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martes, 19 de enero de 2021

¿Quién es Rafael Reiter, hombre de confianza de Rafael Ramírez? (Parte II)

Por Maibort Petit 

  En esta entrega hacemos referencia a un informe llegado a nuestras manos con los datos de Rafael Reiter, exgerente de la Región Metropolitana del Área Prevención y Control de Pérdidas (PCP) de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), acusado por delitos de lavado de dinero en Estados Unidos y España.

  Rafael Ernesto Reiter Muñoz nació el 19 de noviembre de 1978 en Caracas. Es titular de la Cédula de Identidad V-16.113.756[1].

  Soltero para la fecha de redacción del informe, el exjefe de seguridad de PDVSA es hijo de Carlos Eduardo Reiter Colina y María Muñoz de Reiter.

  Se le conocen dos direcciones, a saber, la primera, en la Calle Arturo Michelena, Edificio Talismán, Piso 1, apartamento Nº 4, Sector Los Naranjos, urbanización Las Mercedes; y la segunda, en la urbanización Los Naranjos, Edificio Los Naranjos Sol, Piso 4, apartamento Nº 4-4, Municipio Baruta. 

   De acuerdo al informe, para la fecha de su redacción, Reiter Muñoz no presentaba antecedentes registrados en el Sistema de Información Policial (SIPOL) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

  Tampoco figuraba como propietario de vehículos o motos en el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre (SETRA).

  En la base de datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) del Ministerio para el Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, figura como:

  Según el registro del Instituto venezolano de los Seguros Sociales, Rafael Reiter, quien en la actualidad se encuentra cesante, ingresó al sistema el 29 de julio de 2005. Su fecha de contingencia será el 29 de noviembre de 2038.

  En la empresa Consultores Grupo RT C.A. se desempeñó hasta el 31 de octubre de 2017.

  Acumula 581 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados equivalentes a Bs. 2.915,53.

  Su registro en el IVSS a la fecha del informe en febrero de 2011, refería que para ese momento era un trabajador activo del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, al que ingresó el 29 de julio de 2007, bajo el número patronal D14187387. Para ese momento acumulaba 288 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados equivalentes a Bs. 49.545,74.

  El informe indica que era empleado activo del Ministerio para el Poder Popular para la Energía y Petróleo, y ocupaba, al parecer, el cargo de Gerente de Prevención y Control de Pérdidas, Región Metropolitana, de Petróleos de Venezuela (PDVSA)

  Refería el informe que Rafael Reiter figuraba como una persona sin riesgos en la base de datos del Sistema de Información Central de Riesgo (SICRI), en el que aparecía registrado sistemáticamente con Riesgo “A” (No registra riesgos para el otorgamiento de créditos o inversión).

  En materia de impuestos, los archivos del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) revisados por la fecha que Rafael Reiter, al 15 de mayo de 2009, no registraba transacciones ni pagos al Fisco Nacional.

 Su número de Registro de Información Fiscal (RIF) es V-161137568.

  No registraba cargas familiares y figuraba como Contribuyente Ordinario.

No tenía obligaciones tributarias cargadas.

  La página del Consejo Nacional electoral (CNE) refiere que Rafael Reiter informa que, en la actualidad, Rafael Reiter sufraga en el Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro, de la parroquia Sucre, Municipio Bolivariano Libertador, Distrito Capital.

  Pero a la fecha de redacción del informe en 2011 (se recogieron datos al 30 de noviembre de 2010), su derecho al voto lo ejercía en la escuela Técnica Popular Don Bosco, parroquia Leoncio Martínez, Municipio Sucre, estado Miranda.

  Sobre su tendencia electoral, el informe refiere que Rafael Reiter no figuró en los registros de los procesos revocatorios de mandatos llevados a cabo en el país para la fecha de su redacción. Tampoco aparecía en las denominadas Lista Tascón y Maisanta.

  Sobre sus movimientos financieros, el informe indica que, para esa fecha, Rafael Reiter mantenía la Tarjeta de Crédito No. 5257-3938-0412-1547, en el Banco de Venezuela con un límite de Bs. 5.000,00 y un Saldo Deudor de Bs. 25,00.

  En Banco Banesco tenía la Cuenta Corriente signada con el Nº 0134-0369-4436-9105-1241, abierta el 7 de marzo de 2004, la cual, a la fecha del informa tenía un saldo de Bs. 4.439,94.

 En el Banco Industrial de Venezuela figuraba con una Cuenta Corriente con un saldo a la fecha de Bs. 371,25.

  En el Banco Mercantil tenía registrada la cuenta signada con el Nº 718901782-8, abierta el 13 de febrero de 2006, con un saldo de Bs. 4.040,80.

[1] Dateas. Reiter Muñoz, Rafael Ernesto. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/reiter-munoz-rafael-ernesto-10524588


 

viernes, 8 de enero de 2021

Prácticas irregulares convierten a PDVSA en la empresa petrolera más peligrosa del mundo, según informe

   La serie de estratagemas a las que ha recurrido el régimen de Nicolás Maduro ponen en riesgo los mercados, la seguridad y a la actividad marítima.

Por Maibort Petit

   Sin ambages, un informe correspondiente al mes de octubre de 2020 el cual describe las acciones y las prácticas irregulares a las que ha recurrido el régimen de Nicolás Maduro y Petróleos de Venezuela S.A. para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos, han convertido a la industria petrolera venezolana en la más peligrosa del mundo.

   Explica el reporte que el régimen de Maduro ha implementado, a través de ejecutivos y aliados de PDVSA que llevan a cabo los manejos, las cuales han alcanzado niveles de irregularidad a los cuales es imprescindible ponerles atención y correctivo.

   En primer término, el informe da cuenta de las negociaciones que los nuevos ejecutivos de PDVSA han entablado con empresas fantasma, de las cuales apenas se les conoce dirección que suele ser falsa o un simple sitio web en construcción.

  Entre estas empresas de fachada hace mención, a Libre Abordo y a Schlager Business Group, las cuales son propiedad de los aliados mexicanos de Nicolás Maduro, siendo ellas el punto de inició de una práctica —cada vez más frecuente— consistente en comerciar con empresas desconocidas.

  Apunta el informe que, en el SAP de PDVSA, casi la totalidad de estas operaciones irregulares con las empresas fantasmas —o todas— figuran sin que los registros de estos cargamentos y ventas, contemplen el nombre del comprador.

    Del mismo modo el informe advierte que tan pronto el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer las irregularidades cometidas por PDVSA a través de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, se procedió a la conformación de nuevas empresas de fachada con la ayuda de diferentes bufetes de abogados.


   Tales compañías de maletín son las que le permiten al régimen de Nicolás Maduro y a PDVSA, para evitar y eludir las sanciones y mantener un perfil bajo en sus operaciones comerciales y de envío.

  Seguidamente, el reporte pasa a hacer mención a otras de estas empresas fantasmas, a saber, Kalinin Business, Xiamen Logistics, Wanneng M Unay, Kazeriyan, Yongtang Fung, Proton, Delta Liability, Retino Maritime, Ztianjin Business Trade, Karaznbas, entre otras.



   Refiere el informe que de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo para los investigadores, muchas de estas empresas registradas en Turquía, Dubai, Rusia y Ucrania, son propiedad del empresario ruso Sergey Basov, lo que ayudaría a demostrar que todas estas compañías están vinculadas y representan un solo grupo de personas.

Los buques

  Por otra parte, el informe hace referencia a la dinámica de transportación marítima implementada por el régimen venezolano y PDVSA, la cual desafía la seguridad y la transparencia.

   Se indica en el reporte que las embarcaciones navegan y mantienen apagados la señal de los transpondedores de ubicación, lo cual se conoce como "viaje oscuro". El transpondedor transmite los detalles únicos de un barco, el origen, el destino y la carga a un satélite. La práctica consiste de en apagar estos aparatos o sistema AIS como también se le conoce, al ir, salir o realizar operaciones en Venezuela, una situación que debe ser revisada. Incluso, apunta el informe, algunas embarcaciones pasan meses sin señal AIS. Estas prácticas van en contra de las políticas de la Organización Marítima Internacional para (OMI).

