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lunes, 12 de febrero de 2018

Estados Unidos acusa a 5 ex funcionarios venezolanos en esquema de sobornos de PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los fiscales federales del Distrito Sur de Texas en Houston presentaron cargos contra cinco ex funcionarios del gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro en conexión con un presunto esquema de soborno en la gigante petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Entre los acusados de lavado de dinero este lunes se encuentran Rafael Reiter Muñoz; el viceministro de Energía, Nervis Villalobos Cárdenas. En los documentos se lee que los dos funcionarios fueron  ayudantes del ex zar del petróleo de Venezuela y ex embajador de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, quien hasta ahora no ha sido acusado.

La acusación formal alega que dos vendedores de PDVSA enviaron más de $27 millones en sobornos a cuentas en bancos suizos controladas por Nervis Villalobos y otro ex funcionario, Luis Carlos León, quien también fue acusado. Los tres hombres fueron arrestados en España en 2017 y enfrentan un proceso de extradición que ya fue aprobado por la Real Audiencia Española.

El Departamento de Justicia ahora ha anunciado cargos contra un total de 15 personas como parte de una investigación más amplia sobre sobornos en PDVSA. Este caso tiene vinculación directa con el de Roberto Rincón y Abraham Shiera.

miércoles, 31 de enero de 2018

Tribunal de Texas cambia nuevamente sentencia de contratistas corruptos de PDVSA

Según fuentes ligadas al caso, los fiscales aún no han concluido con la evaluación de las evidencias que se han presentado en este expediente y que aumentaron con los testimonios de los nuevos testigos en custodia de las autoridades estadounidenses.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez Gray H. Miller cambio una vez más la fecha de la lectura sentencia de los contratistas de la petrolera estatal PDVSA, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera-Bastidas, dos ciudadanos venezolanos que se convirtieron en millonarios en base a un esquema de corrupción que incluyó el pago de un mil millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para lograr contratos de manera fraudulenta y en violación de las leyes de licitación.
De acuerdo a la decisión del Juez federal de la Corte del Distrito Sur de Texas, la lectura de la sentencia prevista para el 8 de febrero de 2018 se conocerá ahora el  23 de agosto de 2018 a las 9:30 AM. 

El magistrado también alargó el calendario para que las partes entreguen los documentos que están pendiente para el cálculo de la condena. Según las nuevas fechas, la Oficina de Libertad Condicional tendrá ahora hasta el 16 de agosto de 2018 para presentar los apéndices del informe previo a la sentencia. 

Rincón enfrenta una pena menor a 13 años y Shiera de menos de 10 años. Por su delación y entrega de información, los dos contratistas podrían recibir condenas menores a los 7 años.

El gobierno norteamericano acusó a Rincón y Shiera de haber pagado entre 2009 y 2014 mil millones de dólares sobornos a directivos de la empresa petrolera de Venezuela para obtener lucrativos contratos con beneficiaron a sus empresas energéticas, muchas de las cuales están radicadas en Estados Unidos.

Rincón y Shiera fueron arrestados el 16 de diciembre de 2015. Rincón fue apresado en Houston y trasladado a la cárcel de Harris County, en la ciudad de Texas, mientras que Shiera fue aprendido en Miami, Florida en la misma fecha.

El 16 de marzo de 2016, Shiera- Bastidas se declaró culpable del cargo de conspiración y de otro cargo por violar la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA), destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías de EEUU a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

En junio de 2016, Rincón también asumió la culpabilidad de dos cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en los que admitió su participación en un esquema de negocios corruptos para obtener contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Igualmente, Rincón admitió que en su declaración de impuestos omitió más de $6 millones en dividendos recibidos por parte de una empresa que él poseía en Venezuela.

La fecha de la sentencia de Rincón y su socio Shiera fue cambiada en tres oportunidades. Shiera y Rincón no han sido los únicos que se han declarado culpables en este caso.

En los documentos federales se señala que los ejecutivos de la PDVSA que participaron en el esquema de corrupción creado por Rincón y Shiera recibieron sobornos en forma de dinero y regalos, entre los que se incluían comidas, viajes, whisky y hasta una noche en un lujoso hotel de Miami Beach (Florida).

Los co-acusados en este caso y que están en custodia de las autoridades estadounidense o ya procesados son (hasta el momento): Moisés Abraham Millan Escobar, José Luis Ramos Castillo, Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, Juan José Hernández-Comerma, Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias y Fernando Ardila-Rueda.

La información suministrada por Rincón y Shiera ha permitido ubicar a funcionarios de alto rango de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que recibieron coimas de los contratistas y que ahora son investigados y acusados por el gobierno de los EEUU. También permitió ubicar cuentas bancarias en paraísos fiscales y en bancos norteamericanos.

Seguiremos informando...

viernes, 10 de noviembre de 2017

Explosión de casos de corrupción en PDVSA: ¿Auténtica justicia o lucha de poder en la industria?

La trama de corrupción descubierta a raíz del proceso judicial abierto por la justicia estadounidense contra los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera, parece haber desatado una cadena de denuncias —o venganzas— en el seno de la estatal petrolera PDVSA que amenaza —todo en apariencia así lo indica— con no tener fin, por lo que un etcétera de casos, funcionarios, exfuncionarios, empresas y relacionados, pudiera seguir saliendo a la luz, revelando el carácter corrupto que se ha instituido en la que, aún, se erige como la principal industria del país.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El caso de la empresa Tradequip se constituyó en un escándalo que puso de manifiesto la corrupción que se ha instalado en Petróleos de Venezuela y todas sus filiales casi como una filosofía, como un mecanismo de funcionamiento que se ha impuesto en los casi veinte años que el chavismo ha ocupado el poder en Venezuela, toda vez que en la estatal petrolera —como en todos los organismos y dependencias gubernamentales— rige el secretismo que ha operado como política de estado y que impide que los controles naturales de toda sociedad democrática operen para impedir este tipo de conductas delictivas.
Hubo de actuar la justicia estadounidense para castigar las operaciones de legitimación de capitales mal habidos que Roberto Rincón, propietario de Tradequip y su socio, Abraham Shiera, implementaron en suelo norteamericano, para que en Venezuela surgieran las voces de alerta acerca de la situación irregular que melló el patrimonio de PDVSA en más de mil millones de dólares. Sin embargo, quedan las dudas acerca de las verdaderas razones que mueven estas acciones de aparente justicia que se ha desatado en el seno de la estatal petrolera.

Tradequip es una empresa surgida como un negocio de carácter familiar y registrada el 21 de septiembre de 1988, se creó con el objetivo de comprar, vender y distribuir equipos para la industria petrolera, marina, entre otras.

Para el año 1992 abre operaciones en Maturín y Barinas y se encarga de la dotación e inspección de equipos para trabajos marítimos.

Esta empresa igualmente posee una sede en Houston, desde donde presta servicios y equipos a Pdvsa Services International y a Bariven.

En el historial empresarial de esta firma, se han sucedido varios eventos que los han llevado a los tribunales. Por ejemplo, para mayo de 2015, Tradequip conjuntamente con Incenter —dirigida por el empresario Antonio Canaves— demandaron al Novo Banco de Portugal por 81 millones de euros por presuntas deudas de la entidad financiera luego de que ambas compañías decidieran reinvertir 30 por ciento (Incenter) y 50 por ciento (Tradequip) en cartas de crédito. El Novo Banco de Portugal sucede al antiguo Banco Espírito Santo que cerró sus puertas en 2014.

La demanda en cuestión establece que a Tradequip le corresponden 71,4 millones de euros, mientras que a la Consultora y Constructora Incenter, la cantidad de 9, 3 millones de euros.

