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viernes, 15 de mayo de 2020

CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.

    La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de CITGO de la antigua administración y, que han sido premiados por la junta directiva nombrada por Juan Guaidó tienen amplia responsabilidad. La querella estaría plagada de imprecisiones que tienen como fondo "encubrir lo que realmente ocurrió en el seno de CITGO".  El caso, que involucra al político de la Florida se presentó hace 3 años ante las gerencias de CITGO, y desde Febrero 2019 a la directiva que preside Luisa Palacios, pero hasta la fecha no se habían tomado acciones. Muchos se preguntan ¿Por qué ahora?.
A continuación les contamos parte de esta historia de corrupción variopinta.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
  Una demanda por incumplimiento de contrato  interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, [encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y  Michael Gottlieb] fue publicada por primera vez por el New York Times el 13 de mayo de 2020 (1).  En la querella,  PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc, una empresa de maletín propiedad del excongresista cubano-americano, David Rivera devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 

¿Quién pagó los $15 millones a David Rivera?

   La demanda fue interpuesta por uno de abogados de CITGO, que ha trabajado para las administraciones del régimen chavista, y quien fue contratado nuevamente por la presidente de la Junta Directiva de CITGO, designada por el presidente interino, Juan Guaidó en 2019, Luisa Palacio. Michael Gottlieb quien también estuvo asociado al bufete que defendió a los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro ha jugado un rol crucial en las decisiones de Palacios. En Venezuela Política hemos escrito sobre la relación Palacios- Gottlieb y el acoso que ambos mantienen al personal de CITGO que ha denunciado las irregularidades dentro la corporación. (3).


El pago corrupto

  Una fuente interna, conocedora del caso, destaca lo siguiente: "la explicación de los hechos dada por el bufete de abogados no es del todo cierta". En marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que a decir de muchos eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (actualmente bajo arresto en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

Febrero de 2019

   Cuando asumió la nueva junta directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios, se les informó sobre las múltiples irregularidades cometidas por las anteriores administraciones de CITGO, y les entregaron informes sobre los ejecutivos que presuntamente habían cometido los delitos, tanto los venezolanos como los norteamericanos. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, los nuevos directivos no tomaron ninguna acción, sino que se dedicaron a evitar que la información trascendiera las paredes del edificio sede ubicado en 1293 Eldridge Pkwy, Houston, TX 77077. 

  La explicación de las fuentes consultadas para este reporte, refleja que detrás de la demanda hecha por el bufete Willkie Farr & Gallagher LLP "hay muchos hechos sin contar". Una de ellas señala: "Esto no es ni el 10% de la historia", a la vez que aseguró  que: "mucho de los hechos reportados por ambas partes no son ciertos". 

   Otra fuente de PDVSA, Caracas, confirmó a Venezuela Política que "los pagos a la empresa Interamerican Consulting Inc fueron hechos en un cien por ciento por el personal de CITGO, por orden de la junta directiva de PDVSA. Las operaciones fueron procesadas y ejecutadas por José Pereira ( bajo arresto en Venezuela) y Gina Coon (actual tesorera de CITGO) violando todos los controles y procedimientos internos de revisión". 

   Un elemento importante, que vale la pena destacar, es que los registros constitutivos de PDV USA muestran que la empresa demandante es un ente de la misma CITGO. "Para el momento que se realizaron los pagos corruptos a la empresa de maletín del excongresista David Rivera, CITGO estaba manejada, controlada y administrada por José Pereira, Gustavo Cárdenas, y Nelson Martínez", acota la fuente consultada en PDVSA, Casa Matriz .

  En la demanda se pretende establecer que PDV USA es una unidad de PDVSA, "pero dicho argumento es sólo para encubrir a CITGO", dijo una fuente interna familiarizada con el caso.

  PDV USA es fondeada por las compras de petróleo y pagos que hace CITGO a PDVSA. "En vez de pagar a PDVSA, parte de ese dinero es/era transferido a las cuentas de PDV USA en Estados Unidos, para pagos [principalmente] a proveedores, que en realidad no eran tales, por ejemplo: 1) Proveedores usados en CITGO Aruba; 2) Gastos de propaganda política del régimen venezolano en los Estados Unidos; 3) Gastos de viaje de personajes del régimen, 
[Delsy Rodríguez y otros]; 4) Gastos de los consulados, fiestas en misiones de la ONU en NYC, [como fue el caso de Rafael Ramírez y María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez]; y 5) muchas otros pagos como donaciones no controladas. 

   Los reportes internos muestran que las cuentas bancarias de PDV USA son/eran manejadas por Gina Coon (Tesorera) bajo la dirección de José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez.

   El entramado de corrupción que se manejó desde CITGO envuelve muchos otros casos como el del ex congresista, David Rivera. "Hay operaciones fraudulentas vinculadas a abogados, congresistas, consultores, contratistas y empleados de CITGO que  colaboraron con las transacciones corruptas y apoyaron al régimen de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos", aseguró la fuente. 

  Contrario a lo que dice la demanda del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, "los detalles y hechos de este caso son varios y envuelven varias acciones ilegales que afectan principalmente a CITGO, comenzando por violaciones de políticas y procedimientos internos, así como posibles violaciones de leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos", acotó.

  Una de las fuentes consultadas señaló que la demanda "es una presunta estrategia de la actual junta directiva de CITGO que busca cubrirse las espaldas ante la investigación que realiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en CITGO". 

  Otro informante sostiene que "el abogado Michael Gottlieb, Luisa Palacio, Carlos Jordá y el resto de los actuales directivos saben que no va a recuperar los $15 millones de la demanda y que la única razón por la cual se interpuso la querella fue por la presión que existe por la investigación del DoJ". Se preguntan: ¿Por qué CITGO no demandó a Ernesto Guevara que supuestamente defraudó a CITGO por más de $300 millones?.

  Además de los ejecutivos mencionados, en los reportes internos de CITGO sobre este caso, aparecen señalados [por ser presuntamente cómplices o encubridores] Gina Coon, Rick Esser, Jennifer Moos (recientemente jubilada sin ser investigada) y Judith Colbert(4).

    Hasta la fecha, la junta directiva designada por Juan Guaidó y sus abogados, no habían tomado acciones significativas en contra de los proveedores y empleados que defraudaron a CITGO, "por el contrario, han soportado la retaliación en contra de los empleados/directores que reportaron casos de fraude internamente (incluyendo el de David Rivera), y han encubierto a empleados que presuntamente son cómplices en operaciones de lavado de dinero en CITGO", acotan. 

  Este caso fue reportado a Rick Esser y Jennifer Moos, porque estos dos ejecutivos de CITGO eran quienes manejaban el Comité de Cumplimiento "y no cumplieron con su deber de revisar y aplicar las leyes federales, que obligan a las empresas a investigar todas las demandas internas de empleados y asegurarse de actuar adecuadamente, tomar acciones correctivas, implementar controles necesarios, entre otras acciones".

La demanda describe hechos que nunca ocurrieron en CITGO

 En la demanda se señala que PDV USA se negó a pagar las facturas correspondientes a los meses siguientes, que sumaban $35 millones.  No obstante, dos fuentes internas de CITGO confirmaron a Venezuela Política que "durante el 2017 o el 2018, PDV USA (CITGO) no "se negó a pagar" las facturas de Interamerican Consulting, lo que ocurrió fue que dichas facturas y el contrato como tal no se canceló más por la intervención de tres directores que, al detectar que el contrato y los pagos eran ilegales se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez y detuvieron el esquema fraudulento, por lo que los pagos adicionales y cualquier relación futura entre CITGO/PDV USA y David Rivera quedaron al descubierto". 

