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jueves, 22 de septiembre de 2022

Javier Alvarado Ochoa: una vieja ficha del chavismo acusado por EE. UU. de desfalcar a PDVSA que adquiere nuevo protagonismo

  El antiguo titular de posiciones fundamentales en los despachos de energía y petróleo se presenta ante un tribunal de Estados Unidos como paladín de la lucha anticorrupción en Venezuela, en tanto los casos en los que está involucrado vuelven a resonar en los escenarios judiciales.

Por Maibort Petit

  Entretanto Javier Alvarado pide la desestimación de la acusación en su contra formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas ante el Tribunal homónimo y para ello alega que la misma presenta inconsistencias y califica de ser fatalmente defectuosa en comparación con la causa que se desarrolla en los juzgados de España —donde reside—, por el otro deja sentado que en este último proceso, en el que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) figura como acusadora, habría retenido documentación fundamental y, peor aún, falsa.

 Javier Alvarado, quien se desempeñó en varios cargos de la administración pública venezolana, tanto en Bariven-PDVSA, como en el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, Electricidad de Caracas, entre otros, es acusado de delitos de lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, junto Nervis G. Villalobos-Cárdenas, Alejandro Istúriz Chiesa, Rafael E. Reiter-Muñoz, Daisy T. Rafoi-Bleuler y Paulo JDC Casqueiro-Murta.

Lucha contra la corrupción

  Alvarado acusa contradicciones que para él son fundamentales, puesto que en tanto el gobierno lo señala conspirar junto a Roberto Rincón y Abraham Shiera para lavar dinero proveniente de la asignación de contratos irregulares con PDVSA, habiendo supuestamente favorecido a estos contratistas cuando se desempeñaba como presidente de Bariven, la filial de la PDVSA encargada de las compras internacionales, él sostiene que, por el contrario, denunció la corrupción de estos durante su gestión.

  Respecto a la documentación cuya autenticidad ahora se pone en entredicho, Alvarado refiere en su moción que en España como en Estados Unidos, hizo entrega de los mismos papeles.

  De acuerdo a lo expuesto por Alvarado en la moción, luego de que el juez español ordenara a PDVSA entregar todos los documentos que fundamentan su denuncia, esta presentó solamente registros parciales de las contrataciones entre la estatal y las empresas de Rincón y Shiera, los cuales ninguno requería la aprobación del Comité de Operaciones y/o la junta directiva de PDVSA. En pocas palabras, Alvarado acusó a PDVSA de retener dichos documentos.

  Según él, el gobierno no entregó ni una sola factura que sirva para evidenciar que aprobó pagos irregulares a las empresas de Rincón y Shiera. Es mas, Alvarado asegura en la moción que lejos de ser un corrupto, combatió este flagelo desde su posición en los cargos que ejerció.

  En este último sentido, sostiene que produjo una serie de informes donde denunció que las adjudicaciones a Rincón, Shiera y sus empresas contemplaban sobreprecios del 76,26 por ciento, gracias a la gestión irregular de César Rincón. Ante las irregularidades detectadas, dice, solicitó auditorías de los contratos otorgados a las empresas de los citados contratistas.

Colaborador de los EE. UU.

  Para completar su presentación como agente anticorrupción, Javier Alvarado asegura en la moción que fue colaborador del gobierno de los EE. UU. cuando se desempeñaba en PDVSA y suministró información a la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, relacionada con la corrupción interna de la petrolera.

  Asegura que entre 2010 y 2015 entregó a la embajada información y documentos relacionados con el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, PDVSA, Bariven, en respuesta al pedido del Consejero de Asuntos Económicos de la sede diplomática estadounidense, Richard T. Yoneoka.

  Pero no sólo eso, sino que tiempo después proporcionó documentos al Departamento de Justicia y a los fiscales del Distrito Sur de Nueva y del Distrito Sur de Texas con registros de la corrupción vinculada a las empresas Rincón y Shiera.

Fortuna inexplicable

  Pero en tanto, Alvarado asevera que combatió la corrupción en su gestión como funcionario público en Venezuela, otros procesos judiciales, como el que se desarrolla en Andorra lo señalan de formar parte de una compleja trama en la que empresas de maletín que le permitió hacerse de lujosas propiedades en Colombia, España y los Estados Unidos. En l primero de estos países, específicamente en Cartagena de Indias, compró el 70 por ciento de las acciones del hotel Anandá. En estas operaciones irregulares, Alvarado habría actuado con su pareja, Cecirée Carolina Casanova Rangel[1].

  Los casos en España y Andorra

  Lo cierto es que los casos judiciales en contra de Alvarado indican que supuestamente habría desviado USD 15 millones de PDVSA que destinó a todas estas inversiones. El proceso de Andorra lo hace participe de una trama que defraudó 2.000 millones de euros a PDVSA.

  El proceso en Madrid del que habla en la moción, se lleva a cabo en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la cual negó su extradición a Estados Unidos donde la Corte de Texas lo solicitaba por el caso al que hemos venido haciendo referencia. Había sido arrestado en 2019 por el reclamo del tribunal estadounidense, pero en razón de que en España enfrenta la misma causa, se negó la petición de llevarlo a suelo de EE. UU. Desde 2017, también la justicia española lo investiga por el supuesto cobro de coimas a la empresa Duro Felguera[2].

Con los bolichicos

  Nuestra fuente también lo relaciona con la crisis eléctrica desatada a raíz del desfalco que supuso la contratación de Derwick, la empresa de Alejandro Betancourt y el grupo conocido como los “Bolichicos”. Una trama de corrupción que dejó a Venezuela a oscuras mientras la empresa se hizo de millones de dólares por la supuesta venta de plantas eléctricas que resultaron ser mera chatarra.

  Durante mucho tiempo el gobierno venezolano protegió a Betancourt y el resto de los bolichicos, pero en febrero de 2020, el entonces ministro de información del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, lo acusó que financiar a Juan Guaidó y al partido Voluntad Popular. Entonces lo que hasta la fecha había sido negado, se admitió cuando el alto funcionario chavista dijo que Betancourt negociaba irregularmente con Rafael Ramírez[3].