    Se asegura que las empresas fantasmas se valen de nombres falsos de buques e, incluso, pintan el casco de las embarcaciones para cubrir los nombres, algo que probó una investigación de Reuters. Cita entonces el caso del buque MT Vinland, asignado para cargar en octubre y noviembre de 2020 en la Terminal Jose en Puerto La Cruz bajo fletamento con Ztianjin Business Trade y luego para Karaznbas. Sin embargo, el nombre real de la embarcación es MT Knut, y Vinland, un buque para chatarra que se está en un astillero en Turquía. Hay muchos ejemplos probados como este con muchos otros buques.

  Se afirma que muchos buques que van a Venezuela han sido comprados por personas aliadas del régimen de Nicolás Maduro. Se hace mención al venezolano-iraní, Salar Ataie Bandari, vinculado a la empresa OCM Maritime, quien supuestamente ha comprado embarcaciones como el Antares Shine, MT Almada, entre otros.

   El objetivo, subraya el informe, es presuntamente conformar su propia flota y fortalecer su posición de régimen, sus relaciones con aliados y la actividad de contrabando de narcóticos, armas y oro.

  Finaliza el informe alertando acerca de la necesidad de tomar acciones firmes contra estas dinámicas, pues afectan el comercio de petróleo y gas pues, al navegar sin controles y de manera irregular, los barcos podrían estar siendo utilizados para transportar materiales nocivos o ilegales.

  

miércoles, 28 de octubre de 2020

Hermanos Khalil Majzoub: ¿Empresarios surgidos a la sombra del chavismo? (I Parte)

  Sus grandes fortunas supuestamente son el producto de negociaciones irregulares con instituciones del estado venezolano. Pero ellos niegan la versión y dicen que su dinero viene de negocios limpios.

Por Maibort Petit

    Una investigación del Centro para una Sociedad Segura, dirigido por el experto en Seguridad Global y Contraterrorismo, Joseph Humire, cuyo informe titulado “El nexo Maduro-Hezbollah: Cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano” incluye una investigación sobre Majed Khalil Majzoub cuyos tentáculos en el medio Oriente presuntamente lo podrían convertir en el candidato para suceder a Álex Saab, uno de los operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro que actualmente se encuentra tras las rejas en Cabo Verde, por una acusación de los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y corrupción.

¿Quiénes son los hermanos que han llamado la atención de los investigadores?

    Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub son dos empresarios hermanos de origen libanés señalados de estar presuntamente ligados a organizaciones radicales islámicas.  Ambos habrían amasado enormes fortunas a la sombra de sus relaciones políticas con el alto poder chavista venezolano. Se dice que los dos supuestamente habrían contribuido con el atrincheramiento de grupos terroristas islámicos en la isla de Margarita y, también, que supuestamente han puesto su flota atunera al servicio del narcotráfico. Hasta la fecha, no hay una acusación formal en contra de los dos hombres en ninguna de las cortes federales de los Estados Unidos. Los abogados de los Khalil Majzoud han negado todas las versiones anteriores y han acotado que  sus clientes son empresarios honestos que nada tienen que ver con los señalamientos que sobre ellos se hacen en la prensa.

  El nombre de Khaled  Khalil Majzoud  fue mencionado por la prensa venezolana cuando se dio a conocer el caso los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores, sentenciados por narcotráfico en una corte de los Estados Unidos. En los reportes se reseñó que los Flores habrían utilizado una aeronave en sus operaciones, específicamente el día en que fueron arrestados en Haití cuando intentaban cobrar el pago por la droga que pensaban introducir en territorio norteamericano. Se insistió que el avión, era propiedad de una de las empresas Khaled Khalil Majzoub.  Este dato no apareció en ninguno de los documentos de la corte del Distrito Sur de Nueva York que forman parte de este expediente.

     Recientemente sus nombres salieron a relucir porque la intención de comprar un avión que había sido desmatriculado en Estados Unidos para ser vendido a los hermanos Khalil Majzoub. El empresario venezolano que pretendía hacer el negocio con los supuestamente vinculados al régimen de Nicolás Maduro fue deportados del territorio estadounidense y su aeronave confiscada por las autoridades federales.

  El nombre de Khalil también se referenció cuando se divulgó una nota sobre un avión que habría transportado a Nikos Pappas, operador de Alexis Tsipras, el premier griego, cuando en agosto de 2013 habría hecho una visita secreta fue a Margarita junto a Artemis Artemiou, abogado especialista en estructuras mercantiles offshore.

  Este viaje de Pappas fue altamente cuestionado en Grecia e instancias parlamentarias pidieron investigarlo[1]. Una nota del portal The National Herald refiere que diputados del partido opositor griego, Nueva Democracia, en la voz de Kyriakos Mitsotakis, exigieron que el citado ministro de Política Digital, Telecomunicaciones y Medios de Comunicación, explicara las razones que lo llevaron a trasladarse a Venezuela en 2013 en compañía de un abogado especializado en empresas offshore. El parlamentario citó un reportaje del diario "Eleftheros Typos" en el que se habría reseñado la visita.

  "Es absolutamente cierto que los señores Pappas y Artemiou no se encontraron en Caracas para hablar de hortalizas, como había afirmado originalmente el ministro y luego fue refutado por Artemiou, sino que tuvieron una serie de reuniones con varios representantes del gobierno de Chávez y empresarios, que Pappas, por sus propias razones, intentó mantener el secreto".

   Debido a una fotografía en la que se veía al abogado salir de la sede de gobierno el 10 de octubre de 2016, Nikos Pappas tuvo que admitir que conocía a Artemiou, pero solamente aceptó el viaje a Caracas luego de que también se mostraran fotografías de la visita.

  La nota informa que Artemiou y Pappas hicieron el viaje a bordo de un jet privado propiedad de Majed Khalil Majzoub, a quien se cita en la reseña como un empresario “involucrado en asuntos muy oscuros” y con “vínculos privilegiados con el régimen de Maduro”. Se especifica que visitaron la isla de Margarita y se hospedaron en un resort de lujo que posee Khalil.

  El diputado planteó varias preguntas, tales como el motivo de la visita de Artemiou a la Mansión Maximos el 10 de octubre de 2016; qué experiencia le brindó Artemiou a Tsipras y Pappas, dado que se especializa en firmas offshore; quiénes pagaron el viaje a Venezuela; si el partido SYRIZA recibió financiamiento de ya sea el gobierno venezolano o de las empresas; si Pappas se reunió con Khalil en Venezuela; si el avión que usó pertenecía a Khalil; sí Khalil se reunió con algún miembro del gobierno griego después del 25 de enero de 2015; y los vínculos entre Pappas, Artemiou y Khalil[2].

Los Khalil Majzoub objetan las acusaciones

   Con relación a los señalamientos que los vinculan al terrorismo islámico y la entrada de estas fuerzas irregulares a Venezuela, especialmente a Margarita, así como el uso de su flota atunera por el narcotráfico, los hermanos Khalil a través de sus abogados, reclamaron por tales informaciones al Diario Las Américas.

  En una carta remitida a la redacción del periódico el 24 de noviembre de 2015, los abogados de Majed Khalil y Khaled Khalil afirmaron que sus clientes “nunca han ofrecido refugio a terroristas y nunca han estado relacionados con el fundamentalismo islámico” y, en tal sentido, exigieron la retractación pública de la información y advirtieron que de no hacerlo procederían a demandar al medio de comunicación[3].

Persisten los señalamientos

   Pero las acusaciones en tal sentido se mantienen contra Majed Khalil Majzoub, al presentarlo como un supuesto operador islámico de origen libanés que habría amasado su fortuna cobijado por Tareck El Aissami y Diosdado Cabello. Este último estaría tras la compra del Grupo Eveba, al haber facilitado la transacción ante la familia Castro Iglesias. De hecho, se afirma que Majed Khalil Majzoub sería un presunto testaferro del alto dirigente del PSUV y presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.

