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lunes, 30 de septiembre de 2019

EE. UU.: Sentencian a cuatro años de cárcel a uno de los socios del expresidente de Corpoelec por delitos de corrupción y lavado de dinero

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de la Florida condenó a un contratista asociado al expresidente de la Corporación Eléctrica de Venezuela, general Luis Alfredo Motta Domínguez, a 51 meses de prisión y a una sentencia de dinero. Luis Alberto Chacín Haddad fue procesado en Estados Unidos por participar en una red de corrupción, pago de sobornos y lavado de dinero vinculado a Corpoelec.
Chacín Haddad, (junto a otro contratista del Estado venezolano, Jesús Veroes), participó en un esquema de corrupción que incluyó a varias empresas ubicadas en el estado de Florida. Chacín Haddad y Veroes pagaron sobornos a funcionarios de Corpoelec, en particular al expresidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez. 

La defensa de Chacín Haddad había apelado a benevolencia del juez solicitando 18 meses de condena, pero el magistrado siguió la pauta de sentencias federales y lo sentenció a 51 meses, equivalente 4 años y 3 meses.

De acuerdo a los documentos del gobierno estadounidense, Luis Alberto Chacín Haddad pagó coimas a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, en particular al presidente de Corpoelec para obtener contratos de la empresa eléctrica por unos $ 60 millones a empresas ubicadas en el estado de la Florida.

La fiscalía sostuvo que Chacín Haddad violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por haber participado durante varios años en un esquema de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios extranjeros.

Los fiscales probaron que Chacín Haddad obtuvo, gracias al pago de los sobornos, múltiples contratos a través de los cuales ganó 11 millones de dólares. Las empresas usadas para esas contrataciones están ubicadas en territorio norteamericano y los fondos transferidos fueron movilizados en el sistema financiero estadounidense. 

La fiscalía advirtió que durante el esquema de corrupción Chacín Haddad y Jesús Verores obtuvieron cada uno $ 5,5 millones en ganancias.

El esquema de corrupción y pago de sobornos

Jesús Veroes y Luis Alberto Chacín fueron procesados por la justicia de los Estados Unidos por  conspirar para lavar dinero, cometer ofensa a una nación extranjera, pagar sobornos a funcionarios públicos, malversación y robo de fondos públicos.

Veroes, un conocido contratista venezolano, fue detenido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el 14 de marzo de 2019,  en Doral acusado por las negociaciones irregulares que mantenía con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) cuyos fondos fueron lavados mediante operaciones orquestadas con Chacín Haddad en el sistema financiero de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense vinculó está trama de corrupción con el exministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, con quien Veroes mantiene una relación de compadrazgo y amistad de larga data. Motta Domínguez es uno de los funcionarios mencionados en los documentos que sirvieron para establecer la causa probable de su acusación por el sistema judicial estadounidense.

El proceso judicial contra Veroes y Chacín Haddad coincide con la agudización de la crisis que padece Venezuela, país que se mantiene prácticamente a oscuras en razón del colapso de su sistema eléctrico, pese a las grandes inversiones por contratos suscritos a lo largo de veinte años por las administraciones socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero que en nada han traducido en la solución del grave problema.

Contratos como los que los documentos judiciales que a continuación se presentan son un ejemplo de la corrupción imperante en las instituciones venezolanas.

Veroes y Chacín Haddad —residenciados en Estados Unidos— vendieron a Corpoelec transformadores y equipos por millonarias sumas a pesar de que no eran compatibles con el sistema eléctrico venezolano sino con los de Cuba y Nicaragua, tal como lo refiere el primero de los imputados en una de las conversaciones grabadas por un testigo cooperante en el proceso de investigación que se le siguió y que desembocó en su detención.

Los documentos presentados para la acusación muestran cómo Veroes alardeaba de ser el responsable de conseguir los contratos en razón de su relación con altos funcionarios del Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec. De hecho, en algún momento de la conversación se refiere al funcionario venezolano como “ministro”. Se trata de cuatro contratos para vender a Corpoelec equipos por USD 6.429.000, por USD 9.789.250, por USD 893.713,89 dólares y otro que se suscribió entre la empresa venezolana la firma de un Co-Conspirador, quien preside una corporación de Florida con sede en Port St.


El caso

El 14 de marzo de 2019, ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, la fiscal de los Estados Unidos, Ariana Fajardo Orshan, presentó el caso N° 19-2352-JJO, en el que denunció que entre 2016 y 2017, en el condado de Miami-Dade en el Distrito Sur de Florida, el acusado Jesús Ramón Veroes, violó el la sección 18 del Código de los Estados Unidos (1956) al conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.

Se presentó una declaración jurada del Agente Especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) asignado al Grupo de Trabajo de la Oficina de Campo de Miami, Área de Tráfico de Alta Intensidad de Drogas (HIDTA), Warren E. Rogers Jr., quien ha ejercido durante 17 años como agente del IRS, en la que manifestó que existe una causa probable para creer que Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad, conspiraron deliberadamente para para intentar participar en una transacción monetaria criminal por un valor mayor a los USD 10.000 derivada de una actividad ilegal que infringe la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3), y por cometer delitos a nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público, el robo y la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público o en su beneficio, todo ello en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a) y del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1956 (h).

Rogers declaró que la información suministrada en su declaración jurada se formuló únicamente con el objetivo de establecer la causa probable que justifique el arresto de Veroes y Chacín Haddad por los delitos que se les imputan.

El agente especial del IRS advirtió que no incluyó en la declaración jurada todos y cada uno de los hechos y circunstancias conocidos, sino solo aquellos que estimó como suficientes para establecer causa probable para la acusación.

Rogers narró que como agente especial del IRS-CI, sus responsabilidades incluyen —aunque no se limitan— investigar las violaciones criminales del Título 26, Código de los Estados Unidos (USC) (Código de Ingresos Internos), Título 18, USC 1956, 1957, 1960, Título 31 USC , infracciones a la Ley de secreto bancario (BSA) y otros delitos relacionados. Precisó que durante los últimos cinco años fue asignado exclusivamente a la Fuerza de Tarea del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad del Sur de la Florida (HIDTA, por sus siglas en inglés), despacho que investiga los casos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico de la Fuerza de Tarea contra la Droga (OCDETF).

