Mostrando entradas con la etiqueta corrupción CITGO. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta corrupción CITGO. Mostrar todas las entradas

viernes, 28 de octubre de 2022

Tribunal de EE. UU. emitió orden final de confiscación de bienes adquiridos con dinero robado a CITGO - PDVSA por el exfuncionario corrupto, José Luis De Jongh Atencio

  El Tribunal emitió Orden Final de Confiscación de las propiedades que el exfuncionario corrupto adquirió con fondos irregulares provenientes de la corrupción en la filial de PDVSA.

Por Maibort Petit
   Tal como se ejecuta en este tipo de casos, el Tribunal del Distrito Sur de Texas concluyó la confiscación de los bienes comprados por el exfuncionario corrupto de CITGO, José Luis De Jongh- Atencio con dinero esquilmado de las arcas del tesoro venezolano. El sujeto, acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero se declaró culpable y está a la espera de la sentencia.

  El expediente judicial no muestran aún ningún documento que permita evidencia la posibilidad que Venezuela o CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, pueda rescatar parte del dinero robado a sus arcas por parte de José Luis De Jongh Atencio —exencargado de las adquisiciones en la empresa— a través de operaciones corruptas.

 En el caso aparece una serie de diligencias hechas por la corte para la confiscación definitiva de los bienes inmuebles propiedad del exfuncionario, y que han pasado a ser propiedad de los Estados Unidos. 

  Las propiedades confiscadas por Estados Unidos pasan a ser subastadas y los fondos, salvo que el tribunal emita una medida que reconozca a PDVSA- CITGO como víctima del caso, pasan a la tesorería para sean dispuestos por el gobierno.

La Orden Final de Confiscación

  El día 28 de junio de 2022, Gray H. Miller, juez superior para el Tribunal Distrito Sur de Texas-División de Houston, emitió una Orden Final de Confiscación de bienes pertenecientes a José Luis De Jongh Atencio, quien el 22 de marzo de 2021. 
 
  Desde su posición como funcionario encargado de las adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EE. UU., De Jongh Atencio aceptó sobornos de José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, a cambio de trato preferencial para ellos y sus empresas en la obtención de contratos y preservación de los mismos[1].

  Previamente, el 22 de marzo de 2021, el Tribunal había dictado una Orden Preliminar de Confiscación Acordada mediante la cual decomisó varios inmuebles en 440 Cobia Drive, en Katy, Texas. Transcurridos todos los plazos que marca la ley y en razón de que el 13 de junio de 2022 era la fecha límite para la presentación de reclamos y D&H Service Group[2]—empresa propiedad de José Luis De Jongh— no presentó ninguno, y habiendo las autoridades tributarias reclamado el pago de los impuestos acumulados de dichos inmuebles, el juez Miller procedió a ordenar la confiscación en favor de los Estados Unidos.

Lo confiscado

  La orden del juez Gray Miller comprende los bienes inmuebles denominados como Unidades 201, 202, 203, 204, 303 y 304 de Grand Ridge Office Condominiums, ubicado en 440 Cobia Drive en Katy, Texas.
 El decomiso incluye todas las mejoras, edificios, estructuras y accesorios que se le hayan practicado estas unidades de las cuales las identificadas con los números 201, 202, 203 y 204 se encuentran en el Edificio 2, mientras las unidades 303 y 304 están en el Edificio 3.
   Asimismo, se estableció que, a partir de la orden, los Estados Unidos pasan a ser titular de los inmuebles y puede proceder a la venta de los mismos, ordenándose además la mora de D&H Service Group Inc., la cual perdió todos los derechos sobre estos.

 Se estableció también la mora para cualquier otra persona que pudiera reclamar derechos sobre los inmuebles, con excepción de la Administración Tributaria a quienes, por la misma orden, se le deberán cancelar los impuestos sobre la propiedad ad valorem adeudados y evaluados sobre los bienes inmuebles hasta la fecha de la decisión del tribunal, así como sus intereses.
  A partir de la fecha de la decisión, los Estados Unidos dispone de los inmuebles según la ley y debe acreditar el producto neto recuperado del decomiso de la propiedad contra la sentencia monetaria dictada contra José Luis De Jongh Atencio.


[1] Venezuela Política. “Corrupción CITGO: Conozca los detalles del caso de José Luis De Jongh Atencio (I)”. 12 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/corrupcion-citgo-conozca-los-detalles.html




miércoles, 14 de septiembre de 2022

Justicia de EE. UU. desestima acusación criminal contra Paulo Murta, artífice de la trama de corrupción de Roberto Rincón y Abraham Shiera

  Entre otras razones de tipo legal, el haber actuado premeditadamente y con la intención de que el acusado se autoincriminara llevó al juez a desestimar una de las pruebas fundamentales de acusación.

Por Maibort Petit
    Un juez de Texas desestimó la causa criminal que se le seguía contra Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, presunto artífice de la trama de corrupción encabezada por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, excontratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quienes pagaron soborno a funcionarios de la estatal petrolera a cambio de la obtención de contratos con sobreprecio y trato privilegiado.
 
  El tribunal desestimó los cargos de la FCPA en función "de la falta de jurisdicción, la falta del debido proceso, la vaguedad y cuestiones de estatuto de limitaciones".
   
 En septiembre de 2019, el Departamento de Justicia anunció la apertura de una acusación penal contra (entre otros) Paulo Casqueiro-Murta en relación con un presunto plan de soborno que involucra a la empresa de energía estatal PDVSA.

  Según el Departamento de Justicia, Murta (ciudadano de Portugal y Suiza) brindó servicios financieros a varios coacusados ​​(incluidos ex empleados de PDVSA) en relación con varios esquemas de soborno y fue acusado de violar directamente o ayudar a otros a violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y leyes de lavado de dinero.

  Recientemente, el juez del Distrito Sur de Texas, Kenneth Hoyt concedió la moción de Murta para desestimar los cargos por falta de jurisdicción, falta de debido proceso, vaguedad y cuestiones de estatuto de limitaciones.

  En una de las mociones de Murta, y aprobadas por el juez Hoyt, se aceptó las alegaciones del acusado, según las cuales, hubo una  actuación irregular de los DHSç
 
  Hoyt concedió en julio pasado la moción para suprimir la entrevista, con base a la violación de los Derechos Miranda de Paulo Murta bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE. UU. Y en septiembre desestimó todo el caso, tras lo cual el operador quedó libre de todo proceso.

  El magistrado consideró para su decisión, tanto la moción para desestimar la acusación de reemplazo, como la de supresión sustentada en las presuntas violaciones a los Derechos Miranda de Paulo Murta bajo la Quinta Enmienda de la Constitución federal. Estas mociones presentadas de forma separada, fueron abordadas por el juez Hoyt de manera conjunta.

La moción de desestimación de la acusación de reemplazo

  Se acusa a Murta de brindar servicios financieros de una manera que violó directamente o, ayudó a violar varios estatutos federales de los Estados Unidos, como la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986, enmendada (MLCA), la Ley Federal de Prácticas Corruptas (FCPA), y el título 18 del Código de los Estados Unidos.

 La acusación de reemplazo señala que, aunque Murta era un ciudadano de Portugal y Suiza, actuó como un agente de la empresa suiza B, varios coacusados extranjeros y una o más empresas con sede en los EE. UU. Se refiere que si bien Paulo Murta no era un empleado del Banco Espírito Santo (BES) trabajó estrechamente con Banquero BES 1 Banquero 2 a objeto de “establecer la estructura y las cuentas utilizadas para realizar transacciones financieras en el presunto esquema de lavado de dinero en comercio interestatal”.