  Prensa América en una de sus notas, refiere que Majed Khalil sería quien mayor relación tiene con altos funcionarios del gobierno, particularmente con el exvicepresidente, José Vicente Rangel; con el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab; con el exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez; y como ya se ha apuntado, con Diosdado Cabello.

  Se indica que la esposa de Majed Khalil, Patricia Olivares Taylhardat, ha representado a Diosdado Cabello, José David Cabello, Jorge y Delcy Rodríguez para ocultar una fortuna que asciende a los 400 millones de dólares en Panamá, Estados Unidos y Turquía. Esta mujer sería la dueña de la Joyería Braganza, Coco Thai & Lounge, Directora del Grupo Editorial On Time Corp, del Grupo Editorial Exxit 21 C. A. y del Hotel Ikin en Margarita, entre otras propiedades.

   Agrega que el presentarse como opositora de Nicolás Maduro en la actualidad, presuntamente le sirve a Patricia Olivares Taylhardat como fachada “mientras disfruta del dinero sucio obtenido de la desgracia de todos los venezolanos”.

   Prensa América indica que, durante los primeros años del chavismo en el poder, las empresas de los hermanos Khalil resultaron altamente favorecidas con contratos importantes y tuvieron fácil acceso a créditos y licencias de importación libres de aranceles. “Estas empresas privilegiadas eran asistidas en la medida en que colaboraran con la colocación de sus productos en el mercado local a través de los programas sociales financiados por el Gobierno, a través de entidades como CASA, el Programa de Servicios Agrícolas y Proal, el Programa de Alimentos Estratégicos, los cuales compró a la organización Khalil”.

   La empresa Hardwell Technologie estaba encargada de los sistemas computarizados del Departamento de Inteligencia del ejército venezolano. También se encargó de la instalación de radares y equipos de la torre de control del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía; la ejecución de obras para la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, la Comandancia General de la Armada, el Banco Central de Venezuela e Inviobras del estado Bolívar, los ministerios como el de Educación, Defensa, Turismo, Economía Popular, entre otros organismos públicos. Igualmente, la Corporación Venezolana de Guayana, la Electrificación del Caroní, PDVSA y la Vicepresidencia de la República, figuran entre sus clientes.

  Pacific Rim Energy de la cual es dueño del 50 por ciento de las acciones, “habría incurrido en incumplimientos en los proyectos eléctricos San Diego de Cabrutica, Alberto Lovera en Anzoátegui y Ezequiel Zamora en Guárico, al haber retrasado la ejecución de obras durante más de un año”[4].

Acusado en Bolivia

  Venezuela Política. “Empresario venezolano ligado al narcotráfico es investigado en el Senado de Bolivia”. 22 de octubre de 201

   El senador boliviano, Arturo Murillo, informó en 2017 que Khalealil Majzoub era investigado por el Poder Legislativo de esa nación, en razón de los supuestos nexos que el empresario mantendría con el narcotráfico.

  Una nota del portal boliviano Página Siete hizo mención a la información que señaló el empresario como dueño del avión en que viajaron a Haití los sobrinos de la pareja presidencial venezolana cuando fueron capturados por luego ser procesados por narcotráfico, resultando culpables.

  Murillo refirió que en la nación del altiplano el empresario está inscrito como Khaled Khalil Majzoub y en Bolivia como Kaled Majzoub.

  Apuntó que el Khalil Majzoub fue beneficiario de contratos millonarios del estado boliviano a través de sus compañías. "Son empresas que están trabajando con el Estado boliviano por alrededor de 1.500 millones de bolivianos. Es una suma muy alta. Pero lo que llama la atención es que este señor ha entrado al país 217 veces con siete números de documentos diferentes, con pasaporte canadiense y pasaporte venezolano”. Por ello pidió a las autoridades investigar sobre el uso de siete documentos distintos para ingresar y salir de ese país[5].

También en Colombia

  El nombre de Khaled Khalil Majzoub también se hizo sentir en Colombia, donde, de acuerdo al portal de La FM, este supuestamente negocios con el exministro de Minas de la administración de Álvaro Uribe, Hernán Martínez Torres.

  En la nación neogranadina, Khalil Majzoub es el accionista mayoritario y principal miembro de la junta directiva de la empresa Atunec, Atunes y Enlatados del Caribe, establecida en 1994 por Hernán Martínez y su familia, con un capital de 1.000 millones de pesos, así como también por los empresarios Álvaro Bustamante Steer y Álvaro Alegría Eraso.

  En 2014, la empresa de Khaled Majzoub, Propisca, adquirió la mayoría de las acciones de Atunec, a saber, 83 por ciento para la fecha de la publicación.

  La nota de La FM indica, además, que Atunec vendería productos para el programa alimenticio venezolano CLAP. Destaca la información que si bien “el exministro Hernán Martínez no figura en los certificados de existencia y representación legal que las Cámaras de Comercio expiden sobre la empresa Atunec. Pero en La FM conocimos numerosas actas de Asambleas de Socios que revelan el vínculo empresarial entre ambos”[6].


CITAS

[1] Armando.Info. “Margarita es Ítaca para las relaciones entre el chavismo y el partido de gobierno de Grecia”. 4 de julio de 2018. https://armando.info/Reportajes/Details/2465

[2] The National Herald. “Digital Policy Minister Must Explain 2013 Trip to Venezuela, ND Leader Says”. 4 de abril de 2017. https://www.thenationalherald.com/archive_greece/arthro/digital_policy_minister_must_explain_2013_trip_to_venezuela_nd_leader_says-52155/

[3] Diario Las Américas. “Derecho a réplica de los hermanos Khalil”. 30 de noviembre de 2015. https://www.diariolasamericas.com/derecho-replica-los-hermanos-khalil-n3485976

[4] Prensa América. “La sucia fortuna de Majed Khalil Majzoub en Venezuela”. 28 de enero de 2020. https://prensaamerica.com/2020/01/la-sucia-fortuna-de-majed-khalil-majzoub-en-venezuela/

[5] Página Siete. “UD liga a empresario con drogas y dice que trabaja con el Estado”. 27 de septiembre de 2017. https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/27/liga-empresario-drogas-dice-trabaja-estado-153641.html

[6] La FM. “Exministro Hernán Martínez Torres tiene negocios con empresario cercano al chavismo”. S/F. https://www.lafm.com.co/economia/exministro-hernan-martinez-torres-tiene-negocios-con-empresario-cercano-al-chavismo


 

lunes, 12 de octubre de 2020

Diputados de la Fracción CLAP habrían cobrado USD 3.500.000 por desaparecer informe de Álex Saab

  Cada parlamentario habría recibido USD 400.000, USD 10.000 mensuales durante 2019 y USD 100.000 por cada gestión realizada.

Por Maibort Petit

   Un reporte llegado a nuestras manos revela que los diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a la denominada Fracción CLAP, habría cobrado USD 3.500.000 por hacer desaparecer el informe de la investigación sobre el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, encargado del negocio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, programa de alimentación del gobierno venezolano, señalado de manejos irregulares y corrupción.
 El grupo parlamentario integrado por los diputados Conrado Pérez (Primero Justicia), Richard Arteaga (Voluntad Popular), Luis Parra Rivero (Primero Justicia), Adolfo Superlano (Cambiemos), José Brito (Primero Justicia, Chaim Bucaram (Un Nuevo tiempo) y Guillermo Luce (Voluntad Popular), sería el responsable de haber hecho “desaparecer” de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el informe de las investigaciones que se desarrollaron sobre Saab y la irregularidades por él cometidas en la implementación del programa CLAP.
  Precisa el informe que cada uno de estos diputados habría supuestamente recibido USD 400.000 a cambio de ·esconder” el expediente de la investigación; USD 10.000 mensuales durante el año 2019, y USD 100.000 por cada gestión realizada. También se les aseguró —de acuerdo a la versión del reporte— continuidad como diputados en las elecciones parlamentarias programadas irregularmente por el Consejo nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional Constituyente. Para lograr tal propósito, con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el oficialismo, se apropiarían de los partidos políticos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo tiempo. Desde el seno de estos partidos títeres, establecerían alianzas con el PSUV.

