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miércoles, 14 de octubre de 2020

PDV USA advierte que la empresa de David Rivera carece de fundamentos para pedir al tribunal desestimación de la demanda en su contra

   Sostiene que Interamerican Consulting Inc sólo persigue retrasar el litigio, pues por el contrario a lo alegado por la demandada, se cumplieron todos los términos legales para reclamar el incumplimiento del contrato.

Por Maibort Petit
   El abogado de PDV USA Inc., Jeffrey B. Korn, que representa a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, aseguró ante el juez de la causa que se dirime en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, John G. Köeltl, que la demandada Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del excongresista estadounidense, David Rivera, carece de fundamentos para solicitar al tribunal la desestimación del caso.

  En tal sentido, Korn advirtió al magistrado que esta acción de Interamerican solamente persigue retrasar innecesariamente el litigio. El juez había otorgado una prórroga a Rivera para que respondiera a la demanda, toda vez que inexplicablemente desde que esta fue interpuesta, la demandada no ha fijado posición. Dicha prórroga era hasta el 30 de septiembre pasado[1].

  Dos días antes de que se cumpliera el plazo, la representación legal de Interamerican, en manos de Kathryn Lee Boyd, solicitó una moción para desestimar la demanda de PDV USA porque la misma "carece de legitimación y no presenta un reclamo por incumplimiento de contrato que sea plausible a primera vista".

  El alegato para esta solicitud, según el abogado de Interamerican, es que PDV USA carece de legitimación para cumplir el contrato y que la demanda no cumple con los extremos legales[2].

  El asunto versa sobre una demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por la empresa propietaria del paquete accionario de CITGO Petroleum Corporation sobre la que se conoció en mayo de 2020. La aspiración de la demandante es recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

  Fuente ligadas a CITGO han asegurado a Venezuela Política el pago de los USD 15 millones ocurrido en marzo de 2017 fue irregular, pues se incumplieron las normas mínimas esenciales lo cual se reflejaba en la calidad de la facturación —tres facturas por USD 5 millones cada una, elaboradas en simples papeles sin cumplir los requerimientos internos de la filial de PDVSA— y que fueron pagadas por órdenes superiores. La autorización habría venido de José Pereira quien para entonces era el vicepresidente de Finanzas y ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) el pago por orden del CEO de CITGO para la fecha, Nelson Martínez.

  La fuente manifestó que el pago que ocurrió en menos de 4 semanas "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita (…) José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

  Lo cierto es que, de acuerdo a las fuentes entendidas, este caso sólo sería el reflejo de operaciones irregulares hechas con empresas fantasmas con el objetivo de desviar fondos de la estatal a fines distintos a los de la industria. Con ello se estarían violando políticas y procedimientos internos, leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos. La demanda solo estaría procurando enmascarar el comportamiento delictual de la directiva de CITGO y formar una cortina de humo distraer la atención del Departamento de Justicia haciéndole suponer una rectificación de su conducta frente a quienes expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos.

  Venezuela Política también pudo conocer que no es cierto, como dice la demanda que PDV USA se negó a pagar las facturas por los restantes USD 35 millones del contrato, sino que entre los años 2017 y el 2018, tres directores detectaron las irregularidades del acuerdo y se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez, logrando detener el esquema fraudulento[3].

  Sobre el propietario de Interamerican Consulting Inc., David  Rivera, pesan algunas investigaciones, entre ellas una originada por el objeto del contrato suscrito con PDV USA, dado que este habría prestado servicios de cabildeo sin estar debidamente registrado como agente para trabajar a favor de un gobierno extranjero, por lo que el Centro Legal de Campaña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigarlo[4].

  Otro hecho significativo en este caso deriva del despacho de abogados que representa a PDV USA en el litigio, a saber, Willkie Farr & Gallagher LLP una firma conocida por sus lazos con el chavismo a quienes a representó en múltiples oportunidades. Incluso, este bufete estaría ligado a la firma Sidley Austin LLP que participó en la defensa de los narcosobrinos. Y es que este y otros despachos que siguen actuando en la actualidad fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO, de acuerdo a nuestras fuentes[5].

