuvo ningún peso al momento de adjudicarle junto a Camimpeg, un contrato para reactivar 1 mil 500 pozos petroleros, tanto en el Lago de Maracaibo como en la Faja Petrolífera del Orinoco. SPS también fue registrada en las islas Marshall[1] y en Belice, informó El Estímulo [2] en un amplio reportaje aparecido el 13 de febrero de 2017.

Como CEO de SPS aparece Manuel Chinchilla, y junto a él figuran en la directiva de la empresa, Anabeida Ocampo Ruíz y Esmeralda del Carmen Da Silva Izquierdo. En la red Linkedin, Chinchilla se presenta como ingeniero egresado de la Universidad Santa María, experto en el sector petrolero, petroquímico, siderúrgico y minero[3].

Chinchilla igualmente figura como propietario de la empresa especializada en construcción Inversiones 1098, S.A.[4], que es una compañía habilitada para contratar con el estado venezolano. Noticias Candela refiere en nota publicada el 6 de marzo de 2017[5], que esta empresa atiende los requerimientos de sus clientes en las áreas de ingeniería, construcción y suministros de materiales y equipos. Se dan a conocer como una importante empresa del área de fabricación de equipos de alta tecnología para clientes de la industria petrolera, minera, metalúrgica, así como de proveer servicios en el área de ingeniería, construcción y mantenimiento industrial.

A Campimpeg-SPS, la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., le asignó en comodato los muelles Alí Primera y Pedro Lucas Urribarrí, con sede en Campo Urdaneta Lago y Centro Sur Lago, en el estado Zulia. Cabe destacar que para concedérsele tal responsabilidad no se recurrió al mecanismo de la licitación, sino que le fue conferido por considerársele una “alianza estratégica”.

Se estableció un contrato de servicios que permite las operaciones conjuntas en actividades de mantenimiento, suministro y automatización destinados a optimizar la producción petrolera venezolana, la cual ha mermado en más de 1 millón de barriles diarios desde 1999.

Pero el área de acción de Camimpeg-SPS no se limita al Lago de Maracaibo, sino que se extiende al oriente del país, al comprender la prestación de servicios a las empresas mixtas Petrozamora, Petroquiriquire y Petrourdaneta.

Entre los trabajos realizados por la alianza está la instalación de un motocompresor comprado por Halliburton, en la Planta Compulsora Chimire I, situada en la División Ayacucho.

Aunque aseguran contar con los recursos para llevar a cabo las tareas que conllevan los contratos suscritos, se le crítica la falta de experiencia frente a empresas de servicios como la ya citada Halliburton y Schlumberger, a las que les ha tocado sustituir dado que las mismas redujeron al mínimo sus operaciones en el país desde 2016, pues PDVSA no saldaba la enorme deuda que con ellas mantenía.

SPSD, que tiene 440 colaboradores, asegura que recurre a la contratación de personal especializado, de manera de poder ejecutar las obras que le son encomendadas, en caso de no contar con los profesionales adecuados.

— Sí estamos en la capacidad de asumir contratos, de hecho estamos prestando servicio a PDVSA y sus filiales. Decidimos quedarnos a invertir aquí y estamos garantizando un mayor rendimiento de la producción de las áreas operativas de PDVSA. No solo con inversiones de primera línea y alta tecnología, sino además, mantenemos constante presencia en los campos que permitan ajustar la mejor configuración de equipos hechos a la medida, según los requerimientos de cada pozo. Trabajamos de la mano con expertos petroleros de Rusia, Alemania, Colombia y Canadá. Juntos buscaremos las mejores soluciones técnicas y sobretodo con tecnología de punta para aumentar la producción aplicando el conocimiento del trabajador petrolero venezolano que sabe de la realidad de nuestros campos y operaciones —le aseguraron a El Estímulo en el reportaje antes mencionado.

De las dudas también se hace eco la página especializada Oil Price, que el 21 de diciembre de 2016 manifestó que ante la falta de experiencia de Camimpeg-SPS, en el sector se preguntan “si los socios de la empresa mixta tienen el personal o el capital necesarios para realizar el trabajo”. Precisa que el hecho de que las compañías hayan tenido la posibilidad de formar equipos es sorprendente[6].

