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lunes, 26 de octubre de 2020

Conozca las particularidades del caso de José Manuel González Testino (PARTE I)

  Una serie de hechos significativos quedaron en evidencia desde el momento mismo en que tuvo lugar la audiencia preliminar y de detención ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston, que en esta entrega damos a conocer.

Por Maibort Petit

   El caso por el delito de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), por el que se declaró culpable el 29 de mayo de 2019 José Manuel González Testino[1], se caracteriza por una serie de hechos particulares que poco se han difundido, pero que salieron a la luz en la propia Audiencia de examen preliminar y de detención que tuvo lugar el 21 de septiembre de 2018 ante el juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston.

  González Testino aguarda a que el juez de la causa, Gray H. Miller, dicte sentencia, pues esta ha sido suspendida en varias oportunidades el castigo por su papel en la trama de corrupción consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a cambio de lograr contratos millonarios de sus filiales Bariven y CITGO Petroleum Corp.

  En la referida audiencia preliminar y de detención de González Testino se conoció que este portaba tres pasaportes, uno de ellos con datos falsos, con los cuales se trasladaba en sus contantes desplazamientos entre Venezuela y EE. UU. entre otros destinos; que igualmente poseía un pasaporte emitido por la Orden de los Caballeros de Malta; que poseían propiedades en Estados Unidos, Venezuela, España y Suiza, que sus bienes de fortuna —y los de su familia— le permitían pagar vuelos charter constantemente, ser propietario de una avión e, incluso, poder pagar hasta USD 5.000 diarios a una empresa de seguridad para que lo custodiaran y evitaran su salida de EE. UU. en caso de que se le otorgara el derecho a fianza; que su padre, José Manuel González, presumiblemente trabaja con él; y que instruyó a sus cómplices para que destruyeran las evidencias del caso y planeaba huir del país.

  En la referida audiencia preliminar intervinieron el juez Peter Bray; los fiscales Sarah Edwards, John Pearson y Robert Johnson; y por la defensa, Edward Shohat, Monique García y James Ardoin III.

La audiencia preliminar

  La fiscalía llamó como primer testigo al agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, Corbin Wickman, quien luego de prestar juramento, refirió que para la fecha de la comparecencia tenía 13 años de servicio en dicha dependencia, estando asignado en los últimos tres años —para el momento— al grupo de fraude financiero, investigando varios delitos financieros, incluido el lavado de dinero y las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, unidad responsable de la investigación que se le seguía a José Manuel González Testino por corrupción pública extranjera, específicamente sobornos pagados a funcionarios de gobiernos extranjeros a cambio de algo de valor. Refirió que el acusado está señalado de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y/o sus subsidiarias CITGO y Bariven.

  Explicó que el nombre de González Testino surgió a raíz de la investigación del caso de lavado de dinero protagonizado por Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes se declararon culpables en 2016. Ligados a estos últimos estuvieron cinco individuos, de los cuales cuatro fueron detenidos en España y dos extraditados a Estados Unidos. Uno de ellos fue César David Rincón Godoy, quien era director general de Bariven, la filial de PDVSA encargada de las adquisiciones, quien recibió sobornos de José Manuel González Testino a cambio de la adjudicación de contratos. Los sobornos los recibía Rincón a través de dos cuentas corporativas de empresas de familiares suyos en Houston y Miami. Una de estas firmas era Inversiones JKL. Los pagos registraron eran por aproximadamente USD 630.000.

  Igualmente dijo que los pagos se hacían desde bancos en Suiza, igualmente desde cuentas pertenecientes a corporaciones cuyas denominaciones eran Ameri-traders, RH International y Henri Pittier. Contaba con socios o co-conspiradores, entre ellos Gonzalo José Jorge Morales-Divo, quien proporcionó el capital inicial que permitía ofertar y obtener los contratos de PDVSA. González y Morales se reunieron en una oficina ubicada en 848 Brickell Avenue en Miami, Florida.

  Morales dijo a Seguridad Nacional que González Testino controlaba muchos activos, empresas, cuentas bancarias, que poseía numerosos activos en forma de condominios en el área de Miami, también una casa, apartamentos en Suiza y en España, un avión privado. Morales dijo que estas empresas o activos estaban a nombre de empresas y de otras personas.

  Refirió que Roberto Rincón entregó un documento originado en PDVSA, una presentación Power Point, la cual mostraba una lista detallada de empresas controladas por González Testino en Estados Unidos, Panamá, Suiza, España y otros países. Sin embargo, se estima la existencia de otras empresas controladas por González Testino que no figuran en la lista.

  El otro socio era una exempleada de González Testino, Johana Haddad, quien figuraba como propietaria de una de las empresas de la lista, a saber,  Petroleum Logistics Service Corp., pero no tenía control sobre la misma. Haddad preparó una hoja de cálculo que detallaba los contratos que habían sido adjudicados por PDVSA y enumeraba los porcentajes de soborno que se le debían a varios funcionarios relacionados. Allí se detallaba, específicamente, lo pagado en sobornos a funcionarios de CITGO. Johana Haddad contribuyó con González Testino en el pago de sobornos a varios funcionarios gubernamentales.

  Johana Haddad también informó sobre propiedades de González Testino, además de las señaladas por el agente Corbin Wickman y describió un condominio en el Cosmopolitan en Houston, residencias en Atlanta que se usaban para obtener ingresos por alquiler, así como vehículos de lujo, incluido un Ferrari, dos Range Rover, un Cadillac Escalade y también un avión privado.

Las revelaciones de la computadora

  El agente Corbin Wickman también informó al tribunal de un documento emitido por el banco suizo Gonet & Cie Bank, que Seguridad Nacional recuperó en enero de 2018 en una computadora portátil de González Testino. El hallazgo se hizo en un aeropuerto privado de Miami, a su llegada a los Estados Unidos proveniente de Venezuela.

  El documento hace referencia a la empresa Aziolarefin con cuentas en dicha institución bancaria que sumaban USD 50 millones para agosto de 2016. Johana Haddad confirmó que es una empresa controlada por González Testino.  El nombre de Aziolarefin aparece en el registro de otras compañías en España, Suiza y Panamá.

  Más tarde, la defensa precisó que tales USD 50 millones no eran depósitos o haberes en la cuenta, sino el valor de la empresa en los libros contables.

Destrucción de pruebas y plan de huida

  Johana Haddad también informó a Seguridad Nacional que recibió en, al menos, dos ocasiones, instrucciones de González Testino para destruir pruebas. Esto ocurrió después de que Seguridad Nacional retuviera los dispositivos del acusado en el aeropuerto de Miami. González instruyó a Haddad, luego de suministrarle la contraseña de su cuenta de correo electrónico, para que borrara los mensajes relacionados con el plan de sobornos.