  Estimó el juez respecto a los cargos 13 y 14 de la acusación de reemplazo, que no se estableció que Paulo Murta haya enviado o recibido ninguna de las supuestas comunicaciones mientras se encontraba en Estados Unidos. Esto de acuerdo a la acusación de reemplazo, ocurrió después de que Murta viajara en febrero de 2012 a Miami, Florida, para reunirse con Abraham Shiera y su socio para hablar sobre el presunto esquema de lavado de dinero. A pedido de Shiera, el acusado le habría enviado por correo electrónico y mensaje de texto, entre el 25 de enero de 2012 y el 18 de marzo de 2013, información atinente a la apertura de cuentas en el Banco Espirito Santo. Asimismo, en mayo de 2012, Murta supuestamente les remitió un correo electrónico a los socios de Shiera que contenía un acuerdo de préstamo presuntamente falso que serviría para justificar una transferencia bancaria a las cuentas de los funcionarios por USD 4,8 millones.

  Ya respecto a los cargos 18 y 19, el 25 de marzo de 2013 y el 8 de mayo de 2013, Murta habría transferido o ayudado a transferir de la Compañía de Rincón 2 con sede en EE. UU. a la Compañía de Rincón 8 con sede en Venezuela, USD 8,5 millones destinados supuestamente a pagar sobornos a los funcionarios venezolanos.

  En atención al cargo 14, Conspiración para violar la FCPA, el juez determinó que debe ser desestimado por falta de jurisdicción, falta de debido proceso y vaguedad. El tribunal cree que el gobierno carece de jurisdicción extraterritorial sobre el acusado cuando lo califica de “agencia” por su conducta en el extranjero. Estableció el magistrado que el término “agencia” es constitucionalmente vago en cuanto a este acusado extranjero.

 A las afirmaciones del gobierno de que las comunicaciones por correo electrónico entre el acusado y otros socios acusados ocurridas entre enero de 2012 y marzo de 2013, calificados como posibles actos abiertos, no son sustentados debidamente. La acusación de reemplazo no alega que Murta haya enviado o recibido estas comunicaciones desde EE. UU. Por tanto, estas comunicaciones no pueden considerarse como actos que apoyen la conspiración.

 Agrega el magistrado que no se establece un nexo suficiente entre la supuesta conducta de Paulo Murta y los Estados Unidos para satisfacer el requisito del debido proceso de la Quinta Enmienda. Por ello el cargo 14 se desestima.

  Los cargos 18 y 19 referidos a violaciones sustanciales de lavado de dinero y complicidad; así como conspiración para cometer lavado de dinero del cargo 13, también se desestiman por falta de jurisdicción.

  Tampoco la acusación de reemplazo alega que Murta se encontraba en EE. UU. cuando ocurrieron las supuestas transacciones, o que las inició o intentó iniciarlas desde Estados Unidos. Igualmente, no existe alegato de que ninguna de las comunicaciones de las que se hace mención en los cargos 18, 19 o 13, hayan ocurrido en EE. UU. Por tanto, se determina que el tribunal carece de jurisdicción extraterritorial sobre el acusado en relación a un delito sustantivo de lavado de dinero a que hace referencia al cargo 18. En consecuencia, también se deben desestimar los cargos 19 y 13 de complicidad y conspiración. En opinión del juez, el enjuiciamiento de Paulo Murta en razón de los cargos 18, 19 y 13, viola sus derechos al debido proceso de la Quinta Enmienda.

  Por todo lo expuesto, el Tribunal para el Distrito Sur de Texas determinó que los cargos 13, 14, 18 y 19 de la acusación de reemplazo deben desestimarse por falta de jurisdicción, falta de declaración una demanda, el debido proceso y la vaguedad.

  Del mismo modo, el tribunal estimó que debe otorgarse la moción de desestimación a Paulo Murta sustentada en el estatuto de limitaciones. Se determinó que al acusar al demandado en abril de 2019 es indicativo de que se presentó fuera del plazo de prescripción, por lo que los Cargos 13, 14, 18 y 19 deben ser y son desestimados.

La moción de supresión

 El tribunal recordó que cuando un acusado sostiene que una declaración fue involuntaria y se procura que la misma sea usada en su contra en el juicio, al gobierno le corresponde probar que la declaración fue voluntaria.

  La jurisprudencia ha establecido que la voluntariedad no la determina la cooperación de un testigo, sino por el hecho de que se le informen sus derechos. La Quinta Enmienda otorga al acusado el derecho a no autoincriminarse. Por ello los Derechos Miranda estipulan que una persona tiene derecho a permanecer en silencio durante un interrogatorio bajo custodia. Además, el hecho de que la entrevista o el interrogatorio tenga lugar en un país extranjero no aminora las protecciones de la Quinta Enmienda o Miranda.

  La decisión estableció que fue evidente que los agentes de Seguridad Nacional controlaron la entrevista a Paulo Murta en Portugal el 20 de marzo de 2018 y allí las preguntas se realizaron de manera intimidante, diseñadas para obtener respuestas incriminatorias. De no haber sido así, no se habría requerido una declaración escrita.

  Para el juez es indiscutible que no se le leyeron los Derechos Miranda a Paulo Murta antes de realizar las preguntas y, por el contrario, le aseguraron para tranquilizarlo, que no estaba siendo investigado.

  “La evidencia indiscutible muestra, sin embargo, que el acusado fue interrogado mientras se encontraba en un entorno y estado de custodia, por lo que se aplican las protecciones de Miranda y la Quinta Enmienda”, reza la decisión.

  El magistrado estableció que en la posición de Paulo Murta este no sintió que podía abandonar la entrevista voluntariamente, por lo que la moción para suprimir cualquier declaración oral o escrita dada a los agentes de portugueses o del DHS, se suprimen.

 Por todo lo expuesto, el juez Kenneth M. Hoyt concedió la moción de desestimación a Paulo Murta.

martes, 13 de septiembre de 2022

CITGO pide al tribunal declarar en desacato a empresa de José Manuel González Testino por no acatar orden de entregar documentos

  Una vez más, el empresario que se declaró culpable de corrupción y lavado de dinero, evade responder ante la justicia sobre sus negociaciones irregulares.

Por Maibort Petit

  Ante la renuencia de José Manuel González Testino y una de sus empresas, Petroleum Logistics Service USA Inc., a responder a los llamados y órdenes del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, CITGO Petroleum Corporation, pidió a dicha corte, declararla en desacato por no atender debidamente a las citaciones a ella formuladas ni a la orden de producir una serie de documentos que servirían para dilucidar la acusación por incumplimiento de contrato, fraude y violación a la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO), que estableció contra Petroleum Logistics Service Corp. (PLS), de la que la primera es filial en Miami.

  Desde que CITGO demandó a González Testino y su empresa[1], este ha mantenido como estrategia el hacerse el desentendido de las acciones judiciales emprendidas contra él[2].

En esta entrega damos cuenta de los últimos acontecimientos del caso.

Pruebas bajo sello

  16 de junio de 2022, Lisette M. Reid, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, concedió a CITGO Petroleum Corp., la moción mediante la cual solicitó a dicha Corte para presentar y mantener bajo sellos los elementos de prueba que se manejan en caso en el que demanda a Petroleum Logistics Service USA Inc.

