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lunes, 3 de febrero de 2020

CITGO incrementa compra de crudo a empresas trading vinculadas al chavismo

La excusa de la actual administración para seguir comprando a las 'trading' vinculadas al chavismo, son las dificultades que han generado para la corporación 'las sanciones de los EE. UU. a PDVSA'. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Son varias las reuniones que se han producido y los cuidados que se han tomado desde la alta gerencia para que la información no sea conocida por los venezolanos. En el último año fiscal 2019, CITGO Petroleum Corp. incrementó la compra de crudo en el mercado spot, con algunas empresas trading que han estado vinculadas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a los jerarcas del chavismo. Varias de las compañías beneficiadas de los contratos de compra directa —aprobados en el área de trading— han sido señaladas de estar incursas en tramas de corrupción. Ejemplo de este señalamiento son Trafigura, Lukoil, Vitol (estas tres en la denuncia de PDVSA US Litigation Trust) (1) y Mercuria (2), entre otras. Una fuente señala que se pasó del 10 a casi un 30% de compra de crudo a las empresas trading en el último año.
El mercado spot y la ausencia de controles

    En los mercados spot, se compra y vende a corto plazo el petróleo bruto y los productos refinados derivados de los hidrocarburos. En este tipo de transacciones se fija diariamente el precio de las cotizaciones de petróleo que servirá como referencia de los precios en todo el mundo. Concretamente, los intercambios tienen lugar directamente entre vendedor y comprador, quienes negocian la diferencia entre el precio del producto final y el precio del petróleo bruto.

   En CITGO el área de trading —encargada de la compra de productos en el mercado spot ha estado bajo supervisión de Rick Esser y Gustavo Velásquez. Según un reporte de auditoría de la filial de PDVSA en EE. UU., y dos fuentes consultadas bajo condición de anonimato, los controles internos del trading "han sido muy débil(es) por años".

    Las fuentes sostienen que "los traders compran crudo y productos sin ningún control ni análisis". Reportes señalan que "las deficiencias de los controles se han presentado internamente en CITGO desde el 2014 hasta la fecha, y aunque fueron reportados por los responsables de ello, tanto Rick Esser y Nelson Martínez (fallecido bajo custodia del estado venezolano el 12 de diciembre de 2018) ignoraron todas los puntos y recomendaciones de auditoría interna y continuaron con la compra de crudos bajo una serie de modalidades que ponen el riesgo la transparencia de la empresa".

  Otras fuentes (consultadas en condición de anonimato por la persecución que ejercen actualmente la presidente de la Junta Directiva, Luisa Palacios y sus abogados) de CITGO señalan que ha habido presiones internas y externas por parte del equipo de Carlos E. Jordá, actual CEO de CITGO, para conocer cómo funciona el área de trading por la que pasan miles de millones de dólares. "Ya se han realizado varias reuniones para tal fin, pero no se ha avanzado mucho en la toma de decisiones", acotaron.

    Entre las empresas beneficiadas con contratos directos de crudo en el mercado spot trading en la gestión de CITGO en 2019, aparecen las polémicas firmas: Trafigura US Inc, Trafigura PTE Ltd y Trafigura Canada GP; Vitol Inc; Mercuria Commodities Canada Corp, Mercuria Energy Trading S.A., Mercuria Energy Trading Inc. También aparecen Petrochina International America Inc, Ecopetrol S.A., Freepoint Commodities y Novum.

   Trafigura es una de las principales empresas proveedoras de CITGO de crudo y de productos derivados. Las compras de Trafigura Canada GP.  han aumentado significativamente en el 2019.

   Otro aspecto que resalta cuando se evalúan los récords es que las transacciones con Mercuria se mantienen, a pesar de que ésta envuelta en varios casos de corrupción y fraude con CITGO y PDVSA, aunado a los escándalos que ha protagonizado en Brasil y otros países de América Latina.

   Los informes muestran que las transacciones con Vitol Inc. se mantienen en el mismo nivel y se aprecia un incremento en los últimos meses de 2019. Esto contradice las referencias al supuesto esfuerzo que la junta directiva designada por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, de cambiar las prácticas irregulares que se ejecutaban en la CITGO administrada por el régimen de Nicolás Maduro.

  Si bien las compras con Petrochina bajaron en los primeros 6 meses del 2019 si se compara con las transacciones que se hicieron en 2017 y 2018— se aprecia que sigue habiendo negocios importantes con esa firma. Al mismo tiempo, las adquisiciones a EcoPetrol S.A se incrementaron significativamente en el citado año 2019.

   De acuerdo a los reportes a los que Venezuela Política tuvo acceso, excluyendo a PDVSA Petróleo S.A. (que era el mayor suplidor de CITGO antes de las sanciones impuestas por la OFAC a la petrolera venezolana), Trafigura ha sido en el mayor proveedor  de crudo en el área trading durante los períodos 2017 y 2018. La mayoría de esas empresas que aparecen en el panel de contratos directos en 2019—Trafigura, Vitol, Mercuria, Petrochina — y buena parte de las trading que mantienen sus negocios con CITGO en 2019—, fueron favorecidas en las gestiones del chavismo. Es decir, las mencionadas trading, que consiguieron ventajosos negocios durante las gestiones de las directivas designados por el régimen de Nicolás Maduro, se mantienen y algunas aumentaron su cuota de los contratos (trading) con los ejecutivos designados por el presidente de la Asamblea Nacional y como presidente (e), Juan Guaidó. Llamó nuestra atención que para 2019, Repsol Trading y Mercuria Energy Trading no aparecen en la línea de compra de feedstock. Asimismo, observamos con interés que Vitol Inc. salió del panel de vendedores de crudo, pero mantiene poderosos contratos relacionados con la venta de productos derivados y como suplidora de otras mercancías, junto a Trafigura US Inc, y Mercuria Energy Trading Inc.

¿Por qué siguen negociado con estas empresas?

  Reportes muestran el incremento de compras a las empresas trading vinculadas al chavismo un 10 a un 30 por ciento aproximadamente. Para hacer los cuestionados negocios se argumenta lo siguiente: 1) Por las sanciones impuestas por los Estados Unidos a PDVSA hay empresas que no quieren negociar con CITGO; y 2) con las empresas que entraron a los registros de proveedores con el chavismo no se hacen bajo contratos convencionales y regulados, sino que por esta vía se puede  comprar a terceros. 

   En reuniones celebradas el 12,13 y 14 de diciembre de 2019 con representantes de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, a la cual asistió el diputado Elías Mata, Luis Pacheco, presidente de la Junta directiva Ad Hoc de PDVSA, entre otros,  se discutieron los planes para el incremento de las compras en este rubro y bajo la criticada modalidad*.

Los números de las cuestionadas empresas en CITGO

    En 2018, los récords de las empresas trading muestran jugosos negocios. Trafigura US Inc por, ejemplo, vendió productos por el orden de $ 3.088 millones; Mercuria Commodities Canada Corp. Realizó operaciones por $ 761 millones; Mercuria Energy Trading S.A. lo hizo en el orden de los $ 1.079 millones; Mercuria Energy Trading por $ 420 millones; Vitol Inc por $ 636 millones; Trafigura Canadá GP por $ 403 millones.

   Los registros muestran que Petrochina International America INC. logró ventas por el orden de $ 507 millones; Glencore Ltd vendió $ 104 millones; las ventas de Ecopetrol S.A fueron de $ 124 millones y Equinor Marketing & Trading US Inc (Statoil antes de 2018) lo hizo por $ 111 millones.

   Durante el 2018, las compras para el feedstock (materia prima suministrada a una máquina o planta de procesamiento) de Trafigura US Inc fueron en el orden de $ 375 millones; las de Vitol Inc alcanzaron los $ 59 millones; mientras que Mercuria Energy Trading Inc vendió $ 24 millones; Repsol Trading S.A. tuvo operaciones por $ 14 millones y Mercuria Energy Trading S.A. alcanzó más de $ 3 millones.

   CITGO compró a Trafigura US Inc.  más de $ 56 millones y a Vitol Inc una cifra superior a los $ 46 millones en productos industriales.

   En cuanto a los suministros de productos, las cifras se muestran igualmente positivas:  Trafigura Us Inc. Tuvo ventas en el orden de $ 372 millones. En este renglón aparece Mercuria Energy Trading Inc. Con ventas por más de $ 131 millones; las ventas de Vitol Inc. Fueron por más de $ 24 millones. Petrochina International America Inc. vendió una cifra superior a $ 73 millones y las de Lukoil Pan Americas LLC se ubicaron en un monto bastante superior a $1.993.

  Las empresas trading que vendieron en el primer semestre de 2019  son las siguientes:

  Trafigura US Inc., Mercuria Commodities Canadá Corp.; Mercuria Energy Trading SA, Mercuria Energy Trading Inc.; Lukoil Pan American LLC; Trafigura Canadá GP; Petrochina International America Inc., Trafigura Pte LTD, Ecopetrol S.A y Equinor Marketing & Trading US Inc.

