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lunes, 22 de marzo de 2021

Exgerente de compras de CITGO se declara culpable de delitos de corrupción en EE. UU.

  Su participación en la trama de corrupción ocurrió de la mano de Glenn Hilman y José Luis Zambrano, según explican las fuentes. Peña se declaró culpable y ahora está a la espera de sentencia.

Por Maibort Petit

   Ubicada en el eslabón más bajo del esquema de corrupción encabezado por José Manuel González Testino, a la exgerente de compras de proyectos especiales de CITGO, Laymar Peña, se declaró culpable de delitos de corrupción ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División en Houston. El Departamento de Justicia hizo público el caso de esta nueva integrante del enorme red de crimen organizado que se ha beneficiado de contratos fraudulentos de la filial de PDVSA en EE. UU. 
    El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público este lunes el expediente de Peña, quien de acuerdo al expediente se declaró culpable de haber participado en un esquema de corrupción y lavado de dinero internacional en marzo de 2019. Fue hoy 22 de marzo de 2021 que se publicó.

  De acuerdo a los documentos en poder de Venezuela Política, el ingreso de Laymar Peña al área de Proyectos Especiales de CITGO se produjo bajo la administración de Ramiro Rodríguez, exgerente de compras de la filial de PDVSA en Estados Unidos entre 2014 y 2016, uno de los cómplices de Nelson Martínez, José Manuel González Testino, Tulio Farías, Manuel Chinchilla, Ernesto Guevara, entre otros. Rodríguez fue arrestado el 6 de abril de 2017 en Venezuela cuando retornó al ser llamado por la directiva de la estatal petrolera.
  Fue entonces cuando, promovida por Glenn Hilman y José Luis Zambrano, Laymar Peña pasó del cargo de asistente a ocupar la gerencia de Compras de Proyectos Especiales que antes ocupaba Rodríguez.

  Esto ocurrió pese a las objeciones de varios directores, pero se impuso el criterio de Hilman y Zambrano en cuyos planes figuraba la participación de Peña en el proyecto de las plantas de agua que significó el otorgamiento de contratos por más de USD 100 millones a compañías intermediarias como Danel, Eco Wire, y Rothwell. Dichas operaciones se caracterizaron por sobreprecios y por el lavado de dinero desde CITGO en Houston a bancos en Suiza y otros países, por orden de Gina Coon.

  El caso de Laymar Peña, identificado con el número 19-cr-186 guarda relación con la causa del exfuncionario de Proyectos especiales de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, quien habría recibido sobornos de contratistas a cambio de la aprobación de millonarios contratos en violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero[1].

  El nombre de Laymar Peña salió a relucir igualmente la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció la supuesta comisión de prácticas fraudulentas y corruptas cometidas durante la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A.

   El informe y documentación presentada por Gómez de Vergara indica que Nelson Martínez incorporó a la lista maestra de proveedores de CITGO a 700 entidades de ciudadanos venezolanos vinculados a PDVSA y funcionarios del gobierno venezolano que esquilmaron los recursos de la empresa.

  En la aprobación de las compras y transacciones-contratos irregulares a las empresas proveedoras registradas ilegalmente y obviando los controles reglamentarios de la referida lista con sobreprecios de entre el 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA, habría participado Laymar Peña en colusión con Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, entre otros agentes[2].

  En la demanda que el 22 de marzo de 2019 introdujo Rothwell Energy Services LLC contra CITGO por incumplimiento de pago por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela, igualmente se vió involucrada Laymar Peña, al figurar como una de los agentes armar y manipular los paneles de licitación en favor de empresas fantasmas, entre las cuales estaba la compañía demandante[3].

  Laymar Peña, junto a José Luis Zambrano, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, habrían violado los controles internos de CITGO para la revisión de proveedores. Buscaban facilitar la aprobación y los pagos ilegales de la contratación que iniciaron en 2017, se extendieron hasta 2018 y terminaron cuando el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones al régimen venezolano.

  Una de las últimas acciones de Rothwell ante la corte de Texas, fue la presentación de una serie de documentos, entre ellos correos electrónicos de los funcionarios de la filial de PDVSA, entre ellos Peña, que probarían el incumplimiento de CITGO[4].


















[1] El tiempo latino. “Acusado de corrupción y lavado de dinero vinculado a CITGO irá a un juicio en enero”. 2 de noviembre de 2020. http://eltiempolatino.com/news/2020/nov/02/acusado-de-corrupcion-y-lavado-de-dinero-vinculado/


[2] Venezuela Política. “Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO”. 10 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/informe-revela-presuntas-practicas.html

[3] Venezuela Política. “Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos”. 21 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/caso-rothwell-energy-services-llc.html

[4] Venezuela Política. “Rothwell Energy Services presiona a CITGO para que pague deudas pendiente [por contratos corruptos]”. 11 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/rothwell-energy-services-presiona-citgo.html

 


martes, 22 de diciembre de 2020

José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de CITGO, acusado de corrupción y lavado de dinero, se declaró no culpable en un tribunal de EE. UU.

Por Maibort Petit

   En un documento emitido por la Corte del Distrito Sur de Texas, se informa que el lunes 21 de diciembre de 2020, el exgerente de CITGO,  José Luis De Jongh Atencio renunció a comparecencia para la lectura de cargos en el tribunal y a través de sus abogados se se declaró no culpable de los delitos de corrupción, lavado de dinero y cobro de sobornos.

   El magistrado Gray H. Miller fijó la fecha del juicio del ex-funcionario corrupto de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio para  enero de 2021. El proceso se realizará sin jurado lo que se conoce como Bench Trial o "juicio de banco o en el tribunal", proceso en el cual el juez toma las mismas decisiones de procedimiento [que en uno con jurado], escucha las pruebas y decide si el acusado es culpable o inocente.

  De Jongh-Atencio es un ciudadano venezolano-estadounidense que fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber participado en un esquema de lavado de dinero, que involucra sobornos, para asegurar de manera corrupta, los contratos de CITGO y PDVSA a los demás conspiradores. Un gran jurado federal aprobó la acusación de seis cargos el 16 de julio de 2020.

   El 6 de agosto de 2020, durante la audiencia, los abogados de De Jongh Atencio sometieron a consideración del juez una una fianza por $2 millones para disfrutar de libertad bajo fianza. El 11 de agosto fue liberado con la prohibición de salir del país. 

    De Jongh trabajó en la subsidiaria del grupo de proyectos especiales de PDVSA con sede en Houston. La acusación federal señala que,  desde aproximadamente 2013 hasta al menos 2019, acordó aceptar más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos de los contratistas, José Manuel González Testino y Tulio Anibal Farías Pérez, y otros, en el marco de un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que incluyó la entrega de contratos con sobreprecios de CITGO y PDVSA con sobreprecio a las empresas de los conspiradores.

  González Testino y Farías Pérez se declararon culpables por presuntas violaciones de las leyes estadounidenses contra el soborno y otros cargos en relación con el caso.

  De Jongh Atencio ordenó que los pagos de sobornos de los contratistas González Testino y Farías, se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza y luego lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias de EE. UU. Y utilizó la mayor parte de los fondos para comprar bienes raíces en Texas, según informó el Departamento de Justicia.

  También supuestamente recibió obsequios como boletos para los principales eventos deportivos y conciertos de los empresarios.

   La acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el exfuncionario de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, no incluye a todos los asociados de la conspiración criminal ni a la totalidad de las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos  fraudulentamente en la filial de PDVSA en Estados Unidos. 

    De Jongh Atencio creó un emporio de riquezas, gracias a negocios ilícitos vinculados a CITGO durante las administraciones de Alejandro Granado y Nelson Martínez. En la estructura criminal hay más cómplices, muchos de los cuales se encuentran en Miami y Houston, que le habrían ayudado a comprar una serie de propiedades a través de compañías fantasmas.

  Fuentes internas de CITGO han revelado que De Jongh Atencio recibía órdenes principalmente del entonces CEO de CITGO,  Nelson Martínez y de José Luis Zambrano, actualmente arrestado en Caracas.  

  Dentro de la estructura criminal en la que participó De Jongh Atencio  participaron, además de González Testino y Farías Pérez, otros contratistas corruptos como Pietro Micale, Ernesto Luis Guevara Rodríguez, Manuel Chinchilla Da Silva, Ángel Rodríguez, entre otros. Dichos contratistas  usaron una serie de empresas de fachada, entre las que se destacan: Rothwell Energy, ICTS, Petroleum Logistics, DanelCorp., EcoWire, SPS, Stang Industrial Products, Ventex, Drill Corp y Lexington Tech.