   Terminaba el romance de Ramírez con el chavismo y se iniciaba una batalla de acusaciones mutuas de hechos irregulares es robo al erario público venezolano. Curiosamente, el expresidente de PDVSA, exministro petrolero y de energía que a capa y espada había defendido el gobierno y todas las instancias del poder, ahora era el responsable toda la corrupción habida en el chavismo. De hecho. El Tribunal Supremo de Justicia declaró nula una investigación de la Asamblea Nacional en manos de la oposición que acusaba a Rafael Ramírez de una mega robo a PDVSA en su gestión. La sentencia Número 893 del 25 de octubre de 2016 admitió un recurso de nulidad interpuesto por Ramírez contra la investigación que la Comisión de Contraloría desarrolló en 2016[4].

  Tareck El Aissami, actual ministro de petróleo revivió el asunto el 30 de agosto de 2022, cuando le solicitó al fiscal Tarek Saab investigar las irregularidades administrativas presuntamente cometidas por el exzar petrolero entre 2004 y 2014[5]. Nuestra fuente refiere que debe haberse producido un incidente sumamente grave entre las cúpulas del poder chavista para que ahora resurjan estos casos.

  En esta órbita de acusaciones gravita el nombre de Javier Alvarado, quien de acuerdo a nuestro informante mantiene una vieja rencilla con Silvestre Molero, por lo que es de esperar siga resonando en la medida en que vayan destapándose casos otrora silenciados por el régimen chavista. La rivalidad y la lucha de facciones, al parecer, servirá para aclarar el conjunto de acusaciones de unos y otros en esta trama que, según todo deja ver, pareciera que todos tienen razón.

[1] Armando.Info. “Los dineros negros de Andorra se lavan en el Caribe”. 1 de diciembre de 2021. https://armando.info/los-dineros-negros-de-andorra-se-lavan-en-el-caribe/

[2] El País. “El gran botín del exviceministro chavista Alvarado”. 28 de enero de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-01-28/el-gran-botin-del-exviceministro-chavista-alvarado.html?event_log=oklogin

[3] Efecto Cocuyo. “Jorge Rodríguez acusa a diputados Adrián y Florido de recibir favores de Alejandro Betancourt”. 15 de febrero de 2020. https://efectococuyo.com/politica/jorge-rodriguez-acusa-a-diputados-adrian-y-florido-de-recibir-favores-de-alejandro-betancourt/

[4] Acceso a la Justicia. “Se admite acción de nulidad contra investigación de la AN sobre PDVSA”. 25 de octubre de 2016. https://accesoalajusticia.org/se-admite-accion-de-nulidad-contra-investigacion-de-la-an-sobre-pdvsa/

[5] El Diario. “¿El TSJ declaró nula la investigación de corrupción de la AN de mayoría opositora contra Rafael Ramírez en 2016?”. 31 de agosto de 2022. https://eldiario.com/2022/08/31/el-tsj-declaro-nula-la-investigacion-de-la-an-de-mayoria-opositora-contra-rafael-ramirez/

lunes, 19 de septiembre de 2022

Estas son las razones expuestas por el expresidente de Bariven (filial de compras de PDVSA) —acusado por EE. UU. de corrupción y lavado de dinero— para pedir al tribunal que desestime la acusación del Gran Jurado

  Javier Alvarado pidió al Tribunal desestimar acusación en su contra por inconsistente y "fatalmente defectuosa"

Por Maibort Petit 

   El expresidente de Bariven, la división de PDVSA que se encargaba de comprar bienes y servicios para PDVSA, denuncia grandes diferencias en la causa criminal que igualmente se ventila en los juzgados de España donde reside, además de asegurar que no cometió delitos en EE. UU.

   El 15 de septiembre de 2022, Michael J. Wynne, abogado de Javier Alvarado Ochoa, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, una moción para desestimar los cargos en su contra, por cuanto la Acusación de Remplazo por la que se le pretende someter, “es fatalmente defectuosa, insuficiente, contradictoria, e inexacta y, en consecuencia, no cumple con los requisitos constitucionales mínimos del debido proceso”.

   En dicha instancia judicial estadounidense, Alvarado, junto Nervis G. Villalobos-Cárdenas, Alejandro Istúriz Chiesa, Rafael E. Reiter-Muñoz, Daisy T. Rafoi-Bleuler y Paulo JDC Casqueiro-Murta, es acusado de 17 cargo de delitos de lavado de dinero.

 La acusación de remplazo que Alvarado exige desestimar, fue presentada por la fiscalía el el 24 de abril de 2019.

  Del mismo modo, Alvarado advierte al tribunal que él no encaja en el perfil de las personas extranjeras sujetas a enjuiciamiento bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

  A su parecer, la acusación de remplazo en su contra está cargada de una se serie de elementos distractivos, como teorías de conspiración, para así evitar la atención sobre las deficiencias jurisdiccionales de la misma.

 Refiere que el gobierno pretende que el tribunal y el acusado desentrañen los hechos de que se le acusa dentro de un conjunto de alegaciones que de ningún modo respaldan la jurisdicción, en lugar de simplemente alegar los hechos de manera concreta.

  La moción expone en primer término que Javier Alvarado fungió como presidente de Bariven entre 2011 y 2013, la filial de PDVSA encargada de las compras de equipos y servicios fueran d e Venezuela. Este periodo se enmarca durante una etapa comprendida entre 2009 y 2015 en el que, gracias a la bonanza petrolera y los altos precios del crudo, la estatal debió realizar muchas adquisiciones para cubrir la demanda que experimentaba.

  Se indica que PDVSA tenía para entonces dos tipos de proveedores internacionales, por un lado, los fabricantes de equipos o componentes de equipos y, por el otro, los intermediarios. Entre este último tipo se encontraban Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, quienes crearon a través de un conjunto de empresas bajo su control, la apariencia de que las licitaciones eran competitivas. Llegaron a obtener contratos de la petrolera que totalizaron más de USD 2.000 millones. Mediante el pago de comisiones a funcionarios de PDVSA habrían tenido acceso a información privilegiada; se convirtieron en proveedores únicos de la estatal; obtuvieron condiciones de pago preferenciales frente a otros contratistas; entre otros privilegios.