  Trafigura US Inc. también mantuvo sus beneficios con la nueva administración de CITGO, en la venta de productos para el stock. Así, en ese mismo periodo consiguió vender más de $ 104 millones, seguida por Vitol Inc. con ventas en el orden de más de $ 22 millones. Mercuria Energy Trading Inc.BBL tuvo colocaciones por más de $ 49 millones.

    En el panel de productos industriales dominan Trafigura US Inc. y Vitol Inc.

   Entre los suplidores de productos de CITGO para 2019, también aparecen excelentemente bien posicionadas por el grueso de contratos de millones de dólares, Trafigura US Inc., Mercuria Energy Trading Inc y Vitol Inc.

El esquema irregular usado por Mercuria y otras trading

  Un informe interno revela que Nelson Martínez y Pedro José Blanco utilizaron la empresa Mercuria Energy Trading Inc. como "un peaje" (intermediaria) para que otras empresas pudieran vender crudo a CITGO, obligándolas a vender primero a Mercuria y posteriormente Mercuria vendía a CITGO. "La comisión que CITGO pagaba a Mercuria era de 25 centavos por barril, lo que se traducía en aproximadamente USD 12 a 15 millones al año. Una doble ‘ganancia’ que se generaba, provenía de la compra del crudo que Mercuria hacía a otras empresas interesadas en negociar el crudo y al revenderlo a CITGO", asegura una fuente interna que declaró bajo anonimato.

  Pero el esquema cambió cuando Nelson Martínez salió de la presidencia de CITGO. Actualmente —dice la fuente ese peaje de Mercuria no existe y entonces las empresas están operando “en igualdad de condiciones”. La interrogante que surge es en torno a la razón por la cual Mercuria, con ese antecedente, continúa trabajando con CITGO y que el esquema de corrupción haya mutado.

Una fuente interna dice lo siguiente:

   "En tiempos en que Nelson Martínez era el CEO de CITGO, Pedro José Blanco —quien trabajó para CITGO pasó a representar a Mercuria logrado tener una oficina cercana a la del presidente. De hecho, Blanco aún coordina los negocios de la empresa trading en Houston. Martínez y Blanco crearon un esquema de corrupción que no permitía que otras firmas trading vendieran crudo o productos derivados a CITGO, si no pasaban por Mercuria. Fue así como nació la comisión que CITGO pagaba de 25 centavos por barril a Mercuria como intermediaria, lo que equivalía a ganancias que oscilaban entre $ 12 y 15 millones de dólares anuales, como ya habíamos referido. Cuando llegó Asdrúbal Chávez, y Calixto Ortega entró a finanzas, este preguntó por qué pagaban esas comisiones a Mercuria y entonces vetaron la empresa. No obstante, al poco tiempo volvió a imponerse el mismo esquema corrupto de comisiones. Una fuente señala que una parte de esos pagos era para beneficio de Martínez y Blanco".

Novum con su monopolio

  La empresa Novum, por su parte, "tiene el monopolio de todo lo que exporta CITGO a México, vía camiones y barcazas, así como de cargamentos de Diésel y Jet Fuel", dice un informante.

  Otra fuente sostiene que "se ha pedido en varias instancias de CITGO investigar la denuncia, según la cual, representantes de Novum pagan una comisión a un funcionario del área de productos de CITGO".

  Novum le debe a Venezuela un cargamento de Fuel Oil y le vende Propano a PDVSA.

Trafigura usa el mismo esquema

  A su vez, Trafigura operaba bajo el mismo esquema que usó Mercuria por años. En 2019 ocupa el primer lugar en el cartel de proveedores de CITGO.

  ¿Cuándo entraron estas empresas a CITGO? Pues, las empresas mencionadas fueron incorporadas en el registro mayor de proveedores y clientes de CITGO durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  Durante la administración de Gustavo Velásquez y Rick Esser, se comenzó a utilizar más a compañías de trading intermediarias como Mercuria, Vitol, Trafigura y Glencore.

Los registros muestran los siguientes datos:

· FREEPOINT COMMODITIES HOLDINGS LLC fue inscrita en el registro de vendedor master de CITGO el 19 de diciembre de 2012.

· PETROCHINA INTL AMERICA INC fue inscrita en el registro master de proveedores de CITGO el 24 de febrero de 2010.

· MERCURIA ENERGY TRADING SA entró al registro de proveedores de CITGO el 22 de abril de 2008.

· MERCURIA COMMODITIES CANADA CORP se incorporó a CITGO el 14 de octubre de 2014

· MERCURIA ENERGY TRADING INC fue registrada en CITGO el 22 de enero de 2008.

· TRAFIGURA CANADA GP se inscribió en el registro de CITGo el 21 de septiembre de 2005.

· TRAFIGURA US INC-TRAFIGURA TRADING LLC (DBA) fueron incorporadas al registro master de proveedores de CITGO el 7 de abril de 1999.

  Por su parte, las siguientes empresas entraron en el registro para vender gasolina, bunker oil y otros productos:

· NOVUM ENERGY TRADING INC se registró en CITGO el 29 de octubre de 2015.

· FREEPOINT COMMODITIES HOLDINGS LLC ingresó al registro master de CITGO el 26 de abril de 2012.

· MERCURIA ENERGY TRADING INC entró al registro de clientes de CITGO el 22 de julio de 2010.

· MERCURIA ENERGY TRADING SA ingresó al registro master de CITGO el 28 de diciembre de 2010.

· VITOL PETRO INC entró al registro master de clientes de CITGO el 14 de julio de 2010

· VITOL Inc. entró al registro master de CITGO el 3 de enero de 2007.

Los responsables siguen trabajando para CITGO

  Un funcionario que ha sido señalado en varios informes sobre irregularidades en el área de Trading es Gustavo Velásquez, quien se mantiene en la junta directiva ad hoc, a pesar que existen varias demandas internas en su contra. Una fuente consultada al respecto dice que "su permanencia en cargos de poder genera conflicto de intereses, abuso de autoridad y tolerancia a la corrupción en CITGO".

  La misma fuente dice que "el hueco dejado por PDVSA (que no puede exportar crudo por las sanciones) ha sido repartido entre las mismas empresas que estuvieron activas durante las administraciones de Nelson Martínez, Asdrúbal Chávez y otros jefes del chavismo”.

Los reportes muestran que han disminuido las compras a Glencore.

   Finalmente, la fuente explicó que los controles en el área de trading no cumplen los estándares de la empresa. "En el área de spot trading no se revisan los procedimientos. De hecho, hay puntos de las auditorías abiertos desde 2014 y Rick Esser no ha atendido los reclamos y se ha evitado implementar los controles y las recomendaciones hechas por los responsables de evaluar y hacer las auditorías".







    

miércoles, 29 de enero de 2020

¿ Busca CITGO silenciar casos de corrupción para evitar conflictos mayores?

  Desde Venezuela Política reiteramos nuestra firme decisión de denunciar los hechos irregulares que afecten el patrimonio venezolano sin importar quiénes sean los protagonistas.


   La filial de PDVSA en suelo estadounidense, CITGO, es una corporación de utilidad pública porque forma parte del conglomerado de empresas creadas y manejadas por la República Bolivariana de Venezuela, por tanto, al ser una entidad cuyo beneficio o interés es colectivo —en este caso de los ciudadanos venezolanos— es objeto de escrutinio por parte de las agencias de contabilidad y control del Estado venezolano y de la prensa de denuncia. Repetimos, CITGO Petroleum Corporation es una refinería, transportadora y comercializadora de combustibles, lubricantes, petroquímicos y otros productos industriales con sede en los Estados Unidos, pero propiedad mayoritaria de Petróleos de Venezuela S.A., es decir, es una empresa estatal venezolana.

  Sin embargo, es necesario acotar que a raíz de las sanciones impuestas por EE. UU. a PDVSA y al régimen de Nicolás Maduro, las cuales implican limitaciones en las operaciones de la industria petrolera venezolana, en el caso de CITGO existe una excepción debido a que el gobierno de Donald Trump entregó la administración de dicha corporación al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela más de 50 países. Haciendo uso de tal potestad, Guaidó —mediante acuerdo del Poder Legislativo— designó una junta directiva conformada por diez miembros en los directorios de PDV Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum, las tres filiales de PDVSA en Estados Unidos.

  Al momento de la designación de las juntas directivas, el presidente (e) Juan Guaidó, dijo: "La nueva directiva estará conformada por venezolanos capaces, libres de corrupción", a la vez que aseguró que se trataba de un "anuncio histórico" y que se iniciaba el "rescate" de la industria petrolera del país.