   De acuerdo a un documento que fue publicado en este expediente, De Jongh Atencio aparece mencionado como receptor de sobornos en otros dos casos, que incluye el del contratista, Gonzalo Morales Divo, (caso sellado #19-cr 001148) y el caso de Laymar Peña Torrealba  (Caso No. 19-cr-186). Gonzalo Morales Divo se declaró culpable de conspirar con su asociado, José Manuel González  Testino, para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Se sabe que Morales colabora con la justicia de los Estados Unidos y su caso fue sellado desde el inicio del proceso por decisión del tribunal.  

   Peña, González Testino, Morales Divo y Farías Pérez están a la espera de sentencia.   González Testino, Farías Pérez y probablemente Peña podrían ser llamados como testigos en el caso de De Jongh.


martes, 3 de noviembre de 2020

CITGO, el principal activo de Venezuela: Una empresa hipotecada a los bonistas de PDVSA y a Rosneft

  Un informe llegado a nuestras manos hace un recuento de la historia de CITGO y el estado actual de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos.

Por Maibort Petit

  En dicho reporte, aparte de la caída experimentada en el último semestre de 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus, lo más significativo es el peligro que representa que CITGO se encuentre hipotecado en su totalidad.

  Durante la exposición del referido informe se negó enfáticamente que exista corrupción en CITGO, aunque se admitieron algunas “desviaciones de recursos” que, según el exponente, a saber Carlos Jordá, fueron "corregidas" execrados de la empresa sus protagonistas por la actual directiva de la filial estadounidense de PDVSA. No obstante, fuentes internas desmienten esta versión al recordar que "hay varios ejecutivos de CITGO que han sido señalados en varias demandas e investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por haber estado en puestos claves, y aprobado, contrataciones y pagos a empresas usadas en los esquemas de corrupción para apoderarse de los dineros de CITGO  de manera corrupta, entre los que se nombran: Gina Coon (Tesorera), Glenn Hilman y Jeniffer Moos (jubilados y contratados nuevamente por la JD designada por Juan Guaidó). Asimismo, la actual administración continúa contratando con empresas señalas de irregularidades".

La historia de CITGO

   En 1910 fue fundada la empresa Cities Service Company por Henry L. Doherty, cuyo objeto era el suministro de gas y servicio eléctrico.

  Entre los años 1915 y 1935, la empresa amplía su rango de acción e incursiona en el área de la exploración de gas y petróleo, así como en la operación de siete refinerías, la construcción de gasoductos siendo el primero de ellos el primero de alta presión y larga distancia en los estados Unidos, el cual se extendía 1.000 millas entre Amarillo y Chicago.

  Igualmente, en 1935 el Congreso de los Estados Unidos obligó a las empresas de suministro eléctrico a desvincularse de la actividad de producción de gas y petróleo.

  En tiempos de la II Guerra Mundial, Cities Services construyó un oleoducto que unía a Texas con las refinerías de la costa este de los EE. UU., de modo de evitar el transporte por barco y el ataque de los submarinos alemanes.

   En 1942 construye la refinería de Lake Charles, una tarea que le lleva a 18 meses.

   Al finalizar la guerra Cities Services termina de vender los activos del negocio eléctrico y, desde entonces, se dedica exclusivamente a la actividad petrolera. En 1952 comienza labores de exploración petrolera de el Medio Oriente y en 1965, crea la marca CITGO para competir en el mercado interno estadounidense.

  En 1982 Occidental compra Cities Services por USD 4,3 billones y en 1983 vende CITGO Petroleum —mercadeo y la refinación— a Southland Corporation —propietarios de la cadena 7-Eleven— empresa operadora de 7.300 estaciones de servicio en Estados Unidos y Canadá.

  Dado que en 1984 la empresa arroja pérdidas en razón de un exceso de capacidad de refinación, Southland vende la mitad de CITGO a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA, lo cual ocurrió en 1986. El precio de venta fue de  $ 290 millones. Cuatro años después, en 1990, PDVSA compra la otra mitad de CITGO por USD 662 millones.

   Entre 1985 y 1990, CITGO, con el respaldo de PDVSA, incrementó el número de estaciones de servicio a 3.500 a 10.000, cifra que aumentó a 14.885 en 1997.

  Desde 1991, Petróleos de Venezuela S.A. se vale de CITGO para fusionar y crecer en Estados Unidos, lo cual logra mediante operaciones como la fusión con otra subsidiaria, a saber, Champlin Refining and Chemicals Inc.; la compra de Seaview Oil Company en Pensilvania; una inversión en Lyondell Refining Company; la incorporación en 2002 de Unoven a CITGO; y la comercialización de los productos de Hovensa.

Chávez quiere deshacerse de CITGO

   Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998, este comienza a mostrar su interés por deshacerse de los activos venezolanos en los Estados Unidos. Es así como en los años 2006, 2007 y 2008, CITGO vende su participación en Lyondell-CITGO Refinery, los Poliductos Explorer, Eagle y Colonial y CITGO Asphalt Refining (CARCO).

  En 2015, PDVSA propone la venta de CITGO por USD 10 billones, lo cual no se concreta. En la misma fecha CITGO emite USD 2,8 billones de deuda y remite un dividendo a PDVSA de USD 2,2 billones.

CITGO hipotecada

   En octubre de 2016, PDVSA procede a refinanciar USD 3,3 billones de su deuda, lo cual representa 8,5 por ciento de la misma, por bonos con vencimiento a octubre de 2020. Una operación en la que 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, propietaria de CITGO Petroleum, se ponen como garantía de la negociación.

  En noviembre de 2016, PDVSA logra un refinanciamiento con la empresa rusa Rosneft , para la cual pone el restante paquete de acciones de CITGO Holding, es decir 49,9 por ciento, como garantía.

   Desde enero de 2019, el Departamento del Tesoro impone sanciones a PDVSA lo cual supone el bloqueo de sus activos en Estados Unidos. La OFAC emitió una licencia general que permite a CITGO operar y hacer transacciones en EE. UU.

Historial de dividendos de CITGO

   Desde su adquisición hasta 1998, los dividendos que recibía PDVSA por parte de CITGO eran muy bajo, con un pico en 2006, una caída en 2009 y la cancelación de los pagos en 2017, 2018 y 2019 a raíz de las sanciones.

  En 2015, la deuda de CITGO Holding para el pago de dividendos a PDV Holding fue de $ 2,28 millones.

Cómo se integra la empresa

  Hasta el año 2019, PDVSA suministraba el crudo a ser refinado e, igualmente, recibía crecientes volúmenes de crudo estadunidense y de otros productores internacionales.

  Igualmente recibía crudo canadiense con un amplio descuento, destinado a la refinería de Lemont, en Illinois, la cual tiene capacidad de refinación para 177 MBPD.

  La refinería Corpus Christi, en Texas, tiene capacidad para refinar 167 MBPD, mientras que la refinería Lake Charles, en Luisiana, puede refinar 425 MBPD.

 Tales capacidades y operaciones le permitían a CITGO la optimización de los balances de oferta y demanda, acceder a los principales poliductos y logística marina; y una significativa capacidad de exportación.

  CITGO posee 48 terminales de capital con capacidad para 22 millones de barriles, grandes terminales de almacenamiento en los principales mercados metropolitanos, una capacidad significativa de mezcla de Etanol y BioDiesel.

  En materia de comercialización, CITGO tiene presencia una presencia como marca que ya alcanza los 100 años, una posición competitiva para captar margen incremental en el mercado spot.

  Además, su valor incremental aumenta gracias a su capacidad de mezcla de lubricantes, empaquetamiento y distribución.

Las refinerías

  La refinería de Lake Charles es la sexta más grande de los Estados Unidos, con un acceso logístico y buena ubicación que le proporcionan alta flexibilidad. Un 90 por ciento de rendimiento de productos de alto valor como gasolina, diésel y jet fuel. Esta refinería está conectada a la Reserva Estratégica de Petróleo de los EE. UU.

  La refinería de Lake Charles tiene capacidad diversos tipos de crudo, a saber 44 por ciento de crudo liviano, 20 por ciento de crudo liviano ácido y 36 por ciento de crudo pesado.

 Esta refinería exhibe un rendimiento por encima del típico rendimiento de las refinerías de la costa del golfo.

