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jueves, 22 de julio de 2021

CITGO demanda a Teknik Trading para evitar subasta de bienes congelados por sanciones a PDVSA

   La filial de la petrolera estatal venezolana en Estados Unidos quiere evitar que la demandada, una subsidiaria de Clover, subaste lo que considera como evidencia.

Por Maibort Petit

   Para evitar la subasta de bienes comprados por CITGO Petroleum Corporation, con un valor de USD 11 millones, los cuales se encuentran almacenados en depósitos de Teknik Trading Inc., la filial de Petróleos de Venezuela S.A. demandó a la segunda ante la Corte para el Distrito Sur de Texas-División Houston para frenar dicha venta. La mercancía, adquirida la petrolera estaba destinada a PDVSA, pero se encuentra congelada en los referidos almacenes en razón de las sanciones de que es objeto la estatal venezolana.

  La empresa demandante busca una orden de restricción temporal para preservar el status quo de la mercancía, dado que a criterio de CITGO es evidencia y, de ser vendida, se perdería su valor probatorio.

   La demanda fue presentada el 25 de junio de 2021 por Nicole M. Perry, de la firma Jones Day, en representación de CITGO Petroleum Corporation, contra Teknik — subsidiaria de Clover International— que es una corporación de Florida con su sede principal en Miami.

Los hechos y la situación planteada

   CITGO contrató con Teknik hace más de una década —el 5 de mayo de 2010— servicios logísticos. La demandada, según el contrato, debía adquirir bienes bajo la dirección de la demandante, realizar diversos servicios logísticos y entregar los bienes a PDVSA en puntos de entrega específicos. En el pie de página la demanda advierte sobre este punto que, si bien esto era la letra del acuerdo, CITGO fue la que pagó por los bienes adquiridos y no Teknik. Por estos servicios —compra, almacenaje y distribución— Teknik recibiría una comisión sobre el valor total de los bienes y el reembolso de los costos en que incurriere.


   Los términos del acuerdo establecían que Teknik garantizaría a CITGO cualquier solicitud de pago con la documentación adecuada; renunciar a cualquier derecho de retención de los bienes; y permitir auditorías por parte de la filial de PDVSA.

  Igualmente, el Acuerdo contempla que Teknik mantendrá la propiedad de los bienes hasta que sean entregados a PDVSA, cuando esta pasará a ser la dueña de los bienes. También que CITGO reembolsaría a Teknik ciertos costos en los que hubiera incurrido en la ejecución del trabajo y que sean razonables.

  Se estableció una comisión del 6 por ciento o tarifa de servicio basada en la cantidad que CITGO pagó por los bienes, que se pagaría a Teknik en el momento de la entrega.

  Para que los reembolsos procedieran, se requería que Teknik proporcionara un resumen detallado de sus costos y gastos junto con suficiente documentación de respaldo, como facturas, recibo de venta u otro recibo probatorio.

   Del mismo modo, el acuerdo establece que cada parte debe cumplir con las leyes aplicables, incluidas las de corrupción extranjeras, en el desempeño de sus derechos y obligaciones.

  El Acuerdo otorga a CITGO un derecho de auditoría amplio y sin reservas para garantizar que Teknik cumpla con los términos del Acuerdo. Específicamente, se estipulan en la sección 17, que "CITGO tendrá derecho a auditar los registros de Teknik y Clover para confirmar el cumplimiento" del Acuerdo.

   Quedó estipulado que cualquier incumplimiento del Acuerdo es motivo para que CITGO retenga el pago de Teknik. Allí se indica que "En el caso de que cualquiera de las partes incumpla cualquier disposición de este Acuerdo o Apéndice relacionado con el mismo, la parte infractora acepta (...) Eximir de responsabilidad a la otra parte de (...) cualquier costo incurrido por la parte no infractora".

   Para el momento en que la OFAC incluyó a PDVSA en su Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Específicamente Designadas (SDN), Teknik tenía en su poder más de USD 11 millones en bienes por los que CITGO ya había pagado. Estos bienes nunca llegaron a su destino en razón de que la medida gubernamental y como resultado, la propiedad y los intereses en la propiedad de PDVSA, incluidos los bienes en los depósitos de Teknik, fueron congelados.

   Para cumplir con la orden de bloqueo, CITGO instruyó a Teknik que cancelara cualquier orden de compra pendiente y la empresa demandada procedió a almacenar los productos ahora varados en dos almacenes en Houston y Miami.

   Narra la demanda que CITGO tuvo conocimiento de que un miembro de Clover, de la que es subsidiaria Teknik, se declaró culpable de esquemas de soborno relacionados con acuerdos de adquisición con PDVSA. Tal situación preocupó a CITGO y ha tratado de cumplir diligentemente con sus deberes contractuales al mismo tiempo que cumple con la orden de sanciones y se asegura de que no aumente la corrupción involuntariamente por parte de Teknik o su afiliada.

   En ese contexto, surge la disputa entre las partes, en el que CITGO advierte que, si mantiene alguna deuda con Teknik en razón del acuerdo, está dispuesta a pagarla, pero pone como condición que se realice una auditoría e inspección de los bienes. Tal pago se realizaría bajo la autorización que la OFAC ha dado para que CITGO pague algunos montos adeudados.

 Pero para CITGO la auditoría es fundamental para, primero, garantizar que Teknik haya cumplido tanto con el Acuerdo como con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes de corrupción pública; y segundo, determinar el valor actual de los bienes y la exactitud de la documentación de Teknik de sus costos. Esto permitiría determinar lo que CITGO le debe a Teknik por la adquisición y el almacenamiento de los bienes.

Conducta sospechosa

  CITGO en la demanda advierte lo que considera una conducta sospechosa y evasiva por parte de Teknik durante las negociaciones de inspección de las partes, lo cual ha aumentado las preocupaciones de la demandante acerca de lo que realmente está sucediendo.