  A la cabeza del equipo directivo de PDV Holding Inc., fue designada Luisa Palacios, una mujer proveniente del sector privado que se desempeña (ba) para el momento de su nombramiento, como jefe de Mercados Emergentes e Investigación Latinoamericana en la consultora estadounidense Medley Global Advisors. Hay que acotar que PDV Holding Inc., es la compañía que ejerce como propietaria de CITGO.  Junto a Palacios, conforman la directiva de PDV Holding Inc está integrada por Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla. La designación de la Asamblea Nacional igualmente ubica a Palacios y a Rincón en la dirección de la Junta Directiva de CITGO Holding Inc, acompañados por Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez, Javier Troconis y Rick Esser, mientras que en CITGO Petroleum Corporation: Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmeta, Andrés Padilla y Rick Esser.  Cuando estos nombramientos ocurrieron, no hubo explicación acerca del proceso de selección, ni de quién o quiénes propusieron a los candidatos.

Los cambios con la nueva directiva

   Es de resaltar que las antiguas directivas de CITGO designadas por la PDVSA controlada por el fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro, tuvieron como impronta la corrupción, la entrega de cientos de contratos a empresas fantasmas a cambio del pago de millonarios sobornos a los funcionarios que tenían la responsabilidad de las negociaciones. De esto sobran los ejemplos, pues basta nombrar entre muchísimos casos, el de José Manuel González Testino y sus empresas, Modesto Díaz y su empresa Caribbean Style Inc., Samark López y Yakima, para entender cómo desde la filial de PDVSA en EE. UU. —con la participación de empleados y funcionarios de alto nivel ejecutivo— se violaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, al instituirse el cobro comisiones como una práctica común a la hora de asignar los contratos.

   Es por ello que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene la lupa puesta sobre CITGO, pues son muy serios los señalamientos acerca de la falta de control en la empresa, lo cual permitió la comisión de gran cantidad de delitos que en la actualidad son investigados. Se trata de una serie de casos denunciados, que daban cuenta de sujetos y entidades que actuaron irregularmente en desmedro del patrimonio venezolano valiéndose del territorio estadounidense para cometerlos. En muchos de estos casos, los responsables han admitido su culpa y en otros los fiscales federales trabajan para determinar la responsabilidad de los mismos.

Silencio sobre la corrupción de CITGO

   Para toda corporación es fundamental mantener una buena imagen y, por ello, procuran evitar a toda costa evitar los escándalos en la prensa. Mostrarse ante el público como una firma transparente y alejada de los malos manejos es vital. Mantenerse limpios Mantener es, pues, una práctica que beneficia a la empresa y aminora las crisis.

    En el caso de las empresas privadas son varias las herramientas, mecanismos y prácticas que facilitan el mantenerse lejos del escrutinio periodístico, evitando así que los ojos de la prensa husmeen en sus acciones o decisiones internas. El panorama es otro cuando se trata de corporaciones estatales, pues sencillamente se trata de entes de interés público. El asunto, por tanto, cambia. Es el caso de CITGO, perteneciente al estado venezolano y, por ello, es —debe serlo—foco de atención no solamente de la prensa, sino también de los organismos de control. Sus actos deben ser rigurosamente supervisados y las denuncias que sobre ella surjan deben y tienen que ser investigados por la Asamblea Nacional y entidades contraloras de Venezuela.

   Desde Venezuela Política seguiremos informando sobre la corrupción pública de PDVSA y de CITGO, sobre el abuso de poder en el gobierno venezolano —sea este del de Nicolás Maduro o el de Juan Guaidó— y sobre aquellos contratistas que se han beneficiado de sus contactos en estas empresas estatales, cualesquiera sean los años en que los delitos se hayan cometido, así como a aquellos funcionarios públicos, o empleados —venezolanos, estadounidenses o de cualquier nacionalidad— que con su actuación hayan permitido la comisión de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Denunciaremos a quien sea —esté o no apadrinando— cuando haya obviado, silenciado, permitido, ocultado información, aprobado negociaciones o cualquier acto irregular.

  ¿Por qué lo hacemos y lo seguiremos haciendo? Porque CITGO y PDVSA son entidades fundamentales para el país y son objeto de gran interés público y porque el pueblo venezolano, debe estar al tanto de estas historias en desarrollo. 

  Para ser claros, la información publicada en estas páginas no representa ninguna campaña personal contra los funcionarios públicos de PDVSA y CITGO, ni contra los ejecutivos de la corporación venezolana en Houston, ni contra los contratistas beneficiados de la corrupción permitida o autorizada por aquellos personeros que poseen poder en la toma de decisiones. No. La información publicada en este portal es el fruto de información cuidadosamente investigada y verificada de forma independiente, gran parte de la cual ya es de registro público. Las fuentes cultivadas por años de trabajo en el periodismo de investigación independiente nos permiten tener acceso a información veraz sobre la corrupción de la industria petrolera venezolana.

  Venezuela Política ha informado y continuará informando de manera neutral y profesional, siguiendo los estándares generalmente aceptados de la industria para verificar (y volver a verificar) antes de publicar su información.

  Venezuela Política y su editora están constitucionalmente protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

    Del mismo modo, la Ley de Derechos Civiles de Nueva York § 74 (que codifica el llamado “privilegio de informe justo”) establece, en la parte pertinente, que “[una] acción civil no puede mantenerse (...) para la publicación de un informe justo y verdadero de cualquier procedimiento judicial”. En particular, los tribunales han sostenido que "[c] omisiones que esencialmente resumen o reafirman las alegaciones de un alegato presentado en una acción son el tipo de declaraciones que caen dentro del privilegio del § 74". Lan Sang v. Ming Hai, 951 F. Supp. 2d 504, 521 (S.D.N.Y.2013).

    Los tribunales de Nueva York han aplicado recientemente esta ley para desestimar demandas por difamación contra abogados [y representantes de los medios] por escribir sobre procedimientos judiciales. Ver, por ejemplo, Katz v. Lester Schwab; Rakofsky v. Wash. Post. Tanto Florida como Nueva York reconocen una forma del "privilegio de informe justo".

    La ley de Nueva York también prevé sanciones (incluidos los honorarios de los abogados) contra las partes y los abogados por realizar presentaciones frívolas. Ver, por ejemplo, 22 NYCRR 130-1.1; NY CPLR 8303-a.

   En este sentido, dejamos sentado que Venezuela Política respalda sus informes con documentos y citas de fuentes vinculadas directamente con la industria petrolera (PDVSA y CITGO).

  Las publicaciones de Venezuela Política están protegidas por privilegios calificados, lo que significa que los artículos de este blog e informes de investigación son discursos protegidos a menos que se pueda demostrar que se publicaron declaraciones difamatorias intencionalmente, imprudentemente o con malicia, odio, rencor o resentimiento. Este no es el caso con las investigaciones dadas a conocer donde se exponen casos denunciados de corrupción y abuso de poder.

A manera de aclaratoria

  Por lo expuesto en estas líneas, la señora Luisa Palacios debe entender que CITGO es una empresa de interés público y que la sociedad venezolana tiene el derecho de conocer si los funcionarios y ejecutivos a cargo de la gerencia de esta empresa del estado venezolano han cumplido con las leyes de Estados Unidos, así como con el deber que tienen de administrar el dinero público con transparencia y honestidad.

  No se puede ordenar en una empresa de interés público silenciar las denuncias de corrupción, acosar, presionar y amenazar a los empleados de manera aleatoria e irresponsable, acusándolos equivocadamente de difundir la información sobre actos de corrupción que se filtra a la prensa. No se puede actuar de esta forma, argumentando que la divulgación de las denuncias de corrupción no le conviene al negocio de la corporación, en lugar de tomar acciones contundentes para combatir dicha corrupción y las malas prácticas.

  Lo pertinente es investigar y retirar a los funcionarios del ejercicio de sus cargos cuando estén señalados de cometer actos irregulares vinculados a las denuncias de sus cargos hasta tanto se aclare su situación. Lo prudente es optimizar los mecanismos de control y las normas para la entrega de contratos, cumplir con las reglas de transparencia de la corporación y vigilar que CITGO sea una empresa que lucha contra las malas prácticas.

Presiones de los abogados

  En Venezuela Política hemos conocido por diversas fuentes que Judith Colbert, Consejera General de CITGO (General Counsel) y Cristina Espinosa Rodríguez, abogada externa de Hogan Lovells, así como también el abogado externo, Michael Gottlieb ejercen presiones sobre empleados para que confiesen quién filtra la información al "blogger"(Venezuela Política/Maibort Petit). Los abogados que sirven a Palacio también buscan los culpables de la filtración fuera de la corporación, haciendo denuncias infundadas  y absolutamente falsas y paranoicas sobre esta "blogger".