  La segunda vez que González pidió a Haddad destruir pruebas fue el 26 de julio de 2018, cuando la llamó con carácter de urgencia y al estar esta en un hospital cuidando a su hijo, fue a buscarla allí para contarle que creía que el gobierno de Estados Unidos se estaba acercando a él y que iba a salir del país para irse a Venezuela. Le refirió que pensaba que el gobierno sabía acerca de la hoja de cálculo con el listado de sobornos y los apodos con que se identificaban los funcionarios de CITGO beneficiarios de los mismos, no sus nombres reales. Entonces González le ordenó a Johana Haddad que destruyera archivos, correos electrónicos, discos y copias de seguridad relacionados con el plan de sobornos. Haddad le recordó a González que ya había tomado la computadora portátil del trabajo y la había enviado por correo a Panamá, de acuerdo con una instrucción anterior que él mismo le había dado. Por tanto, no pudo hacerse la destrucción de pruebas. Haddad luego de esto se reunió con su abogado, quien la puso en contacto con Seguridad Nacional.

  Por información del agente Corbin Wickman, se conoció que José Manuel González Testino, igualmente, durante una reunión personal sostenida en Houston, le ordenó a un funcionario de CITGO a quien le refirió sus sospechas acerca de que el gobierno de EE. UU. conocía la existencia de la hoja de cálculo, que borrara los correos electrónicos relacionados con el esquema de sobornos. El empleado de CITGO obedeció y destruyó las pruebas. Esto habría ocurrido en julio de 2018. En ese mismo mes, específicamente el 27 de julio, González nuevamente se reunió con este funcionario de CITGO y le dijo que creía que estaba en problemas y por ello saldría de EE. UU. y se iría a Venezuela.

El arresto y los pasaportes

   Al enterarse el Departamento de Seguridad Nacional el 27 de julio de 2018 de los planes de José Manuel González Testino de abandonar Estados Unidos, se hicieron varias consultas que permitieron conocer que el acusado tenía un vuelo reservado para el lunes 30 de julio, saliendo de Miami con destino previsto a Caracas, Venezuela.

  Fue entonces que Seguridad Nacional diligenció la orden de arrestó y procedieron a esperar a González Testino en el aeropuerto para detenerlo. Sin embargo, el acusado no se presentó en esa fecha pues había cambiado la reservación para el 31 de julio. En la nueva fecha, cuando el acusado llegó al aeropuerto con su exesposa y su hija, fue detenido por agentes de HSI. Portaba un pasaporte estadounidense y un pasaporte venezolano, pues tiene doble nacionalidad. Estos pasaportes exhiben dos lugares de nacimiento de González Testino: el estadounidense dice que nació en Tennessee y el venezolano, que nació en Venezuela. Se sabe que González Testino tenía otro pasaporte venezolano que había usado en enero de 2018, pero del que se desconoce el paradero. HSI determinó que no se trata de una renovación, pues ambos pasaportes fueron utilizados para viajar en 2016, 2017 y 2018.

  Además de los pasaportes de EE. UU y Venezuela, se sabe que José Manuel González Testino tiene un pasaporte de los Caballeros de Malta, Knights of Malta, una sociedad católica u organización fraternal, una entidad soberana internacional que emite sus propios pasaportes, moneda y sellos postales, de la cual el acusado forma parte. La orden tiene una oficina en Roma, Italia, no tienen territorio, pero es reconocida en 12 países principalmente europeos. Estados Unidos no los reconoce. Por los testigos González y Haddad, González Testino buscó y obtuvo este pasaporte de los Caballeros de Malta por los privilegios de inmunidad diplomática que se otorga en algunos casos.

La información financiera del acusado

  El agente Wickman informó que escuchó el audio de la comparecencia inicial de González Testino ante un juez de instrucción al ser arrestado en Miami el 31 de julio de 2018, una audiencia en la el acusado tomó juramento y se le advirtió que podía ser procesado por perjurio si mentía. En dicha comparecencia a González Testino se le solicitó que proporcionara una divulgación financiera. Dijo que tenía un ingreso anual de aproximadamente USD 40.000, que tenía entre USD 5.000 y USD 7.000 en una cuenta bancaria en los Estados Unidos y que tenía una casa en Venezuela valorada en aproximadamente USD 30.000. González Testino negó ante el juez de instrucción que poseyera bienes en Estados Unidos.

  El Departamento de Seguridad investigó los movimientos migratorios de José Manuel González Testino desde 2015 a 2018 y comprobó que el acusó entró salió de Estados Unidos aproximadamente 150 veces, 28 de los cuales ocurrieron en 2018 hasta el día del arresto. Entradas y salidas que González Testino hizo, bien en vuelos comerciales, como en vuelos privados (7 en 2018 en tres aviones). Uno de estos aviones privados correspondió a la aeronave señalada por Johana Haddad como propiedad de González Testino. Se trataba del avión identificado con el número de cola N820JS, registrado a nombre de la empresa Agroven Agriculture, domiciliada en el 848 Brickell Avenue en Miami, Florida, donde González Testino tenía una oficina. Los hallazgos en los dispositivos del acusado revelaron que Agroven Agriculture era controlada por este.

Las debilidades del testigo de la fiscalía

  El abogado defensor de González Testino, Edward Shohat, interrogó al agente del Departamento de Seguridad Nacional, Corbin Wickman, quien en su primera declaración alertó no ser el agente a cargo del caso de José Manuel González Testino. Explicó que en el HSI opera un sistema de coagentes que en el paso particular del acusado estos son Matt Wood y Steve Bodak.

  Refirió que su actuación se limitó al 27 de julio de 2018, cuando fue informado de que González Testino estaría considerando su salida de Estados Unidos y procedió a realizar algunas de las consultas de la base de datos para verificar si había alguna reservación a nombre del acusado. Salvo eso, no participó en la investigación. Negó haber participado en el arresto o haber asistido al Aeropuerto Internacional de Miami el día de la detención. Por boca de los coagentes de caso supo que González Testino entró solo a la terminal aérea el 31 de julio y que su exesposa, María Díaz, y su hija, Isabel González, permanecieron en un vehículo a las afueras del aeropuerto. Refirió que en la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional denominado ATS, quedó registrado que tanto la ex-esposa como la hija de González Testino también tenían reservaciones para el mismo vuelo en el que el acusado pensaba abandonar EE. UU.