Pues bien, ya en el caso que nos ocupa, las dudas surgen cuando se advierte que pese a que en junio de 2016, el propietario de esta empresa, Roberto Rincón se declaró culpable en la corte federal de Houston en la que ha sido procesado por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al admitir su participación en un esquema de negocios corruptos para obtener contratos de PDVSA como lo reseñó RunRun.es el 16 de junio de 2016[1], la compañía, al parecer, continuó manteniendo relaciones con la petrolera estatal.
Esto se desprende de una información suministrada por el fiscal general de la república designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, quien anunció en agosto de 2017 que retomaría las investigaciones de los casos corrupción en PDVSA, especialmente en lo referido a las contrataciones para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco y en el listado de las empresas citadas por el funcionario, aparece Tradequip, C.A.[2]

La nota detalla las investigaciones periodísticas que señalan que Roberto Enrique Rincón Fernández, continuaba figurando, a la fecha de la publicación, como el presidente y fundador de la compañía “inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N° 75, Tomo 62-A, del 21 de septiembre de 1988. A pesar de su detención y de las pérdidas económicas que generó el esquema de corrupción a PDVSA, la empresa sigue activa y logró conseguir contratos en Pequiven, en la Faja Petrolífera del Orinoco, Petroboscan y Petróleo independiente. Sin embargo, en el Registro Nacional de Contratistas aparece como inhabilitada para trabajar con el Estado”.
Roberto Rincón, nacido el 14 de agosto de 1960, es un empresario del sector petrolero, natural del occidente venezolano (Zulia), quien hasta agosto de 2014 estuvo residenciado en Houston, fecha en que mudó a Madrid.

De la capital española, decidió viajar el 19 de diciembre de 2015 nuevamente a Houston y fue cuando a sólo una jornada de estadía en la ciudad texana, fue detenido por las autoridades estadounidenses que lo acusaron del delito de lavado de dinero, causa por la cual fue presentado en la Corte del Distrito Sur de Texas, el 21 de diciembre, reseña el portal Poderopedia[3].

Rincón es propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial, las cuales adquirieron gran importancia en el mercado petrolero venezolano durante el paro petrolero que tuvo lugar de diciembre 2002 a febrero de 2003, pues se convirtieron proveedores confiables de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.

Se le vincula a Hugo Carvajal, debido a que en 2014 este se trasladó a Aruba en un avión propiedad de Global Air Services Corp, empresa en la que José Roberto Rincón, su hijo, funge como gerente. Durante ese viaje, Carvajal fue detenido en la isla caribeña, en respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos. El Reino de los Países Bajos terminó reconociendo tres días después, la inmunidad diplomática que previamente había desconocido un tribunal de Aruba.

La sentencia de Rincón se espera conocer en febrero de 2018, según se ha informado en los predios tribunalicios.

Cabe destacar que junto a Rincón también fue acusado el Abraham Shiera, con doble nacionalidad venezolana-estadounidense, quien en sociedad con el primero, conspiraron para cometer fraude y lavado de capitales en territorio de los EE. UU., mediante sobornos a, por lo menos, cinco personas ligadas a PDVSA.

Poderopedia reseña que Shiera preside en Venezuela la empresa Vertix, de la cual es propietario del 51 por ciento de las acciones y la cual se dedica a la distribución e importación de maquinaria para explotar hidrocarburos, que mantiene contratos con PDVSA. El Registro Nacional de Contratistas la refleja como que "No presenta una situación financiera razonable" y como inhabilitada para contratar con el Estado.

Shiera fue capturado el 19 de diciembre de 2015 en Miami, acusado por cargos de presunto lavado de dinero. Su defensa solicitó en enero su libertad, pero un juez de la corte de Miami ordenó su traslado a Texas. El 22 de marzo se declaró culpable de dos de los 18 cargos en su contra y, además, recibió libertad condicional mientras espera del juicio. En el libelo se desestimaron casi todas las acusaciones en su contra, salvo las de conspiración para cometer ofensa o fraude a Estados Unidos y realizar prácticas corruptas foráneas respectivamente[4], reseña Poderopedia.

El empresario habría negociado con la fiscalía entregar gran parte de la fortuna que logró amasar, al tiempo que se comprometió a contribuir con la investigación, por lo que, para nada, debe entenderse que fuera inocente de los cargos desestimados.

Miami Diario informó el 11 de octubre de 2017 que Fernando Ardila Rueda, copropietario de varias compañías de energía con sede en Florida, igualmente admitió su culpa por cargos de soborno dentro del plan para obtener contratos corruptos de PDVSA.

Se espera que para febrero de 2018 el juez federal, Gray H. Miller, del Distrito Sur de Texas, dé a conocer su sentencia.

Ardila conspiró, junto a Shiera Bastidas y Rincón Fernández, para sobornar a los analistas de compras de PDVSA y obtener jugosos contratos con la petrolera estatal venezolana.

“De 2008 a 2014, mientras era director de ventas, gerente y copropietario de varias de las compañías de Shiera, Ardila proporcionó entretenimiento y ofreció sobornos a funcionarios de PDVSA, basándose en un porcentaje del valor de los contratos que los funcionarios ayudaron a otorgar a las compañías de Shiera”[5], se lee en la nota de Miami Diario.

Los cómplices necesarios

Según denuncias llegadas a nuestras manos, Roberto Rincón logró adjudicarse decenas de contratos luego del paro petrolero, pese a que sus condiciones y precios superaban otras ofertas que, de anteojo, resultaban más convenientes para PDVSA.

Con el favor de personal interno de PDVSA en oficinas de Houston, Holanda, China y Argentina, Tradequip logró adjudicarse contratos de compras internacionales que pasaban por los ojos del ingeniero Gustavo Oses, gerente de servicios técnicos, cuyo visto bueno era imprescindible para aprobar las adquisiciones.

El nombre de Oses, refiere El Pitazo en nota aparecida el 7 de enero de 2017, ha surgido en varias investigaciones que dan cuenta de la informalidad con que era manejada la referida Gerencia de Servicios Técnicos. “‘Había empresas que eran aplazadas en el análisis financiero, tenían poca trayectoria, eran inscritas y a pesar de eso se les asignaban órdenes voluminosas, aun cuando estaban catalogadas como OTV (One Time Vendor, empresas sin una curva de experiencia). El volumen de registro era inmenso; cada vez habían más solicitudes de registro de empresas internacionales’, decía la fuente consultada a propósito de que se había revelado la existencia de una oficina paralela en Bariven que operaba para favorecer este tipo de delitos”, se lee en la publicación de El Pitazo[6].

Explica la información que corrobora los datos suministrados por nuestras fuentes, que tanto Roberto Rincón como Abraham Shiera, contaron con la complicidad de otros socios y de personal de PDVSA y cita a Moisés Millán como su asociado y a José Luis Ramos Castillo, Christian Javier Maldonado Barillas y Alfonzo Eliezer Graviña Muñoz, como los empleados de la petrolera que los ayudaron a tejer el entramado de corrupción por el cual se hicieron de más de mil millones de dólares en contratos obtenidos a través de sobornos y manejos fraudulentos.

Pero aún con la ayuda de estos funcionarios, se requería de la colaboración de directivos por cuyas manos debían pasar los contratos para ser aprobados. Es decir, el papel de Ramos Castillo, Maldonado Barillas y Graviña Muñoz era necesario, pero no suficiente. Para que la “operación” pudiera concretarse, era imprescindible el concurso de directivos de las “gerencias claves, como la de Finanzas o Servicios Técnicos [que] tuvieron un peso importante en este y otros casos. Para la fecha en la que se cometieron estos actos de corrupción, alrededor de año 2012, Javier Alvarado fungía como presidente de Bariven, la filial encargada de procura de bienes y servicios a la estatal Pdvsa. Alvarado antes fue el presidente de Corpoelec y viceministro de Electricidad. Se le menciona como el responsable de entregar contratos para la construcción de plantas eléctricas a una empresa sin experiencia, Derwick Associates, cuyos socios son amigos de su único hijo varón”, reza la nota de El Pitazo.