  Igualmente, los citados parlamentarios se habrían encargado de una serie de jugadas destinadas a la destitución de Juan Guaidó de la presidencia del Poder Legislativo Nacional. Este hecho se materializó el 5 de enero de 2020, cuando los diputados CLAP se confabularon con los parlamentarios del PSUV para impedir la entrada de Juan Guaidó y los demás diputados de la fracción democrática de oposición al Palacio Federal Legislativo, para así poder defenestrarlos del poder parlamentario y designarse con directivos de la Asamblea Nacional[1].

  Esta jugada parlamentaria se conoció como “operación alacrán”, habiendo sido descubierta cuando el diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia) publicó un video en el que intentaban sobornarlo para que se sumara a la Fracción CLAP[2].

  La diputada de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, había denunciado previamente —el 19 de diciembre de 2019— que Nicolás Maduro había instrumentado la referida operación para evitar que Guaidó fuera reelecto titular del Parlamento el 5 de enero de 2020. “La dictadura ha intentado comprar conciencias ofreciendo un millón de dólares a parlamentarios para comprarle su voto el 5 de enero” y agregó que “como no lo lograron encarcelan y allanan sus inmunidades”. Explicó que la propuesta oficialista consistía en pagarles a cambio de que no asistieran a la sesión en que se produciría la votación para así romper el quorum[3].

  La Fracción CLAP también habría hecho paralizar leyes y deshacerse de la oposición democrática del parlamento, para lo cual presuntamente contaron con el financiamiento de Álex Saab en toda la trama de corrupción.

  Luis Parra, quien fue designado de manera fraudulenta como presidente de la Asamblea Nacional, fue protagonista de un nuevo escándalo recientemente, cuando circuló un video en el que se le veía contando un fajo de billetes —euros o dólares— en un baño cuando se encontraba de compras por Europa.

  Parra, de acuerdo a investigaciones desarrolladas por el periodista, Roberto Deniz, encabezó “La llamada ‘rebelión de las regiones’ [la cual] comenzó en Europa defendiendo a Alex Saab y contando fajos de euros. El chavismo había dicho que iba a investigar a los diputados involucrados en el caso. Luego formaron un frente para asaltar la Asamblea Nacional y dijeron que Saab es diplomático (…) En 2019 Luis Parra dirigió la operación para defender en Europa y Colombia a Alex Saab, sus colaboradores y sus empresas, especialmente las relacionadas al negocio de los CLAP. Posteriormente llegó el asalto a la presidencia de la AN el pasado 5 de enero con el apoyo del chavismo”[4].

  El periplo europeo de Parra y el resto de los diputados CLAP se. Llevó a cabo sin que nunca el referido parlamentario explicara nunc, cómo no formando parte de la Comisión de Contraloría, viajó a Bulgaria en abril de 2019 junto a Conrado Pérez y Richard Arteaga, en inexplicada gira, que según sugirió el portal Armando.Info tuvo como objetivo entregar oficios en favor de Álex Saab y sus empresas relacionadas con los CLAP. No explicó quién costeó ese viaje y el realizado en mayo con parlamentarios de esa comisión a Roma y Madrid[5].

La desaparición del expediente de Saab

  De acuerdo a lo referido en el informe, los diputados de la Fracción CLAP supuestamente extrajeron las pruebas del expediente sobre la investigación que se le siguió al programa alimentario del gobierno y a los empresarios y empresas encargados del mismo que se desarrollaba desde el año 2016 en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.

  Los parlamentarios presuntamente también ocultaron que el hijo de Álex Saab, igualmente formaba parte de la empresa Grand Group Limited.

 En tal sentido, habrían elaborado un informe paralelo en los que eximieron y favorecieron a Álex Saab y su entramado de 20 empresas de toma responsabilidad en la trama de corrupción de que se les acusaba. Las denuncias en su contra sostienen que estos empresarios conformaron y registraron empresas en el exterior con apoderados venezolanos y cuentas bancarias diferentes a las del país de origen de dichas empresas de maletín, con el objetivo de crear un velo corporativo y así dificultar las investigaciones y su detección.

 El informe real que los diputados CLAP supuestamente desaparecieron, demostraba el sobreprecio aplicado por todas las empresas involucradas en el esquema, ocasionando con esto un daño al patrimonio público por miles de millones de dólares.

 Del mismo modo, el informe comprobaba el daño a la salud ocasionado a la población venezolana debido a los productos de mala calidad que se suministraban para el programa CLAP.

 A pesar del daño y los crímenes de lesa humanidad causados, inexplicablemente la Comisión permanente de Contraloría de la AN, otorgó cartas de buena conducta a los empresarios señalados y sus empresas para trámites en bancos en España y Estados Unidos.

  El reporte en nuestras manos que da cuenta de las acciones de la Fracción CLAP, recomienda que Álex Saab, Shadi Saab, Carlos Lizcano, así como los diputados, sean denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), por la vulneración al derecho de la alimentación y a la salud cometidas por ellos, lo cual constituyen crímenes de lesa humanidad.

Las cartas de buena Conducta

  Refiere en informe, que la Fracción CLAP habría emitido 48 oficios desde el seno de la subcomisión de contraloría encargada de la averiguación de las denuncias formuladas por supuestas irregularidades y corrupción imperante en el programa alimentario oficialista. Estas comunicaciones estuvieron dirigidas a organismos internacionales, instituciones financieras y ministerios de gobiernos extranjeros, con el objeto de exculpar a Alex Saab y Carlos Lizcano y sus empresas de denunciadas.

  Tales oficios de la Comisión de Contraloría, según reza el informe, fueron emitidos como cartas de buena conducta en favor de las firmas Salva Foods 2015, Mulberry Proje Yatirim, Group Grand Limited, Adon Trading, Asasi Food Fze. En detalle, estos oficios se emitieron a favor de Group Grand Limited, el 29 de noviembre de 2018; Salva Food, el 28 de noviembre de 2018; de Ramsés Reyes, el 1 de agosto de 2018.

  Se emitió, además, una Resolución de la Subcomisión Especial; un Poder para el abogado italiano, Frediano Sanneris, el 2 de julio de 2019.

  Oficios de la Comisión Permanente de Contraloría (CPC/P/18/08), el 1 de agosto de 2018; (P/18/06314), el 27 de junio de 2018; (CPC/P/18/08), el 1 de agosto de 2018, dirigido a Luisa Ortega Díaz (Fiscal General).

 También se remitieron informes para el Primer Ministro de los Emiratos Árabes, Mohamed Bin Rachid Al Maktun, el 2 de mayo de 2019; para Grand Group Limited, el 29 de noviembre de 2018.

 Igualmente, una Constancia de fecha 29 de noviembre de 2018; una Certificación de documentos, el 14 de agosto de 2018; a los Servicios Financieros de Dubai, Saeb Eigner, el 3 de mayo de 2019; a favor de Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, el 29 de noviembre de 2018; a favor de Carlos Lizcano Presidente de Salva Foods (P/18/11505), el 16 de noviembre de 2018.

  A la ministra de Asuntos Exteriores, Justicia y Cultura del Principado Liechtestein, Aurella C.K. Frick, se le dirigieron varias comunicaciones, una el 9 de abril de 2019; otra el 8 de abril de 2019; y otra el 10 de abril de 2019.

 A favor de Adon Trading Fze, el 29 de noviembre de 2018; a favor de Carlos Lizcano, presidente de Salva Foods, el 16 de noviembre de 2018.