   Refiere que Teknik ha frustrado repetidamente la solicitud de CITGO de llevar a cabo una inspección de las mercancías; presentó documentación incompleta e incorrecta sobre los montos que reclama como deuda de CITGO; y se negó a que la empresa demandante asumiera el almacenamiento de los bienes que pagó.

  Teknik planea subastar los bienes varados para compensar las cantidades que afirma que CITGO le debe, aunque las partes acordaron una suspensión temporal de la subasta.  

   CITGO estima que una subasta la perjudicaría irreparablemente al eliminar su capacidad de evaluar el valor, la condición y la cantidad de los bienes, cuestiones que son el núcleo de la reparación declarativa que formula ante la corte. Sostiene la demandante que, si los bienes se subastan, perderá permanentemente el derecho de inspeccionarlos para evaluar su valor en función de las condiciones de almacenamiento, un derecho que Teknik le otorgó expresamente precisamente para una situación como esta.

La solicitud de CITGO

   La demandante CITGO pide ante el Tribunal para el Distrito Sur de Texas-División Houston, una declaración de que no tiene deuda con la demandada, en razón de que esta última violó o no cumplido con el Acuerdo.

  En segundo lugar, asumiendo que exista alguna deuda, CITGO busca una declaración del monto que sea adecuado.

  Sobre esto último, CITGO se reserva el derecho de buscar ayuda de emergencia para detener la subasta de los bienes varados y exigir que Teknik le permita realizar una inspección comercialmente razonable de los bienes.

  La demanda argumenta que los bienes son evidencia crucial sobre los temas centrales del caso, como el determinar el monto de la deuda de CITGO respecto a Teknik por concepto de almacenamiento y comisiones. La demandada estima que son más de USD 5 millones, mientras la demandante considera que es menos de esa cantidad.

  En específico, Teknik afirma que CITGO le adeuda USD 3.528.426,42 desagregados así: inspecciones USD 8.130,40; tarifa/comisión de servicio USD 657,963.70; demora USD 81.460,00; flete USD 34.664,42; manipulación USD 460.558,37; seguro USD 3.006,21 dólares; y gastos financieros USD 266.227,44 dólares.

    En tercer lugar, CITGO busca una sentencia que establezca que el no permitir la inspección previa a la subasta por parte de Teknik, es un incumplimiento del contrato de las partes. De este modo, se solicita una orden judicial para que Teknik cumpla con el contrato y permita una inspección.

   CITGO propone que, para preservar el status quo, el tribunal emita (a) una orden de restricción temporal para detener la subasta y, después de una audiencia, emitir una orden judicial preliminar que requiera que Teknik permita una inspección comercialmente razonable, o (b) una prueba-orden de conservación que detenga la subasta y ordene directamente que se lleve a cabo una inspección comercialmente razonable.


 

martes, 6 de julio de 2021

Conozca las razones de la Corte para negar moción de desestimación de demanda de PDV USA contra empresa de David Rivera

Por Maibort Petit

  Recientemente reseñamos que en fecha 22 de junio del corriente año 2021, el juez para el Distrito Sur de Nueva York, John G. Köeltl, rechazó dos mociones que había interpuesto la empresa propiedad del excongresista David, Interamerican Consulting, la cual procuraba que la Corte desestimara la demanda en su contra y, además, se derogara un documento contentivo de las alegaciones del caso[1].
   PDV USA Inc. está demandando a Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de contrato, indemnización, enriquecimiento injusto y desagravio declarativo derivados de un acuerdo de consultoría entre las partes.

   La intención de Interamerican de que se desestimara la causa en su contra la sustentó en el alegato de la falta de jurisdicción en la materia de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1) y por no presentar una reclamación de conformidad con la Regla federal de Procedimiento Civil 12 (b) (6), lo cual a modo de ver de la empresa de David Rivera, traslada a huelga partes de la queja enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (f).

  En esta entrega explicamos las razones que llevaron al magistrado a adoptar tal decisión.

Corte da por ciertos los términos de la demanda

  Se establece que para decidir una moción para desestimar por falta de jurisdicción en la materia de conformidad con la Regla 12 (b) (1), los tribunales de distrito pueden considerar evidencia fuera de los alegatos, tal como lo señala la jurisprudencia.

  Refiere el juez Köeltl que al decidir una moción para desestimar de conformidad con la Regla 12 (b) (6), las alegaciones en la queja se aceptan como verdaderas y todas las inferencias razonables deben hacerse a favor del demandante. Corresponde a la Corte en una moción de desestimación “no sopesar las pruebas que podrían presentarse en un juicio, sino simplemente determinar si la denuncia en sí es legalmente suficiente”.
  Sin embargo, se advierte que si bien la Corte debe interpretar las alegaciones fácticas de la manera más favorable para el demandante, cuando se presenta una moción de desestimación de conformidad con la Regla 12 (b) (6), el tribunal puede considerar documentos a los que se hace referencia en la demanda en los que este se basó iniciar la causa y que están en posesión del demandante, de su conocimiento o que pueda tomarse conocimiento judicial de ellos.

Lo que argumenta Interamerican

   De acuerdo a contra Interamerican Consulting Inc., el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción en la materia, porque, en primer lugar, PDV USA asignó el Acuerdo de Consultoría a PDVSA y, por lo tanto, no tiene legitimación del Artículo III para demandar; en segundo término, porque a su modo de ver, PDV USA no tiene legitimación del Artículo III porque su daño no es reparable debido a sanciones contra Venezuela; y en tercer lugar, porque el caso presenta una cuestión política injustificable.