  El agente Wickman dijo desconocer por cuántos y cuáles contratos suscritos con PDVSA, el acusado José Manuel González Testino, pagó sobornos a César Rincón, testigo cooperante de la investigación que en el caso se identifica como CW-1. No estuvo en capacidad de responder si el acusado recibió dinero personalmente como resultado de algún pago de soborno a cambio de un contrato o si se le pagó en cualquier contrato que recibió como resultado de un pago de soborno. Tampoco pudo determinar el número de entrevistas que se le hicieron a César David Rincón.

 La defensa trató de que las notas que hizo el agente Wickman cuando estudió el caso e indagó en informes para poder hacer su declaración en esta audiencia, fueran tomadas como una declaración del testigo y que las mismas fueran reproducibles a la luz de la Regla 26.2 que versa sobre la prueba, pero el juez no lo permitió.

  Enfiló la defensa entonces a que el testigo discriminara cómo la totalidad de los sobornos, a saber USD 630.000, se habían destinado a cada uno de los tres tipos de pagos hechos supuestamente por González Testino a César Rincón, es decir que determinara cuánto se había pagado por obtener los contratos, cuánto por acelerar los pagos por parte de PDVSA a las empresas del acusado, y cuánto para que se aceptara hacer los pagos en dólares y no en bolívares, lo que el testigo no estuvo en capacidad de responder. Tampoco estuvo en capacidad de determinar cómo se había producido la participación del acusado en algunos aspectos contemplados en la acusación relativos a sobornos por compras específicas, contratos y asesorías del César Rincón a González Testino.

  No pudo determinar por cuántos y cuáles contratos recibió sobornos César Rincón de parte de González Testino, ni si estos contratos se concretaron en su totalidad, como tampoco las especificidades y objeto de dichos contratos.

  El agente convino con la defensa en que en la acusación no hay pagos de sobornos a funcionarios de CITGO, sino que únicamente se habla de pagos a una cuenta controlada por un familiar de César Rincón.

  La defensa trató de llevar al testigo al terreno de las conclusiones legales, cuando le requirió determinar según su experiencia si todos los pagos de sobornos a funcionarios extranjeros estaban cubiertos por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lo cual fue objetado por la fiscalía y concedido por el tribunal. Quería, a todas luces, desligar el caso de González Testino de lo contemplado en dicho instrumento legislativo y de allí solicitar su desestimación.

  Sobre los registros bancarios en instituciones de Suiza pertenecientes a tres corporaciones identificadas en la acusación como A, B y C, al no haberse recibido respuesta oficial, la defensa hizo destacar que no se poseía documentación bancaria que precisara que José Manuel González Testino esté vinculado a las tres cuentas bancarias.

  Otro camino de la defensa fue desestimar las aseveraciones de los testigos Morales y Haddad en razón de que sólo buscan obtener beneficios a cambio de suministrar información a las autoridades. Igualmente, dirigió su interrogatorio a desestimar las pruebas y documentos presentados por estos. También la defensa buscó que se le restara importancia al hecho de que su representado tuviera el pasaporte de los Caballeros de Malta llevando el asunto a lo puramente anecdótico, toda vez que el testigo no estaba en capacidad de determinar si González Testino lo utilizó alguna vez para viajar.

  Desconocía el agente Wickman que el testigo cooperante CW-2 es Roberto Rincón y, en tal sentido, llevó el interrogatorio a determinar que el verdadero responsable del pago de los sobornos sería este y no su defendido, pues la única alusión al acusado es que controlaba las empresas. Se trataba de las empresas Ameritraders Inc., RH International Consulting Inc. y Henry PDA International Holdings LLC de cuyas cuentas en Suiza se efectuaron los pagos de sobornos a cuentas de una empresa propiedad de un familiar de César Rincón. La defensa logró que el testigo admitiera que nada determinaba en la acusación —ni la propiedad de las empresas que el testigo no estaba en posibilidades de determinar tampoco—que José Manuel González Testino fuera el responsable directo de pagar los sobornos.

  La defensa finalmente, llevó a afirmar al agente Wickman no existían pruebas que permitieran establecer la existencia de cuentas bancarias pertenecientes a empresas en la que González Testino fuera signatario, ni el monto de las mismas.

  Para rebatir los argumentos de la defensa, la fiscalía llevó al agente Wickman circunscribirse al texto de la acusación que José Manuel González Testino conspiró para violar la Ley de Prácticas Extranjeras, cuyos extremos en su relación con Morales y Haddad se cumplieron para que dicha conspiración tuviera lugar.

(1)  http://eltiempolatino.com/news/2020/feb/20/contratista-de-citgo-y-pdvsa-se-declaro-culpable-e/

jueves, 24 de octubre de 2019

Conozca la irregular operación de intercambió deuda llevada a cabo por Bariven por 120 millones de dólares

Sin contar con la aprobación de la totalidad de los miembros de la junta directiva ni tener el aval de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la filial Bariven S.A. llevó a cabo una operación de intercambio de deuda comercial en deuda financiera por USD 120.000.009, a favor de la empresa Weatherford Latin America S.A.

Un tipo de negociación que revela el grado de emergencia financiera que atraviesa la principal industria venezolana, al tener que recurrir a este tipo de negociaciones por no poder hacer frente a sus obligaciones con los acreedores en el sector de servicios petroleros, es decir, por no poder cubrir los gastos que conllevan sus operaciones regulares debido a su iliquidez.

El 26 de mayo de 2016, Aldo Walindo, secretario de la junta directiva de Bariven S.A., remitió a Francisco Jiménez, presidente de la filial petrolera para la época, una comunicación confidencial relativa a la decisión adoptada por el directorio en su reunión número 09-2016 de autorizar la operación de intercambio de deuda comercial en deuda financiera de Petróleos de Venezuela S.A. y filiales mediante la emisión de pagaré a favor de la empresa Weatherford Latin America S.A.,
El comunicado instruía a la filial, a que adoptara las acciones necesarias para materializar la decisión de la junta directiva de intercambiar la deuda comercial que mantenía con el proveedor antes referido —Weatherford Latin America S.A.— en deuda financiera, mediante la emisión de un pagaré por parte de PDVSA por USD 120.000.0009 que sería intercambiados por facturas comerciales de Bariven S.A.

La emisión del pagaré la haría Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por un monto de USD 120.000.009, pagadero a tres años con un año de gracia.

El capital y los intereses se pagarían trimestralmente a una tasa de interés de 6,50 por ciento anual.

La negociación se regiría por la ley de Nueva York y, por tanto, cualquier desacuerdo se resolvería en las cortes de dicha ciudad de los Estados Unidos.

PDVSA era el garante de la deuda en la que participaban la casa matriz, Bariven S.A., la Corporación Venezolana de Petróleo S.A. y PDVSA Gas S.A.