La petrolera militar

Por resolución del Ejecutivo Nacional publicada en el Gaceta Oficial N° 40.845, el 10 de febrero de 2016 se firmó el decreto presidencial N° 2.231 que creó la Camimpeg C.A., de capital cien por ciento venezolano, una empresa estatal de servicios que, según su página web, está “a la orden del estado venezolano y comprometida” con PDVSA.

“Camimpeg ha sido creada para impulsar, desarrollar, expandir, fortalecer, consolidar, implementar y cooperar en la prestación de los servicios petroleros, de gas y de explotación minera, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 113 único aparte, 236 numerales 2, 5, 11 y 20, y 328 mediante el cual acredita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo Nacional, en concordancia con los artículos 3 y 4 de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”[7].

Según refieren en su página oficial, la Fuerza Armada adquiere entonces nuevas funciones que la distraen de su objetivo principal definido en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que se encargará de “garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley”.

Unos principios que en nada se compaginan con el objeto social que la propia empresa define al proponerse “efectuar todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna; se empleará en el área de rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros, reparación, mantenimiento y administración de taladros de perforación, fabricación, reparación y mantenimiento de las estaciones de flujo, bombeo y plantas compresoras en áreas terrestres o marinas, servicios de reparaciones de bombas; contratación de personal obrero calificado para la industria de minería e hidrocarburos”[8].

Además de prestar servicios de apoyo logístico a las instalaciones; servicios generales a las empresas en todos sus variantes, a través de la importación, exportación, distribución, comercialización, compra y venta de productos químicos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera, tales como desengrasantes, solventes aromáticos, disolventes, surfactantes, inhibidores de corrosión, productos biodegradables para el medio ambiente. Igualmente está facultada para llevar a cabo servicios de transporte a nivel nacional e internacional.

Se ocupará también de la atención de derrames de hidrocarburos, construcciones para desechos de hidrocarburos, transporte y manejo de desechos de perforación; del “mantenimiento, protección, funcionamiento, y descontaminación del medio ambiente”; la ejecución de obras civiles, eléctricas y mecánicas; mantenimiento y limpieza en general de áreas industriales y urbanas; entre otra cantidad de funciones que la convierten en una compañía con similares objetivos y funciones que Petróleos de Venezuela, S.A. pero circunscrita y manejada con la discrecionalidad y secreto que caracteriza a la institución armada.

En total, se trata de más de 25 competencias de la más variada índole, que convierten a Camimpeg en una gran corporación en manos de militares, lo que viene a ser una decisión sin precedentes e irregular, tal como precisa el diario La Razón en nota sin fecha aparecida en su página web[9].

Desde su constitución como empresa militar para manejar las operaciones petroleras, se levantaron severas críticas desde todos ámbitos de la vida nacional, pues aparte de significar un reconocimiento por parte del propio gobierno del fracaso y estado de postración en el que se encuentra PDVSA, también amplía las atribuciones y funciones de la FAN al dejar en manos militares la solución de un problema que debería ser tratado únicamente en el orden económico.

La pretensión de aplicar correctivos por vía militar suponía, a criterio de los entendidos, un nuevo fracaso por la incompatibilidad de amabas áreas —militar y petrolera— que sólo deja ver la intención de imponer los criterios ideológicos y el sesgo que imperan en el ámbito castrense desde la asunción del chavismo al poder.

Pese a las objeciones y observaciones, la administración de Nicolás Maduro ha insistido en que Camimpeg sea una “empresa petrolera militar”, pues asegura que la misma sólo se limita al ámbito de prestadora de servicios a la principal empresa estatal del país.

Pero para la presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la creación de Camimpeg solamente demuestra que “los militares están exigiendo cada vez más espacios”[10], como reseña RunRun.es en publicación del 6 de junio de 2016. A todas luces, una decisión que solamente es un premio a la “lealtad” — más bien sujeción— a los intereses personalistas, de poder y de control absoluto de la sociedad que persigue el gobierno de Nicolás Maduro en todas las áreas de la vida nacional.