La comunicación

   Una comunicación fechada el 5 de octubre de 2020 desde la firma de abogados Willkie Farr & Gallangher LLP, suscrita por Jeffrey B. Korn, dirigida al juez John G. Koeltl, sobre el caso PDV USA Inc. contra Interamerican Consulting Inc., identificado con el número 20-cv-3699 (JGK), sostiene que la moción de desestimación de la demanda interpuesta por su cliente no prosperará al carecer de fundamento y sólo tiene como objetivo retrasar innecesariamente el proceso judicial.



   Le refiere Korn al magistrado Köeltl, que su despacho de abogados representa a PDV USA Inc. en el proceso emprendido contra Interamerican Consulting Inc., una empresa registrada en el estado de la Florida por el ex congresista estadounidense, David Rivera, la cual cuenta con apenas un empleado, a saber, la hermana del propietario.

  Seguidamente, hace un recuento de los hechos que llevaron a PDVS USA a demandar a la empresa de Rivera y, en tal sentido, refiere que el 21 de marzo de 2017, su cliente contrató a Interamerican, la cual debía prestar “servicios de consultoría estratégica” por tres meses “a cambio de la asombrosa cantidad de $ 50 millones”. Le correspondía a Interamerican ayudar a la empresa matriz última de PDV USA, es decir, a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), controlada por el régimen de Nicolás Maduro.

 Debía Interamerican, según indica la comunicación que cita partes del acuerdo entre las dos partes, desarrollar una estrategia para “informar a los formuladores de políticas y líderes de opinión sobre las iniciativas del CLIENTE”; “Reforzar la posición del CLIENTE entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión”; y "mejorar la reputación a largo plazo y la posición del CLIENTE" con "partes interesadas específicas" e (2) "identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos".

  Estos servicios que debían prestarse "a satisfacción exclusiva de PDV USA", incluían la elaboración de informes quincenales “detallando las actividades que han llevado a cabo durante ese período”, así como un informe final “incluyendo recomendaciones para el monitoreo y seguimiento de las estrategias implementadas” y, finalmente, “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” que se anexarían a cada factura presentada.

 Destaca Jeffrey B. Korn ante el juez Köeltl, que pese a haber cancelado PDV USA Inc. a Interamerican, la cantidad de USD 15 millones entre el 21 de marzo de 2017 y el 18 de abril de 2017, la demandada no cumplió con lo convenido en el acuerdo y no completó ningún servicio a satisfacción de PDV USA. Agrega que tampoco los informes prometidos "detallaron [] las actividades" realizadas, como se requería, ni junto a las facturas enviadas se adjuntaron los documentos de respaldo o los detalles de los servicios.

  Subraya, por tanto, Korn, que PDV USA se negó a seguir pagando a Interamerican, más allá de los USD 15 millones pagados “sin recibir nada a cambio”.

  Informa al juez que el 5 de octubre de 2017, PDV USA procuró ceder los derechos del acuerdo a PDVSA, pero Interamerican se negó a dar su consentimiento y durante años insistió en que PDV USA estaba obligada por los términos del Acuerdo.

Interamerican sin fundamento

  Luego de narrar los antecedentes de la demanda, Jeffrey B. Korn argumentó ante el juez las razones por las que estima que Interamerican no tiene fundamento para haber solicitado el 27 de septiembre de 2020 la desestimación de la acción emprendida por PDV USA Inc.

  Se remite a lo expuesto por Interamerican, que señaló en primer término que PDV USA carece de legitimación para hacer cumplir el contrato como resultado de la cesión, cuando el propio demandado olvida que no consintió la misma y, durante años, ha dicho que esta no era válida y que la petrolera estaba está obligada por el acuerdo.