  Igualmente, la magistrada determinó que CITGO presentara las facturas como apoyo de su solicitud de gastos bajo sello. Tal decisión obedeció, según se explica en la orden del tribunal, al fecho de que dichas facturas contienen “información comercial privilegiada y de propiedad exclusiva".

  Los gastos derivan de los trámites llevados a cabo por CITGO para hacer cumplir a Petroleum Logistics Service USA Inc. con una citación. Del mismo modo, la filial de PDVSA ha referido que las facturas reflejan los gastos incurridos en el descubrimiento y ha dejado claro que los papeles que se presentarán sellados estarán a disposición de la demandada.

  Se advierte que, al sopesar los intereses contrapuestos de las partes, el perjuicio de la demandada será mínimo, mientras que CITGO está en desventaja competitiva en futuras negociaciones con clientes, competidores e instancias en las que se procuren honorarios razonables de abogados.

  La magistrada estimó que CITGO demostró una buena causa para presentar las facturas selladas; que las funciones del tribunal y del caso no se verán obstaculizadas; que tanto la Corte como Petroleum Logistics Service USA Inc. —que no se ha presentado en el caso— tendrán acceso a la documentación pertinente; que la demandada presentará también una respuesta sellada; y que el peticionario es el único con un verdadero interés de privacidad en el caso. Divulgar información de CITGO sobre los honorarios de abogados la podría en desventaja futura, entre otras consideraciones, fue evaluado por el tribunal al momento de decidir.

CITGO pide declarar en desacato a PLS USA

  El 10 de agosto de 2022, Amy G. Fudenberg, Michael Gottlieb y Robert Meyer, abogados del peticionario CITGO Petroleum Corporation, solicitaron al Tribunal para el Distrito Sur de Florida dictar una orden en la que se declare en desacato a Petroleum Logistics Service USA Inc. (PLS USA) imponiéndose multas por hasta USD 500 diarios hasta completar una declaración y presente cualquier dispositivo, computadora, disco duro o base de datos en su posesión o control con una base de datos que permita una investigación forense.

  De acuerdo a la visión de CITGO la declaración de desacato es secuencia del incumplimiento de PLS USA a la que la Corte ordenó producir rápidamente un conjunto de documentos que respondan a la citación y, al mismo tiempo, designe a alguien que la represente en el proceso.

  También pidió CITGO al tribunal obligar a que PLS USA le reembolse los honorarios y costos razonables en que ha incurrido en procura de hacer cumplir a la empresa de José Manuel González Testino con el mandato de la corte del 11 de abril de 2022 de cumplir con la citación que se le formuló y la presente moción.

  Tal conducta de PLS USA se ha dado a pesar de que en proceso en el que demanda a Petroleum Logistics Service Corp. (PLS) de la cual es subsidiaria, ella no está siendo acusada y ha insistido en ignorar el llamado del tribunal.

  En criterio de CITGO, la respuesta que PLS USA dio el 5 de julio de 2022 fue inadecuada cuando advirtió que la notificación fue defectuosa, lo cual es incorrecto como también lo son las objeciones presentadas.

  Del mismo modo, para CITGO son insuficientes los 13 documento producidos por PLS USA bajo el argumento de que no posee comunicaciones de correo electrónico receptivas o información contable, lo cual es inverosímil. En marzo de este año, la empresa de González Testino argumentó que estaba insolvente desde marzo de 2022, lo cual no justifica de ninguna manera la retención de documentos.

  La moción narra al tribunal cómo han sido infructuosas las múltiples diligencias realizadas por CITGO frente al abogado de PLU USA, lo cual ha demorado aún más el proceso judicial. En tal sentido se solicita al tribunal desestimar las objeciones de PLS USA, su producción inadecuada, así de como colaboración en el descubrimiento, y ordenarle presentar cualquier dispositivo o base de datos que pueda contener documentos relevantes para llevar a cabo un examen forense por parte de un proveedor elegido por CITGO.

  PLS USA tampoco ha designado un representante corporativo para su declaración a pesar de todos los esfuerzos de CITGO y la citación del tribunal, una conducta que, para la demandante, amerita de la imposición de sanciones por parte de la corte.

 CITGO expuso en la moción al tribunal las múltiples diligencias hechas ante la empresa y su abogado, Peter González.

  Argumenta en su solicitud que declaración de desacato, que las objeciones de PLS USA carecen de fundamento pues la citación que se le presentó fue adecuada e, incluso, en caso de haberlo sido, la empresa de González Testino renunció a cualquier objeción al no pronunciarse en el tiempo establecido por ley.

  La respuesta en la que PLS USA se declara insolvente desde marzo de 2022, pues no está haciendo negocios ni mantiene registros comerciales no la excusa de la mala producción de documentos realizada. Además, según los registros públicos de la Secretaría de Estado de Florida, la empresa, al 9 de agosto de 2022 aún estaba activa. Tampoco cita ninguna autoridad que le permitiera justificar el estado operativo alegado.

  La moción advierte que cualquier destrucción de documentos después de haber recibido la citación es una violación que debe servir de motivación para dictar el desacato.

Lo que exige CITGO

  CITGO quiere que PLS USA pres ente todos los documentos y comunicaciones no privilegiados entabladas con José Manuel González Testino.

  Copias fieles y exactas del Libro Mayor general que contemple datos relacionados con Petroleum Logistics Service Corp. y Petroleum Logistics Service USA, Inc. entre 2014 y 2020.

Declaración jurada del abogado de CITGO

   En la misma fecha, 10 de agosto de 2022, Roberto J. Meyer, abogado de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, que representa a CITGO Petroleum Corp. en la demanda que mantiene contra José Manuel González Testino y a su empresa Petroleum Logistic Services Corp., presentó una declaración jurada en la cual certificó ante el tribunal todas las diligencias efectuadas para notificar a Petroleum Logistics Service USA, Inc. (PLS USA) acerca del requerimiento de que produzca una serie de documentos y los presente ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida.

  En su declaración, da cuenta y seña de todas y cada una de sus gestiones, para dar por enterada a PLS USA de sus acciones y los requerimiento del tribunal. De muchas de las diligencias referidas por el abogado, hemos dado cuenta en estas páginas[3].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “CITGO demandó a José Manuel González Testino y a una de sus [muchas] empresas que recibió contratos fraudulentos de la filial de PDVSA en EE. UU.”. 26 de mayo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/05/citgo-demando-jose-manuel-gonzalez.html

[2] Venezuela Política. “CITGO reporta al tribunal sobre las múltiples diligencias para citar a José Manuel González Testino sobre demandas en su contra”. 7 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/abogado-de-citgo-informo-al-tribunal.html

[3] Venezuela Política. “Las múltiples diligencias de CITGO para que José Manuel González Testino y su empresa respondan ante la justicia de Texas”. 7 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/las-multiples-diligencias-de-citgo-para.html


 

miércoles, 7 de septiembre de 2022

Trafigura, la empresa ligada al chavismo y a la que la justicia de EE. UU. le otorga sus demandas

  Mientras por un lado es acusada por presunta corrupción, por el otro los tribunales le conceden sus demandas.