También al diario El Impulso, San Miguel le aseguró el 27 de marzo de 2016, que esto es “absolutamente incompatible con las funciones previstas en la Ley Orgánica de la FAN” y con las funciones de “policía ambiental que tiene atribuidas por las leyes de Ambiente y la Penal del Ambiente y, en general, con las funciones que tiene atribuidas la de Guardería Ambiental”[11].

La directiva de Camimpeg

De hecho, esta empresa adquiere tal poder, que le otorga al ministro de la Defensa la potestad de nombrar a discreción la directiva de la empresa, cuyos ejecutivos le rinden cuentas únicamente a él, poniéndola en posición paralela a PDVSA, cuyo titular es nombrado por el presidente de la república.

En un principio la presidencia de la empresa quedó en manos del Mayor General, Alexander Cornelio Hernández Quintana, mientras que como Director Principal, fue designado el Mayor General, Antonio José Benavides Torres. Los acompañarían como directores el Mayor General, Pedro Miguel Castro Rodríguez, el General de División, Darío José Barboza Gómez y la Vicealmirante, Maribel del Carmen Parra de Mestre.

El portal Guisos Rojos en publicación del 26 de mayo de 2017, cataloga de corruptos a quienes encabezan esta directiva, como apuntamos, Hernández Quintana y Benavidez Torres, quienes con su designación se ubican por encima de PDVSA.

El Mayor General, Alexander Cornelio Hernández Quintana, fue nombrado en julio de 2015, viceministro de Planificación del Ministerio de la Defensa. Antes de esto, en 2012, fue objeto de una acción de amparo en su contra por presuntamente avalar el desalojo forzoso de varios oficiales de la FAN de unas viviendas que les habían sido asignadas por la institución militar, pero el juzgado tercero de primera instancia civil declaró inadmisible el recurso, refiere el portal Poderopedia[12].

Entretanto, el general Antonio José Benavides Torres, forma parte de los funcionarios sancionados por el gobierno de los Estados Unidos en marzo del año 2015, al ser señalado como uno de los principales represores de las protestas de 2014 y por estar involucrado en la denominada masacre de Tumeremo. Su record en contra de los derechos humanos se habría completado durante las protestas opositoras que tuvieron lugar este año 2017, cuando murió más de una centena de venezolanos y cientos de personas resultaron arrestadas en condición de presos políticos, puede verse en Poderopedia[13].

Según Guisos Rojos, tanto Hernández Quintana como Benavides Torres, han obtenido beneficios personales producto de los contratos suscritos por la alianza de Camimpeg-SPS, con sede en el edificio Banaven, conocido como el “Cubo Negro” en Caracas[14].

Ampliación del poder militar

La nota reseñada líneas más arriba en La Razón, cita a Roland Denis, exviceministro de Planificación de Hugo Chávez, quien recordó que desde los tiempos del general Raúl Baduel, el sector militar aspiraba a “meterle mano a PDVSA”, pero el finado expresidente, Hugo Chávez, “por razones que nunca explicó, no le quiso dar PDVSA a los militares, prefirió guardarla dentro de un cuadro civil por los propios equilibrios de poder que él mismo manejó y creo que en este caso fue acertado, aunque los personajes civiles que metió en PDVSA no lo fueron”, advertencia que hizo en clara referencia a Rafael Ramírez.

— Un presidente mucho más débil que Chávez, evidentemente, le permite a los militares abrazar muchos más espacios, no solo en el mando directo sobre diferentes instituciones, sino también estableciendo una estrategia corporativa —agrega Denis.

Y remata que se trataría entonces de un “clarísimo juego de correlaciones de fuerza dentro del Estado”, en el que Nicolás Maduro ha cedido espacios a los militares por el obvio interés de mantenerlos apegados a él aunque esta sea una “obediencia negociada”.

Vale destacar un cambio que el presidente de la república, Nicolás Maduro, instrumentó en la directiva de PDVSA en enero de 2017, una restructuración cuyo objetivo, como dijo, era ir "saneando de corrupción en todos los ámbitos que se han podrido en PDVSA", al tiempo que agregó que "(...) hay que ir a sanear profundamente la corrupción incubada allí”[15], refiere el portal La Izquierda Diario el 1° de febrero de 2017.