 Apunta la moción que la acusación de la fiscalía señala a Javier Alvarado de, igualmente, haber mantenido una “supuesta complicidad” con Rincón y Shiera aun cuando durante su mandato solamente se reunión con estos en tres ocasiones, todas ellas fuera del territorio de los Estados Unidos.

  Señalan que Alvarado advirtió a la junta directiva de PDVSA en un informe a finales de do11, que las empresas de Rincón Shiera “obtuvieron contratos que estipulaban pagos que promediaban un 75% más que los otorgados a los fabricantes”, además de las irregularidades ya señaladas.

  La moción describe en una larga exposición el proceso de compras de equipos de PDVSA y la participación de Bariven en estos. Particularmente, hacen mención a un contrato adjudicado a Venmar Inc. una de las empresas de Rincón, en el que el papel de Alvarado se habría limitado a “verificar que, en el proceso de compra, todas las firmas requeridas, incluidas, específicamente, las del Usuario Final que aprueba y prioriza cada factura, se colocaron correctamente en la secuencia correcta”.

  Además, refiere que, respecto a los pagos y extraordinarios y los pagos directos, Bariven se limitaba “a verificar el cumplimiento legal y la integridad de estas propuestas y, en su caso, firmar dichas propuestas para certificar el cumplimiento, con la firma de Alvarado. En cuanto a las Propuestas de Pago Directo, utilizadas para pagar las facturas que habían sido aprobadas y enviadas para el pago por parte de la junta directiva de PDVSA, estas propuestas no fueron procesadas ni ejecutadas a través de Bariven. En consecuencia, ni Alvarado, ni nadie más en Bariven, estaba obligado a revisar o firmar Propuestas de Pago Directo”.

Acusa discrepancias en los procesos

  Javier Alvarado a través de sus abogados refiere que en España y los Estados Unidos se ventila la misma causa, pero acusa discrepancias en los procedimientos y operaciones de PDVSA descritos en el caso español con el señalado por los fiscales en la Acusación de sustitución.

  Indica la moción que a Javier Alvarado se le menciona muy pocas veces y cuando se hace es de manera infundada e incorrecta.

 Alega Alvarado que los fiscales acusan a que César Rincón y Alejandro Istúriz-Chiesa de ser responsables “de desarrollar y aprobar las propuestas de pago” que luego autorizaba Alvarado, cuando es totalmente falso puesto que los primeros no tenían esa facultad, como tampoco la tenía el acusado, pues en la práctica y la realidad le corresponde al Usuario final de los procesos.

  También alerta sobre la falta de comprensión por parte de la fiscalía de los procesos de compra de PDVSA, al tiempo que denuncia que la Acusación de Remplazo contempla alegatos inconsistentes con las declaraciones juradas de PDVSA presentadas en España.

 Refiere las facturas citadas en la acusación no fueron revisadas por Alvarado, pues tenían montos por debajo del mínimo requerido para su autorización. Además, acotan que el gobierno obvia el tipo de pago que se señala debían ser revisados y autorizados parte del Director de Finanzas de PDVSA o de la Junta Directiva de PDVSA. Del mismo modo señalan que en muchas ocasiones Alvarado refutó pagos a empresas de Rincón y Shiera. Estas discrepancias se explicaron a los fiscales, pero no fueron tomadas en cuenta.

  La acusación de remplazo señala que Javier Alvarado era el responsable de “garantizar que Rincón y Shiera no fueran objeto de ninguna investigación interna en PDVSA”, cuando en realidad ordenó siete auditorías e investigaciones que involucraron a empresas de Rincón Shiera, las mismas que los fiscales denuncian como parte de la conspiración de Alvarado. Refieren que sus denuncias fueron respaldadas por el finado expresidente Hugo Chávez, pero que al morir este fue destituido.

  Alerta que la fiscalía en la acusación de remplazo presupone que PDVSA Services Inc. (PSI) fue el agente de compras involucrado  en las contrataciones con la empresas de Rincón y Shiera, lo cual es incorrecto, pues la documentación se ñala que el agente involucrado era uno más grande, a saber, PDVSA Services B.V. en los Países Bajos (PSBV). Destacan que las presentaciones de PDVSA en España señalan que Javier Alvarado no tuvo que ver con la compra de de equipos relacionados con PSI.

  Dicha acusación de reemplazo tampoco reconoce el enjuiciamiento paralelo que tiene lugar en España y en el que están formuladas las mismas alegaciones de hecho. Refiere que PDVSA presentó en los juzgados españoles una descripción detallada de sus procesos y prácticas de compras oficiales.

Retención de documentos

 La moción de Alvarado acusa que no existe coordinación entre los procesos judiciales que tienen lugar en EE. UU. y los que se llevan a cabo en España, aun cuando son por la misma causa.

  Entretanto, Javier Alvarado presentó en el proceso español los mismos documentos que proporcionó a los fiscales y agentes del Gobierno de EE. UU. en 2018.

 El juez español ordenó a PDVSA presentar la documentación que fundamenta su denuncia, pero la petrolera, según la moción, sólo presentó registros parciales sobre las adjudicaciones de contratos a las empresas de Rincón y Shiera. Según lo entregado por la estatal venezolana, no se requería la aprobación del Comité de Operaciones y/o el Directorio de PDVSA.

Es decir, PDVSA estaría reteniendo esos documentos.

 En razón de las fallas presentadas en la acusación de la fiscalía estadounidense, Javier Alvarado estima que solamente debe mantenerse el proceso español.

Colaboración con EE. UU.

  Expone la moción que entretanto trabajaba en contra de la corrupción en PDVSA, entre 2010 y 2015, informó a la Embajada de EE. UU. en Caracas sobre estos hechos irregulares en la estatal. Suministró información y documentos sobre el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, PDVSA y Bariven, en atención a pedidos del Consejero de Asuntos Económicos de la Embajada para la fecha, Richard T. Yoneoka.

  Después ayudó al Departamento de Justicia, a la Oficina del Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York y al Fiscal para el Distrito Sur de Texas.

  La información suministrada por Alvarado contempló, por ejemplo, el papel que César Rincón tuvo en la aprobación de contratos con sobreprecio a la empresa de Roberto Rincón ya referida, Venmar Inc., así como a otras compañías del empresario que superaron los USD 154 millones.

