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martes, 8 de marzo de 2022

Tribunal reprograma para octubre el juicio entre PDV USA e Interamerican Consulting Inc a petición de las partes

  El juez aprobó el nuevo cronograma y advirtió que la corte no admitiría más prórrogas.

Por Maibort Petit

   Por decisión adoptada el pasado 3 de marzo, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Robert W. Lehrburger, el juicio entre PDV USA e Interamerican Consulting Inc. se reprograma para el mes de octubre del presente año 2022.

  Las partes presentaron ante la corte una solicitud conjunta en la que pidieron la extensión de programa del caso en aproximadamente tres meses.

A continuación, los detalles del nuevo cronograma:

La solicitud

  El 3 de marzo de 2022, Jeffrey B. Korn y Brady M. Sullivan, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP en representación de PDV USA en el litigio que mantiene contra Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, remitió una comunicación al juez de la causa, Robert W. Lehrburger, para solicitar, conjuntamente con la parte demandada, que la corte le diera entrada a la Orden de Programación Revisada Propuesta.

  El pedido, sustentado en lo establecido en la Regla I.F de las Prácticas Individuales de Su Señoría en Casos Civiles, propone la extensión del programa de casos actual en aproximadamente tres meses. Para facilitar la referencia, las partes presentaron los plazos vigentes para la fecha de la comunicación, junto con los plazos revisados propuestos. Se explicó que esta se trataba de la segunda solicitud para extender el cronograma establecido por el plan de manejo de casos, con consentimiento de ambas. La primera solicitud había sido aprobada por el Tribuna.

  Se refiere que, para el momento de la remisión de la carta, ambas partes habían hecho un progreso significativo en el descubrimiento. En tan sentido, se indicó que PDV USA había producido más de 1.200 documentos, mientras que Interamerican había hecho lo propio con más de 500 documentos.

  Informaron al juez Lehrburger que, a través de correspondencia escrita, así como en reuniones y consultas, habían resuelto muchas de sus disputas relacionadas con la producción de documentos. PDV USA obtuvo documentos de media docena de terceros, muchos de los cuales están fuera del estado, al tiempo que refirieron que las declaraciones habían comenzado recientemente.

  Los abogados explicaron al juez que la razón de la nueva solicitud conjunta de prórroga del cronograma obedece, primero a que, en una reciente reunión y conferencia, PDV USA e Interamerican acordaron realizar una recopilar y revisar documentos adicionales. Ejemplificaron esto con la referencia de que Interamerican debe recopilar y revisar una cuenta de correo electrónico adicional de su cliente, mientras que PDV USA tiene que realizar colecciones de custodia adicionales para ampliar el rango de fechas de su revisión de documentos.

  En segundo lugar, indicaron los abogados en la comunicación que algunos terceros han evadido la notificación del proceso, por lo que PDV USA necesita tiempo adicional para notificarlos, obtener y revisar documentos de ellos y declararlos.

  En tercer lugar, Interamerican entregó recientemente sus respuestas al interrogatorio enmendado de conformidad con las instrucciones del juez Lehrburger en las cuales se reveló la existencia de una cantidad de terceros adicionales con información relevante. Por ello, PDV USA necesita tiempo adicional para obtener evidencia de estas personas y entidades recientemente identificadas, así como del contador de Interamerican, quien también fue identificado recientemente.

  Finalmente, ambas partes acordaron que realizar las declaraciones de las partes sería más productivo después de completar sustancialmente la producción de documentos y de completar el descubrimiento por parte de terceros.

El cronograma propuesto

  La citada líneas arriba Orden de Programación Revisada Propuesta planteó al tribunal como fecha límite para completar el descubrimiento de los hechos, incluidas las declaraciones de los testigos de los hechos, el 23 de junio del presente año 2022.

  Asimismo, el límite para modificar alegatos y/o incorporar partes adicionales sería igualmente el 23 de junio de 2022.

  Como fecha límite para completar declaraciones de expertos se planteó el 18 de agosto, mientras que las mociones de juicio sumario deberán presentarse el 3 de octubre.

  Del mismo modo propusieron que la Orden previa al juicio conjunta se paute para el 24 de octubre de 2022 (o 21 días después de la decisión de cualquier moción dispositiva).

  La preparación de las partes para el juicio sería de la siguiente manera: A las 48 horas de la notificación o a los 21 días de la presentación del auto de instrucción conjunto.

  El juez Robert W. Lehrburger aprobó el nuevo cronograma y advirtió que la corte no admitiría más prórrogas en ausencia de circunstancias convincentes.

 


 



miércoles, 16 de febrero de 2022

Conozca los detalles del caso de José Luis De Jongh Atencio (II)

  En esta entrega damos a conocer el perfil del exfuncionario de CITGO que participó en el esquema de corrupción encabezado por José Manuel González Testino y presentamos detalles de la acusación en su contra.

Por Maibort Petit

  El papel de José Luis De Jongh Atencio fue clave en el esquema de corrupción que encabezó José Manuel González Testino y su socio Tulio Aníbal Farias Pérez, el cual significó el desfalco de miles de millones de dólares para la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation.

  En esta ocasión damos a conocer tanto el perfil como los detalles de las acusación que se le formula por ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston y por la cual se declaró culpable y espera se le dicte sentencia en agosto del presente año.

¿Quién es José Luis De Jongh-Atencio?

   Según el portal Dateas, José Luis De Jongh Atencio nació el 7 de octubre de 1972, es titular de la Cédula de Identidad número V-11.280.470 y se le ubica en la parroquia Olegario Villalobos, municipio Maracaibo, estado Zulia[1].

  Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informa que ingresó al sistema el 16 de agosto de 1994. Su estatus actual es de cesante, siendo última afiliación a través del Banco Occidental C.A., empresa de la que egresó el 26 de octubre de 200. Su fecha de contingencia será el 7 de octubre de 2032. Acumula 190 semanas cotizadas que suman Bs. 0,00[2].

  Es abogado egresado de la Universidad del Zulia, “profesión que ejerció tímidamente en Venezuela”, según fuentes de Venezuela Política, las cuales informaron que De Jongh “no tenía ninguna experticia en la industria de refinación y su única credencial era el ser amigo de la juventud y de estudios en Maracaibo de Rosana Elena Delgado (también conocida como Rosana E. Nooney), esposa y socia de Alejandro Granado”. Se trataría de una amistad que continuó cuando De Jongh Atencio vivía en Miami. También advirtieron los informantes que la única actividad académica que se le conoce en EE. UU. fue la realización de un curso de paralegal en Miami. Se nos informó que no contaba con la licencia para ejercer derecho en los Estados Unidos.