Y aunque en la presidencia de PDVSA se mantenía —hasta ese momento— a Eulogio Del Pino, se cambiaron a los titulares de las vicepresidencias de las áreas de Exploración, Refinación, Comercio y Finanzas, al tiempo que se amplió la junta directiva con una nueva Vicepresidencia ejecutiva de la que se encargó a la vicealmirante, Maribel Parra, quien como señalamos anteriormente, integra la directiva Camimpeg, destacó La Izquierda Diario en una publicación aparecida el 1° de febrero de 2017.

La incorporación de Maribel Parra sólo venía entonces a corroborar el carácter militarista que la gestión de Nicolás Maduro le ha querido inyectar a su gobierno, amén de que el propio sector castrense ha venido exigiendo cada vez más espacios, ya no limitados al ámbito político, sino extendidos ahora también a lo económico. Vale destacar la decisión del Ejecutivo nacional de eliminar la fiscalización y control que tienen los hombres de armas en sus administraciones, todo a cambio de la fidelidad que hasta ahora le ha mostrado el alto estamento militar.

Autocontrol militar

Otra reseña de Izquierda Diario alertó el 31 de enero de 2017 de la eliminación de controles sobre las empresas militares.

De hecho, la sentencia N° 1.421 del Tribunal Supremo de Justicia emitida el 15 diciembre de 2016, le otorgó a las Fuerzas Armadas la posibilidad de autocontrolarse al quitarle a la Contraloría General de la República la facultad de fiscalización sobre las empresas que manejan los militares[16].

Así la caja negra militar amplía sus espacios con esta decisión que delega únicamente en la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la potestad de fiscalizar las empresas militares, tal es el caso de Camimpeg. El control civil se hizo más estrecho con esta decisión.

Los contratos

El 3 de enero de 2017 se anunció el inicio de las operaciones de alianza establecida entre Camimpeg, Southern Procurement Services (SPS) y PDVSA, en el Campo Urdaneta Lago y su muelle Alí Primera, ubicados al sur y sureste de Maracaibo, asignado por la estatal petrolera al referido convenio cívico-militar, el cual se encargaría de la rehabilitación, acondicionamiento, resguardo y operatividad de las instalaciones, según informó Venezolana de Televisión en la fecha antes citada[17].

SPS, de acuerdo lo reza en su página web, Southern Procurement Services, S.A., es una empresa que tiene por objetivo “satisfacer los requerimientos de sus clientes en las áreas de ingeniería, construcción y suministros de materiales y Equipos (…) Actualmente representa importante empresas del área de fabricación de equipos de alta tecnología para clientes de la industria petrolera, minera, metalúrgica, además de proveer servicios en el área de ingeniería, construcción y mantenimiento industrial”[18].

El canal de televisión oficial informó que la alianza entre Camimpeg, SPS y PDVSA, la cual catalogó de estratégica, comprende una agenda de trabajo conformada por cuatro fases. Las dos primeras se encargarían conjuntamente de apalancar tecnología de punta, suministros de equipos, inversión en el campo, tendidos de tuberías y todos los servicios requeridos para aumentar la capacidad instalada, todo a través del financiamiento internacional.

“Hemos trabajado en conjunto con PDVSA por varios años, esta experiencia y relación de confianza construida a través del trabajo realizado en equipo, dando paso a la alianza que se firmó el 25 de julio del año pasado (2016), que suscribimos una alianza estratégica. Sumándose a este gran reto a partir del 7 de octubre la estatal petrolera venezolana, con la firma de una alianza macro, en la que Camimpeg, SPS y PDVSA se enlazan para formar un gran bloque, dirigido a impulsar, desarrollar y posicionar los recursos y reservas petroleras de la Nación, en el mercado internacional”, le explicó SPS a El Estímulo en la respuesta que le dio a una de las preguntas que le remitió en un cuestionario.

