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viernes, 15 de octubre de 2021

Las razones de la fiscalía para oponerse a la libertad bajo fianza de Paulo Jorge Da Costa, artífice del esquema de corrupción de Rincón y Shiera

  El gobierno sostiene que el acusado carece de vínculos con los Estados Unidos, por lo que existe un claro riesgo de huida de su parte.

Por Maibort Petit

    Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta está señalado junto a Daisy Teresa Rafoi Bleuler, de ser artífice del esquema de corrupción mediante el cual los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) sobornaron a funcionarios de la compañía estatal para la obtención de contratos y acelerar el pago de facturas pendientes de contratos anteriores. Rincón y Shiera fueron acusados, junto a una veintena de funcionarios venezolanos de varios delitos de lavado de dinero y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Da Costa Casqueiro Murta y Rafoi Bleuler, gestores patrimoniales europeos activos, actuaron en conjunto con Javier Alvarado Ochoa, expresidente de Bariven, unidad de compras de PDVSA, para lavar el dinero proveniente del referido esquema de sobornos que alcanzó los USD 1.000 millones y se extendió entre 2011 y 2014.

   Por este caso, el gobierno estadounidense ha anunciado cargos contra 28 personas en relación con la investigación, 22 de los cuales se han declarado culpables.

    Además, Da Costa Casqueiro Murta ha sido investigado en Portugal por estar relacionado con la quiebra del Grupo Espírito Santo.

   La fiscalía acusó a Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1956 (h), un cargo de conspiración para violar la FCPA, en violación de 18 U.S.C. § 371, y dos cargos de lavado de dinero promocional internacional, en violación de 18 U.S.C. Sección 1956 (a) (2) (A).

   El 29 de abril de 2019, se emitió una orden de arresto en su contra fuera del Distrito Sur de Texas. En mayo de 2019, fue arrestado en Portugal y el gobierno inició formalmente un procedimiento de extradición, pero luego de un breve arresto, fue puesto en libertad, aunque las autoridades portuguesas le impusieron restricciones adicionales.

  Posteriormente, el acusado apeló su extradición a múltiples tribunales en Portugal y al menos a un tribunal en la Unión Europea. El 2 de junio de 2021, después de agotar todos sus recursos de apelación, fue nuevamente arrestado por las autoridades portuguesas y detenido en espera de su extradición.

  El 9 de julio de 2021, Paulo Da Costa Casqueiro Murta fue trasladado desde Portugal al Distrito Sur de Texas, donde tuvo su primera comparecencia en este asunto el 12 de julio de 2021. El gobierno solicitó su detención y el demandado solicitó tiempo adicional para prepararse para la audiencia de detención, la cual tuvo lugar los días 22 y 26 de julio de 2021. Allí, la Corte determinó que la fiscalía había demostrado con evidencia clara y convincente que ninguna condición podía asegurar razonablemente la comparecencia del acusado. Sin embargo, la Corte le brindó la oportunidad de presentar un escrito en el que expusiera las condiciones específicas de la liberación que solicitaba y para identificar un caso con hechos similares.

La respuesta de la Fiscalía

  El 12 de agosto de 2021, Sonali D. Patel, subjefe de la Sección de Fraudes de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, la respuesta del gobierno en oposición al escrito de Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta en apoyo de la fianza, bajo el alegato de que el acusado presenta un riesgo de fuga significativo al ser ciudadano de un país que no extradita y ser poseedor de activos importantes en el extranjero y sin no vínculos con los Estados Unidos.

   Da Costa Casqueiro Murta está acusado de participar en una conspiración internacional de lavado de dinero por su papel en la estructuración de transacciones para ocultar pagos de sobornos y ganancias delictivas, delitos de los cuales, la fiscalía asegura tener pruebas sólidas. De ser declarado culpable, enfrentaría una sentencia de prisión sustancial de 292 a 365 meses de prisión.

    El gobierno advirtió al tribunal que el acusado no ha identificado los casos solicitados en los que un acusado en una situación similar fuera puesto en libertad bajo fianza. En tal sentido, la fiscalía pidió a la Corte mantener detenido al acusado de conformidad con 18 U.S.C. Sección 3142 (e) (1).

   Estados Unidos solicitó que la Corte que imponga una orden de detención contra Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta y lo mantenga en custodia en espera de juicio.

Los argumentos

   En su escrito, la fiscalía luego de exponer lo que la Ley de reforma de la fianza establece, así como la jurisprudencia, advierten que el demandado está en riesgo de fuga y debe ser detenido.

   Recordaron que el Tribunal en fecha 26 de julio de 2021 estableció el riesgo de fuga por parte del acusado, quien no tiene vínculos con el Distrito Sur de Texas, ni con los Estados Unidos fuera de su actividad criminal. 

   Subraya que Da Costa Casqueiro Murta es natural de Suiza, un país que no extradita a sus ciudadanos a EE. UU., su familia vive en el extranjero, siendo que su esposa, hijos y hermanas viven en Portugal, mientras que los hijos de su esposa residen en Suiza. Anteriormente alquiló un apartamento en Dubai, otro lugar desde el que es poco probable que se produzca la extradición.

  Destacan la fiscalía que, habiendo el acusado conspirado para ejecutar un plan internacional de lavado de dinero y soborno, utilizando cuentas en Suiza y Dubai, es muy probable que tenga activos internacionales que el gobierno no ha podido identificar, rastrear o congelar.

   Indican que la naturaleza y las circunstancias de los delitos que se imputan al acusado en el auto de procesamiento sustitutivo pesan a favor de la detención y el posible castigo resultante proporcionan un amplio incentivo para huir.

    El gobierno hace una exposición acerca de los co-conspiradores y los coacusados del acusado, quienes han sido detenidos en el distrito sur de Texas a pesar de tener bases más sólidas para su liberación que las que tiene en este caso Paulo Da Costa.

Sustento legal poco convincente

   El gobierno alerta al tribunal que Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta no ofreció en la audiencia del 26 de julio de 2021 un solo caso que responda a la pregunta que se le planteó y, en cambio, hizo mención a seis casos fuera del circuito que son inapropiados y distinguibles. Agregan que al demandado tampoco menciona a los coacusados en situación similar que fueron detenidos a pesar de tener vínculos mucho más amplios con el distrito, haber renunciado a la extradición y comparecer voluntariamente en los Estados Unidos.



     Recordó la fiscalía que el demandado apeló su extradición a todos los niveles del sistema legal portugués y a un tribunal de la Unión Europea, y el gobierno de Suiza no ha garantizado ni garantizará su comparecencia en el tribunal del distrito sur de Texas.