El tenedor inicial de la nota era Weatherford Latin America S.A. mientras el agente administrativo de la operación sería Weatherford Switzerland Trading and Development GmbH.
   La junta directiva de Bariven autorizó e instruyó a la filial para desplegar en PDVSA las sumas totales de la deuda que se mantenía con Weatherford Latin America S.A., correspondientes a las facturas comerciales que serían intercambiadas por deuda financiera.

   Asimismo, se ordenó a Bariven S.A. suscribir la documentación necesaria para instrumentar la operación, especialmente el Acuerdo de Asunción de Deuda y Novación (Debt Assumption and Novation Agreement).

  Orlando Chacín, Ana María España y Renny Bolívar fueron designados para suscribir en nombre de Bariven S.A. la documentación necesaria para llevar a cabo la operación.

   La decisión la firmaron Francisco Jiménez (presidente) y los directores Julio García, Daniel Chirinos y Valmore González. Se abstuvieron Jesús Sánchez, José Ávila y Osmel Molina.


La empresa

Weatherford Latin America S.A. es una empresa que opera principalmente en el sector de petróleo y gas, subsidiaria del grupo suizo Weatherford Switzerland Trading and Development GmbH igualmente dedicado al sector de los hidrocarburos.

El portal Pymes Venezuela informa que Weatherford Latin America S.A. tiene su dirección principal en la Avenida Blandín de La Castellana, centro San Ignacio, Torre Copérnico, piso 2, oficina 6, Municipio Chacao, estado miranda.

“La sociedad tiene por objeto la importación, venta, arrendamiento y mantenimiento de productos relacionados con la producción de petróleo, prestando a la industria y demás compañías de servicios petroleros, los servicios inherentes a dicha actividad, incluyendo, pero sin limitarse, a la prestación de los siguientes servicios y productos: corrida de revestidores y tubería de completación; alquiler de equipos automatizados para la corrida de revestidores y tuberías de completación; herramientas de pescas para perforación y rehabilitación de pozos; alquiler de herramientas, equipos y tuberías de perforación y completación (estabilizadores, ampliadores, roller reamers); alquiler de equipos para control de reventones (BOP‘S y accesorios), perforación direccional/horizontal de pozos; alquiler de motores de fondo; servicio y alquiler de equipos para perforación bajo balance (underbalance drilling), compresores, generadores de nitrógeno in situ, separadores de 2, 3 y 4 fases y accesorios; alquiler de martillos de perforación; alquiler de herramientas de through tubing, empacaduras inflables; herramientas para pozos de tecnología multilaterales y accesorio (casing exit systems); suministro de productos para cementación (zapatas, centralizadores, tapones no rotativos, stage tools); suministro de parches para revestidores y accesorios (casing patch) y cabezales rotatorios (rotating heads). Adicionalmente, la sociedad podrá realizar cualquiera actividad lícita, sea comercial o de otra naturaleza, para las cuales se constituyen las sociedades de comercio conforme a las leyes de la República de Venezuela”.

La firma cuenta con 137 trabajadores y sus teléfonos 0212-2656544, 0414-8415531, 0212-2674239. Correo electrónico: milagros.lezama@weatherford.com[1].

A través de una decisión de medida cautelar adoptada a su favor por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas, conocemos que la empresa también tiene sede en la Carretera “K”, sector Barrio Libertad, Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del estado Zulia y que su número de Registro de Información Fiscal (RIF) es J-080350170 que mantiene contratos con PetroCumarebo S.A., PDVSA Servicios S.A., PDVSA Gas S.A. y Bariven S.A., entre otras[2].

 Citas


[1] Pymes Venezuela. Weatherford Latin America S.A. https://www.pymesvenezuela.com/ficha/weatherford-latin-america-sa-10841 

[2] V/lex. Decisión N° 364 de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito de Zulia (Extensión Cabimas), del 7 de agosto de 2012. https://vlexvenezuela.co,/vid/weatherford-latin-america-ctor-garc-396519894

viernes, 20 de septiembre de 2019

Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo de colaboración con el Departamento de justicia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano logró ampliar los elementos y acusaciones entorno al enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que se desarrolló entre 2011 y 2014, y que permitió la expoliación de millones de dólares del estado venezolano y que fueron a parar en cuentas bancarias y propiedades en varios países del mundo.
En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela. Estas nuevas acciones están relacionadas con la investigación federal sobre un esquema de corrupción que incluyó el pago de más mil millones de dólares en coimas, que ha llevado a la cárcel a más de 20  personas, entre los cuales hay exfuncionarios y contratistas de PDVSA, incluyendo a los procesados Roberto Rincón y Abraham Shiera.

En la demanda, Javier Alvarado Ochoa, un venezolano y ex presidente de la unidad de compras de PDVSA. Bariven, y los administradores de activos, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, (ciudadana suiza), y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, (ciudadano de Suiza y Portugal) fueron acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación es la continuación de las averiguaciones que realiza el Departamento de Justicia contra la corrupción que ha azotado a Venezuela mientras atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. La fiscalía del Distrito Sur de Texas sostiene que los acusados son profesionales del lavado de dinero que trabajaron por años para blanquear dinero robado a través de sobornos y fraude a PDVSA, que es la principal fuente de ingresos del estado venezolano.

Los fiscales sostienen que Javier Alvarado Ochoa recibió sobornos de los contratistas venezolanos Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas. Ambos acordaron con los acusados pagar coimas para lograr nuevos contratos con PDVSA, así como el pago de facturas pendientes por trabajos anteriores, ofreciendo una comisión del 10 por ciento de lo cobrado a los funcionarios del gobierno que intervinieron en la fraudulenta operación.

Las ganancias del plan fueron lavadas a través de cuentas bancarias en Suiza, Curazao y Dubai, según la acusación. Algunos de los sobornos fueron para pagar estadías en hoteles de lujo en Aruba, comida gourmet como langosta y vinos comprados en tiendas venezolanas, dijeron los fiscales.

Roberto Rincón y  Abraham Shiera se declararon culpables de sus cargos en la conspiración en abril de 2018 y han estado cooperando con los fiscales mientras esperaban la sentencia, que luego de ser pospuesta en varias oportunidades quedó fijada para enero de 2020. 
Los operadores financieros Rafoi y Murta fueron  acusados ​​de lavar el dinero a través de numerosas transacciones financieras que involucran a empresas, familiares, amigos, acreedores y asociados personales.