Explicó que durante su permanencia en el HIDTA del sur de Florida, trabajó como agente principal en numerosas investigaciones de lavado de dinero de organizaciones de narcotraficantes (DTO) y de lavado de dinero, las cuales han involucrado violaciones del Título 18, Secciones 1956 de la USC, 1957, 1960, 1962 (RICO), así como otras operaciones de lavado de dinero relacionadas con el fraude federal, incluido el fraude por correo, el fraude electrónico y el fraude hipotecario. Agregó que también llevó a cabo y participó en investigaciones de decomiso de activos relacionadas con las Secciones 981 y 982 del Título 18 de la USC, con base a violaciones del Título 18 de la USC 1956, 1957 y 1960 en materia de lavado de dinero. Informó que a la fecha de su declaración se encontraba trabajando en el Equipo de lucha delitos financieros (Financial Investigative Strike Team) investigando operaciones comerciales relacionadas al lavado de dinero que tienen que ver con actividades en los sistemas de cambio de moneda del mercado negro.

Antecedentes

La declaración jurada de Warren Rogers Jr. refiere que Luis Alberto Chacín Haddad es un ciudadano venezolano residente de en los Estados Unidos donde administra negocios en la ciudad de Miami, a través de las que se identifican como Compañía 1 y Compañía 2, las cuales se encuentran registradas de acuerdo a las leyes del estado de la Florida. Estas empresas compran productos de todo el mundo para exportarlos a América Central y del Sur, siendo que la Compañía 1 posee una cuenta bancaria en Citibank (Miami, Florida) y la Compañía 2 tiene su cuenta en el Bank of America (Miami, Florida).

Entretanto, Jesús Ramón Veroes, es un venezolano que figura como presidente de la que se identifica en la investigación como Compañía 3, la cual tiene sede en Doral, Florida y está registrada de acuerdo a la legislación de este estado. Se indica que la Compañía 3 posee una cuenta bancaria en Bank of America, configurándose dicha empresa como una preocupación nacional tal como se define ese término en la FCPA.

Se refiere que el Funcionario extranjero N° 1 es un funcionario de alto nivel en el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela y en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la cual es controlada por el gobierno venezolano, quien ejerce funciones en ese país, por lo que encaja en lo establecido en la FCPA para definir a dicho funcionario.

Por su parte, el Funcionario Extranjero N° 2 es un funcionario de alto nivel en adquisiciones en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Su identificación como tal atiende a lo establecido en la FCPA.

El testigo Confidencial 1 (CW-1, por las siglas en inglés de Confidential Witness) es un ciudadano con doble nacionalidad venezolana-estadounidense, quien reside en Miami, Florida. Este individuo se perfila como una preocupación doméstica, tal como se define ese término en la FCPA. Se indica sobre esta persona, que aproximadamente en 2010, participó en varias empresas comerciales con Chacín Haddad y junto a este ocupó oficinas conjuntas en un edificio ubicado en Doral, Florida.

CW-1 proporcionó información a la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

La conspiración

La declaración jurada del agente especial Rogers precisa que aproximadamente en febrero de 2016, Chacín Haddad informó a CW-1, mientras sostenían una conversación telefónica, que tenía conexiones comerciales en Venezuela a través de Jesús Ramón Veroes, en razón de la relación que este último mantenía con el funcionario extranjero 1.

Para mayo de 2016, Luis Alberto Chacín Haddad llamó a CW-1 cuando este se encontraba en China, para solicitarle que buscara unos transformadores que servirían para atender un contrato futuro con Corpoelec. Le refirió que la relación de Veroes con el Funcionario Extranjero N° 1 les permitiría obtener contratos de suministro de generadores y montacargas a Corpoelec. Chacín le refirió a CW-1 que el funcionario extranjero 1 había ordenado a Veroes que coordinara todo a través del funcionario extranjero número 2. Se advierte que a CW-1 no le fue posible conseguir en China un agente que le proporcionara los transformadores conforme a lo solicitado por Corpoelec.

La investigación estableció que en o alrededor del 15 de junio de 2016, CW-1 y Chacín Haddad se reunieron en sus oficinas en Doral, donde el segundo manifestó tener los siguientes contratos en su poder: Uno suscrito el 25 de mayo de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara montacargas a Corpoelec por USD 6.429.000; otro firmado el 3 de junio de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara transformadores a Corpoelec por USD 9.789.250; un contrato suscrito el 3 de junio de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara generadores a Corpoelec por USD 893.713,89. Tales contratos fueron firmados por el funcionario extranjero número 2.

Igualmente, Chacín Haddad también tenía pedidos de compra de Corpoelec para transformadores, generadores y otros equipos. Le manifestó a CW-1 que existía un cuarto contrato entre Corpoelec y Co-Conspirador 1, quien es presidente de una corporación de Florida con sede en Port St. Lucie, para proporcionar partes diversas a la Corporación Eléctrica Nacional.

Se informa de una reunión sostenida el 15 de junio de 2016 en Doral, Florida, donde Chacín Haddad discutió con CW-1 lo relativo al acuerdo entre todas las partes involucradas en los contratos de Corpoelec y lo atinente a la división de las ganancias. Al respecto, Chacín Haddad dijo que, en primer lugar, el funcionario extranjero Nº 1 recibiría un pago de USD 2.5 millones, mientras que él (Chacín), Veroes, Co-Conspirator-1 y CW-1, recibirían cada uno el 25 por ciento del beneficio restante. También Chacín dijo que Veroes se encontraba trabajando en la obtención de un bono privado en Venezuela para que Corpoelec liberara la mitad del dinero adeudado a la Compañía 1, esto en virtud de que los contratos se estructuraron de manera que Corpoelec pagara el 50 por ciento del precio del contrato por adelantado.

Veroes no pudo concretar el referido bono, pero posteriormente, CW-1 obtuvo bonos de un banco venezolano que cubren los contratos de montacargas, transformadores y generadores como resultado de la conexión con el propietario del banco.