   José Luis De Jongh Atencio ingresó a CITGO Petroleum Corporation cuando Alejandro Granado era presidente, CEO de la filial de PDVSA en Estados Unidos y chairman de su Junta Directiva. Fue Granado quien ordenó su contratación en 2010 y quien dispuso y ordenó el traslado de De Jongh Atencio y su familia desde Miami a Houston.

   Alejandro Granado habría ordenado al Departamento legal de CITGO emplear a José Luis De Jongh Atencio como consultor y asesor interno, donde “trabajó en proyectos puntuales bajo la supervisión del también abogado venezolano Arnaldo Arcay, [ex-patriado de PDVSA y asignado a CITGO] quien, aunque tampoco tenía licencia de abogado en EE. UU., era el encargado de coordinar administrativamente las actividades de los abogados asignados a las refinerías de CITGO”.

  Cuando estuvo de gerente interino de Procura fue removido por sus manejos irregulares, aunque no fue despedido en esa ocasión, sino que fue devuelto al departamento legal donde actuó en colusión con Nelson Martínez cuando este presidió CITGO[3].

  La misma acusación informa que De Jongh-Atencio es un ciudadano venezolano, residente de Texas, fue empleado de CITGO Petroleum Corporation entre 2010 y 2018, quien a partir de 2012 pasó ocupó varios cargos dentro de la filial de PDVSA.

  Se indica, específicamente, que desde mayo de 2012 fue encargado de las adquisiciones en el grupo de Proyectos Especiales de la empresa y más tarde, fue ascendido a gerente de dicha dependencia, permaneciendo en el puesto hasta 2015, habiendo sido despedido de la corporación en febrero de 2018.

   La acusación explica que José Luis De Jongh, quien de acuerdo a las pautas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) es un “funcionario extranjero” que habría obtenido sobornos del empresario José Manuel González Testino, con el objeto de facilitar el otorgamiento de contratos a las empresas de este último.

  Hay que advertir que esta no es la única ocasión en que De Jongh Atencio se ve enredado en líos con la justicia, toda vez en el pasado, tanto él, como su esposa —de manera directa o indirectamente— se vieron envueltos en hechos de sangre que se dirimieron en instancias judiciales, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Así se desprende de “documentos de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, donde el 4 de octubre de 2004, se declaró la nulidad absoluta del recurso de apelación que el abogado, Álvaro Castillo Zeperfell, presentó a favor de su representado, José Luis De Jongh Atencio. Con esta decisión se dejaba sin efecto un fallo previo dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, adoptado el 28 de julio de 2004, con el cual se acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad de De Jongh Atencio, en una causa seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Lesiones Intencionales Graves en Grado de Complicidad Correspectiva en perjuicio de dos personas”.

  Venezuela Política informó de este hecho y explicó que se “trató de un caso por lesiones causadas con un arma de fuego en el que el abogado defensor de José Luis De Jongh Atencio alegó que ‘Nunca puso en peligro la vida de la persona que resultara herida como consecuencia de la lesión sufrida, 2), en cuanto a las circunstancias de su comisión, el propio representante del Ministerio Público al establecer la complicidad Correspectiva no ha podido determinar que haya sido su defendido el autor material del hecho y 3) La pena aplicable al delito, sería si es rebajada una tercera parte de un (01) año y ocho (08) meses de prisión, y si es rebajada a la mitad, sería de un (01) año y tres (03) meses de prisión’”[4].

  El nombre de José Luis De Jongh Atencio figura en el directorio de la empresa Mar Crab LLC, registrada en el estado de la Florida el 18 de julio de 2003, bajo el número L03000026302, la cual se encuentra en la actualidad inactiva al haber sido disuelta por resolución administrativa el 1 de enero de 2004. Mar Crab LLC tenía su sede en el 4772 NW 114TH Ave #201, Miami, FL 33178, que también figuraba como dirección postal.

  De Jongh Atencio se desempeñaba como gerente, posición que compartía con Pedro Antonio Cárdenas Martínez, Elvin Portillo Ocando y Edwin Portillo Ocando, todos con el 1820 N. Corp. Lakes Blvd. #201, Weston, FL 33326[5].

   En Panamá, fue presidente, secretario y director de la empresa Lago Cristal S.A., registrada el 29 de marzo de 2007 bajo el número 561552. Esta compañía se encuentra en la actualidad suspendida[6].

La acusación

   El 16 de julio de 2020, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick, a través de los fiscales asistentes Robert S. Johnson, John P Pearson; del jefe de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia, Roberto Zink; y los abogados litigantes, Sarah E. Edwards y Sonali D. Patel, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, una acusación formulada por el Gran Jurado contra José Luis De Jongh Atencio, a quien le imputó seis cargos.

  El primero de estos cargos por el delito de Conspiración para lavar dinero; del segundo al quinto cargo, por la comisión del delito de Lavado de dinero; y el sexto cargo por Lavado de Dinero.

Solicitud de sellado

   En la misma fecha, el fiscal Patrick solicitó al tribunal que sellara la acusación en razón de que la misma contenía información sobre una investigación delicada relacionada con la corrupción y el lavado de dinero.

   Advertía la fiscalía que la exposición pública de dicha información, antes de la entrega de la citación, podría permitir que el demandado y otros manipularan a los testigos y disiparan los activos involucrados en el lavado de dinero.

  Pidió el gobierno que tanto la petición como la orden se presentaran selladas y únicamente una copia para la Agencia de Investigación y la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas, se mantuviera abierta en el momento de la acusación inicial.

La acusación de reemplazo

   Posteriormente, igualmente en la misma fecha, 16 de diciembre de 2020, la fiscalía presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, una acusación de reemplazo.

Los cargos

   La acusación de reemplazo señala a José Luis De Jongh Atencio de cometer el delito de Conspiración para lavar dinero como primer cargo.

  Refiere que entre 2013 y 2019, en Texas y otros lugares, conspiró a sabiendas con los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farias Pérez, y con quien es identificado como Empleado A, entre otros, para cometer delitos tipificados en el Código de los Estados Unidos, Título 18, Sección 1956.

  González Testino y Farías Pérez ofrecieron, prometieron, autorizaron, pagaron y acordaron pagar sobornos al acusado a cambio de que este proporcionara ventajas indebidas en la obtención de contratos con PDVSA y CITGO.