En las alegaciones generales, los fiscales señalan que Nervis Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa, Daisy Rafoi-Bleuler y Paulo Casqueiro Murta son acusados de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el extranjero al hacer pagos de sobornos a oficiales de Petróleos de Venezuela, a través de Bariven en su sede en Houston, Texas en varias oportunidades 

Al inicio de 2011 y hasta al menos 2013, Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado, Luis Carlos De Léon Pérez y César David Rincón Godoy solicitaron a los contratistas de PDVSA el pago de sobornos y comisiones a cambio de proveerles asistencia en la obtención de contratos. Adicionalmente, les brindaron "los servicios" de gestoría para lograr que el gigante petrolero les pagara las facturas que adeudadas de manera expedita durante la crisis de liquidez que experimentó PDVSA en ese período en el que se desarrolló la conspiración.

Los ex-funcionarios mencionados anteriormente, con la asistencia de Daisy Teresa Rafoi Bleuler y Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, elaboraron un esquema para lavar el dinero de los sobornos a través de una serie de transacciones financieras a bancos que operaban en Suiza, Curazao, Dubai y en otros lugares a nombre de varias nombres de compañías.

Los acusados acordaron la naturaleza del esquema a través de varias y complejas transacciones financieras dirigidas a lavar los pagos de los sobornos que eran enviadas a nombre de varias compañías, incluyendo empresas de intermediarios, familiares, amigos, creditors, personal asociado a los exfuncionarios de acusados.

Los personajes de la trama criminal

Nervis Villalobos, alias el "Enano", trabajó para el gobierno de Venezuela y durante el período acusado era una persona clave en el proceso.

Alejandro Isturiz Chiesa, alias "el Piojo", ex empleados de Bariven y asistente del presidente de Bariven. Prófugo de la justicia.

Rafael Reiter, alias "Nadal", era empleado de PDVSA, y jefe de Prevención y Pérdidas. Está arrestado en Madrid peleando contra su extradición a Estados Unidos.

Javier Alvarado Ochoa, alias "eléctrico", fue a lo largo del tiempo que duró el esquema acusado, el presidente de Bariven.

Daisy Teresa Rafoi Bleuler era una socia de la empresa suiza que actuaba como agente de De León. y que des descrita  en el caso de huera y Rincón  en una compañía con sede e agente doméstico

Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta es un ciudadano portugués, y suizo, empleado de la empresa suiza y actuaba bajo las órdenes de De León, Shiera y Rincón en las compañía de Estados Unidos.

Luis Carlos De león Pérez, venezolano-americano fue empleado del gobierno de Venezuela pero no trabajaba para el momento de la conspiración en PDVSA. Se declaró culpable y colabora con la justicia.
Compañías de gestión patrimonial suizas A y B, BES Banker 1, 2; 1 oficial B que era empleado relevante del gobierno de Venezuela, un oficial C también empleado del gobierno y en la acusación aparecen como funcionarios extranjeros.

Asimismo están acusados un bufete de abogados estadounidenses, una compañía de Producción y  otra firma de abogados (2).

Los cargos

A los siguientes individuos se les acusa de Conspiración para cometer lavado de dinero: Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado Ochoa, y Daisy teresa Rafoi Bleuler. A De León y César Rincón se les señala además de solicitar y ofrecer pago de sobornos. Los acusados prometieron a Rincón y Shiera y a otros, "conseguir el pago de las facturas de los contratos de PDVSA y asistencia para ganar nuevos contratos a cambio del pago de sobornos".

Los acusados solicitaron la asistencia de Rincón, Shiera y Rafoi para abrir cuentas bancarias, incluyendo unas en los bancos de suiza, para poder depositar los dineros provenientes de los sobornos que se hicieron a nombre de varias empresas de maletín.

De león y Villalobos participaron en reuniones con Rincón y Shiera para discutir los pagos en EEUU.

De León, Villalobos y Alvarado acordaron hacer las transacciones monetarias en varias cuentas abiertas para ese sentido, mientras que  Rafoi y César Rincón  crearon justificaciones falsas para los sobornos, incluyendo facturas de servicios que nunca se hicieron así como otros instrumentos para justificar los pagos.

Rincón y Shiera hicieron transferencias directas de los sobornos a las cuentas de banco que estaban a nombre de empresas que fueron creadas por los conspiradores y sus asociados para cometer el crimen.

En 2010, Venezuela experimentó una crisis de liquidez en sus finanzas y un significante baja de sus ganancias como resultado de la misma. Los ingresos petroleros no eran suficientes para pagar los gastos del gobierno. Esa crisis de liquidez no permitió pagar a los contratistas a tiempo y a la vez se se hacía presión para que se siguieran produciendo, dice la demanda.

En 2011, Rincón y Shiera  se acercaron a De León y Villalobos que actuaban a nombre de PDVSA y se hacían llamar el "Grupo de los Gerentes".

Las ganancias del esquema de corrupción descritas por los fiscales fueron lavadas a través de una cuenta en un banco ubicado en Curazao. 

Los acusados prometieron a Rincón y Shiera ayudarlos con la prioridad de pagos y poner sus compañías en la lista de de ganadores a cambio del pago de sobornos. Isturiz, Reiter y César Rincón pidieron pagos extras a los dos contratistas y que explicaron que esos pagos eran para repartirlos entre ellos y un oficial B de PDVSA. Rincón y Shiera acordaron pagar los sobornos y ellos garantizaron el pago del esquema de corrupción. 


jueves, 18 de abril de 2019

Exfuncionario chavista será sentenciado en Houston en octubre por cargos de corrupción y lavado de dinero

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El juez federal Kenneth M. Hoyt ordenó reprogramar la sentencia de Luis Carlos de León-Pérez para el 7 de octubre de 2019. En julio de 2018, De León -Pérez se declaró culpable se haber participado en un plan para sobornar a los funcionarios de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y por su papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucraba las coimas pagadas por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar de forma corrupta los contratos de energía y la prioridad de pago de las facturas pendientes.

Luis Carlos De León Pérez, es un ciudadano de doble nacionalidad, venezolano-estadounidense, que residía en España, aceptó su culpabilidad en la Corte Federal de Houston por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y por conspiración para cometer lavado de dinero. 

La sentencia de De León Pérez que estaba programada inicialmente para el 24 de septiembre de 2018 se ha cambiado en varias oportunidades.

De León Pérez fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, en base a una acusación por 20 cargos contra él y sus socios Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; César David Rincón Godoy; Alejandro Isturiz Chiesa; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz.

De León, entre 2011 y 2013 conspiró con Villalobos, César Rincón, Isturiz y otros, todos funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o ex funcionarios de otras agencias gubernamentales venezolanas, para solicitar a los proveedores de PDVSA sobornos a cambio de brindarles asistencia para hacer y mantener sus negocios con PDVSA. Específicamente, De León admitió que solicitó y dirigió sobornos de Roberto Enrique Rincón Fernández y de Abraham José Shiera Bastidas a funcionarios de PDVSA para ayudar a las empresas de Roberto Rincón y Shiera, incluidas sus empresas con sede en los Estados Unidos, a recibir la prioridad de pago y contratos adicionales de PDVSA. 