  Cita un correo electrónico enviado por David Rivera 4 de febrero de 2019, donde advirtió que Interamerican Consulting nunca estuvo de acuerdo ni consintió en ninguna cesión del contrato de PDV USA a PDVSA, habiendo sido rechazada cualquier sugerencia de reasignación del contrato. En la comunicación Rivera refirió que su asesor legal revisó el asunto y concluyó de manera indiscutible y categórica que cualquier asignación de PDV USA a PDVSA era una decisión unilateral arreglada las petroleras. Indicó que, bajo la ley de contratos de Nueva York, PDV USA de ninguna manera queda eximida de sus obligaciones contractuales con Interamerican Consulting.

  En segundo lugar, el representante legal de PDV USA alertó que lo sostenido por Interamerican de que la demanda no alegó adecuadamente una reclamación por incumplimiento de contrato también fracasa. Jeffrey B. Korn se remite a la jurisprudencia que ha dejado establecido que “Para presentar una reclamación viable por incumplimiento de contrato, una queja solo necesita alegar (1) la existencia de un acuerdo, (2) el cumplimiento adecuado del contrato por parte del demandante, (3) el incumplimiento del contrato por parte del demandado y (4) daños", lo cual ha cumplido PDV USA.

  El juez asevera que la demanda interpuesta contra Interamerican alega la existencia del acuerdo y cada una de las disposiciones que la demandada violó; que PDV USA cumplió adecuadamente con el contrato, específicamente pagando a Interamerican USD 15 millones; que el demandado violó el acuerdo al no proporcionar los servicios requeridos, ni producir la cantidad requerida de informes con el nivel de detalle requerido; como tampoco proporcionar detalles de los servicios prestados en facturas y documentación de respaldo. Respecto a los daños causados, el abogado recuerda el pago de USD 15 millones por el cual no recibió nada a cambio.

  En tercer lugar, Jeffrey B. Korn le expone al juez Köeltl que PDV USA no ha renunciado a su reclamo por incumplimiento de contrato, pues nunca manifestó que recibió los servicios y, mucho menos, a su entera satisfacción. Por el contrario, indica, la demandante alegó repetidamente que la demandada no cumplió con el contrato y que "no está satisfecho con los servicios de Interamerican".

  Finalmente, recordó unas declaraciones públicas de David Rivera a la prensa en las cuales remitió a los periodistas que le consultaron sobre el incumplimiento de contrato reclamado por PDV USA, este dijo: "pregunten a los muchachos de CITGO 6", es decir a los ejecutivos de CITGO Petroleum Corporation detenidos por el régimen de Nicolás Maduro quienes, según el excongresista, “Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana (…) Eso es todo lo que sé".

  También Korn le refiere al juez otras declaraciones de Rivera en las que dijo: "Todos esos fondos fueron a la oposición para las protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo".

  En tal sentido el abogado del demandante considera que con estas afirmaciones David Rivera admitió que Interamerican no brindó ni tuvo la intención de brindar ningún "servicio de consultoría estratégica" a PDV USA (o PDVSA) como lo exige el acuerdo.


Citas

[1] Venezuela Política. “Se agota el tiempo para que David Rivera responda a demanda de PDV USA por incumplimiento de contrato de cabildeo a favor de Nicolás Maduro”. 21 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/se-agota-el-tiempo-para-que-david.html


[2] Venezuela Política. “Piden a un juez de NY desestimar demanda de PDV USA (CITGO) contra consultora del excongresista David Rivera”. 28 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/piden-un-juez-de-ny-desestimar-demanda.html


[3] Venezuela Política. “CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.”. 15 de mayo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/05/exclusiva-citgo-pago-david-rivera-los.html


[4] Venezuela Política. “Piden investigar al ex-representante David Rivera por posible violación de ley FARA”. 11 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/piden-investigar-al-ex-representante.html


[5] Venezuela Política. “Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera”. 24 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/lo-que-hay-detras-de-los-corruptos.html

lunes, 28 de septiembre de 2020

Piden a un juez de NY desestimar demanda de PDV USA (CITGO) contra consultora del excongresista David Rivera

Por Maibort Petit

   Los abogados de Interamerican Consulting, Inc., una empresa del ex-parlamentario republicano por el estado de la Florida, David Rivera solicitó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que desestime la demanda interpuesta en su contra por PDV USA alegando incumplimiento de un contrato de consultoría que buscaba supuestamente para mejorar la imagen de PDVSA y del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.