Por Maibort Petit

   Trafigura, una empresa que se dedica al comercio de productos básicos y logística” en todo el mundo que entre sus principales actividades negocia de manera independiente petróleo y productos derivados del petróleo y que ha sido ampliamente cuestionada por sus vínculos con el chavismo, exhibe avances no solamente en territorio venezolano con sus aliados en el régimen de Nicolás Maduro, sino también en el propio Estados Unidos. Allí, mantiene operaciones con CITGO Petroleum Corporation, pese a que compañías, agentes y países, de manera previsiva, han suspendidos sus negocios con ella. También, el sistema judicial ha concedido sus demandas. Tal es el caso de la sentencia de un tribunal de apelaciones que ratificó la decisión del tribunal de distrito que dispuso, tal como lo había demandado, el reembolso de impuestos cobrados a las exportaciones petrolera que habían estado en manos de la citada compañía.

La decisión

  El 24 de marzo de 2022, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito falló a favor de la empresa Trafigura Trading LLC y la devolución de los impuestos cobrados a la misma, al establecer que es la propia Constitución de los Estados Unidos prohíbe gravar las exportaciones, lo cual “resuelve este caso”, dijo categóricamente el magistrado ponente, James Ho.

  La decisión se tomó 2 a 1, habiendo el juez Jacques Wiener dado el visto bueno a la sentencia mas no a la opinión de Ho. Entretanto, el juez James Graves manifestó su disenso. De este modo se refutó la acción del gobierno federal que insistía en que Trafigura Trading debía pagar un impuesto sobre el petróleo crudo nacional que exporta de los Estados Unidos, a lo que el tribunal de distrito dijo que y el tribunal de apelaciones lo confirmó.

  Recordó que la Convención Constitucional comenzó en Filadelfia el 25 de mayo de 1787 y allí, Alexander Hamilton defendió la necesidad de que constituir un gobierno federal debía tener un amplio poder para impuestos que incluyera específicamente las exportaciones, un criterio al que se opusieron firmemente los delegados del sur del país, quienes advirtieron que no aprobarían una Constitución que no prohibiera explícitamente impuestos sobre las exportaciones. Negociaron los del norte y los del sur, entonces, intercambiando el poder de gravar las exportaciones para el poder de regular el comercio.

  Después de largas discusiones, la Convención finalmente adoptó el lenguaje que ahora aparece en el Artículo I, la Sección 9 de la Constitución: "No se establecerán impuestos o impuestos sobre los artículos exportados de cualquier Estado". Una cláusula cuya importancia ha resaltado la Corte Suprema en varias ocasiones.

 Expone la sentencia que Trafigura Trading es una empresa de comercio de productos básicos que compra y exporta petróleo crudo de los Estados Unidos, la cual, entre 2014 y 2017, exportó alrededor de 50 millones de barriles de petróleo crudo de campos petroleros en Texas, Louisiana y Dakota del Norte. La compañía pagó más de USD 4 millones al Servicio de Rentas Internas (IRS, por las siglas en inglés de Internal Revenue Service) por dichas exportaciones, como lo requieren 26 U.S.C. § 4611 (b), una disposición que impone un "impuesto", a una tasa de 8 o 9 centavos por barril, según el año, al petróleo crudo nacional "utilizado o exportado desde los Estados Unidos". Este dinero pagado fue al Fondo Fiduciario de Responsabilidad por Derrames de Petróleo.

  Trafigura Trading LLC denunció que la disposición § 4611 (b) impone un impuesto inconstitucional bajo la cláusula de exportación, por lo que buscó un reembolso por el monto pagado, pero el IRS negó la solicitud. La empresa entonces acusó la inconstitucionalidad de la norma y el Tribunal de Distrito estuvo de acuerdo y otorgó el reembolso en consecuencia. Ante esta decisión, Estados Unidos apeló.

  Refiere el fallo que cuando se trata de la potestad federal de gravar las exportaciones, el texto del Artículo I, Sección 9 de la Constitución es categórico: “No se impondrá ningún Impuesto o Tasa sobre los Artículos exportados de cualquier Estado”.

  Entretanto, en los estados la prohibición para gravar las exportaciones es menos radical y estipula que “ningún Estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, imponer impuestos o derechos sobre las importaciones o exportaciones, excepto lo que sea absolutamente necesario para ejecutar sus leyes de inspección”.

 La inclusión de la excepción que permite a los estados imponer tarifas a las exportaciones que son "absolutamente necesarias para ejecutar sus leyes de inspección" y que plantea la pregunta de si puede el gobierno federal imponer tarifas similares a las exportaciones en virtud del Artículo I, Sección 9, la ponencia sostiene que la resuelve el Tribunal Supremo. Explica que dicha instancia judicial resolvió el asunto sosteniendo que un “impuesto” federal sobre las exportaciones puede ser recaracterizado —y confirmado— como una “tarifa de usuario”, si está “diseñado como compensación por servicios, instalaciones o beneficios proporcionados por el gobierno”.

¿Impuesto o tarifa de usuario?

  El juez Ho refiere que tocaba ahora resolver si la regla § 4611(b) impone un impuesto o una tarifa de usuario. En este sentido, indica que, a primera vista, el texto de la norma se refiere al cargo como un “impuesto”, pero “debemos considerar las cosas en lugar de los nombres” y considerar si el cargo funciona como “una tarifa de usuario de buena fe”.

  La jurisprudencia lleva al magistrado a establecer que, primero, hay que considerar si el cargo según § 4611(b) se basa en la cantidad o el valor del petróleo exportado y, de ser así, es más probable que se trate de un impuesto. En segundo lugar, hay que considerar la conexión entre los servicios del Fondo a los exportadores, si los hay, y lo que pagan los exportadores por esos servicios según § 4611(b). Esa conexión no necesita ser un ajuste perfecto, pero una tarifa de usuario debe "coincidir justamente" o "correlacionarse de manera confiable con" el uso de los servicios gubernamentales por parte de los exportadores. Finalmente, se debe aplicar un "escrutinio intensificado” y hacer cumplir estrictamente la prohibición de impuestos de la Cláusula de Exportación al "protegernos contra (…)  la imposición de un [impuesto] con el pretexto de fijar una tarifa”.

  Trafigura considera que el cargo no compensa el costo de ningún servicio que reciba del gobierno, desafía la analogía del seguro del gobierno y enfatiza que la regla § 4611(b) financia una amplia gama de iniciativas que no son “servicios” proporcionados a los exportadores en cualquier sentido razonable de la palabra. Este último punto es dispositivo, por lo que no hay necesidad de abordar la analogía del seguro del gobierno.

 Se subraya que las tarifas de usuario surgen en el contexto de "transacciones de valor por valor".

  Destaca que los exportadores de petróleo sujetos a § 4611(b) están obligados a pagar, entre otras cosas, reembolsos a fideicomisarios federales, estatales y de tribus indias por evaluar el daño a los recursos naturales; investigación y desarrollo de tecnología de contaminación por petróleo; estudios sobre los efectos de la contaminación por hidrocarburos; investigación de simulación marina; y becas de investigación a universidades y que ninguna de estas cosas puede concebirse plausiblemente como “servicios” prestados a los exportadores a cambio de su pago.

  Se indica que el Congreso elaboró un esquema en el que los exportadores de petróleo crudo se ven obligados a subsidiar actividades que no son "servicios utilizados o utilizables por el exportador". Se advierte que la sección 4611(b) carga a los exportadores con el costo de las medidas contra la contaminación que generalmente benefician a la sociedad en general, y no específicamente al exportador que paga el cargo.

Al disidente

  En la ponencia, el magistrado James Ho responde a su compañero, el juez Graves, quien manifestó su disidencia con la decisión.