  Con relación al argumento de la falta de legitimación para demandar en razón de que el Contrato de Consultoría se asignó a PDVSA y la cesión es catalogada por PDV USA como una novación y, por lo tanto, requería del consentimiento de Interamerican y esta nunca lo dio y la novación argumentada nunca se finalizó, el magistrado considera que carece de fundamento.

   Estima el juez que el hecho de que Interamerican no ejecutara el Acuerdo de Cesión no impidió que PDV USA cediera sus derechos bajo el Acuerdo de Consultoría a PDVSA. No obstante, cuando el Acuerdo de cesión se "interpreta de manera que dé pleno significado y efecto a todas sus disposiciones", como debe hacer el tribunal al elaborar un contrato, queda claro que no se trató de un mero intento de ceder los derechos de PDV USA, sino más bien un intento fallido de novación del Contrato de Consultoría.

   El magistrado se remite a lo que el acuerdo de cesión estableció en su preámbulo expresamente que se trataba de una novación, sino que también tenía la intención de liberar a PDV USA de todas las obligaciones, algo que una mera cesión de derechos no podría haber logrado bajo la ley de Nueva York y requiere una novación del contrato y debido a que una novación hubiera requerido el consentimiento de Interamerican y esto no ocurrió, significa que nunca entró en vigencia. Por lo tanto, rescindir el Acuerdo de cesión fue innecesario porque sencillamente nunca entró en vigor.

   En consecuencia, el argumento de Interamerican de que la cesión del contrato por PDV USA a PDV USA priva a la primera de legitimación para demandar, carece de fundamento.
Las sanciones no restan legitimidad a la corte ni a PDV USA.

  Respecto al argumento de Interamerican sobre la carencia de jurisdicción de la Corte en razón de que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela le impiden reparar el presunto daño y, por tanto, privan a PDV USA de la legitimación del Artículo III, el juez estimó que no es válido.

 Refiere que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) faculta al presidente de EE. UU. para “regular (…) anular, prevenir o prohibir cualquier adquisición (…) uso, transferencia (…) o negociar o ejercer cualquier derecho, poder o privilegio con respecto a, o transacciones que involucren, cualquier propiedad en la que cualquier país extranjero (...) tenga algún interés” y, en virtud de que, en 2015, el presidente Barack Obama declaró una emergencia nacional bajo la IEEPA cuando la situación política en Venezuela se intensificó. Luego, el 5 de agosto de 2019, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva N ° 13.884, que establece que “toda propiedad e interés en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentren en Estados Unidos (…) están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados, o negociado de otro modo”.

  En tal sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió una serie de regulaciones que aplican los términos de esas órdenes a los litigios contra el gobierno venezolano que a juicio de Interamerican prohíben cualquier juicio en este caso. Sin embargo,la agencia ha explicado que “normalmente no se requiere una licencia específica de la OFAC para iniciar o continuar procedimientos legales en los EE. UU. contra una persona designada o bloqueada de conformidad con el programa de sanciones de la OFAC para Venezuela, o para un tribunal de EE. UU. o su personal, para conocer un caso así”.

  Se advierte que los tribunales que interpretan estos reglamentos han sostenido que, si bien un tribunal “tiene prohibido incautar, embargar, gravar o congelar dichos activos para ejecutar una sentencia (...) una parte no tiene prohibido litigar para obtener una sentencia (...) debido a una determinación judicial de los derechos de las partes y las obligaciones derivadas de un contrato no causan, por sí mismas, ninguna transferencia de propiedad”. Por tanto, las regulaciones de bloqueo extranjeras prohíben sólo aquellos procedimientos judiciales que efectúen una transferencia de propiedad extranjera o interés de propiedad.

   La decisión desestimó los argumentos de Interamerican y estableció que la guía de la OFAC y los casos que interpretan las sanciones venezolanas y las regulaciones de bloqueo similares, respaldan la proposición de que la mera audiencia de un caso relacionado con sujetos o propiedad venezolanos no entra en conflicto con las sanciones porque no da lugar a una “transferencia o alteración o afectación de la propiedad o interés en propiedad bloqueado”.

  El juez considera que este razonamiento es válido independientemente de si la demanda es presentada por una entidad bloqueada o una entidad no bloqueada.

   En consecuencia, el magistrado determinó que las sanciones contra Venezuela no privan a PDV USA de legitimación, así como tampoco a la Corte de competencia en la materia.

Argumentos infundados

   Respecto a lo argumentado por Interamerican de que la denuncia de PDV USA no presenta un reclamo, el juez John G. Köeltl determinó que todo lo esgrimido por la empresa de David Rivera carece de fundamento.

  De acuerdo a lo estimado por el tribunal, el demandante alega hechos suficientes para presentar un reclamo por incumplimiento de contrato: la existencia de un contrato entre las partes, que el demandante cumplió con el contrato al realizar tres pagos por un total de USD 15 millones y dejó de hacer los pagos cuando se hizo evidente que el demandado no estaba cumpliendo con el contrato, que el demandante alega que la demandada no cumplió con los requisitos del contrato, constituyendo así un incumplimiento y, como resultado, que sufrió daños por USD 15 millones.

“En consecuencia, el demandante declaró suficientemente una reclamación por incumplimiento de contrato”, advierte el juez.

Sobre la condición precedente

  Del mismo modo, la corte estima que carece de fundamento el argumento de Interamerican de que PDV USA no alegó el cumplimiento de una condición precedente y tampoco ha demostrado que hubiera condiciones precedentes en el contrato que no se cumplieron.

   Según el criterio de Interamerican, ciertas disposiciones del Contrato de Consultoría eran condiciones precedentes, a saber, que el demandante debía especificar que "los servicios (...) que el cliente consideró necesarios y apropiados" y debió proporcionar al demandado el contenido de un "plan estratégico" a ejecutar.