Argumentos fallidos del acusado

   El gobierno le refiere al tribunal que Paulo Da Costa Casqueiro Murta argumenta, entre otras cosas, que debido a que no huyó de Portugal a Suiza, no debe considerarse un riesgo de fuga de los Estados Unidos, pero obvia mencionar que mantiene amplios vínculos con Portugal, donde vivía con su esposa. En territorio luso, el demandado posee tres propiedades, incluida su residencia principal, un apartamento y un rancho. Recuerdan que los portugueses “congelaron” estas propiedades, valoradas en aproximadamente USD 3,5 millones, así que huir de esa nación habría implicado el abandono de esos importantes activos. Además, el acusado debió pagar una fianza de € 750,000 (aproximadamente USD 875.000). “En resumen, si el Demandado se fuera de Portugal, abandonaría la comunidad en la que vivía, junto con activos sustanciales y una fianza significativa. Estos son precisamente el tipo de vínculos comunitarios y activos significativos de los que carece en Estados Unidos”.

   Respecto al problema médico que el acusado indica que padece de colesteatoma y por ello debe ser liberado, que requiere su liberación. Identificación. En este sentido, aunque la fiscalía reconoce la condición médica del demandado, alerta que esto no mitiga el riesgo de que huya ni justifica su liberación. “El Demandado no ha proporcionado ninguna prueba de que la Oficina de Prisiones no pueda brindarle la atención médica adecuada mientras espera el juicio”.

miércoles, 13 de octubre de 2021

Fuentes: Hubo complicidad interna en CITGO para el pago de USD 15 millones a empresa del excongresista David Rivera

  La filial de PDVSA, PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda inicial contra Interamerican Consulting Inc.

Por Maibort Petit

   El caso que se libra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York entre PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Interamerican Consulting Inc., propiedad del excongresista de le Estados Unidos, David Rivera, va más allá de un simple reclamo por incumplimiento de contrato, de acuerdo a lo que revelan fuentes ligadas al caso. Informantes de Venezuela Política advierten que, evidentemente, los USD 15 millones que involucra la demanda fueron extraídos de CITGO con complicidad interna. Una serie de manejos por parte de Gina Coon, tesorera, y José Pereira, ex vicepresidente de la filial, quien habría ordenado a la primera hacer el pago, pues se trataba de “una orden de arriba”, emanada de Nelson Martínez.
   Dichas fuentes sostienen que los manejos irregulares son fáciles de detectar con solo revisar los movimientos bancarios de la empresa en el JP Morgan. Al mismo tiempo, advierte que debe ponerse la lupa en Marcia Wiss, abogada de ejercicio en Washington, quien habría sido la artífice de la transacción en conjunto con los funcionarios de CITGO y PDVSA.
  El dinero de la disputa, presentando como un pago por supuestos servicios de cabildeo que la empresa de Rivera no habría finalmente prestado, habría tenido otro destino que, según el excongresista, eran fondos destinados al financiamiento de las protestas promovidas por la oposición venezolana contra el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  El asunto terminó ventilándose en los tribunales y desde el momento mismo en que PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), suscribió un contrato con la empresa del ex congresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting Inc., por presuntos servicios de asesoría de la segunda para con la primera, comenzó una diatriba que parece no tener fin y una serie de acusaciones entre las partes no tienen cuándo terminar.

  El último capítulo en esta guerra de corresponde a la demandante inicial, PDV USA Inc. la cual presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York su respuesta a la contrademanda que Interamerican ejerció el 19 de agosto del presente 2021, negando todos los términos de la misma.

  El pasado 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc. presentó una contrademanda en contra de PDV USA Inc. en la que negó todos los términos de la demanda interpuesta por esta última en su contra acusándola por incumplimiento de contrato. La empresa del ex congresista republicano, David Rivera, aseguró que es la filial de PDVSA la que debe pagar USD 30 millones que serían el saldo del contrato[1].

La respuesta de PDV USA

  El 24 de septiembre de 2021, Jeffrey B. Korn, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa los intereses de PDV USA Inc. en el caso en que demanda a la empresa Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, presentó su respuesta y defensas afirmativas a las contrademandas del demandado al tiempo que pidió a la Corte desestimar dichas contrademandas; otorgarle sentencia a su favor de acuerdo a lo solicitado en la Demanda Enmendada; y cualquier otra compensación adicional que el Tribunal considere justo y equitativo.


   PDV USA Inc. negó las alegaciones de Interamerican en su contrademanda, limitándose a admitir que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la matriz última de CITGO Petroleum Corporation (CITGO) y que David Rivera es un excongresista de los Estados Unidos, propietario de la compañía demandada, con el que celebró un acuerdo para que esta le prestara supuestos servicios de consultoría el 21 de marzo de 2017, y que Interamerican se negó a dar su consentimiento al “Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción al Acuerdo de Consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017”.

   PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda contra Interamerican Consulting Inc., a saber, un cargo por Incumplimiento de contrato; un cargo de por Enriquecimiento injusto; su sentencia declaratoria; al tiempo que enfatizó el pedido de alivio pues, asegura, que la demandada no tiene derecho alguno a las reparaciones que reclama.

Las defensas afirmativas de PDV USA

   Ante las contrademandas de Interamerican Consulting Inc., PDV USA Inc. afirmó sus defensas sin perjuicio de cualquier posición que pueda adoptar con respecto a la carga de la prueba sobre dichas defensas. Asimismo, se reserva el derecho de hacer valer defensas adicionales, incluidas las basadas en hechos revelados mediante descubrimiento o investigación adicional.

   En este sentido, PDV USA en su Primera defensa afirmativa destaca que la contrademanda no establece un reclamo sobre el cual se pueda otorgar una reparación.

 La Segunda defensa afirmativa sostiene que el reclamo de Interamerican por incumplimiento de contrato está excluido por su propio incumplimiento material previo.

   Entretanto, la Tercera defensa afirmativa de PDV USA refiere que los reclamos de Interamerican están excluidos en todo o en parte por las doctrinas equitativas de manos sucias, destituciones, preclusión y/o renuncia.

   A su vez, la Cuarta defensa afirmativa indica que cualquier reclamo de reparación equitativa o declaratoria está excluido porque el Interamerican tiene un recurso adecuado en la ley.

    La Quinta defensa afirmativa de PDV USA advierte que los reclamos de Interamerican están excluidos, en todo o en parte, porque el Acuerdo es inválido, ilegal, nulo y/o nulo ab initio y, por lo tanto, inaplicable. Recuerda que el presidente de Interamerican, David Rivera, declaró a la prensa poco después de la presentación de la demanda, indicando que su empresa nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del contrato.