   Todo indica que CITGO quiere el silencio de sus empleados y está dispuesto a pagar por ello, de modo que sigan en el olvido los casos de corrupción y otras violaciones a leyes federales. Cuando se observa el modus operandi de algunos miembros de la directiva actual necesariamente nos hacemos unas preguntas: ¿Por qué quieren callar?, ¿Quién autorizó a la junta directiva de Guaidó a ocultar la verdad? ¿Qué del daño hecho a Venezuela por empleados, directores y terceras personas, así como por dueños de entidades intermediarias (Shell Companies), durante más de 10 años?, ¿Por qué la señora Luisa Palacios no ha acometido las acciones para identificar a los responsables de las transacciones irregulares de la empresa?, ¿Cuáles son las intenciones o es que no hay intenciones?, ¿Por qué no se hace mayor énfasis en tratar de recuperar estos activos de la empresa (más de 8 billones en compras fraudulentas), ni de identificar y llevar a los responsables a la justicia?, ¿Por qué, con una actitud pasiva se sigue protegiendo a los cómplices de Nelson Martínez, asegurándole sus empleos en CITGO?, ¿Qué ocurrió en la reunión (diciembre 2019) con los miembros de la Asamblea Nacional en la sede de CITGO, Houston?, ¿Por qué no se ha producido el conocimiento del informe que ilustre el manejo de la corporación?, ¿Por qué no se ha sustituído del panel de las empresas de contratan con CITGO aquellas corporaciones que han sido señaladas de haber cometido irregulares con PDVSA, Bariven y CITGO?, ¿Trafigura?, ¿Mercuria?, ¿Vitol?, ¿Lukoil Pan American?, ¿Petrochina?, ¿Aquinor Marketing & Trading?. Sin muchas las preguntas sin respuestas.

A modo de recordatorio

Con el objetivo de refrescar la memoria, traemos de nuevo algunas de nuestras reseñas en las que hemos dado cuenta de las irregularidades o denuncias formuladas por terceros acerca de manejos turbios ocurrido en el seno de CITGO.

  Por ejemplo, en fecha 10 de enero del presente año 2020, referimos que la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, había denunciado las presuntas prácticas fraudulentas y corruptas llevadas a cabo bajo la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante Luisa Palacios, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían. Entre estos papeles, se encontraba un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, momento para el cual este ejercía la presidencia de la empresa.

  Informamos en ese entonces que Gómez remitió a Palacios un correo electrónico el 3 de mayo de 2019, en el que refería un caso de retaliación en su contra. Explicó allí que durante su ejercicio como vicepresidenta de RRHH denunció varias veces la retaliación de que era objeto desde marzo de 2017 en razón de su negativa “en múltiples ocasiones de formar parte de transacciones ilegales dentro de la dinámica corrupta y delictiva mantenida por Nelson Martínez y su equipo de trabajo [la cual se] venía practicando dentro de la empresa”. Para sustentar sus afirmaciones, Gómez le entregó a Palacios una serie de documentos que demostrarían, según su visión, “los hechos, retaliaciones, y nombres de personas responsables aún activas en CITGO y las acciones que me ha correspondido asumir”.

  Tales documentos eran una carta que ilustraba el escenario y retaliaciones de la gerencia en su contra; un informe confidencial para la gerencia de CITGO donde se reportaban formalmente las retaliaciones en su contra cometidas por Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas; un informe a la Gerencia de CITGO sobre hechos de fraude, conductas no éticas, y maltratos contra empleados honestos que cumplieron con su deber al reportar casos de corrupción en la filial; un conjunto de correos electrónicos que supuestamente evidenciaban el abuso de poder y las violaciones de derechos a los trabajadores por parte de Judith Colbert, “actual consultora legal de CITGO, al bloquear arbitraria e ilegalmente la investigación sobre las retaliaciones en mi contra ordenada por la gerencia de CITGO” (...) "Respecto al último punto, refirió que Colbert en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García" 

  Reiteró a Palacios las denuncias formuladas anteriormente ante Asdrúbal Chávez, relativas a actividades inapropiadas en las funciones de compensación, contratación; violación de las leyes federales, laborales y de inmigración de los Estados Unidos a través de prácticas implementadas por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas; violación de los controles internos, fraude de compras, conflicto de intereses, contratos de suministro y comercialización contra el interés de CITGO y PDVSA; operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas, implementadas supuestamente por Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas; la contratación por parte de Martínez de los servicios de consultoría de GFC Consultores LLC para trabajar en Recursos Humanos y otras áreas, aun cuando no habían sido solicitados por ninguna de las vicepresidencias de negocios ni estaban incluidos en el presupuesto, siendo que dicha compañía era propiedad de un pariente de Martínez; cambios irregulares en el fondo de pensiones con el objetivo de obtener de obtener una jubilación millonaria aun cuando no reunía las condiciones para ello[1].

   En mayo de 2019, dimos a conocer que CITGO Petroleum Corporation supuestamente habría pagado millones de dólares a la empresa Yakima Trading Corporation, propiedad de Samark López Bello, tal como consta en la demanda que Marisol Gómez en la Corte del Condado de Harris, en Texas. El monto pagado habría ascendido a USD 2.378.534, aun cual dicha empresa está sancionada por la OFAC desde 2017 por sus vinculaciones con el narcotráfico, lavado de dinero, entre otros delitos atribuidos al exvicepresidente y actual Ministro de Industria venezolano, Tareck Zaidan El Aissami[2].

  Del mismo modo, hemos denunciado las consecuencias para CITGO que la actuación torpe o indebida de las autoridades de la filial petrolera —la actual y las anteriores—han significado para la que se considera el principal activo del estado venezolano en el extranjero en el caso de los bonos PDVSA 2020[3].

   Dimos a conocer que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a través de la empresa de maletín Caribbean Style Inc., registrada en el estado Texas, con el objetivo de triangular y pagar los gastos de viaje, logística de sus agentes, así como de propaganda política de sus gobiernos en Estados Unidos, los cuales fueron cargados a cuenta CITGO[4]. En este sentido, informamos como la citada firma sirvió para CITGO pagara los gastos de viaje y viáticos de la entonces canciller Delcy Rodríguez, de los representantes diplomáticos de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, del personal del Consulado venezolano en Nueva York y de la costosa propaganda del régimen en la Gran Manzana[5].

Seguiremos informando...


Citas

[1] Venezuela Política. “Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO”. 10 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/informe-revela-presuntas-practicas.html

[2] Venezuela Política. “La empresa de Samark López y Tareck El Aissami obtuvo contratos con CITGO y PDV USA violando la normativa interna de la petrolera”. 21 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/conoce-todos-los-detalles-de-los.html

[3] Venezuela Política. “El incierto destino de CITGO: Los bonos de la discordia (III)”. 21 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/el-incierto-destino-de-citgo-los-bonos.html

[4] Venezuela Política. “Caribbean Style: La empresa con el chavismo se promocionó en EE. UU. a expensas de CITGO”. 6 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/caribbean-style-la-empresa-con-el.html

[5] Venezuela Política. “CITGO usó empresa de maletín para cubrir gastos de los viajes de Delcy Rodríguez en NYC y la propaganda política del régimen de Maduro”. 19 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/citgo-uso-empresa-de-maletin-para.html


martes, 28 de enero de 2020

Nuevamente posponen sentencia de contratistas de PDVSA y CITGO, acusados de corrupción por EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


    Un documento emitido por el juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller, informa que se pospuso nuevamente la fecha de la lectura de la sentencia de los contratistas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber participado en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero. La nueva fecha es el 19 de agosto del 2020.
   En la orden del juez Miller, aparecen los nombres de Roberto Rincón, Abraham Shiera Bastidas, Charles Quintard Beech, Juan Carlos Castillo-Rincón y José Manuel González Testino.
   La razón del cambio de fecha se debe a los nuevos elementos del caso. Rincón y Shiera fueron arrestados en diciembre de 2015.

    El expediente Rincón-Shiera se ha ampliado tras las acusaciones en contra de otros participantes en la la trama de corrupción en la cual se pagaron sobornos a funcionarios de la petrolera estatal por montos superiores a los mil millones de dólares entre los años 2009 y 2014. Ambos demandados se declararon culpables de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

   Rincón y Shiera han suministrado información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias. Gracias a los datos entregados por los dos sujetos a la fiscalía estadounidense, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción. También ha emitido nuevas demandas y órdenes de captura contra otros indiciados.

   La acusación del gobierno de los Estados Unidos señala que las empresas de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.

    Rincón y Shiera gozan de libertad condicional tras haber pagado sendas fianzas de cinco millones y un millón de dólares respectivamente. Rincón pasa sus días preso en su mansión de 7.1 millones de dólares ubicada en el rico vecindario de The Woodlands en Houston, mientras que Shiera se encuentra en su residencia en Miami.

    Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecerán detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes dadas a conocer por la corte en agosto de 2016.