Se indica que aproximadamente a fines de julio de 2016, Veroes, Chacín Haddad, el hijo de este y CW-1, viajaron a los Emiratos Árabes Unidos para visitar una compañía que vendía carretillas elevadoras donde, finalmente, la Compañía 1 compró 28 carretillas elevadoras de esta compañía, así como 13 carretillas elevadoras de otra compañía por aproximadamente USD 1.5 millones que totalizaron ambas operaciones. La Compañía 1 facturó a Corpoelec aproximadamente USD 6.429.000 por 40 de esos montacargas, lo que representa una ganancia de más del 300 por ciento.

Posteriormente, en 2016, Chacín Haddad y CW-1 tuvieron una caída relacionada con el contrato del transformador. El primero dejó de comunicarse con CW-1 y cortó los negocios compartidos con este. Luego, CW-1 obtuvo copias de documentos relacionados con los contratos de Corpoelec para los montacargas, transformadores y generadores de una secretaria que compartía con Chacín Haddad. El testigo confidencial proporcionó copias de estos documentos a la DEA.

Del mismo modo, a principios de 2018, CW-1 obtuvo un documento con el logotipo de Corpoelec que contiene una tabla con información sobre nueve contratos de dicha corporación en la que se enumeran cinco contratos entre la Compañía 1 y Corpoelec por un total de USD 23.198.663,90 donde estaban contemplados, entre otros, los contratos de montacargas, transformadores y generadores mencionados anteriormente. También tres contratos entre la Compañía 2 y Corpoelec, donde uno de estos era para el suministro de bombillas, por un total de USD 13.003.208. Igualmente, otro contrato entre la compañía de Co-Conspirator 1 y Corpoelec por USD 685.000. El precio total de estos contratos era de USD 36.886.871. La tabla refería que la mayoría de los contratos se habían designado como entregados y procesados en su totalidad.

Se refiere que en marzo de 2017, Jesús Veroes se reunió con CW-1 en la oficina del segundo en Doral, Florida y la conversación entre ambos fue grabada. El audio revela que Veroes dijo que Corpoelec no les había pagado porque la cuenta de Citibank de la Corporación Eléctrica Nacional estaba cerrada.

La conversación también da a conocer que Jesús Veroes dijo que existían dos nuevos acuerdos con Corpoelec e informó que no habían recibido el pago por esos contratos.

Veroes dijo que Chacín Haddad no sabía que él estaba llegando al total de CW-1 y que se encargaría de asegurar el pago del testigo confidencial por su parte de los contratos. Agregó que obtuvieron los contratos con Corpoelec debido a su conexión con el Funcionario Extranjero N° 1 y afirmó que Chacín Haddad o Co-Conspirator 1 nunca hubieran obtenido negocios de la empresa eléctrica a no ser por su contacto con dicho Funcionario Extranjero N° 1. Advirtió que si lo relacionado con los pagos no se resolvía pronto, le solicitaría al “ministro” —haciendo referencia al funcionario extranjero número 1— que se comunicara con otro funcionario para que lo ayudara a obtener el dinero. Veroes reiteró cómo se llevaría a cabo la división del dinero entre él, Chacín Haddad, Co-Conspirator 1 y CW-1. Informó que él sería el responsable de pagar al Oficial Extranjero N° 2 y al otro Corpoelec.

En otra reunión sostenida en marzo de 2017, Jesús Veroes declaró que había enviado 500 transformadores a Corpoelec, pero que estos equipos no podrían usarse en Venezuela porque solo eran compatibles con los sistemas eléctricos de Cuba y Nicaragua. Los transformadores —según dijo— estaban en un patio de almacenamiento de Corpoelec. La referida incompatibilidad no fue óbice para que Corpoelec enumerara el contrato del transformador como entregado y procesado en su totalidad de acuerdo con la tabla de contratos discutida anteriormente.

Se precisó que CW-1 nunca recibió su parte del dinero de los contratos de Corpoelec acordados por Chacín Haddad y Veroes.

Transferencias bancarias

Los registros reflejan una serie de transferencias bancarias de Corpoelec a cuentas asociadas con Luis Alberto Chacín Haddad y Jesús Ramón Veroes.

— El 12 de julio de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.211.286 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

— El 4 de agosto de 2016 o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 4.894.226 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

— El 8 de agosto de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 446.210 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

— El 11 de octubre de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.428.409 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.

— El 16 de noviembre de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 981.352,48 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.

— En o alrededor de diciembre de 2016, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 445.906 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.

—En o alrededor del 4 de mayo de 2017, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.539.985,81 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

Todas estas transferencias se efectuaron a la cuenta bancaria finalizada en los dígitos 1390.

— Entre aproximadamente el 22 de agosto de 2016 y el 11 de mayo de 2017, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 4.476.152 a la cuenta del Bank of America de la Compañía 2 terminada en 8828). Las notas de la transferencia hacen referencia al anticipo del contrato NCO-PR-2016-135 suscrito entre Corpoelec y la Compañía para el suministro de bombillas cuyo precio fue de USD 5.799.000.

— Entre el 4 de abril de 2017 y el 11 de mayo de 2017, la cuenta del Bank of America de la Compañía 2 (terminada en 8828) transfirió USD 2.566.984 a la cuenta del Bank of America de la Compañía 3 (terminada en 1683), pago que tenía que ver con un avance del mismo contrato de bombillos referido en el párrafo anterior.

Por último, Warren E. Rogers. Jr. refiere que con base a todo lo expuesto en la declaración jurada, se determinó la existencia de una causa probable para presumir que Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad conspiraron para comprometerse o intentar realizar una transacción monetaria a sabiendas de que trataba de una operación criminal de un valor superior a USD 10.000 provenientes de actividades ilegales específicas.

A saber, Rogers hizo mención a infracciones por delitos graves contemplado en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3), y delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en contra del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a), violación total del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).

La declaración jurada de Warren E. Rogers. Jr. fue emitida ante el juez John Sullivan, el 14 de marzo de 2019.


Sobre el sentenciado

Por su parte, Luis Alberto Chacín Haddad, nació el 7 de mayo de 1965, es portador de la Cédula de Identidad número V-6.403.812 y se le ubica en la parroquia Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta[4].