  En una carta enviada al juez John G. Koeltl por parte de la abogado de Interamerican Consulting Inc, Kathryn Lee Boyd, se solicita una conferencia previa a la moción para desestimar la demanda de PDV USA porque la misma "carece de legitimación y no presenta un reclamo por incumplimiento de contrato que sea plausible a primera vista".

   La demanda por incumplimiento de contrato  interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, el 13 de mayo de 2020 busca que una empresa de maletín propiedad del  cubano-americano, David Rivera devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por la firma registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  De acuerdo a los argumentos de los abogados de Rivera,  "PDV USA carece de legitimación para hacer cumplir el contrato".

  Sostiene que un "reclamo por incumplimiento de acuerdo requiere hechos suficientes para demostrar la existencia de un contrato; el desempeño del demandante; el incumplimiento por parte del acusado; y daños resultantes del incumplimiento". 

  Según los representantes legales de la empresa de Rivera, la Demanda no alega adecuadamente los referidos elementos y en su lugar recita sin rodeos, “declaraciones concluyentes de que el acusado violó un contrato” sin establecer obligaciones específicas acordadas o cualquier hecho que demuestre que esas obligaciones no se cumplieron. 

  En los alegatos se señala que "la denuncia no cumple los términos del acuerdo porque el demandante, PDV USA (CITGO) no proporcionó el Acuerdo, lo que en sí mismo fue motivo de despido dada la conclusión".

  Como mínimo, el demandante debe "establecer los términos del acuerdo sobre el cual se basa la responsabilidad", advierten los abogados.

   Sostiene que la demanda de PDV USA está desprovista de los términos obligatorios que definan qué “servicios" Interamerican acordó brindar a PDVSA. 

Este artículo te puede interesar: CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.

   La demanda dice que eran "servicios de consultoría estratégica", pero los abogados de Rivera dicen que no indica qué implicaron esos servicios. 

    También se refiere a la prestación de “apoyo en la planificación y ejecución de un plan estratégico” que Interamerican no proporcionó, sin ofrecer ninguna información sobre la naturaleza de dicho "apoyo" o cualquier "plan estratégico". 

     La defensa advirtió que a la fecha de vigencia de la cesión, [PDV USA] cede, vende, transfiere y entrega a [PDVSA] todos los derechos.  bajo el acuerdo." 

    Informan que van adjuntar en la moción el acuerdo para que el tribunal desestime la demanda porque podrán revisar los elementos del mismo, de tal manera que quede evidenciado las alegaciones inexactas establecidas en la Demanda.

          Sostienen que el contrato de consultoría tenía un plazo de 92 días, vigente a partir del 21 de marzo de 2017. El 5 de octubre de 2017, después de que finalizó el plazo del Acuerdo, PDV USA cedió, por escrito, todos sus derechos en el Contrato a Petróleos de Venezuela, S.A.

   En consecuencia, el PDV USA no puede presentar la demanda porque decidió los derechos a PDVSA.

   Entre otros aspectos se señala que la demanda no define ni “trabajo” o “significativo” bajo el Acuerdo. 

  La Demanda refiere que la empresa de Rivera debía “identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos”, sin especificar ninguna “oportunidad” ni quienes eran los“terceros claves, líderes de opinión y funcionarios públicos”.

    La representación legal de Rivera asegura que la demanda de PDV USA "está repleta de declaraciones erróneas de los términos reales del Acuerdo", llegando a establecer sin fundamento que el Demandante contrató a Interamerican para proporcionar servicios no en beneficio del firmante, el Demandante, sino de una entidad completamente diferente: PDVSA. 