     La orden del juez dice que para julio 17 de 2020 se concluirán las diligencias del caso, los abogados de los acusados tienen hasta el 31 de julio para hacer las revisiones de rigor. Los oficiales de la Oficina de Libertad Condicional deben presentar los reportes de sentencia previa con los anexos y agregados el 14 de agosto, y todas las mociones, cartas de apoyo deben ser presentadas a la corte el lunes antes de la fecha de la lectura de las condena.




viernes, 10 de enero de 2020

Abogado asociado al bufete que defendió a los 'narcosobrinos' fue contratado por la actual junta directiva de CITGO

Al consultar a varias fuentes cercanas a la corporación por qué la directiva designada por Juan Guaidó habría decido trabajar con el jurista me aseguraron que la razón es "porque el abogado conoce bien a CITGO".

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    La actual Junta Directiva de CITGO —presidida por Luisa Palacios—contrató los servicios profesionales del abogado Michael Gottlieb del escritorio jurídico Willkie Farr & Gallagher LLP, para realizar la investigación interna sobre las denuncias de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras leyes federales de los Estados Unidos dentro de la corporación petrolera del Estado venezolano con sede en Houston, Texas. Gottlieb trabajó para el firma Boies Schiller Flexner LLP desde 2013 a enero 2019. Este poderoso bufete fue contratado por el empresario chavista y contratista de PDVSA y de CITGO, Wilmer Ruperti para que defendiera a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro en en juicio por delitos de narcotráfico en Nueva York (2015-2017).

   Vale recordar que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron arrestados en 2015, procesados (2016-2017) y condenados(2017) por la justicia de los Estados Unidos por haber conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EE. UU. La defensa de los célebres narcosobrinos fue asumida por Randall Jackson, John T. Zack asociados a Boies, Schiller & Flexner LLP en Nueva York junto a Michael D. Mann y David M. Rody, de  Sidley Austin LLP. 

Boies Schiller Flexner abogados en caso  PDVSA US Litigation Trust


   Boies Schiller Flexner LLP también fue contratada por el ex CEO de CITGO, expresidente de Petróleos de Venezuela y ex Ministro de Petróleos del régimen de Nicolás Maduro, Nelson Martínez (fallecido en custodia del SEBIN) para crear el fondo de fideicomiso que interpuso una demanda civil contra  varias compañías de trading conocido como PDVSA US Litigation Trust. Boies Schiller Flexner LLP pretendía quedarse con el 66% del monto de dinero recuperado por la demanda que inicialmente eran unos 10 mil millones de dólares. 

  La demanda civil de PDVSA US Litigation Trust describe un intrincado esquema presuntamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA. La acción fue contra dos gestores de petróleo venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para— irregularmente— obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana. Entre las empresas demandas están: Glencore, Trafigura, Lukoil, Vitol Energy,Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial  Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC. 

  En este caso, salió a relucir el nombre del procurador designado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, José Ignacio Hernández por haber participado —en calidad de experto— para favorecer a la defensa de los cuestionados gestores de petróleo. Un documento del expediente señala que el testimonio de Hernández explicó —basado en la Ley venezolana y la Ley de Doctrina del Estado— que el Acuerdo de Fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, que fue el ente creado para llevar a cabo la demanda, era nulo bajo la ley venezolana porque era una "obligación de orden público" que no podía transferirse a terceros.

   En los documentos federales se establece Hernández actúo como experto legal a favor de los acusados, cuando trabajaba como abogado al servicio del sector privado. Esta demanda fue desestimada por un juez del primer circuito del  estado de la Florida. Actualmente, el caso se encuentra en apelación y con muy pocas posibilidades de prosperar.


     En el curriculo del mencionado jurista se destaca —además que durante la administración del presidente demócrata, Barack Obama, Gottlieb prestó sus servicios como asesor jurídico de la Casa Blanca.

Su papel dentro de CITGO

   Actualmente, Michael Gottlieb ejerce como asesor legal regular de CITGO para atender el tema de las sanciones que impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al régimen venezolano y a PDVSA. Igualmente, trabaja y colabora directamente con varios altos ejecutivos, entre quienes destacan el Vicepresidente Ejecutivo de CITGO Petroleum Corporation, Rick Esser; el actual asesor y ex-vicepresidente de Servicios Compartidos en CITGO, (jubilado y contratado nuevamente como consultor por la actual junta directiva), Glenn Hilman y Judith ColbertAsesora General de la corporación. Estos tres directores han sido señalados en varias denuncias vinculadas a conducta no ética y presuntas transacciones irregulares durante las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez.  Los documentos de la denuncia —que reposa en la corte del Condado de Harris en Houston, Texas— señalan que Esser, Hilman, Colbert y otros ejecutivos, no habrían reforzado las normas corporativas antifraude y habrían aprobado y pagado facturas mensuales para el pago de servicios legales, entre otros aspectos. Ver detalles aquí y en este otro link.

Fuentes internas informan  cacería de brujas

   La presidente de la junta Directiva de CITGO, Luisa Palacios ordenó al abogado Gottlieb realizar investigaciones internas —en la sede de la filial de PDVSA en Houston— para identificar por dónde se filtra la información a este blog Venezuela Política, tras lo cual se ha amenazando al personal, creando temor en la gente de la posibilidad de perder sus trabajos. "Este procedimiento crea un ambiente de trabajo hostil que va en contra de mantener una cultura abierta donde el empleado se sienta tranquilo al reportar las prácticas corruptas a la corporación", sostiene una fuente consultada. 

   Luisa Palacios quiere evitar a toda costa que las denuncias de corrupción salgan a la luz pública, porque su objetivo es hacer que la corporación crezca e incremente sus dividendos. 

 Para silenciar los escándalos, muchas de las demandas legales de empleados y directores que han denunciado hechos de corrupción y que han sufrido retaliaciones "las han arreglado con acuerdos de dinero (hush money), evitando así que las querellas lleguen a corte y que se expongan los detalles de los casos denunciados. y que revelan hechos de empleados y directores envueltos en la aprobación de transacciones fraudulentas que desangraron a CITGO y a PDVSA".

  Dos de las fuentes consultadas para esta nota —que declararon en condición de anonimato debido a las amenazas que sufren en CITGO— coincidieron en señalar que las denuncias relacionadas por presuntos actos de corrupción vinculados al Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano, entre otros, y soportados por Rick Esser, Glenn Hilman, Judith Colbert y otros gerentes de compra y abogados internos de la corporación "deben ser indagadas de manera objetiva, transparente e independiente para poder establecer las responsabilidades a las que haya lugar".

  Ambas fuentes criticaron la investigación interna que conduce Michael Gottlieb porque de acuerdo a su criterio no cumple con los requerimientos porque "existe un conflicto de intereses que va a afectar y comprometer los resultados de dicha investigación, ya que  la misma es influenciada o manipulada por los directores actuales de CITGO y por los abogados que defienden sus intereses y honorarios y los intereses de éstos directores, todos pagados por el dinero de CITGO, es decir, del Estado venezolano".

  Al consultar a varias fuentes cercanas a la corporación por qué la directiva designada por Juan Guaidó habría seleccionado trabajar con el jurista me aseguraron que la razón es "porque el abogado conoce bien a CITGO".

Citas

1) https://www.trade.gov/goodgovernance/adobe/Bus_Ethics_sp/apendices/apendices_f_informacion.pdf
2) https://www.bsfllp.com/
3) https://www.spokesman.com/stories/2017/may/25/venezuelas-secret-plot-to-sell-banned-syrian-oil-i/
4)https://www.wsj.com/articles/venezuelan-tycoon-funds-presidents-nephews-drug-defense-1475192218
5) https://www.justice.gov/usao-sdny/file/792936/download
6) https://www.maibortpetit.info/2018/09/nelson-martinez-reconoce-que-creo-pdvsa.html
7) https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/
8) https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/?slreturn=20200009132023
9)  https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/?printer-friendly&slreturn=20190312161046

10) http://hernandezstrategy.com/ignacio-hernandez/
11)https://www.maibortpetit.info/search?q=CITGO&updated-max=2019-10-21T08:30:00-04:00&max-results=20&start=4&by-date=false
12)http://eltiempolatino.com/photos/2019/oct/29/402388/

Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO

Por Maibort Petit
@maibortpetit 
     
   La exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían, entre ellos un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, cuando este ocupó la presidencia de la empresa.

Comunicación a Luisa Palacios

   El 3 de mayo de 2019, Marisol Gómez de Vergara remitió un correo electrónico a Luisa Palacios, presidenta de la junta directiva de CITGO, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

   Luego de presentarse con ex-trabajadora de PDVSA y CITGO donde llegó a ocupar la Vicepresidencia de Recursos Humanos, Gómez refirió las acciones que venía desplegando desde hacía dos años (a la fecha de la comunicación) para denunciar la referida retaliación de la que se decía objeto desde marzo de 2017 por parte de la filial estadounidense. Precisó que tal accionar contra ella se debía —según su punto de vista— a haberse negado “en múltiples ocasiones de formar parte de transacciones ilegales dentro de la dinámica corrupta y delictiva mantenida por Nelson Martínez y su equipo de trabajo [la cual se] venía practicando dentro de la empresa”.