 En este sentido, respecto al criterio de Graves, quien teoriza que la industria petrolera, en su conjunto, causa derrames de petróleo, contaminación por petróleo y daño ambiental, y que, por lo tanto, la industria debe ser considerada "responsable de sus propias acciones y prácticas comerciales", Ho le recuerda que muchos impuestos están diseñados con ese propósito, como es el caso de los impuestos a la gasolina.

 Explica Ho que se trata de medidas diseñadas para lograr fines importantes para la sociedad, los cuales están mucho más allá de simplemente sufragar los costos del gobierno que brinda un servicio o beneficio particular a los miembros del público. Eso es “precisamente lo que los convierte en un impuesto, en lugar de una tarifa”.

 Concluye subrayando que, “si la Constitución prohíbe los impuestos a la exportación diseñados para promover la política comercial, y claramente lo hace, entonces no existe una base de principios para permitir los impuestos a la exportación diseñados para promover la política ambiental. Eso desafiaría el texto simple, así como la comprensión de los Fundadores de los estatutos de nuestra nación”.

 Y sentencia: “Sostenemos que § 4611(b) impone un impuesto a las exportaciones en violación de la Cláusula de Exportación. Estados Unidos no puede hacer cumplir la § 4611(b) sobre el petróleo crudo ‘exportado de Estados Unidos’. Nosotros afirmamos”.

El voto disidente

  El juez James Graves sostiene que disiente de la decisión en razón de que existen cuestiones genuinas de hecho material en cuanto a si 26 U.S.C. § 4611 impone una tarifa de usuario legítima, dejaría sin efecto la concesión del juicio sumario de responsabilidad del tribunal de distrito a Trafigura Trading LLC y la devolución.

  Según Graves, la cláusula de exportación no descarta las tarifas de usuario si no tienen las condiciones de un impuesto o derecho y, por el contrario, están diseñadas para compensar al gobierno por servicios, instalaciones o beneficios.

  Considera que Trafigura no pudo demostrar que no existe una disputa genuina de hecho material o que tenía derecho a un juicio como cuestión de derecho y, por lo tanto, el juicio sumario fue impropio.

 Graves finalizó indicando que anularía la concesión del juicio sumario de responsabilidad a Trafigura por parte del tribunal de distrito y la prisión preventiva.

martes, 5 de julio de 2022

CITGO no quiere que se sepa cuánto paga en abogados

   Ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, CITGO Petroleum Corporation solicitó sellar la información sobre sus gastos en honorarios y costos de abogados.

Por Maibort Petit

  Al parecer, la administración del que es el principal activo de Venezuela extra fronteras, quiere mantener lejos de la opinión pública los datos que den cuenta de sus gastos para hacer frente a las múltiples demandas que enfrenta en distintos tribunales de los Estados Unidos.

CITGO pide sellar anexos e información de costos de abogados

  El 14 de junio de 2022, Roy K Altman, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, ordenó remitir a la Juez Magistrada de los Estados Unidos, Lisette M. Reid, las mociones presentadas por CITGO Petroleum Corp. ante esa instancia judicial, a objeto de que emita un informe y recomendación.

  CITGO presentó una Moción para sellar los Anexos y una Moción para los honorarios y costos de los abogados.

Junta Directiva de CITGO Petroleum Corporation (Oficial página web de CITGO)


martes, 8 de marzo de 2022

Tribunal reprograma para octubre el juicio entre PDV USA e Interamerican Consulting Inc a petición de las partes

  El juez aprobó el nuevo cronograma y advirtió que la corte no admitiría más prórrogas.

Por Maibort Petit

   Por decisión adoptada el pasado 3 de marzo, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Robert W. Lehrburger, el juicio entre PDV USA e Interamerican Consulting Inc. se reprograma para el mes de octubre del presente año 2022.

  Las partes presentaron ante la corte una solicitud conjunta en la que pidieron la extensión de programa del caso en aproximadamente tres meses.

A continuación, los detalles del nuevo cronograma:

La solicitud

  El 3 de marzo de 2022, Jeffrey B. Korn y Brady M. Sullivan, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP en representación de PDV USA en el litigio que mantiene contra Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, remitió una comunicación al juez de la causa, Robert W. Lehrburger, para solicitar, conjuntamente con la parte demandada, que la corte le diera entrada a la Orden de Programación Revisada Propuesta.

  El pedido, sustentado en lo establecido en la Regla I.F de las Prácticas Individuales de Su Señoría en Casos Civiles, propone la extensión del programa de casos actual en aproximadamente tres meses. Para facilitar la referencia, las partes presentaron los plazos vigentes para la fecha de la comunicación, junto con los plazos revisados propuestos. Se explicó que esta se trataba de la segunda solicitud para extender el cronograma establecido por el plan de manejo de casos, con consentimiento de ambas. La primera solicitud había sido aprobada por el Tribuna.

  Se refiere que, para el momento de la remisión de la carta, ambas partes habían hecho un progreso significativo en el descubrimiento. En tan sentido, se indicó que PDV USA había producido más de 1.200 documentos, mientras que Interamerican había hecho lo propio con más de 500 documentos.

  Informaron al juez Lehrburger que, a través de correspondencia escrita, así como en reuniones y consultas, habían resuelto muchas de sus disputas relacionadas con la producción de documentos. PDV USA obtuvo documentos de media docena de terceros, muchos de los cuales están fuera del estado, al tiempo que refirieron que las declaraciones habían comenzado recientemente.

  Los abogados explicaron al juez que la razón de la nueva solicitud conjunta de prórroga del cronograma obedece, primero a que, en una reciente reunión y conferencia, PDV USA e Interamerican acordaron realizar una recopilar y revisar documentos adicionales. Ejemplificaron esto con la referencia de que Interamerican debe recopilar y revisar una cuenta de correo electrónico adicional de su cliente, mientras que PDV USA tiene que realizar colecciones de custodia adicionales para ampliar el rango de fechas de su revisión de documentos.

  En segundo lugar, indicaron los abogados en la comunicación que algunos terceros han evadido la notificación del proceso, por lo que PDV USA necesita tiempo adicional para notificarlos, obtener y revisar documentos de ellos y declararlos.

  En tercer lugar, Interamerican entregó recientemente sus respuestas al interrogatorio enmendado de conformidad con las instrucciones del juez Lehrburger en las cuales se reveló la existencia de una cantidad de terceros adicionales con información relevante. Por ello, PDV USA necesita tiempo adicional para obtener evidencia de estas personas y entidades recientemente identificadas, así como del contador de Interamerican, quien también fue identificado recientemente.

  Finalmente, ambas partes acordaron que realizar las declaraciones de las partes sería más productivo después de completar sustancialmente la producción de documentos y de completar el descubrimiento por parte de terceros.

El cronograma propuesto

  La citada líneas arriba Orden de Programación Revisada Propuesta planteó al tribunal como fecha límite para completar el descubrimiento de los hechos, incluidas las declaraciones de los testigos de los hechos, el 23 de junio del presente año 2022.

  Asimismo, el límite para modificar alegatos y/o incorporar partes adicionales sería igualmente el 23 de junio de 2022.

  Como fecha límite para completar declaraciones de expertos se planteó el 18 de agosto, mientras que las mociones de juicio sumario deberán presentarse el 3 de octubre.

  Del mismo modo propusieron que la Orden previa al juicio conjunta se paute para el 24 de octubre de 2022 (o 21 días después de la decisión de cualquier moción dispositiva).

  La preparación de las partes para el juicio sería de la siguiente manera: A las 48 horas de la notificación o a los 21 días de la presentación del auto de instrucción conjunto.