Lo que pide

 La defensa de Alvarado solicita que el tribunal desestime la acusación fatalmente defectuosa en aras de la economía judicial.

 Alvarado, quien vive en España, no debería verse obligado a rendirse en EE. UU. para ejercer su derecho, sino tendría que ir a Estados Unidos para impugnar la acusación de reemplazo en su contra, con el riesgo de ser encarcelado.

  Sostiene la moción que la fiscalía no alega que Javier Alvarado estaba en los Estados Unidos en el momento de la comisión del presunto delito. Subrayan que Alvarado no califica como un “fugitivo” y no se convierte en uno solo porque continúa residiendo fuera de EE. UU. Advierten que nada sugiere que se ausentó de los Estados Unidos para evitar la lectura de cargos.

 Se asegura que con la califica en el perfil de la FCPA pues no se han establecido los hechos que lo prueben. La Acusación de reemplazo no alega que Alvarado realizó o intentó realizar ninguna transacción financiera en los Estados Unidos.

 Se alega que la Acusación de reemplazo no refiere que Javier Alvarado sea un agente de Roberto Rincón o Abraham Shiera o cualquier otra persona doméstica.


 


 


  

lunes, 26 de octubre de 2020

Conozca las particularidades del caso de José Manuel González Testino (PARTE I)

  Una serie de hechos significativos quedaron en evidencia desde el momento mismo en que tuvo lugar la audiencia preliminar y de detención ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston, que en esta entrega damos a conocer.

Por Maibort Petit

   El caso por el delito de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), por el que se declaró culpable el 29 de mayo de 2019 José Manuel González Testino[1], se caracteriza por una serie de hechos particulares que poco se han difundido, pero que salieron a la luz en la propia Audiencia de examen preliminar y de detención que tuvo lugar el 21 de septiembre de 2018 ante el juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas, División Houston.

  González Testino aguarda a que el juez de la causa, Gray H. Miller, dicte sentencia, pues esta ha sido suspendida en varias oportunidades el castigo por su papel en la trama de corrupción consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a cambio de lograr contratos millonarios de sus filiales Bariven y CITGO Petroleum Corp.

  En la referida audiencia preliminar y de detención de González Testino se conoció que este portaba tres pasaportes, uno de ellos con datos falsos, con los cuales se trasladaba en sus contantes desplazamientos entre Venezuela y EE. UU. entre otros destinos; que igualmente poseía un pasaporte emitido por la Orden de los Caballeros de Malta; que poseían propiedades en Estados Unidos, Venezuela, España y Suiza, que sus bienes de fortuna —y los de su familia— le permitían pagar vuelos charter constantemente, ser propietario de una avión e, incluso, poder pagar hasta USD 5.000 diarios a una empresa de seguridad para que lo custodiaran y evitaran su salida de EE. UU. en caso de que se le otorgara el derecho a fianza; que su padre, José Manuel González, presumiblemente trabaja con él; y que instruyó a sus cómplices para que destruyeran las evidencias del caso y planeaba huir del país.

  En la referida audiencia preliminar intervinieron el juez Peter Bray; los fiscales Sarah Edwards, John Pearson y Robert Johnson; y por la defensa, Edward Shohat, Monique García y James Ardoin III.

La audiencia preliminar

  La fiscalía llamó como primer testigo al agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, Corbin Wickman, quien luego de prestar juramento, refirió que para la fecha de la comparecencia tenía 13 años de servicio en dicha dependencia, estando asignado en los últimos tres años —para el momento— al grupo de fraude financiero, investigando varios delitos financieros, incluido el lavado de dinero y las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, unidad responsable de la investigación que se le seguía a José Manuel González Testino por corrupción pública extranjera, específicamente sobornos pagados a funcionarios de gobiernos extranjeros a cambio de algo de valor. Refirió que el acusado está señalado de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y/o sus subsidiarias CITGO y Bariven.

  Explicó que el nombre de González Testino surgió a raíz de la investigación del caso de lavado de dinero protagonizado por Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes se declararon culpables en 2016. Ligados a estos últimos estuvieron cinco individuos, de los cuales cuatro fueron detenidos en España y dos extraditados a Estados Unidos. Uno de ellos fue César David Rincón Godoy, quien era director general de Bariven, la filial de PDVSA encargada de las adquisiciones, quien recibió sobornos de José Manuel González Testino a cambio de la adjudicación de contratos. Los sobornos los recibía Rincón a través de dos cuentas corporativas de empresas de familiares suyos en Houston y Miami. Una de estas firmas era Inversiones JKL. Los pagos registraron eran por aproximadamente USD 630.000.

  Igualmente dijo que los pagos se hacían desde bancos en Suiza, igualmente desde cuentas pertenecientes a corporaciones cuyas denominaciones eran Ameri-traders, RH International y Henri Pittier. Contaba con socios o co-conspiradores, entre ellos Gonzalo José Jorge Morales-Divo, quien proporcionó el capital inicial que permitía ofertar y obtener los contratos de PDVSA. González y Morales se reunieron en una oficina ubicada en 848 Brickell Avenue en Miami, Florida.

  Morales dijo a Seguridad Nacional que González Testino controlaba muchos activos, empresas, cuentas bancarias, que poseía numerosos activos en forma de condominios en el área de Miami, también una casa, apartamentos en Suiza y en España, un avión privado. Morales dijo que estas empresas o activos estaban a nombre de empresas y de otras personas.

  Refirió que Roberto Rincón entregó un documento originado en PDVSA, una presentación Power Point, la cual mostraba una lista detallada de empresas controladas por González Testino en Estados Unidos, Panamá, Suiza, España y otros países. Sin embargo, se estima la existencia de otras empresas controladas por González Testino que no figuran en la lista.

  El otro socio era una exempleada de González Testino, Johana Haddad, quien figuraba como propietaria de una de las empresas de la lista, a saber,  Petroleum Logistics Service Corp., pero no tenía control sobre la misma. Haddad preparó una hoja de cálculo que detallaba los contratos que habían sido adjudicados por PDVSA y enumeraba los porcentajes de soborno que se le debían a varios funcionarios relacionados. Allí se detallaba, específicamente, lo pagado en sobornos a funcionarios de CITGO. Johana Haddad contribuyó con González Testino en el pago de sobornos a varios funcionarios gubernamentales.