Entretanto, para los servicios se suscribiría un contrato aparte del de operaciones, esto con el fin de aumentar la capacidad y garantizar de este modo los recursos y que estos sean reinvertidos de eficientemente, dijo Manuel Chinchilla, presidente de SPS.

De acuerdo a información divulgada por El Universal el 24 de marzo de 2017, se firmaron los memorandos de entendimiento entre el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el para entonces presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, para que la PDVSA y las Fuerzas Armadas aúnen esfuerzos en procura de soluciones integrales al sector petrolero.

El titular de la cartera castrense precisó que los efectivos militares que se incorporen a la estatal petrolera brindarán apoyo a PDVSA en materia de seguridad y defensa. Igualmente, la explicó que la alianza incluye un acuerdo con Camimpeg destinado a elevar los niveles de producción en el Campo Urdaneta del estado Zulia[19].

Entretanto, el 5 de mayo de 2017, se suscribió un contrato de servicios que tenía por objeto el incremento de la producción de hidrocarburos entre PDVSA y la alianza Camimpeg-SPS, reseña Petróleos de Venezuela en una nota de prensa publicada en la fecha citada.

Este contrato perseguía aumentar la producción petrolera en el Lago de Maracaibo en más de 30 mil barriles por día, con una inversión de 400 millones de dólares. La firma del citado contrato tuvo lugar en el Muelle Alí Primera, municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia[20].

“En el Campo Urdaneta hay más de 500 millones de barriles a desarrollar y vamos a llevarlo a su máxima producción”, dijo Eulogio Del Pino en esa oportunidad.

EE. UU. pone la lupa

La alianza Camimpeg-SPS no sería objeto de observación por parte de los entes y agentes nacionales sino también los internacionales, toda vez que el convenio suscrito entre Southern Procurement Services Ltd con Petróleos de Venezuela S.A. y la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, estaría bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos por presuntas irregularidades, refiere Noticias Candela en nota del 6 de marzo de 2017[21] ya reseñada en este reportaje.

Extraoficialmente se conoció que el gobierno de Estados Unidos mira con especial atención al sancionado e incluido en la lista de la OFAC, comandante General de la Guardia Nacional, general Antonio Benavides Torres, así como sus vínculos con otros militares, civiles y empresas. Aunque no hace mención a cuáles son, la página refiere que la alianza de Camimpeg-SPS es señalada por casos de corrupción.


martes, 10 de octubre de 2017

Más de 60% en comisiones pagó Odebrecht por Metro de los Teques

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los contratos plagados de irregularidades entregados por funcionarios corruptos del gobierno venezolano a la contratista brasileña Odebrecht en Venezuela siguen generando cuantiosas pérdidas al patrimonio del país. Hasta la fecha, no se ha logrado realizar una auditoría confiable sobre los 32 contratos que a un costo de unos US$20 mil millones de dólares desangran las finanzas públicas. Entre los contratos que mayores pérdidas han ocasionado están los firmados con C.A Metro de Caracas. 
Los funcionarios que han estado al frente de la empresa Metro de Caracas han sido cubiertos por el manto de la impunidad. El único investigado por la antigua Fiscal, Luisa Ortega Díaz es Hayman Eltrudi quien se enriqueció durante su gestión como funcionario público y sus propiedades y cuentas millonarias en Francia y en Suiza sirvieron de marco para abrirle una causa que aún no ha concluido.
Corrupción y sobornos en el Metro de Caracas

El Contrato para la ejecución de las Obra Civiles de Línea 2 del Sistema El Tambor - San Antonio, fue otorgado directamente al Consorcio liderado por Odebrecht en el año 2006, con la venia del entonces presidente de esta institución y actual director del SEBIN, general Gustavo Enrique González López, uno de los hombres más cercanos a Diosdado Cabello, quien para le época de la contratación fungía como Gobernador en el estado Miranda y era parte de la Junta Directiva de CA Metro de Caracas. 