  El directorio de PDVSA, conformado para aquel entonces por Guillermo Blanco, Eulogio Del Pino, Maribel Parra, Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa, José Pereira, y Edoardo Orsoni representado a CITGO aprobaron los servicios de consultoría legal internacional para “Asuntos estratégicos”. Y ordenaron la contratación de David Rivera y otros abogados

Corrupción generalizada

  Una de las fuentes internas de CITGO, consultadas para este reporte,  nos confirmó que a finales de abril 2017, en contra de la gerencia senior de CITGO (José Pereira y Nelson Martínez) y de las órdenes de los miembros de las juntas directivas de PDVSA y CITGO bajo un ambiente de corrupción y complicidad generalizada— tres directores de CITGO detectaron la transacción ilegal y lograron parar el contrato y pagos adicionales por $ 35 millones a Interamerican Consulting. Estos directores arriesgaron sus puestos de trabajo y se enfrentaron a retaliaciones posteriores por parte de José Pereira, Nelson Martínez, Gustavo Cárdenas, Rick Esser, Judith Colbert y otros directores cómplices, que todavía siguen en CITGO bajo la nueva administración.

La excusa del contrato de David Rivera 

  La excusa del contrato con Rivera para  realizar una Consultoría de Servicios Estratégicos (Strategic Consulting Services) "fue algo totalmente ilógico", sostiene la fuente. "Las transacciones fueron mantenidas en secreto por los directores de CITGO / PDVSA y los consultores y abogados estadounidenses que respaldaron este y otros acuerdos relacionados". 

  Agrega que "los directores de CITGO / PDVSA utilizaron a Interamerican Consulting, Inc./David Rivera y (su cuenta bancaria) como agente o intermediario para ocultar las transacciones, vínculos y objetivos trazados en los Estados Unidos con el régimen comunista de Nicolás Maduro". 
  

    Hasta ahora se desconoce el uso final de los 15 millones que consiguieron extraer de CITGO. Las investigaciones del DOJ/FBI están tras la pista de las transacciones bancarias para determinar el destino de los fondos robados al pueblo venezolano. Es necesario aclarar quién se beneficio o qué tipo de actividades ilegales se financiaron con este esquema.


Lo que dice la demanda

  La querella por incumplimiento de contrato interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York establece lo siguiente:


1.  El 21 de marzo de 2017, PDV USA e Interamerican Consulting Inc firmaron un acuerdo de consultoría según el cual la empresa recibiría $ 50 millones en seis cuotas durante un período de tres meses para proporcionar supuestos "servicios de consultoría estratégica" para PDV USA empresa matriz, Petróleos de Venezuela, SA. 

2. PDVSA es la compañía estatal de petróleo y gas natural de la República Bolivariana de Venezuela y, en ese momento, estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro. PDV USA recibió instrucciones de la empresa matriz (PDVSA) de su empresa matriz (PDV Holding, Inc.) para celebrar el Acuerdo con el propósito de mejorar la "reputación a largo plazo" de PDVSA en los Estados Unidos. (No se menciona a CITGO)

3. En enero de 2019, el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de Venezuela, desconociendo el régimen de Maduro y sancionó a PDVSA a través de la OFAC. Desde ese momento se requiere una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. para hacer negocios con la petrolera.

4. El Gobierno de Guaidó nombró una Junta de Directores Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las filiales de PDVSA en Estados Unidos, incluida PDV USA (No se nombra CITGO). En agosto de 2019, el Tribunal de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó a la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.

5. Según el Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación y posición de PDVSA, y construir relaciones con los formuladores de políticas, líderes de opinión, funcionarios públicos y partes interesadas específicas.

6. Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican proporcionara, al menos,  siete informes quincenales que detallen el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas. En cambio, el Demandado proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. Estos informes se refieren genéricamente a un "plan estratégico", "reuniones" y "recomendaciones", pero no describen un solo elemento del plan alegado, identifican a los participantes de la reunión o las discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién.

7. El Demandado no realizó servicios significativos según el Acuerdo, y ciertamente no realizó el nivel de servicios que razonablemente podría esperarse por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes.

8. PDV USA resultó lesionada por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado. PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por el Demandado, un total de $ 15 millones, pero no recibió evidencia de que algún servicio se haya realizado alguna vez en nombre de PDV USA o PDVSA.

9. Además, Interamerican Consulting Inc se comprometió explícitamente en el Acuerdo a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del contrato perpetrado por la empresa, incluido el pago de los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con la aplicación de los derechos de PDV USA.

10. En consecuencia, PDV USA interpone la acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya le ha pagado al Demandado, liberar a PDV USA de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo y recuperar cualquier otro daño compensatorio por un monto que se abonará en juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales.


 La demanda señala que Interamerican Consulting Inc es una compañía incorporada en el estado de Florida por el ex congresista estadounidense David Rivera. La dirección de la empresa es el hogar de Rivera, ubicado en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. En su descripción, Interamerican  Consulting Inc dice que proporciona "servicios de consultoría estratégica". Según la información disponible públicamente, la referida empresa tiene solo dos empleados: (1) David Rivera, quien se desempeña como Presidente y agente registrado; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), quien se desempeña como Vicepresidenta.

  La demanda sostiene que el objetivo principal del contrato era que el Demandado brindara servicios para PDVSA. El representante autorizado y el principal punto de contacto era Pio González, un empleado de PDVSA. 

  Lo único que se recibió fueron dos breves informes de progreso proporcionados por Interamerican que aclaran que los servicios de consultoría se estaban prestando a PDVSA. Dichos informes describieron que Interamerican había organizado reuniones que "permitían al Cliente proporcionar sus puntos de vista y perspectivas sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos".  Aunque "Cliente" se define en el informe de progreso como PDV USA, la referencia a eventos actuales en Venezuela deja en claro que los intereses de PDVSA eran el tema de los servicios de consultoría estratégica.

  Aseguran que Interamerican acordó desarrollar las siguientes estrategias :

1) Informarían a los responsables políticos y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros de PDVSA;

2) Reforzar la posición de PDVSA entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión"; y 

3) Mejorar la "reputación a largo plazo" de PDVSA y su "prestigio" con las "partes interesadas". 

  La empresa contratada acordó además "identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos". 

  El contrato establece que Interamerican debía proporcionar: 

(1) actualizaciones con respecto a sus servicios de consultoría estratégica con detalles adecuados y completos de los servicios prestados; 

(2) documentación de respaldo para todas las facturas presentadas; 

(3) informes quincenales que detallan sus actividades en virtud del Acuerdo; y 

(4) un informe final que integra todos los productos de trabajo desarrollados de conformidad con el contrato.

  El Acuerdo tenía un plazo de tres meses, comenzando en la fecha de ejecución, 21 de marzo de 2017, y terminando el 21 de junio de 2017.

  La querella sostiene que durante ese período, "Interamerican estaba obligada por contrato a proporcionar al menos siete informes quincenales que detallaban las actividades que había llevado a cabo durante el período de dos semanas aplicable y un informe final que resume todo el trabajo realizado en virtud del Acuerdo y proporciona recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas".

  En lugar de proporcionar estos informes consistentes, Rivera presentó solo dos informes en total: un informe "quincenal" y un informe final. Los informes totalizaron no más de cinco páginas (colectivamente), gran parte de las cuales se duplicaron, y no pudieron describir ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionar ninguna evidencia de que el trabajo se haya realizado realmente.