La absolución a Alex Saab se emitió el 29 de noviembre de 2018.

  Una comunicación de la Comisión Permanente de Contraloría (CPC/P/000520/2018), dirigida al Banco Itau Panamá, se remitió el 27 de noviembre de 2018; otra identificada con el código CPC/P/000519/2018, para el Banco Banesco, se emitió el 27 de noviembre de 2018; una para el Banco Itau Bogotá, el 27 de noviembre de 2018; una con el código CPC/P/000522/2018, para el Banco Corp Banca Helm, se remitió el 27 de noviembre de 2018.

  Al ministro de asuntos exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, le enviaron un oficio el 9 de abril de 2019; al embajador de Suiza en Venezuela, Didier Chassot, el 29 de mayo de 2019; al Primer Ministro de Bulgaria, Boyko Borissov, se le enviaron dos comunicaciones, una el 9 de abril de 2019 y la otra el 10 de abril de 2019; a Miguel Oliveira, director de Novo Banco, el 10 de abril de 2019 y el 9 de abril de 2019.

  Por su parte, los diputados señalados, así como también el ex vicepresidente de la Comisión de Contraloría, Conrado Pérez (padre), con propiedades en Georgia (EE. UU.), consignaron ante la Fiscalía de Colombia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cartas de Buena Conducta y Certificación de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, en las que se absuelve de toda responsabilidad en la comisión de irregularidades y corrupción a los empresarios Álex Saab y Carlos Lizcano.

CITAS

[1] El Nacional. “Golpe al Parlamento: Fracción CLAP y PSUV juramentan a Luis Parra como presidente de la AN”- 5 de enero de 2020. https://www.elnacional.com/venezuela/golpe-al-parlamento-fraccion-clap-y-psuv-juramentan-a-luis-parra-como-presidente-de-la-an/

[2] Tal Cual. “La Operación Alacrán en 16 frases: montos, nombres y Maduro”. 17 de enero de 2020. https://talcualdigital.com/la-operacion-alacran-en-16-frases-montos-nombres-y-maduro/

[3] CNN en español. “Venezuela: ¿qué es la Operación Alacrán?”. 18 de diciembre de 201. https://cnnespanol.cnn.com/radio/2019/12/18/venezuela-que-es-la-operacion-alacran/

[4] Infobae. “Escándalo en Venezuela: videos muestran al diputado Luis Parra contando un fajo de billetes en un baño y de compras por Europa”. 6 de octubre de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/10/06/escandalo-en-venezuela-videos-muestran-al-diputado-luis-parra-contando-un-fajo-de-billetes-en-un-bano-y-de-compras-por-europa/

[5] La Gran Aldea. “Luis Parra: La bisagra entre la ‘fracción CLAP’ y la ‘Operación Alacrán’” . 23 de diciembre de 2019. https://lagranaldea.com/2019/12/23/luis-parra-la-bisagra-entre-la-fraccion-clap-y-la-operacion-alacran/



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lunes, 28 de septiembre de 2020

Nuevos elementos obligan a posponer sentencia de Víctor Mones Coro, acusado de violar las sanciones estadounidenses contra Tareck El Aissami

 Por Maibort Petit

  Los abogados de Víctor Mones Coro pidieron al juez Alvin K. Hellerstein que cambiara la fecha de las sentencia prevista para el 30 de septiembre de 2020, para el 13 de octubre alegando que de esa manera la Fiscalía tendría más tiempo para incluir en el expediente "el reciente descubrimiento relacionado con una fuente confidencial en este caso", que se trataría del piloto, Alejandro Javier Marín, arrestado el 19 de septiembre de 2020 bajo los cargos de mentir a los agentes federales en relación a unos USD 140 mil de una operación encubierta.

  Los fiscales de este caso, Amanda Houle y Samuel Adelsberg no pusieron objeciones a la petición de la defensa. El juez Hellerstein fijó la nueva fecha para el 21 de octubre de 2020.

   Inicialmente, la sentencia había sido fijada para el 31 de agosto de 2020 y luego fue cambiada para el 30 de septiembre de 2020, y ahora nuevamente para el mes de octubre.

   Víctor Mones Coro, es un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

La acusación

  Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

 Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

  Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

  


martes, 8 de septiembre de 2020

Conozca cómo PDVSA distrae su objetivo petrolero con la actividad política

 La gerencia de AIT es el caballo de la industria petrolera a través del cual se desarrollan las campañas de adoctrinamiento y desinformación.

Por Maibort Petit 

  No puede más que entenderse el actual estado de desmantelamiento de Petróleos de Venezuela S.A., cuando se comprueba que el objetivo de la exploración y producción petrolera se diluía —o se diluye aún— actividades ajenas y no cónsonas con la naturaleza de la principal industria del país.

  Una serie de correos electrónicos que mostramos a continuación, dan cuenta de la manera cómo desde la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA Occidente y que suponemos se replica en todo el país, se distrae a todo el personal de las labores propias de la dependencia con el objetivo de que se dediquen a actividades políticas. Es evidente el uso ilegal, tanto de las instalaciones, recursos y empleados de la petrolera en tareas que corresponden a los partidos políticos.

  Del mismo modo, es patente el proceso de adoctrinamiento que se ejerce sobre el personal, el cual está obligado a militar en el partido oficialista, a saber, el PSUV, cercenándose por completo el derecho y las libertades políticas de los trabajadores quien, incluso, deben informar la manera cómo ejercen el derecho al voto.

  También queda demostrado cómo PDVSA establece “salas” que no son otra cosa que laboratorios desde los cuales se manipula la información a través de las redes sociales.

  Tal situación encaja perfectamente con los resultados de una investigación realizada por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), en la cual se hace referencia a la manera cómo los gobiernos chavistas han utilizado “las redes sociales para controlar la información y llegar a suprimir derechos humanos fundamentales”.

  Se señala en la investigación, titulada “La dictadura del hashtag”, que “en la actualidad, las campañas de manipulación son puestas en marcha desde el poder en redes sociales”.

  En dicho trabajo refiere que “todo parece indicar que el autoritarismo y la desinformación tienen una relación simbiótica y estrechamente vinculada en los ecosistemas digitales. El objetivo de todo esto es tejer los hilos del debate público e imponer narrativas que satisfagan los intereses propios”.

  Esta investigación tuvo como punto de partida un estudio de la Universidad de Oxford realizado en 2019, donde se evidencia la manipulación que en 70 países se hace de las redes sociales, un ranking en el que Venezuela ocupa el puesto Nº 12[1].

Los correos

 El 13 de marzo de 2013, José Niño, de la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA Occidente, remitió un correo masivo en el que reclamaba la escasa respuesta a una orden previa impartida, según la cual se le debía remitir a todo el personal la orden de seguir la cuenta en la red social Twitter @CCHugoChavezOcc y de suministrar la cuenta de cada empleado. Se advertía que de los 762 trabajadores de AIT, hasta la fecha solamente 128 habían cumplido con la orden.

  Del mismo modo, cada empleado debía enviar un SMS al número 0416-6603581 en el que se indicara el nombre, twitter, teléfono y negocio), también podían anexarse a @CCHugoChavezocc, perteneciente al comando de campaña Hugo Chávez recientemente fallecido para la fecha. La campaña electoral correspondía a las elecciones presidenciales convocadas a raíz del deceso del mandatario.

  En el correo se advertía que “El equipo de AIT occidente tiene como responsabilidad histórica levantar un ejército de 5,139 Twiteros, que reciban y proyecten al momento el acontecer de esta gran batalla por la libertad y continuación del proceso revolucionario en nuestro país”.

 Del mismo modo, se ponían “a la orden” de la sala situacional del referido comando de campaña.

  El 15 de marzo de 2013, el gerente de AIT de PDVSA Occidente, Francisco Molina, le remitió un correo electrónico a Jesús Guaraco y a Saúl Chirinos, contentivo de las estadísticas de los centros de llamadas, conexiones y twitteros.