Contrato mil millonarios y sobornos astronómicos
El mencionado contrato fue otorgado por un monto equivalente de US$ 979.424.234,93. González López permaneció en el cargo hasta agosto de 2008 cuando fue removido  debido a los escándalos de las irregularidades que se encontraron en la contratación por  adjudicación directa del contrato para la rehabilitación de la línea 1 Pro Patria – Palo Verde, que realizó un consorcio español formado por CAF, Constructora Hispánica, Cobra y Dimetronic por valor de US$1.850 millones de dólares. Ver detalles aquí.


González López fue sustituido por un sindicalista Claudio Farías, quien que había ocupado varias posiciones en el Metro de Caracas, incluyendo el de operador de estaciones. Este funcionario también fue presidente del Metro de Los Teques y duró en los cargos hasta el 2009. Lea más detalles aquí.


El proyecto de sistema integral (Obras Electromecánicas del Sistema) de la línea 2 del metro Los Teques San Antonio de los Altos, se otorgó en agosto del 2011 a la constructora Odebrecht, como una asignación directa a través de un cambio de alcance al contrato de la línea 2 que venía ejecutando el consorcio liderado por Odebrecht desde el año 2007 por un monto equivalente de US$ 889.999.998,99., monto que representa el 90% de monto del contrato inicial de US$ 979.424.234,93.

La entrega del referido contrato violó todas las normas de contratación vigentes para la fecha, que ordenaba proceder por medio de una licitación internacional, previa la definición en tiempo y forma de las especificaciones técnicas y de los requisitos de los vagones, vías férreas, electrificación, sistemas de control, estaciones y otros, como tradicionalmente se había realizado desde el año 1971, cuando se empezó a ejecutar primera línea de Metro en Venezuela (línea 1 ProPatria –Palo Verde del Metro de Caracas).

Este proceso debió haberse definido previamente al inicio del proyecto en el año 2006, mediante la implementación de un plan de contratación general para todas las obras requeridas por el Proyecto, involucrando en la licitación a empresas especializadas en el área electromecánicas. Sin embargo, no se hizo sino que se usó la vía irregular que nunca fue advertida por los órganos fiscalizadores ni autoridades encargadas de garantizar la transparencia de los procesos de contratación del Estado. Ver en la página 4 del contrato este aspecto.
Una de los aspectos reveladores de las irregularidades y de la complicidad que existió en la asignación de esta contratación es que Odebrecht no poseía -al momento de otorgar dicha asignación-experiencia previa demostrable en este tipo de obras para el sistema integral. La constructora brasileña solo poseía experiencia en el área civil y así estaba definido en el objeto del contrato original que colocamos al final de este reporte. Aquí en la página 8 puede observar este aspecto.
Otro dato importante que debe tomarse en cuenta para la evaluación de esta irregularidad es que a partir del 2006, todas las obras nuevas de construcción del Metro y sus sistemas alimentadores como Metro cables, Metro riel, Metro de Los Teques y Metro Caracas - Guarenas - Guatire, etc, fueron asignadas directamente a la constructora Odebrecht. Los documentos legales prueban que el contrato en análisis, al igual que el paquete de obras de la época fueron entregadas cuando José David Cabello ocupaba la cartera de Ministro de Infraestructura.


Destaca además que el financiamiento de las mencionadas obras no dependió exclusivamente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil(BANDES), involucrado en el caso de corrupción LAVA JATO, sino que también recibieron financiamiento del Estado venezolano a través de Créditos Adicionales del Presupuesto Nacional, Ley de Endeudamiento, y vía FONDEN y Fondo Chino Venezolano, PDVSA, entre otras partidas.