   Por último, la Sexta defensa afirmativa asevera que la reclamación de Interamerican por incumplimiento de contrato se excluye en todo o en parte porque no cumplió con una condición precedente en virtud del Acuerdo.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html

jueves, 7 de octubre de 2021

Tribunal de Texas aprueba incorporación de nuevo fiscal al caso de Luis Carlos De León-Pérez

  El representante del gobierno se incorporó el 23 de agosto de 2021.

Por Maibort Petit

    Desde el 23 de agosto del presente 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas aprobó una Moción y orden de admisión Pro Hac Vice, que permite la incorporación del fiscal Drew Bradylyons, al caso que en dicha corte se ventila entre los Estados Unidos y Luis Carlos de León-Pérez.

   Las mociones Pro hac vice son un recurso legal por el cual un abogado que no ha sido admitido para ejercer en una determinada jurisdicción pueda participar en un caso particular en dicha jurisdicción.

    Luis Carlos de León-Pérez, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), admitió en julio de 2018 su culpabilidad respecto a los cargos de corrupción y lavado de dinero que se le imputaban.

   Exfuncionario del gobierno venezolano participó en un esquema a través del cual cobraban sobornos millonarios a las empresas que participaban en las licitaciones de la empresa pública de servicio eléctrico de la cual era directivo.

   Tras declararse culpable pagó una fianza de USD 250.000 y, desde entonces aguarda porque se le fije sentencia[1].

   Ya en varias oportunidades la corte a postergado el dictado de tal sentencia, primeramente, el 24 de septiembre de 2018, luego el 7 de octubre de 2019 y, recientemente, el juez Kenneth M Hoyt hizo una reprogramación del cronograma y fijó la finalización del Informe Previo a la Sentencia para el 4 de octubre de 2021, al tiempo que dio hasta el 18 de octubre como la fecha tope para que se presenten las objeciones al mismo. Se restableció la sentencia para el 8 de noviembre de 2021 a las 10:00 a. m. en la Sala 11A[2].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel”. 16 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/tras-declararse-culpable-y-pagar-una.html


[2] Venezuela Política. “Corte reestablece fecha de la sentencia de Luis Carlos de León Pérez”. 21 de septiembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/09/corte-reestablece-fecha-de-la-sentencia.html


 

lunes, 4 de octubre de 2021

CITGO obtiene USD. 556 millones en reembolso de impuestos bajo la Ley de ayuda del gobierno de EE. UU. por la Pandemia de COVID-19

   CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A., y cuya finanzas atraviesan  problemas de liquidez, recibió una cantidad neta de aproximadamente USD 556 millones del Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un documento corporativo interno obtenido y verificado por el portal Zignox.

   Zignox informó que CITGO recibió la devolución de impuestos, cuyo monto incluye intereses, el 27 de septiembre de 2021. Según los documentos revisados por el medio, CITGO había solicitado el reembolso en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, conocida como “Ley CARES”.

  CITGO, que en el segundo trimestre reportó una utilidad neta de USD. 3 millones y un EBITDA de USD. 214 millones, posee y opera tres refinerías a gran escala, con una capacidad de crudo combinada de aproximadamente 769,000 barriles por día, ubicadas en Lake Charles, Luisiana. ; Lemont, III; Lemont, III.; y Corpus Christi, Texas, según un comunicado de prensa oficial publicado el 16 de agosto.

  CITGO también tiene participación accionaria en 39 terminales activos de almacenamiento y transferencia de productos refinados, y tiene acceso a más de 120 terminales de terceros y partes relacionadas a través de acuerdos de intercambio, terminales y similares, según el sitio web de la empresa.

 Leer artículo original aquí.

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Los delitos de César David Rincón Godoy en PDVSA y la nueva fecha de su sentencia

   El magistrado del tribunal del Distrito Sur de Texas impondrá la pena el 8 de noviembre del presente 2021.

Por Maibort Petit

   La sentencia que deberá pagar César David Rincón Godoy por la comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero, se conocerá en noviembre del presenta año 2021, se acuerdo al cronograma que estableció el juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Kenneth M. Hoyt
   El magistrado dijo, específicamente el 8 de noviembre a las 10 de la mañana, como la fecha en que se determinará la condena que deberá cumplir el exgerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El acto tendrá lugar en la Sala 11A del tribunal.

   Rincón Godoy formó parte de un esquema internacional de lavado de dinero[1]mediante el cual se buscaba la legitimación de sobornos pagados para asegurar de manera corrupta contratos de PDVSA. Los cabecillas de la trama eran los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera.

  El 19 de abril de 2018, César David Rincón Godoy se declaró culpable de haber integrado la trama de lavado de dinero de fondos provenientes de sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano con el propósito de asegurar de manera corrupta contratos de energía y priorizar el pago de facturas pendientes.

  Al momento de declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, Rincón Godoy fue impuesto de una sentencia monetaria personal de USD 7.033.504,71 la cual aceptó pagar a través de dicte una orden de decomiso.

  En aquel entonces se fijó el dictado de la sentencia para el 9 de julio de 2018 y, desde entonces, ha visto prorrogándose.

  El juez Hoyt, además, fijó para el 11 de enero de 2021, para la presentación del Informe Previo de la Sentencia (PSI), mientras que será el 18 de octubre el día para que se presenten objeciones al PSI.

Los cargos

  Junto a Luis Carlos De León-Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz-Chiesa y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, César David Rincón conformaron el grupo élite que comandó una de las más grandes estafas cometidas con la estatal petrolera venezolana. Fue arrestado en octubre de 2017 en España donde residía con base a una acusación de 20 cargos que cursa en el Tribunal del distrito Sur de Texas-División Houston. Fue extraditado a EE. UU. el 9 de febrero de 2018.

  Se declaró culpable el 19 de abril de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le impuso una sentencia monetaria personal por la cantidad de USD 7.033.504,71 y este accedió a que se dicte una orden de decomiso[2].

   En específico, la acusación refiere que César David Rincón y el resto de los imputados, solicitaron a los proveedores de PDVSA los sobornos y comisiones entre 2011 y 2013. A cambio de estos pagos, ellos lograban la aprobación de millonarios contratos y la agilización de la cancelación de las facturas pendientes de pago. Estos dineros obtenidos irregularmente, luego eran lavados mediante un esquema que comprendía numerosas transacciones financieras nacionales e internacionales para encubrir la naturaleza corrupta de los fondos.

  Sobre el cargo de Conspiración para cometer lavado de dinero, la acusación señala que César David Rincón Godoy “conspiró, se confederó y estuvo de acuerdo (…) sabiendo que la propiedad involucrada en una transacción financiera representó el producto de alguna forma de actividad ilegal, para realizar o intentar llevar a cabo dicha transacción financiera que de hecho representó el producto de una actividad ilegal específica, sabiendo que la transacción está diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA (…).