  Johana Haddad también informó sobre propiedades de González Testino, además de las señaladas por el agente Corbin Wickman y describió un condominio en el Cosmopolitan en Houston, residencias en Atlanta que se usaban para obtener ingresos por alquiler, así como vehículos de lujo, incluido un Ferrari, dos Range Rover, un Cadillac Escalade y también un avión privado.

Las revelaciones de la computadora

  El agente Corbin Wickman también informó al tribunal de un documento emitido por el banco suizo Gonet & Cie Bank, que Seguridad Nacional recuperó en enero de 2018 en una computadora portátil de González Testino. El hallazgo se hizo en un aeropuerto privado de Miami, a su llegada a los Estados Unidos proveniente de Venezuela.

  El documento hace referencia a la empresa Aziolarefin con cuentas en dicha institución bancaria que sumaban USD 50 millones para agosto de 2016. Johana Haddad confirmó que es una empresa controlada por González Testino.  El nombre de Aziolarefin aparece en el registro de otras compañías en España, Suiza y Panamá.

  Más tarde, la defensa precisó que tales USD 50 millones no eran depósitos o haberes en la cuenta, sino el valor de la empresa en los libros contables.

Destrucción de pruebas y plan de huida

  Johana Haddad también informó a Seguridad Nacional que recibió en, al menos, dos ocasiones, instrucciones de González Testino para destruir pruebas. Esto ocurrió después de que Seguridad Nacional retuviera los dispositivos del acusado en el aeropuerto de Miami. González instruyó a Haddad, luego de suministrarle la contraseña de su cuenta de correo electrónico, para que borrara los mensajes relacionados con el plan de sobornos.

  La segunda vez que González pidió a Haddad destruir pruebas fue el 26 de julio de 2018, cuando la llamó con carácter de urgencia y al estar esta en un hospital cuidando a su hijo, fue a buscarla allí para contarle que creía que el gobierno de Estados Unidos se estaba acercando a él y que iba a salir del país para irse a Venezuela. Le refirió que pensaba que el gobierno sabía acerca de la hoja de cálculo con el listado de sobornos y los apodos con que se identificaban los funcionarios de CITGO beneficiarios de los mismos, no sus nombres reales. Entonces González le ordenó a Johana Haddad que destruyera archivos, correos electrónicos, discos y copias de seguridad relacionados con el plan de sobornos. Haddad le recordó a González que ya había tomado la computadora portátil del trabajo y la había enviado por correo a Panamá, de acuerdo con una instrucción anterior que él mismo le había dado. Por tanto, no pudo hacerse la destrucción de pruebas. Haddad luego de esto se reunió con su abogado, quien la puso en contacto con Seguridad Nacional.

  Por información del agente Corbin Wickman, se conoció que José Manuel González Testino, igualmente, durante una reunión personal sostenida en Houston, le ordenó a un funcionario de CITGO a quien le refirió sus sospechas acerca de que el gobierno de EE. UU. conocía la existencia de la hoja de cálculo, que borrara los correos electrónicos relacionados con el esquema de sobornos. El empleado de CITGO obedeció y destruyó las pruebas. Esto habría ocurrido en julio de 2018. En ese mismo mes, específicamente el 27 de julio, González nuevamente se reunió con este funcionario de CITGO y le dijo que creía que estaba en problemas y por ello saldría de EE. UU. y se iría a Venezuela.

El arresto y los pasaportes

   Al enterarse el Departamento de Seguridad Nacional el 27 de julio de 2018 de los planes de José Manuel González Testino de abandonar Estados Unidos, se hicieron varias consultas que permitieron conocer que el acusado tenía un vuelo reservado para el lunes 30 de julio, saliendo de Miami con destino previsto a Caracas, Venezuela.

  Fue entonces que Seguridad Nacional diligenció la orden de arrestó y procedieron a esperar a González Testino en el aeropuerto para detenerlo. Sin embargo, el acusado no se presentó en esa fecha pues había cambiado la reservación para el 31 de julio. En la nueva fecha, cuando el acusado llegó al aeropuerto con su exesposa y su hija, fue detenido por agentes de HSI. Portaba un pasaporte estadounidense y un pasaporte venezolano, pues tiene doble nacionalidad. Estos pasaportes exhiben dos lugares de nacimiento de González Testino: el estadounidense dice que nació en Tennessee y el venezolano, que nació en Venezuela. Se sabe que González Testino tenía otro pasaporte venezolano que había usado en enero de 2018, pero del que se desconoce el paradero. HSI determinó que no se trata de una renovación, pues ambos pasaportes fueron utilizados para viajar en 2016, 2017 y 2018.

  Además de los pasaportes de EE. UU y Venezuela, se sabe que José Manuel González Testino tiene un pasaporte de los Caballeros de Malta, Knights of Malta, una sociedad católica u organización fraternal, una entidad soberana internacional que emite sus propios pasaportes, moneda y sellos postales, de la cual el acusado forma parte. La orden tiene una oficina en Roma, Italia, no tienen territorio, pero es reconocida en 12 países principalmente europeos. Estados Unidos no los reconoce. Por los testigos González y Haddad, González Testino buscó y obtuvo este pasaporte de los Caballeros de Malta por los privilegios de inmunidad diplomática que se otorga en algunos casos.

La información financiera del acusado

  El agente Wickman informó que escuchó el audio de la comparecencia inicial de González Testino ante un juez de instrucción al ser arrestado en Miami el 31 de julio de 2018, una audiencia en la el acusado tomó juramento y se le advirtió que podía ser procesado por perjurio si mentía. En dicha comparecencia a González Testino se le solicitó que proporcionara una divulgación financiera. Dijo que tenía un ingreso anual de aproximadamente USD 40.000, que tenía entre USD 5.000 y USD 7.000 en una cuenta bancaria en los Estados Unidos y que tenía una casa en Venezuela valorada en aproximadamente USD 30.000. González Testino negó ante el juez de instrucción que poseyera bienes en Estados Unidos.