  La comunicación de Marisol Gómez a Luisa Palacios iba acompañada de un conjunto de documentos que, de acuerdo a su visión, muestran “los hechos, retaliaciones, y nombres de personas responsables aún activas en CITGO y las acciones que me ha correspondido asumir”.

   Los anexos consistían en: 1) Carta ilustrativa del escenario y retaliaciones de la gerencia en su contra; 2) Informe confidencial para la gerencia de CITGO donde se reportaban formalmente las retaliaciones en su contra cometidas por Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas; 3) Informe a la Gerencia de CITGO sobre hechos de fraude, conductas no éticas, y maltratos contra empleados honestos que cumplieron con su deber al reportar casos de corrupción en la filial; 4) Correos electrónicos que supuestamente evidenciaban el abuso de poder y las violaciones de derechos a los trabajadores por parte de Judith Colbert, “actual consultora legal de CITGO, al bloquear arbitraria e ilegalmente la investigación sobre las retaliaciones en mi contra ordenada por la gerencia de CITGO”.

    Respecto al último punto, refirió que Colbert en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García.

  Gómez de Vergara en la comunicación solicitó una reunión con Palacios y los miembros de la junta directiva o sus representantes con el objetivo de exponer “con sus debidos soportes los hechos y conductas ilegales por parte de Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Judith Colbert y otros directores que soportaron y continúan con conductas ilegales y el poder de seguir intimidando a los empleados, comportamiento que estoy segura va en contra de la ética y el profesionalismo de la nueva junta directiva nombrada por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó”.

  Terminó la correspondencia conminando a la junta directiva presidida por Luisa Palacios a “tomar las acciones correspondientes por el bien de Venezuela, CITGO y así honrar la justicia”.

CITGO. Comunicación a Luisa Palacios / @maibortpetit

@maibortpetit

CITGO. Comunicación a Luisa Palacios / @maibortpetit

El informe a Asdrúbal Chávez

El 9 de noviembre de 2018 Marisol Gómez de Vergara remitió a la administración de CITGO Petroleum Corporation encabezada por Asdrúbal Chávez, un informe en el que expuso el presunto acoso y discriminación de que supuestamente fue objeto por parte de Nelson Martínez (expresidente de PDVSA), José Pereira (expresidente de CITGO) y Gustavo Cárdenas (gerente general de la oficina de la presidencia de CITGO). El documento se remitió con copia a Frank Gygax, Alejandro Escarrá y Rick Esser.

En primer término, Gómez de Vergara refirió fue había sido designada Vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO en Houston, Texas, por la junta directiva de PDVSA el 1° de noviembre de 2014, habiendo tenido —según su apreciación— un excelente desempeño y contribución a la filial en el periodo 2014-2017, cuando conformó un equipo profesional de Recursos Humanos en solo un año, y al haber implementado una cartera de beneficios sólidos, que incluían: “un modelo de compensación alineado con los percentiles de compensación del mercado; un incentivo de desempeño que permitió incluir al grupo base de ingenieros y erradicar la práctica de beneficiarse solo en los niveles superiores; un incentivo recreativo, este beneficio no existe en la cartera de otras empresas de la industria; un incentivo de responsabilidad, reconociendo la contribución necesaria de las posiciones comerciales centrales y estableciendo responsabilidades de compromiso adicionales; un plan anual de aumento de méritos de acuerdo con criterios administrativos y períodos justos con énfasis en salarios progresivos y graduales; un novedoso incentivo rotativo para el liderazgo que reconoce y motiva el desarrollo de nuevos gerentes y la sucesión operativa”.

Seguidamente, hizo mención a la naturaleza de su queja y explicó que detectó y denunció actividades inapropiadas en las funciones de compensación, contratación y se negó a obedecer órdenes ilegales en violación de las leyes federales, laborales y de inmigración de los Estados Unidos dictadas por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas. El resultado de tal denuncia fueron, supuestamente, una serie de represalias en su contra que condujeron al cese de sus funciones el 13 de marzo de 2017.

Agregó que entre 2014 y 2017, padeció un ambiente de trabajo hostil por instrucciones de Nelson Martínez con respaldo de José Pereira, Gustavo Cárdenas y otros gerentes de CITGO que supuestamente se confabularon para cometer actos ilegales en detrimento del interés de los accionistas de CITGO.

Según el documento, denunció la conducta inapropiada y violaciones de las leyes federales de los Estados Unidos a la gerencia de CITGO y a la Junta Directiva de PDVSA en 2017 y 2018.

Los hechos, según Gómez

En esta sección del informe, Marisol Gómez refiere que paralelo a la Vicepresidencia de Recursos Humanos en CITGO, formó parte de varios comités, entre ellos el de cumplimiento de CITGO, el cual tenía como objetivo garantizar que la empresa mantenga los controles establecidos de modo garantizar que todos los empleados y directores sigan las políticas, procedimientos y las leyes.

Al respecto, indicó que entre 2014 y 2017, los miembros del citado comité de cumplimiento revisaron e investigaron varios casos relacionados con el incumplimiento de las políticas de la compañía que tenían que ver con la violación de los controles internos, fraude de compras, conflicto de intereses, contratos de suministro y comercialización contra el interés de CITGO y PDVSA, “entre otras prácticas poco éticas cometidas por terceros y directores, gerentes y empleados de CITGO/PDVSA”.

Dijo que ella y el resto de los miembros del comité de cumplimiento implementaron varios controles, entre ellos “el bloqueo de más de 700 entidades propias de ciudadanos venezolanos con fuertes vínculos con PDVSA o funcionarios del gobierno que arrancaron las ganancias de los activos de CITGO y PDVSA”.

Explicó que supuestamente estas entidades de terceros fueron introducidas en CITGO por Nelson Martínez y registradas ilegalmente en la lista maestra de proveedores de la filial sin control alguno, habiendo incurrido las mismas en cobro de significativos sobreprecios que rondaban del 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA. El comité de cumplimiento investigó y determinó que Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, Laymar Peña y otros agentes de adquisiciones, aprobaron transacciones-contratos y otras actividades ilegales.

La denuncia de Marisol Gómez sostiene que supuestamente Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, acometieron operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas.

Igualmente dijo que las violaciones del proceso de contratación fueron instrumentadas desde 2013 por Nelson Martínez valiéndose de su investidura como presidente de PDVSA para burlar los controles de recursos humanos de CITGO. En tal sentido, se habrían violado desde la alta gerencia los derechos de los empleados, al tiempo que se implementó el acoso y la aplicación de represalias como prácticas comunes en su administración.

Gómez se refirió también a un conjunto de transferencias, contrataciones y promociones que fueron rechazadas por ella cuando estuvo al frente de la vicepresidencia de recursos humanos. Indicó que ella y su equipo, sustentados en análisis técnicos, objetaron la transferencia o la contratación de varios empleados recomendados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, en razón de que los candidatos no tenían la experiencia, conocimiento técnico, ni la calificación para ocupar los puestos. A pesar de esto y del control interno, Martínez, Pereira y Cárdenas forzaron la contratación de estas personas y se crearon varios puestos de trabajo sin que existiera la necesidad operativa.

Los contratados irregularmente

De acuerdo a su narración de los hechos, Marisol Gómez explicó a la alta gerencia que estas situaciones estaban en contra de los procedimientos internos regulares, pero se impuso la presión de Martínez y Pereira a través de Gustavo Cárdenas, siendo el resultado la autorización de documentos de recursos humanos para contratar y promover a personas no calificadas en varias funciones de CITGO.

Entre las personas contratadas de manera irregular bajo el procedimiento antes expuesto, habrían ingresado a la filial, en primer lugar, Melissa Martínez —hija de Nelson Martínez— quien fue designada vicepresidenta de la Fundación Simón Bolívar, la cual administraba USD 17 millones en donaciones de CITGO Petroleum Corporation al año. Marisol Gómez subrayó que Melissa Martínez carecía de la experiencia laboral necesaria para ocupar tal posición.

Otro caso fue el de John Pereira —hijo de José Pereira— quien fue trasladado desde PDVSA-Oriente a la Gerencia de adquisiciones de CITGO Aruba, sin que su hoja de vida exhibiera experiencia alguna ni conocimientos en materia de compras. De este modo, la alta gerencia ignoró a otros candidatos con vasta experiencia en el campo de adquisiciones. En tal sentido, Marisol Gómez expuso en su informe que por su objeción recibió varias acciones en represalia de parte de José Pereira.