  El juez Robert W. Lehrburger aprobó el nuevo cronograma y advirtió que la corte no admitiría más prórrogas en ausencia de circunstancias convincentes.

 


 



miércoles, 16 de febrero de 2022

Conozca los detalles del caso de José Luis De Jongh Atencio (II)

  En esta entrega damos a conocer el perfil del exfuncionario de CITGO que participó en el esquema de corrupción encabezado por José Manuel González Testino y presentamos detalles de la acusación en su contra.

Por Maibort Petit

  El papel de José Luis De Jongh Atencio fue clave en el esquema de corrupción que encabezó José Manuel González Testino y su socio Tulio Aníbal Farias Pérez, el cual significó el desfalco de miles de millones de dólares para la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation.

  En esta ocasión damos a conocer tanto el perfil como los detalles de las acusación que se le formula por ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston y por la cual se declaró culpable y espera se le dicte sentencia en agosto del presente año.

¿Quién es José Luis De Jongh-Atencio?

   Según el portal Dateas, José Luis De Jongh Atencio nació el 7 de octubre de 1972, es titular de la Cédula de Identidad número V-11.280.470 y se le ubica en la parroquia Olegario Villalobos, municipio Maracaibo, estado Zulia[1].

  Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informa que ingresó al sistema el 16 de agosto de 1994. Su estatus actual es de cesante, siendo última afiliación a través del Banco Occidental C.A., empresa de la que egresó el 26 de octubre de 200. Su fecha de contingencia será el 7 de octubre de 2032. Acumula 190 semanas cotizadas que suman Bs. 0,00[2].

  Es abogado egresado de la Universidad del Zulia, “profesión que ejerció tímidamente en Venezuela”, según fuentes de Venezuela Política, las cuales informaron que De Jongh “no tenía ninguna experticia en la industria de refinación y su única credencial era el ser amigo de la juventud y de estudios en Maracaibo de Rosana Elena Delgado (también conocida como Rosana E. Nooney), esposa y socia de Alejandro Granado”. Se trataría de una amistad que continuó cuando De Jongh Atencio vivía en Miami. También advirtieron los informantes que la única actividad académica que se le conoce en EE. UU. fue la realización de un curso de paralegal en Miami. Se nos informó que no contaba con la licencia para ejercer derecho en los Estados Unidos.

   José Luis De Jongh Atencio ingresó a CITGO Petroleum Corporation cuando Alejandro Granado era presidente, CEO de la filial de PDVSA en Estados Unidos y chairman de su Junta Directiva. Fue Granado quien ordenó su contratación en 2010 y quien dispuso y ordenó el traslado de De Jongh Atencio y su familia desde Miami a Houston.

   Alejandro Granado habría ordenado al Departamento legal de CITGO emplear a José Luis De Jongh Atencio como consultor y asesor interno, donde “trabajó en proyectos puntuales bajo la supervisión del también abogado venezolano Arnaldo Arcay, [ex-patriado de PDVSA y asignado a CITGO] quien, aunque tampoco tenía licencia de abogado en EE. UU., era el encargado de coordinar administrativamente las actividades de los abogados asignados a las refinerías de CITGO”.

  Cuando estuvo de gerente interino de Procura fue removido por sus manejos irregulares, aunque no fue despedido en esa ocasión, sino que fue devuelto al departamento legal donde actuó en colusión con Nelson Martínez cuando este presidió CITGO[3].

  La misma acusación informa que De Jongh-Atencio es un ciudadano venezolano, residente de Texas, fue empleado de CITGO Petroleum Corporation entre 2010 y 2018, quien a partir de 2012 pasó ocupó varios cargos dentro de la filial de PDVSA.

  Se indica, específicamente, que desde mayo de 2012 fue encargado de las adquisiciones en el grupo de Proyectos Especiales de la empresa y más tarde, fue ascendido a gerente de dicha dependencia, permaneciendo en el puesto hasta 2015, habiendo sido despedido de la corporación en febrero de 2018.

   La acusación explica que José Luis De Jongh, quien de acuerdo a las pautas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) es un “funcionario extranjero” que habría obtenido sobornos del empresario José Manuel González Testino, con el objeto de facilitar el otorgamiento de contratos a las empresas de este último.

  Hay que advertir que esta no es la única ocasión en que De Jongh Atencio se ve enredado en líos con la justicia, toda vez en el pasado, tanto él, como su esposa —de manera directa o indirectamente— se vieron envueltos en hechos de sangre que se dirimieron en instancias judiciales, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Así se desprende de “documentos de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, donde el 4 de octubre de 2004, se declaró la nulidad absoluta del recurso de apelación que el abogado, Álvaro Castillo Zeperfell, presentó a favor de su representado, José Luis De Jongh Atencio. Con esta decisión se dejaba sin efecto un fallo previo dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, adoptado el 28 de julio de 2004, con el cual se acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad de De Jongh Atencio, en una causa seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Lesiones Intencionales Graves en Grado de Complicidad Correspectiva en perjuicio de dos personas”.

  Venezuela Política informó de este hecho y explicó que se “trató de un caso por lesiones causadas con un arma de fuego en el que el abogado defensor de José Luis De Jongh Atencio alegó que ‘Nunca puso en peligro la vida de la persona que resultara herida como consecuencia de la lesión sufrida, 2), en cuanto a las circunstancias de su comisión, el propio representante del Ministerio Público al establecer la complicidad Correspectiva no ha podido determinar que haya sido su defendido el autor material del hecho y 3) La pena aplicable al delito, sería si es rebajada una tercera parte de un (01) año y ocho (08) meses de prisión, y si es rebajada a la mitad, sería de un (01) año y tres (03) meses de prisión’”[4].

  El nombre de José Luis De Jongh Atencio figura en el directorio de la empresa Mar Crab LLC, registrada en el estado de la Florida el 18 de julio de 2003, bajo el número L03000026302, la cual se encuentra en la actualidad inactiva al haber sido disuelta por resolución administrativa el 1 de enero de 2004. Mar Crab LLC tenía su sede en el 4772 NW 114TH Ave #201, Miami, FL 33178, que también figuraba como dirección postal.

  De Jongh Atencio se desempeñaba como gerente, posición que compartía con Pedro Antonio Cárdenas Martínez, Elvin Portillo Ocando y Edwin Portillo Ocando, todos con el 1820 N. Corp. Lakes Blvd. #201, Weston, FL 33326[5].

   En Panamá, fue presidente, secretario y director de la empresa Lago Cristal S.A., registrada el 29 de marzo de 2007 bajo el número 561552. Esta compañía se encuentra en la actualidad suspendida[6].

La acusación

   El 16 de julio de 2020, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick, a través de los fiscales asistentes Robert S. Johnson, John P Pearson; del jefe de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia, Roberto Zink; y los abogados litigantes, Sarah E. Edwards y Sonali D. Patel, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, una acusación formulada por el Gran Jurado contra José Luis De Jongh Atencio, a quien le imputó seis cargos.

  El primero de estos cargos por el delito de Conspiración para lavar dinero; del segundo al quinto cargo, por la comisión del delito de Lavado de dinero; y el sexto cargo por Lavado de Dinero.

Solicitud de sellado

   En la misma fecha, el fiscal Patrick solicitó al tribunal que sellara la acusación en razón de que la misma contenía información sobre una investigación delicada relacionada con la corrupción y el lavado de dinero.