En su declaración de culpabilidad, se señala que De León Pérez admitió que conspiró con Roberto Rincón y Shiera para lavar y ocultar las ganancias del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias bancarias a cuentas en Suiza a nombre de personas o entidades distintas de De León y sus co-conspiradores.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, De León también admitió haber solicitado sobornos a otros propietarios de compañías de energía con sede en los Estados Unidos y otros lugares, y haber dirigido una parte de dichos sobornos a los funcionarios de PDVSA para ayudar a esas personas y sus empresas a ganar negocios con PDVSA y para obtener el pago de PDVSA en las facturas pendientes por delante de otros proveedores de PDVSA.

El juez ordenó que los reportes de la sentencia de De León Pérez sean entregados al acusado el 30 de agosto de 2019. Los abogados de la defensa tendrán hasta el 20 de septiembre para hacer objeciones. 

En el caso de De León Pérez están involucradas las siguientes personas: Roberto Enrique Rincón Fernández, Moisés Abraham Millan Escobar, Abraham José Shiera Bastidas, José Luis Ramos Castillo, Juan José Hernández Comerma, Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias, Fernando Ardila-Rueda, César David Rincón Godoy, Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, Alejandro Isturiz-Chiesa, José Manuel González Testino y Juan Carlos Castillo, entre otros.

lunes, 15 de abril de 2019

Nuevamente, Corte de Houston cambia fecha de sentencia del funcionario corrupto de Bariven César David Rincón-Godoy

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Texas cambió nuevamente la fecha de la sentencia de César David Rincón Godoy, un exfuncionario de Bariven, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) acusado de haber aceptado sobornos de contratistas para entregar contratos de Petróleos de Venezuela. La condena de Rincón Godoy se conocerá el 7 de octubre de 2019.
Rincón Godoy, quien ocupó el cargo de gerente general de Bariven, subsidiaria de PDVSA, fue extraditado desde España en enero de 2018.  Se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero en el enrome esquema de corrupción encabezado por los contratistas Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas.
Los contratistas y exfuncionarios se declararon culpables de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Los documentos federales dicen que pagaron más de USD 1000 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos con las empresas del estado venezolano.

La orden del juez indica que la Oficina de Libertad Condicional debe hacer entrega del informe de investigación de presencia estará disponible para el acusado el 30 de agosto de 2019.

La defensa debe presentar objeciones o una declaración de no objeción dentro de los catorce días posteriores a la divulgación el 30 de septiembre de 2019.






martes, 12 de febrero de 2019

Tribunal cambia nuevamente fecha de sentencia de contratistas de PDVSA Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La corte del Distrito Sur de Texas emitió un documento donde cambia la fecha de la sentencia de los contratistas Roberto Enrique Rincón Fernández, Abraham José Shiera Bastidas, que estaban previstas para el 21 de febrero de 2019. EL juez Gray H. Miller emitió una orden donde fija el 31 de julio de este año a las 9:30 AM. En esa fecha también se leerá la condena de Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz.
Rincón y Shiera se declararon culpables y suministraron a las autoridades federales de los Estados Unidos una gran cantidad de evidencias y de información que ha permitido a los fiscales avanzar en varios casos de corrupción relacionados con Petróleos de Venezuela. Los dos contratistas, acusados de corrupción y lavado de dinero,  pagarán condenas menores a los diez años.

Los dos acusados  admitieron  haber pagado más de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Pdvsa, incluyendo empleados de la petrolera en Houston y miembros de la cúpula de la empresa estatal.

Los documentos federales aseguran que del enorme esquema de corrupción que sobrepasa los  un mil millones de dólares, los fiscales federales lograron rastrear 750 millones de dólares  vinculados únicamente a  Roberto Rincón.

La nota firmada por Miller dice que los informes de investigación de pre-sentencia estarán disponibles para las partes el 25 de junio y los abogados podrán hacer objeciones antes del 9 de julio de 2019.

Miller fijó  el 23 de julio para la entrega de todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo para ser considerados.

Rincón y Shiera fueron acusados de conspiración para lavar dinero y violación de Prácticas Corruptas en el extranjero, una ley que prohibe a cualquier persona relacionada con empresas norteamericanas pagar sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros.

Por este caso, hay más de 15 personas con cargos criminales.


miércoles, 31 de octubre de 2018

Iván Alexis Guedez ex empleado de Pdvsa se declaró culpable de haber recibido sobornos en tribunal de Houston

Por Maibort Petit

Este miércoles se declaró culpable en un tribunal Federal en Houston, Iván Alexis Guedez, ex-empleado de Bariven Houston, socio de Roberto Rincón y Alfonzo Gravina. Guedez fue acusado por los Estados Unidos de haber  participó en una  trama de lavado de dinero internacional que involucra el pago de sobornos las contratistas cuyas empresas tenían sede en territorio norteamericano y que lograban contratos millonarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y prioridad de pago en factura pendientes.

Ivan Alexis Guedez de 47 años y residente de Katy, Texas, se declaró culpable ante la jueza Christina A. Bryan, del Distrito Sur de Texas, en Houston, de un cargo de conspiración para lavar dinero.

La sentencia de Guedez está programada para el 20 de febrero de 2019 por parte del Juez de Distrito Gray H. Miller del Distrito Sur de Texas.

El asistente del fiscal general Brian A. Benczkowski perteneciente a la División de lo Penal del Departamento de Justicia, conjuntamente con el fiscal federal, Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el agente especial a cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston (HSI) de Investigaciones de Seguridad Nacional de Aduanas y Control de Aduanas de los EE. UU. hicieron el anunció este 31 de octubre.

De acuerdo a la declaración de culpabilidad, cuando Guedez trabajaba en Bariven estuvo de acuerdo con otros funcionarios de PDVSA que trabajaban en la sede de la petrolera en Miami para recibir sobornos de parte de un grupo de contratistas encabezados por Roberto Rincón y Abraham Shiera a cambio de la aprobación del contratos.

Los co-conspiradores que fueron empleados por el proveedor de PDVSA también recibieron sobornos dice el acuerdo dado a conocer por los fiscales.

Guedez y otros co-conspiradores ocultaron los pagos corruptos, entre otras cosas, comunicándose con direcciones de correo electrónico ficticias, creando facturas falsas para justificar los pagos y dirigiendo los pagos de sobornos a una cuenta en un banco suizo a nombre de una empresa fantasma.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Guedez acordó renunciar a los beneficios de su actividad criminal.