   Entretanto, la de Corpus Christi es la refinería de CITGO con mayor complejidad, cuya proximidad con el mercado mexicano le ofrece una gran ventaja.

  Asimismo, esta refinería tiene un alto valor de rendimiento de petroquímicos y una gran capacidad de exportación de productos al tener acceso a 11 muelles.

    Corpus Christi permite procesar 9 por ciento de crudo liviano ácido, 59 por ciento de crudo pesado y 32 por ciento de crudo liviano.

    Por su parte la refinería de Lemont tiene una ubicación estratégica cerca de Chicago, un centro de alta demanda. Tiene acceso por poliducto de crudo desde el oeste de Canadá a través del sistema Enbridge. Capacidad para procesar 70 por ciento de crudo canadiense pesado en conversión profunda.

   Su ubicación igualmente le da acceso a los mercados de Wisconsin y Michigan.

   Esta refinería produce todo el diésel ultra bajo en azufre y gasolina ultra bajo en azufre de calidad Nivel 3.

  Puede procesar 55 por ciento de crudo pesado, 38 por ciento de crudo liviano y 7 por ciento de crudo liviano dulce.

El estado de la empresa

  CITGO procesó en 2019, 341 MBPD de crudo doméstico, una cifra que exhibió un franco crecimiento desde 2011 cuando solamente procesaba 30 MBPD.

  50 por ciento del crudo procesado proviene de Estados Unidos, 29 por ciento de Canadá, 2 por ciento de Venezuela y 19 por ciento de otros países.

   El crudo venezolano procesado fue de 207 MBD en 2015; 194 MBD en 2016; 154 MBD en 2017; 177 MBD en 2018; y sólo 33 MBD en 2019.

   CITGO vende gasolina con marca a 260 distribuidores, los cuales la venden a través de 4.600 estaciones de servicio.

   En la actualidad, la reducción de la capacidad de procesamiento de las refinerías latinoamericanas, ha permitido una recuperación de las exportaciones de gasolina y destilados de Estados Unidos, aunque aún continúa por debajo de los niveles de 2019.

   También se ha experimentado una reducción en el consumo local, la reducción de las exportaciones, el aumento de los inventarios, la reducción de los márgenes y de la utilización de la capacidad de refinación.

   Es así como durante el primer semestre de 2020, la industria de la refinación en los Estados Unidos ha experimentado una fuerte caída ocasionando esto pérdidas dado el menor volumen y el menor precio, así como por la revalorización de los inventarios.

   La ganancia neta de CITGO en el primer semestre de 2020 fue de -164 millones de dólares.

   Pese a que el informe muestra parte de la realidad de la empresa, durante la exposición del mismo se insistió en negar los altos niveles de corrupción existentes en CITGO y sólo se admitieron “algunas desviaciones de recursos”. Incluso, se aseguró que la actual junta directiva de la filial de PDVSA tomó acciones para corregir dichas desviaciones al despedirse a las personas responsables de tales acciones, una afirmación negada por fuentes internas de CITGO, que reiteran que funcionarios como Gina Coon, Glenn Hilman y Jenifer Moos, ocupaban puestos claves [administración chavista]en la corporación cuando se ejecutaron los esquemas de corrupción investigados por el Departamento de Justicia siguen en la empresa.

Los retos y oportunidades de CITGO

   La empresa deberá enfrentar el problema de liquidez ante la situación de mercado en 2021, así como los litigios que mantiene PDV Holding con los bonistas y Crystallex.

   Asimismo, CITGO debe sortear la reducción de la demanda en Estados Unidos, el aumento de la demanda de biocombustibles, la posibilidad de que se impongan impuestos al carbón y la competencia de los mercados emergentes.

  CITGO deberá enfrentar, igualmente, el aumento de la capacidad de refinación en Asia y Medio Oriente y la reducción del incentivo económico de las refinerías complejas sobre las refinerías sencillas.

  Pese a este panorama, CITGO se propone mejorar su estructura financiera, ejecutar proyectos de alta rentabilidad limitados por capacidad financiera, dirigiéndose a lograr el aumento de la capacidad de exportación de sus productos. También procurará incrementar su capacidad de procesamiento de crudos livianos.

  Finalmente, CITGO aspira reanudar el procesamiento de crudos pesados de Venezuela.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





lunes, 26 de octubre de 2020

Conozca las particularidades del caso de José Manuel González Testino (PARTE I)

  Una serie de hechos significativos quedaron en evidencia desde el momento mismo en que tuvo lugar la audiencia preliminar y de detención ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston, que en esta entrega damos a conocer.

Por Maibort Petit

   El caso por el delito de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), por el que se declaró culpable el 29 de mayo de 2019 José Manuel González Testino[1], se caracteriza por una serie de hechos particulares que poco se han difundido, pero que salieron a la luz en la propia Audiencia de examen preliminar y de detención que tuvo lugar el 21 de septiembre de 2018 ante el juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston.

  González Testino aguarda a que el juez de la causa, Gray H. Miller, dicte sentencia, pues esta ha sido suspendida en varias oportunidades el castigo por su papel en la trama de corrupción consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a cambio de lograr contratos millonarios de sus filiales Bariven y CITGO Petroleum Corp.

  En la referida audiencia preliminar y de detención de González Testino se conoció que este portaba tres pasaportes, uno de ellos con datos falsos, con los cuales se trasladaba en sus contantes desplazamientos entre Venezuela y EE. UU. entre otros destinos; que igualmente poseía un pasaporte emitido por la Orden de los Caballeros de Malta; que poseían propiedades en Estados Unidos, Venezuela, España y Suiza, que sus bienes de fortuna —y los de su familia— le permitían pagar vuelos charter constantemente, ser propietario de una avión e, incluso, poder pagar hasta USD 5.000 diarios a una empresa de seguridad para que lo custodiaran y evitaran su salida de EE. UU. en caso de que se le otorgara el derecho a fianza; que su padre, José Manuel González, presumiblemente trabaja con él; y que instruyó a sus cómplices para que destruyeran las evidencias del caso y planeaba huir del país.

  En la referida audiencia preliminar intervinieron el juez Peter Bray; los fiscales Sarah Edwards, John Pearson y Robert Johnson; y por la defensa, Edward Shohat, Monique García y James Ardoin III.

La audiencia preliminar

  La fiscalía llamó como primer testigo al agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, Corbin Wickman, quien luego de prestar juramento, refirió que para la fecha de la comparecencia tenía 13 años de servicio en dicha dependencia, estando asignado en los últimos tres años —para el momento— al grupo de fraude financiero, investigando varios delitos financieros, incluido el lavado de dinero y las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, unidad responsable de la investigación que se le seguía a José Manuel González Testino por corrupción pública extranjera, específicamente sobornos pagados a funcionarios de gobiernos extranjeros a cambio de algo de valor. Refirió que el acusado está señalado de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y/o sus subsidiarias CITGO y Bariven.

  Explicó que el nombre de González Testino surgió a raíz de la investigación del caso de lavado de dinero protagonizado por Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes se declararon culpables en 2016. Ligados a estos últimos estuvieron cinco individuos, de los cuales cuatro fueron detenidos en España y dos extraditados a Estados Unidos. Uno de ellos fue César David Rincón Godoy, quien era director general de Bariven, la filial de PDVSA encargada de las adquisiciones, quien recibió sobornos de José Manuel González Testino a cambio de la adjudicación de contratos. Los sobornos los recibía Rincón a través de dos cuentas corporativas de empresas de familiares suyos en Houston y Miami. Una de estas firmas era Inversiones JKL. Los pagos registraron eran por aproximadamente USD 630.000.

  Igualmente dijo que los pagos se hacían desde bancos en Suiza, igualmente desde cuentas pertenecientes a corporaciones cuyas denominaciones eran Ameri-traders, RH International y Henri Pittier. Contaba con socios o co-conspiradores, entre ellos Gonzalo José Jorge Morales-Divo, quien proporcionó el capital inicial que permitía ofertar y obtener los contratos de PDVSA. González y Morales se reunieron en una oficina ubicada en 848 Brickell Avenue en Miami, Florida.

  Morales dijo a Seguridad Nacional que González Testino controlaba muchos activos, empresas, cuentas bancarias, que poseía numerosos activos en forma de condominios en el área de Miami, también una casa, apartamentos en Suiza y en España, un avión privado. Morales dijo que estas empresas o activos estaban a nombre de empresas y de otras personas.