  El Departamento de Seguridad investigó los movimientos migratorios de José Manuel González Testino desde 2015 a 2018 y comprobó que el acusó entró salió de Estados Unidos aproximadamente 150 veces, 28 de los cuales ocurrieron en 2018 hasta el día del arresto. Entradas y salidas que González Testino hizo, bien en vuelos comerciales, como en vuelos privados (7 en 2018 en tres aviones). Uno de estos aviones privados correspondió a la aeronave señalada por Johana Haddad como propiedad de González Testino. Se trataba del avión identificado con el número de cola N820JS, registrado a nombre de la empresa Agroven Agriculture, domiciliada en el 848 Brickell Avenue en Miami, Florida, donde González Testino tenía una oficina. Los hallazgos en los dispositivos del acusado revelaron que Agroven Agriculture era controlada por este.

Las debilidades del testigo de la fiscalía

  El abogado defensor de González Testino, Edward Shohat, interrogó al agente del Departamento de Seguridad Nacional, Corbin Wickman, quien en su primera declaración alertó no ser el agente a cargo del caso de José Manuel González Testino. Explicó que en el HSI opera un sistema de coagentes que en el paso particular del acusado estos son Matt Wood y Steve Bodak.

  Refirió que su actuación se limitó al 27 de julio de 2018, cuando fue informado de que González Testino estaría considerando su salida de Estados Unidos y procedió a realizar algunas de las consultas de la base de datos para verificar si había alguna reservación a nombre del acusado. Salvo eso, no participó en la investigación. Negó haber participado en el arresto o haber asistido al Aeropuerto Internacional de Miami el día de la detención. Por boca de los coagentes de caso supo que González Testino entró solo a la terminal aérea el 31 de julio y que su exesposa, María Díaz, y su hija, Isabel González, permanecieron en un vehículo a las afueras del aeropuerto. Refirió que en la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional denominado ATS, quedó registrado que tanto la ex-esposa como la hija de González Testino también tenían reservaciones para el mismo vuelo en el que el acusado pensaba abandonar EE. UU.

  El agente Wickman dijo desconocer por cuántos y cuáles contratos suscritos con PDVSA, el acusado José Manuel González Testino, pagó sobornos a César Rincón, testigo cooperante de la investigación que en el caso se identifica como CW-1. No estuvo en capacidad de responder si el acusado recibió dinero personalmente como resultado de algún pago de soborno a cambio de un contrato o si se le pagó en cualquier contrato que recibió como resultado de un pago de soborno. Tampoco pudo determinar el número de entrevistas que se le hicieron a César David Rincón.

 La defensa trató de que las notas que hizo el agente Wickman cuando estudió el caso e indagó en informes para poder hacer su declaración en esta audiencia, fueran tomadas como una declaración del testigo y que las mismas fueran reproducibles a la luz de la Regla 26.2 que versa sobre la prueba, pero el juez no lo permitió.

  Enfiló la defensa entonces a que el testigo discriminara cómo la totalidad de los sobornos, a saber USD 630.000, se habían destinado a cada uno de los tres tipos de pagos hechos supuestamente por González Testino a César Rincón, es decir que determinara cuánto se había pagado por obtener los contratos, cuánto por acelerar los pagos por parte de PDVSA a las empresas del acusado, y cuánto para que se aceptara hacer los pagos en dólares y no en bolívares, lo que el testigo no estuvo en capacidad de responder. Tampoco estuvo en capacidad de determinar cómo se había producido la participación del acusado en algunos aspectos contemplados en la acusación relativos a sobornos por compras específicas, contratos y asesorías del César Rincón a González Testino.

  No pudo determinar por cuántos y cuáles contratos recibió sobornos César Rincón de parte de González Testino, ni si estos contratos se concretaron en su totalidad, como tampoco las especificidades y objeto de dichos contratos.

  El agente convino con la defensa en que en la acusación no hay pagos de sobornos a funcionarios de CITGO, sino que únicamente se habla de pagos a una cuenta controlada por un familiar de César Rincón.

  La defensa trató de llevar al testigo al terreno de las conclusiones legales, cuando le requirió determinar según su experiencia si todos los pagos de sobornos a funcionarios extranjeros estaban cubiertos por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lo cual fue objetado por la fiscalía y concedido por el tribunal. Quería, a todas luces, desligar el caso de González Testino de lo contemplado en dicho instrumento legislativo y de allí solicitar su desestimación.

  Sobre los registros bancarios en instituciones de Suiza pertenecientes a tres corporaciones identificadas en la acusación como A, B y C, al no haberse recibido respuesta oficial, la defensa hizo destacar que no se poseía documentación bancaria que precisara que José Manuel González Testino esté vinculado a las tres cuentas bancarias.

  Otro camino de la defensa fue desestimar las aseveraciones de los testigos Morales y Haddad en razón de que sólo buscan obtener beneficios a cambio de suministrar información a las autoridades. Igualmente, dirigió su interrogatorio a desestimar las pruebas y documentos presentados por estos. También la defensa buscó que se le restara importancia al hecho de que su representado tuviera el pasaporte de los Caballeros de Malta llevando el asunto a lo puramente anecdótico, toda vez que el testigo no estaba en capacidad de determinar si González Testino lo utilizó alguna vez para viajar.

  Desconocía el agente Wickman que el testigo cooperante CW-2 es Roberto Rincón y, en tal sentido, llevó el interrogatorio a determinar que el verdadero responsable del pago de los sobornos sería este y no su defendido, pues la única alusión al acusado es que controlaba las empresas. Se trataba de las empresas Ameritraders Inc., RH International Consulting Inc. y Henry PDA International Holdings LLC de cuyas cuentas en Suiza se efectuaron los pagos de sobornos a cuentas de una empresa propiedad de un familiar de César Rincón. La defensa logró que el testigo admitiera que nada determinaba en la acusación —ni la propiedad de las empresas que el testigo no estaba en posibilidades de determinar tampoco—que José Manuel González Testino fuera el responsable directo de pagar los sobornos.

  La defensa finalmente, llevó a afirmar al agente Wickman no existían pruebas que permitieran establecer la existencia de cuentas bancarias pertenecientes a empresas en la que González Testino fuera signatario, ni el monto de las mismas.