Guedez se convierte en la última persona en declararse culpable como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA. Incluyendo Guedez, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de un total de 15 personas en relación con la investigación.


sábado, 18 de agosto de 2018

Roberto Rincón recupera Ferrari y Lamborguini incautados por el gobierno de E.E. U.U.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Gracias a una orden aprobada por el juez del Distrito Sur de Texas, Gray H, Miller, de liberarle el sello al documento número 72 del expediente criminal del contratista venezolano, Roberto Rincón Fernández, procesado en los Estados Unidos por delitos de corrupción y lavado de dinero, se evidenció que el 11 de julio de 2016, el acusado logró recuperar los vehículos deportivos de lujo (Ferrari y Lamborghini) que habían sido incautados por el gobierno norteamericano.

La información sobre la liberación de los dos automóviles se mantuvo en secreto hasta agosto de 2018, cuando el tribunal acordó quitarle el sello a la comunicación que otorga la concesión a favor de Rincón Fernández.
Roberto Rincón fue arrestado en diciembre de 2015, acusado de haber participado en un esquema de corrupción en el cual se pagaron alrededor de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela para que las empresas del acusado y de sus socios, entre los cuales destaca Abraham Shiera, lograran obtener lucrativos contratos que incluían altos sobreprecios exhorbitantes.

Los dos vehículos valorados en más de USD 500 mil dólares fueron incautados por orden judicial tras su detención en diciembre de 2015. La fiscalía procedió de inmediato a las gestiones administrativas para  la confiscación de los bienes pero el proceso se detuvo debido a que Roberto Rincón Fernández presentó un reclamo administrativo que le permitió recuperar sus costosos autos deportivos. 




En junio de 2016, Rincón Fernández se declaró culpable de los cargos de pago de sobornos en el extranjero y fraude por su participación en un esquema de corrupción para asegurarse la adjudicación de contratos de PDVSA para sus empresas. Desde entonces ha colaborado con los fiscales norteamericanos entregando información privilegiada sobre corporaciones, funcionarios del gobierno venezolanos y otros contratistas, lo cual le permitirá disminuir su condena sustancialmente.

Recupera sus vehículos 

De acuerdo a la decisión del juez, que fue originalmente firmada el 11 de mayo de 2016, el tribunal aprobó entregar a sus dueños los siguientes vehículos: 1) 2013 Ferrari Four, identificado con el serial ZFF73SKA7D0191348, Placa emitida en el estado de Texas BLP7110, y 2) 2010 Lamborghini Gallardo Balboni, serial ZHW6USBZ3ALA09491, Placa Texas BT5R978.


El documento donde se evidencia que la justicia estadounidense le devolvió los dos vehículos a Roberto Rincón, está acompañado de una moción de no oposición firmada por el acusado donde le pide al juez que se le quite el sello al documento 72 de su expediente, argumentando que no hay ninguna razón para mantenerlo en sellado, por lo que solicita que el mismo sea publicado. 

Los abogados de Rincón, Samuel J. Louis, Jim E. Lavine y Gary Siller entregaron la misiva al tribunal el 26 de julio de 2018.  El juez citó la orden del 11 de mayo de 2016 cuando la corte determinó que el gobierno de los Estados Unidos debía mantener en custodia los dos vehículos identificados anteriormente. El 7 de agosto de 2018, el juez Miller concedió la moción y el documento fue publicado el 9 de agosto de 2018.

Roberto Rincón Fernández será sentenciado el 18 de febrero de 2019.







viernes, 13 de abril de 2018

Luis Carlos De León Pérez deberá permanecer en prisión: Corte niega libertad bajo fianza

En un documento de la corte de Houston se informa que el dinero en efectivo era traficado en aviones privados y era entregado a los funcionarios corruptos de PDVSA y de la Electricidad de Caracas. La nueva defensa intentará en una nueva audiencia conseguir la libertad condicional para el acusado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas, el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, Francis H. Stacy, consideró que existe un alto riesgo de que el acusado huya del territorio estadunidense a Venezuela, país con el que no existe tratado de extradición, razón poa cual decidió que el demandado permanezca bajo la custodia de las autoridades federales en la ciudad de Houston.
De León Pérez fue arrestado junto a Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España en octubre de 2017, luego de recibir una orden internacional de arresto dictada por el gobierno de los Estados Unidos. De León Pérez es un hombre de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, quien es reclamado por las autoridades españolas por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Durante la gestión de Javier Alvarado en la empresa eléctrica, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas del entonces presidente, a cambio del pago de sobornos.
Debido a la historia criminal del acusado y al dinero que este posee y que le permitirían huir del país, el juez Stacy decidió en la audiencia del 10 de abril de 2018 que De León Pérez no era merecedor del beneficio de libertad bajo fianza.

El magistrado Stacy consideró creíble el testimonio y la información sometida a consideración de la corte por los fiscales del caso. De León Pérez está acusado de cometer crímenes relacionados con lavado de dinero, corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos.

En el documento del juez se señala que Luis Carlos De León Pérez y los cuatro coacusados en este caso, pagaron sobornos para obtener contratos con Petróleos de Venezuela, (PDVSA). De acuerdo al agente de caso —citato por el juez— De León y sus asociados desarrollaron un sofisticado y enorme esquema de corrupción off shore.

Citan una testificación del agente del caso donde este explica que De León Pérez y los otros acusados llevaban grandes cantidades de dinero en efectivo a bordo de aviones privados a Venezuela para pagar los sobornos a los funcionarios de las empresas estatales de petróleo y electricidad. Uno de los aviones usados fue el del contratista acusado en este caso, Roberto Rincón Fernández, quien se declaró culpable de los cargos y acordó colaborar con la justicia norteamericana.
El documento señala que Roberto Rincón tenía 30 empresas de petróleo y gas que hacían negocios con PDVSA. Los récords bancarios de Rincón, que fueron obtenidos por la fiscalía a través de una orden judicial, muestran que fueron transferidas grandes cantidades de dinero para ser enviados a los funcionarios del gobierno de Venezuela.

Asimismo señalan que los documentos de la aduanas muestran que los equipos enviados a Venezuela tenían un grosero sobreprecio que cubría el monto de las coimas pagadas a los funcionarios gubernamentales.
Dice que la investigación encubierta cubrió 630 cuentas bancarias. Desde 2009 hasta 2014, cerca de mil millones de dólares fueron parte de la conspiración. Existen grabaciones de reuniones entre los conspiradores, entre los cuales se encuentra De León Pérez. Un encuentro en el que De León figuró como anfitrión, se produjo en el apartamento del acusado en Caracas. El acusado empezó su conversación señalando que él podía pagar compañías para hacer trabajos que ya estaban hechos y prometía contratos futuros con un 10 por ciento de comisión.