Sufraga en la Unidad Educativa Instituto Educativo Arcoiris, ubicado en la parroquia Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta.

No figura registrado en el IVSS.

Este empresario (contratista) de origen margariteño y residente en los Estados Unidos es señalado de ser uno de los presuntos testaferros de Motta Domínguez. Tiene varias propiedades en Miami y junto a su hijo, Luis David Chacín, participó en los negocios irregulares con el expresidente de Corpoelec. 





viernes, 24 de mayo de 2019

Alejandro Betancourt: El “bolichico” a quien señalan de amasar una gran fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela

La crisis eléctrica habría servido a este empresario para hacerse de una gran fortuna presuntamente a través de contratos obtenidos fraudulentamente para la construcción de un conjunto de plantas termoeléctricas, aun cuando carecía de la experticia y el capital para acometer una tarea de tal envergadura.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una serie de señalamientos, denuncias y demandas legales contra Alejandro Betancourt —bautizado como uno de los “bolichicos” por el periodista Juan Carlos Zapata— lo asocian a la crisis eléctrica venezolana —hoy agudizada a términos de catástrofe— toda vez que se insiste en decir que se habría hecho milmillonario luego de obtener una serie de contratos con la Corporación Eléctrica Nacional, Petróleos de Venezuela S.A. y la Corporación Venezolana de Guayana para la construcción de plantas termoeléctricas a través de su empresa Derwick Associates Corp. aun cuando —a decir de quienes lo acusan— la misma carecía de la experiencia y el capital para llevar a cabo tal tarea. 
Para la obtención de tales contrataciones, Betancourt y sus socios se habrían valido de sus relaciones con funcionarios del gobierno de Hugo Chávez a quienes, supuestamente, habría pagado sobornos para hacerse del negocio que, a la final resultó una gran estafa para el estado venezolano, al no concluirse buena parte de los trabajos y por el hecho de que Derwick, al parecer, solo habría vendido chatarra o equipos reconstruidos con un gran sobreprecio.

Datos personales

De acuerdo al portal Dateas, Leopoldo Alejandro Betancourt López, nació el 22 de febrero de 1980, es titular de la Cédula de Identidad N° V-15.394.369 y se le ubica en la parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda[1].

Ejerce su derecho al sufragio en el Club La Lagunita, parroquia El Hatillo, municipio El Hatillo, estado Miranda.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que ingresó al sistema el 1° de noviembre de 2007, su estatus actual es activo y su fecha de contingencia será el 22 de febrero de 2040. Se encuentra registrado por la empresa Derwick Associates de Venezuela, número patronal O81076190. Acumula un total de 587 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 64.513,30.
Sus padres son el pianista Leopoldo Betancourt y la diseñadora de joyas, Lilia López. Es bisnieto de Hermágoras López, quien ejerció la presidencia de la república en los años 1887-1888, luego de que Antonio Guzmán Blanco partiera a París.

Está casado con Andreina Rojas.

Así se presenta

Según su página web[2] es licenciado en Economía y en Administración de Empresas, egresado de Suffolk University de Massachusetts (Boston, EE. UU.). Es fundador y presidente de Derwick Associates. Fue gerente de comercio para Latinoamérica en la Delegación de Reino Unido de la empresa estadounidense ICC-OEOC, especializada en el sector energético y en el comercio de petróleo y sus derivados. Luego formó parte de los equipos directivos de Guruceaga Group y de BGB Energy, filial en Venezuela de la corporación internacional Kawasaki Heavy Industries.

Después de esta última posición, es cuando decide fundar en 2007 Derwick Associates, una firma que define como “100 por ciento de capital venezolano especializada en Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) de plantas termoeléctricas”.

Este sitio asegura que “desde 2010, Derwick ha edificado once plantas termoeléctricas de ciclo simple que han añadido 1.386 MW al sistema eléctrico de Venezuela y creado más de 12.000 puestos de trabajo y beneficiado a cerca de 700.000 familias, lo que le ha convertido en una de las empresas privadas más importantes del sector eléctrico venezolano”.

Allí también, Alejandro Betancourt informa que también dirige el grupo de inversión internacional O'Hara administration, el cual “incrementó su participación en la compañía petrolera Pacific Rubiales Energy hasta llegar a ser su principal accionista, controlando cerca del 20% de sus acciones”. Agrega que junto a sus socios internacionales se involucró en la gestión de la petrolera. Integra la junta directiva de la empresa que ahora se llama Pacific Exploration & Production Corp.

En esa página se presenta como un emprendedor comprometido con causas sociales que ayuda a escuelas, construye instalaciones deportivas, participa en proyectos de protección del medio ambiente y apoya universidades.

Igualmente, incursionó en área bancaria en junio de 2015 cuando el grupo financiero BDK Financial Group del que es accionista inauguró la sede del Banque de Dakar en Senegal[3].

En octubre de 2016 el grupo O’Hara en sociedad con los fundadores de la red social Tuenti, Félix Ruiz y Hugo Arévalo, invirtió 50 millones de euros en la empresa española de lentes de sol Hawkers de la que es presidente desde noviembre de ese año.
Este haber lo refleja, igualmente, en su perfil de la red Linkedin[4].

El “bolichico” y Derwick

Pero no todas las referencias sobre Alejandro Betancourt son tan favorables como la que él mismo da a conocer sobre sí, pues múltiples son las críticas en torno a la naturaleza de sus negocios y sus relaciones con el entorno gubernamental venezolano.

De hecho, la súbita aparición de su empresa y socios así como la inexplicable, para algunos, contratación de Derwick Associates, sin experiencia ni capital para establecer negociaciones de la envergadura de las obtenidas con el estado venezolano apenas después de su creación, llevó al periodista Juan Carlos Zapata a acuñar en 2010 el término “bolichicos” para referirse a esta camada de “nuevos empresarios” identificados con el gobierno chavista que recién debutaban en el mercado con milmillonarios contratos de proyectos eléctricos obtenidos, al parecer, de no muy clara manera y que, supuestamente, les permitieron amasar grandes fortunas al amparo de las negociaciones irregulares.