  Los informes se refieren, dice la querella, genéricamente a reuniones y discusiones con "importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos", "funcionarios públicos clave", "partes interesadas objetivo", "partes interesadas del sector público" y "partes interesadas del sector privado", pero no describen el propósito de esas reuniones, quién asistió, qué se discutió o qué hace que cualquiera de estos líderes, funcionarios o partes interesadas sea importante para el "plan estratégico" de Interamerican.

  Del mismo modo, el supuesto informe final se refiere a recomendaciones, pero no explica cuáles son esas recomendaciones.

  El contrato requería además que Interamerican proporcionara "documentación de respaldo" y "detalles adecuados y completos de los Servicios prestados" con cada factura presentada a PDV USA.

  Sostiene que Interamerican no proporcionó documentación ni detalles de respaldo con las facturas enviadas para el pago.

  Alegan que Interamerican tenía que completar los servicios "para satisfacción exclusiva de PDV USA", pero el cliente nunca expresó satisfacción y no está satisfecho con los servicios de Interamerican.

  Asegura que PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se realizaron, a pesar de que la empresa no brindó los servicios contratados $ 15 millones.

   El Acuerdo estableció un cronograma de pagos, según el cual PDV USA debía pagar a Interamerican una "cuota de pago inicial" de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017.

  PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones el 21 de marzo de 2017, según lo establecido en el Acuerdo.

  El cronograma de pagos también indicó que, a partir del 4 de abril de 2017, se pagarán otros $ 20 millones en "Plazos de pago consecutivos" de $ 5 millones cada dos semanas y que se pagará un "Plazo de pago final" de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017 .

   PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones en cada uno de los días 4 de abril de 2017 y 18 de abril de 2017. Junto con el pago inicial realizado el 21 de marzo de 2017, PDV USA pagó un total de $ 15 millones.

  PDV USA se negó a pagar las últimas tres facturas que presentó David Rivera, que totalizaron $ 35 millones. "A pesar de que Interamerican no brindó los servicios requeridos por el contrato, y a pesar de la participación del régimen de Maduro y la extrema desproporción entre el precio del contrato y los servicios que se prestarían,  el demandado solicitó en repetidas ocasiones el pago de las facturas pendientes de PDV USA" .

   En vista del hecho de que el Demandado no había realizado y no contemplaba realizar ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA, las empresas contratantes solicitaron conjuntamente el consentimiento del Demandado para concluir el acuerdo, pero el acusado se negó a dar su consentimiento. En cambio, Rivera continuó exigiendo que PDV USA pagara los $ 35 millones supuestamente adeudados.

   Según el contrato, Interamerican acordó "indemnizar"  a PDV USA y PDVSA contra cualquier incumplimiento, incluidos todos esos gastos, costes judiciales y honorarios de abogados en la aplicación de los derechos de PDV USA.

  Sostiene la demanda que el demandante tiene derecho a recuperar los $ 15 millones (más intereses) que pagó al Demandado y a ser liberado de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo que fui violado por David Rivera.

CITAS

1)https://www.nytimes.com/2016/03/12/us/marco-rubio-david-rivera.html

2) https://www.miamiherald.com/news/local/article242707216.html

3) https://www.maibortpetit.info/search/label/abogados%20narcosbrinos?m=0

4)https://www.maibortpetit.info/2020/01/busca-citgo-silenciar-casos-de.html

5)https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-13/venezuela-s-pdvsa-paid-ex-congressman-15-million-suit-says



sábado, 9 de mayo de 2020

Pese a denuncias en su contra por supuestos hechos irregulares, (asistente) VP de Cumplimiento y Ética de CITGO se jubila sin ser investigada

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Señalada internamente de participar en supuestos hechos irregulares y de actuar en connivencia con Rick Esser —vicepresidente ejecutivo de CITGO Petroleum Corporation designado por la Asamblea Nacional en febrero de 2019— Jennifer Moos, asistente a la Vicepresidente de Cumplimiento y Ética de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, lejos de ser, por lo menos, investigada, ha logrado obtener un plan de pensión de la empresa "con USD 8.000 mensuales más una serie de beneficios para ella y sus familiares", según una fuente interna consultada. Otra información sostiene que el monto otorgado sería menor [por el orden de los USD 3.000]
  Su retiro, que fue anunciado el 21 de abril, se hizo efectivo desde el pasado 30 de abril luego de haber ingresado a la petrolera estatal venezolana en 1996. En su cargo será reemplazada por Jay Martin.

 Vale la pena destacar que otra fuente consultada sobre este tema aseguró que CITGO tiene una pensión (programa de retiro) que ninguna otra empresa petrolera aún tiene en los Estados Unidos. De acuerdo a la información suministrada este "tipo de sistema de pensión se remonta a un calculo máximo de años de servicio desde hasta 1992 y es sueldo básico más bono en una fórmula con porcentajes, etc". Sostiene entonces que "Jennifer Moos estaba en esas categorías con a un 65% por lo que la pensión debe estar por debajo del monto de los USD. 8.000"[que señalan las otras fuentes] Asimismo sostiene que el personal de CITGO se retira contando con el dinero que ahorra en planes de retiro e inversiones 4O1k que se acumula a través de los años y no con la pensión de CITGO por que es baja", acotó. 

  Paralelamente, sostiene que los jubilados de CITGO tienen el beneficio de seguro médico [si la persona opta por continuar], "a un costo casi el doble del de los empleados. Esto no tiene excepciones por que son planes para todos y, cualquier desviación, constituye una causa para que los miles de jubilados puedan demandar a la corporación", comentó. 

 Durante sus 25 años de servicio, Moos ejerció distintas posiciones, entre ellas como gerente de mercadeo y presidente del Comité de Compras de CITGO (CPC) entre 2010 y 2018, un cargo en el que, de acuerdo a fuentes ligadas a la empresa, habría aprobado, supuestamente en colusión con personal de compras de “Proyectos Especiales” y otros directores, transacciones con entidades intermediarias por más de USD 6 mil millones en por concepto de adquisiciones para PDVSA.

  La hasta hace días, Vicepresidencia de Cumplimiento y Ética, Jennifer Moos habría llegado en febrero de 2017 promovida por José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez, como parte del presunto esquema por ellos impulsado y en el que Moos, "en mancuerna con Rick Esser, facilitarían las operaciones irregulares". Y es que de acuerdo a tres fuentes internas consultadas, Moos y Esser solamente "serían piezas en el ajedrez que los cabecillas de la trama jugarían, puesto que carecían de la experiencia y el conocimiento para ejercer las posiciones en las que se les había designado".

  Por ejemplo, las fuentes internas sostienen que "Rick Esser, quien continuó también como vicepresidente de Comercio y Suministro, aprobó compras de petróleo y ventas de productos derivados. Dado que el asesor general adjunto de CITGO, Jeff Bednar, comenzó a implementar una serie de controles para bloquear entidades corruptas que pretendieran negociar con la filial de PDVSA en los EE. UU., fue obligado a retirarse por José Pereira y Rick Esser en complicidad con el vicepresidente de asuntos legales, Edoardo Orsoni [acusado de delitos de lavado de dinero y corrupción por el gobiero de los Estados Unidos]".