 Alega falsamente que los supuestos “servicios” fueron “con el propósito de 'mejorar la reputación y el prestigio a largo plazo de PDVSA' en los Estados Unidos” y que “Se suponía que Interamerican debía desarrollar e implementar un plan estratégico para PDVSA”.  Los abogados de Interamerican sostiene que "el lenguaje sencillo del Acuerdo indica como partes únicamente PDV USA y la empresa. El Acuerdo no menciona a PDVSA".

  Advierten que PDVSA no es un beneficiario de ninguno de los servicios que proporcionará Interamerican. "El intento para referirse a material ajeno al Acuerdo para alegar derechos adeudados por Interamerican a PDVSA".

 La demanda que alega que Interamerican no cumplió con sus obligaciones contractuales no evidencia en qué falló la empresa, lo cual es fatal para una reclamación por incumplimiento de contrato, incluso si los otros elementos necesarios se alegan correctamente". 

 El demandante acordó pagar a Interamerican $ 50,000,000: un depósito inicial, cuotas y un pago final, sin embargo, los pagos vencieron durante la vigencia del Acuerdo. 

  El demandante no alega que hizo los pagos requeridos; sino todo lo contrario: que no pagó el dinero adeudado, es decir, el equivalente a “$ 35 millones que no se pagaron”. 

    La moción dice que la denuncia no alega ninguna infracción que pueda ser catalogada como un incumplimiento de contrato porque para ello se requiere "más que acusaciones genéricas de incumplimiento", como por ejemplo, no “entregar oportunamente los bienes necesarios de acuerdo con la calidad acordada”, no "compartir información relevante de inmediato o no “rendir cuentas adecuadamente” a un demandante. 

  La demanda no establece ningún hecho de que Interamerican no brindó “consultoría estratégica” o “asistencia en el desarrollo de estrategias para informar a los formuladores de políticas y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros del cliente”, acota la defensa.

 En la Demanda se alega que "Según el Acuerdo, Interamerican debía proporcionar informes detallados del trabajo que haría para promover los intereses de PDVSA en los Estados Unidos" pero los abogados dicen  que PDVSA es una entidad designada en la lista del gobierno de EE. UU. y que las entidades estatales sujetas a sanciones". 

   Las acusaciones falsas que vinculan a Interamerican con PDVSA son incendiarias y no tienen fundamento y son falsas.

 Sostiene que alegar cualquier hecho de que Interamerican no ayudó en la “planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas específicas”, otro término real del contrato. 

  La Demanda tampoco alega qué estrategias estaría desarrollando el “cliente” para las cuales Interamerican no ayudó. Además, la Demanda no alega la propia "planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas" por parte del Demandante (es decir, del cliente) para lo cual Interamerican no ayudó.

 El Demandante alega que Interamerican de hecho proporcionó tanto servicios como informes relacionados con esos servicios. 

  La Demanda hace declaraciones concluyentes de que los informes incluían terminología "genérica", no describían los componentes de un "plan" y no eran "significativos". Sin embargo, no existe ningún requisito en el Acuerdo de que los informes utilicen una terminología particular, incluyan un nivel específico de detalle, describan un “trabajo significativo” o incluso estén escritos. Tales alegaciones no constituyen plausiblemente ninguna infracción.

 El demandante alega que "nunca expresó satisfacción con los servicios de Interamerican" y "más de tres años después", no es que retuviera la satisfacción. La afirmación desnuda del demandante es concluyente, irrazonable y de mala fe.

La denuncia no alega daños

   Los daños en una acción por incumplimiento de contrato deben ser "atribuibles al incumplimiento" pero la Demanda carece de hechos que establezcan la naturaleza del daño o cómo fue supuestamente causado por Interamerican. 