Zapata refiere que: “Los pelos y las señales están ahí. El entramado. El esquema. Los nombres. Los montos. Todo el negocio tejido con las compras eléctricas. Doce contratos en 14 meses. De los cuales cinco han quedado en el limbo. ¿Y los protagonistas? Los bolichicos. Y los nexos”, cita Noticiero Digital que explica entonces: “¿Quiénes son los bolichicos? Los dueños de la empresa Derwick Associates Venezuela, casi todos con 30 años de edad o menos, que sin experiencia en el sector eléctrico” y quienes se vieron favorecidos gracias a sus nexos con Javier Alvarado, Rodolfo Sanz, Rafael Ramírez y Adán Chávez[5].

Apenas fundada, Derwick logró hacerse de los contratos para la construcción de plantas termoeléctricas, cinco con la Electricidad de Caracas, cinco con PDVSA a través de Bariven, y una por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Resultaba altamente sospechoso para el comunicador, que Leopoldo Alejandro Betancourt López (presidente de la junta directiva y fundador de Derwick Associates), Pedro Trebbau López Derwick (vicepresidente), Francisco Convit Guruceaga (accionista), Domingo Guzmán López (director) y Orlando Alvarado (gerente de portafolio y director de O’Hara y sus afiliadas), obtuvieran doce jugosos contratos para la instalación de plantas eléctricas con una compañía apenas conformada, sin capital y, lo peor a su juicio, sin la experticia necesaria para acometer los proyectos.

Las críticas aumentaron luego de las denuncias en torno a que Derwick Associates obtuvo los millonarios contratos de parte de las empresas estatales por adjudicación directa, supuestamente presentando facturas con sobreprecios y vendiendo, según se acusa, equipos defectuosos y remanufacturados, entre otras irregularidades.

En España, donde ahora se encuentra radicado, Betancourt López promueve a Derwick como una empresa presente en la nación ibérica desde 2010 “tras cinco años de trabajo en Venezuela. En este periodo, la compañía se ha encargado de reforzar el sector energético del país con la construcción de once plantas termoeléctricas, que han reducido la dependencia en la energía hidroeléctrica”[6]. Sin embargo, como subraya una nota de El Estímulo, el acta constitutiva de esta compañía data del 28 de octubre de 2009 —año que difiere del declarado por Betancourt en su página web— cuando su creación fue asentada ante el Registro Primero del Distrito Capital y estado Miranda, en el tomo N°232-A[7], por lo que, apunta,  “es poco probable que en apenas unos meses esta empresa pueda exportar la experiencia que dice haber ganado con sus actividades en Venezuela”[8].

Esta reseña de El Estímulo subraya el afán de Betancourt de venderse ante la opinión pública como un empresario de éxito, con una amplia responsabilidad social y con grandes iniciativas innovadoras, como el denominado “Centro Tecnológico de Turbinas, CTT” ubicado en la zona industrial de Guacara, estado Carabobo, sobre el cual ha hecho gran énfasis y que con un costo de 40 millones de dólares comenzaría a operar en 2014. Descrito por él como “una iniciativa sin precedentes en Latinoamérica, que permitirá reforzar e independizar el sector termoeléctrico de Venezuela a través de un servicio de asistencia y reparación rápido y eficiente” cuando en diciembre de 2013 este proyecto fue premiado por la revista española Capital a la mejor iniciativa empresarial en Latinoamérica, resulta que a la fecha de la publicación, el CTT continuaba sin funcionar.

Agrega la información que ante los escándalos, Betancourt López se ha valido de las plataformas digitales para tratar de limpiar su deteriorada imagen y la de sus empresas. Las labores de filantropía, son también a criterio del medio, una “buena manera de lograr mejorar esa ‘percepción’ que se tiene de él y sus negocios”.

En su página web Derwick[9] manifiesta que se enfoca en satisfacer las necesidades de procura, ingeniería y construcción de sus clientes. “Resolvemos sus requerimientos de Logística, ajenos a su negocio y garantizamos la continuidad de sus operaciones aportando soluciones de Mantenimiento y Operación, así como también Transferencia Tecnológica. Entendemos y nos adaptamos a nuestros clientes tomando en cuenta sus requerimientos de calidad y tiempos de ejecución”.

El portal Bloomberg informa que Derwick Associates Corp es una empresa que “proporciona servicios de energía integral. La compañía ofrece soluciones que van desde el suministro de equipos para plantas de energía hasta la instalación de plantas de energía. Derwick Associates sirve a clientes en Venezuela”. La sede de la firma se encuentra en la Avenida Francisco de Miranda con 4ta Avenida de Campo Alegre, Caracas. Su teléfono es 58-212-206-8411[10].

Entre los proyectos llevados a cabo que hacen mención su página están la Planta La Raisa Fase I, Planta La Raisa Fase II, la Planta Guarenas (Fase I y II); la Conversión para combustible dual de dos turbinas GE Frame 7EA; la Planta Picure; desarrollados para la Corporación Eléctrica Nacional. Sin embargo, no hacen referencia al resto de las plantas contratadas tanto para Corpoelec como para PDVSA y para la CVG, denunciados como inconclusos, chatarra o reconstruidos.

La reseña periodística agrega que en marzo de 2016 el diputado Julio Montoya, informó que “‘Producto de dos años de investigación de un equipo multidisciplinario presentamos graves denuncias: de los 30 mil millones de dólares, que según el Gobierno Nacional iban para la emergencia eléctrica, aproximadamente el 96% de lo que iba a ejecutarse no está inaugurado ni funcionando hoy’. A decir del parlamentario, existe una hoja de ruta en la investigación de estas presuntas irregularidades en la que cooperan organismos y agencias internacionales de aquellos países cuyos sistemas financieros se usaron para desviar el dinero que en vez de iluminar a Venezuela, hacen brillar las arcas de los responsables de estas operaciones”.

Reich Vs. Betancourt

Alejandro Betancourt, su socio Pedro Trebbau y Francisco D‘Agostino se vieron investigados en las cortes federales del estado de Nueva York a raíz de una denuncia interpuesta en su contra por el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, quien el 30 de julio de 2013 los acusó por estar supuestamente incursos en el delito de crimen organizado, corrupción, chantaje a funcionarios públicos, fraude electrónico, difamación personal y comercial, falsedad perjudicial y conspiración, entre otros[11].