  Para rebatir los argumentos de la defensa, la fiscalía llevó al agente Wickman circunscribirse al texto de la acusación que José Manuel González Testino conspiró para violar la Ley de Prácticas Extranjeras, cuyos extremos en su relación con Morales y Haddad se cumplieron para que dicha conspiración tuviera lugar.

(1)  http://eltiempolatino.com/news/2020/feb/20/contratista-de-citgo-y-pdvsa-se-declaro-culpable-e/

jueves, 24 de octubre de 2019

Conozca la irregular operación de intercambió deuda llevada a cabo por Bariven por 120 millones de dólares

Sin contar con la aprobación de la totalidad de los miembros de la junta directiva ni tener el aval de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la filial Bariven S.A. llevó a cabo una operación de intercambio de deuda comercial en deuda financiera por USD 120.000.009, a favor de la empresa Weatherford Latin America S.A.

Un tipo de negociación que revela el grado de emergencia financiera que atraviesa la principal industria venezolana, al tener que recurrir a este tipo de negociaciones por no poder hacer frente a sus obligaciones con los acreedores en el sector de servicios petroleros, es decir, por no poder cubrir los gastos que conllevan sus operaciones regulares debido a su iliquidez.

El 26 de mayo de 2016, Aldo Walindo, secretario de la junta directiva de Bariven S.A., remitió a Francisco Jiménez, presidente de la filial petrolera para la época, una comunicación confidencial relativa a la decisión adoptada por el directorio en su reunión número 09-2016 de autorizar la operación de intercambio de deuda comercial en deuda financiera de Petróleos de Venezuela S.A. y filiales mediante la emisión de pagaré a favor de la empresa Weatherford Latin America S.A.,
El comunicado instruía a la filial, a que adoptara las acciones necesarias para materializar la decisión de la junta directiva de intercambiar la deuda comercial que mantenía con el proveedor antes referido —Weatherford Latin America S.A.— en deuda financiera, mediante la emisión de un pagaré por parte de PDVSA por USD 120.000.0009 que sería intercambiados por facturas comerciales de Bariven S.A.

La emisión del pagaré la haría Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por un monto de USD 120.000.009, pagadero a tres años con un año de gracia.

El capital y los intereses se pagarían trimestralmente a una tasa de interés de 6,50 por ciento anual.

La negociación se regiría por la ley de Nueva York y, por tanto, cualquier desacuerdo se resolvería en las cortes de dicha ciudad de los Estados Unidos.

PDVSA era el garante de la deuda en la que participaban la casa matriz, Bariven S.A., la Corporación Venezolana de Petróleo S.A. y PDVSA Gas S.A.

El tenedor inicial de la nota era Weatherford Latin America S.A. mientras el agente administrativo de la operación sería Weatherford Switzerland Trading and Development GmbH.
   La junta directiva de Bariven autorizó e instruyó a la filial para desplegar en PDVSA las sumas totales de la deuda que se mantenía con Weatherford Latin America S.A., correspondientes a las facturas comerciales que serían intercambiadas por deuda financiera.

   Asimismo, se ordenó a Bariven S.A. suscribir la documentación necesaria para instrumentar la operación, especialmente el Acuerdo de Asunción de Deuda y Novación (Debt Assumption and Novation Agreement).

  Orlando Chacín, Ana María España y Renny Bolívar fueron designados para suscribir en nombre de Bariven S.A. la documentación necesaria para llevar a cabo la operación.

   La decisión la firmaron Francisco Jiménez (presidente) y los directores Julio García, Daniel Chirinos y Valmore González. Se abstuvieron Jesús Sánchez, José Ávila y Osmel Molina.


La empresa

Weatherford Latin America S.A. es una empresa que opera principalmente en el sector de petróleo y gas, subsidiaria del grupo suizo Weatherford Switzerland Trading and Development GmbH igualmente dedicado al sector de los hidrocarburos.

El portal Pymes Venezuela informa que Weatherford Latin America S.A. tiene su dirección principal en la Avenida Blandín de La Castellana, centro San Ignacio, Torre Copérnico, piso 2, oficina 6, Municipio Chacao, estado miranda.

“La sociedad tiene por objeto la importación, venta, arrendamiento y mantenimiento de productos relacionados con la producción de petróleo, prestando a la industria y demás compañías de servicios petroleros, los servicios inherentes a dicha actividad, incluyendo, pero sin limitarse, a la prestación de los siguientes servicios y productos: corrida de revestidores y tubería de completación; alquiler de equipos automatizados para la corrida de revestidores y tuberías de completación; herramientas de pescas para perforación y rehabilitación de pozos; alquiler de herramientas, equipos y tuberías de perforación y completación (estabilizadores, ampliadores, roller reamers); alquiler de equipos para control de reventones (BOP‘S y accesorios), perforación direccional/horizontal de pozos; alquiler de motores de fondo; servicio y alquiler de equipos para perforación bajo balance (underbalance drilling), compresores, generadores de nitrógeno in situ, separadores de 2, 3 y 4 fases y accesorios; alquiler de martillos de perforación; alquiler de herramientas de through tubing, empacaduras inflables; herramientas para pozos de tecnología multilaterales y accesorio (casing exit systems); suministro de productos para cementación (zapatas, centralizadores, tapones no rotativos, stage tools); suministro de parches para revestidores y accesorios (casing patch) y cabezales rotatorios (rotating heads). Adicionalmente, la sociedad podrá realizar cualquiera actividad lícita, sea comercial o de otra naturaleza, para las cuales se constituyen las sociedades de comercio conforme a las leyes de la República de Venezuela”.

La firma cuenta con 137 trabajadores y sus teléfonos 0212-2656544, 0414-8415531, 0212-2674239. Correo electrónico: milagros.lezama@weatherford.com[1].

A través de una decisión de medida cautelar adoptada a su favor por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas, conocemos que la empresa también tiene sede en la Carretera “K”, sector Barrio Libertad, Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del estado Zulia y que su número de Registro de Información Fiscal (RIF) es J-080350170 que mantiene contratos con PetroCumarebo S.A., PDVSA Servicios S.A., PDVSA Gas S.A. y Bariven S.A., entre otras[2].