   Advertía la fiscalía que la exposición pública de dicha información, antes de la entrega de la citación, podría permitir que el demandado y otros manipularan a los testigos y disiparan los activos involucrados en el lavado de dinero.

  Pidió el gobierno que tanto la petición como la orden se presentaran selladas y únicamente una copia para la Agencia de Investigación y la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas, se mantuviera abierta en el momento de la acusación inicial.

La acusación de reemplazo

   Posteriormente, igualmente en la misma fecha, 16 de diciembre de 2020, la fiscalía presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, una acusación de reemplazo.

Los cargos

   La acusación de reemplazo señala a José Luis De Jongh Atencio de cometer el delito de Conspiración para lavar dinero como primer cargo.

  Refiere que entre 2013 y 2019, en Texas y otros lugares, conspiró a sabiendas con los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farias Pérez, y con quien es identificado como Empleado A, entre otros, para cometer delitos tipificados en el Código de los Estados Unidos, Título 18, Sección 1956.

  González Testino y Farías Pérez ofrecieron, prometieron, autorizaron, pagaron y acordaron pagar sobornos al acusado a cambio de que este proporcionara ventajas indebidas en la obtención de contratos con PDVSA y CITGO.

  La asistencia de José Luis De Jongh incluyó, además del otorgamiento de ventajas ya señalado, el ayudar a los referidos empresarios a identificar un fabricante apropiado al que representar, a través de la Compañía B, como distribuidor, en la licitación, adjudicación y ejecución de los contratos de PDVSA y CITGO.

  Igualmente, De Jongh ayudó a la Compañía A, una empresa de logística de González Testino, a obtener un contrato más favorable con CITGO que otros proveedores de logística que contrataron con la filial de PDVSA.

  Asimismo, se valuó de cuentas bancarias a nombre de destinatarios distintos a él, entre ellos intermediarios, familiares y cuentas bancarias en el extranjero a nombre de empresas, incluidas Shell Company A y Shell Company C, para recibir los pagos de los sobornos de parte de González y Farías. De este modo ocultaba y disfrazaba la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias del esquema de soborno ilegal. Este último objetivo también lo logró a través de transacciones inmobiliarias.

  José Luis De Jongh utilizó facturas falsas y fraudulentas para promover el esquema y para ocultar y disfrazar las ganancias del esquema de soborno ilegal.

  También usó las ganancias del esquema de soborno ilegal para realizar transacciones financieras personales para él y sus familiares, incluida la compra de bienes raíces en los Estados Unidos.

  Los cargos del 2 al 5, estaban referidos al lavado de dinero, indicándose que De Jongh Atencio llevó a cabo operaciones financieras que afectaron el comercio interestatal y extranjero, según los términos de la FCPA, sabiendo que la propiedad involucrada en las transacciones se diseñaron para ocultar y disfrazar la naturaleza de las actividades ilícitas.

De este modo se describen las siguientes actividades:

   El cargo 6, igualmente por lavado de dinero, refiere que José Luis De Jongh Atencio participó a sabiendas, ayudó, instigó y provocó que otros participaran e intentaran participar en una transacción monetaria que afecta el comercio interestatal en bienes derivados delictivos de un valor superior a USD 10.000, dichos fondos se derivaron de uno o más especificados actividades ilícitas, a saber: (i) soborno de un funcionario extranjero, un delito grave que infringe la FCPA.

  El cargo 7, Conspiración, indica que De Jongh, González Testino, Farías Pérez, Empleado A y otros, se enriquecieran ilegalmente al celebrar un acuerdo corrupto mediante el cual  recibía los sobornos encubiertos.

  Los cargos del 8 al 10, por soborno comercial de Texas, están inmersos en unas operaciones que se describen a continuación:



[1] Dateas. De Jongh Atencio, José Luis. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/de-jongh-atencio-jose-luis-15158989


[2] IVSS. Cuenta individual. José Luis De Jongh Atencio. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[3] Venezuela Política. “La presunta conducta criminal de José Luis De Jongh Atencio en CITGO: Una historia de larga data(Parte I)”. 12 de agosto de 2020. https://www.venezuelapolitica.info/la-presunta-conducta-criminal-de-jose-luis-de-jongh-atencio-en-citgo-una-historia-de-larga-dataparte-i/


[4] Venezuela Política. “El oscuro pasado y las relaciones peligrosas de José Luis De Jongh-Atencio”. 14 de enero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/01/el-oscuro-pasado-y-las-relaciones.html


[5] Sunbiz. Division of Corporations. Mar Crab LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=JOSELUISDEJONGHATENCIO%20L030000263022&aggregateId=flal-l03000026302-9486690a-11eb-4bbc-abe0-ddedead9f39a&searchTerm=Jose%20Luis%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Conejo%20Pacheco&listNameOrder=JOSELUISCONEJOPACHECO%20P160000268482

[6] Open Corporates. Lago Cristal S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/5615528 Attachments




 

sábado, 12 de febrero de 2022

Corrupción CITGO: Conozca los detalles del caso de José Luis De Jongh Atencio (I)

 Ahora esperará hasta agosto por su sentencia. En esta entrega explicamos los términos de su declaración de culpabilidad

Por Maibort Petit

   La sentencia de José Luis De Jongh Atencio que se esperaba conocer este 10 de febrero de 2022 a las 2 de la tarde por parte del juez de la causa, Gray Miller, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas, fue reprogramada por dicho magistrado el pasado 14 de enero cuando estableció el nuevo cronograma que fija para el 6 de julio del presente año, la finalización del Informe Previo de la Sentencia (PSR-por sus siglas en inglés), la objeción al mismo para el 20 de julio, el 3 de agosto para presentarlo y, finalmente, el 10 de agosto para el dictado de sentencia a las 11:30 a. m.

   Tal reprogramación permitió que el juez Miller aprobara, sin oposición por parte de la fiscalía, el pasado 3 de febrero, un permiso de viaje a José Luis De Jongh Atencio para que se traslade a Miami entre el 17 y el 21 de febrero del presente 2022.

   A tal etapa del proceso judicial llegó De Jongh Atencio al obviar el juicio al haberse declarado culpable el 22 de marzo de 2021 de participar en un esquema internacional de soborno y lavado de dinero.

   Del referido esquema y de cómo el exfuncionario de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO llegó hasta aquí y de cómo se involucró con los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, daremos detalles en una serie de entregas sobre este caso. En esta ocasión explicaremos en qué consistió el acuerdo de culpabilidad entre José Luis De Jongh y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

El acuerdo de culpabilidad

  El 22 de marzo de 2021, los Estados Unidos, representados por Jennifer B. Lowery, Fiscal Federal Interina para el Distrito Sur de Texas; John P. Pearson y Robert S. Johnson, Fiscales Federales Auxiliares, y Daniel S. Kahn, Jefe Interino de la Sección de Fraudes de la División Penal del Departamento de Justicia; Sarah E. Edwards, abogada litigante; Sonali D. Patel, subdirectora; y el acusado, José Luis De Jongh Atencio, asesorado por su abogado, suscribieron un acuerdo de culpabilidad de conformidad con la Regla 11(c)(1)(A) y 11(c)(1)(B) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal.

   En primer lugar, De Jongh Atencio aceptó declararse culpable del primer cargo de la acusación de remplazo presentada en su contra, a saber, conspiración para lavar dinero, delito cuya pena máxima legal es prisión de no más de veinte años y una multa de no más de USD 500.000 o el doble del valor de los fondos lavados, lo que sea mayor. Se indica que podría recibir un término de libertad supervisada después de un encarcelamiento de hasta tres años.