Tanto Ramos, como Maldonado y Graviña se declararon culpables de haber aceptado sobornos —mientras trabajaron en PDVSA o sus subsidiarias o filiales— de parte de Shiera y Rincón en la obtención de contratos energéticos, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Ramos, Maldonado y Graviña admitieron también que conspiraron con Shiera y Rincón para lavar las ganancias de esa trama de sobornos”[7], refiere el portal Efecto Cocuyo en nota aparecida el 23 de marzo de 2016. Pero Graviña también admitió su culpa por declarar falsamente en su declaración de impuestos de 2010 al no dar a conocer sus ingresos por esta vía fraudulenta.

No es la única

Pero señalar a Tradequip como la única beneficiaria de este tipo de operaciones fraudulentas sería no solamente injusto, sino también insuficiente al estarse dejando de lado a decenas de empresas que, según investigaciones de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, habrían estafado a la estatal petrolera nacional.
El ente legislativo elaboró una lista de 37 empresas que habrían participado del mismo esquema de corrupción que el empleado en el caso de Tradequip y a través del cual más de 3 mil millones de dólares habrían sido esquilmados al erario de Petróleos de Venezuela.

“En tres de estas compañías aparecen los nombres de los empresarios Pietro Micale y Ernesto Luis Guevara, ambos con operaciones en la zona petrolera del oriente del país. Se les vincula a Incenter Corp., Energy Logistix Inc., y G&B Global Group Inc., las dos últimas conectadas con Charles Beech e investigadas ahora por la Fiscalía de EE. UU.

Refiere la información que Beech es propietario de Snubbing Venezuela, C.A., en la que es socio a partes iguales con Pietro Micale.

“Lo propio ocurre con Hydraulic Pressure Control, LLC. La empresa estadounidense fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, trámite necesario para poder contratar con el Estado venezolano. Allí Beech divide a partes iguales el paquete accionario de la empresa con su socio Ernesto Luis Guevara. Al ser una empresa extranjera que opera en Venezuela, cobraría sus obras en dólares”, agrega El Pitazo.

No es la primera vez

Ya el mismo portal, El Pitazo, había denunciado en ocasión anterior la existencia una oficina satélite de Bariven que operaba en el piso 10 del complejo empresarial Eurobuilding, la cual se encargaba de la non sancta tarea de otorgar, de manera fraudulenta, millonarios contratos a empresas. Más de mil sociedades habrían resultado favorecidas con este esquema corrupto, entre ellas, oh sorpresa, las pertenecientes a Roberto Rincón, Abraham Shiera y Joseph Benoudiz. Este último, usurpó la identidad del gigante chino Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD para hacerse de los millonarios contratos de PDVSA.

El resultado de la investigación de El Pitazo apareció el 7 de agosto de 2016 como producto del análisis de una serie de documentos y testimonios que se filtraron al medio, referidos a las gestiones de George Kabboul, de 2008 a 2009, y la de Javier Alvarado, entre 2009 y 2013.

“Analistas de compras, operadores y gerentes de Bariven crearon un sofisticado sistema que les permitió favorecer a las empresas por ellos escogidas para otorgar a discreción jugosas órdenes de compra y contratos. Este esquema revela la base en la cual se sustentan los sonados casos de corrupción de los que ha sido víctima la principal industria petrolera del país”, refiere el reporte que advierte de que para que tal esquema pudiera ser posible se requirió del concurso del núcleo informático de la empresa encargada de procura de Bariven, así como de la complicidad de las gerencias encargadas de las finanzas, servicios técnicos, compras y control interno.

Esto benefició fraudulentamente a más de un millar de empresas sin experiencia y de maletín, creadas sólo con el objetivo de obtener los contratos de compras millonarias infladas con enormes sobreprecios.

“Tres etapas conforman esta nueva irregularidad: la creación de una oficina satélite de Bariven a través de la intervención del sistema administrativo SAP para realizar compras internacionales, cuando originalmente estas órdenes se generaron desde Venezuela. La inclusión de una lista con más de 1.200 empresas amañadas para asignarles las órdenes de compras con el sello de Pdvsa Services Bv (Bariven-Holanda) desde el piso 10 del complejo empresarial Eurobuilding —donde operaban las oficinas administrativas de Bariven Venezuela— y, finalmente la venta de productos con sobreprecios por parte de estas empresas, algunas facturadas con incrementos por más del 300%”[8], explica el reportaje de El Pitazo.

Bariven es un despacho de PDVSA que se encarga de realizar las compras nacionales e internacionales para la estatal petrolera. Las compras nacionales se llevan a cabo a través de las oficinas regionales en Venezuela, mientras que las que tienen lugar extra fronteras, se realizan por intermedio de sus oficinas en Houston y Holanda. La adjudicación de compras internacionales desde Venezuela en el esquema diseñado aquí denunciado, violó las normas que regulan las operaciones de adquisición de bienes y servicios en la industria petrolera.

Este esquema de corrupción hizo posible que 4 mil millones de dólares terminaran en las arcas de tan sólo 23 empresas del total las 1.272 empresas con código OTV, que aplica en el caso de coyunturas o emergencias, de tal manera que las empresas puedan hacer un solo suministro de material. Entre las referidas 23, figuran Liaoning Northen SteelPipes, Co LTD, inscrita por Joseph Benoudiz (la que sirvió para el caso de usurpación de identidad citado líneas arriba) y por el cual recibió más de 50 millones de dólares en órdenes de compra.

Derwick Associates, S.A, también logró adjudicarse por esta vía más de 200 millones de dólares en venta de equipos con sobreprecio a Bariven durante la crisis eléctrica de 2010.

Reacciones tardías

Tuvieron que transcurrir varios años para que el entonces (agosto de 2017) presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, girara instrucciones al vicepresidente de la estatal, Simón Zerpa, y al presidente de Bariven, Francisco Jiménez, para que bloquearan preventivamente a diez empresas en todo tipo de operaciones que incluían pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco, refiere el portal Venezuela Política[9] el 31 de agosto de 2017.

Entre estas empresas figura Tradequip, que como las otras, habría pagados sobornos a funcionarios de PDVSA para hacerse de contratos de proveeduría con gran sobreprecio.

La citada página, además, hace referencia a otras empresas de la lista Del Pino, comenzando por Metro Emergencias Equipo Petroleros, propiedad de Franco Tortolani, señalado por supuestamente haber pagado sobornos para lograr contratos millonarios en varios entes del Estado venezolano.

Luego está Derwick Associates, acusada de instaurar un esquema de corrupción por el cual pudo obtener doce contratos durante la administración del finado expresidente, Hugo Chávez, para construir plantas de energía. La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York desestimó  las demandas por contratos que sumarían entre 2009 y 2010, un billón de dólares. 

Del mismo modo, en la lista aparece la Constructora Urbano Fermín, Cuferca, igualmente acusada de obtener contratos con sobreprecio por parte de le estatal petrolera.

El dueño de esta firma es Carlos Enrique Urbano Fermín, en sociedad con Nelson Bustamante, Carlos Enrique Hernández Zamora y los hermanos Carlos Esteban y Carlos Eduardo Urbano Fermín. Pero no solamente PDVSA habría otorgado contratos de manera fraudulentas a esta compañía, sino también del alcalde de Guanta, Jhonathan Marín.