  En tal sentido, se especifica que Rincón Godoy prometió al Empresario 3 —un residente de Florida que controlaba, junto con otros, una serie de empresas, incluidas varias empresas de EE. UU. que se utilizaron para asegurar contratos con PDVSA— asistencia para recibir el pago de las facturas pendientes de los contratos de PDVSA, así como asistencia para obtener nuevos contratos de PDVSA, a cambio de pagos de sobornos.

  Igualmente, se indica que ordenó que los pagos de sobornos se enviaran a varios destinatarios distintos a él, incluidas empresas, intermediarios, parientes, amigos y asociados personales cercanos, con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente y propiedad de los pagos irregulares.

   Del mismo modo se dice que Rincón Godoy creó justificaciones falsas para algunos de los sobornos, incluidas facturas por servicios que nunca se prestaron, para ocultar su naturaleza delictiva.

Las acciones de Rincón Godoy

   La acusación precisa que el 29 de febrero de 2012, César David Rincón envió al empresario 3 un correo electrónico en el que decía, traducido al inglés, “Allí me preguntan si envió el dulce a [César Rincón, pariente 1]”, haciendo referencia a los pagos de sobornos. El empresario 3 respondió, traducido al inglés: "Ese dulce se enviará hoy a la casa de [César Rincón Pariente 1]". Más tarde ese día, el empresario 3 volvió a escribirle a Rincón Godoy, diciendo, traducido al inglés: “Tengo un pequeño problema con enviar todos los dulces hoy. Necesito sacarlo de la tienda principal para enviarlo a la sucursal y sabes que tenemos que tener cuidado con eso aquí, pero puedo enviar una buena carga hoy ".

   En la misma fecha, una empresa controlada por el Empresario 3 transfirió USD 150.710 a una cuenta a nombre de César Rincón Pariente 1. El Empresario 3 envió la confirmación: “Señor, Fue enviado. Gracias por todo…".

    El 16 de noviembre de 2012, César Rincón envió al empresario 3 un correo electrónico en el que decía, "Adjunto las facturas de las transferencias de [César Rincón Pariente 1]". Se adjuntaba una factura por un monto de USD 110.000 de una compañía controlada por César Rincón Pariente 1 y otra de una compañía controlada por el Empresario 3 supuestamente por “Asistencia técnica” en un proyecto de mantenimiento.

   El 14 de febrero de 2013, el empresario 3 firmó un cheque por USD 110.000 de una compañía controlaba por él, a una compañía controlada por César Rincón Pariente 1 y otro pariente. La línea de nota del cheque hacía referencia a un número de factura que coincidía con el número de la factura que César Rincón envió al empresario 3 el 16 de noviembre de 2012, referida anteriormente. Este cheque se presentó para su pago el 15 de febrero de 2013.

   En los cargos de la acusación comprendidos del ocho al once, relacionados con Lavado de dinero, se refiere que César David Rincón llevó a cabo una serie de transacciones financieras, a sabiendas de que las mismas afectaban el comercio interestatal y extranjero y que involucraron el producto de una actividad ilegal.

   Se señala que estas operaciones que representaban el producto de una actividad ilícita, fueron diseñadas, en su totalidad y en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de dicha actividad ilícita.

   Las referidas transacciones se definen en la acusación de la siguiente manera:



REFERENCIAS

[1] Departamento de Justicia. “Former Venezuelan Official Pleads Guilty to Money Laundering Charge in Connection with Bribery Scheme”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme

[2] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme

 

viernes, 20 de agosto de 2021

Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda

   Interamerican Consulting revierte el caso a su favor y reclama el pago del saldo del contrato suscrito con PDV USA Inc. por USD 30 millones.

Por Maibort Petit

   Una contrademanda que niega los términos de la demanda interpuesta por PDV USA Inc. en su contra por incumplimiento de contrato, presentó Interamerican Consulting Inc. la empresa propiedad del ex-congresista republicano, David Rivera, pues sostiene que muy por el contrario a tener que devolver los USD 20 millones recibidos por pago de sus servicios, debe igualmente recibir el saldo del contrato por USD 30 millones.
  Interamerican Consulting reiteró las manifestaciones de inconformidad vinieron cuando se negó a que el referido contrato fuera transferido de PDV USA Inc. a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), resistiendo la tentación de acceder al ofrecimiento de recibir el saldo del contrato para la fecha, USD 35 millones, si se consentía en dicho cambio.

  Fuentes ligadas al caso alertan "de la ya irregular suscripción de un contrato con una empresa de papel, toda vez que PDV USA Inc. fue constituida con la intención de llevar a cabo negociaciones irregulares, tanto con Interamerican, como con otras compañías igualmente cuestionadas, entre ellas, las empresas de José Manuel González Testino, y otros". 

   La fuente confirma que el contrato objeto de la demanda se ejecutó y pagó a través de CITGO Petroleum Corporation.

  Se estaría, por tanto, ante una negociación entre dos compañías de papel, toda vez que Interamerican Consulting Inc. es tenida como empresa de maletín.

  En tal sentido, nuestra fuente sostiene que, dadas estas circunstancias, "la demanda de CITGO está mal planteada por cuanto no se trata de un caso de incumplimiento de contrato, sino de una transacción ficticia establecida con un único objetivo de la lavar fondos sustraídos irregularmente de la filial de PDVSA en Estados Unidos". Se trata, entonces, "de un reclamo engañoso, por cuanto quienes en la actualidad demandan solo los mismos beneficiarios de contratos irregulares suscritos en esta y otras oportunidades a través del uso de esta entidad de control —PDV USA Inc.— creada para valerse del sistema comercial, legal y bancario de EE. UU. procesando transacciones fraudulentas, entre ellas, la legitimación de capitales".

La respuesta de Interamerican

  El 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc., respondió y sostuvo su defensa ante la Demanda Enmendada y otras contrademandas interpuestas en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por PDV USA Inc. por incumplimiento de contrato.

   A lo largo de su exposición, Interamerican refiere carecer de la información suficiente para comprender los alegatos de PDV USA en su demanda.

    Aunque reconoce haber establecido un acuerdo con PDV USA Inc. el 21 de marzo de 2017, Interamerican niega lo expuesto en la demanda, sus alegatos y asegura que cumplió los términos del contrato y con la presentación de informes en virtud de citado acuerdo.