  Pero las denuncias no evitaron que Moos abandone CITGO con la jugosa remuneración y beneficios de por vida, con la felicitación de Luisa Palacios y Carlos Jordá, quienes habrían optado por evitar la confrontación legal con empleados que se mantienen dentro de la empresa estatal, a pesar haber formado parte de los esquema corruptos que encabezaron Nelson Martínez y Asdrúbal Chávez.

La trama denunciada dentro de CITGO

  Jennifer Moos, pues, presuntamente sería parte de una presunta  trama de corrupción "instrumentada en CITGO por José Pereira, Nelson Martínez y José Luis Zambrano, la cual tenía como estrategia el dominio del Comité de Cumplimiento, de manera de evitar así los controles internos y desbloquear a más de 730 entidades intermediarias pertenecientes a empresarios corruptos entre quienes se contaban José Manuel González Testino, Ángel Alberto Rodríguez Torres, Juan Carlos Hurtado Angarita, Manuel Chinchilla, Roberto Rincón, Ernesto Guevara, Michael Moretti, entre otros venezolanos".

  Fue así como Rick Esser y Jennifer Moos, entre 2017 y 2018 —ya en sus nuevas posiciones en el área de Cumplimiento y Ética— "aprobaron irregularmente" —de acuerdo a lo referido por las fuentes del caso— "nuevos contratos de compras y pagos fraudulentos por más de USD 230 millones a empresas de maletín" de los arriba citados. Igualmente, habrían participado del esquema corrupto, otros individuos con fuerte conexiones con el régimen de Nicolás Maduro, esto con la colaboración de José Luis Zambrano y Glenn Hilman (compras), Judith Colbert (legal) y el personal de cumplimiento".

  Sostiene el informante, que "el personal —empleados, directores y gerentes— tenía pleno conocimiento de las irregularidades y se sumaron a los fraudulentos procesos de revisión y aprobación, en los que intencionalmente, se ignoraban los controles internos en sus respectivas áreas". Es decir, de acuerdo a lo establecido en la legislación estadounidense, incurrían en "ceguera deliberada del conocimiento de los hechos" o "indiferencia intencional" durante la aprobación de los contratos y pagos a empresas fantasmas.

Lavado de dinero

 En el esquema presuntamente también participaba personal del departamento de tesorería de CITGO, "quienes facilitaban los pagos ilegales a las compañías de maletín que actuaban en la trama como intermediarias en las negociaciones irregulares". De este momento, supuestamente se "le daba el visto bueno a las transferencias bancarias desde Houston, Texas, directamente a las cuentas bancarias suministradas por los dueños o representantes de las entidades intermediarias sin la debida revisión".

 Específicamente, sostienen las fuentes, "Gina Coon, Tesorera actual de CITGO, aprobó durante más de dos años, los pagos y transferencias bancarias a las empresas de fachada, facilitando así las operaciones de lavado de dinero que tales operaciones suponían. Fue así como se enmascararon sobreprecios, sobornos, comisiones, que iban a parar a cuentas en paraísos fiscales".

Sostienen las fuentes, que "la mayoría de las compras realizadas bajo este esquema nunca se concretaron, por lo que PDVSA en Venezuela nunca recibió los productos y servicios que supusieron estos pagos irregulares.  Por ejemplo, el fallido proyecto de la refinería CITGO Aruba habría servido para que más de USD 100 millones beneficiaran a proveedores con la supuesta anuencia de Gina Coon".

Dejar pasar

  Finalmente, las fuentes internas de CITGO sostiene que "hechos como el señalado evidencian la política de “cero controversia y confrontación” instrumentada por la junta directiva designada por Juan Guaidó en CITGO, la cual a más de un año en funciones, no ha dado cuenta de las investigaciones por corrupción, ni ha impulsado medidas destinadas a corregir y castigar a los culpables de los hechos irregulares habidos en CITGO Petroleum Corporation".









lunes, 3 de febrero de 2020

CITGO incrementa compra de crudo a empresas trading vinculadas al chavismo

La excusa de la actual administración para seguir comprando a las 'trading' vinculadas al chavismo, son las dificultades que han generado para la corporación 'las sanciones de los EE. UU. a PDVSA'. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Son varias las reuniones que se han producido y los cuidados que se han tomado desde la alta gerencia para que la información no sea conocida por los venezolanos. En el último año fiscal 2019, CITGO Petroleum Corp. incrementó la compra de crudo en el mercado spot, con algunas empresas trading que han estado vinculadas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a los jerarcas del chavismo. Varias de las compañías beneficiadas de los contratos de compra directa —aprobados en el área de trading— han sido señaladas de estar incursas en tramas de corrupción. Ejemplo de este señalamiento son Trafigura, Lukoil, Vitol (estas tres en la denuncia de PDVSA US Litigation Trust) (1) y Mercuria (2), entre otras. Una fuente señala que se pasó del 10 a casi un 30% de compra de crudo a las empresas trading en el último año.
El mercado spot y la ausencia de controles

    En los mercados spot, se compra y vende a corto plazo el petróleo bruto y los productos refinados derivados de los hidrocarburos. En este tipo de transacciones se fija diariamente el precio de las cotizaciones de petróleo que servirá como referencia de los precios en todo el mundo. Concretamente, los intercambios tienen lugar directamente entre vendedor y comprador, quienes negocian la diferencia entre el precio del producto final y el precio del petróleo bruto.

   En CITGO el área de trading —encargada de la compra de productos en el mercado spot ha estado bajo supervisión de Rick Esser y Gustavo Velásquez. Según un reporte de auditoría de la filial de PDVSA en EE. UU., y dos fuentes consultadas bajo condición de anonimato, los controles internos del trading "han sido muy débil(es) por años".

    Las fuentes sostienen que "los traders compran crudo y productos sin ningún control ni análisis". Reportes señalan que "las deficiencias de los controles se han presentado internamente en CITGO desde el 2014 hasta la fecha, y aunque fueron reportados por los responsables de ello, tanto Rick Esser y Nelson Martínez (fallecido bajo custodia del estado venezolano el 12 de diciembre de 2018) ignoraron todas los puntos y recomendaciones de auditoría interna y continuaron con la compra de crudos bajo una serie de modalidades que ponen el riesgo la transparencia de la empresa".

  Otras fuentes (consultadas en condición de anonimato por la persecución que ejercen actualmente la presidente de la Junta Directiva, Luisa Palacios y sus abogados) de CITGO señalan que ha habido presiones internas y externas por parte del equipo de Carlos E. Jordá, actual CEO de CITGO, para conocer cómo funciona el área de trading por la que pasan miles de millones de dólares. "Ya se han realizado varias reuniones para tal fin, pero no se ha avanzado mucho en la toma de decisiones", acotaron.

    Entre las empresas beneficiadas con contratos directos de crudo en el mercado spot trading en la gestión de CITGO en 2019, aparecen las polémicas firmas: Trafigura US Inc, Trafigura PTE Ltd y Trafigura Canada GP; Vitol Inc; Mercuria Commodities Canada Corp, Mercuria Energy Trading S.A., Mercuria Energy Trading Inc. También aparecen Petrochina International America Inc, Ecopetrol S.A., Freepoint Commodities y Novum.

   Trafigura es una de las principales empresas proveedoras de CITGO de crudo y de productos derivados. Las compras de Trafigura Canada GP.  han aumentado significativamente en el 2019.

   Otro aspecto que resalta cuando se evalúan los récords es que las transacciones con Mercuria se mantienen, a pesar de que ésta envuelta en varios casos de corrupción y fraude con CITGO y PDVSA, aunado a los escándalos que ha protagonizado en Brasil y otros países de América Latina.