  Refirió que Roberto Rincón entregó un documento originado en PDVSA, una presentación Power Point, la cual mostraba una lista detallada de empresas controladas por González Testino en Estados Unidos, Panamá, Suiza, España y otros países. Sin embargo, se estima la existencia de otras empresas controladas por González Testino que no figuran en la lista.

  El otro socio era una exempleada de González Testino, Johana Haddad, quien figuraba como propietaria de una de las empresas de la lista, a saber,  Petroleum Logistics Service Corp., pero no tenía control sobre la misma. Haddad preparó una hoja de cálculo que detallaba los contratos que habían sido adjudicados por PDVSA y enumeraba los porcentajes de soborno que se le debían a varios funcionarios relacionados. Allí se detallaba, específicamente, lo pagado en sobornos a funcionarios de CITGO. Johana Haddad contribuyó con González Testino en el pago de sobornos a varios funcionarios gubernamentales.

  Johana Haddad también informó sobre propiedades de González Testino, además de las señaladas por el agente Corbin Wickman y describió un condominio en el Cosmopolitan en Houston, residencias en Atlanta que se usaban para obtener ingresos por alquiler, así como vehículos de lujo, incluido un Ferrari, dos Range Rover, un Cadillac Escalade y también un avión privado.

Las revelaciones de la computadora

  El agente Corbin Wickman también informó al tribunal de un documento emitido por el banco suizo Gonet & Cie Bank, que Seguridad Nacional recuperó en enero de 2018 en una computadora portátil de González Testino. El hallazgo se hizo en un aeropuerto privado de Miami, a su llegada a los Estados Unidos proveniente de Venezuela.

  El documento hace referencia a la empresa Aziolarefin con cuentas en dicha institución bancaria que sumaban USD 50 millones para agosto de 2016. Johana Haddad confirmó que es una empresa controlada por González Testino.  El nombre de Aziolarefin aparece en el registro de otras compañías en España, Suiza y Panamá.

  Más tarde, la defensa precisó que tales USD 50 millones no eran depósitos o haberes en la cuenta, sino el valor de la empresa en los libros contables.

Destrucción de pruebas y plan de huida

  Johana Haddad también informó a Seguridad Nacional que recibió en, al menos, dos ocasiones, instrucciones de González Testino para destruir pruebas. Esto ocurrió después de que Seguridad Nacional retuviera los dispositivos del acusado en el aeropuerto de Miami. González instruyó a Haddad, luego de suministrarle la contraseña de su cuenta de correo electrónico, para que borrara los mensajes relacionados con el plan de sobornos.

  La segunda vez que González pidió a Haddad destruir pruebas fue el 26 de julio de 2018, cuando la llamó con carácter de urgencia y al estar esta en un hospital cuidando a su hijo, fue a buscarla allí para contarle que creía que el gobierno de Estados Unidos se estaba acercando a él y que iba a salir del país para irse a Venezuela. Le refirió que pensaba que el gobierno sabía acerca de la hoja de cálculo con el listado de sobornos y los apodos con que se identificaban los funcionarios de CITGO beneficiarios de los mismos, no sus nombres reales. Entonces González le ordenó a Johana Haddad que destruyera archivos, correos electrónicos, discos y copias de seguridad relacionados con el plan de sobornos. Haddad le recordó a González que ya había tomado la computadora portátil del trabajo y la había enviado por correo a Panamá, de acuerdo con una instrucción anterior que él mismo le había dado. Por tanto, no pudo hacerse la destrucción de pruebas. Haddad luego de esto se reunió con su abogado, quien la puso en contacto con Seguridad Nacional.

  Por información del agente Corbin Wickman, se conoció que José Manuel González Testino, igualmente, durante una reunión personal sostenida en Houston, le ordenó a un funcionario de CITGO a quien le refirió sus sospechas acerca de que el gobierno de EE. UU. conocía la existencia de la hoja de cálculo, que borrara los correos electrónicos relacionados con el esquema de sobornos. El empleado de CITGO obedeció y destruyó las pruebas. Esto habría ocurrido en julio de 2018. En ese mismo mes, específicamente el 27 de julio, González nuevamente se reunió con este funcionario de CITGO y le dijo que creía que estaba en problemas y por ello saldría de EE. UU. y se iría a Venezuela.

El arresto y los pasaportes

   Al enterarse el Departamento de Seguridad Nacional el 27 de julio de 2018 de los planes de José Manuel González Testino de abandonar Estados Unidos, se hicieron varias consultas que permitieron conocer que el acusado tenía un vuelo reservado para el lunes 30 de julio, saliendo de Miami con destino previsto a Caracas, Venezuela.

  Fue entonces que Seguridad Nacional diligenció la orden de arrestó y procedieron a esperar a González Testino en el aeropuerto para detenerlo. Sin embargo, el acusado no se presentó en esa fecha pues había cambiado la reservación para el 31 de julio. En la nueva fecha, cuando el acusado llegó al aeropuerto con su exesposa y su hija, fue detenido por agentes de HSI. Portaba un pasaporte estadounidense y un pasaporte venezolano, pues tiene doble nacionalidad. Estos pasaportes exhiben dos lugares de nacimiento de González Testino: el estadounidense dice que nació en Tennessee y el venezolano, que nació en Venezuela. Se sabe que González Testino tenía otro pasaporte venezolano que había usado en enero de 2018, pero del que se desconoce el paradero. HSI determinó que no se trata de una renovación, pues ambos pasaportes fueron utilizados para viajar en 2016, 2017 y 2018.

  Además de los pasaportes de EE. UU y Venezuela, se sabe que José Manuel González Testino tiene un pasaporte de los Caballeros de Malta, Knights of Malta, una sociedad católica u organización fraternal, una entidad soberana internacional que emite sus propios pasaportes, moneda y sellos postales, de la cual el acusado forma parte. La orden tiene una oficina en Roma, Italia, no tienen territorio, pero es reconocida en 12 países principalmente europeos. Estados Unidos no los reconoce. Por los testigos González y Haddad, González Testino buscó y obtuvo este pasaporte de los Caballeros de Malta por los privilegios de inmunidad diplomática que se otorga en algunos casos.

La información financiera del acusado

  El agente Wickman informó que escuchó el audio de la comparecencia inicial de González Testino ante un juez de instrucción al ser arrestado en Miami el 31 de julio de 2018, una audiencia en la el acusado tomó juramento y se le advirtió que podía ser procesado por perjurio si mentía. En dicha comparecencia a González Testino se le solicitó que proporcionara una divulgación financiera. Dijo que tenía un ingreso anual de aproximadamente USD 40.000, que tenía entre USD 5.000 y USD 7.000 en una cuenta bancaria en los Estados Unidos y que tenía una casa en Venezuela valorada en aproximadamente USD 30.000. González Testino negó ante el juez de instrucción que poseyera bienes en Estados Unidos.

  El Departamento de Seguridad investigó los movimientos migratorios de José Manuel González Testino desde 2015 a 2018 y comprobó que el acusó entró salió de Estados Unidos aproximadamente 150 veces, 28 de los cuales ocurrieron en 2018 hasta el día del arresto. Entradas y salidas que González Testino hizo, bien en vuelos comerciales, como en vuelos privados (7 en 2018 en tres aviones). Uno de estos aviones privados correspondió a la aeronave señalada por Johana Haddad como propiedad de González Testino. Se trataba del avión identificado con el número de cola N820JS, registrado a nombre de la empresa Agroven Agriculture, domiciliada en el 848 Brickell Avenue en Miami, Florida, donde González Testino tenía una oficina. Los hallazgos en los dispositivos del acusado revelaron que Agroven Agriculture era controlada por este.

Las debilidades del testigo de la fiscalía

  El abogado defensor de González Testino, Edward Shohat, interrogó al agente del Departamento de Seguridad Nacional, Corbin Wickman, quien en su primera declaración alertó no ser el agente a cargo del caso de José Manuel González Testino. Explicó que en el HSI opera un sistema de coagentes que en el paso particular del acusado estos son Matt Wood y Steve Bodak.

  Refirió que su actuación se limitó al 27 de julio de 2018, cuando fue informado de que González Testino estaría considerando su salida de Estados Unidos y procedió a realizar algunas de las consultas de la base de datos para verificar si había alguna reservación a nombre del acusado. Salvo eso, no participó en la investigación. Negó haber participado en el arresto o haber asistido al Aeropuerto Internacional de Miami el día de la detención. Por boca de los coagentes de caso supo que González Testino entró solo a la terminal aérea el 31 de julio y que su exesposa, María Díaz, y su hija, Isabel González, permanecieron en un vehículo a las afueras del aeropuerto. Refirió que en la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional denominado ATS, quedó registrado que tanto la ex-esposa como la hija de González Testino también tenían reservaciones para el mismo vuelo en el que el acusado pensaba abandonar EE. UU.