  El demandante renunció a cualquier reclamo contractual “Cuando una de las partes cumple un contrato y la otra parte acepta ese desempeño, sin objeciones, se asume que el desempeño fue según lo contemplado por el acuerdo." 

  El demandante admite que recibió "servicios" y en ninguna parte se alega que estaba insatisfecho con el desempeño de Interamerican. Por lo tanto, renunció a cualquier reclamo de que Interamerican violó el Acuerdo al no cumplir bajo la ley de Nueva York  sin incumplimiento la parte puede optar por seguir cumpliendo el contrato. 

   El demandante también alega "indemnización", sin embargo, la supuesta cláusula de "indemnización" del Acuerdo no deja al Demandante indemne contra reclamos de terceros. En cambio, el lenguaje citado en la Demanda es una simple disposición de cambio de tarifas. 

  Un reclamo por los honorarios de los abogados no es una causa de acción separada en Nueva York.

Rivera dice que el dinero lo usó Leopoldo López

  Rivera aseguró que él nunca acordaría trabajar para Maduro y que cuando decidió hacer el acuerdo con PDV USA lo hizo con gente de la oposición controlada por Leopoldo López.  




viernes, 18 de septiembre de 2020

La Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) de Voluntad Popular renunció en pleno por las trabas de la cúpula para evitar la expulsión de Freddy Superlano

  Cuando Freddy Superlano era presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, esa instancia entregó cartas de buena conducta al testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab y a Alejandro Ceballos, señalado por diversos casos de corrupción y lavado de dinero internacional vinculado al régimen venezolano. Una denuncia del diputado, Ismael León, asegura que Superlano se habría llevado el sello y el cuaderno de correspondencias de la oficina parlamentaria cuando renunció a la presidencia del ente.

Por Maibort Petit

   La totalidad de los miembros de la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) de Voluntad Popular renunció a sus puesto por estar en desacuerdo con la conducta de una parte de la cúpula de la tolda naranja que viola en principio de “entender la actividad política, y el ejercicio del poder, como un acto de compromiso con el país y como un compromiso moral y ético”. Mariana Campos Villalba Marcos R. Carrillo P. Eduardo Noguera, José Alberto Perdomo  y Gustavo Luis Velásquez B. renunciaron el 16 de septiembre de 2020. 

  Fuentes informaron que la razón es porque la CRC expulsó al diputado Freddy Superlano por sus vinculaciones con la corrupción en el caso de Álex Saab desde hace 11 meses y los miembros de la ENA, controlado por Leopoldo López no permitieron que se materializara dicha expulsión.

  Según la fuente "en la presión contra la CRC influyeron 5 miembros de la ENA [Equipo Nacional de Activistas]: Leopoldo López, la Dip. Olivia Lozano, el Coordinador Política Nacional; Emilio Graterón, el Coordinador Operativo Nacional, Ronald Carreño y el dip. Freddy Guevara".

    Entre los escándalos relacionados con el diputado Freddy Superlano destacan las cartas de buena conducta al testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab y a Alejandro Ceballos, señalado por diversos casos de corrupción y lavado de dinero internacional vinculado al régimen venezolano, durante su gestión como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional,  lo ocurrido en Cúcuta durante el concierto por la libertad, de llevarse el sello y el cuaderno de correspondencia de la Comisión parlamentaria cuando abandonó el cargo por las denuncias de corrupción.

  Una fuente consultada por Venezuela Política informó que en una reunión a la que se presentó Freddy Superlano. En ese encuentro le preguntaron por las denuncias en su contra relacionadas con Álex Saab.

A continuación publicamos la carta íntegra de renuncia de los miembros de la CRC de Voluntad Popular.