Rubén González —pariente de Nelson Martínez— también formó parte de la lista de ingresos irregulares a CITGO aupados desde la alta gerencia de la empresa. En este caso, el familiar de Martínez fue contratado sin que mediara para ello el proceso formal de reclutamiento y contratación. Esta persona, de acuerdo a la versión de Marisol Gómez, está involucrada en supuestos casos de corrupción y fraude liderados por su hermano José Manuel González Testino y Nelson Martínez en PDVAL, Corpoelec y otros entes del gobierno venezolano. El informe refiere que Rubén González influyó en las transacciones de adquisición de CITGO con ISG Global, Petroleum Logistics, Rexel y otras empresas fantasmas propiedad de Manuel González Testino y Tulio Farías.

Bajo esta modalidad igualmente habrían ingresado a CITGO, Juan Pacheco, Lilian Tenorio y Laymar Peña, quienes en la posición de contratistas de adquisiciones de proyectos especiales contratados por Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez se desempeñaron previamente en PDVSA Services (PSI) y con entidades intermediarias que persiguen contratos con CITGO. De acuerdo a Marisol Gómez, estos contratistas junto con Ramiro Rodríguez llevaron a cabo varias transacciones de adquisiciones fraudulentas en CITGO. Indicó que los resultados de una investigación realizada por una firma de abogados externa, solicitada por CITGO Legal, Recursos Humanos, Auditoría Interna y el grupo de contralores, muestra irregularidades en varias operaciones aprobadas por Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez.

Martínez también habría ordenado la contratación de su amiga personal, Bibi Albarrán, en el área de adquisiciones en un nuevo puesto creado especialmente para ella en Miami, Florida. Una posición en la que carecía de responsabilidades y no contaba con la supervisión de los gerentes de adquisiciones de CITGO, dado que la filial no tiene oficinas en esa ciudad. Como en los casos anteriores, Bibi Albarrán carecía de experiencia en adquisiciones.

En su informe a Asdrúbal Chávez, Marisol Gómez denunció que el procedimiento de Recursos Humanos número 060-50 de CITGO, denominado “Proceso de selección y contratación de contratistas”, el cual proporciona pautas formales para la selección y contratación de contratistas fue violado por Nelson Martínez y otros directores-gerentes quienes pasaron por alto los controles internos a las personas contratadas de su preferencia, así como los requisitos para validar la experiencia laboral y los títulos educativos, los cuales fueron anulados por los gerentes que aprobaron la contratación.

Refirió Gómez de Vergara que las prácticas de contratación de Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez no fueron adecuadas y carecían de la documentación necesaria para instrumentar un proceso de contratación justo y profesional, dado que los candidatos no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos para ocupar los puestos de trabajo. Narró que, por ejemplo, en varios casos, el gerente de contratación entrevistó a un solo candidato aun cuando había varios candidatos calificados, pasando además por alto el requisito de que un representante de Recursos Humanos participara en el proceso de la entrevista. Ante esta situación, Gómez habría solicitado una auditoría interna sobre este proceso de ingreso de los contratistas de adquisiciones, identificándose debilidades significativas que se informaron a la gerencia. Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez evitaron tomar medidas disciplinarias contra los gerentes, empleados y contratistas de CITGO que eludieron los controles internos.

Represalias contra los directores

De seguido, Marisol Gómez pasó a exponer que en 2017, Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano decidieron tomar represalias contra los directores, gerentes y otros empleados de CITGO que denunciaron conductas poco éticas y actos ilegales dirigidos por la administración de Martínez.

Fue así —de acuerdo a la exposición de Gómez de Vergara— que habiendo sido designado José Pereira como CEO interino de CITGO y Nelson Martínez presidente de PDVSA, supuestamente se coludieron con Gustavo Cárdenas para terminar, transferir u obligar a la jubilación de directores, gerentes y empleados que pudieran interferir con sus planes ilegales.

De este modo, tomaron represalias contra todos los directores clave que habían informado previamente las irregularidades, para así obtener el control de sus funciones. Fue así como todos los que denunciaron las irregularidades y transacciones fraudulentas cometidas presuntamente por Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, así como por los gerentes de compras de CITGO, entre ellos, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, entre otros, fueron reprendidos.

Marisol Gómez de Vergara informó a Asdrúbal Chávez de aumentos salariales no respaldados y cálculos de bonificaciones sin que siguieran los parámetros y cálculos técnicos de Recursos Humanos por parte de Nelson Martínez. Explicó que aquellos empleados que siguieran las directrices de Nelson Martínez para supuestamente cometer actividades comerciales fraudulentas y poco éticas, eran beneficiados con aumentos salariales y bonificaciones cuyas pautas eran dictadas directamente por Martínez sin regirse por las políticas aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

Quejas de los empleados

Marisol Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que los empleados informaron confidencialmente las quejas relacionadas con comportamientos poco éticos de Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman y Brian Paulson.

De este modo, dijo que Carlie Neubauer, Gerente de Adquisiciones Corporativas dio a conocer muchas prácticas de adquisición cuestionables por parte de los agentes de proyectos especiales, Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco, quienes fueron retirados de CITGO. Refirió que al momento de la comunicación otros de estos agentes seguían empleados en la filial. Marisol Gómez indicó que estas personas favorecieron a las entidades intermediarias, presentaron ofertas falsas, enviaron ofertas a los vendedores en diferentes días y les dieron a los vendedores tiempos de respuesta irrazonables.

Gómez dice en el informe que Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, Glenn Hilman, José Luis De Jongh, Laymar Peña, Juan Pacheco y otros agentes de compras fueron protegidos por Nelson Martínez. Agregó que el comité de cumplimiento formado por ella, Jeff Bednar (legal), John Butts (controlador) y Franklin Domond (Auditor General) fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez y José Pereira al haber implementado nuevos controles correctivos e investigar casos relacionados con el fraude cometidos en los Proyectos Especiales. Refirió que Carlie Neubauer fue objeto de represalias y discriminación por parte de Glenn Hilman y fue transferida a otro puesto no relacionado con sus muchos años de experiencia en adquisiciones. Neubauer se vio obligada a renunciar a CITGO.

Marisol Gómez cita luego el caso de Robert B. Bailey, Gerente de CPC, quien informó que Rubén González, un empleado de CITGO, firmó un contrato en nombre de Petroleum Logistics junto con Nelson Martínez. Según lo narrado por Gómez de Vergara, Bailey también habría informado que los contratistas de adquisiciones trabajaban previamente con entidades intermediarias y estaban influyendo en los procesos de adquisición. La versión refiere que Nelson Martínez presuntamente no quería tomar ninguna medida contra Rubén González y los agentes de adquisiciones por las violaciones debido a conflictos de intereses.

Entretanto, narró el caso de Ana Aguirre, Gerente de Adquisiciones de Lubricantes, quien dio a conocer a CITGO Legal los hallazgos y documentos de respaldo relacionados con las transacciones de adquisiciones para PDVSA donde solo dos entidades intermediarias estaban ganando ofertas mientras que todas las demás fueron descalificadas. Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que estos reclamos fueron investigados por auditorías internas y abogados externos y los resultados arrojaron pruebas suficientes de que Juan Pacheco, Laymar Peña, Ramiro Rodríguez y otros agentes manipularon los procesos de adquisición. Agregó que Nelson Martínez supuestamente se opuso a la aplicación de cualquier acción disciplinaria a estos empleados. Ramiro Rodríguez recibió la orden de regresar a Venezuela y fue arrestado por otro caso de fraude.

Según lo expuesto, los resultados de la investigación llevaron al comité de cumplimiento a decidir el rescindir el contrato de Juan Pacheco con CITGO, pero Nelson Martínez alegó que los señalamientos sólo respondían a los comentarios a Marisol Gómez y los miembros del comité.

Destaca Marisol Gómez que luego del arresto de Nelson Martínez, José Luis Zambrano y José Pereira en Venezuela, Ana Aguirre supuestamente habría visto a Laymar Peña destruyendo evidencia de transacciones de compra realizadas por ella y Zambrano, lo cual es absolutamente ilegal. Según Ana Aguirre, Glenn Hilman y Brian Paulson desestimaron todas sus acusaciones contra Laymar Peña y no investigaron los reclamos y, por el contrario, fue protegida por los gerentes de adquisiciones, mientras que Aguirre fue objeto de acoso y acciones discriminatorias por parte de Brian Paulson. Ana Aguirre se habría visto obligada a renunciar a CITGO.

A su vez, April Dickson, Paralegal Comercial, informó de actividades cuestionables cometidas supuestamente por Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco en violación de la Política de Ética Comercial y Conflicto de Intereses de la Compañía. Estos empleados fueron protegidos por Nelson Martínez. Dickson, pese a la efectividad de su trabajo, fue discriminada por José Pereira por sus revelaciones acerca de muchos casos irregulares. Supuestamente, Dickson fue incluida en una lista negra por parte de la gerencia y quedó fuera del equipo de cumplimiento dirigido por Rick Esser.