  La asistencia de José Luis De Jongh incluyó, además del otorgamiento de ventajas ya señalado, el ayudar a los referidos empresarios a identificar un fabricante apropiado al que representar, a través de la Compañía B, como distribuidor, en la licitación, adjudicación y ejecución de los contratos de PDVSA y CITGO.

  Igualmente, De Jongh ayudó a la Compañía A, una empresa de logística de González Testino, a obtener un contrato más favorable con CITGO que otros proveedores de logística que contrataron con la filial de PDVSA.

  Asimismo, se valuó de cuentas bancarias a nombre de destinatarios distintos a él, entre ellos intermediarios, familiares y cuentas bancarias en el extranjero a nombre de empresas, incluidas Shell Company A y Shell Company C, para recibir los pagos de los sobornos de parte de González y Farías. De este modo ocultaba y disfrazaba la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias del esquema de soborno ilegal. Este último objetivo también lo logró a través de transacciones inmobiliarias.

  José Luis De Jongh utilizó facturas falsas y fraudulentas para promover el esquema y para ocultar y disfrazar las ganancias del esquema de soborno ilegal.

  También usó las ganancias del esquema de soborno ilegal para realizar transacciones financieras personales para él y sus familiares, incluida la compra de bienes raíces en los Estados Unidos.

  Los cargos del 2 al 5, estaban referidos al lavado de dinero, indicándose que De Jongh Atencio llevó a cabo operaciones financieras que afectaron el comercio interestatal y extranjero, según los términos de la FCPA, sabiendo que la propiedad involucrada en las transacciones se diseñaron para ocultar y disfrazar la naturaleza de las actividades ilícitas.

De este modo se describen las siguientes actividades:

   El cargo 6, igualmente por lavado de dinero, refiere que José Luis De Jongh Atencio participó a sabiendas, ayudó, instigó y provocó que otros participaran e intentaran participar en una transacción monetaria que afecta el comercio interestatal en bienes derivados delictivos de un valor superior a USD 10.000, dichos fondos se derivaron de uno o más especificados actividades ilícitas, a saber: (i) soborno de un funcionario extranjero, un delito grave que infringe la FCPA.

  El cargo 7, Conspiración, indica que De Jongh, González Testino, Farías Pérez, Empleado A y otros, se enriquecieran ilegalmente al celebrar un acuerdo corrupto mediante el cual  recibía los sobornos encubiertos.

  Los cargos del 8 al 10, por soborno comercial de Texas, están inmersos en unas operaciones que se describen a continuación:



[1] Dateas. De Jongh Atencio, José Luis. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/de-jongh-atencio-jose-luis-15158989


[2] IVSS. Cuenta individual. José Luis De Jongh Atencio. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[3] Venezuela Política. “La presunta conducta criminal de José Luis De Jongh Atencio en CITGO: Una historia de larga data(Parte I)”. 12 de agosto de 2020. https://www.venezuelapolitica.info/la-presunta-conducta-criminal-de-jose-luis-de-jongh-atencio-en-citgo-una-historia-de-larga-dataparte-i/


[4] Venezuela Política. “El oscuro pasado y las relaciones peligrosas de José Luis De Jongh-Atencio”. 14 de enero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/01/el-oscuro-pasado-y-las-relaciones.html


[5] Sunbiz. Division of Corporations. Mar Crab LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=JOSELUISDEJONGHATENCIO%20L030000263022&aggregateId=flal-l03000026302-9486690a-11eb-4bbc-abe0-ddedead9f39a&searchTerm=Jose%20Luis%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Conejo%20Pacheco&listNameOrder=JOSELUISCONEJOPACHECO%20P160000268482

[6] Open Corporates. Lago Cristal S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/5615528 Attachments




 

sábado, 12 de febrero de 2022

Corrupción CITGO: Conozca los detalles del caso de José Luis De Jongh Atencio (I)

 Ahora esperará hasta agosto por su sentencia. En esta entrega explicamos los términos de su declaración de culpabilidad

Por Maibort Petit

   La sentencia de José Luis De Jongh Atencio que se esperaba conocer este 10 de febrero de 2022 a las 2 de la tarde por parte del juez de la causa, Gray Miller, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas, fue reprogramada por dicho magistrado el pasado 14 de enero cuando estableció el nuevo cronograma que fija para el 6 de julio del presente año, la finalización del Informe Previo de la Sentencia (PSR-por sus siglas en inglés), la objeción al mismo para el 20 de julio, el 3 de agosto para presentarlo y, finalmente, el 10 de agosto para el dictado de sentencia a las 11:30 a. m.

   Tal reprogramación permitió que el juez Miller aprobara, sin oposición por parte de la fiscalía, el pasado 3 de febrero, un permiso de viaje a José Luis De Jongh Atencio para que se traslade a Miami entre el 17 y el 21 de febrero del presente 2022.

   A tal etapa del proceso judicial llegó De Jongh Atencio al obviar el juicio al haberse declarado culpable el 22 de marzo de 2021 de participar en un esquema internacional de soborno y lavado de dinero.

   Del referido esquema y de cómo el exfuncionario de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO llegó hasta aquí y de cómo se involucró con los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, daremos detalles en una serie de entregas sobre este caso. En esta ocasión explicaremos en qué consistió el acuerdo de culpabilidad entre José Luis De Jongh y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

El acuerdo de culpabilidad

  El 22 de marzo de 2021, los Estados Unidos, representados por Jennifer B. Lowery, Fiscal Federal Interina para el Distrito Sur de Texas; John P. Pearson y Robert S. Johnson, Fiscales Federales Auxiliares, y Daniel S. Kahn, Jefe Interino de la Sección de Fraudes de la División Penal del Departamento de Justicia; Sarah E. Edwards, abogada litigante; Sonali D. Patel, subdirectora; y el acusado, José Luis De Jongh Atencio, asesorado por su abogado, suscribieron un acuerdo de culpabilidad de conformidad con la Regla 11(c)(1)(A) y 11(c)(1)(B) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal.

   En primer lugar, De Jongh Atencio aceptó declararse culpable del primer cargo de la acusación de remplazo presentada en su contra, a saber, conspiración para lavar dinero, delito cuya pena máxima legal es prisión de no más de veinte años y una multa de no más de USD 500.000 o el doble del valor de los fondos lavados, lo que sea mayor. Se indica que podría recibir un término de libertad supervisada después de un encarcelamiento de hasta tres años.