   Los informes muestran que las transacciones con Vitol Inc. se mantienen en el mismo nivel y se aprecia un incremento en los últimos meses de 2019. Esto contradice las referencias al supuesto esfuerzo que la junta directiva designada por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, de cambiar las prácticas irregulares que se ejecutaban en la CITGO administrada por el régimen de Nicolás Maduro.

  Si bien las compras con Petrochina bajaron en los primeros 6 meses del 2019 si se compara con las transacciones que se hicieron en 2017 y 2018— se aprecia que sigue habiendo negocios importantes con esa firma. Al mismo tiempo, las adquisiciones a EcoPetrol S.A se incrementaron significativamente en el citado año 2019.

   De acuerdo a los reportes a los que Venezuela Política tuvo acceso, excluyendo a PDVSA Petróleo S.A. (que era el mayor suplidor de CITGO antes de las sanciones impuestas por la OFAC a la petrolera venezolana), Trafigura ha sido en el mayor proveedor  de crudo en el área trading durante los períodos 2017 y 2018. La mayoría de esas empresas que aparecen en el panel de contratos directos en 2019—Trafigura, Vitol, Mercuria, Petrochina — y buena parte de las trading que mantienen sus negocios con CITGO en 2019—, fueron favorecidas en las gestiones del chavismo. Es decir, las mencionadas trading, que consiguieron ventajosos negocios durante las gestiones de las directivas designados por el régimen de Nicolás Maduro, se mantienen y algunas aumentaron su cuota de los contratos (trading) con los ejecutivos designados por el presidente de la Asamblea Nacional y como presidente (e), Juan Guaidó. Llamó nuestra atención que para 2019, Repsol Trading y Mercuria Energy Trading no aparecen en la línea de compra de feedstock. Asimismo, observamos con interés que Vitol Inc. salió del panel de vendedores de crudo, pero mantiene poderosos contratos relacionados con la venta de productos derivados y como suplidora de otras mercancías, junto a Trafigura US Inc, y Mercuria Energy Trading Inc.

¿Por qué siguen negociado con estas empresas?

  Reportes muestran el incremento de compras a las empresas trading vinculadas al chavismo un 10 a un 30 por ciento aproximadamente. Para hacer los cuestionados negocios se argumenta lo siguiente: 1) Por las sanciones impuestas por los Estados Unidos a PDVSA hay empresas que no quieren negociar con CITGO; y 2) con las empresas que entraron a los registros de proveedores con el chavismo no se hacen bajo contratos convencionales y regulados, sino que por esta vía se puede  comprar a terceros. 

   En reuniones celebradas el 12,13 y 14 de diciembre de 2019 con representantes de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, a la cual asistió el diputado Elías Mata, Luis Pacheco, presidente de la Junta directiva Ad Hoc de PDVSA, entre otros,  se discutieron los planes para el incremento de las compras en este rubro y bajo la criticada modalidad*.

Los números de las cuestionadas empresas en CITGO

    En 2018, los récords de las empresas trading muestran jugosos negocios. Trafigura US Inc por, ejemplo, vendió productos por el orden de $ 3.088 millones; Mercuria Commodities Canada Corp. Realizó operaciones por $ 761 millones; Mercuria Energy Trading S.A. lo hizo en el orden de los $ 1.079 millones; Mercuria Energy Trading por $ 420 millones; Vitol Inc por $ 636 millones; Trafigura Canadá GP por $ 403 millones.

   Los registros muestran que Petrochina International America INC. logró ventas por el orden de $ 507 millones; Glencore Ltd vendió $ 104 millones; las ventas de Ecopetrol S.A fueron de $ 124 millones y Equinor Marketing & Trading US Inc (Statoil antes de 2018) lo hizo por $ 111 millones.

   Durante el 2018, las compras para el feedstock (materia prima suministrada a una máquina o planta de procesamiento) de Trafigura US Inc fueron en el orden de $ 375 millones; las de Vitol Inc alcanzaron los $ 59 millones; mientras que Mercuria Energy Trading Inc vendió $ 24 millones; Repsol Trading S.A. tuvo operaciones por $ 14 millones y Mercuria Energy Trading S.A. alcanzó más de $ 3 millones.

   CITGO compró a Trafigura US Inc.  más de $ 56 millones y a Vitol Inc una cifra superior a los $ 46 millones en productos industriales.

   En cuanto a los suministros de productos, las cifras se muestran igualmente positivas:  Trafigura Us Inc. Tuvo ventas en el orden de $ 372 millones. En este renglón aparece Mercuria Energy Trading Inc. Con ventas por más de $ 131 millones; las ventas de Vitol Inc. Fueron por más de $ 24 millones. Petrochina International America Inc. vendió una cifra superior a $ 73 millones y las de Lukoil Pan Americas LLC se ubicaron en un monto bastante superior a $1.993.

  Las empresas trading que vendieron en el primer semestre de 2019  son las siguientes:

  Trafigura US Inc., Mercuria Commodities Canadá Corp.; Mercuria Energy Trading SA, Mercuria Energy Trading Inc.; Lukoil Pan American LLC; Trafigura Canadá GP; Petrochina International America Inc., Trafigura Pte LTD, Ecopetrol S.A y Equinor Marketing & Trading US Inc.

  Trafigura US Inc. también mantuvo sus beneficios con la nueva administración de CITGO, en la venta de productos para el stock. Así, en ese mismo periodo consiguió vender más de $ 104 millones, seguida por Vitol Inc. con ventas en el orden de más de $ 22 millones. Mercuria Energy Trading Inc.BBL tuvo colocaciones por más de $ 49 millones.

    En el panel de productos industriales dominan Trafigura US Inc. y Vitol Inc.

   Entre los suplidores de productos de CITGO para 2019, también aparecen excelentemente bien posicionadas por el grueso de contratos de millones de dólares, Trafigura US Inc., Mercuria Energy Trading Inc y Vitol Inc.

El esquema irregular usado por Mercuria y otras trading

  Un informe interno revela que Nelson Martínez y Pedro José Blanco utilizaron la empresa Mercuria Energy Trading Inc. como "un peaje" (intermediaria) para que otras empresas pudieran vender crudo a CITGO, obligándolas a vender primero a Mercuria y posteriormente Mercuria vendía a CITGO. "La comisión que CITGO pagaba a Mercuria era de 25 centavos por barril, lo que se traducía en aproximadamente USD 12 a 15 millones al año. Una doble ‘ganancia’ que se generaba, provenía de la compra del crudo que Mercuria hacía a otras empresas interesadas en negociar el crudo y al revenderlo a CITGO", asegura una fuente interna que declaró bajo anonimato.

  Pero el esquema cambió cuando Nelson Martínez salió de la presidencia de CITGO. Actualmente —dice la fuente ese peaje de Mercuria no existe y entonces las empresas están operando “en igualdad de condiciones”. La interrogante que surge es en torno a la razón por la cual Mercuria, con ese antecedente, continúa trabajando con CITGO y que el esquema de corrupción haya mutado.