Estimados Señores,

Asunto: Renuncia de los miembros de la CRC

  Nos dirigimos a ustedes en ocasión de presentar nuestra renuncia como miembros de la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC), lo cual hacemos por las siguientes razones:

1. Desde su fundación la CRC se ha dedicado con escrupuloso esmero al cumplimiento de la normativa vigente del partido, así como a las funciones que estatutariamente se le han asignado. En este sentido, nos hemos apegado estrictamente a los valores que orientan a nuestra organización, tales como “entender la actividad política, y el ejercicio del poder, como un acto de compromiso con el país y como un compromiso moral y ético”, así como la “permanencia inalterable de los principios de la democracia y la solidez de las instituciones democráticas del Estado”, tal y como lo establecen los principios 4 y 5 del preámbulo de los Estatutos del partido (en lo adelante los Estatutos).

2. En el ejercicio de nuestras competencias hemos cumplido, entre otras funciones, con dirimir las disputas que en el partido se presenten y “garantizar que la conducta de los activistas no atente en ningún caso contra la armonía, gobernabilidad interna y el alcance de los objetivos estratégicos de la organización”, según lo dispone el artículo 8, literales a) y g) del Reglamento de la CRC.

3. La CRC ha respondido inequívocamente a los principios de eficiencia, eficacia, respeto a los Derechos Humanos, gratuidad, imparcialidad, transparencia, proporcionalidad e impulsó en todo momento la resolución amistosa de los conflictos sometidos a su consideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de los Estatutos. Igualmente, se ha tenido el más escrupuloso apego al debido proceso, al derecho a la defensa y a los derechos conexos a estos principios.

4. Toda la actuación de la CRC durante los últimos dos años ha sido orientada por los criterios de la defensa de la gobernabilidad del partido, la armonía entre los activistas y la resolución de fondo de los conflictos, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 76 de los Estatutos.

5. En este sentido, la CRC ha velado por el cumplimiento de la normativa del partido y, en especial, por el de los deberes que, de conformidad con el artículo 7 de los Estatutos, tienen todos los activistas, entre los que se encuentra el deber de “actuar siempre con base a los valores en los que se sustenta el partido, en cumplimento con estos estatutos, los reglamentos, principios y con las decisiones tomadas por las distintas instancias de la organización.”

6. A pesar de las diferencias propias de una organización política activa y luchadora, las decisiones de esta instancia se vinieron cumpliendo sistemáticamente en el tiempo con la cooperación de los órganos y militantes del partido, tal y como lo exige la norma antes transcrita, lo que fortaleció grandemente la institucionalidad del partido.

7. No obstante, durante este año importantes decisiones tomadas por esta CRC mediante las cuales se procuró restablecer el orden institucional y, por otra parte, se sancionó a miembros de nuestra organización, por conductas violatorias de normas con contenido ético establecidas en los estatutos, no han sido cumplidas a cabalidad, ni tuvieron el acompañamiento necesario, a pesar de las sistemáticas gestiones que esta instancia ha hecho para que tales decisiones fueran acatadas, lo cual debilita la institucionalidad del partido.

8. De conformidad con el literal h) del artículo 31 de los Estatutos, es competencia del ENA “Promover, cumplir y hacer cumplir los principios y valores de la organización, así ́ como los estatutos, los reglamentos y las decisiones emanadas de los órganos de dirección de Voluntad Popular Activistas”. Como se ha dicho, esto no ha sucedido en varios casos a pesar de la insistencia de esta CRC, asunto del que hemos dejado constancia ante esta dirección nacional pues consideramos que el cabal cumplimiento de una decisión en apego a la normativa y principios del partido es indispensable para la construcción de la Mejor Venezuela.

9. Por las razones expuestas, hemos tomado la decisión que anunciamos por medio de esta carta.

10. Agradecemos la confianza que se depositó en nosotros para ejercer tan alta función en el partido y reiteramos nuestro compromiso ético con la organización y sus instituciones, así como con seguir luchando por los ideales y principios que sustentan a Voluntad Popular.

Quedamos de ustedes, 

Atentamente, 

Mariana Campos Villalba Marcos R. Carrillo P. Eduardo Noguera

José Alberto Perdomo Gustavo Luis Velásquez B.