  Molina instruía a sus “camaradas” acerca del procedimiento para mantener actualizada los datos.

  El objetivo era la activación de los 151 puestos pendientes, por lo que cada jefe de centro de llamadas debía activar completamente las salas mediante dos turnos para asistencias: 7am - 2pm y 2pm - 9pm.

 Otro mensaje de Molina remitía los informes de seguimiento de asignaciones que, a las 8 de la noche eran: 17 centros de llamadas con 462 puestos; 311 puestos estaban listos para operar a primera hora; mientras que conectados estaban 579, de los cuales 321 eran de AIT, 258 de Negocios, 7.923.

Efectivas, eran 5.425 de AIT, 2.498 de Negocios.

Se registraban 254 twitteros.

  El 15 de marzo de 2013, Francisco Molina instruyó a Minglay Vinajá (vinajam@pdvsa.com) y a otros miembros de su personal, a través de un correo cuyo asunto era “lealtad y honor al comandante en jefe”, cómo debía llevarse el proceso de adoctrinamiento de los empleados.

  Precisaba en la comunicación que “En línea con lo indicado por Minglay, hay que conversar directamente con cada empleado y hacerle ver este compromiso del alma, de patria y de amor que tenemos todos los Chavistas de PDVSA con nuestro Comandante en Jefe”.

  Puntualizaba que cada supervisor debía modelar a través de su conducta y, por ello, “cada uno de nosotros incorporándonos diariamente en algún turno de llamadas y luego dedicarnos atender nuestras responsabilidades”.

  Giró instrucciones a Alcibíades Moreno para que lo incluyera “de manera alterna todos los días en un turno en la sala del Comedor de 5DJ. Iniciando esta tarde en turno PM, mañana sábado AM, domingo PM…”.

  El mensaje de Minglay Vinajá al que Francisco Molina aludía, era un corre que esta funcionaria remitió en esa misma fecha (15 de marzo de 2013), advertía que no se estaba cumpliendo con las órdenes recibidas acerca de las guardias y se estaban estableciendo días de descanso en los esquemas. Formulaba un llamado al personal supervisor para que sirviera de ejemplo y acatara la orden tal cual se había emitido. El descanso se limitaría a las mañanas o las tardes de cada jornada.

“El momento que estamos viviendo es crucial para que todas estos (sic) privilegios de los que hoy disfrutamos permanezcan en el tiempo. El comandante no descansó y dejó la vida por nosotros, por su pueblo, no es justo que ahora cuando más necesitamos consolidar la Revolución y el ideal Bolivariano legado del Comandante no seamos capaz comprometernos y dar nuestro mayor esfuerzo”.

 Alertaba que la capacidad física de las salas no podía tomarse como excusa para no incorporarse a las guardias, pues había 18 salas habilitadas para ubicar al personal.

 El 30 de abril de 2013, Alcibíades Moreno, remitió un correo electrónico masivo dirigido a los supervisores y líderes de AIT Occidente, en el que llamaba la atención con relación a l poca asistencia del personal a una concentración que tenía lugar en PDVSA La Campiña en Caracas y a la que solamente 56 trabajadores empleados habían confirmado su asistencia.

“Como les pedí ayer domingo a través de los Gerentes, Superintendentes y Enlaces, los supervisores y líderes, debemos ir primeros en la fila de la marcha con nuestro Presidente obrero Nicolás Maduro”.

 En tal sentido, les solicitó enviar a Minglay Vinajá la conformación de su asistencia con el objeto de generar la lista definitiva del personal que acudiría al encuentro.

  La poca respuesta al llamado había sido transmitida a Moreno a través de una comunicación que le había remitido el 29 de abril del referido año 2013, Saúl Chirinos (chirinosse@pdvsa.com), en la que simplemente le preguntaba por los supervisores.

Molina envió el listado con los 56 supervisores que habían confirmado su asistencia.

 Un correo emitido el 29 de abril de 2013 había sido remitido a todo el personal desde la cuenta “De interés Occidente” (interesocc@pdvsa.com) con el asunto: “¡Vamos con todo este Primero de Mayo!”.

 A los asistentes desde el estado Zulia les correspondería salir desde PDVSA La Campiña en Caracas, hasta la sede de la CANTV para sumarse a la Ruta 1 que recorrería desde ese sitio por toda la Avenida Urdaneta, pasando por Miraflores y cruzando por Paguita El Calvario hasta llegar a la tarima presidencial en la Plaza O´Leary.

 Desde PDVSA Occidente estaba programado salir a Caracas a las 4 de la tarde del día 30 de abril de 2013.

 El 9 de mayo de 2013, Francisco Molina (molinafd@pdvsa.com) remitió el correo masivo con el asunto “Batalla de las ideas y guerra contra los medios traficantes de mentira”.

Allí Molina conminaba a los “camaradas”, a sumarse a la citada “batalla de las ideas”, dado que los “fascistas” no volverían.

 Y cerraba el mensaje manifestando la disposición de PDVSA Occidente a mantener su fidelidad al finado Hugo Chávez, al “presidente Maduro” y al “ministro-presidente Rafael Ramírez”.

  Se trataba del reenvió que hacía de una comunicación masiva de Antonio Ramón Boza (bozaar@pdvsa.com), de la Gerencia AIT Región Faja, remitía un “material para la revisión, análisis y discusión, como parte de nuestra formación ideológica, la cual, hoy más que nunca debe ser dialéctica y permanente”.

  El material había sido “facilitado por la camarada María Dugarte para difundirlo y debatirlo en todos los lugares de la geografía nacional, en el trabajo, en el campo, en el centro de la ciudad, en el estadio, en las iglesias, con tus amigos(as), vecinos(as) y familiares... Pueden realizar cualquier aporte a este material (agregar información y actualizar) y por favor hacerlo llegar por esta vía”.

  El 27 de noviembre de 2013, José Niño, de la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA Occidente, reenvió un mensaje de Francisco Molina en el que se dirigía a los jefes, supervisores y líderes de proyectos de AIT Occidente para manifestar su satisfacción por la designación de Ower Manrique como viceministro de Minas.

 Una “Nota de Interés” con la noticia del nombramiento había sido remitida el 26 de noviembre de 2013.

 Allí se daba cuenta de que por vía del Decreto 606 de la Presidencia de Bolivariana de Venezuela que había sido publicado el 25 de noviembre de 2013 en la Gaceta Oficial Nº 40.301, se había designado al director ejecutivo de Automatización, Informática y Telecomunicaciones y presidente de la filial PDVSA Industrial, Ower Manrique, como viceministro de Minas, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

  El 4 de diciembre de 2013, Francisco Molina, remitió un correo masivo en el que daba instrucciones acerca de la manera como debían ejercer el voto los trabajadores de PDVSA en las elecciones presidenciales en los que Nicolás Maduro aspiraba sustituir al finado Hugo Chávez.

  Molina le instruía a los “camaradas Jefes, Supervisores y Líderes de Proyectos de AIT Occidente”, a que “nadie se quede por fuera de esta gesta histórica, en defensa de la Patria y del Legado de nuestro Comandante en Jefe Eterno y Supremo Hugo Rafael Chávez Frías(sic), que no es más que la Construcción de la Patria Independiente, Socialista y País (sic) Potencia en un mundo Multicéntrico/Pluripolar y por la Salvación de la Vida en el Planeta”.

Y remataba:

“Camaradas en PDVSA todos somos Chavistas y defenderemos su legado, hasta con la vida misma, tal como él nos los enseñó y modelo para todos”.

  Anexo se enviaba una “Nota de Interés” en la que se daban instrucciones a los trabajadores de PDVSA a votar el 8 de diciembre de 2013 con la tarjeta del PSUV que en la boleta electoral estaba ubicada “arriba y a la izquierda”.

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  El 24 de junio de 2014, José Niño, envió un correo masivo en el que anexaba una invitación al personal a su cargo a reafirmar la actualización de sus datos en la página del PSUV en la sección correspondiente a la militancia: http://www.militante.psuv.org.ve/.