  En trece puntos, Interamerican niega diversos aspectos de la demanda enmendada presentada por PDV USA en los que destaca la admisión de haber recibido pagos parciales por los servicios prestados en virtud del Acuerdo, al tiempo que reitera su reclamo de USD 30 millones de saldo del contrato. Y es que, según la demandada, es PDV USA la que violó el acuerdo al no pagarle los referidos USD 30 millones legalmente adeudados.

  Interamerican rebate cada punto de la demanda de PDV USA y refiere que en lo relativo a las “Partes”, admite que David Rivera es el presidente y agente registrado de la empresa, pero niega que Diana Rivera McKenzie sea empleada o vicepresidenta de la compañía.

   Sostiene que presentó todos los informes requeridos y niega que el nivel de detalle de los mismos incumpliese los términos del contrato o que de otra manera no haya informado a PDV USA, Inc. de los esfuerzos realizados.

  Asegura que, en ningún momento, PDV USA expresó su descontento con el desempeño de Interamerican en virtud del acuerdo y, por el contrario, sostiene que la demandante demostró su satisfacción.

  Igualmente refiere que las declaraciones de David Rivera no connotan violación a los términos del acuerdo.

   Interamerican Consulting Inc., pues, niega todas las acusaciones contenidas en la demanda de PDV USA Inc. que se admiten en su respuesta.
   Su primera defensa afirmativa referida al incumplimiento de pago, refiere que PDV USA Inc. incumplió el acuerdo al no pagar y negarse a pagarle los montos adeudados.

   La segunda defensa asegura que PDV USA Inc. renunció a cualquier supuesto incumplimiento de Interamerican en el cumplimiento de sus obligaciones, al no objetar tal incumplimiento y no rescindir el contrato.

   La tercera defensa insiste en que PDV USA Inc., con conocimiento y consentimiento, ratificó y aceptó las actuaciones de Interamerican en virtud del acuerdo a pesar de cualquier supuesto incumplimiento.

  La cuarta defensa asevera que los reclamos del demandante están prohibidos por la doctrina del estoppel, la cual establece que nadie puede actuar en contra de sus propios actos.

  La quinta defensa, igualmente sostiene que los reclamos de PDV USA están prohibidas por la doctrina de laches, la cual expone que un derecho o reclamo legal no se hará cumplir ni se permitirá si una gran demora en hacer valer el derecho o reclamo perjudica a la parte adversa.

  La sexta defensa también se remite a otra doctrina, esta vez, la de las manos inmundas, para alegar que los reclamos están prohibidos.

  La séptima defensa refiere que los reclamos del demandante por enriquecimiento injusto fracasan porque existe un contrato expreso entre PDV USA e Interamerican.

  La octava defensa de Interamerican dice que los reclamos de PDV USA sobre mitigación de daños, están excluidos porque no mitigó sus supuestos daños.

  Interamerican Consulting Inc. pide a la Corte negar las demandas de PDV USA Inc. y emitir una sentencia a su favor otorgándole, además, cualquier otra reparación adicional a la que pueda tener derecho, o que el tribunal considere justa y apropiada.
Contrademanda

  En su respuesta, Interamerican Consulting Inc. procede a contrademandar a PDV USA Inc. y sostiene que el acuerdo se estableció en razón de que CITGO Petroleum Corporation buscaba desarrollar un plan estratégico para desvincular a la filial de su casa matriz Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Por ello habría ofrecido pagar USD 50 millones, la que consideró una tarifa razonable, dado que la estatura pública y empresarial de CITGO estaba en peligro.

  El contrato se suscribió el 21 de marzo de 2017 para que Interamerican brinde estos servicios de consultoría de planificación estratégica en beneficio de CITGO.

  Asegura que, en ningún momento, CITGO expresó su descontento con el desempeño de Interamerican y sólo hasta que la demandada se negó a permitir que el acuerdo fuera asignado por PDV USA a PDVSA, entonces experimentó alguna resistencia por parte de PDV USA para hacer los pagos adeudados.

  Interamerican se negó a la reasignación debido a que esto socavaría la recomendación estratégica de que CITGO enfatizara su identidad independiente de su matriz venezolana.

  En tal sentido, sostiene que, PDV USA, no Interamerican, violó el acuerdo y destaca que no le debe nada a la primera, sino, por el contrario, PDV USA adeuda el saldo de USD 30 millones.

  Alega Interamerican que la Corte del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción para que curse la demanda, toda vez que las partes son de distintos estados y el monto en controversia es superior a USD 75.000.

  Advierte que la contrademanda que presenta es obligatoria bajo Fed. R. Civ. Pág. 13 (a) porque surge de la transacción o el hecho que es el tema de la queja Enmendada de PDV USA y no requiere agregar otra parte sobre la cual la Corte no puede adquirir jurisdicción.

Los cargos de la contrademanda

  El primer cargo es por incumplimiento de contrato, en razón de que Interamerican Consulting Inc. habría prestado todos los servicios a PDV USA en beneficio de CITGO en virtud del acuerdo, pero solamente pagó USD 20 millones y se negó a pagar los USD 30 millones restantes.

  El segundo cargo es por enriquecimiento injusto, alegando Interamerican que PDV USA se ha enriquecido gracias a sus servicios.

  El tercer cargo por sentencia declaratoria, por cuanto Interamerican afirma que prestó los servicios requeridos bajo el acuerdo, lo que le da derecho a retener los USD 20 millones que PDV USA pagó previamente y reclamar el saldo restante de USD 30 millones.

  Interamerican Consulting Inc pide la realización de un juicio con jurado sobre todos los asuntos planteados en la contrademanda.

martes, 17 de agosto de 2021

Juez de Texas cambia nuevamente fecha de la sentencia de los contratistas corruptos de CITGO y PDVSA: Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit

   La Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de CITGO, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares. Una decisión del juez Gray H. Miller  anunció que los dos contratistas corruptos serán sentenciados el 10 de febrero de 2022

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

La espera continúa

  Abraham José Shiera Bastidas, contratista de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

     La sentencia estaba prevista para el 19 de agosto de 2021 a las 10 AM.

jueves, 12 de agosto de 2021

Tribunal prorroga el dictado de la sentencia de González Testino hasta febrero de 2022

  El magistrado concedió la Moción Acordada de Continuidad presentada por la Fiscalía.

Por Maibort Petit

   Definitivamente no será este año 2021 la fecha en que se conozca la sentencia que el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston a cargo del juez Gray H. Miller dicte en contra de José Manuel González Testino, toda vez que el magistrado aprobó extender hasta el próximo año —específicamente para el 10 de febrero de 2022— la condena que deberá purgar el empresario por protagonizar un esquema de corrupción y lavado de dinero consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. para asegurar y mantener contratos de energía y logística con la estatal.
   El destino del contratista estadounidense y venezolano ha sido aplazado en varias oportunidades después de que, en primera instancia, se fijara el 28 de agosto de 2019 como el día en que esta se diera a conocer por el juez de la causa, luego de que se declarara culpable el 29 de mayo de 2019 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras.