Eulogio del Pino también ordenó el bloqueo de Nalco Venezuela SCA; Cooperativa Servicios de Oriente; Sumservi 2021 C.A., Servicios, Constructores y Mantenimiento Romana; SDV Energía Infraestructura.

Represalias internas

El pasado 26 de octubre de 2017 se conoció del arresto del presidente de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), exvicepresidente de Exploración y Producción, junto a otros diez gerentes de PDVSA, por parte de una unidad especial de contrainteligencia.

La acción se produjo por instrucción del Ministerio Público que venía investigando algunos casos de corrupción, específicamente, por haber recibido sobornos.

Se trata de Orlando Chacín, encargado de dirigir la filial para empresas conjuntas con socios extranjeros, mano derecha del expresidente de Eulogio Del Pino, expresidente de la estatal y actual ministro de petróleo. Los otros ejecutivos detenidos formaban parte de Petropiar y Petrozamora que operan junto a Chevron Corp y la rusa Gazprombank. A estos funcionarios se les acusa de incurrir en sobreprecios y por la no ejecución de proyectos planeados, refiere el portal Noticias Candela.

Sin embargo, fuentes cercanas a Petróleos de Venezuela advierten que tales acciones distan mucho de estar dirigidas al saneamiento de la principal empresa venezolana, sino más bien que obedecen a retaliaciones y a guerras internas por el control de la compañía que ahora se encuentra bajo la tutela de Nelson Martínez, un veterano ejecutivo que reemplazó a Eugenio Del Pino.

“Otros ejecutivos prominentes de PDVSA bajo [la gestión de] Del Pino han sido detenidos desde entonces, incluidos Pedro León, un poderoso ejecutivo que dirigió el desarrollo de la empresa en el cinturón del Orinoco, y Gustavo Malavé, jefe de la compañía para la región occidental”[10], se lee en la nota.

La versión oficial referida en una información de la página oficialista Misión Verdad dice que a Chacín se le imputan los delitos de asociación para delinquir, obstrucción de la libertad del comercio, concierto de funcionario con contratista, peculado doloso y daños a la industria petrolera con siniestro, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción y el Código Penal.

El resto de los detenidos están acusados de sabotaje, a saber, Luis Gerardo Martínez Cardozo, superintendente de tratamiento de crudo; Adolfo Ramón Artigas, técnico de laboratorio; Hirto Manuel Hurtado, técnico de movimiento de crudo; Raibeth Atencio, líder de contabilidad de crudo; Jalar Antonio Granado Rodríguez, superintendente de operaciones de tanque; y Noria Alberto Perozo Villanueva, representante del Ministerio Energía y Minas.

Asimismo, Carlos Pereira, supervisor de compras de paradas de planta; Carlos Bello Romero, supervisor de analistas de compras de paradas de planta; Luis Alberto Olivier, superintendente de prevención y control de pérdidas (PCP); y Abraham Valentino Lezama, supervisor de materiales de paradas de planta; todos pertenecientes a Petropiar, fueron aprehendidos por el caso de los contratos con sobreprecio otorgados a través de empresas mixtas que operan en la Faja del Orinoco[11].

Acciones en Bariven

El 2 de noviembre de 2017, la fiscalía general de la república informó de la detención del presidente de Bariven, Francisco Antonio Jiménez, acusado por corrupción. Igualmente se detuvo al gerente de servicio técnico de la empresa, Joaquín Torres, y al analista de compras, Javier Sosa, informó El Nacional.

Los cargos imputados son asociación para delinquir, peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios.

La fiscalía precisó que de enero a septiembre de este año “se registraron en contratos de Bariven 1.300 alertas de sobreprecio en bolívares y 76 en dólares (…) Estos sobreprecios oscilan entre 100% y 98.000%"[12].

El Ministerio Público indicó que los montos objetados superan los 10 mil millones de bolívares y los 119 millones de dólares, sobreprecios en los que aparecen recurrentemente las mismas empresas, incluso, aun cuando no calificaban o no tenían registro.
Y nuevamente el caso de Roberto Rincón apareció en escena pues, de acuerdo a la fiscalía, las irregularidades en este caso se vinculan al empresario zuliano propietario de Tradequip.

También perteneciente a la nómina de Bariven, el exgerente de adquisiciones de dicha empresa, Ramiro Farit Rodríguez, fue detenido —según informó el Ministerio Público— el 11 de abril de 2017, acusado por el delito de peculado doloso.

La fiscalía informó en nota que replicó Finanzas Digital el 11 de abril de 2017, que Rodríguez “aprobó la solicitud de compra de materiales relacionada con la adquisición de dos monoboyas por un monto de 51 millones de dólares americanos”[13], equipos que fueron instalados por una empresa diferente a la contratada, por 26 millones de dólares.

Ya por el mismo caso, la fiscalía imputó a los presidentes de las subcontratistas Guevara Training C.A. y Castillo Max Oil and Gas, quienes habrían cobrado facturas con sobreprecio en la adquisición e instalación de los equipos.

La lista de empresas y funcionarios, exfuncionarios y relacionados con hechos de corrupción de diversa índole parece interminable. Muchos son sólo una cadeneta en la cual, uno y otro, terminan vinculados, tal es el caso de Tradequip, Roberto Rincón y Abraham Shiera, que pareciera haber penetrado en todas las instancias de PDVSA dado el largo etcétera que se mantiene desde que fue descubierto. La pregunta que siempre quedará sin respuesta —al parecer— es si tales acciones responden a un auténtico interés de aplicar justicia o, como ya se dijo anteriormente en estas páginas, solamente se trata de retaliaciones y pases de factura entre facciones internas que pugnan por mantener el poder en la que, por ahora, continúa siendo la principal empresa del país.

sábado, 16 de septiembre de 2017

EEUU investiga compra de equipos de alta tecnología para la Guardia de Honor de Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una firma de Miami está en el centro de una investigación sobre empresas norteamericanas que estarían violando prohibiciones federales de suministrar equipos de seguridad e inteligencia electrónica al gobierno de Nicolás Maduro, a través de esquemas financieros para evadir controles.

De acuerdo a documentos oficiales, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) contrató a la firma Medabil Corporation, una empresa registrada en Miami, para suministrar equipos de última tecnología a una unidad élite militar creada este año en Caracas para proteger a Maduro y otras altas personalidades chavistas de posibles atentados.

Según un memo emitido por la Secretaría de la Presidencia de Pdvsa, bajo supervisión del actual ministro de Petróleo Eulogio del Pino, el pago del contrato con Medabil Corporation iba a ser realizado por la subsidiaria de Pdvsa Bariven Holanda, “debido a la actual restricción financiera con los Estados Unidos de Norteamérica”.

Pdvsa ha venido prestando apoyo a la Guardia de Honor Presidencial, el equivalente al Servicio Secreto en Venezuela, y cuya función esencial es proveer seguridad al mandatario venezolano y a altas figuras del chavismo.

De acuerdo al memo, Pdvsa ha suministrado a la Guardia de Honor “apoyo aeronáutico, servicios en tierra y apoyo logístico”, entre otros.

El memo enfatizó que debido a la responsabilidad de proteger las altas autoridades del gobierno de Maduro, se ordenó la creación de la Unidad de Especial de Seguridad y Protección a Personalidades de la Guardia de Honor Presidencial, “una unidad élite creada en el año 2017 con el objetivo de brindar seguridad y salvaguarda a altas personalidades del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Como tal, debe contar con los recursos tecnológicos más avanzados a la fecha con el objeto de proveer servicios de inteligencia, televigilancia y otros factores de seguridad para la protección de su entorno”.

El contrato incluye una amplia gama de equipos técnicos cuyas características y disponibilidad ya han sido objeto de “inspección” en Estados Unidos, indicó el memorando.