Para ejecutar el contrato de Sistema Integral Línea II Obras civiles El Tambor, Odebrecht subcontrató el sistema integral con el consiguiente sobreprecio a la empresa francesa ALSTOM, quien ha sido una contratista proveedora de esto servicios al Metro de Caracas desde sus inicios en 1983. La excusa presentada para justificar este monumental cambio en el alcance del contrato, era que el contratista estaba movilizado y estaba concluyendo las obras civiles y un plan de aceleración aprobado por Chávez.
En la carta # 0348 SI/11 el 15 de Agosto de 2011 del Metro Los Teques (enviada 7 días después de la firma del Contrato), firmada por Haiman Eltrudi en su carácter de presidente, les fue aprobada la cesión o delegación de los trabajos del sistema integral a las empresas subcontratadas por Odebrecht para el sistema integral (ALSTOM y otras ), lo que evidencia que Odebrecht no poseía la experiencia para este tipo de trabajos.
El alcance del trabajo de la línea 2 de Metro el Tambor -San Antonio, comprende un tramo de 12 km de vías y seis estaciones, con un total de 22 trenes. El contrato acordado tiene un sobreprecio escandaloso según puede apreciarse al comprar ese servicio con otro similar, hecho por la misma empresa, en este caso en la línea 2 del metro de Panamá, cuyo contrato para el sistema integral de 21 kilómetros de vías, 21 trenes y 16 estaciones le fue otorgado a ASLTOM el año de 2015 por el consorcio FFC - Odebrecht por un monto de US$ 300 millones. Ver todos los detalles aquí.

Cuando se revisa la naturaleza del proyecto panameño se observa el alcance de la línea 2 es significativamente mayor en longitud y número de estaciones, pero su costo a pesar de haberse otorgado 3 años después es apenas un 30% de lo que aparece asignado a la línea Los Teques -San Antonio, para el sistema integral (US$ 889.999.998,99).

Tal como se evidencia en la próxima imagen, la C.A Metro firmó de manera irresponsable y dolosa, un cambio de alcance por semejante monto, con solo establecer montos globales que luego serían desglosados en un plazo de 60 días, a partir de la fecha de firma del contrato.
Lo mencionado evidencia una flagrante violación a las normas de contratación y representa un daño patrimonial sin precedentes según los expertos. Así mismo evidencia que fue proceso amañado con sobreprecio, al no licitarlo previamente, ni haberse discutido las bases del precio mediante una consulta, para hacer un otorgamiento directo a Odebrecht.

La mayoría de las obras de Odebrecht están paralizadas

De acuerdo a las investigaciones hechas por la organización Transparencia Venezuela, la mayoría de las obras de Odebrecht en Venezuela, se encuentran paralizadas, pero los contratos todavía siguen vigentes y están generando costos millonarios al estado por estas paralizaciones, por cuanto no se ha formalizado la suspensión de estos, con arreglo de los contratos.


Las deudas de Venezuela con Odebrecht por todos los contratos que
ejecutaron y/o están en ejecución, de acuerdo a informaciones de prensa, están por el orden de US$ 5.000.000.000,00. Esto evidentemente demuestra los daños y perjuicios causados a la nación. Ese daño patrimonial sigue ocurriendo sin que los entres fiscalizadores y contralores del Estado actúen de manera responsable. Ni siquiera la Asamblea Nacional se ha dedicado a investigar este asunto hasta ahora.

Rescindir los contratos 

Los contratos con la constructora Odebrecht pueden ser rescindidos aplicando la cláusula establecida en los mismos para tal fin. La cláusula K aplica a todas las contrataciones que actualmente mantiene Metro de Caracas con Odebrecht que incluyen la Línea V, 
Metro Guarenas-Guatire -Metro-cable, la rehabilitación de la Línea 1, entre otros.

Para la aplicación de la norma debe demostrarse las causales que motivan a la suspensión del contrato, que se encuentran dentro de los numerales A hasta la M, específicamente la letra K, donde se menciona el pago de comisiones o regalías a funcionarios, tal como se confirmó en el acuerdo que firmó Odebrecht con el gobierno de los Estados Unidos, esto se configura en la base para, suspender el contrato y presentar una denuncia del Estado venezolano contra esta empresa, para tratar de resarcir los danos ocasionados al patrimonio nacional y a todos los venezolanos.


La clausula K dice lo siguiente: Por haber comprobado la compañía  que el contratista ha suministrado datos falsos, ofrecido, prometido o pagado comisiones, regalías, obsequios u otros beneficios, a cualquier empleado de la Compañía o de los organismos públicos que puedan tener alguna relación con el contrato.