   Pero el juez estimó que el Contrato de Consultoría enumeró varias disposiciones que describen en detalle los servicios que el demandado debía realizar y un cronograma de ejecución corto, por lo que era menos plausible que la frase "servicios (...) que el Cliente considere necesarios y apropiados" fuera una condición precedente que se necesitaba para ocurrir antes de que se realizaran los servicios.


En consecuencia, el reclamo por incumplimiento de contrato no puede ser desestimado con base en el supuesto incumplimiento por parte del demandante de una condición precedente.


La indemnización


El tribunal también rechazó la moción para desestimar la reclamación de indemnización. Y explicó que el argumento de Interamerican de que no existe una acción de terceros contra la cual indemnizar, no es conviencente. Tampoco el alegato de que es una duplicación del reclamo por incumplimiento de contrato o una disposición redundante de cambio de tarifas.


El magistrado recordó que en el Contrato de Consultoría se incluye una compensación por parte de Interamerican a PDV USA por todos los costos que resulten directa o indirectamente del incumplimiento del contrato.


Debido a que la disposición de indemnización en este caso cubre expresamente los incumplimientos del contrato mismo por parte de Interamerican, claramente no se limitó a acciones de terceros, sostiene el juez.


Además, la reclamación de indemnización no es una duplicación completa de una reclamación por incumplimiento de contrato o una disposición redundante de cambio de tarifas, porque como señala la jurisprudencia, “Cuando un reclamante tiene derecho a una categoría particular de daños en una reclamación, pero no en la otra, las reclamaciones no son duplicadas”.


Se rechaza moción de enriquecimiento injusto


Para el magistrado, el enriquecimiento injusto que Interamerican esperaba desestimar, por supuestamente no alegarse con suficiente especificidad y porque es una duplicación del reclamo por incumplimiento de contrato, no aplica porque los tribunales han permitido a los demandantes perseguir reclamos tanto por enriquecimiento injusto como por incumplimiento de contrato, de acuerdo a la jurisprudencia.


En este caso, Interamerican argumenta que PDV USA renunció a cualquier reclamo por incumplimiento de contrato y afirma que no ha cumplido con las condiciones precedentes y que, como resultado, el reclamo por incumplimiento de contrato de PDV USA debe fallar. Al hacerlo, Interamerican ha puesto en disputa la exigibilidad del contrato. En consecuencia, PDV USA puede mantener apropiadamente su reclamo de enriquecimiento injusto como alternativa.


El reclamo de reparación declarativa


La Corte rechaza la moción para desestimar el reclamo de reparación declarativa sustentado en el argumento de que no está suficientemente alegada y porque la rescisión no es apropiada.


El juez recordó que la Ley de sentencia declaratoria dispone que los tribunales de distrito "pueden declarar los derechos y otras relaciones jurídicas de cualquier parte interesada que solicite dicha declaración, independientemente de que se solicite o no más reparación".


En este caso, el demandante busca una declaración de que no le debe dinero al demandado porque el demandado violó el acuerdo. Esto es distinto del remedio buscado en la demanda por incumplimiento de contrato, a saber, la recuperación de los USD 15 millones que el demandante ya pagó al demandado. En consecuencia, la reparación declaratoria tendría un propósito útil y aclararía aún más las cuestiones legales entre las partes.


Eliminación de alegaciones


Por último, la decisión judicial niega el pedido de eliminar ciertas alegaciones en la demanda enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (f). Interamerican estimaba que las declaraciones que hizo David Rivera a la prensa no tienen relevancia para el reclamo por incumplimiento de contrato más que para sugerir alguna irregularidad vaga.


Creyó el magistrado que la declaración proporciona una base para creer que los fondos fueron utilizados de una manera que sería inconsistente con los términos explícitos del contrato. Además, no hay nada injustamente perjudicial sobre las acusaciones, porque se basan en informes públicos a los que puede acceder fácilmente cualquier persona con acceso a Internet.







[1] Venezuela Política. “Corte de NY rechazó mociones de David Rivera para desestimar demanda en contra de su empresa Interamerican Consulting”. 30 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/corte-de-ny-rechazo-mociones-de-david.html

 



martes, 22 de junio de 2021

Las falsas ofertas de Maduro en la mesa de negociación con Guaidó: La causa del fracaso

  El vicioso ciclo de elecciones falsas y una red de amenazas que el régimen mantiene gracias a un conjunto de “agentes adaptativos” que le sirven de sustento, son la fórmula de supervivencia del dictador en el poder.

Por Maibort Petit

   El fracaso de las negociaciones establecidas entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana desde 2019 con la facilitación de la comunidad internacional han fracaso y han resultado ineficaces, en razón de la falsa oferta electoral que el gobierno ha puesto sobre la mesa con el único objetivo de engañar y distraer de sus verdaderas intenciones de mantenerse en el poder indefinidamente.
   Así lo establece un informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), fechado el 21 de junio de 2021 y suscrito por José Gustavo Arocha, investigador senior de la institución, Teniente Coronel retirado del Ejército de Venezuela y ex-preso político entre 2014 a 2015. Es especialista en relaciones cívico-militares, conflictos violentos, ciberseguridad y amenazas terroristas en América Latina y brinda asesoría y servicios logísticos a disidentes venezolanos de alto perfil y críticos del régimen venezolano.
   Arocha advierte que la oferta del régimen de Maduro constituye un círculo vicioso de elecciones en el que se vale de altos niveles de desinformación, inteligencia y contrainteligencia, así como de operaciones de influencia estratégica para engañar constantemente a la comunidad internacional sobre sus intenciones de negociar con la oposición política.