Las investigaciones en EEUU se realizan mediante un equipo tarea (task force) integrado por varias agencias federales, bajo coordinación del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), que concentra las investigaciones sobre Venezuela en el sur de la Florida.

“Por ahora se están estableciendo las posibles violaciones en que incurriría este tipo de contrataciones, debido a que hay sanciones actualmente vigentes, entre ellas ofrecer servicios estratégicos a organizaciones militares en Venezuela”, indicó una fuente familiarizada con las indagaciones.

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Una nota de mi autoría publicada en el portal Venepress.com explica la oscura trama de la empresa que recibió la contratación por parte de Pdvsa. Ver detalles aquí

lunes, 17 de julio de 2017

Roberto Rincón y Abraham Shiera serán sentenciados en febrero de 2018

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una vez más la Corte del Distrito Sur de Texas aplazó para el 8 de febrero de 2018, la fecha de lectura de la sentencia de los empresarios  venezolanos, Roberto Rincón y Abraham Shiera, acusados de participar en un esquema de corrupción para conseguir contrato de Pdvsa, para lo cual pagaron más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana.
La fecha de la sentencia ha sido cambiada en varias oportunidades motivado a una serie de mociones presentadas por la defensa y el gobierno. La sentencia estaba prevista para el 14 de julio de 2017. El juez Gray Miller dió a conocer la nueva fecha para el próximo año. 

Se conoció que la información entregada por la fiscalía de Suiza a los Estados Unidos incluye información relacionada con este caso que envuelve pagos de sobornos millonarios a funcionarios de Pdvsa y trabajadores de esa empresa.


martes, 23 de mayo de 2017

Corrupción acaba con PDVSA: La Faja del Orinoco es un nido de manejos irregulares

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA ha llegado a niveles alarmantes, a tales extremos que el mismo Nicolás Maduro reconoció  la existencia de una red de corrupción en la compañía aunque no tomó ninguna medida para acabar con el flagelo que ha socavado las bases financiera de la principal empresa del país y de los entes asociados a ella. 

Tras una evaluación hecha por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la presidencia de la República sobre la situación en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, se supo que existen numerosas irregularidades que comprometen la salud financiera y productiva de ese ente.

Las únicas acciones que se conocen fueron los auto de detención de algunos funcionarios y contratistas ligados a la faja petrolífera. El mayor responsable del esquema de corrupción, gerente ejecutivo, Pedro León Rodríguez, tiene una orden de aprehensión en contra desde mediados del mes de febrero, pero hasta la fecha se encuentra "desaparecido". 

Un informe realizado en 2015 por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República y que fue remitido para la consideración del Ministro del Poder Popular para el Petróleo y la Minería, Asdrúbal Chávez, contiene una serie de irregularidades que describen el estado en que se encontraba la Faja Petrolífera para aquel momento.

Los inspectores trabajaron la división Junín de la Faja Petrolífera ubicada en Anzoátegui y Guárico. La inspección abarcó 6 empresas mixtas que operan en la División Junín: Petrocedeño (60 % Pdvsa, 9,6% Statoil Noruega, 30,4% Total Oil Francia). Petrojunín (60 % Pdvsa, 40% ENI Italia), Petrourica (60% Pdvsa, 40% CNPC China), PetroMiranda (60% Pdvsa, 32% Rosneft, 8% Gasprom), Indovenezolana (60%Pdvsa, 40 % ONGC), PetroMacareo (60 % Pdvsa, 40% Petrovietnan), Petroanzoátegui y Distrito Junín Sur (100% Pdvsa).
Asimismo se hizo una inspección en las prestadoras de servicio: Pdvsa Servicios Petroleros, Pdvsa Servicios logísticos Orinoco, y la División Junín, donde convergen las gerencias de todas las empresas, al igual que el Terminal de almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui y los mejoradores de Petrocedeño y Petroanzoátegui.

El informe entregado al gobierno en 2015, dice que el área de la faja de 15.136,22 Km2, y tienen una reserva de 98 mil millones de barriles. Para 2014 se perforaron 252 pozos productores con una generación de 71,9 millones de barriles diarios.

Las irregularidades

Según el informe la inspección arrojó una serie de irregularidades, entre las cuales se destacan las siguientes:


1) Hay datos erróneos en las simulaciones realizadas en el proyecto de certificación de reservas  llamadas "Magna Reservas", entregado a Patromacareo, donde se contemplaban que los pozos productores tenían un potencial de producción entre 700 y 1.000 barriles de petróleo diarios. Sin embargo, los 3 pozos que fueron alineados a producción por Petromacareo desde su inicio a su cierre, produjeron volúmenes entre 150 y 250 BPD. Del mismo modo, en Petrourica se esperaba una producción por pozo de 1.000 BPD, siendo que a la fecha del informe sólo se produce un promedio real de 250 BPD.


2) Se constató una demora en la firma de la decisión final de inversión por parte de los socios de las empresas mixtas, constituidas en el año 2010, las cuales debían tomar su decisión de invertir en el país en el año 2014. Este retraso ha ocasionado que la industria no cuente con los recursos económicos necesarios para construir la infraestructura necesaria para llevar a cabo la producción temprana y permanente.


3) Igualmente se evidencia una desarticulación entre PDVSA y los ministerios encargados de revisar y aprobar la factibilidad de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Territorial de la Faja, pues no existe un cruce de data de los proyectos que cada despacho del Ejecutivo Nacional ha proyectado desarrollar en faja, una situación que ha generado que la petrolera contraiga gran cantidad de contratos de servicios de honorarios profesionales para elaborar las ingenierías conceptuales, básicas y de detalles.

El estado de desinformación es tal que los cuadros gerenciales de los proyectos aprobados por el gobierno en el contexto del Plan de Desarrollo, manifestaron desconocer cuáles son los proyectos formulados, cuáles cuentan con presupuesto y cuántos están contratados. 

4. Los inspectores constataron retrasos significativos en el cumplimiento de los objetivos generales y estratégicos que para PDVSA se establecen en la Ley de la Patria. La razón de esto es que los proyectos mayores que tienen que ver con la construcción de refinerías, mejoradores, oleoductos, termoeléctricas, terminales de embarque, condominios  industriales, entre otros, apenas se encuentran en fase de ingeniería conceptual o básica y, por tanto, no cuentan con los recursos económicos para la contratación de la ingeniería de detalle, procura y construcción.

5. También refieren los inspectores que existen retrasos en la totalidad de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción de los proyectos contemplados en el Plan de la Patria, que para le fecha del informe no se habían iniciado. 


6. Por otra parte, confirmó la existencia de deficiencias en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones de los procesos de contrataciones. 


7. Hay un retardo en los trámites de modificaciones a los contratos en ejecución en razón de que los administradores no se encuentran en las áreas donde se llevan a cabo las obras o servicios, lo cual entorpece los procesos y lleva en muchos casos a la paralización de los proyectos retrasando su culminación.

8. En el caso de BARIVEN los procesos de procura observan extensos tiempos por causa de excesivos trámites burocráticos, por lo que no se hace la oportuna adquisición de equipos, químicos, repuestos, materiales e insumos que requiere la ejecución de los proyectos que se ejecutan en las distintas empresas, afectando significativamente las operaciones de la empresa.  

Allí también los gerentes y trabajadores denunciaron gran cantidad de procesos de contratación declarados desiertos por la poca participación, así como especulación en las ofertas económicas presentadas por las empresas participantes y retraso en la ejecución por parte de las contratistas a cargo de obras o prestación de servicios y suministradoras de bienes, las cuales reiteradamente alegan retrasos en la cancelación de los pagos y las valuaciones.