  Reconoció y entendió que, si viola las condiciones de cualquier período de libertad supervisada que pueda imponerse como parte de su sentencia, entonces puede ser encarcelado por hasta dos años, sin crédito por el tiempo ya cumplido en el término de libertad supervisada antes de tal violación. Entiende que no puede hacer que se suspenda la imposición o ejecución de la sentencia, ni es elegible para libertad condicional.

  Al admitir los hechos, José Luis De Jongh manifestó que quería declararse culpable, independientemente de las consecuencias de inmigración que pudieran resultar de ello y la condena.

La cooperación

  El acuerdo de culpabilidad suscrito por De Jongh Atencio establece las pautas de su cooperación para con la justicia.

  En este sentido, se advierte que las partes entienden que el acuerdo conlleva el potencial de una moción de salida bajo la Sección 5K1.1 de las Pautas de Sentencia, entretanto acepta que la presentación de dicha moción será determinada a través del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraude.

  En tal sentido, quedó entendido que si la cooperación del acusado —a exclusivo juicio y discreción de los Estados Unidos— equivale a "asistencia sustancial", entonces se reservan el derecho exclusivo de presentar una petición de salida de conformidad con la norma descrita.

  José Luis De Jongh Atencio aceptó cooperar plenamente con los EE. UU. y no oponerse al decomiso de bienes contemplado en el acuerdo. Igualmente entiende y acepta que Estados Unidos solicitará que se aplace la sentencia hasta que se complete la cooperación.

   El demandado aceptó que "cooperar plenamente" en los términos del acuerdo, incluye proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva conocida por él.

  Quedó sentado que el acuerdo solamente vincula al Fiscal para el Distrito Sur de Texas, la Sección de Fraude y su persona, y no a ningún otro fiscal de EE. UU. o unidad del Departamento de Justicia.

  De Jongh se comprometió a testificar con veracidad ante un gran jurado o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo cuando los Estados Unidos lo solicite. También aceptó renunciar a su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación a los efectos del acuerdo.

 Del mismo modo, José Luis De Jongh aceptó proporcionar información y testimonio veraces, completos y precisos, al tiempo que manifestó entender que cualquier declaración falsa que emita al Gran Jurado o en cualquier procedimiento judicial (penal o civil), o a un agente del gobierno o abogado, puede y lo hará ser procesado bajo los estatutos apropiados de perjurio, declaración falsa u obstrucción.

  El demandado aceptó proporcionar todos los documentos en su posesión o bajo su control relacionados con todas las áreas de indagación e investigación.

 José Luis De Jongh estuvo de acuerdo en que si la salida recomendada, si corresponde, no cumple con sus expectativas, seguirá sujeto a los términos del acuerdo y no puede, por esa sola razón, retirar su declaración.

Renuncia

  Al suscribir el acuerdo, José Luis De Jongh renunció al derecho de apelar o “atacar colateralmente” la condena y la sentencia; a todas las defensas basadas en el lugar y al juicio rápido en virtud de la Constitución y la Ley de juicio rápido.

    Entendió que cualquier pauta de sentencia que recibió a través de su abogado es solamente una predicción y no una promesa, no indujo su declaración de culpabilidad, y no es vinculante para los Estados Unidos, la Oficina de Libertad Condicional o el Tribunal.

Los Acuerdos de los Estados Unidos

  Por su parte, EE. UU.  manifestó su acuerdo en que al declararse José Luis de Jongh culpable del Primer Cargo de la Acusación Sustitutiva y persiste en esa declaración hasta la sentencia, desestimará cualquier cargo restante de la acusación en el momento de la sentencia.

   Se estableció que en el momento de la sentencia se sumará el pedido anticipado del acusado de que reciba un ajuste a la baja de dos niveles de conformidad a lo estipulado en la norma. No recomendó que reciba un tercer nivel de ajuste por notificar oportunamente a las autoridades sus intenciones de declararse culpable.

  La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes acordaron no seguir procesando penalmente a José Luis De Jongh Atencio por delitos que surjan de la conducta acusada en la Acusación de sustitución.

Los hechos

  José Luis De Jongh Atencio trabajaba para CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA, las cuales son consideradas "instrumentos" del gobierno venezolano, siendo sus empleados "funcionarios extranjeros", de acuerdo a la FCPA.

  Allí se desempeñó entre septiembre de 2010 y febrero de 2018, ocupando el cargo de adquisiciones entre 2012 y 2015. En ese tiempo también fue gerente en el grupo de Proyectos Especiales.

  Desde esa posición, De Jongh Atencio aceptó sobornos de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, a cambio de prestarles asistencia a ellos y sus empresas en los EE. UU. para obtener y conservar contratos con CITGO. Esto incluía proporcionarles información privilegiada para darles una ventaja en la presentación de ofertas por contratos.

  En tal sentido, José Luis De Jongh Atencio recibió de los citados empresarios varios pagos en varias cuentas de él y sus familiares. De todas estas transacciones hablaremos en detalle en otras entregas.

Consecuencias por incumplimiento

 El acuerdo establece que, si José Luis De Jongh incumple con las pautas del acuerdo de culpabilidad, los Estados Unidos quedarán liberados de sus obligaciones en virtud de dicho acuerdo y la declaración de culpabilidad y la sentencia se mantendrán.

   Asimismo, se advierte que, si en algún momento De Jongh retiene, oculta o dispone de activos en violación del acuerdo de declaración de culpabilidad, o si a sabiendas retiene pruebas o no es completamente veraz con los Estados Unidos, entonces podrá solicitársele al Tribunal que deje de lado el acuerdo y se restablezca la acusación.

   Estados Unidos tiene la discrecionalidad para determinar si José Luis De Jongh Atencio no cumple plenamente con los términos del acuerdo de culpabilidad, entonces este renunciará a cualquier protección otorgada; no hará valer ningún reclamo en virtud de las Reglas Federales de Evidencia, las Reglas Federales de Procedimiento Penal, o las Reglas Federales de Procedimiento Penal.

  También, cualquier declaración hecha como parte de los debates de culpabilidad, cualquier informe o entrevista, ya sea antes o después de la ejecución del acuerdo, será admisible en su contra sin ninguna limitación en cualquier proceso civil o penal iniciado.

Restitución, decomiso y multas

  José Luis De Jongh Atencio se comprometió con el acuerdo a divulgar totalmente todos los activos sobre los que ejerce control directo o indirecto, o en los que tiene algún interés financiero, ya sea que se mantengan a su nombre o no. Tampoco dispondrá de ellos.

   Igualmente se comprometió a hacer una divulgación financiera dentro de los 30 días posteriores a la firma del acuerdo de culpabilidad y a transferir la propiedad de los activos confiscables a los EE. UU. y a ayudar en el cobro de la restitución y las multas. Ordenaría a cualquier banco en custodia de sus activos que entregue todos los fondos y registros de dichos activos a los Estados Unidos.

   De Jongh Atencio aceptó que la base fáctica de su declaración de culpabilidad respalda la confiscación de todos los bienes involucrados en la conspiración de lavado de dinero de la que se declara culpable. Renunció a todos y cada uno de los intereses en cualquier activo que sea objeto de un procedimiento de decomiso administrativo o judicial relacionado, ya sea penal o civil, federal o estatal.

 Consintió que cualquier orden de decomiso sea definitiva inmediatamente después de su entrada, según la norma, incluso si se firma antes de la sentencia.