  Entretanto, refiere que la oposición y muchos observadores internacionales se encuentran distraídos con este círculo vicioso de las elecciones falsas, momento que el régimen aprovecha para aumentar su compleja red de amenazas adaptativas en toda la región.
  El informe hace mención a la red de amenazas de Venezuela que complica cualquier proceso de negociación con el régimen en razón de que las economías ilícitas están capturando más territorio en el país que, en lugar de debilitar a Maduro, lo endurecen y este aprovecha para expandir dichas amenazas, cooptando a empresas y ONG que, de otro modo, serían legítimas.

  El experto subraya el error de comenzar el proceso sin partir de un diagnóstico adecuado, tanto de la estrategia de engaño del régimen, como de su red de amenazas, conducirá a un juego de suma cero donde el régimen tiene toda la influencia y el control.
   En su informe, el especialista se pronuncia por el desmantelamiento de la compleja y adaptativa red de amenazas de Venezuela en el exterior, dado que esto le quita influencia y opciones al régimen y hace más viable un proceso de negociación en el futuro.

Las negociaciones actuales

  Refiere el informe que Venezuela ha llegado a otra encrucijada en la que el presidente interino, Juan Guaidó, presentó recientemente una propuesta de reanudación de las negociaciones con el régimen de Maduro con el objetivo de alcanzar la evasiva meta de elecciones libres y justas en un país que atraviesa la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental. La respuesta de Maduro fue exigir tres condiciones previas a cualquier negociación: 1) levantamiento de todas las sanciones; 2) reconocimiento del régimen como un poder legítimo; y 3) acceso a fondos incautados y congelados en el exterior.

  Pocos venezolanos creen en un diálogo y negociaciones con el régimen, pues este en el pasado, ha utilizado repetidamente las negociaciones como táctica dilatoria logrando con ello dividir aún más a la oposición política y distrayendo a la comunidad internacional, advierte el reporte.

   De hecho, se hace mención a que, en mayo de 2019, luego de que las partes iniciaran una negociación en Oslo/Barbados, con mediación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y Guaidó anunciara unos meses después, el fracaso de las mismas y el retiro del régimen, la oposición perdió el control de la Asamblea Nacional y cierto apoyo de la comunidad internacional. Varios estados europeos ya no reconocen a Guaidó, aunque tampoco a Maduro.

  Plantea el informe algunas interrogantes básicas centradas no en el hecho de si una negociación debería tener lugar, pues se sostiene que, efectivamente, debe tener lugar, sino respecto al costo y condiciones de la misma.

El vicioso ciclo de las falsas elecciones

  El informe de José Gustavo Arocha detalla cómo el régimen de Maduro perpetúa un círculo vicioso de negociaciones que conducen a elecciones falsas.
   No se ha detenido el gobierno chavista en las últimas dos décadas para perfeccionar su capacidad para utilizar altos niveles de desinformación, inteligencia y contrainteligencia, así como operaciones de influencia estratégica para engañar permanentemente a la comunidad internacional con relación a sus intenciones de negociar con la oposición política. Tal comportamiento permitió un patrón cíclico y un proceso de varios pasos para cumplir el engaño estratégico que, en la actualidad lleva a cabo el régimen.

  Se inicia el ciclo con la falsa promesa de elecciones libres, seguida de nuevas reglas impuestas por el régimen, mientras la oposición enojada llama a protestas y el régimen aplica la represión violenta. Tal situación conduce a más diálogo y negociaciones y el "círculo vicioso" cierra el círculo al celebrar, de nuevo, elecciones simuladas en Venezuela.
   Cita el informe el último "círculo vicioso" completo de elecciones falsas en Venezuela, el cual en las que la oposición obtuvo la mayoría de la legislatura para trabajar hacia una eventual reforma electoral. La respuesta del régimen fue utilizar a los legisladores salientes para llenar el Tribunal Supremo de Justicia de leales y después constituir la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por adeptos del régimen, la cual se convirtió en la legislatura paralela del gobierno.

  En 2017, ocurrió el nuevo engaño cuando después de una represión brutal y violaciones de derechos humanos resultaron en el asesinato de unas 157 personas y el arresto de más de 5.300. La comunidad internacional, inconsciente de las manipulaciones del régimen, pidió más diálogo, lo que llevó a las negociaciones en República Dominicana patrocinadas por José Luis Rodríguez Zapatero, las cuales fracasaron en febrero de 2018. Un encuentro que allanó el camino para que el régimen celebrara otra elección falsa, las presidenciales de 2018 que la oposición no reconoció. El "círculo vicioso" se completó con los comicios parlamentarios de 2020, donde Maduro recuperó la mayoría legislativa. Por tal, no sorprendió la disolución de la Constituyente.
  Ahora, Nicolás Maduro, sigue siendo presidente hasta 2024, advierte el informe, con más del 90 por ciento de la Asamblea Nacional a su favor y la oposición cada vez más fracturada y dividida y con menor apoyo popular.

  Y alerta el reporte: “Sin embargo, parece que las duras lecciones del 'círculo vicioso' no se aprenden, ya que un 'nuevo' ciclo se repetirá este noviembre de 2021 con las próximas elecciones a gobernador en Venezuela”.

Las amenazas

  El informe de José Gustavo Arocha alerta de que mientras la oposición y muchos observadores internacionales están distraídos por el "círculo vicioso" de las elecciones falsas, el régimen intensifica su red de amenazas, pues su enfoque principal no son las negociaciones ni las elecciones, sino consolidar la compleja red de amenazas adaptativas en Venezuela que proyecta un poder asimétrico en el exterior.