  El agente Wickman dijo desconocer por cuántos y cuáles contratos suscritos con PDVSA, el acusado José Manuel González Testino, pagó sobornos a César Rincón, testigo cooperante de la investigación que en el caso se identifica como CW-1. No estuvo en capacidad de responder si el acusado recibió dinero personalmente como resultado de algún pago de soborno a cambio de un contrato o si se le pagó en cualquier contrato que recibió como resultado de un pago de soborno. Tampoco pudo determinar el número de entrevistas que se le hicieron a César David Rincón.

 La defensa trató de que las notas que hizo el agente Wickman cuando estudió el caso e indagó en informes para poder hacer su declaración en esta audiencia, fueran tomadas como una declaración del testigo y que las mismas fueran reproducibles a la luz de la Regla 26.2 que versa sobre la prueba, pero el juez no lo permitió.

  Enfiló la defensa entonces a que el testigo discriminara cómo la totalidad de los sobornos, a saber USD 630.000, se habían destinado a cada uno de los tres tipos de pagos hechos supuestamente por González Testino a César Rincón, es decir que determinara cuánto se había pagado por obtener los contratos, cuánto por acelerar los pagos por parte de PDVSA a las empresas del acusado, y cuánto para que se aceptara hacer los pagos en dólares y no en bolívares, lo que el testigo no estuvo en capacidad de responder. Tampoco estuvo en capacidad de determinar cómo se había producido la participación del acusado en algunos aspectos contemplados en la acusación relativos a sobornos por compras específicas, contratos y asesorías del César Rincón a González Testino.

  No pudo determinar por cuántos y cuáles contratos recibió sobornos César Rincón de parte de González Testino, ni si estos contratos se concretaron en su totalidad, como tampoco las especificidades y objeto de dichos contratos.

  El agente convino con la defensa en que en la acusación no hay pagos de sobornos a funcionarios de CITGO, sino que únicamente se habla de pagos a una cuenta controlada por un familiar de César Rincón.

  La defensa trató de llevar al testigo al terreno de las conclusiones legales, cuando le requirió determinar según su experiencia si todos los pagos de sobornos a funcionarios extranjeros estaban cubiertos por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lo cual fue objetado por la fiscalía y concedido por el tribunal. Quería, a todas luces, desligar el caso de González Testino de lo contemplado en dicho instrumento legislativo y de allí solicitar su desestimación.

  Sobre los registros bancarios en instituciones de Suiza pertenecientes a tres corporaciones identificadas en la acusación como A, B y C, al no haberse recibido respuesta oficial, la defensa hizo destacar que no se poseía documentación bancaria que precisara que José Manuel González Testino esté vinculado a las tres cuentas bancarias.

  Otro camino de la defensa fue desestimar las aseveraciones de los testigos Morales y Haddad en razón de que sólo buscan obtener beneficios a cambio de suministrar información a las autoridades. Igualmente, dirigió su interrogatorio a desestimar las pruebas y documentos presentados por estos. También la defensa buscó que se le restara importancia al hecho de que su representado tuviera el pasaporte de los Caballeros de Malta llevando el asunto a lo puramente anecdótico, toda vez que el testigo no estaba en capacidad de determinar si González Testino lo utilizó alguna vez para viajar.

  Desconocía el agente Wickman que el testigo cooperante CW-2 es Roberto Rincón y, en tal sentido, llevó el interrogatorio a determinar que el verdadero responsable del pago de los sobornos sería este y no su defendido, pues la única alusión al acusado es que controlaba las empresas. Se trataba de las empresas Ameritraders Inc., RH International Consulting Inc. y Henry PDA International Holdings LLC de cuyas cuentas en Suiza se efectuaron los pagos de sobornos a cuentas de una empresa propiedad de un familiar de César Rincón. La defensa logró que el testigo admitiera que nada determinaba en la acusación —ni la propiedad de las empresas que el testigo no estaba en posibilidades de determinar tampoco—que José Manuel González Testino fuera el responsable directo de pagar los sobornos.

  La defensa finalmente, llevó a afirmar al agente Wickman no existían pruebas que permitieran establecer la existencia de cuentas bancarias pertenecientes a empresas en la que González Testino fuera signatario, ni el monto de las mismas.

  Para rebatir los argumentos de la defensa, la fiscalía llevó al agente Wickman circunscribirse al texto de la acusación que José Manuel González Testino conspiró para violar la Ley de Prácticas Extranjeras, cuyos extremos en su relación con Morales y Haddad se cumplieron para que dicha conspiración tuviera lugar.

(1)  http://eltiempolatino.com/news/2020/feb/20/contratista-de-citgo-y-pdvsa-se-declaro-culpable-e/

viernes, 9 de octubre de 2020

OI European Group reclama acciones de CITGO para cobrar $500 millones de deuda

   Con acciones de la filial de PDVSA en territorio estadunidense la compañía quiere cobrarse la sentencia del laudo por USD 500 millones que la adeuda Venezuela por la expropiación de sus activos.

Por Maibort Petit

   Desde que Crystallex International Corp, con la bandera de la tesis del alter ego, logró que los tribunales de Estados Unidos reconocieran que es posible cobrarse acreencias de Venezuela con bienes de la petrolera, se ha desatado una ola de acciones legales encaminadas a conseguir el cobro de deudas transitando la misma vía. Es el caso de OI European Group B.V., filial holandesa de la Owens Illinois que, como otras, ha solicitado una orden de embargo contra las acciones de la corporación PDV Holding Inc., propiedad nominal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  La empresa estadounidense Owens-Illinois Inc. fue expropiada de sus activos en Venezuela por el gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, y desde esa fecha mantiene una batalla legal para lograr el resarcimiento de la inversión a consecuencia de la decisión del ejecutivo venezolano.

  El 25 de julio de 2019 la empresa le pidió a un juez del Distrito de Columbia que le permitiera cobrarse un laudo con que la favoreció el tribunal de arbitraje del CIADI por USD 400 millones, a través de los activos venezolanos. Previamente, el 21 de mayo, la jueza de distrito de Washington DC, Amy Berman Jackson, confirmó el laudo de unos USD 500 millones, sin considerar la solicitud de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, de retrasar el procedimiento por 120 días.

  Está es la opinión del exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández en #SinFiltros



  Fue también en 2019 cuando OI European Group B.V. presentó una moción que perseguía lograr el cobro de la sentencia del laudo con activos venezolanos en razón de la incapacidad para hacer que el gobierno de Venezuela cumpla con la decisión.

  Ante el Tribunal de Delaware, Owens-Illinois demandó el 11 de febrero de 2019 a cuatro empresas propiedad de Venezuela, entre ellas Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y CITGO, con el objetivo de cobrar el laudo.

El memorando suplementario

   En el Tribunal del Distrito de Delaware, OI European Group BV (OIEG) se presentó un Memorando suplementario en apoyo a su moción de reconsideración dirigida a modificar su orden anterior y así otorgar a la demandante un auto de embargo sobre acciones propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), pues sostiene que esta última es controlada por la República Bolivariana de Venezuela, su deudora, es decir, la primera es un alter ego de la segunda.

  El pedimento agrega que, en caso de que la moción no sea concedida como cuestión de derecho, la Corte debe programar una audiencia lo antes posible “para abordar la abrumadora evidencia que muestra que PDVSA sigue siendo un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela”.

La argumentación

  Sostiene OIEG que la República Bolivariana de Venezuela sigue manteniendo el control y dominio de PDVSA y se remite, en primer lugar, a lo expuesto en la decisión de la Corte del 9 de agosto de 2018 del caso Crystallex contra Venezuela, en la que citó que “en noviembre de 2017, PDVSA anunció: 'A partir de hoy, el mando de la industria petrolera pasa a manos del primer trabajador del país, Nicolás Maduro' (…). La Corte también señaló que uno de los objetivos declarados de PDVSA era 'garantizar el control del Estado sobre [PDVSA]' (…)”.

  Advierte que, para agosto de 2020, nada de esta situación ha cambiado y Nicolás Maduro continúa “comandando” PDVSA y controlando todos sus activos y operaciones, y desplegándolos con fines políticos, como activos del estado. “PDVSA, la entidad tal como existe y funciona hoy en día, continúa cediendo el control sobre sí misma al estado venezolano”.