9. En el Complejo de Jose los inspectores verificaron una disminución en la capacidad de mejoramiento de crudo. La división respectiva cuenta con una capacidad de diseño de 1.000 MBD de Crudo Diluido (DC0), operacional: 909 MB DCO, de procesamiento actual: 700 MBD DCO, por lo cual se comercializan 300 MBD de DC0. Este producto tiene un valor inferior al crudo mejorado y contiene 30 por ciento de Nafta, cuyo  precio oscila entre 25-30 USD por encima del precio del crudo en el mercado internacional, lo que representa significativas pérdidas para el Estado venezolano.

10. Existe un deterioro generalizado de la estructura física de los mejoradores a causa de deficiencias en el mantenimiento. Así que, aparte de equipos inoperativos y vulneración de las medidas de seguridad de los trabajadores, paralización de diversas áreas de producción, entre otros, la calidad del crudo ha desmejorado al no cumplir con las especificaciones en cuanto al contenido de sales y agua.

11. Debido al colapso que presentan los Centros de Tratamiento de Fluidos, la  inadecuada disposición de aguas residuales, a los materiales y desechos peligrosos, a las fallas en el acarreo, almacenamiento y despacho de subproducto de petróleo y el mal estado de los trenes de azufre en el mejorador de Petrocedeño, existe un alto grado de contaminación ambiental a nivel de producción y mejoramiento. Tal situación viola lo establecido en el 5° Objetivo Histórico del plan de la Patria. 

12. En razón del bajo rendimiento de las empresas contratadas se han paralizado gran cantidad de servicios y obras, así como por la falta de entrega de procura de Bariven, S.A.

13. Los inspectores denuncian una deficiente planificación en la Parada Mayor de Planta de la Empresa Mixta Petrocedeño en octubre 2014, siendo que esta se inició con el 50 por ciento de la procura requerida, además de haberse ejecutado solo un 47 por ciento de las actividades programadas. Los costos definitivos de la parada se estiman en USD 26.000.000, de acuerdo a lo informado por la gerencia, generando un gasto adicional de USD 598.000.000.

14. Durante 15 días estuvo paralizado el Mejorador de Petrocedeño, luego de la Parada de Mantenimiento Mayor. Esto ocurrió entre el 28-04-2015 y el 13-05-2015. Las pérdidas económicas son del orden de USD.16.800.000.

15. Retraso también se reporta en la ejecución del proyecto de Incremento de la Capacidad de Almacenamiento y Embarque (INCAER0), que comprende la construcción de 5 tanques multipropósito de 350 MBls cada uno y cuyo fin es almacenar NAFTA y DCO para cubrir el déficit de almacenamiento (1,6 MMBIs). 

16. Debido a que cuatro tanques de almacenamiento están fuera de servicio se registra una disminución de 33,33 por ciento y 34,82 por ciento de la capacidad de almacenamiento y despacho de crudo respectivamente. Esto afecta el despacho de crudo.

17. No hay un equipo de ingeniería en la industria petrolera que asuma la elaboración de las Ingenierías Conceptuales Básicas y de Detalle e inspección de los proyectos. Esto a pesar de que PDVSA cuenta con una filial llamada Ingeniería y Construcción.

18. Retraso en la ejecución de los contratos de mantenimiento TAECJAA enmarcados en el Convenio Integral de Cooperación (CIC) Cuba-Venezuela.

19. El manejo que se hace del sello PDVSA es inadecuado, toda vez que los inspectores pudieron constatar, por ejemplo, que el día 15-04-2015, dicho sello se encontraba en el camarote del capitán  del Buque “Río Caroní” durante el abordaje del personal de Protección y Control de Pérdidas de PDVSA (PCP) y GNB. Vale destacar que este sello sirve para avalar y certificar los volúmenes de despacho que se embarcan.

20. Igualmente se verificó el incumplimiento de los planes de desarrollo social integral en las zonas y comunidades adyacentes a las áreas de producción, en razón del manejo inadecuado de los recursos para tal fin.

Por ejemplo, a la fecha del informe no se había iniciado la construcción de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda en las comunidades adyacentes a las empresas.

21. Los inspectores manifiestan que los gastos de servicios y alquiler son excesivamente elevados. Se refieren a comidas, refrigerios, hospedajes, transporte del personal obrero y administrativo, taxis, etc. Estos son gastos que se reflejan en los costos de producción por barril de crudo.

22. Se verificó un altísimo porcentaje de tiempo improductivo de los taladros en las distintas empresas, registrándose un 39 por ciento cuando internacionalmente el estándar es de 10 por ciento. Este tiempo improductivo se debe a retrasos logísticos, falta de mantenimiento, paralizaciones y deficiencias que afectan la continuidad de las operaciones, una situación que se traduce en cuantiosas pérdidas. 

23. La construcción de la Base Petroindustrial Socialista (BPI) Palital se encontraba paralizada a la fecha del informe. Se trata de una obra que comprende 830 Ha. Y con una inversión de 500.000.000. USD. Para tal fin se ingresaron 132 trabajadores a la nómina que por la paralización se encuentran subutilizados. Aparte de esto, se registran pérdidas por cuanto mientras las obras están paralizadas igualmente se sigue pagando por el alquiler de las instalaciones provisionales alquiladas (tráiler, comedores, baños entre otros).

En esas instalaciones funciona la empresa Industrial China-Venezolana de Taladros (ICVT), filial de PDVSA industrial y encargada del ensamblaje de taladros, la cual no ha sido desarrollada en su totalidad por limitaciones presupuestarias y falta de inversiones. Entretanto, PDVSA continúa comprando taladros en el exterior y contratando los servicios de empresas privadas (transnacionales) para sus reparaciones y mantenimiento. 

24. Los inspectores reseñan la constitución de la Empresa de Capital Mixto "Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, S.A.", en fecha 06 de noviembre de 2014, por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), representada por Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, y la empresa Constructora Urbano Fermín, C.A. (CUFERCA) representada por Carlos Eduardo Urbano Fermín, vicepresidente. A esta empresa privada se le han asignado diferentes contratos entre los que destacan: servicio de acarreo de coque en la empresa Petroanzoategui donde aún cursan demandas de los trabajadores ante la Inspectoría del Trabajo por incumplimiento de los derechos fundamentales, además de números contratos de alquiler de equipos de izamiento, maquinarias pesada, equipos de carga, camiones tipo vacum en varias empresas mixtas de la faja.

Los inspectores, sin embargo,  verificaron que gran cantidad de equipos contemplados dentro de los referidos contratos, están inoperativos.

En la localidad se vincula la cita empresa con el alcalde del Municipio Guanta, Jonathan Marín, cuyo despacho ha ejecutado gran cantidad de obras con la empresa.

25. Del mismo modo, los inspectores refieren la continua asignación de Órdenes de Servicios a la empresa CUFERCA, sin que para ellos se sigan los procedimientos de selección de contratistas establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y en las Normativa Interna de PDVSA.

26. Se verificó que funcionarios forman parte de las Juntas Directivas de varias empresas mixtas. Por ejemplo, Gustavo Malavé forma parte de la directiva de 31 empresas como miembro principal y 9 como suplente; mientras que Francisco Jiménez integra como principal a 7 y como suplente a 19; Erwin Hernández (P:11, S:3), Pedro León (P:7, S:4), Manuel Medina (P:3, S:6) y Julio Guevara , (P:7, S:5). 

27. Por la inoperatividad de los equipo para apilar y reclamar derivados, en el Complejo Mejorador José Antonio Anzoátegui hay una gran acumulación de Coque (10.000.000 TM) y de azufre (100.000 TM). Esto afecta a los trabajadores y a las comunidades adyacentes. Además, el Estado deja de percibir divisas por la venta de los mismos.