  González que había sido arrestado el 31 de julio de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el territorio estadounidense, después de que el sistema judicial encontrara una causa probable para demandar al empresario, como efectivamente lo demandó.

 González controlaba varias empresas estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA, la cuales fueron utilizadas para, entre 2012 y 2018, obtener contratos millonarios a cambio de sobornos pagados a funcionarios de la estatal venezolana.

  El 19 de febrero de 2020 era la nueva fecha, después de que el magistrado aprobara un calendario en el que se establecía que el informe de investigación de presentación estaría disponible para el acusado antes del 17 de enero de 2020; antes del 31 de enero de 2020 debían hacerse las objeciones por escrito o la declaración de que no se tenían objeciones; antes del 14 de febrero de 2020, el oficial de libertad condicional debía presentar al juez el informe final de presentación con una adición que abordara los temas en disputa; asimismo, todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo deberían presentarse a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas; la sentencia se llevaría a cabo en la fecha antes indicada a las 10:00 a.m.

  Otro cambio operó y la sentencia de González Testino se fijó para el 19 de agosto de 2021 a las 10:00 a. m, pero como informamos al principio y detallamos a continuación, el dictado de sentencia se prorrogó hasta el próximo año 2022.

Orden de prórroga

  El 6 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Texas-Houston, Gray H. Miller, prorrogó el dictado de la sentencia contra José Manuel González Testino hasta el 10 de febrero de 2022 a las 10:00 a. m.

   Tal decisión la tomó el magistrado en atención a la Moción Acordada de Continuidad presentada por la fiscalía.

  Igualmente, el juez Miller indicó en su decisión que los plazos asociados también continúan, determinando que la preparación del Informe de Presencia inicial vence el 6 de enero de 2022, las objeciones vencen el 20 de enero de 2022 y el Informe de Presencia final vence el 3 de febrero de 2022.

REFERENCIAS

[1] Department of Justice. “Business Executive Pleads Guilty to Foreign Bribery Charges in Connection with Venezuela Bribery Scheme”. 29 de mayo de 2019. https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery

[2] Venezuela Política. “(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA”. 1 de agosto de 2018. https://www.venezuelapolitica.info/ee-uu-arresta-jose-manuel-gonzalez/

[3] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. fija fecha de sentencia de José Manuel González Testino culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en PDVSA y CITGO”. 11 de diciembre de 2019. https://www.venezuelapolitica.info/gonzalez-testino-fue-arrestado-el-31-de/



 

viernes, 23 de julio de 2021

Conozca los detalles del caso EE. UU. vs. CITGO por daños a recursos naturales en Luisiana

  Un derrame petrolero desde su refinería en Lake Charles es la causa de la acción legal que culminó con la imposición de una multa de más de USD 19 millones.

Por Maibort Petit

   Entre el cúmulo de demandas que ya acumula la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en los Estados Unidos, una entablada conjuntamente por el gobierno federal y estado de Luisiana, castiga la negligencia de CITGO en el manejo de los residuos petroleros a raíz de un derrame ocurrido en 2006, con una multa que sobrepasa los USD 19 millones y que se suma a la amenaza que cierne sobre el principal activo de Venezuela fuera de sus fronteras, al enfrentar  múltiples reclamos de resarcimiento que ponen en riesgo la existencia misma de la estatal.

  Ante el Tribunal para el Distrito Oeste de Luisiana, los Estados Unidos y el estado de Luisiana presentaron una demanda en contra de CITGO Petroleum Corporation por daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de los recursos naturales a consecuencia de la descarga de petróleo de su refinería en Lake Charles, en dicha entidad federal, ocurrida el 18 y 19 de junio de 2006. Los demandantes piden compensación y restauración, así como también recuperar los costos no reembolsados de evaluar dichos daños.

  El 16 de junio de 2021, el Departamento de Justicia presentó una propuesta Decreto de consentimiento con el Tribunal para Distrito Oeste de Louisiana en la demanda que conjuntamente entablaron contra CITGO Petroleum Corp. en la acción civil identificada con el número 2: 21-cv-1705.

  La aprobación del Decreto de Consentimiento por el Tribunal, significó la sentencia final del caso entre las partes.

    El Decreto de Consentimiento constituye el acuerdo final, completo y exclusivo de entendimiento entre las partes y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos anteriores, ya sean orales o escritos.

  Se advierte que el Decreto de Consentimiento terminará automáticamente una vez que se complete el pago por parte de CITGO Petroleum Corporation de los montos requeridos en virtud de la Sección VI y el pago de las sanciones estipuladas aplicables en virtud de la Sección VII.

La demanda conjunta

   La Demanda en este caso de daños a recursos naturales se presentó simultáneamente con la presentación del Consentimiento propuesto Decreto. Por un lado, la Demanda alega que CITGO es responsable por daños y perjuicios bajo OPA y OSPRA por haber vertido residuos petroleros en el Canal de Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario de Calcasieu en junio de 2006 ocasionando graves daños a los recursos naturales. Por el otro, el Decreto de Consentimiento propuesto establecía que CITGO pagará un total de USD 19.688.149,83, de los cuales USD 19,16 millones se destinarán a la restauración de la zona por los daños ocasionados por el derrame petrolero, mientras los restantes USD 528.149.83 se reembolsarán a los fideicomisarios por todos los costos de evaluación no pagados.

  Anteriormente, un juez federal de Luisiana, atendiendo una demanda interpuesta por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., declaró la causa del derrame en 2006 como “negligencia grave” de CITGO en la operación y mantenimiento de su instalación de tratamiento en Lake Charles.

   La acción legal fue presentada por el Fiscal General de los Estados Unidos, actuando a solicitud de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio (NOAA) y el Departamento del Interior (DOI), a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) y el Estado de Luisiana, a través de la Oficina del Coordinador de Derrames de Petróleo, Departamento de Correcciones y Seguridad Pública (LOSCO), Departamento de Recursos Naturales (LDNR), Departamento de Calidad Ambiental (LDEQ), Departamento de Vida Silvestre y Pesca (LDWF) y Autoridad de Restauración y Protección Costera (CPRA).

  Los demandantes procuran que CITGO se sustentan para esta acción civil en las Secciones 1002 (a) y 1002 (b) (2) (A) de la Ley de contaminación por hidrocarburos (OPA), 33 USC §§ 2702 (a) y 2702 (b) (2) (A), y la Sección 2480 de la Ley de Prevención y Respuesta a Derrames de Hidrocarburos de Luisiana (OSPRA), La. R.S. 30: 2480.