Reseñan otro encuentro que tuvo lugar en Aruba y otro en España. Evidencias generadas desde la mensajería de Blackberry confirman una conversación entre De León Pérez y Abraham José Shiera Bastida. En uno de esos mensajes Shiera se quejaba que no le habían pagado y De León Pérez le aseguró que lo iba ayudar.
Otras grabaciones muestran a De León Pérez dando instrucciones para transferir dinero desde su propia cuenta off shore a una cuenta de un funcionario del gobierno de Venezuela.

En el documento se destaca que De León Pérez es ciudadano con nacionalidad americana-venezolana que su esposa es venezolana. El acusado tiene residencia en el estado de la Florida, en Venezuela y en España. Asegura que el acusado viajó 26 veces en aviones privados. Uno de los pilotos olvidó la lista de nombres de los pasajeros.

El juez dice que De León Pérez fue detenido en España y extraditado a los Estados Unidos, pero que no tiene ataduras a esta comunidad. Las evidencias de culpabilidad son muy fuertes y el riesgo de fuga es muy alto.

Acota que escapar de la jurisdicción es una motivación del acusado ya que tiene apartamento en Venezuela, un país con el cual los Estados Unidos no tiene tratado de extradición, por lo que sería imposible obtener su retorno si escapa de suelo estadounidense.

Igualmente el juez señala que De León Pérez tiene millones de dólares en sus cuentas bancarias que podrían pagar su estilo de vida fugitivo, por lo que el tribunal considera que es muy elevado el riesgo de huida del país del acusado, razón por la cual se niega la fianza.

En el expediente de de León Pérez aparece que su abogado George Vila debió renunciar al cargo por un conflicto de intereses advertido por la fiscalía, ya que Vila representan a otro coacusado en el caso.

De León Pérez también firmó una forma para un juicio rápido al que todos los acusados en los Estados Unidos. 10 de los involucrados en este caso de corrupción masiva y lavado de dinero se han declarado culpables, y han decidido colaborar con la justicia. 
La próxima audiencia de De León está prevista para el 15 de mayo de 2018. 
La nueva defensa intentará en la próxima cita convencer al juez Stacy de que el acusado no se fugará del país y que tiene todo el interés de hacer frente al proceso que enfrenta con la justicia norteamericana.

Negociación

Con su defensa, el demandado podrá negociar con los fiscales una sentencia menos severa y beneficios adicionales, que en ocasiones incluyen la protección para familiares cercanos, que si bien han cometido delitos y  han participado como terceros en la trama de corrupción y lavado de dinero, no son los responsables directos de los hechos imputados. 

La esposa de De León Pérez posee una fortuna inexplicable

Andreína Gámez Rodríguez nació en el Hatillo, estado Miranda, en noviembre de 1977. Es portadora de la cédula de identidad N° V-13.137.451. La mujer cotizó para el seguro social de Venezuela apenas Bs. 6.529,44. Trabajó para la empresa Luegar Ingeniería S.A, Número Patronal D-2832588, donde devengaba un salario de Bs. 268,33.

Los récords de propiedad en los Estados Unidos reflejan que Gamez Rodríguez, esposa de Luis Carlos De León Pérez, es propietaria de varios apartamentos de lujo en la Florida. Por ahora, la descripción de esas unidades no aparece públicamente en los bienes bajo custodia de las autoridades norteamericanas.
Uno de los apartamentos está ubicado en una de las zonas residenciales más costosas del condado de Miami Dade. De acuerdo al folio 12-2226-050-0080 del Registro de Propiedades de la Florida, Andreína Gámez Rodríguez es la dueña de un apartamento en el edificio Oceana Bal Harbour Condo, Unidad 150u, ubicado en 10203 Collins Avenue, Bal Harbour, FL. Gámez Rodríguez pagó siete millones 450 mil dólares (USD 7.450.000,00). La unidad fue adquirida por la mujer el 30 de noviembre de 2016.



Curiosamente la madre de Andreína Gámez Rodríguez, Darlly Rodríguez también posee un apartamento en el mismo edificio. Los récords de propiedad del estado de la Florida corroboran que la unidad 909 del edificio ubicado en 10203 COLLINS AVE 905 , BAL HARBOUR FL, 33154 es propiedad de Rodríguez. El condominio fue adquirido por 2.4 Millones de dólares.

Andreína Gámez Rodríguez tiene varias empresas, entre ellas unas en Madrid y  otra en Nevis, a saber:

1) En los récords aparece la empresa MAGNOLIA PRODUCTS LIMITED, ubicada en Dixcart House, Fort Charles, Charlestown, Nevis, St Kitts-Nevis constituida por De León Pérez y otros asociados el 17 de diciembre de 2012, según el registro de empresas de Nevis N-C41192. Esta empresa está reportada en el informe del gobierno de los Estados Unidos.

2) SANSOBINO 1977 SL constituida el 22 de octubre de 2010 y donde aparece como dueña única 22/10/2010 Ubicada en Del Mediterraneo, 12 1 D. 28007 MADRID. (MADRID).  

3) IBERMILENIUM SICAV SA registrada el 20 de noviembre de 2014, (Consejera). Ubicada en Cantabría s/n CIUDAD GRUPO SANTANDER. 28660 BOADILLA DEL MONTE. (MADRID).

4) IBERMILENIUM SICAV SA. Registrada el 20 de noviembre de 2014, donde figura como presidente. Ubicada en Cantabría s/n CIUDAD GRUPO SANTANDER. 28660 BOADILLA DEL MONTE. (MADRID)
5) BABY GAAM 10 SL. Esta empresa fue registrada el 16 de diciembre de 2010 y cerrada el 13 de julio de 2011. BERMEO, 31 28023 MADRID. (MADRID). 

Disclaimer 

Venezuela Política no pudo obtener una versión de los hechos por parte de las empresas mencionadas ni de su propietaria Andreína Gámez Rodríguez ni con Darlly Rodríguez. 

Asimismo, tratamos de comunicarnos vía telefónica con varios número de teléfonos, entre ellos el que se nos dijo era el celular personal del Gámez pero tampoco logramos comunicación. 


El blog Venezuela Política está abierto a que todas las personas, instituciones y empresas mencionadas en esta nota periodística puedan expresar libremente sus versiones de los hechos. Invitamos a todos mencionados que deseen aportar mayor información para esclarecer el tema, a comunicarse con nosotros a nuestro correo blogvenezuelapolitica@tuta.io. 

El derecho a réplica está garantizado.