Una fuente interna dice lo siguiente:

   "En tiempos en que Nelson Martínez era el CEO de CITGO, Pedro José Blanco —quien trabajó para CITGO pasó a representar a Mercuria logrado tener una oficina cercana a la del presidente. De hecho, Blanco aún coordina los negocios de la empresa trading en Houston. Martínez y Blanco crearon un esquema de corrupción que no permitía que otras firmas trading vendieran crudo o productos derivados a CITGO, si no pasaban por Mercuria. Fue así como nació la comisión que CITGO pagaba de 25 centavos por barril a Mercuria como intermediaria, lo que equivalía a ganancias que oscilaban entre $ 12 y 15 millones de dólares anuales, como ya habíamos referido. Cuando llegó Asdrúbal Chávez, y Calixto Ortega entró a finanzas, este preguntó por qué pagaban esas comisiones a Mercuria y entonces vetaron la empresa. No obstante, al poco tiempo volvió a imponerse el mismo esquema corrupto de comisiones. Una fuente señala que una parte de esos pagos era para beneficio de Martínez y Blanco".

Novum con su monopolio

  La empresa Novum, por su parte, "tiene el monopolio de todo lo que exporta CITGO a México, vía camiones y barcazas, así como de cargamentos de Diésel y Jet Fuel", dice un informante.

  Otra fuente sostiene que "se ha pedido en varias instancias de CITGO investigar la denuncia, según la cual, representantes de Novum pagan una comisión a un funcionario del área de productos de CITGO".

  Novum le debe a Venezuela un cargamento de Fuel Oil y le vende Propano a PDVSA.

Trafigura usa el mismo esquema

  A su vez, Trafigura operaba bajo el mismo esquema que usó Mercuria por años. En 2019 ocupa el primer lugar en el cartel de proveedores de CITGO.

  ¿Cuándo entraron estas empresas a CITGO? Pues, las empresas mencionadas fueron incorporadas en el registro mayor de proveedores y clientes de CITGO durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  Durante la administración de Gustavo Velásquez y Rick Esser, se comenzó a utilizar más a compañías de trading intermediarias como Mercuria, Vitol, Trafigura y Glencore.

Los registros muestran los siguientes datos:

· FREEPOINT COMMODITIES HOLDINGS LLC fue inscrita en el registro de vendedor master de CITGO el 19 de diciembre de 2012.

· PETROCHINA INTL AMERICA INC fue inscrita en el registro master de proveedores de CITGO el 24 de febrero de 2010.

· MERCURIA ENERGY TRADING SA entró al registro de proveedores de CITGO el 22 de abril de 2008.

· MERCURIA COMMODITIES CANADA CORP se incorporó a CITGO el 14 de octubre de 2014

· MERCURIA ENERGY TRADING INC fue registrada en CITGO el 22 de enero de 2008.

· TRAFIGURA CANADA GP se inscribió en el registro de CITGo el 21 de septiembre de 2005.

· TRAFIGURA US INC-TRAFIGURA TRADING LLC (DBA) fueron incorporadas al registro master de proveedores de CITGO el 7 de abril de 1999.

  Por su parte, las siguientes empresas entraron en el registro para vender gasolina, bunker oil y otros productos:

· NOVUM ENERGY TRADING INC se registró en CITGO el 29 de octubre de 2015.

· FREEPOINT COMMODITIES HOLDINGS LLC ingresó al registro master de CITGO el 26 de abril de 2012.

· MERCURIA ENERGY TRADING INC entró al registro de clientes de CITGO el 22 de julio de 2010.

· MERCURIA ENERGY TRADING SA ingresó al registro master de CITGO el 28 de diciembre de 2010.

· VITOL PETRO INC entró al registro master de clientes de CITGO el 14 de julio de 2010

· VITOL Inc. entró al registro master de CITGO el 3 de enero de 2007.

Los responsables siguen trabajando para CITGO

  Un funcionario que ha sido señalado en varios informes sobre irregularidades en el área de Trading es Gustavo Velásquez, quien se mantiene en la junta directiva ad hoc, a pesar que existen varias demandas internas en su contra. Una fuente consultada al respecto dice que "su permanencia en cargos de poder genera conflicto de intereses, abuso de autoridad y tolerancia a la corrupción en CITGO".

  La misma fuente dice que "el hueco dejado por PDVSA (que no puede exportar crudo por las sanciones) ha sido repartido entre las mismas empresas que estuvieron activas durante las administraciones de Nelson Martínez, Asdrúbal Chávez y otros jefes del chavismo”.

Los reportes muestran que han disminuido las compras a Glencore.

   Finalmente, la fuente explicó que los controles en el área de trading no cumplen los estándares de la empresa. "En el área de spot trading no se revisan los procedimientos. De hecho, hay puntos de las auditorías abiertos desde 2014 y Rick Esser no ha atendido los reclamos y se ha evitado implementar los controles y las recomendaciones hechas por los responsables de evaluar y hacer las auditorías".







    

miércoles, 29 de enero de 2020

¿ Busca CITGO silenciar casos de corrupción para evitar conflictos mayores?

  Desde Venezuela Política reiteramos nuestra firme decisión de denunciar los hechos irregulares que afecten el patrimonio venezolano sin importar quiénes sean los protagonistas.


   La filial de PDVSA en suelo estadounidense, CITGO, es una corporación de utilidad pública porque forma parte del conglomerado de empresas creadas y manejadas por la República Bolivariana de Venezuela, por tanto, al ser una entidad cuyo beneficio o interés es colectivo —en este caso de los ciudadanos venezolanos— es objeto de escrutinio por parte de las agencias de contabilidad y control del Estado venezolano y de la prensa de denuncia. Repetimos, CITGO Petroleum Corporation es una refinería, transportadora y comercializadora de combustibles, lubricantes, petroquímicos y otros productos industriales con sede en los Estados Unidos, pero propiedad mayoritaria de Petróleos de Venezuela S.A., es decir, es una empresa estatal venezolana.

  Sin embargo, es necesario acotar que a raíz de las sanciones impuestas por EE. UU. a PDVSA y al régimen de Nicolás Maduro, las cuales implican limitaciones en las operaciones de la industria petrolera venezolana, en el caso de CITGO existe una excepción debido a que el gobierno de Donald Trump entregó la administración de dicha corporación al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela más de 50 países. Haciendo uso de tal potestad, Guaidó —mediante acuerdo del Poder Legislativo— designó una junta directiva conformada por diez miembros en los directorios de PDV Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum, las tres filiales de PDVSA en Estados Unidos.

  Al momento de la designación de las juntas directivas, el presidente (e) Juan Guaidó, dijo: "La nueva directiva estará conformada por venezolanos capaces, libres de corrupción", a la vez que aseguró que se trataba de un "anuncio histórico" y que se iniciaba el "rescate" de la industria petrolera del país.

  A la cabeza del equipo directivo de PDV Holding Inc., fue designada Luisa Palacios, una mujer proveniente del sector privado que se desempeña (ba) para el momento de su nombramiento, como jefe de Mercados Emergentes e Investigación Latinoamericana en la consultora estadounidense Medley Global Advisors. Hay que acotar que PDV Holding Inc., es la compañía que ejerce como propietaria de CITGO.  Junto a Palacios, conforman la directiva de PDV Holding Inc está integrada por Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla. La designación de la Asamblea Nacional igualmente ubica a Palacios y a Rincón en la dirección de la Junta Directiva de CITGO Holding Inc, acompañados por Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez, Javier Troconis y Rick Esser, mientras que en CITGO Petroleum Corporation: Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmeta, Andrés Padilla y Rick Esser.  Cuando estos nombramientos ocurrieron, no hubo explicación acerca del proceso de selección, ni de quién o quiénes propusieron a los candidatos.