  Reconoció y entendió que, si viola las condiciones de cualquier período de libertad supervisada que pueda imponerse como parte de su sentencia, entonces puede ser encarcelado por hasta dos años, sin crédito por el tiempo ya cumplido en el término de libertad supervisada antes de tal violación. Entiende que no puede hacer que se suspenda la imposición o ejecución de la sentencia, ni es elegible para libertad condicional.

  Al admitir los hechos, José Luis De Jongh manifestó que quería declararse culpable, independientemente de las consecuencias de inmigración que pudieran resultar de ello y la condena.

La cooperación

  El acuerdo de culpabilidad suscrito por De Jongh Atencio establece las pautas de su cooperación para con la justicia.

  En este sentido, se advierte que las partes entienden que el acuerdo conlleva el potencial de una moción de salida bajo la Sección 5K1.1 de las Pautas de Sentencia, entretanto acepta que la presentación de dicha moción será determinada a través del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraude.

  En tal sentido, quedó entendido que si la cooperación del acusado —a exclusivo juicio y discreción de los Estados Unidos— equivale a "asistencia sustancial", entonces se reservan el derecho exclusivo de presentar una petición de salida de conformidad con la norma descrita.

  José Luis De Jongh Atencio aceptó cooperar plenamente con los EE. UU. y no oponerse al decomiso de bienes contemplado en el acuerdo. Igualmente entiende y acepta que Estados Unidos solicitará que se aplace la sentencia hasta que se complete la cooperación.

   El demandado aceptó que "cooperar plenamente" en los términos del acuerdo, incluye proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva conocida por él.

  Quedó sentado que el acuerdo solamente vincula al Fiscal para el Distrito Sur de Texas, la Sección de Fraude y su persona, y no a ningún otro fiscal de EE. UU. o unidad del Departamento de Justicia.

  De Jongh se comprometió a testificar con veracidad ante un gran jurado o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo cuando los Estados Unidos lo solicite. También aceptó renunciar a su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación a los efectos del acuerdo.

 Del mismo modo, José Luis De Jongh aceptó proporcionar información y testimonio veraces, completos y precisos, al tiempo que manifestó entender que cualquier declaración falsa que emita al Gran Jurado o en cualquier procedimiento judicial (penal o civil), o a un agente del gobierno o abogado, puede y lo hará ser procesado bajo los estatutos apropiados de perjurio, declaración falsa u obstrucción.

  El demandado aceptó proporcionar todos los documentos en su posesión o bajo su control relacionados con todas las áreas de indagación e investigación.

 José Luis De Jongh estuvo de acuerdo en que si la salida recomendada, si corresponde, no cumple con sus expectativas, seguirá sujeto a los términos del acuerdo y no puede, por esa sola razón, retirar su declaración.

Renuncia

  Al suscribir el acuerdo, José Luis De Jongh renunció al derecho de apelar o “atacar colateralmente” la condena y la sentencia; a todas las defensas basadas en el lugar y al juicio rápido en virtud de la Constitución y la Ley de juicio rápido.

    Entendió que cualquier pauta de sentencia que recibió a través de su abogado es solamente una predicción y no una promesa, no indujo su declaración de culpabilidad, y no es vinculante para los Estados Unidos, la Oficina de Libertad Condicional o el Tribunal.

Los Acuerdos de los Estados Unidos

  Por su parte, EE. UU.  manifestó su acuerdo en que al declararse José Luis de Jongh culpable del Primer Cargo de la Acusación Sustitutiva y persiste en esa declaración hasta la sentencia, desestimará cualquier cargo restante de la acusación en el momento de la sentencia.

   Se estableció que en el momento de la sentencia se sumará el pedido anticipado del acusado de que reciba un ajuste a la baja de dos niveles de conformidad a lo estipulado en la norma. No recomendó que reciba un tercer nivel de ajuste por notificar oportunamente a las autoridades sus intenciones de declararse culpable.

  La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas y la Sección de Fraudes acordaron no seguir procesando penalmente a José Luis De Jongh Atencio por delitos que surjan de la conducta acusada en la Acusación de sustitución.

Los hechos

  José Luis De Jongh Atencio trabajaba para CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA, las cuales son consideradas "instrumentos" del gobierno venezolano, siendo sus empleados "funcionarios extranjeros", de acuerdo a la FCPA.

  Allí se desempeñó entre septiembre de 2010 y febrero de 2018, ocupando el cargo de adquisiciones entre 2012 y 2015. En ese tiempo también fue gerente en el grupo de Proyectos Especiales.

  Desde esa posición, De Jongh Atencio aceptó sobornos de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, a cambio de prestarles asistencia a ellos y sus empresas en los EE. UU. para obtener y conservar contratos con CITGO. Esto incluía proporcionarles información privilegiada para darles una ventaja en la presentación de ofertas por contratos.

  En tal sentido, José Luis De Jongh Atencio recibió de los citados empresarios varios pagos en varias cuentas de él y sus familiares. De todas estas transacciones hablaremos en detalle en otras entregas.

Consecuencias por incumplimiento

 El acuerdo establece que, si José Luis De Jongh incumple con las pautas del acuerdo de culpabilidad, los Estados Unidos quedarán liberados de sus obligaciones en virtud de dicho acuerdo y la declaración de culpabilidad y la sentencia se mantendrán.

   Asimismo, se advierte que, si en algún momento De Jongh retiene, oculta o dispone de activos en violación del acuerdo de declaración de culpabilidad, o si a sabiendas retiene pruebas o no es completamente veraz con los Estados Unidos, entonces podrá solicitársele al Tribunal que deje de lado el acuerdo y se restablezca la acusación.

   Estados Unidos tiene la discrecionalidad para determinar si José Luis De Jongh Atencio no cumple plenamente con los términos del acuerdo de culpabilidad, entonces este renunciará a cualquier protección otorgada; no hará valer ningún reclamo en virtud de las Reglas Federales de Evidencia, las Reglas Federales de Procedimiento Penal, o las Reglas Federales de Procedimiento Penal.

  También, cualquier declaración hecha como parte de los debates de culpabilidad, cualquier informe o entrevista, ya sea antes o después de la ejecución del acuerdo, será admisible en su contra sin ninguna limitación en cualquier proceso civil o penal iniciado.