  Refiere que la argumentación de Venezuela referente a que los hechos relevantes cambiaron después de 2018 porque en 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, así como el señalamiento de que el gobierno en el exilio de Guaidó pretendía nombrar nuevos directores de PDVSA, ratifica la doctrina del alter ego.

   OIEG se remite a la jurisprudencia que advierte que “los hechos son primordiales para determinar cuándo el control es tan extenso que la separación entre entidades se desvanece como una distinción legal”. En este sentido, indica que, aunque EE. UU. reconoció a Juan Guaidó como representante de Venezuela, otorgándole legitimación ante la Corte, los hechos demuestran que Guaidó no tiene poder real ni influencia sobre el estado venezolano o sus asuntos, como tampoco lo tiene el directorio nombrado por éste en PDVSA. Asegura que la petrolera estatal venezolana sigue sujeta a las sanciones de Estados Unidos y el régimen de Maduro manipula, domina y controla sus operaciones y activos no menos que en 2018. “PDVSA sigue siendo hoy lo que era entonces, un brazo del estado, totalmente bajo el control del estado”.

Continúa sujeción de PDVSA a las sanciones

  OI European Group BV refiere que, incluso, Estados Unidos reconoce que PDVSA es indistinguible de Venezuela BROV.

  Recuerda que desde 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro viene administrando sanciones contra Venezuela. Agrega que el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela no estuvo acompañado de una relajación de dichas sanciones y, de hecho, con dictamen Crystallex I emitido en agosto de 2018, se amplió el alcance de la propiedad bloqueada por el régimen de sanciones y se reconoció explícitamente la superposición entre Venezuela y PDVSA.

  OIEG se remite a la Orden Ejecutiva 13857, emitida el 25 de enero de 2019, en la cual se modifica la definición de “Gobierno de Venezuela” para incluir explícitamente a PDVSA, mientras que la Orden Ejecutiva 13884, del 5 de agosto de 2019, establece que la propiedad de Venezuela, incluida la propiedad de PDVSA, está "bloqueado y no puede ser transferida, pagada, exportada, retirada o negociada de otra manera" sin una licencia.

  El endurecimiento de las sanciones, por tanto, deja en claro que, aunque Estados Unidos reconozca a Guaidó como representante de Venezuela en los tribunales estadounidenses, PDVSA sigue bajo el control del estado venezolano.

Maduro al control de PDVSA

  El memorando de OIEG asegura que el régimen de Nicolás Maduro continúa controlando las operaciones y activos de PDVSA.

  En tal sentido cita lo expresado recientemente por un observador cercano de los hechos sobre el terreno en Venezuela, cuando manifestó que “la campaña para reemplazar al presidente Nicolás Maduro ha fracasado (...) Mientras Maduro y el líder de la oposición Juan Guaidó afirman ser presidente, Maduro mantiene el control de activos clave, incluidos los militares, los medios de comunicación, la policía y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA”.

   Tajantemente asevera que el reconocimiento de Guaidó por parte de Estados Unidos no ha cambiado nada en la relación entre Venezuela y PDVSA. “El régimen de Maduro nombra directores y funcionarios que realmente controlan las operaciones de PDVSA, y que lo hacen desde las oficinas, operaciones, sitio web y cuentas de Twitter de PDVSA. El régimen controla la imagen pública de PDVSA y sus representantes designados dominan las operaciones y los activos de PDVSA de manera tan completa que han transferido los activos de PDVSA a un tercero sin la autoridad, o incluso el conocimiento, del Directorio de Guaidó”.

   Como ejemplo de lo sostenido, hace mención al anuncio de PDVSA en su página web que expresó la intención de Maduro (en lugar de la Junta de Guaidó) de reestructurar la empresa para protegerla de los "ataques imperialistas". También el 27 de abril de 2020, Maduro instaló como presidente de PDVSA a Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez y nombró como nuevo ministro de Petróleo a Tareck El Aissami, a quien ordenó reestructurar PDVSA.

  También Maduro ejerce un control directo sobre la distribución del petróleo de PDVSA nacional e internacionalmente.

  Se remite al portal Crónica Uno que informó el 27 de junio de 2020 que PDVSA, actuando no bajo el control de la junta de Guaidó, sino según lo ordenado por El Aissami y Chávez, rescindió los acuerdos con varias personas y empresas venezolanas que licenciaban estaciones de servicio, confiscándolos para el estado.

  El Aissami y Chávez asistieron a reuniones virtuales de la OPEP en representación de Venezuela y PDVSA.

  Igualmente, al haberse quedado Venezuela sin gasolina al no poder refinar su petróleo por la falta de bienes y materiales importados a la luz de las sanciones de Estados Unidos, ha recurrido al suministro de Irán y, en tal sentido, ha celebrado el arribo de petroleros iraníes a aguas territoriales venezolanas.

  Todo evidencia, según OIEG, que Maduro controla las operaciones comerciales ordinarias de PDVSA.

Uso político de PDVSA

  El memorando de OIEG dice que Maduro usa su control sobre PDVSA para socavar políticamente a Juan Guaidó y usa la propiedad de PDVSA como si fuera propiedad de Venezuela.

   Maduro utiliza regularmente la propiedad de PDVSA para promover la política exterior de Venezuela.

Guaidó no controla PDVSA

  OI European Group BV en el memorado presentado ante el tribunal asegura sin ambages que el directorio de PDVSA designado por Juan Guaidó es impotente, puesto que no tiene control de las operaciones y activos de la petrolera.

  El referido directorio no tiene control ni acceso a ninguna oficina o instalación de PDVSA, ni a las plataformas de redes sociales, sitio web o anuncios públicos de PDVSA.

  En contraste, Maduro hace anuncios en las oficinas de PDVSA y los propios comunicados de prensa de PDVSA emiten la política de su régimen.

  Los miembros de la Junta Directiva de Guaidó siguen sujetos a un proceso penal venezolano iniciado en 2019 bajo los auspicios del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

  Como ejemplo de lo afirmado, el memorando refiere una transacción de mayo de 2020 que evidencia la absoluta irrelevancia del directorio de Guaidó para PDVSA, puesto que a través de su subsidiaria europea PDVSA Europa, la estatal vendió una participación significativa y valiosa en Nynas, una refinería de petróleo sueca. La junta de Guaidó se limitó a criticar la venta y admitió que "no se le informó de la venta de la empresa de una participación del 35% en la refinería sueca Nynas".

  Finaliza el memorado con la advertencia de que si existiera realmente un nuevo gobierno que realmente tuviera el control de Venezuela, el cambio de representante debería significar un viraje en los hechos que anteriormente respaldaban el alivio del alter ego, lo cual no es el caso. Subraya que Estados Unidos sabe que el “gobierno” por él reconocido no gobierna. Los hechos sobre el terreno muestran de manera abrumadora que PDVSA sigue estando dominada y controlada por el Estado venezolano.


  

viernes, 15 de mayo de 2020

CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.

    La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de CITGO de la antigua administración y, que han sido premiados por la junta directiva nombrada por Juan Guaidó tienen amplia responsabilidad. La querella estaría plagada de imprecisiones que tienen como fondo "encubrir lo que realmente ocurrió en el seno de CITGO".  El caso, que involucra al político de la Florida se presentó hace 3 años ante las gerencias de CITGO, y desde Febrero 2019 a la directiva que preside Luisa Palacios, pero hasta la fecha no se habían tomado acciones. Muchos se preguntan ¿Por qué ahora?.
A continuación les contamos parte de esta historia de corrupción variopinta.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
  Una demanda por incumplimiento de contrato  interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, [encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y  Michael Gottlieb] fue publicada por primera vez por el New York Times el 13 de mayo de 2020 (1).  En la querella,  PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc, una empresa de maletín propiedad del excongresista cubano-americano, David Rivera devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 

¿Quién pagó los $15 millones a David Rivera?

   La demanda fue interpuesta por uno de abogados de CITGO, que ha trabajado para las administraciones del régimen chavista, y quien fue contratado nuevamente por la presidente de la Junta Directiva de CITGO, designada por el presidente interino, Juan Guaidó en 2019, Luisa Palacio. Michael Gottlieb quien también estuvo asociado al bufete que defendió a los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro ha jugado un rol crucial en las decisiones de Palacios. En Venezuela Política hemos escrito sobre la relación Palacios- Gottlieb y el acoso que ambos mantienen al personal de CITGO que ha denunciado las irregularidades dentro la corporación. (3).