El primer reclamo

  El primer reclamo de alivio de los Estados Unidos y el estado de Luisiana es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 1002 de OPA.

  Refieren que el 18 de junio de 2006 cuando ocurrió el derrame petrolero, CITGO era el propietario y operador de la refinería en Lake Charles, Luisiana, incluida la unidad de tratamiento de aguas residuales y los tanques de almacenamiento relacionados.

   Dicha refinería es una "instalación en tierra" según el significado de la Sección 1001 (24) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (24). Además, CITGO era la "parte responsable" de la instalación en tierra dentro del significado de la Sección 1001 (32) (B) de OPA, 33 U.S.C. Sección 2701 (32) (B).

  Sostiene la demanda que los días 18 y 19 de junio de 2006, CITGO descargó millones de galones de residuos petroleros de dos tanques de almacenamiento de aguas residuales en su unidad de tratamiento de aguas residuales. Los referidos tanques de diez millones de galones fueron diseñados para servir como tanques para tormentas, eran utilizados incorrectamente por CITGO durante años al destinarlos para acumular residuos petroleros, lodo y aguas residuales aceitosas en su unidad de tratamiento. Ocurrió que, durante una tormenta, el aceite se desbordó de los dos tanques y estando la berma de contención secundaria alrededor de los tanques defectuosa, el petróleo fluyó hacia la vía fluvial y las costas adyacentes de Indian Marais y luego hacia el río Calcasieu y el estuario y las costas adyacentes.

  Debido a esto, al menos 54.000 barriles de residuos petroleros e incontables millones de galones de aguas residuales aceitosas fluyeron hacia las vías fluviales durante el incidente.

  Después del juicio en una acción de aplicación de la Ley de Agua Limpia relacionada, el tribunal de distrito determinó que la causa de la descarga de petróleo fue la negligencia grave de CITGO en la operación y mantenimiento de su planta de tratamiento de aguas residuales y la falta de suficiente capacidad de almacenamiento y tratamiento. La corte determinó que el derrame de petróleo de CITGO fue "masivo, excesivo y una tragedia".

  El derrame de petróleo se interpreta como la "descarga" que describe la Sección 1001 (7) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (7), mientras que el petróleo liberado en el incidente fue "petróleo" según el significado de la Sección 1001 (23) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (23).

   La descarga se produjo en aguas navegables de los Estados Unidos y contaminó una parte significativa del Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario. Las vías fluviales y aproximadamente 150 millas de la costa se contaminaron con petróleo, incluidas áreas pantanosas, de playa, residenciales e industriales, y una amplia variedad de recursos naturales fueron dañados por el petróleo vertido.

   Esto afectó a las especies marinas y a las aves que hacen vida en la zona y contaminó hábitats acuáticos y costeros. Asimismo, el derrame petrolero interrumpió durante diez días el comercio y la navegación a lo largo del Canal de Navegación y el Canal Intracostero, y redujo el uso recreativo del río y el estuario afectados.

   El derrame petrolero de CITGO causó daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de “recursos naturales” pertenecientes a los Estados Unidos o el Estado dentro del significado de la Sección 1001 (20) de OPA, 33 USC § 2701 (20), incluidos los hábitats pantanosos, submareales e intermareales y una amplia variedad de vida acuática, aves y vida terrestre.

  Los Fideicomisarios de los Estados Unidos y el Estado están coordinando la evaluación de daños a los recursos naturales y los esfuerzos de restauración, además de haber incurrido en costos para ello.

El segundo reclamo

  El segundo reclamo es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 2480 de OSPRA.

  Se explica que los fideicomisarios de Luisiana, LOSCO, LDNR, LDEQ, LDWF y CPRA actúan como Fideicomisarios estatales bajo OSPRA según La. R.S. 30: 2451, et seq. y LA. Código de Administración tit. 43, parte XXIX, et seq. De igual modo, CITGO era el propietario y operador de su refinería de Lake Charles y, como tal, es la "parte responsable" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (22).

   Se advierte que descarga no fue autorizada por un permiso federal o estatal y por lo tanto constituye una "descarga de petróleo no autorizada" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (29), ocasionando daños, destrucción o pérdida de recursos naturales administrados, mantenidos en fideicomiso y/o regulados por los Fideicomisarios estatales.

   Los Fideicomisarios del Estado han incurrido en costos para evaluar los daños a los recursos naturales resultantes de la descarga no autorizada de petróleo y de acuerdo a la ley, CITGO es responsable ante ellos por daños a los recursos naturales, incluido el costo razonable de evaluar dichos daños.



jueves, 22 de julio de 2021

CITGO demanda a Teknik Trading para evitar subasta de bienes congelados por sanciones a PDVSA

   La filial de la petrolera estatal venezolana en Estados Unidos quiere evitar que la demandada, una subsidiaria de Clover, subaste lo que considera como evidencia.

Por Maibort Petit

   Para evitar la subasta de bienes comprados por CITGO Petroleum Corporation, con un valor de USD 11 millones, los cuales se encuentran almacenados en depósitos de Teknik Trading Inc., la filial de Petróleos de Venezuela S.A. demandó a la segunda ante la Corte para el Distrito Sur de Texas-División Houston para frenar dicha venta. La mercancía, adquirida la petrolera estaba destinada a PDVSA, pero se encuentra congelada en los referidos almacenes en razón de las sanciones de que es objeto la estatal venezolana.

  La empresa demandante busca una orden de restricción temporal para preservar el status quo de la mercancía, dado que a criterio de CITGO es evidencia y, de ser vendida, se perdería su valor probatorio.

   La demanda fue presentada el 25 de junio de 2021 por Nicole M. Perry, de la firma Jones Day, en representación de CITGO Petroleum Corporation, contra Teknik — subsidiaria de Clover International— que es una corporación de Florida con su sede principal en Miami.

Los hechos y la situación planteada

   CITGO contrató con Teknik hace más de una década —el 5 de mayo de 2010— servicios logísticos. La demandada, según el contrato, debía adquirir bienes bajo la dirección de la demandante, realizar diversos servicios logísticos y entregar los bienes a PDVSA en puntos de entrega específicos. En el pie de página la demanda advierte sobre este punto que, si bien esto era la letra del acuerdo, CITGO fue la que pagó por los bienes adquiridos y no Teknik. Por estos servicios —compra, almacenaje y distribución— Teknik recibiría una comisión sobre el valor total de los bienes y el reembolso de los costos en que incurriere.