Restitución, decomiso y multas

  José Luis De Jongh Atencio se comprometió con el acuerdo a divulgar totalmente todos los activos sobre los que ejerce control directo o indirecto, o en los que tiene algún interés financiero, ya sea que se mantengan a su nombre o no. Tampoco dispondrá de ellos.

   Igualmente se comprometió a hacer una divulgación financiera dentro de los 30 días posteriores a la firma del acuerdo de culpabilidad y a transferir la propiedad de los activos confiscables a los EE. UU. y a ayudar en el cobro de la restitución y las multas. Ordenaría a cualquier banco en custodia de sus activos que entregue todos los fondos y registros de dichos activos a los Estados Unidos.

   De Jongh Atencio aceptó que la base fáctica de su declaración de culpabilidad respalda la confiscación de todos los bienes involucrados en la conspiración de lavado de dinero de la que se declara culpable. Renunció a todos y cada uno de los intereses en cualquier activo que sea objeto de un procedimiento de decomiso administrativo o judicial relacionado, ya sea penal o civil, federal o estatal.

 Consintió que cualquier orden de decomiso sea definitiva inmediatamente después de su entrada, según la norma, incluso si se firma antes de la sentencia.



lunes, 7 de febrero de 2022

Tribunal aplaza nuevamente la sentencia del contratista corrupto de CITGO-PDVSA, José Manuel González Testino

Por Maibort Petit

   Nuevamente el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, a cargo del juez Gray H. Miller, autorizó el aplazamiento de la sentencia  en contra de José Manuel González Testino, un contratista que encabezó un esquema de corrupción y lavado de dinero consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. para asegurar y mantener contratos millonarios de energía y logística con la estatal petrolera y su filial en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corp.

   La fecha de la lectura de la sentencia del contratista estadounidense y venezolano ha sido aplazada en varias oportunidades después de que, en primera instancia, se fijara el 28 de agosto de 2019. La nueva cita para la condena de  José Manuel González Testino fue programada para el 10 de agosto de 2022.

   El corrupto contratista se declaró culpable el 29 de mayo de 2019 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras.

 González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida cuando intentaba abandonar el territorio estadounidense, después de que el sistema judicial encontrara una causa probable para demandar al empresario, como efectivamente lo demandó.

  González Testino controlaba varias empresas estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA, la cuales fueron utilizadas para, entre 2012 y 2018, obtener contratos millonarios a cambio de sobornos pagados a funcionarios de la estatal venezolana.

   El 10 de febrero de 2022 era la última fecha prevista por el tribunal pero otro cambio operó y la sentencia de González Testino se fijó para el 10 de agosto de 2022 a las 10:00 a. m. luego que los fiscales de los Estados Unidos presentaran  una Solicitud Acordada de Aplazamiento.

  El Tribunal consideró que se cumplen todos los requisitos, los fines de la justicia, para autorizar  la Moción de Aplazamiento. 

  Según los documentos judiciales la sentencia de González Testino se restablece de la siguiente manera:

1. El informe de investigación, anterior a la sentencia, estará disponible para el acusado antes del 6 de julio de 2022.

2. El abogado de la Defensa tiene  hasta el 20 de julio de 2022 para objetar por escrito los hechos utilizados y la aplicación de las pautas o una declaración de que no hay objeción.

3. El oficial de libertad condicional deberá presentar al juez el informe final de la sentencia con una adición que aborde los asuntos en disputa antes del 3 de agosto de 2022.

4. Todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo se presentarán a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas.

5. La sentencia se llevará a cabo el día 10 de agosto de 2022 a las 10:30 horas.

miércoles, 10 de noviembre de 2021

Exgerente de compras de CITGO será sentenciada por delitos de corrupción vinculados a la trama de José Manuel González Testino

Por Maibort Petit 

    Ubicada en el eslabón más bajo del esquema de corrupción encabezado por el contratista corrupto, José Manuel González Testino, la exgerente de compras de Proyectos Especiales de CITGO, Laymar Giosse Peña Torrealba será sentenciada este miércoles por el juez Gray H Miller, en la Corte del Distrito Sur de Texas por su participación en delitos que violan la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

   De acuerdo a fuentes de Venezuela Política, el ingreso de Laymar Peña al área de Proyectos Especiales de CITGO se produjo bajo la administración de Ramiro Rodríguez, exgerente de compras de la filial de PDVSA en Estados Unidos entre 2014 y 2016, uno de los cómplices de Nelson Martínez, José Manuel González Testino, Tulio Farías, Manuel Chinchilla, Ernesto Guevara, entre otros. Rodríguez fue arrestado el 6 de abril de 2017 en Venezuela cuando retornó al ser llamado por la directiva de la estatal petrolera.

  Fue entonces cuando, promovida por los entonces poderosos ejecutivos de CITGO, Glenn Hilman y José Luis Zambrano, Laymar Peña pasó del cargo de asistente a ocupar la gerencia de Compras de Proyectos Especiales que antes ocupaba Rodríguez.

  Esto ocurrió pese a las objeciones de varios directores, pero se impuso el criterio de Hilman y Zambrano en cuyos planes figuraba la participación de Peña Torrealba en el proyecto de las plantas de agua que significó el otorgamiento de contratos por más de USD 100 millones a compañías intermediarias como Danel, Eco Wire, y Rothwell Energy Services LLC. Dichas operaciones se caracterizaron por sobreprecios y por el lavado de dinero desde CITGO en Houston a bancos en Suiza y otros países, por orden de quien fuera tesorera para la época y hoy jubilada de CITGO, Gina Coon.

  Al respecto, una nota de Bloomberg refiere el hallazgo por parte de los fiscales suizos de más de USD 10.000 millones que podrían provenir de fondos públicos venezolanos presuntamente malversados, repartidos en unas 30 instituciones financieras.

   El caso se investigó desde 2019, cuando los fiscales de Zúrich se percataron de la existencia del dinero en poder de personas cercanas al gobierno venezolano en diferentes bancos suizos[1].

   El caso de Laymar Peña Torrealba guarda relación con la causa del exfuncionario de Proyectos especiales de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, quien habría recibido sobornos de contratistas a cambio de la aprobación de millonarios contratos en violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero[2].

  El nombre de Laymar Peña salió a relucir igualmente cuando la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció la supuesta comisión de prácticas fraudulentas y corruptas cometidas durante la administración de Nelson Martínez (fallecido), José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la  junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A.