  Explica que estos "agentes adaptativos" son individuos y entidades capaces de interactuar entre sí de manera dinámica, a menudo no lineal, operando autónomamente tanto en actividades ilícitas como en negocios legítimos. No tienen estructura de comando y control, pero cuentan con la coherencia suficiente para reconocer que su supervivencia está conectada con la supervivencia del régimen de Maduro. “La dependencia mutua reemplaza cualquier diferencia ideológica o cultural y permite un equilibrio entre la autonomía y el propósito. Esta es la esencia de la red de amenazas venezolana, que está descentralizada y distribuida horizontalmente en toda la sociedad. Es una de las principales razones por las que el régimen de Maduro persiste en el poder a pesar de la presión internacional”.

   Agrega que la convergencia de amenazas depende de redes logísticas sólidas que amplíen el alcance y el alcance de varios actores ilícitos, impulsada por economías ilícitas, como el narcotráfico, el lavado, el contrabando, la falsificación, etc., que crecen en tamaño y en importancia en Venezuela.
   Apunta el reporte que, si bien las economías ilícitas se apoderan cada vez de más territorio en Venezuela, esto, en lugar de debilitar al régimen Maduro, endurece y expande la red de amenazas y le proporciona más herramientas y oportunidades para apropiarse de partes del sector privado y la sociedad civil. Esta red de amenazas combina actividades ilícitas con empresas legítimas y ONG que participan en sectores e industrias clave, como la energía, el oro, el transporte, las comunicaciones y la ayuda humanitaria.

   Se cita a Ecoanalítica, una consultora de finanzas corporativas, la cual afirma que en Venezuela circulan más de USD 6 mil millones en moneda estadounidense, vinculados a tres economías ilícitas: contrabando de oro, contrabando de petróleo y narcotráfico. El flujo de este efectivo permitió la creación de nuevas tiendas solo en dólares estadounidenses conocidas como "bodegones", las cuales son cooptadas por el régimen para construir un aparato político, económico, social y de comunicación que le de escape frente a la presión internacional, en particular las sanciones y se convierten en agentes adaptativos en la red de amenazas de Venezuela.

  Advierte, igualmente el informe, que esta red de amenazas es lo que complica cualquier proceso de negociación con el régimen, pues el gran tamaño de las economías ilícitas en Venezuela ha creado condiciones en las que demasiados empresarios y otros son complacientes con la corrupción y neutrales a las estrategias engañosas del régimen, porque, a pesar de su oposición al régimen, necesita sobrevivir.

¿Qué hacer?

  Tajantemente, el informe advierte que “no hay una bala de plata” para derrumbar a Maduro” y subraya que la lección más importante de los últimos dos años de la estrategia de máxima presión de la administración Trump es que el régimen sobrevive gracias a su red de amenazas transnacionales y transregionales, que lo oxigena para resistir la presión internacional.
  Se deja sentado en el reporte que seguir con las negociaciones sin un diagnóstico adecuado tanto de la estrategia de engaño estratégico del régimen como de su red de amenazas, sencillamente conducirá a un juego de suma cero en el que Maduro tiene todo el control. Incorporar a la sociedad civil, el ejército u otros actores resultará en que el régimen encuentre palancas adicionales para dirigir las negociaciones en su dirección preferida.

   Del conocimiento del comportamiento del régimen, de entender la complejidad de la red de amenazas y la estrategia regional del régimen, depende la opción de la oposición para poder desmantelarla.

   El verdadero clamor del pueblo venezolano no son vacunas contra el coronavirus o ayuda humanitaria, alerta el reporte, sino que la comunidad internacional que los ayude a desalojar un régimen totalitario. Pero debe quedar claro que esto no podrá ser desde adentro solamente, pues el camino hacia una nueva Venezuela pasa por quitarle las opciones al régimen en el exterior cercano.
   Es necesario trabajar con los gobiernos regionales y la sociedad civil en América Latina y el Caribe para localizar, identificar y neutralizar a los agentes adaptativos de la red de amenazas venezolanas que existen en sus países, pues su desmantelamiento le quitará el apalancamiento y las opciones al régimen. Esto, sostiene el informe, hará que el proceso de negociación sea más eficaz y más viable en el futuro.

miércoles, 16 de junio de 2021

Carlos Jordá sigue siendo el CEO de CITGO

  Había surgido cierta confusión acerca del destino de Jordá que, posteriormente, fueron aclarados desde la presidencia ad hoc de PDVSA.

Por Maibort Petit

    La reciente información acerca de los cambios generados por la Asamblea Nacional a cargo del diputado Juan Guaidó, en el seno de CITGO Petroleum Corporation y su junta directiva, generó una ola de confusión con relación a la titularidad del mayor cargo administrativo del principal activo venezolano en el exterior..  CITGO es una refinería, transportadora y comercializadora de combustibles para motores, lubricantes, petroquímicos y otros productos industriales que opera tres plantas de última generación en la Costa del Golfo y el Medio Oeste de los Estados Unidos.

   La dicotomía de poder existente en Venezuela ha generado desde que la AN declara la vacante del cargo presidencial en razón de la convocatoria de un eleccionario calificado de fraudulento por parte de Nicolás Maduro, que el líder del parlamento asumiera la presidencia interina de la nación con el reconocimiento de una serie de países, entre ellos Estados Unidos, sede de los importantes activos venezolanos. Con el apoyo de la administración estadunidense, Guaidó asumió el control d e la filial petrolera y procedió a realizar nombramientos importantes en la empresa.

  Pero la situación financiera de CITGO es crítica, a la par de que se ha convertido en el centro de las apetencias de los acreedores de Venezuela y PDVSA, quienes ven en los activos las maneras de resarcirse y por ellos han emprendido decenas de batallas en cortes de EE. UU.

La aclaratoria

  En una nota del portal especializado Petroleum[1], fechada el 2 de junio, el presidente Ad Hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Horacio Medina, aclaró una confusión surgida con relación a la permanencia o no de Carlos Jordá al frente de CITGO Petroleum Corporation (CPC).