  Se trataba del rebote de un mensaje de Francisco Molina emitido en la misma fecha, donde instaba a los “camaradas” a confirmar masivamente “la Lealtad con el Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez y su legado”.

 Y subrayaba que “Todos los Patriotas debemos estar inscritos en el PSUV”, mientras llamaba a los “nuevos militantes” a “demostrar su claridad Ideológica”.

 El 11 de julio de 2017, la directora ejecutiva de AIT, Carmen Rodríguez (rodriguezcmr@pdvsa.com), en un correo masivo formuló un llamado a asistir a un punto rojo al día siguiente, el 12 de julio, para lo cual debían ir vestidos con franela roja y jean y zapatos de goma.

   Carmen Rodríguez también reclamó el 17 de julio de 2017 a través de un correo masivo, el incumplimiento en el reporte de la participación del personal de AIT a un evento que se realizaría o se había realizado (no está claro) el día domingo. Manifestó que esperaba que la misma situación no se presentara el día de las elecciones.

  Posteriormente, el 22 de julio de 2017, la directora ejecutiva de AIT, Carmen Rodríguez, en un correo masivo dictó pauta acerca de las elecciones para miembros de la Asamblea Nacional Constituyente convocada para el 30 de julio de 2017.

  En este sentido ordenó a que todos activaran el plan de contingencia; revisaran dónde vivía el personal; que coordinaran que todos votaran y reportaran ese día que habían ejercido su derecho; quienes tuvieran que viajar para ejercer el voto fuera de su área de trabajo, debían recibir todas las facilidades para hacerlo.

  Igualmente se debía informar a todos los representantes AIT en cada estado, acerca de la habilitación de una sala nacional de PDVSA que sería manejada por dicha gerencia y desde la cual se establecería comunicación con cada sala a nivel nacional.

 Se informaría posteriormente el procedimiento para que los trabajadores notificaran cuando ejercieran el voto, de manera de poder hacer un seguimiento acerca de cada estado. 



[1] Economía Venezolana. “IPYS: La dictadura del hashtag en Venezuela”. 14 de agosto de 2020. https://www.eastwebside.com/ipys-la-dictadura-del-hashtag-en-venezuela.html


miércoles, 29 de julio de 2020

Venezuela deberá argumentar sus razones para exigir publicar la identidad de experto presentado por los bonistas PDVSA 2020

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, exigió a MUFG Union Bank N.A. y GLAS Americas LLC, demandados en el caso de los bonos PDVSA 2020, por Petróleos de Venezuela S.A.; PDVSA Petróleo S.A.; y PDV Holding, INC., a presentar ante ese tribunal, para una revisión a puerta cerrada, una carta que proporcione detalles más específicos sobre sus preocupaciones y negativa a que se divulgue públicamente la identidad del experto en derecho extranjero por ellos presentado en el juicio, ante la presunción de que tal conocimiento pondría en peligro esta persona y a su familia.

   El pasado 10 de julio, el despacho jurídico Latham & Watkins LLP, en representación de los demandados, solicitó al tribunal desentender el pedido de los demandantes del 7 de julio de 2020 de dar a conocer en expediente público la identidad del experto en la ley venezolana.

  Tal pedido lo hicieron a la luz de la inestable situación política y de seguridad que padece Venezuela, por lo que el experto tiene preocupaciones razonables de que la divulgación de su nombre lo haría correr el riesgo de sufrir represalias junto a su familia. “No hay interés público en revelar la identidad del experto, cuando las opiniones completas del experto están disponibles en el expediente público del Tribunal y la identidad del experto no está en cuestión”.

  Sostienen que el gobierno interino de Juan Guaidó mantiene una disputa y una “retórica inflamatoria”, no solamente contra el régimen de Nicolás Maduro sino también contra figuras de prestigio que han criticado sus políticas o acciones de administración.

“Como esta Corte sabe, la administración de Guaidó ha acusado públicamente que cualquier erudito legal venezolano que testifique para los Demandados estaría actuando "en contra de lo que ordena la Constitución" y estaría ‘tratando de justificar las acciones del régimen de Maduro’ (…) La administración de Guaidó ha acusado falsa e infundadamente a los titulares de las Notas 2020 de conspirar con el régimen de Maduro para entregarles el control de CITGO, aunque, como la Corte sabe por las presentaciones de juicio sumario, esa acusación no está respaldada por una pizca de evidencia”, refieren los abogados de Latham & Watkins LLP en su carta.

  Ejemplifican su argumentación con el caso del economista Francisco Rodríguez, quien por haber catalogado de legal la emisión de los bonos PDVSA 2020, ha sido acusado por “individuos asociados con la administración de Guaidó” de "traición a la patria" y de "jugar para ambos equipos".

  También citan el caso de Alejandro Grisanti, quien renunció a la junta administradora ad hoc de PDVSA, por el “‘menosprecio constante tanto público como privado’ por parte del entonces Fiscal General Especial ‘contra todo lo que considera contrario a él mismo’. En esa carta, Grisanti declaró que había expresado su oposición a esta demanda y calificó la estrategia de los Demandantes como ‘equivocada’. Que el entonces Fiscal General Especial continuó participando en una conducta tan hostil hacia los opositores de este litigio después de las advertencias de este Tribunal hace que el sellar la identidad del experto de los Demandados sea aún más razonable”.

  Estiman como inadmisibles los argumentos de los abogados estadounidenses para quienes no es creíble que el experto estaría bajo amenaza, pues que este y su familia viven y trabajan en Venezuela. “Si bien el experto recientemente pudo abandonar Venezuela temporalmente para ir a un país de Europa, los miembros de la familia del experto y los estudiantes y colegas del experto permanecen allí. El experto tiene todos los motivos para preocuparse por posibles represalias (incluso de la administración de Guaidó, en caso de que llegue al poder) si la identidad del experto se divulgara públicamente. De hecho, en las conversaciones con el abogado de los Demandados, el abogado de los Demandantes inicialmente estuvo de acuerdo con la propuesta de los Demandados de eliminar el nombre de su experto de cualquier presentación pública, solo que ahora revierte el curso (sin justificación) y alega que dicha divulgación pública es imprescindible”.

  Luego de citar jurisprudencia que respalda su solicitud, Latham & Watkins LLP aseguran que la identidad del experto debe mantenerse en la reserva pues esta no es relevante para el curso del proceso judicial. “Además, el abogado de los demandantes conoce la identidad del experto y ha tenido la oportunidad de impugnar sus declaraciones y opiniones, incluso a través de informes de refutación y declaraciones juradas.  Y, en contra de la nueva afirmación de los Demandantes de que impedir el acceso público a la identidad del experto de los Demandados requeriría ‘medidas extraordinarias’ durante la audiencia de juicio sumario (…) hay varios remedios estrechamente adaptados y mínimamente gravosos que podrían llevarse a cabo, como un acuerdo de no usar el nombre del experto en un tribunal abierto o el cierre de la sala del tribunal únicamente durante los momentos en que la identidad del experto se revelaría”.





miércoles, 15 de julio de 2020

La extradición de Álex Saab está a la vuelta de la esquina

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La extradición del empresario colombiano, Álex Saab podría concretarse en un tiempo menor al previsto inicialmente, según fuentes internas consultadas por Venezuela Política. El caso entró a la fase judicial luego que el Ministerio de Justicia de Cabo Verde autorizara la extradición del acusado y pusiera fin al ciclo administrativo. Desde este martes, el expediente se elevó a la Corte Suprema de Justicia para ser procesado por los jueces.
  Alex Saab ha sido acusado por el gobierno de los Estados Unidos de la comisión del delito de lavado de dinero proveniente de la corrupción de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, actualmente que se encuentra detenido en Sal, Cabo Verde. 