   El informe y documentación presentada por Gómez de Vergara indica que Nelson Martínez incorporó a la lista maestra de proveedores de CITGO a 700 entidades de ciudadanos venezolanos vinculados a PDVSA y funcionarios del gobierno venezolano que  robaron los recursos de la empresa.

   En la aprobación de las compras y transacciones-contratos irregulares a las empresas proveedoras registradas ilegalmente y obviando los controles reglamentarios de la referida lista con sobreprecios de entre el 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA, habría participado Laymar Peña en colusión con Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, entre otros agentes[3].

   En la demanda que el 22 de marzo de 2019 introdujo Rothwell Energy Services LLC contra CITGO por incumplimiento de pago por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela, igualmente se vió involucrada Laymar Peña, al figurar como una de los agentes armar y manipular los paneles de licitación en favor de empresas fantasmas, entre las cuales estaba la compañía demandante[4].

   De acuerdo a informes de CITGO, vista por  Venezuela Política, Laymar Peña Torrealba, junto a José Luis Zambrano, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, supuestamente violaron los controles internos de CITGO para la revisión de proveedores. "Buscaban facilitar la aprobación y los pagos ilegales de la contratación que iniciaron en 2017, se extendieron hasta 2018 y terminaron cuando el gobierno de los Estados Unidos  impuso sanciones al régimen venezolano", dijo a una fuente interna a este medio.

  Una de las últimas acciones del caso Rothwell Energy Services LLC ante una corte de Texas, fue la presentación de una serie de documentos, entre ellos correos electrónicos de los funcionarios de la filial de PDVSA, entre ellos Peña, que probarían el incumplimiento de CITGO[5].  

REFERENCIAS

[1] Bloomberg. “Swiss Find $10 Billion in Suspicious Venezuelan Funds: Report”. 17 de enero de 2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-17/swiss-find-10-billion-in-suspicious-venezuelan-funds-report?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic  

[2] El tiempo latino. “Acusado de corrupción y lavado de dinero vinculado a CITGO irá a un juicio en enero”. 2 de noviembre de 2020. http://eltiempolatino.com/news/2020/nov/02/acusado-de-corrupcion-y-lavado-de-dinero-vinculado/

[3] Venezuela Política. “Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO”. 10 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/informe-revela-presuntas-practicas.html

[4] Venezuela Política. “Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos”. 21 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/caso-rothwell-energy-services-llc.html

[5] Venezuela Política. “Rothwell Energy Services presiona a CITGO para que pague deudas pendiente [por contratos corruptos]”. 11 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/rothwell-energy-services-presiona-citgo.html


 


viernes, 15 de octubre de 2021

Las razones de la fiscalía para oponerse a la libertad bajo fianza de Paulo Jorge Da Costa, artífice del esquema de corrupción de Rincón y Shiera

  El gobierno sostiene que el acusado carece de vínculos con los Estados Unidos, por lo que existe un claro riesgo de huida de su parte.

Por Maibort Petit

    Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta está señalado junto a Daisy Teresa Rafoi Bleuler, de ser artífice del esquema de corrupción mediante el cual los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) sobornaron a funcionarios de la compañía estatal para la obtención de contratos y acelerar el pago de facturas pendientes de contratos anteriores. Rincón y Shiera fueron acusados, junto a una veintena de funcionarios venezolanos de varios delitos de lavado de dinero y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Da Costa Casqueiro Murta y Rafoi Bleuler, gestores patrimoniales europeos activos, actuaron en conjunto con Javier Alvarado Ochoa, expresidente de Bariven, unidad de compras de PDVSA, para lavar el dinero proveniente del referido esquema de sobornos que alcanzó los USD 1.000 millones y se extendió entre 2011 y 2014.

   Por este caso, el gobierno estadounidense ha anunciado cargos contra 28 personas en relación con la investigación, 22 de los cuales se han declarado culpables.

    Además, Da Costa Casqueiro Murta ha sido investigado en Portugal por estar relacionado con la quiebra del Grupo Espírito Santo.

   La fiscalía acusó a Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1956 (h), un cargo de conspiración para violar la FCPA, en violación de 18 U.S.C. § 371, y dos cargos de lavado de dinero promocional internacional, en violación de 18 U.S.C. Sección 1956 (a) (2) (A).

   El 29 de abril de 2019, se emitió una orden de arresto en su contra fuera del Distrito Sur de Texas. En mayo de 2019, fue arrestado en Portugal y el gobierno inició formalmente un procedimiento de extradición, pero luego de un breve arresto, fue puesto en libertad, aunque las autoridades portuguesas le impusieron restricciones adicionales.

  Posteriormente, el acusado apeló su extradición a múltiples tribunales en Portugal y al menos a un tribunal en la Unión Europea. El 2 de junio de 2021, después de agotar todos sus recursos de apelación, fue nuevamente arrestado por las autoridades portuguesas y detenido en espera de su extradición.

  El 9 de julio de 2021, Paulo Da Costa Casqueiro Murta fue trasladado desde Portugal al Distrito Sur de Texas, donde tuvo su primera comparecencia en este asunto el 12 de julio de 2021. El gobierno solicitó su detención y el demandado solicitó tiempo adicional para prepararse para la audiencia de detención, la cual tuvo lugar los días 22 y 26 de julio de 2021. Allí, la Corte determinó que la fiscalía había demostrado con evidencia clara y convincente que ninguna condición podía asegurar razonablemente la comparecencia del acusado. Sin embargo, la Corte le brindó la oportunidad de presentar un escrito en el que expusiera las condiciones específicas de la liberación que solicitaba y para identificar un caso con hechos similares.

La respuesta de la Fiscalía

  El 12 de agosto de 2021, Sonali D. Patel, subjefe de la Sección de Fraudes de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, la respuesta del gobierno en oposición al escrito de Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta en apoyo de la fianza, bajo el alegato de que el acusado presenta un riesgo de fuga significativo al ser ciudadano de un país que no extradita y ser poseedor de activos importantes en el extranjero y sin no vínculos con los Estados Unidos.

   Da Costa Casqueiro Murta está acusado de participar en una conspiración internacional de lavado de dinero por su papel en la estructuración de transacciones para ocultar pagos de sobornos y ganancias delictivas, delitos de los cuales, la fiscalía asegura tener pruebas sólidas. De ser declarado culpable, enfrentaría una sentencia de prisión sustancial de 292 a 365 meses de prisión.

    El gobierno advirtió al tribunal que el acusado no ha identificado los casos solicitados en los que un acusado en una situación similar fuera puesto en libertad bajo fianza. En tal sentido, la fiscalía pidió a la Corte mantener detenido al acusado de conformidad con 18 U.S.C. Sección 3142 (e) (1).