  Los errores surgidos en torno a la permanencia de Jordá en el cargo, se habrían desencadenado a partir de la designación de Luis Giusti Lugo como miembro de la junta directiva de CPC, en sustitución del primero, quien —dejó plenamente establecido Medina— continuará siendo el CEO de CITGO.

  Asimismo, Medina refirió que el presidente de la junta directiva de CPC continúa siendo José Ramón Pocaterra.

  Tales cambios operados en la filial venezolana en EE. UU. habrían sido informados a la Asamblea Nacional bajo control del diputado Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, ente legislativo que le habría dado el visto bueno a los citados nombramientos.

  La información de Petroleum agrega que será PDVSA Ad Hoc y PDV Holding, los entes que realizarán los nombramientos correspondientes una vez realizada la verificación de antecedentes.

   La misma nota periodística refiere que la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima, en sesión online del 1º de junio de 2021, “aprobó la designación de cinco ciudadanos venezolanos que conformaran la Junta Directiva de Citgo Holding, INC; Citgo Petroleum Corporation, y PDV Holding, en Estados Unidos”.

  Específica que ara PDV Holding INC., filial en Estados Unidos de PDVSA fueron autorizados para conformar parte como miembros principales de la junta directiva, Samuel Alfonso Wilhelm Belloso, en reemplazo de Fernando Vera y Andrés Miguel Arvelo Guerrero, quien suple a Elio Tortolero.

  También se autorizó a quienes ahora igualmente conformaran la junta directiva de CITGO Petroleum Corporation, a saber, Ernesto José Hernández Bolívar (en sustitución de Pablo Pérez) y a Luis Eduardo Giusti Lugo, quien en reemplaza a Carlos Jorda.

   Respecto a los miembros de la junta directiva de CITGO Holding INC. —también subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos— el pleno de la AN designó a Samuel Alfonso Wilhelm Belloso, en sustitución de Carlos Jordá; a Elio José Tortolero Arévalo, en sustitución de Edgar Rincón; y a Ernesto José Hernández Bolívar, quien relevó a Luisa Palacios.

Sobre Carlos Jordá

  Carlos Jordá es un ingeniero químico de la Universidad Tecnológica de Michigan y la Universidad Central de Venezuela.

   Según su cuenta en la red social Linkedin, aún figura como Director Ejecutivo de Citgo Petroleum Corporation en su sede de Houston, Texas, Estados Unidos, cargo para el cual habría sido designado en agosto de 2019 y el cual, de acuerdo a esta página, estaría desempeñando hasta la fecha[2].

   Un anuncio del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en Twitter, lo presenta como ponente en una de sus conferencias a emitirse el 9 de junio del presente 2021 como presidente de la referida filial petrolera de PDVSA en suelo estadounidense[3].

   Jordá, fue designado por Juan Guaidó el 13 de agosto de 2019, al frente de la refinería venezolana en EE.UU. Para ese momento contaba con 48 años de experiencia en la industria petrolera y gasífera a nivel internacional, habiendo desempeñado diversos cargos ejecutivos en las áreas de refinación y comercialización, planificación corporativa, finanzas y la producción de Syncrude del cinturón del Orinoco de Venezuela con PDVSA. Igualmente, presidió PDV América y la junta directiva de CITGO.

  También ocupó la vicepresidencia de PDVSA desde 1999 hasta el 2000; fue vicepresidente ejecutivo de refinación y comercialización en Operaciones Venezolanas; estuvo a la cabeza de PDVSA Faja (1997-1998); fue director de Maraven (1994-1997) y de Lagoven (1976-1994).

  Desde 2003 se desempeñó como consultor internacional de compañías petroleras nacionales, inversores y firmas legales.

  En julio de 2019, Guaidó nombró a Jordá como miembro de su junta directiva de CITGO, reemplazando en dicha junta al vicepresidente ejecutivo, Rick Esser. Este último permanecería en la vicepresidencia ejecutiva, mientras Luisa Palacios, exbanquera y consultora nombrada en 2019, seguiría en la presidencia. Fue el último remanente en el directorio, pues fue parte del equipo de Asdrúbal Chávez.

Sobre Luis Giusti Lugo

    Entre los reemplazos de reemplazo de los miembros de las juntas directivas que supervisan a CITGO Petroleum Corp destaca el de Luis Giusti Lugo, hijo de el expresidente de Petróleos de Venezuela S.A., Luis Giusti en su su hoja de vida refiere que cursó un posgrado y un MBA de la Universidad de Zulia y un posgrado de la Universidad de Harvard.

   Giusti Lugo, quien en su cuenta en la red social Twitter se presenta como especialista en petróleos y gas y director Ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP)[6], fue director de negocios de la compañía Emida Technologies Inc., habiéndose igualmente desempeñado como gerente de proyectos e ingeniero de diseño en PDVSA. También estuvo a cargo de la gerencia de relaciones con inversores en la empresa colombiana Petromagdalena Energy Corp, un frente de negocios de Pacific[7].

Tomará el lugar de Carlos Jordá en el directorio de CITGO.

Sobre Luisa Palacios

  De acuerdo al portal Poderopedia, Luisa Palacios se desempeñó como presidenta de la junta directiva de CITGO Holding entre febrero de 2019 y octubre de 2020, designada por la Asamblea Nacional en 2015. Era la primera mujer en presidir la filial estadounidense de PDVSA.

  Allí se refiere que comunicadora social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), mención Cum Laude en 1992, con una maestría en la Universidad de Columbia en Asuntos Internacionales (1993-95) y un doctorado en Economía Internacional y Política Energética en la Universidad Johns Hopkins (2001). Se ha desempañado en la docencia, la investigación, la consultoría y en la jefatura de diversas firmas e instituciones internacionales.