Los cambios con la nueva directiva

   Es de resaltar que las antiguas directivas de CITGO designadas por la PDVSA controlada por el fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro, tuvieron como impronta la corrupción, la entrega de cientos de contratos a empresas fantasmas a cambio del pago de millonarios sobornos a los funcionarios que tenían la responsabilidad de las negociaciones. De esto sobran los ejemplos, pues basta nombrar entre muchísimos casos, el de José Manuel González Testino y sus empresas, Modesto Díaz y su empresa Caribbean Style Inc., Samark López y Yakima, para entender cómo desde la filial de PDVSA en EE. UU. —con la participación de empleados y funcionarios de alto nivel ejecutivo— se violaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, al instituirse el cobro comisiones como una práctica común a la hora de asignar los contratos.

   Es por ello que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene la lupa puesta sobre CITGO, pues son muy serios los señalamientos acerca de la falta de control en la empresa, lo cual permitió la comisión de gran cantidad de delitos que en la actualidad son investigados. Se trata de una serie de casos denunciados, que daban cuenta de sujetos y entidades que actuaron irregularmente en desmedro del patrimonio venezolano valiéndose del territorio estadounidense para cometerlos. En muchos de estos casos, los responsables han admitido su culpa y en otros los fiscales federales trabajan para determinar la responsabilidad de los mismos.

Silencio sobre la corrupción de CITGO

   Para toda corporación es fundamental mantener una buena imagen y, por ello, procuran evitar a toda costa evitar los escándalos en la prensa. Mostrarse ante el público como una firma transparente y alejada de los malos manejos es vital. Mantenerse limpios Mantener es, pues, una práctica que beneficia a la empresa y aminora las crisis.

    En el caso de las empresas privadas son varias las herramientas, mecanismos y prácticas que facilitan el mantenerse lejos del escrutinio periodístico, evitando así que los ojos de la prensa husmeen en sus acciones o decisiones internas. El panorama es otro cuando se trata de corporaciones estatales, pues sencillamente se trata de entes de interés público. El asunto, por tanto, cambia. Es el caso de CITGO, perteneciente al estado venezolano y, por ello, es —debe serlo—foco de atención no solamente de la prensa, sino también de los organismos de control. Sus actos deben ser rigurosamente supervisados y las denuncias que sobre ella surjan deben y tienen que ser investigados por la Asamblea Nacional y entidades contraloras de Venezuela.

   Desde Venezuela Política seguiremos informando sobre la corrupción pública de PDVSA y de CITGO, sobre el abuso de poder en el gobierno venezolano —sea este del de Nicolás Maduro o el de Juan Guaidó— y sobre aquellos contratistas que se han beneficiado de sus contactos en estas empresas estatales, cualesquiera sean los años en que los delitos se hayan cometido, así como a aquellos funcionarios públicos, o empleados —venezolanos, estadounidenses o de cualquier nacionalidad— que con su actuación hayan permitido la comisión de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Denunciaremos a quien sea —esté o no apadrinando— cuando haya obviado, silenciado, permitido, ocultado información, aprobado negociaciones o cualquier acto irregular.

  ¿Por qué lo hacemos y lo seguiremos haciendo? Porque CITGO y PDVSA son entidades fundamentales para el país y son objeto de gran interés público y porque el pueblo venezolano, debe estar al tanto de estas historias en desarrollo. 

  Para ser claros, la información publicada en estas páginas no representa ninguna campaña personal contra los funcionarios públicos de PDVSA y CITGO, ni contra los ejecutivos de la corporación venezolana en Houston, ni contra los contratistas beneficiados de la corrupción permitida o autorizada por aquellos personeros que poseen poder en la toma de decisiones. No. La información publicada en este portal es el fruto de información cuidadosamente investigada y verificada de forma independiente, gran parte de la cual ya es de registro público. Las fuentes cultivadas por años de trabajo en el periodismo de investigación independiente nos permiten tener acceso a información veraz sobre la corrupción de la industria petrolera venezolana.

  Venezuela Política ha informado y continuará informando de manera neutral y profesional, siguiendo los estándares generalmente aceptados de la industria para verificar (y volver a verificar) antes de publicar su información.

  Venezuela Política y su editora están constitucionalmente protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

    Del mismo modo, la Ley de Derechos Civiles de Nueva York § 74 (que codifica el llamado “privilegio de informe justo”) establece, en la parte pertinente, que “[una] acción civil no puede mantenerse (...) para la publicación de un informe justo y verdadero de cualquier procedimiento judicial”. En particular, los tribunales han sostenido que "[c] omisiones que esencialmente resumen o reafirman las alegaciones de un alegato presentado en una acción son el tipo de declaraciones que caen dentro del privilegio del § 74". Lan Sang v. Ming Hai, 951 F. Supp. 2d 504, 521 (S.D.N.Y.2013).

    Los tribunales de Nueva York han aplicado recientemente esta ley para desestimar demandas por difamación contra abogados [y representantes de los medios] por escribir sobre procedimientos judiciales. Ver, por ejemplo, Katz v. Lester Schwab; Rakofsky v. Wash. Post. Tanto Florida como Nueva York reconocen una forma del "privilegio de informe justo".

    La ley de Nueva York también prevé sanciones (incluidos los honorarios de los abogados) contra las partes y los abogados por realizar presentaciones frívolas. Ver, por ejemplo, 22 NYCRR 130-1.1; NY CPLR 8303-a.

   En este sentido, dejamos sentado que Venezuela Política respalda sus informes con documentos y citas de fuentes vinculadas directamente con la industria petrolera (PDVSA y CITGO).

  Las publicaciones de Venezuela Política están protegidas por privilegios calificados, lo que significa que los artículos de este blog e informes de investigación son discursos protegidos a menos que se pueda demostrar que se publicaron declaraciones difamatorias intencionalmente, imprudentemente o con malicia, odio, rencor o resentimiento. Este no es el caso con las investigaciones dadas a conocer donde se exponen casos denunciados de corrupción y abuso de poder.

A manera de aclaratoria

  Por lo expuesto en estas líneas, la señora Luisa Palacios debe entender que CITGO es una empresa de interés público y que la sociedad venezolana tiene el derecho de conocer si los funcionarios y ejecutivos a cargo de la gerencia de esta empresa del estado venezolano han cumplido con las leyes de Estados Unidos, así como con el deber que tienen de administrar el dinero público con transparencia y honestidad.

  No se puede ordenar en una empresa de interés público silenciar las denuncias de corrupción, acosar, presionar y amenazar a los empleados de manera aleatoria e irresponsable, acusándolos equivocadamente de difundir la información sobre actos de corrupción que se filtra a la prensa. No se puede actuar de esta forma, argumentando que la divulgación de las denuncias de corrupción no le conviene al negocio de la corporación, en lugar de tomar acciones contundentes para combatir dicha corrupción y las malas prácticas.

  Lo pertinente es investigar y retirar a los funcionarios del ejercicio de sus cargos cuando estén señalados de cometer actos irregulares vinculados a las denuncias de sus cargos hasta tanto se aclare su situación. Lo prudente es optimizar los mecanismos de control y las normas para la entrega de contratos, cumplir con las reglas de transparencia de la corporación y vigilar que CITGO sea una empresa que lucha contra las malas prácticas.

Presiones de los abogados

  En Venezuela Política hemos conocido por diversas fuentes que Judith Colbert, Consejera General de CITGO (General Counsel) y Cristina Espinosa Rodríguez, abogada externa de Hogan Lovells, así como también el abogado externo, Michael Gottlieb ejercen presiones sobre empleados para que confiesen quién filtra la información al "blogger"(Venezuela Política/Maibort Petit). Los abogados que sirven a Palacio también buscan los culpables de la filtración fuera de la corporación, haciendo denuncias infundadas  y absolutamente falsas y paranoicas sobre esta "blogger".