   Estados Unidos solicitó que la Corte que imponga una orden de detención contra Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta y lo mantenga en custodia en espera de juicio.

Los argumentos

   En su escrito, la fiscalía luego de exponer lo que la Ley de reforma de la fianza establece, así como la jurisprudencia, advierten que el demandado está en riesgo de fuga y debe ser detenido.

   Recordaron que el Tribunal en fecha 26 de julio de 2021 estableció el riesgo de fuga por parte del acusado, quien no tiene vínculos con el Distrito Sur de Texas, ni con los Estados Unidos fuera de su actividad criminal. 

   Subraya que Da Costa Casqueiro Murta es natural de Suiza, un país que no extradita a sus ciudadanos a EE. UU., su familia vive en el extranjero, siendo que su esposa, hijos y hermanas viven en Portugal, mientras que los hijos de su esposa residen en Suiza. Anteriormente alquiló un apartamento en Dubai, otro lugar desde el que es poco probable que se produzca la extradición.

  Destacan la fiscalía que, habiendo el acusado conspirado para ejecutar un plan internacional de lavado de dinero y soborno, utilizando cuentas en Suiza y Dubai, es muy probable que tenga activos internacionales que el gobierno no ha podido identificar, rastrear o congelar.

   Indican que la naturaleza y las circunstancias de los delitos que se imputan al acusado en el auto de procesamiento sustitutivo pesan a favor de la detención y el posible castigo resultante proporcionan un amplio incentivo para huir.

    El gobierno hace una exposición acerca de los co-conspiradores y los coacusados del acusado, quienes han sido detenidos en el distrito sur de Texas a pesar de tener bases más sólidas para su liberación que las que tiene en este caso Paulo Da Costa.

Sustento legal poco convincente

   El gobierno alerta al tribunal que Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta no ofreció en la audiencia del 26 de julio de 2021 un solo caso que responda a la pregunta que se le planteó y, en cambio, hizo mención a seis casos fuera del circuito que son inapropiados y distinguibles. Agregan que al demandado tampoco menciona a los coacusados en situación similar que fueron detenidos a pesar de tener vínculos mucho más amplios con el distrito, haber renunciado a la extradición y comparecer voluntariamente en los Estados Unidos.



     Recordó la fiscalía que el demandado apeló su extradición a todos los niveles del sistema legal portugués y a un tribunal de la Unión Europea, y el gobierno de Suiza no ha garantizado ni garantizará su comparecencia en el tribunal del distrito sur de Texas.

Argumentos fallidos del acusado

   El gobierno le refiere al tribunal que Paulo Da Costa Casqueiro Murta argumenta, entre otras cosas, que debido a que no huyó de Portugal a Suiza, no debe considerarse un riesgo de fuga de los Estados Unidos, pero obvia mencionar que mantiene amplios vínculos con Portugal, donde vivía con su esposa. En territorio luso, el demandado posee tres propiedades, incluida su residencia principal, un apartamento y un rancho. Recuerdan que los portugueses “congelaron” estas propiedades, valoradas en aproximadamente USD 3,5 millones, así que huir de esa nación habría implicado el abandono de esos importantes activos. Además, el acusado debió pagar una fianza de € 750,000 (aproximadamente USD 875.000). “En resumen, si el Demandado se fuera de Portugal, abandonaría la comunidad en la que vivía, junto con activos sustanciales y una fianza significativa. Estos son precisamente el tipo de vínculos comunitarios y activos significativos de los que carece en Estados Unidos”.

   Respecto al problema médico que el acusado indica que padece de colesteatoma y por ello debe ser liberado, que requiere su liberación. Identificación. En este sentido, aunque la fiscalía reconoce la condición médica del demandado, alerta que esto no mitiga el riesgo de que huya ni justifica su liberación. “El Demandado no ha proporcionado ninguna prueba de que la Oficina de Prisiones no pueda brindarle la atención médica adecuada mientras espera el juicio”.

miércoles, 13 de octubre de 2021

Fuentes: Hubo complicidad interna en CITGO para el pago de USD 15 millones a empresa del excongresista David Rivera

  La filial de PDVSA, PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda inicial contra Interamerican Consulting Inc.

Por Maibort Petit

   El caso que se libra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York entre PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Interamerican Consulting Inc., propiedad del excongresista de le Estados Unidos, David Rivera, va más allá de un simple reclamo por incumplimiento de contrato, de acuerdo a lo que revelan fuentes ligadas al caso. Informantes de Venezuela Política advierten que, evidentemente, los USD 15 millones que involucra la demanda fueron extraídos de CITGO con complicidad interna. Una serie de manejos por parte de Gina Coon, tesorera, y José Pereira, ex vicepresidente de la filial, quien habría ordenado a la primera hacer el pago, pues se trataba de “una orden de arriba”, emanada de Nelson Martínez.
   Dichas fuentes sostienen que los manejos irregulares son fáciles de detectar con solo revisar los movimientos bancarios de la empresa en el JP Morgan. Al mismo tiempo, advierte que debe ponerse la lupa en Marcia Wiss, abogada de ejercicio en Washington, quien habría sido la artífice de la transacción en conjunto con los funcionarios de CITGO y PDVSA.
  El dinero de la disputa, presentando como un pago por supuestos servicios de cabildeo que la empresa de Rivera no habría finalmente prestado, habría tenido otro destino que, según el excongresista, eran fondos destinados al financiamiento de las protestas promovidas por la oposición venezolana contra el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  El asunto terminó ventilándose en los tribunales y desde el momento mismo en que PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), suscribió un contrato con la empresa del ex congresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting Inc., por presuntos servicios de asesoría de la segunda para con la primera, comenzó una diatriba que parece no tener fin y una serie de acusaciones entre las partes no tienen cuándo terminar.

  El último capítulo en esta guerra de corresponde a la demandante inicial, PDV USA Inc. la cual presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York su respuesta a la contrademanda que Interamerican ejerció el 19 de agosto del presente 2021, negando todos los términos de la misma.

  El pasado 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc. presentó una contrademanda en contra de PDV USA Inc. en la que negó todos los términos de la demanda interpuesta por esta última en su contra acusándola por incumplimiento de contrato. La empresa del ex congresista republicano, David Rivera, aseguró que es la filial de PDVSA la que debe pagar USD 30 millones que serían el saldo del contrato[1].