Esta acusación la hizo al considerar que “la difusión de versiones falsas de una supuesta vinculación de su bufete con la firma venezolana por parte de los representantes de Derwick habría perjudicado su reputación e incluso tuvo repercusiones financieras”.

Otto Reich representó a los Estados Unidos en Venezuela desde 1986 hasta 1989, además de ostentar posiciones importantes en el Departamento de Estado. Durante su carrera, mantuvo varias posiciones prominentes dentro del Departamento de Estado enfocadas primordialmente a Latinoamérica y el Caribe y la “cultura de corrupción” que acechaba a varios gobiernos de la región, en particular Venezuela. Desde su retiro del gobierno estadounidense en el 2004, Reich, a través de su empresa Otto Reich Associates LLC ha sido consultor para varias personas y organizaciones pro-democracia y anti-corrupción en EE. UU.


En el portal RunRun.es explica que Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro José Trebbau López, residentes en Estados Unidos para la fecha, acumularon enormes fortunas presuntamente a través de un esquema ilegal para obtener contratos en materia energética en Venezuela para sus empresas Derwick Associates USA LLC y Derwick Associates Corporation. Los acusados supuestamente ofrecían sobornos a funcionarios públicos en Venezuela a cambio de la adjudicación de contratos de construcción en el sector energético y cuando se garantizaban los contratos transferían en dinero a cuentas bancarias en Nueva York. Luego Betancourt y sus socios subcontrataban a empresas estadounidenses, incluyendo General Electric, Pratt & Whitney y ProEnergy Services LLC, para que llevaran a cabo los proyectos de construcción.

La demanda —prosigue el portal— establecía que Betancourt era dueño de un pent-house en el Olympic Tower en la Quinta Avenida en Nueva York, mientras que Trebbau tenía una propiedad en la zona exclusiva de Sunny Isles en Miami y Francisco D’Agostino Casado poseía bienes inmuebles en Southhampton, así como en el Upper East Side de Nueva York. Adicionalmente, cuentan con propiedades en Florida. Refiere que los imputados dirigían el negocio desde una oficina ubicada en 450 Park Avenue en Nueva York.

En septiembre de 2012 Betancourt, Trebbau y Derwick Associates demandan por difamación ante los tribunales de Miami, Florida, en procura de ser resarcidos por daños en un monto que superaba los USD 300 millones al Banco Venezolano de Crédito y a su presidente, Oscar García Mendoza, un opositor del régimen chavista. Sostenían que el banco y García difundieron información difamatoria en relación a Derwick y sus fundadores en un sitio web llamado wikianticorrupcion.org. El Banco Venezolano de Crédito contrató a Otto Reich y su empresa para que los ayudara en su defensa. Betancourt, Trebbau y D‘Agostino habrían intentado disuadir a Reich y, presuntamente, le habrían ofrecido dinero para que desistiera, pero el exdiplomático se negó y procedieron a difundir “información falsa ante los directivos del banco asegurando que Reich trabajaba como doble-agente para Derwick. Finalmente, en diciembre de 2012 el Banco Venezolano de Crédito termina su relación con Reich y ORA y pone fin a todo tipo de comunicación entre las partes”[12].

Por todo lo expuesto anteriormente, Otto Reich introduce la demanda a los bolichicos a finales de julio alegando y culpándolos, entre otros supuestos delitos, por crimen organizado, corrupción y difamación.

El juez  la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul Oetken, desestimó la querella al estimar que esa ciudad no era la residencia permanente de Betancourt y sus socios señalados como co-conspiradores en la acción judicial. Consideró el magistrado que los alegatos de Otto Reich no constituían una violación de la Ley de Organizaciones Corruptas bajo la influencia del Crimen Organizado[13].

Reich apeló la decisión en junio de 2016 y en esa ocasión declaró que “Betancourt y Trebbau amasaron una enorme fortuna por medio del pago ilícito de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, que a cambio otorgaron a Derwick gigantescos contratos en el sector energético. El pueblo de Venezuela es una víctima indirecta de una sobrefacturación por parte de los demandados de al menos 2,9 billones de dólares”.

El periodista Alek Boyd advierte que “la pesadilla” para Derwick continúa, pues Otto Reich acusó también al banco JP Morgan de haber participado, básicamente, en blanqueo de capitales. Refiere que Eduardo Travieso compró en representación de Alejandro Betancourt un pent-house en Nueva York mientras era empleado de la citada entidad bancaria a un otorgante de un préstamo hipotecario de más de 5 millones de dólares.

Alertaba de que “los bolichicos” debían haber lamentado valerse del argumento de la falta de jurisdicción de las cortes de Nueva York en la demanda de Reich, pues antes de demandar en la Florida ya habían introducido otra demanda contra Oscar García y el Banco Venezolano de Crédito por motivos similares en esa ciudad. “Es decir, en 2012 estimaron apropiado usar las cortes del estado de Nueva York para demandar, y en 2013 afirmaron que las mismas cortes no tienen jurisdicción sobre sus actividades ilícitas”, subrayaba Boyd[14].

También contra Thor-Halvorssen

El activista de derechos humanos, Thor Halvorssen Mendoza, presidente de Human Rights Foundation (HRF), también demando por difamación a los dueños de Derwick en marzo de 2014.

El demandante señaló que “El Estado venezolano pagó más de 2 mil millones de dólares a los bolichicos por chatarra termoeléctrica que vendieron con sobreprecio”.

Una nota de La Razón refiere que Halvorssen Mendoza declaró en una entrevista que “Los bolichicos son un grupo de jóvenes sin experiencia alguna en el sector eléctrico que obtuvo 12 contratos de PDVSA, Corpoelec y Sidor/CVG para enfrentar la crisis eléctrica del año 2010 (…) Luego subcontrataron a ProEnergy, una empresa estadounidense que se encargaría de lo técnico, debido a la total falta de conocimiento del grupo Derwick acerca de la construcción y equipamiento de plantas eléctricas”[15].