El pago corrupto

  Una fuente interna, conocedora del caso, destaca lo siguiente: "la explicación de los hechos dada por el bufete de abogados no es del todo cierta". En marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que a decir de muchos eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (actualmente bajo arresto en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

Febrero de 2019

   Cuando asumió la nueva junta directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios, se les informó sobre las múltiples irregularidades cometidas por las anteriores administraciones de CITGO, y les entregaron informes sobre los ejecutivos que presuntamente habían cometido los delitos, tanto los venezolanos como los norteamericanos. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, los nuevos directivos no tomaron ninguna acción, sino que se dedicaron a evitar que la información trascendiera las paredes del edificio sede ubicado en 1293 Eldridge Pkwy, Houston, TX 77077. 

  La explicación de las fuentes consultadas para este reporte, refleja que detrás de la demanda hecha por el bufete Willkie Farr & Gallagher LLP "hay muchos hechos sin contar". Una de ellas señala: "Esto no es ni el 10% de la historia", a la vez que aseguró  que: "mucho de los hechos reportados por ambas partes no son ciertos". 

   Otra fuente de PDVSA, Caracas, confirmó a Venezuela Política que "los pagos a la empresa Interamerican Consulting Inc fueron hechos en un cien por ciento por el personal de CITGO, por orden de la junta directiva de PDVSA. Las operaciones fueron procesadas y ejecutadas por José Pereira ( bajo arresto en Venezuela) y Gina Coon (actual tesorera de CITGO) violando todos los controles y procedimientos internos de revisión". 

   Un elemento importante, que vale la pena destacar, es que los registros constitutivos de PDV USA muestran que la empresa demandante es un ente de la misma CITGO. "Para el momento que se realizaron los pagos corruptos a la empresa de maletín del excongresista David Rivera, CITGO estaba manejada, controlada y administrada por José Pereira, Gustavo Cárdenas, y Nelson Martínez", acota la fuente consultada en PDVSA, Casa Matriz .

  En la demanda se pretende establecer que PDV USA es una unidad de PDVSA, "pero dicho argumento es sólo para encubrir a CITGO", dijo una fuente interna familiarizada con el caso.

  PDV USA es fondeada por las compras de petróleo y pagos que hace CITGO a PDVSA. "En vez de pagar a PDVSA, parte de ese dinero es/era transferido a las cuentas de PDV USA en Estados Unidos, para pagos [principalmente] a proveedores, que en realidad no eran tales, por ejemplo: 1) Proveedores usados en CITGO Aruba; 2) Gastos de propaganda política del régimen venezolano en los Estados Unidos; 3) Gastos de viaje de personajes del régimen, 
[Delsy Rodríguez y otros]; 4) Gastos de los consulados, fiestas en misiones de la ONU en NYC, [como fue el caso de Rafael Ramírez y María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez]; y 5) muchas otros pagos como donaciones no controladas. 

   Los reportes internos muestran que las cuentas bancarias de PDV USA son/eran manejadas por Gina Coon (Tesorera) bajo la dirección de José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez.

   El entramado de corrupción que se manejó desde CITGO envuelve muchos otros casos como el del ex congresista, David Rivera. "Hay operaciones fraudulentas vinculadas a abogados, congresistas, consultores, contratistas y empleados de CITGO que  colaboraron con las transacciones corruptas y apoyaron al régimen de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos", aseguró la fuente. 

  Contrario a lo que dice la demanda del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, "los detalles y hechos de este caso son varios y envuelven varias acciones ilegales que afectan principalmente a CITGO, comenzando por violaciones de políticas y procedimientos internos, así como posibles violaciones de leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos", acotó.

  Una de las fuentes consultadas señaló que la demanda "es una presunta estrategia de la actual junta directiva de CITGO que busca cubrirse las espaldas ante la investigación que realiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en CITGO". 

  Otro informante sostiene que "el abogado Michael Gottlieb, Luisa Palacio, Carlos Jordá y el resto de los actuales directivos saben que no va a recuperar los $15 millones de la demanda y que la única razón por la cual se interpuso la querella fue por la presión que existe por la investigación del DoJ". Se preguntan: ¿Por qué CITGO no demandó a Ernesto Guevara que supuestamente defraudó a CITGO por más de $300 millones?.

  Además de los ejecutivos mencionados, en los reportes internos de CITGO sobre este caso, aparecen señalados [por ser presuntamente cómplices o encubridores] Gina Coon, Rick Esser, Jennifer Moos (recientemente jubilada sin ser investigada) y Judith Colbert(4).

    Hasta la fecha, la junta directiva designada por Juan Guaidó y sus abogados, no habían tomado acciones significativas en contra de los proveedores y empleados que defraudaron a CITGO, "por el contrario, han soportado la retaliación en contra de los empleados/directores que reportaron casos de fraude internamente (incluyendo el de David Rivera), y han encubierto a empleados que presuntamente son cómplices en operaciones de lavado de dinero en CITGO", acotan. 

  Este caso fue reportado a Rick Esser y Jennifer Moos, porque estos dos ejecutivos de CITGO eran quienes manejaban el Comité de Cumplimiento "y no cumplieron con su deber de revisar y aplicar las leyes federales, que obligan a las empresas a investigar todas las demandas internas de empleados y asegurarse de actuar adecuadamente, tomar acciones correctivas, implementar controles necesarios, entre otras acciones".

La demanda describe hechos que nunca ocurrieron en CITGO

 En la demanda se señala que PDV USA se negó a pagar las facturas correspondientes a los meses siguientes, que sumaban $35 millones.  No obstante, dos fuentes internas de CITGO confirmaron a Venezuela Política que "durante el 2017 o el 2018, PDV USA (CITGO) no "se negó a pagar" las facturas de Interamerican Consulting, lo que ocurrió fue que dichas facturas y el contrato como tal no se canceló más por la intervención de tres directores que, al detectar que el contrato y los pagos eran ilegales se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez y detuvieron el esquema fraudulento, por lo que los pagos adicionales y cualquier relación futura entre CITGO/PDV USA y David Rivera quedaron al descubierto". 

  El directorio de PDVSA, conformado para aquel entonces por Guillermo Blanco, Eulogio Del Pino, Maribel Parra, Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa, José Pereira, y Edoardo Orsoni representado a CITGO aprobaron los servicios de consultoría legal internacional para “Asuntos estratégicos”. Y ordenaron la contratación de David Rivera y otros abogados

Corrupción generalizada

  Una de las fuentes internas de CITGO, consultadas para este reporte,  nos confirmó que a finales de abril 2017, en contra de la gerencia senior de CITGO (José Pereira y Nelson Martínez) y de las órdenes de los miembros de las juntas directivas de PDVSA y CITGO bajo un ambiente de corrupción y complicidad generalizada— tres directores de CITGO detectaron la transacción ilegal y lograron parar el contrato y pagos adicionales por $ 35 millones a Interamerican Consulting. Estos directores arriesgaron sus puestos de trabajo y se enfrentaron a retaliaciones posteriores por parte de José Pereira, Nelson Martínez, Gustavo Cárdenas, Rick Esser, Judith Colbert y otros directores cómplices, que todavía siguen en CITGO bajo la nueva administración.

La excusa del contrato de David Rivera 

  La excusa del contrato con Rivera para  realizar una Consultoría de Servicios Estratégicos (Strategic Consulting Services) "fue algo totalmente ilógico", sostiene la fuente. "Las transacciones fueron mantenidas en secreto por los directores de CITGO / PDVSA y los consultores y abogados estadounidenses que respaldaron este y otros acuerdos relacionados". 

  Agrega que "los directores de CITGO / PDVSA utilizaron a Interamerican Consulting, Inc./David Rivera y (su cuenta bancaria) como agente o intermediario para ocultar las transacciones, vínculos y objetivos trazados en los Estados Unidos con el régimen comunista de Nicolás Maduro". 
  

    Hasta ahora se desconoce el uso final de los 15 millones que consiguieron extraer de CITGO. Las investigaciones del DOJ/FBI están tras la pista de las transacciones bancarias para determinar el destino de los fondos robados al pueblo venezolano. Es necesario aclarar quién se beneficio o qué tipo de actividades ilegales se financiaron con este esquema.