La respuesta de PDV USA

  El 24 de septiembre de 2021, Jeffrey B. Korn, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa los intereses de PDV USA Inc. en el caso en que demanda a la empresa Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, presentó su respuesta y defensas afirmativas a las contrademandas del demandado al tiempo que pidió a la Corte desestimar dichas contrademandas; otorgarle sentencia a su favor de acuerdo a lo solicitado en la Demanda Enmendada; y cualquier otra compensación adicional que el Tribunal considere justo y equitativo.


   PDV USA Inc. negó las alegaciones de Interamerican en su contrademanda, limitándose a admitir que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la matriz última de CITGO Petroleum Corporation (CITGO) y que David Rivera es un excongresista de los Estados Unidos, propietario de la compañía demandada, con el que celebró un acuerdo para que esta le prestara supuestos servicios de consultoría el 21 de marzo de 2017, y que Interamerican se negó a dar su consentimiento al “Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción al Acuerdo de Consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017”.

   PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda contra Interamerican Consulting Inc., a saber, un cargo por Incumplimiento de contrato; un cargo de por Enriquecimiento injusto; su sentencia declaratoria; al tiempo que enfatizó el pedido de alivio pues, asegura, que la demandada no tiene derecho alguno a las reparaciones que reclama.

Las defensas afirmativas de PDV USA

   Ante las contrademandas de Interamerican Consulting Inc., PDV USA Inc. afirmó sus defensas sin perjuicio de cualquier posición que pueda adoptar con respecto a la carga de la prueba sobre dichas defensas. Asimismo, se reserva el derecho de hacer valer defensas adicionales, incluidas las basadas en hechos revelados mediante descubrimiento o investigación adicional.

   En este sentido, PDV USA en su Primera defensa afirmativa destaca que la contrademanda no establece un reclamo sobre el cual se pueda otorgar una reparación.

 La Segunda defensa afirmativa sostiene que el reclamo de Interamerican por incumplimiento de contrato está excluido por su propio incumplimiento material previo.

   Entretanto, la Tercera defensa afirmativa de PDV USA refiere que los reclamos de Interamerican están excluidos en todo o en parte por las doctrinas equitativas de manos sucias, destituciones, preclusión y/o renuncia.

   A su vez, la Cuarta defensa afirmativa indica que cualquier reclamo de reparación equitativa o declaratoria está excluido porque el Interamerican tiene un recurso adecuado en la ley.

    La Quinta defensa afirmativa de PDV USA advierte que los reclamos de Interamerican están excluidos, en todo o en parte, porque el Acuerdo es inválido, ilegal, nulo y/o nulo ab initio y, por lo tanto, inaplicable. Recuerda que el presidente de Interamerican, David Rivera, declaró a la prensa poco después de la presentación de la demanda, indicando que su empresa nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del contrato.

   Por último, la Sexta defensa afirmativa asevera que la reclamación de Interamerican por incumplimiento de contrato se excluye en todo o en parte porque no cumplió con una condición precedente en virtud del Acuerdo.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html

jueves, 7 de octubre de 2021

Tribunal de Texas aprueba incorporación de nuevo fiscal al caso de Luis Carlos De León-Pérez

  El representante del gobierno se incorporó el 23 de agosto de 2021.

Por Maibort Petit

    Desde el 23 de agosto del presente 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas aprobó una Moción y orden de admisión Pro Hac Vice, que permite la incorporación del fiscal Drew Bradylyons, al caso que en dicha corte se ventila entre los Estados Unidos y Luis Carlos de León-Pérez.

   Las mociones Pro hac vice son un recurso legal por el cual un abogado que no ha sido admitido para ejercer en una determinada jurisdicción pueda participar en un caso particular en dicha jurisdicción.

    Luis Carlos de León-Pérez, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), admitió en julio de 2018 su culpabilidad respecto a los cargos de corrupción y lavado de dinero que se le imputaban.

   Exfuncionario del gobierno venezolano participó en un esquema a través del cual cobraban sobornos millonarios a las empresas que participaban en las licitaciones de la empresa pública de servicio eléctrico de la cual era directivo.

   Tras declararse culpable pagó una fianza de USD 250.000 y, desde entonces aguarda porque se le fije sentencia[1].

   Ya en varias oportunidades la corte a postergado el dictado de tal sentencia, primeramente, el 24 de septiembre de 2018, luego el 7 de octubre de 2019 y, recientemente, el juez Kenneth M Hoyt hizo una reprogramación del cronograma y fijó la finalización del Informe Previo a la Sentencia para el 4 de octubre de 2021, al tiempo que dio hasta el 18 de octubre como la fecha tope para que se presenten las objeciones al mismo. Se restableció la sentencia para el 8 de noviembre de 2021 a las 10:00 a. m. en la Sala 11A[2].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel”. 16 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/tras-declararse-culpable-y-pagar-una.html


[2] Venezuela Política. “Corte reestablece fecha de la sentencia de Luis Carlos de León Pérez”. 21 de septiembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/09/corte-reestablece-fecha-de-la-sentencia.html


 

lunes, 4 de octubre de 2021

CITGO obtiene USD. 556 millones en reembolso de impuestos bajo la Ley de ayuda del gobierno de EE. UU. por la Pandemia de COVID-19

   CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A., y cuya finanzas atraviesan  problemas de liquidez, recibió una cantidad neta de aproximadamente USD 556 millones del Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un documento corporativo interno obtenido y verificado por el portal Zignox.

   Zignox informó que CITGO recibió la devolución de impuestos, cuyo monto incluye intereses, el 27 de septiembre de 2021. Según los documentos revisados por el medio, CITGO había solicitado el reembolso en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, conocida como “Ley CARES”.

  CITGO, que en el segundo trimestre reportó una utilidad neta de USD. 3 millones y un EBITDA de USD. 214 millones, posee y opera tres refinerías a gran escala, con una capacidad de crudo combinada de aproximadamente 769,000 barriles por día, ubicadas en Lake Charles, Luisiana. ; Lemont, III; Lemont, III.; y Corpus Christi, Texas, según un comunicado de prensa oficial publicado el 16 de agosto.

  CITGO también tiene participación accionaria en 39 terminales activos de almacenamiento y transferencia de productos refinados, y tiene acceso a más de 120 terminales de terceros y partes relacionadas a través de acuerdos de intercambio, terminales y similares, según el sitio web de la empresa.

 Leer artículo original aquí.