Los procesos fueron desestimados por competencia jurisdiccional, lo que no quiere decir que los hechos planteados en ellas fueran inciertos. De cualquier manera, el entorno de Betancourt insiste en afirmar que las demandas civiles fueron rechazadas y sostienen que este no está vinculado ni directa ni indirectamente a ningún proceso legal en su contra.

Pero Halvorssen volvió al ataque el 10 de mayo 2018 cuando presentó una nueva querella por daños y perjuicios en la Corte del Distrito Este de Nueva York contra los propietarios de Derwick Associates, Francisco D’Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López. La demanda incluía también a dos estadounidenses, Glenn R. Simpson y Peter Fritsch. La acción la sustenta el demandante de conformidad con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales, conocida como “RICO”. 

Thor Halvorssen aseguró ante el tribunal que los empresarios venezolanos habían incurrido en una conspiración para tomar represalias en su contra por informar sobre una serie de delitos de corrupción y lavado de dinero cometidos por ellos. “Según el documento legal, el objetivo de la conspiración fue desprestigiar a Halvorssen para que no pudiera ejercer como presidente de Human Rights Foundation. Dice que los acusados habrían creado una campaña contra el demandante, contando para ello con los servicios de la empresa Fusion GPS, que ha estado en el ojo del huracán por haber dado a conocer datos falsos sobre los supuestos vínculos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump con el Kremlin, pagados por el Partido Demócrata y la campaña de su excandidata presidencial Hillary Clinton”, refiere una nota de El Nuevo País[16].

Según el demandante los acusados “contrataron a los directores de Fusion GPS, Glenn Simpson y Peter Fritsch para producir un expediente falso y una campaña mediática (que incluyó las redes sociales) para describir a Halvorssen como un pedófilo, adicto a la heroína y malversador del dinero de la Fundación Human Rights con sede en Nueva York.  Defenderse de tales acusaciones le habría costado a Halvorssen millones de dólares que ahora demanda por daños a los demandados bajo la Ley RICO”.

Vale destacar que el exfiscal del distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, solicitó a las autoridades suizas información sobre las cuentas relacionadas con la supuesta trama de corrupción que estaría esquilmando los recursos de PDVSA y de Corpoelec. Las averiguaciones solicitadas eran tanto de Derwick como de sus directivos.

Halvorssen afirma que las recientes detenciones en España de Nervis Villalobos podrían poner en evidencia también a los bolichicos.

Otros negocios en España

La compra de una finca en Toledo por parte de Betancourt es reseñada por El Mundo[17] como un ejercicio para ocultar y proteger los fondos indebidamente obtenidos a expensas de los contratos con PDVSA. Betancourt se enamoró de la propiedad nada más con verla.

Esto lo habrían hecho de la mano de un español de nombre Albero Cortina, quien se convirtió en socio de Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau López, ahora atrincherados en España. También mantendrían negocios con un grupo financiero en África.

Alberto Cortina fue condenado en 2003 por falsedad y estafa.

Betancourt y Trebbau dueños en España de Derwick Associates International, rebautizada con el nombre de Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste —reseña El Mundo— se valieron de la crisis patrimonial de Gerardo Díaz Ferrán y compraron la finca por 22,8 millones de euros en 2012.

El hijo de Palomo Linares, Miguel Palomo Danko, medió entre estos venezolanos y los administradores de la empresa Pulpi, propietaria de la finca.

El primer negocio entre los bolichicos y Cortina surgió en torno al petróleo venezolano cuando en febrero de 2012, el gobierno de Hugo Chávez aprobó la constitución de la empresa mixta Petrozamora, entre PDVSA con un 60 por ciento de las acciones y la holandesa Gazprombank Latin America Ventures BV, con el restante 40 por ciento. Esta última habría sido conformada por Cortina, Betancourt y Trebbau con financiación rusa. 51 por ciento es de Gazprombank y el 49 por ciento del español y los venezolanos.

La otra sociedad entre Cortina y los bolichicos se dio en 2014 cuando fundaron de nombre BDK Financial Group SA que tenía como objetivo crear una red financiera en los países del África francófona, comenzando en Senegal, donde adquirieron el Banco de Dakar, en 2015. Ya se encuentran en también Costa de Marfil, Mali y Guinea Conakry. Como les faltaba capital debieron recurrir a terceros para completar, como el asturiano Blas Herrero Fernández, dueño de la cadena de radio Kiss FM; Alberto Alcocer, primo de Cortina; la familia de Emilio Botín en el Banco Santander, Alfredo Sáenz; el hermano de Alberto Cortina, Alfonso, expresidente de Repsol, participa a título personal y a través de la empresa Pair Wise SL; César Álvarez, hermano del fallecido Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés, a través de Alvanella SL.; y el hijo de Cortina, Pelayo Cortina Koplowitz; Ramón Blanco Balín, a través de la sociedad Valmur Asesores; el empresario Bartolomé Fluxá Torres, a través de Barflutor SL; y el ex presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (Fapae), Pedro Pérez Fernández de la Puente, a través de GDavid Consultores SL; entre otros.

Cortina y Betancourt también se asociaron en Petrosur, empresa mixta en la que PDVSA posee el 60 por ciento de las acciones y la holandesa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, el restante 40 por ciento. Pero en enero de 2018 Cortina y Betancourt habrían abandonado este proyecto[18].

Supuesta corrupción oculta tras unos lentes Hawkers

Una nota de El Confidencial hace referencia al curioso caso que llamó la atención de un consultor acostumbrado a rastrear grupos de presión cuando hurgaba entre la clientela de Ballard Partners, una empresa importantísima de “lobbies” en Washington DC.

Le resultaba llamativo que una televisora venezolana, Globovisión, y una empresa dedicada a la venta de lentes de sol por internet, recurrieran a los servicios de Hawkers. Había que indagar las razones.

La respuesta estaba en que Alejandro Betancourt, recién ingresado al jet set español cuya fortuna era investigada por las autoridades de los EE. UU. y su nombre inundaba la prensa venezolana y la estadounidense con acusaciones de corrupción y múltiples irregularidades, requería limpiar su imagen.