Denuncias confidenciales y otros casos

Por vía confidencial, otros empleados de CITGO presentaron quejas contra Nelson Martínez Ramiro Rodríguez, Juan Pacheco y otros directores de adquisiciones relacionados con malversación de fondos al "Otorgar negocios a proveedores por costos más altos y favorecer a empresas como Southern Procurement Services (SPS)".

Igualmente refirieron violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, dado que “El departamento de Compras parece estar realizando actividades sospechosas con el nuevo proyecto de compras que Ramiro está dirigiendo. Los empleados de PDVSA de Venezuela están tratando con muchos distribuidores y no creen que hayan sido provistos correctamente”.

También denunciaron conflicto de intereses, debido a la "Contratación de contratistas de compras que fueron despedidos de PDVSA y PSI".

Marisol Gómez llevó a cabo un trabajo conjunto —según expuso en el informe— con los miembros del Comité de Cumplimiento, Auditoría Interna, Legal y el departamento del controlador para abordar las reclamaciones y mejorar los procesos de la empresa, pero Nelson Martínez, José Pereira, Glenn Hilman y José Luis Zambrano habrían ignorado las acciones disciplinarias recomendadas contra los empleados que habían cometido irregularidades.

Martínez, Pereira y Cárdenas habrían tomado represalias contra Marisol Gómez, Jeff Bednar, Franklin Domond y John Butts por haber implementado controles internos para mitigar el fraude. Según Gómez, Nelson Martínez intimidó a estos directores en varias reuniones en su oficina por informar y abordar irregularidades, violaciones de controles internos y comportamientos poco éticos.

GFC Consultores LLC

Nelson Martínez habría dispuesto la contratación de los servicios de consultoría de GFC Consultores LLC para trabajar en Recursos Humanos y otras áreas, aun cuando no habían sido solicitados por ninguna de las vicepresidencias de negocios ni estaban incluidos en el presupuesto. Puntualiza Marisol Gómez que GFC Consultores LLC es una empresa registrada el 18 de julio de 2013, en Florida, por Gustavo Felice, un pariente de Nelson Martínez. La firma tiene direcciones registradas en Weston, FL 2800, Glades Cir Weston, FL 33327 y 4329 Vineyard Cir Weston, FL 33332.

Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas —de acuerdo al informe— presionaron a Marisol Gómez y otros vicepresidentes de CITGO para que contrataran los servicios ofrecidos por la empresa de su familiar.

Indica el reporte, que las facturas de GFC reflejan cargos por banquetes, eventos, comidas, mejoras y reparaciones para los hogares personales de los empleados, regalos y otros gastos personales para los ejecutivos de CITGO y PDVSA y sus familias. Los cargos de GFC incluyeron sobreprecios significativos.

Los pagos a GFC Consultores LLC fueron autorizados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas a través de las cuentas bancarias de PDV USA y CITGO, sin que se hubiese producido la revisión adecuada de los bienes y servicios cobrados por GFC. De este modo, bajo la administración de Martínez, GFC recibió pagos por USD 6.164.823 entre octubre de 2014 y noviembre de 2017; USD 4.576.784 de PDV USA y USD 1.588.039 de CITGO.

Cambios en el fondo de pensiones

El reporte de Marisol Gómez remitido a Asdrúbal Chávez hace mención a los cambios “poco éticos” en el fondo de pensiones de CITGO, lo cual se instrumentó por decisión de Nelson Martínez, quien solicitó su modificación.

La denunciante refiere que un estudio técnico realizado por Recursos Humanos y Finanzas de CITGO mostró resultados de que la filial tendría un enorme impacto financiero negativo a mediano plazo con la implementación del referido cambio.

Tal modificación habría obedecido al deseo de Nelson Martínez de ser considerado como un empleado jubilado, al agregar siete años adicionales a todos los empleados de Venezuela —alrededor de 35 empleados— y para ello supuestamente presionó a Marisol Gómez a objeto de que presentara esta propuesta ante la Junta de Directores de PDVSA y así lograr que sus 40 años de servicio fueran considerados como todos desempeñados en CITGO. Gómez se habría opuesto alegando que tal modificación significaría la duplicación del beneficio, puesto que para la fecha ya Nelson Martínez estaba considerado dentro del sistema de jubilación de PDVSA. El grupo del contralor, John Butts y Bob Shoemaker prepararon una presentación para explicar a la alta gerencia por qué esto el cambio era negativo para CITGO.

Por sus objeciones en este caso, Marisol Gómez habría sido objeto de hostigamiento adicional y acciones discriminatorias, incluidas amenazas, comentarios, hostilidad e intimidación por parte de Nelson Martínez.

Finalmente, los servicios de Marisol Gómez fueron rescindidos en marzo de 2017, una decisión adoptada —según su punto de vista— por su oposición a seguir prácticas fraudulentas y poco éticas ordenadas por Nelson Martínez.

En noviembre de 2017, José Luis Zambrano, José Pereira y Nelson Martínez fueron arrestados en Venezuela por conspiración para cometer un delito. Sólo este hecho impidió la implementación de los cambios pretendidos por Martínez en el fondo de pensiones de CITGO.

Retaliaciones contra los empleados y otras irregularidades

Los empleados de CITGO también habrían sido objeto de retaliaciones por parte de Nelson Martínez y José Pereira, como medida para asegurarse que denunciaran sus irregularidades ante los nuevos miembros de la junta directiva de PDVSA.

De este modo, Pereira y Cárdenas eliminaron el cargo de Vicepresidente de Recursos Humanos y dichas funciones pasaron a manos de José Luis Zambrano, Vicepresidente de Servicios Compartidos y quien, según el informe de Gómez, está involucrado en varias transacciones de adquisiciones fraudulentas para favorecer entidades intermediarias y la aprobación de sobreprecios significativos junto con Nelson Martínez, Glenn Hilman y Jose Luis De Jongh. De hecho, varias de las solicitudes de Martínez comenzaron a implementarse luego de que Zambrano asumió el cargo.

José Pereira y José Luis Zambrano habrían contratado a parientes y allegados no calificados para ocupar puestos clave en CITGO, habiendo implementado aumentos de sueldos sin el apoyo de cálculos técnicos adecuados y promociones justificadas por méritos, así como bonificaciones que excedieron los parámetros aprobados por Junta Directiva de PDVSA. Para ello crearon un comité de compensación para aprobar salarios y bonificaciones fuera de los períodos regulares establecidos en las políticas de compensación de CITGO aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

Refiere Marisol Gómez que supuestamente el hostigamiento y las acciones discriminatorias se extendieron a los miembros cercanos a su equipo de trabajo, a saber Edgar Ordorica, Patricia Milano y Karie Oquinn, quienes fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez, José Pereira y José Luis Zambrano. Estos trabajadores fueron transferidos a otros cargos.

Asimismo, Iván Cordero, Freddy Gómez y Liz Aguilar fueron despedidos a pesar de haber tenido un buen desempeño. A la salida de Marisol Gómez en marzo de 2017, Jeff Bednar y Eduardo Assef se habrían visto obligados a retirarse, mientras que Franklin Domond fue despedido y John Butts fue transferido a un puesto inferior bajo las órdenes de un director con menos experiencia que él.

Entre 2017 y 2018, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Rick Esser —sostiene Gómez de Vergara— supuestamente manipularon controles internos para satisfacer las exigencias de Nelson Martínez. Habrían desbloqueado entidades intermediarias y les asignaron contratos de adquisición y pagos por más de USD 60 millones.

En 2018, las agencias policiales estadounidenses arrestaron a varios propietarios y empleados de estas entidades intermediarias con contratos importantes con CITGO y PDVSA.

Aseguró Marisol Gómez de Vergara que fue despedida por Nelson Martínez aun cuando este no estaba facultado para ello, pues al haber sido designada por la junta directiva de PDVSA, sólo esta entidad tenía la potestad de removerla de su cargo.

Subrayó que la ley federal penaliza las represalias o cualquier acción perjudicial contra los empleados, incluida la interferencia con el empleo legal o el sustento de cualquier persona por proporcionar información veraz relacionada con irregularidades o violaciones de las leyes federales. “Además, las políticas de CITGO prohíben las represalias y el acoso contra los empleados”.

A pesar de haber negado vehementemente la aplicación de este tipo de políticas, Rick Esser como Oficial de Cumplimiento de CITGO no habría cumplido su palabra y evitó investigar las denuncias al respecto y la presunta conducta poco ética de Nelson Martínez.

En tal sentido, Marisol Gómez instó a que Esser ponga en práctica las averiguaciones de acuerdo con las políticas corporativas de CITGO.