   Todo indica que CITGO quiere el silencio de sus empleados y está dispuesto a pagar por ello, de modo que sigan en el olvido los casos de corrupción y otras violaciones a leyes federales. Cuando se observa el modus operandi de algunos miembros de la directiva actual necesariamente nos hacemos unas preguntas: ¿Por qué quieren callar?, ¿Quién autorizó a la junta directiva de Guaidó a ocultar la verdad? ¿Qué del daño hecho a Venezuela por empleados, directores y terceras personas, así como por dueños de entidades intermediarias (Shell Companies), durante más de 10 años?, ¿Por qué la señora Luisa Palacios no ha acometido las acciones para identificar a los responsables de las transacciones irregulares de la empresa?, ¿Cuáles son las intenciones o es que no hay intenciones?, ¿Por qué no se hace mayor énfasis en tratar de recuperar estos activos de la empresa (más de 8 billones en compras fraudulentas), ni de identificar y llevar a los responsables a la justicia?, ¿Por qué, con una actitud pasiva se sigue protegiendo a los cómplices de Nelson Martínez, asegurándole sus empleos en CITGO?, ¿Qué ocurrió en la reunión (diciembre 2019) con los miembros de la Asamblea Nacional en la sede de CITGO, Houston?, ¿Por qué no se ha producido el conocimiento del informe que ilustre el manejo de la corporación?, ¿Por qué no se ha sustituído del panel de las empresas de contratan con CITGO aquellas corporaciones que han sido señaladas de haber cometido irregulares con PDVSA, Bariven y CITGO?, ¿Trafigura?, ¿Mercuria?, ¿Vitol?, ¿Lukoil Pan American?, ¿Petrochina?, ¿Aquinor Marketing & Trading?. Sin muchas las preguntas sin respuestas.

A modo de recordatorio

Con el objetivo de refrescar la memoria, traemos de nuevo algunas de nuestras reseñas en las que hemos dado cuenta de las irregularidades o denuncias formuladas por terceros acerca de manejos turbios ocurrido en el seno de CITGO.

  Por ejemplo, en fecha 10 de enero del presente año 2020, referimos que la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, había denunciado las presuntas prácticas fraudulentas y corruptas llevadas a cabo bajo la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante Luisa Palacios, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían. Entre estos papeles, se encontraba un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, momento para el cual este ejercía la presidencia de la empresa.

  Informamos en ese entonces que Gómez remitió a Palacios un correo electrónico el 3 de mayo de 2019, en el que refería un caso de retaliación en su contra. Explicó allí que durante su ejercicio como vicepresidenta de RRHH denunció varias veces la retaliación de que era objeto desde marzo de 2017 en razón de su negativa “en múltiples ocasiones de formar parte de transacciones ilegales dentro de la dinámica corrupta y delictiva mantenida por Nelson Martínez y su equipo de trabajo [la cual se] venía practicando dentro de la empresa”. Para sustentar sus afirmaciones, Gómez le entregó a Palacios una serie de documentos que demostrarían, según su visión, “los hechos, retaliaciones, y nombres de personas responsables aún activas en CITGO y las acciones que me ha correspondido asumir”.

  Tales documentos eran una carta que ilustraba el escenario y retaliaciones de la gerencia en su contra; un informe confidencial para la gerencia de CITGO donde se reportaban formalmente las retaliaciones en su contra cometidas por Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas; un informe a la Gerencia de CITGO sobre hechos de fraude, conductas no éticas, y maltratos contra empleados honestos que cumplieron con su deber al reportar casos de corrupción en la filial; un conjunto de correos electrónicos que supuestamente evidenciaban el abuso de poder y las violaciones de derechos a los trabajadores por parte de Judith Colbert, “actual consultora legal de CITGO, al bloquear arbitraria e ilegalmente la investigación sobre las retaliaciones en mi contra ordenada por la gerencia de CITGO” (...) "Respecto al último punto, refirió que Colbert en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García" 

  Reiteró a Palacios las denuncias formuladas anteriormente ante Asdrúbal Chávez, relativas a actividades inapropiadas en las funciones de compensación, contratación; violación de las leyes federales, laborales y de inmigración de los Estados Unidos a través de prácticas implementadas por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas; violación de los controles internos, fraude de compras, conflicto de intereses, contratos de suministro y comercialización contra el interés de CITGO y PDVSA; operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas, implementadas supuestamente por Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas; la contratación por parte de Martínez de los servicios de consultoría de GFC Consultores LLC para trabajar en Recursos Humanos y otras áreas, aun cuando no habían sido solicitados por ninguna de las vicepresidencias de negocios ni estaban incluidos en el presupuesto, siendo que dicha compañía era propiedad de un pariente de Martínez; cambios irregulares en el fondo de pensiones con el objetivo de obtener de obtener una jubilación millonaria aun cuando no reunía las condiciones para ello[1].

   En mayo de 2019, dimos a conocer que CITGO Petroleum Corporation supuestamente habría pagado millones de dólares a la empresa Yakima Trading Corporation, propiedad de Samark López Bello, tal como consta en la demanda que Marisol Gómez en la Corte del Condado de Harris, en Texas. El monto pagado habría ascendido a USD 2.378.534, aun cual dicha empresa está sancionada por la OFAC desde 2017 por sus vinculaciones con el narcotráfico, lavado de dinero, entre otros delitos atribuidos al exvicepresidente y actual Ministro de Industria venezolano, Tareck Zaidan El Aissami[2].

  Del mismo modo, hemos denunciado las consecuencias para CITGO que la actuación torpe o indebida de las autoridades de la filial petrolera —la actual y las anteriores—han significado para la que se considera el principal activo del estado venezolano en el extranjero en el caso de los bonos PDVSA 2020[3].

   Dimos a conocer que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a través de la empresa de maletín Caribbean Style Inc., registrada en el estado Texas, con el objetivo de triangular y pagar los gastos de viaje, logística de sus agentes, así como de propaganda política de sus gobiernos en Estados Unidos, los cuales fueron cargados a cuenta CITGO[4]. En este sentido, informamos como la citada firma sirvió para CITGO pagara los gastos de viaje y viáticos de la entonces canciller Delcy Rodríguez, de los representantes diplomáticos de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, del personal del Consulado venezolano en Nueva York y de la costosa propaganda del régimen en la Gran Manzana[5].

Seguiremos informando...


Citas

[1] Venezuela Política. “Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO”. 10 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/informe-revela-presuntas-practicas.html

[2] Venezuela Política. “La empresa de Samark López y Tareck El Aissami obtuvo contratos con CITGO y PDV USA violando la normativa interna de la petrolera”. 21 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/conoce-todos-los-detalles-de-los.html

[3] Venezuela Política. “El incierto destino de CITGO: Los bonos de la discordia (III)”. 21 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/el-incierto-destino-de-citgo-los-bonos.html

[4] Venezuela Política. “Caribbean Style: La empresa con el chavismo se promocionó en EE. UU. a expensas de CITGO”. 6 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/caribbean-style-la-empresa-con-el.html

[5] Venezuela Política. “CITGO usó empresa de maletín para cubrir gastos de los viajes de Delcy Rodríguez en NYC y la propaganda política del régimen de Maduro”. 19 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/citgo-uso-empresa-de-maletin-para.html