   Fuentes vinculadas al caso aseguran que la extradición se dará porque se cumplieron todos los requerimientos establecidos en la ley y en los convenios firmados por Estados Unidos y Cabo Verde. Las personas consultadas dijeron estar seguras que se impondrá la justicia y el estado de derecho. y Saab será extraditado a Miami a mediados del verano.

Ir hasta la Haya

   Ante la amenaza de la defensa de Saab de acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el primer Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, dijo este miércoles que no podía dar detalles del proceso porque está bajo la consideración de la justicia. No obstante, sostuvo que su gobierno está en disposición de argumentar sus actuaciones ante instancias internacionales. 


  Advirtió que el proceso de Saab está bajo decisión judicial y que esperarán el momento correcto, por lo que harán comentarios al respecto, pero dijo que Cabo Verde podría hacer algún comentario si se produce una acción de la defensa que anunció que tomarían acciones legales contra de Estados Unidos y de Cabo Verde.

Los anuncios de los defensores


  La defensa de Saab, en manos del abogado José Manuel Pinto Monteiro, informó que el gobierno de Cabo Verde había aprobado la extradición de Saab. La decisión final sobre su entrega a Estados Unidos será tomada por el Tribunal Supremo de Justicia.

  Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión realizó una parada técnica en Cabo Verde, supuestamente para repostar combustible en un periplo que, de no haber sido por su detención, le hubiera conducido hasta Irán, para llevar a cabo operaciones que el régimen de Nicolás Maduro ha insistido en calificar como una misión diplomática.  

  Tanto las autoridades de Caracas como la defensa del empresario han insistido en que Saab es un alto funcionario del gobierno venezolano, con el objetivo de investirlo de inmunidad diplomática y evitar así su extradición. 

  El arresto respondía a una alerta roja de la Interpol, emitida por una acusación en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero.

  Pinto Monteiro, en declaraciones recientes a la agencia de noticias EFE, dijo que la decisión adoptada por el gobierno de Cabo Verde se sustentó en "la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República (PGR)", que la remitió al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, instancia que tendrá la última palabra. “Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente”, aseguró.

  Pinto Monteiro también informó que Álex Saab había sumado a su defensa al exjuez español, Baltasar Garzón, quien se encargará de representarlo en este caso en el que Estados Unidos a solicitado la extradición a su territorio. Agrega la nota que el jurista “entablaría denuncias ante el tribunal internacional de justicia de La Haya por la supuesta violación a la inmunidad jurisdiccional contra el ciudadano colombiano”.

  Como se sabe, la Procuraduría General de la República de Cabo Verde recibió el 29 de junio la solicitud de extradición que le formuló del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para lo cual contaba con 65 días para decidir. A partir de ahora, los abogados de Saab cuentan con un plazo hasta el día jueves 16 de julio, para interponer un recurso contra la decisión del gobierno. Si en dicha instancia no tuviere una respuesta favorable, aún podría apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y, en última instancia, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

  Sobre la incorporación al equipo de defensa del exjuez Baltazar Garzón, una reseña de EFE añade que entre las acciones del jurista también estará el intentar abrir ante la Justicia de Cabo Verde un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Álex Saab, pudiendo rondar el reclamo entre los 5 y los 12 millones de dólares.

  El considerado testaferro de Nicolás Maduro cuenta con un equipo de abogados caboverdianos, a los que se suma Pinto Monteiro; el holandés Rutsel Martha, quien fue director de asuntos legales de Interpol; la ucraniana Maryna Pogibko, quien es experta vinculada a la firma británica Amadeus en Londres; y, ahora, Baltazar Garzón.

  El exmagistrado español, cuya fama data de 1998 cuando dirigió el proceso judicial contra el exdictador chileno, Augusto Pinochet, en la actualidad se dedica al ejercicio privado del derecho en el bufete Ilocad ubicado en Madrid, figurando entre su clientela, Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien está detenido en el Reino Unido aguardando que se decida su extradición a Estados Unidos, así como varias personas vinculadas al régimen de Maduro, entre quienes se destacan el empresario Wilmer Ruperti, y el presunto narcotraficante, Hugo Carvajal ahora prófugo de la justicia estadounidense.

Molesto por los mosquitos

  Luego de su detención, Saab fue recluido en la cárcel central de Ribeirinha, en la ciudad de Mindelo, en la isla de San Vicente, de la cual fue sacado para ser trasladado por vía aérea a la Isla de Sal. Se trató de un sorpresivo traslado que, según las autoridades, se debió con el otorgamiento de medidas de seguridad más altas.

  En esa ocasión, uno de sus abogados, João do Rosário, manifestó que el traslado no había sido notificado a la defensa, por lo cual estaba "tratando de entender" qué había sucedido y "¿cuáles son las razones reales?" de la medida.

  Las molestias de Álex Saab continuaron y manifestó a través de sus abogados su queja por la estrechez de su celda, por lo que exigió más comodidad y espacio, además de protestar por las hormigas y los mosquitos, cuyas picaduras al parecer no soporta.

  También solicitó la visita periódica y reglamentada de un médico que se encargue de revisar su estado de salud. Otra de sus quejas fue por la que estima una inadecuada su alimentación. “Bastante diferente de la dieta a la que está habituado”, dijo su abogado.

  Saab pidió a las autoridades mejores condiciones, dado que padece de hipertensión y disfunción de tiroides, según sus abogados.

  En junio, Saab también había denunciado malos tratos, así como haber sido víctima de robo por parte de los agentes policiales.

La familia también se queja

   A través de una carta remitida el 5 de julio al presidente de Cabo Verde, José Carlos Fonseca, los familiares de Álex Saab le solicitaron su intervención para que el empresario sea dejado en libertad, al calificar de injusta su detención.

   Denunciaron en la misiva que las autoridades de Cabo Verde no han permitido que a Saab se le administre un tratamiento diario contra "problemas de salud graves".

  Al tiempo de asegurar que su familiar es "completamente inocente" de los cargos que se le imputan y sugirieron que estos serían "infundados y políticamente motivados".

  "En este período de intervención, esperábamos que Cabo Verde permitiera a Alex recibir el tratamiento que debería otorgarse bajo sus obligaciones bajo el derecho internacional y proporcional a su condición de Enviado Especial para la República de Venezuela. Desafortunadamente, este no fue el caso".

“No me voy a suicidar”

  En la misma fecha, Álex Saab advirtió que no tenía intención alguna de quitarse la vida.

“No me voy a suicidar”, habría dicho según informó el diario El Tiempo de Colombia y “Aseguró que quería dejar constancia de que se encontraba en óptimas condiciones y de que no va a intentar suicidarse. Teme que lo asesinen y que parezca que se quitó la vida”, de acuerdo a lo dicho por un allegado del colombiano.

  Del mismo modo, el diario colombiano refiere que Saab habría pedido a las autoridades de Cabo Verde ser revisado por un médico y un psiquiatra, de modo que constataran que se encuentra en buena salud y equilibrado mentalmente. 

El sospechoso avión de PDVSA

  Un trabajo conjunto del portal Armando.info y Expresso da cuenta un vuelo sospechoso de una aeronave propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con la matrícula Y-2486, calificada por el Departamento del Tesoro como “sospechosa”, estuvo cuatro días en Bisáu (Guinea).

  Las fuentes consultadas por ambos portales, refirieron que del avión y los pasajeros no cumplieron con el control aéreo, no estuvieron en la ciudad, ni pudieron ser identificados durante la estadía que se extendió del 26 al 30 de junio.

  Se conoció que entre sus ocupantes habría agentes de operaciones especiales cubanos, dado que el avión, previo a su aterrizaje en Bisáu, hizo escala en La Habana, por lo que podría presumirse que la misión era tantear un rescate de Álex Saab.

  Otra nota de Armando.info hizo referencia a la trama de corrupción supuestamente encabezada por Álex Saab, la cual permanecería intacta, por cuanto las autoridades mexicanas, se limitaron a hacer un amago de castigo a los presuntos cómplices del empresario colombiano.