   El fiscal nombrado por la asamblea nacional constituyente oficialista, Tarek William Saab, informó el 14 de febrero de 2019, que el Ministerio Público investigaría a la junta de PDVSA y Citgo nombrada por la Asamblea Nacional (AN), Palacios incluida, catalogando a la directiva como “conspirativa contra la paz y el orden constitucional”[8].

   En una carta que remitió explicó la reorientación de sus funciones en la junta directiva de CITGO[9], indicando que cuando aceptó asumir la presidenta de la directiva de la filial petrolera a principios de 2019, concentró su labor en tres objetivos fundamentales: “fortalecer la gobernanza corporativa y la gestión de la empresa, recuperar la estabilidad operativa y financiera, y ayudar a la compañía a enfrentar una serie de desafíos legales”.

   Agregó que su intención de no continuar en la presidencia de la junta a partir del 30 de octubre de 2020, pero advirtió que continuaría como directora y se dedicaría, mayormente, a la Fundación Simón Bolívar para apoyar en la crisis humanitaria venezolana.

  Pero al parecer cambió de posición y el 1º de noviembre de 2020, la junta administrativa ad hoc de PDVSA informó que Palacios Alzurú había presentado la renuncia "como director principal de las juntas directivas de las filiales PDV Holding y como presidente de la Junta Directiva de CITGO Petroleum Corp. y que sólo se quedaría como miembro de la junta"[10].

Sobre José Ramón Pocaterra

  En el sitio web de CITGO se lee que José Ramón Pocaterra es licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Santa María, con un posgrado en finanzas corporativas cursado en la Universidad Metropolitana. Además, posee un certificado de MBA de la Universidad de Texas; es egresado del Programa de Gestión Avanzada de la Escuela de Gestión del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

   Refiere que se trata de un profesional senior de finanzas, negocios y planificación con 20 años de experiencia internacional en los campos operativo, de marketing y financiero de la industria del petróleo y el gas. Fue nombrado presidente del Consejo de Administración de la empresa en febrero de 2020[11].

   Fue designado el 12 de febrero de 2021 como presidente de la junta directiva de la compañía. Venía de ocupar diversos cargos en el área de presupuesto, planificación y reportes financieros de Sincrudos de Oriente (SINCOR), una empresa conjunta entre PDVSA, Total y Equinor para la producción y mejoramiento de petróleo extrapesado en la Faja del Orinoco en Venezuela. . Trabajó para Energy Logistics Inc., con sede en EE. UU.

Sobre Fernando Vera

   El sitio oficial de CITGO informa que Fernando Vera es abogado y se desempeña como actual secretario de la junta de CITGO Petroleum Corporation.

    Precisa que egresó de la Universidad Católica Andrés Bello en 1997 y exhibe una Maestría en Derecho (LL.M) de The Washington College of Law, así como también de The American University, así como una maestría en Administración de Empresas de IE Business School, Madrid, España.

   Se especializa en el desarrollo de proyectos de energía y asuntos financieros y corporativos, entre ellos la reestructuración e implementación de proyectos de infraestructura e inversiones en proyectos de hidrocarburos.

  Previamente a su posición actual, fue miembro y secretario corporativo de los directorios de varias empresas de petróleo y gas en América Latina.

  Ejerció en las firmas Gámez & Vera Abogados, en CA La Electricidad de Caracas hasta 2005 y en La Unidad de Terceros de la División de Exploración y Producción de PDVSA hasta enero de 2003[12].

REFERENCIAS

[1] Petroleum. “Carlos Jordá ratificado como CEO de CITGO”. 2 de junio de 2021. http://petroleumag.com/carlos-jorda-ratificado-como-ceo-de-citgo/

[2] Linkedin. Carlos Jorda. https://www.linkedin.com/in/carlos-jorda-7a8b2411/

[3] Twitter. IESA. https://twitter.com/IESA/status/1401215806411841537

[4] El Pitazo. “PERFIL | Carlos Jordá, presidente de Citgo designado por Guaidó”. 13 de agosto de 2019. https://elpitazo.net/economia/perfil-carlos-jorda-presidente-de-citgo-designado-por-guaido/

[5] Contrapunto. “Guaidó nombra a Carlos Jordá como miembro de la junta directiva de Citgo, según Reuters”. 9 de julio de 2020. https://contrapunto.com/economia/petroleo/guaido-nombra-a-carlos-jorda-como-miembro-de-la-junta-directiva-de-citgo-segun-reuters/

[6] Twitter. Luis E. Giusti Lugo. https://twitter.com/ledgiusti?lang=es

[7] Relationship science. Luis Eduardo Giusti Lugo, Jr. https://relationshipscience.com/person/luis-eduardo-giusti-lugo-jr-4296146

[8] Poderopedia. Luisa Palacios. https://poderopediave.org/persona/luisa-palacios/

[9] CITGO. “Carta de Luisa Palacios sobre la reorientación de sus funciones en la Junta Directiva”. https://www.citgo.com/press/news-room/news-room/2020/carta-de-luisa-palacios-sobre-la-reorientacion-de-sus-funciones-en-la-junta-directiva?aliaspath=%2fPress%2fNews-Room%2fNews-Room%2f2020%2fLetter-from-Luisa-Palacios-Regarding-Refocusing-of

[10] Venezuela Política. “La renuncia de Luisa Palacios a la presidencia de la junta directiva de CITGO se hizo efectiva el 30 de octubre, aún no nombran el reemplazo”. 1º de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/la-renuncia-de-luisa-palacios-la.html

[11] CITGO. José Ramón Pocaterra. https://www.citgo.com/about/who-we-are/board-of-directors-en  

[12] CITGO. Fernando Vera. https://www.citgo.com/about/who-we-are/board-of-directors-en