28. Los trabajos de Restauración Integral de las áreas de manejo de sólidos de los mejoradores de Petroanzoategui, Petrocedeño, Petropiar están sin ejecutar, pese a haberse iniciado en 2012, a través de un contrato suscrito con la empresa ENERGY COAL. La explicación dada por el Director Ejecutivo de Producción Faja, Pedro León, fue que la empresa contratada no tenía experiencia en el área petrolera y por ello subcontrató dos empresas para realizar la ingeniería y trabajos de restauración los cuales no se llevaron a cabo.

29. En la empresa se registra falta de repuestos, materiales, así como deterioro de la infraestructura y los equipos. Tal situación genera un alto malestar en los trabajadores.

30. Existen irregularidades en el convenio de Suministro de Coque por Viviendas establecido entre PDVSA-CVP y la empresa Energy Coal SPA, con la que contrata la Dirección ejecutiva de Producción Faja, la Ingeniería Procura y Construcción del Desarrollo Habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela Colinas de San Francisco de Yare. Se preveía la construcción de 1.540 apartamentos en 37 edificios.

Se estimaba un precio por metro cuadrado (m2) de construcción de mil dólares  que incluían urbanismo, pero no las partidas presupuestarias correspondientes al Suministro de Materiales, Equipos y Construcción de Obra para dicho urbanismo.

Se pagaron 64.738.841,80 dólares por el suministro de 74 estructuras metálicas para edificios y los Servicios Profesionales para elaboración de la Ingeniería del Urbanismo, por los cuales se pagaron $6.311.350,00, un monto demasiado elevado. 

La empresa Energy Coal SPA tampoco tenía la capacidad técnica ni la experiencia necesaria para encargarse del urbanismo y por ello hace subcontrataciones con SEARLEAF LIMITED COMPANY y esta as u vez subcontrata a la empresa Inversiones ALFAMAQ.

Ninguna de las empresas inició la construcción de los edificios y para la fecha 10-03-2104 se cierra el contrato entre PDVSA-Energy Coal Spa, se lleva a cabo la disminución de SD$ 61.488.158,20 con una variación de 48,71%. 

Para el 30-05-2014, PDVSA firma contrato con SEARLEAF LIMITED COMPANY para la construcción de los edificios, aun cuando, en el 2012 había subcontratado a una empresa venezolana por no tener experiencia técnica en la materia.

La obra se culminó el 15-11-2015 a un costo de USD 67.636.974,02 pues fue reformulado el presupuesto. Sin embargo en este nuevo contrato no se contempló el alcance del Urbanismo del complejo Habitacional planta de tratamiento, sistemas de aguas servidas, drenajes, acueducto, gas, electrificación, CANTV y vialidad.

Aun cuando PDVSA cuenta con los materiales y equipos para realizar la gasificación, se contrata el suministro de los mismos, lo que incrementa los costos del proyecto. La Empresa SEARLEAF LIMITED COMPANY subcontrató la ejecución del proyecto con la empresa Inversiones ALFAMAQ.

Lo peor del caso es que los edificios no cuentan con los servicios básicos y por ello Corpomiranda no ha entregado los apartamentos por no estar habitables.

31. Los inspectores dan cuenta del almacenamiento de 1.400 conteiner de comida vencida propiedad de PDVSA Bariven desde el año 2010 por orden de Luis Pulido, presidente de PDVAL para la fecha.

32. Inseguridad y casos de extorsión, sobre todo en la División Junín donde hay cobro de vacunas por parte de mafias organizadas para permitir el desarrollo de labores rutinarias en la actividad productiva.

33. Existe un uso y manejo indebido de recursos, maquinaria y equipos del Convenio China-Venezuela, con fines de lucro. Se evidenció en la División Junín la vinculación de empleados de la industria petrolera en el cobro de dinero a cambio de trabajos de deforestación, limpieza y preparación de lagunas en fincas privadas utilizando la maquinaria asignada a PDVSA.

34. No se aprovecha el gas natural producido durante el proceso de explotación de petróleo, pues varias empresas mixtas ventean o queman el gas al ambiente, contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero. Esto a pesar de que la Termoeléctrica de San Diego de Cabrutica (Anzoátegui) tiene capacidad de 300 MW y solamente genera 100 MW por déficit en el suministro de gas. 

35. No se ha iniciado la construcción de los módulos de avanzada del campamento residencial José Antonio Anzoátegui.

36. Incumplimiento de instrucciones giradas sobre la faja Petrolífera del Orinoco por Hugo Chávez Frías.

Recomendaciones de los inspectores 

1. Que la presidencia de PDVSA presente al Presidente de la República un informe que detalle las razones del incumplimiento de las obras, las acciones a tomar y la nueva fecha de toma de las decisiones de Inversión de cada una de las empresas mixtas que debieron ejecutarse en 2014.

2.  Que se designe una Comisión Interministerial que coordine, realice seguimiento y control del cumplimiento del Plan Siembra Petrolera y el Objetivo Histórico N° 3 del Pian de la Patria, que sus miembros no posean otras responsabilidades políticas ni administrativas, integrada por los Ministerios del Poder Popular para: Energía Eléctrica. Ecosocialismo y Agua, Vivienda y Habitad, Defensa, Transporte Terrestre, Agricultura y Tierras, Petróleo y Minería; Alimentación, Salud, Educación, Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Pueblos Indígenas. Transporte Acuático y Aéreo.

3. Designación por parte de la presidencia de PDVSA de una comisión especial para que evalué y elabore un informe de los procedimientos efectuados por la empresa y sus filiales en los procesos de contratación y administración de contratos.

4. Se solicita una inspección urgente por parte del Despacho de la Presidencia de la República a la Filial de PDVSA Bariven, con el objeto de revisar y evaluar sus procedimientos.

5. Revisión por parte de la presidencia de PDVSA y de las empresas mixtas de los Mejoradores ubicados en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, a objeto de que se tomen las acciones necesarias para ejecutar la restauración y mantenimiento integral de los mismos y así aumentar la capacidad de mejoramiento en función de su diseño y de eliminar la venta de crudo DCO que genera pérdidas significativas para el Estado, así como la agilización de la aprobación de los recursos para garantizar el soporte logístico requerido para el mantenimiento y funcionamiento de los equipos.

6. La presidencia de PDVSA debe exigir a todas sus gerencias, filiales y empresas mixtas con capacidad de contratación, que eviten que las especificaciones técnicas que establezcan en los contratos no sufran altos porcentajes de variaciones de obras y servicios, y que se dé estricto cumplimiento a todas las recomendaciones y solicitudes formuladas.

7. PDVSA debe cumplir con las recomendaciones formuladas por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua, a fin de minimizar las afectaciones al medio ambiente.

8. La presidencia de PDVSA tome acciones para acelerar la culminación del proyecto INCAERO.

9. En virtud de la criticidad que reviste el mantenimiento de la infraestructura del TAECJAA, se sugiere evaluar urgentemente una estrategia de contratación de los trabajos contemplados en el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.

10. PDVSA y las Empresas Mixtas deben garantizar a través de planes, proyectos y convenios educativos, la formación y capacitación del personal técnico de las empresas a todos los niveles. 

11. PDVSA, las empresas mixtas y sus filiales deben establecer estrategias para reducir los gastos superfluos.

12. La presidencia de PDVSA debe elaborar una resolución para instruir a todas sus gerencias, filiales y empresas mixtas para cancelar de manera inmediata el alquiler de maquinarias, equipos pesados e infraestructura que puedan ser cubiertas con activos propios, y cancelar progresivamente el alquiler de los que no posea.

13. PDVSA y las Empresas Mixtas debe garantizar la adecuada procura y distribución de los equipos, vehículos e insumos requeridos en las operaciones de perforación para minimizar el alto porcentaje de tiempos improductivos en los taladros (39%).