Los creadores de Hawkers conocieron a Betancourt en 2016 cuando buscaban un socio capitalista. El hombre estaba dispuesto a inyectarle 40 millones de euros a la empresa, una inversión que lo convirtió en presidente de la sociedad matriz que controla Hawkers (Saldum Ventures SL).

La compra por parte de Leopoldo Alejandro Betancourt López en 2012 de la finca de caza de 1.600 hectáreas en Toledo, levantada sobre un castillo andalusí del siglo X y expropiada a Gerardo Díaz-Ferrán por 22 millones de euros, lo convirtió en blanco de las miradas de la sociedad española.

Aunque pasaba mucho tiempo en España donde contrajo nupcias, el centro de los negocios de Betancourt seguía siendo Venezuela, donde mantenía estrechas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, traducidas estas en grandes negocios.

Fuentes de El Confidencial refieren que Hawkers actúa en procura de que no se impongan más sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Venezuela. “Si rascas un poco, es evidente que esa podría ser la razón por la que Betancourt ha contratado a Ballard. Curiosamente, hay otra empresa que desentona en el listado de clientes y es precisamente Globovisión, la televisión propiedad de Raúl Gorrín, otro de los aliados clave de Maduro”, se lee en la nota.

Además, Otto Reich sería parte de los asesores de la Casa Blanca y dados los antecedentes antes narrados sobre este y Betancourt, es preciso actuar para evitar mayores consecuencias.

Después de varias contradicciones, Hawkers le refirió a El Confidencial que el contrato con Ballard obedecía a la “prestación de servicios de consultoría” en razón de la expansión de la empresa en Estados Unidos. “Lo que se ha firmado con Ballard es un contrato de asesoría con objetivos estratégicos (mercado, financiación, posicionamiento de marca), para la expansión de Hawkers en el mercado de USA. Se trata de un contrato de tres meses de prueba para prestación de servicios de consultoría”.

Accionistas de Pacific

El 21 de abril de 2015, a través del grupo de inversionistas O’Hara, Betancourt y sus socios se convirtieron en accionistas de Pacific en Colombia, cuando IPC Investments Corp, uno de sus fondos, compró un millón de acciones ordinarias. 

Ese mismo mes “fueron denunciados ante las autoridades competentes por el accionista de Pacific, Felipe Goyeneche, por presuntamente incurrir en lavado de activos. De acuerdo con el acta de denuncia, ‘dichos empresarios extranjeros, utilizando sus empresas, llegan a otros países con el objetivo de legalizar dineros mediante la inversión en diferentes empresas nacionales o multinacionales. En el caso particular, la compañía Derwick Associates realizó compra de acciones en la multinacional Pacific Exploration & Production, con capitales de dudosa procedencia, obtenidos generalmente en sus países de origen’”[19].



Citas usadas en esta nota:



[3] El Confidencial. “Alberto Cortina y Alex Betancourt ultiman la compra del Versus Bank en Costa de Marfil”. 28 de septiembre de 2015. https://www.elconfidencial.com/empresas/2015-09-28/alberto-cortina-y-alex-betancourt-ultiman-la-compra-del-versus-bank-en-costa-de-marfil_1035669/
[4] Linkedin. Alejandro Betancourt López. https://ve.linkedin.com/in/alejandrobetancourtlopez
[5] Noticiero Digital. “Juan Carlos Zapata: Los bolichicos y sus nexos”. 10 de agosto de 2011. http://www.noticierodigital.com/2011/08/juan-carlos-zapata-los-bolichicos-y-sus-nexos/
[6] Slide Share. Expansión: La venezolana Derwick se reúne con Unesa y busca oportunidades de inversión en España. https://www.slideshare.net/DerwickAssociatesCorp/expansin-31303270
 
[8] El Estímulo. “Alejandro Betancourt, el “bolichico” que se hizo millonario con los apagones”. 22 de marzo de 2019. http://elestimulo.com/climax/alejandro-betancourt-el-bolichico-que-se-hizo-millonario-con-los-apagones/
[10] Bloomberg. Derwick Associates Corp. https://www.bloomberg.com/profile/company/1383744D:US
[11] Setty Southam. Demanda de Otto Reich contra Leopoldo Alejandro Betancourt, Pedro Trebbeau y Francisco D‘Agostino. https://settysoutham.files.wordpress.com/2013/07/reich-vs-lopez-derwick.pdf
[12] RunRun.es. “Entendiendo la demanda de Otto Reich vs. Derwick Associates por J. A. McGinley”.4 de agosto de 2013. https://runrun.es/uncategorized/77798/entendiendo-la-demanda-de-otto-reich-vs-derwick-associates-por-j-a-mcginley/
[13] El Nacional. “Tribunal de New York desestimó acusaciones en contra de accionistas de Derwick Associates”. 19 de agosto de 2014. https://web.archive.org/web/20140820233752/http://www.el-nacional.com/mundo/Tribunal-New-York-Derwick-Associates_0_467353296.html
[14] Infodio. “Demanda de Otto Reich contra bolichicos Derwick Associates expone nuevos actores”. http://infodio.com/es/150114/demanda-de-otto-reich-contra-bolichicos-derwick-associates-expone-nuevos-actores
[15] La Razón. “Thor Halvorssen: “Bolichicos” estafaron con chatarra eléctrica”. https://www.larazon.net/2016/05/entrevista-thor-halvorssen-bolichicos-estafaron-con-chatarra-electrica/
[16] Venezuela Política. “Demandan por daños y perjuicios a los "Bolichicos" en una corte de Nueva York”. 20 de mayo de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/05/nueva-demanda-contra-los-bolichicos.html
[18] Venezuela Política. “Nicolás Maduro crea la empresa mixta Petrosur en asociación con los Bolichicos”. 11 de septiembre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/09/patrosur-una-empresa-mixta-entre-pvc-y.html
[19] La República. “¿Quiénes son los ‘bolichicos’ y cuáles son sus tentáculos?”. 27 de abril de 2016. https://www.larepublica.co/empresas/quienes-son-los-bolichicos-y-cuales-son-sus-tentaculos-2373476