Transparencia Venezuela: 
obras de Odebrecht están paralizadas



En un informe de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela sobre las obras del Estado,  Recursos Destinados a las mismas y  Plazos de culminación de obras y empresas contratistas se enumeran una serie de irregularidades e inconsistencias que observaron los investigadores en la ejecución de las principales obras de transporte y vialidad pública ejecutada en los últimos años por el gobierno venezolano.


En el informe se señala se hizo una evaluación de las siguientes obras:



  •  Sistema Ferroviario Nacional Centro Occidental Simón   Bolívar
  •  Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora
  •  Sistema Ferroviario Centro Oriental Tramo Tinaco-Anaco
  •  Línea 5 Metro de Caracas
  •  Línea 2 Metro de Valencia
  •  Línea 2 Metro de Los Teques
  •  Rehabilitación Línea 1 Metro de Caracas
  •  Tercer Puente sobre el Río Orinoco
  •  Metro Cable Mariche
  •  Metro Guarenas-Guatire
  •  Línea 2 Metro de Maracaibo
  •  Segundo puente sobre el Lago de Maracaibo


Transparencia Venezuela presentó las variaciones de los recursos asignados a las obras seleccionadas para el estudio desde su fecha de inicio hasta la última rendición de cuenta presentada en la Memoria y Cuenta 2015.



La grafica anterior muestra la diferencia entre los montos originalmente asignados y las distintas modificaciones presupuestarias realizadas por el ejecutivo para la culminación de la obra, se puede observar como en todos los casos existe un incremento significativo en los recursos disponibles para cada uno de los proyectos.

El reporte destaca que una manera de observar cómo se ha gestado una política de planificación errada en el uso de los recursos públicos, es denotar el incremento porcentual de las inversiones requeridas para ejecutar los proyectos mencionados.

El informe hace referencia -entre otros aspectos- a la variación porcentual de los recursos destinados donde se presenta una relación entre los recursos inicialmente destinados para la ejecución de las obras y los montos reportados (2015) sobre el costo total de las obras; los principales casos a destacar son las variaciones observadas en la ejecución de los proyectos, donde se destaca el desarrollado en este trabajo.
Otra información a destacar, es que todas las obras reseñadas presentan incrementos significativos en las inversiones requeridas para su culminación, si se agrega toda la información recopilada, se obtuvo un incremento porcentual de 302% sobre el total de recursos necesarios para ejecutar los distintos proyectos, dice el reporte.

En los últimos años el sobrecojo presentado en las 12 obras estudiadas en el informe representan una pérdida neta de Bs. 222.082.491.665 para la república, recursos que de haber existido una gerencia competente y un manejo financiero adecuado que cumpliese con los plazos originalmente establecido en los distintos proyectos, pudieron ser destinados a atender otra de las necesidades presentes en nuestra sociedad.

Empresas Contratistas

Otro de los elementos destacados en el informe son las empresas contratistas encargadas de la ejecución de las distintas obras, la información disponible en el registro nacional de contratista permitió la consolidación presentada a continuación:

Se resalta en el informe que la empresa brasileña Odebrech cuenta con 5 proyectos del total de los 12 investigados.


El informe de Transparencia Venezuela advierte que las contrataciones producen un daño al patrimonio público por omisión, retardo o negligencia en las actividades previas a la contratación o en la administración del contrato, lo cual es causal de responsabilidad administrativa y funcionarial conforme a lo establecido en el Art. 91 numeral 2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) y a la Ley del Estatuto de la Función Pública.


Asimismo, señala que se presume el incumplimiento reiterado de las metas señaladas en los proyectos de obras, cuya justificación no se desprende de la información pública, lo cual es causal de responsabilidad administrativa conforme al Art. 91 numeral 10 LOCGRSNCF.

Advierte que el incumplimiento de los principios y normas de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), específicamente los relacionados con la economía, planificación transparencia y eficiencia, lo cual es causal de responsabilidad administrativa conforme al Art. 166 numeral 3 de la LCP.

Además señala la existencia de un posible delito de peculado o corrupción propia establecido en la Ley contra la corrupción, en virtud del importante incremento de los precios iniciales y de las investigaciones de corrupción realizadas por las autoridades brasileñas que culminaron con la sentencia a 19 años de presión del presidente de la empresa Odebrecht.