16. El Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería debe revisar la alianza firmada para la conformación de la empresa de capital mixto PDVSA Servicios Logísticos Orinoco, debido a que la empresa con quien se realizó la alianza comercial  ha incumplido con los alcances establecidos en las Órdenes de Servicios y contratos.

17. PDVSA y las Empresas Mixtas deben limitar la práctica recurrente de emitir Órdenes de Servicio y se cumpla con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.

18. El Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería conjuntamente con PDVSA debe revisar la conformación de las Juntas Directivas de las Empresas Mixtas que operan en la FPOHCHF para garantizar que las mismas estén constituidas por personal con capacidad técnica y gerencial que permita apalancar el éxito de las operaciones de las empresas.

19. La presidencia de PDVSA debe ordenar urgentemente una auditoría del Sistema de Democratización del Empleo SISDEM para verificar las denuncias de los trabajadores y se garantice la mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo.

20. El Presidente de la República debe solicitar a la Contraloría General de la República una auditoría de la empresa Petroanzoategui.

21. El Presidente de la República debe ordenar inmediatamente una auditoría por parte de la Contraloría General de la República del Convenio de Suministro de Coque por Vivienda, debido a las serias irregularidades detectadas durante la inspección.

22. PDVSA debe tomar medidas para retirar de los patios del Terminal de Embarque los 1.400 contenedores de alimentos vencidos garantizando que se cumplan con todas las medidas sanitarias, ambientales y de seguridad que el caso amerite.

23. El Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería conjuntamente con PDVSA deben tomar acciones para garantizar el correcto y transparente manejo de los bienes del Estado.

24. PDVSA y las Empresas Mixtas debe garantizar la ejecución de los proyectos previstos en el Plan de Desarrollo relacionados con la seguridad de la infraestructura petrolera.


domingo, 2 de abril de 2017

Empresario ligado al escándalo de corrupción de las monoboyas de Pdvsa propone delatar a otros implicados a cambio de obtener beneficios

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

La defensa del empresario Miguel Ángel Castillo Lara, acusado de haber participado en el esquema de pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa a cambio de recibir contratos con sobreprecio, y quien fue arrestado por las autoridades venezolanas el 9 de marzo de 2017, propuso que el acusado estaría en disposición de delatar a otros involucrados en la operación de corrupción de la petrolera a cambio de beneficios procesales.  

Tal como lo hemos estado informando, Castillo Lara fue presentado en el tribunal 25 de Caracas para la audiencia preliminar el 10 de marzo, según consta en el expediente 19552-2017. Al supuesto empresario se le acusa de haber participado en un millonario esquema de corrupción en contra de la estatal petrolera Pdvsa. Ver detalles aquí.

Castillo Lara junto a sus socios Hernán Ernesto Guevara Pastrán y Jaime Camargo habrían pagado sobornos a funcionarios de Pdvsa, entre quienes destaca Jesús Cornelio Osorio Virgüez, ex-gerente de la terminal de almacenamiento y descarga del complejo José Antonio Anzoátegui para lograr obtener contratos millonarios de manera ilícita. 

Otros datos en el expediente de corrupción

Castillo Lara y sus socios habrían tomado cuidado de todos los detalles de las operaciones para dejar no cabos sueltos. Inclusive, cuando recibieron los contratos millonarios de Pdvsa, el acusado acordó con su socio Ernesto Guevara Pastrán realizar una venta ficticia de las acciones de Guevara en Castillomax Oil & Gas y a su vez, sacar a Castillo Lara de la empresa Guevara Trading Corp, de tal manera de tener dos entidades supuestamente independientes para poder hacer los pagos de los sobornos a los funcionarios corruptos y evitar investigaciones futuras.
Las cuentas de Guevara Trading (GT) fueron usadas para recibir las coimas provenientes de la empresa NF, ya que fue ésta última la compañía (asociada al esquema de corrupción) la usada para obtener los contratos porque la misma es proveedora inscrita en Bariven. Las cuentas bancarias de GT fueron usadas para pagar los sobornos al exgerente de la Terminal Jose, Jesús Osorio y de otros funcionarios de Pdvsa que participaron en la operación.
A pesar de la movida disuasiva, Castillo Lara y sus socios usaron cheques de Guevara Trading para comprar una oficina ubicada en 8vo piso de la Torre Movilnet en Caracas, (oficina 8-5) donde opera Castillomax. 
Guevara Trading es una empresa de maletín, sin oficina ni empleados, no ha hecho declaraciones de impuestos al SENIAT ni mantiene presencia comercial real en ningún país. Fue creada únicamente para recibir las comisiones en dólares, que luego cambiaban en el mercado negro para pagar los gastos operativos de Castillomax Oil & Gas, y comprar las propiedades inmuebles y otros regalos que le daban a los funcionarios de Pdvsa.
Ernesto Guevara Pastrán era un extrabajador de Citigroup en Caracas quien fue despedido de su cargo antes de asociarse a Castillo Lara. A su salida de Citi, Guevara tenía los contactos de los grandes operadores de divisas que cambiaban los dólares a precios del mercado paralelo y luego usaban los blanqueaban a través de cuentas en Banesco y Provincial.
Los movimientos de grandes sumas de dinero de Guevara Trading en los Estados Unidos conllevó a la apertura de una investigación por parte de las agencias federales que produjo el cierre de las cuentas en las entidades financieras norteamericanas, entre ellas una en JP Morgan Chase y Banesco USA.
Cuando este evento se produjo, Castillo Lara abrió la empresa Marina Shipping en Panamá colocando al frente a un individuo de nombre Claudio Luponetti, hermano de un funcionario de Pdvsa en el estado Zulia que actualmente es residente legal panameño. Con la entidad abrieron una cuenta bancaria de negocios en en el banco Capital Bank con la cual operan hasta el presente.

Los sobornos pagados por Castillomax Oil & Gas, Guevara Trading y NF a Jesús Osorio iban desde apartamentos y casas botes, hasta relojes Rolex, Bvlgari, Tag heuer y Longines que eran comprados por cantidades de dinero exorbitantes en una joyería de confianza ubicada en el Centro Comercial La Vela de la isla de Margarita. Las compras se cancelaban con cheques de Guevara Trading.

Castillo Lara y sus socios regalaron a un sujeto llamado Alejandro Gantaume, quien fue empleado de Pdvsa, un reloj Tag Heuer Carrera valorado en $7560 dólares y un reloj Cartier a otro hombre llamado César Vázquez. Esto ocurrió durante el Congreso HOLA 2014 celebrado en el Hotel Venetur de Margarita. 

En esa oportunidad, Castillo Lara también obsequió un Rolex a Ana Castellano, un Bvlgari a Jesús Arena, un Longines a Rolando Medina. La factura de los regalos alcanzó los $80 mil dólares y fueron pagados con un cheque de Guevara Trading.

Existen documentos probatorios de la adquisición de tres vehículos Camry Toyota que fueron comprados en el estado de la Florida en 2016 a través de dos intermediarios: Yoselín Marianella Clarac Hernández y Mario Alexander Hernández. Uno de esos vehículos, color negro, fue obsequiado por Castillo Lara a Jesús Osorio.

Yoselín Clarac ha estado vinculada a Castillo Lara desde antes de 2006, cuando el empresario fue despedido de Pdvsa y empezó a construir su supuesto imperio empresarial ahora bajo el escrutinio público.

Al cierre de esta nota se conoció que el abogado de Castillo Lara, Darling Hernández fue denunciado ante el Ministerio Público por haber usado sus influencias con una juez de menores del estado Vargas para lograr que su cliente obtuviera de manera ilegal la custodia de tres hijos menores en violación de las leyes sobre la materia.

Leer más detalles  de este aspecto aquí.