Lo que dice la demanda

  La querella por incumplimiento de contrato interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York establece lo siguiente:


1.  El 21 de marzo de 2017, PDV USA e Interamerican Consulting Inc firmaron un acuerdo de consultoría según el cual la empresa recibiría $ 50 millones en seis cuotas durante un período de tres meses para proporcionar supuestos "servicios de consultoría estratégica" para PDV USA empresa matriz, Petróleos de Venezuela, SA. 

2. PDVSA es la compañía estatal de petróleo y gas natural de la República Bolivariana de Venezuela y, en ese momento, estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro. PDV USA recibió instrucciones de la empresa matriz (PDVSA) de su empresa matriz (PDV Holding, Inc.) para celebrar el Acuerdo con el propósito de mejorar la "reputación a largo plazo" de PDVSA en los Estados Unidos. (No se menciona a CITGO)

3. En enero de 2019, el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de Venezuela, desconociendo el régimen de Maduro y sancionó a PDVSA a través de la OFAC. Desde ese momento se requiere una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. para hacer negocios con la petrolera.

4. El Gobierno de Guaidó nombró una Junta de Directores Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las filiales de PDVSA en Estados Unidos, incluida PDV USA (No se nombra CITGO). En agosto de 2019, el Tribunal de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó a la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.

5. Según el Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación y posición de PDVSA, y construir relaciones con los formuladores de políticas, líderes de opinión, funcionarios públicos y partes interesadas específicas.

6. Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican proporcionara, al menos,  siete informes quincenales que detallen el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas. En cambio, el Demandado proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. Estos informes se refieren genéricamente a un "plan estratégico", "reuniones" y "recomendaciones", pero no describen un solo elemento del plan alegado, identifican a los participantes de la reunión o las discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién.

7. El Demandado no realizó servicios significativos según el Acuerdo, y ciertamente no realizó el nivel de servicios que razonablemente podría esperarse por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes.

8. PDV USA resultó lesionada por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado. PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por el Demandado, un total de $ 15 millones, pero no recibió evidencia de que algún servicio se haya realizado alguna vez en nombre de PDV USA o PDVSA.

9. Además, Interamerican Consulting Inc se comprometió explícitamente en el Acuerdo a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del contrato perpetrado por la empresa, incluido el pago de los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con la aplicación de los derechos de PDV USA.

10. En consecuencia, PDV USA interpone la acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya le ha pagado al Demandado, liberar a PDV USA de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo y recuperar cualquier otro daño compensatorio por un monto que se abonará en juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales.


 La demanda señala que Interamerican Consulting Inc es una compañía incorporada en el estado de Florida por el ex congresista estadounidense David Rivera. La dirección de la empresa es el hogar de Rivera, ubicado en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. En su descripción, Interamerican  Consulting Inc dice que proporciona "servicios de consultoría estratégica". Según la información disponible públicamente, la referida empresa tiene solo dos empleados: (1) David Rivera, quien se desempeña como Presidente y agente registrado; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), quien se desempeña como Vicepresidenta.

  La demanda sostiene que el objetivo principal del contrato era que el Demandado brindara servicios para PDVSA. El representante autorizado y el principal punto de contacto era Pio González, un empleado de PDVSA. 

  Lo único que se recibió fueron dos breves informes de progreso proporcionados por Interamerican que aclaran que los servicios de consultoría se estaban prestando a PDVSA. Dichos informes describieron que Interamerican había organizado reuniones que "permitían al Cliente proporcionar sus puntos de vista y perspectivas sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos".  Aunque "Cliente" se define en el informe de progreso como PDV USA, la referencia a eventos actuales en Venezuela deja en claro que los intereses de PDVSA eran el tema de los servicios de consultoría estratégica.

  Aseguran que Interamerican acordó desarrollar las siguientes estrategias :

1) Informarían a los responsables políticos y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros de PDVSA;

2) Reforzar la posición de PDVSA entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión"; y 

3) Mejorar la "reputación a largo plazo" de PDVSA y su "prestigio" con las "partes interesadas". 

  La empresa contratada acordó además "identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos". 

  El contrato establece que Interamerican debía proporcionar: 

(1) actualizaciones con respecto a sus servicios de consultoría estratégica con detalles adecuados y completos de los servicios prestados; 

(2) documentación de respaldo para todas las facturas presentadas; 

(3) informes quincenales que detallan sus actividades en virtud del Acuerdo; y 

(4) un informe final que integra todos los productos de trabajo desarrollados de conformidad con el contrato.

  El Acuerdo tenía un plazo de tres meses, comenzando en la fecha de ejecución, 21 de marzo de 2017, y terminando el 21 de junio de 2017.

  La querella sostiene que durante ese período, "Interamerican estaba obligada por contrato a proporcionar al menos siete informes quincenales que detallaban las actividades que había llevado a cabo durante el período de dos semanas aplicable y un informe final que resume todo el trabajo realizado en virtud del Acuerdo y proporciona recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas".

  En lugar de proporcionar estos informes consistentes, Rivera presentó solo dos informes en total: un informe "quincenal" y un informe final. Los informes totalizaron no más de cinco páginas (colectivamente), gran parte de las cuales se duplicaron, y no pudieron describir ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionar ninguna evidencia de que el trabajo se haya realizado realmente.

  Los informes se refieren, dice la querella, genéricamente a reuniones y discusiones con "importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos", "funcionarios públicos clave", "partes interesadas objetivo", "partes interesadas del sector público" y "partes interesadas del sector privado", pero no describen el propósito de esas reuniones, quién asistió, qué se discutió o qué hace que cualquiera de estos líderes, funcionarios o partes interesadas sea importante para el "plan estratégico" de Interamerican.

  Del mismo modo, el supuesto informe final se refiere a recomendaciones, pero no explica cuáles son esas recomendaciones.

  El contrato requería además que Interamerican proporcionara "documentación de respaldo" y "detalles adecuados y completos de los Servicios prestados" con cada factura presentada a PDV USA.

  Sostiene que Interamerican no proporcionó documentación ni detalles de respaldo con las facturas enviadas para el pago.

  Alegan que Interamerican tenía que completar los servicios "para satisfacción exclusiva de PDV USA", pero el cliente nunca expresó satisfacción y no está satisfecho con los servicios de Interamerican.

  Asegura que PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se realizaron, a pesar de que la empresa no brindó los servicios contratados $ 15 millones.

   El Acuerdo estableció un cronograma de pagos, según el cual PDV USA debía pagar a Interamerican una "cuota de pago inicial" de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017.

  PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones el 21 de marzo de 2017, según lo establecido en el Acuerdo.

  El cronograma de pagos también indicó que, a partir del 4 de abril de 2017, se pagarán otros $ 20 millones en "Plazos de pago consecutivos" de $ 5 millones cada dos semanas y que se pagará un "Plazo de pago final" de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017 .

   PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones en cada uno de los días 4 de abril de 2017 y 18 de abril de 2017. Junto con el pago inicial realizado el 21 de marzo de 2017, PDV USA pagó un total de $ 15 millones.

  PDV USA se negó a pagar las últimas tres facturas que presentó David Rivera, que totalizaron $ 35 millones. "A pesar de que Interamerican no brindó los servicios requeridos por el contrato, y a pesar de la participación del régimen de Maduro y la extrema desproporción entre el precio del contrato y los servicios que se prestarían,  el demandado solicitó en repetidas ocasiones el pago de las facturas pendientes de PDV USA" .

   En vista del hecho de que el Demandado no había realizado y no contemplaba realizar ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA, las empresas contratantes solicitaron conjuntamente el consentimiento del Demandado para concluir el acuerdo, pero el acusado se negó a dar su consentimiento. En cambio, Rivera continuó exigiendo que PDV USA pagara los $ 35 millones supuestamente adeudados.

   Según el contrato, Interamerican acordó "indemnizar"  a PDV USA y PDVSA contra cualquier incumplimiento, incluidos todos esos gastos, costes judiciales y honorarios de abogados en la aplicación de los derechos de PDV USA.

  Sostiene la demanda que el demandante tiene derecho a recuperar los $ 15 millones (más intereses) que pagó al Demandado y a ser liberado de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo que fui violado por David Rivera.

CITAS

1)https://www.nytimes.com/2016/03/12/us/marco-rubio-david-rivera.html

2) https://www.miamiherald.com/news/local/article242707216.html

3) https://www.maibortpetit.info/search/label/abogados%20narcosbrinos?m=0

4)https://www.maibortpetit.info/2020/01/busca-citgo-silenciar-casos-de.html

5)https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-13/venezuela-s-pdvsa-paid-ex-congressman-15-million-suit-says