   Los términos del acuerdo establecían que Teknik garantizaría a CITGO cualquier solicitud de pago con la documentación adecuada; renunciar a cualquier derecho de retención de los bienes; y permitir auditorías por parte de la filial de PDVSA.

  Igualmente, el Acuerdo contempla que Teknik mantendrá la propiedad de los bienes hasta que sean entregados a PDVSA, cuando esta pasará a ser la dueña de los bienes. También que CITGO reembolsaría a Teknik ciertos costos en los que hubiera incurrido en la ejecución del trabajo y que sean razonables.

  Se estableció una comisión del 6 por ciento o tarifa de servicio basada en la cantidad que CITGO pagó por los bienes, que se pagaría a Teknik en el momento de la entrega.

  Para que los reembolsos procedieran, se requería que Teknik proporcionara un resumen detallado de sus costos y gastos junto con suficiente documentación de respaldo, como facturas, recibo de venta u otro recibo probatorio.

   Del mismo modo, el acuerdo establece que cada parte debe cumplir con las leyes aplicables, incluidas las de corrupción extranjeras, en el desempeño de sus derechos y obligaciones.

  El Acuerdo otorga a CITGO un derecho de auditoría amplio y sin reservas para garantizar que Teknik cumpla con los términos del Acuerdo. Específicamente, se estipulan en la sección 17, que "CITGO tendrá derecho a auditar los registros de Teknik y Clover para confirmar el cumplimiento" del Acuerdo.

   Quedó estipulado que cualquier incumplimiento del Acuerdo es motivo para que CITGO retenga el pago de Teknik. Allí se indica que "En el caso de que cualquiera de las partes incumpla cualquier disposición de este Acuerdo o Apéndice relacionado con el mismo, la parte infractora acepta (...) Eximir de responsabilidad a la otra parte de (...) cualquier costo incurrido por la parte no infractora".

   Para el momento en que la OFAC incluyó a PDVSA en su Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Específicamente Designadas (SDN), Teknik tenía en su poder más de USD 11 millones en bienes por los que CITGO ya había pagado. Estos bienes nunca llegaron a su destino en razón de que la medida gubernamental y como resultado, la propiedad y los intereses en la propiedad de PDVSA, incluidos los bienes en los depósitos de Teknik, fueron congelados.

   Para cumplir con la orden de bloqueo, CITGO instruyó a Teknik que cancelara cualquier orden de compra pendiente y la empresa demandada procedió a almacenar los productos ahora varados en dos almacenes en Houston y Miami.

   Narra la demanda que CITGO tuvo conocimiento de que un miembro de Clover, de la que es subsidiaria Teknik, se declaró culpable de esquemas de soborno relacionados con acuerdos de adquisición con PDVSA. Tal situación preocupó a CITGO y ha tratado de cumplir diligentemente con sus deberes contractuales al mismo tiempo que cumple con la orden de sanciones y se asegura de que no aumente la corrupción involuntariamente por parte de Teknik o su afiliada.

   En ese contexto, surge la disputa entre las partes, en el que CITGO advierte que, si mantiene alguna deuda con Teknik en razón del acuerdo, está dispuesta a pagarla, pero pone como condición que se realice una auditoría e inspección de los bienes. Tal pago se realizaría bajo la autorización que la OFAC ha dado para que CITGO pague algunos montos adeudados.

 Pero para CITGO la auditoría es fundamental para, primero, garantizar que Teknik haya cumplido tanto con el Acuerdo como con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes de corrupción pública; y segundo, determinar el valor actual de los bienes y la exactitud de la documentación de Teknik de sus costos. Esto permitiría determinar lo que CITGO le debe a Teknik por la adquisición y el almacenamiento de los bienes.

Conducta sospechosa

  CITGO en la demanda advierte lo que considera una conducta sospechosa y evasiva por parte de Teknik durante las negociaciones de inspección de las partes, lo cual ha aumentado las preocupaciones de la demandante acerca de lo que realmente está sucediendo.

   Refiere que Teknik ha frustrado repetidamente la solicitud de CITGO de llevar a cabo una inspección de las mercancías; presentó documentación incompleta e incorrecta sobre los montos que reclama como deuda de CITGO; y se negó a que la empresa demandante asumiera el almacenamiento de los bienes que pagó.

  Teknik planea subastar los bienes varados para compensar las cantidades que afirma que CITGO le debe, aunque las partes acordaron una suspensión temporal de la subasta.  

   CITGO estima que una subasta la perjudicaría irreparablemente al eliminar su capacidad de evaluar el valor, la condición y la cantidad de los bienes, cuestiones que son el núcleo de la reparación declarativa que formula ante la corte. Sostiene la demandante que, si los bienes se subastan, perderá permanentemente el derecho de inspeccionarlos para evaluar su valor en función de las condiciones de almacenamiento, un derecho que Teknik le otorgó expresamente precisamente para una situación como esta.

La solicitud de CITGO

   La demandante CITGO pide ante el Tribunal para el Distrito Sur de Texas-División Houston, una declaración de que no tiene deuda con la demandada, en razón de que esta última violó o no cumplido con el Acuerdo.

  En segundo lugar, asumiendo que exista alguna deuda, CITGO busca una declaración del monto que sea adecuado.

  Sobre esto último, CITGO se reserva el derecho de buscar ayuda de emergencia para detener la subasta de los bienes varados y exigir que Teknik le permita realizar una inspección comercialmente razonable de los bienes.

  La demanda argumenta que los bienes son evidencia crucial sobre los temas centrales del caso, como el determinar el monto de la deuda de CITGO respecto a Teknik por concepto de almacenamiento y comisiones. La demandada estima que son más de USD 5 millones, mientras la demandante considera que es menos de esa cantidad.

  En específico, Teknik afirma que CITGO le adeuda USD 3.528.426,42 desagregados así: inspecciones USD 8.130,40; tarifa/comisión de servicio USD 657,963.70; demora USD 81.460,00; flete USD 34.664,42; manipulación USD 460.558,37; seguro USD 3.006,21 dólares; y gastos financieros USD 266.227,44 dólares.

    En tercer lugar, CITGO busca una sentencia que establezca que el no permitir la inspección previa a la subasta por parte de Teknik, es un incumplimiento del contrato de las partes. De este modo, se solicita una orden judicial para que Teknik cumpla con el contrato y permita una inspección.

   CITGO propone que, para preservar el status quo, el tribunal emita (a) una orden de restricción temporal para detener la subasta y, después de una audiencia, emitir una orden judicial preliminar que requiera que Teknik permita una inspección comercialmente razonable, o (b) una prueba-orden de conservación que detenga la subasta y ordene directamente que se lleve a cabo una inspección comercialmente razonable.