 Citas


[1] Pymes Venezuela. Weatherford Latin America S.A. https://www.pymesvenezuela.com/ficha/weatherford-latin-america-sa-10841 

[2] V/lex. Decisión N° 364 de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito de Zulia (Extensión Cabimas), del 7 de agosto de 2012. https://vlexvenezuela.co,/vid/weatherford-latin-america-ctor-garc-396519894

viernes, 20 de septiembre de 2019

Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo de colaboración con el Departamento de justicia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano logró ampliar los elementos y acusaciones entorno al enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que se desarrolló entre 2011 y 2014, y que permitió la expoliación de millones de dólares del estado venezolano y que fueron a parar en cuentas bancarias y propiedades en varios países del mundo.
En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela. Estas nuevas acciones están relacionadas con la investigación federal sobre un esquema de corrupción que incluyó el pago de más mil millones de dólares en coimas, que ha llevado a la cárcel a más de 20  personas, entre los cuales hay exfuncionarios y contratistas de PDVSA, incluyendo a los procesados Roberto Rincón y Abraham Shiera.

En la demanda, Javier Alvarado Ochoa, un venezolano y ex presidente de la unidad de compras de PDVSA. Bariven, y los administradores de activos, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, (ciudadana suiza), y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, (ciudadano de Suiza y Portugal) fueron acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación es la continuación de las averiguaciones que realiza el Departamento de Justicia contra la corrupción que ha azotado a Venezuela mientras atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. La fiscalía del Distrito Sur de Texas sostiene que los acusados son profesionales del lavado de dinero que trabajaron por años para blanquear dinero robado a través de sobornos y fraude a PDVSA, que es la principal fuente de ingresos del estado venezolano.

Los fiscales sostienen que Javier Alvarado Ochoa recibió sobornos de los contratistas venezolanos Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas. Ambos acordaron con los acusados pagar coimas para lograr nuevos contratos con PDVSA, así como el pago de facturas pendientes por trabajos anteriores, ofreciendo una comisión del 10 por ciento de lo cobrado a los funcionarios del gobierno que intervinieron en la fraudulenta operación.

Las ganancias del plan fueron lavadas a través de cuentas bancarias en Suiza, Curazao y Dubai, según la acusación. Algunos de los sobornos fueron para pagar estadías en hoteles de lujo en Aruba, comida gourmet como langosta y vinos comprados en tiendas venezolanas, dijeron los fiscales.

Roberto Rincón y  Abraham Shiera se declararon culpables de sus cargos en la conspiración en abril de 2018 y han estado cooperando con los fiscales mientras esperaban la sentencia, que luego de ser pospuesta en varias oportunidades quedó fijada para enero de 2020. 
Los operadores financieros Rafoi y Murta fueron  acusados ​​de lavar el dinero a través de numerosas transacciones financieras que involucran a empresas, familiares, amigos, acreedores y asociados personales.

En las alegaciones generales, los fiscales señalan que Nervis Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa, Daisy Rafoi-Bleuler y Paulo Casqueiro Murta son acusados de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el extranjero al hacer pagos de sobornos a oficiales de Petróleos de Venezuela, a través de Bariven en su sede en Houston, Texas en varias oportunidades 

Al inicio de 2011 y hasta al menos 2013, Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado, Luis Carlos De Léon Pérez y César David Rincón Godoy solicitaron a los contratistas de PDVSA el pago de sobornos y comisiones a cambio de proveerles asistencia en la obtención de contratos. Adicionalmente, les brindaron "los servicios" de gestoría para lograr que el gigante petrolero les pagara las facturas que adeudadas de manera expedita durante la crisis de liquidez que experimentó PDVSA en ese período en el que se desarrolló la conspiración.

Los ex-funcionarios mencionados anteriormente, con la asistencia de Daisy Teresa Rafoi Bleuler y Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, elaboraron un esquema para lavar el dinero de los sobornos a través de una serie de transacciones financieras a bancos que operaban en Suiza, Curazao, Dubai y en otros lugares a nombre de varias nombres de compañías.

Los acusados acordaron la naturaleza del esquema a través de varias y complejas transacciones financieras dirigidas a lavar los pagos de los sobornos que eran enviadas a nombre de varias compañías, incluyendo empresas de intermediarios, familiares, amigos, creditors, personal asociado a los exfuncionarios de acusados.

Los personajes de la trama criminal

Nervis Villalobos, alias el "Enano", trabajó para el gobierno de Venezuela y durante el período acusado era una persona clave en el proceso.

Alejandro Isturiz Chiesa, alias "el Piojo", ex empleados de Bariven y asistente del presidente de Bariven. Prófugo de la justicia.

Rafael Reiter, alias "Nadal", era empleado de PDVSA, y jefe de Prevención y Pérdidas. Está arrestado en Madrid peleando contra su extradición a Estados Unidos.

Javier Alvarado Ochoa, alias "eléctrico", fue a lo largo del tiempo que duró el esquema acusado, el presidente de Bariven.

Daisy Teresa Rafoi Bleuler era una socia de la empresa suiza que actuaba como agente de De León. y que des descrita  en el caso de huera y Rincón  en una compañía con sede e agente doméstico

Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta es un ciudadano portugués, y suizo, empleado de la empresa suiza y actuaba bajo las órdenes de De León, Shiera y Rincón en las compañía de Estados Unidos.

Luis Carlos De león Pérez, venezolano-americano fue empleado del gobierno de Venezuela pero no trabajaba para el momento de la conspiración en PDVSA. Se declaró culpable y colabora con la justicia.
Compañías de gestión patrimonial suizas A y B, BES Banker 1, 2; 1 oficial B que era empleado relevante del gobierno de Venezuela, un oficial C también empleado del gobierno y en la acusación aparecen como funcionarios extranjeros.

Asimismo están acusados un bufete de abogados estadounidenses, una compañía de Producción y  otra firma de abogados (2).

Los cargos

A los siguientes individuos se les acusa de Conspiración para cometer lavado de dinero: Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado Ochoa, y Daisy teresa Rafoi Bleuler. A De León y César Rincón se les señala además de solicitar y ofrecer pago de sobornos. Los acusados prometieron a Rincón y Shiera y a otros, "conseguir el pago de las facturas de los contratos de PDVSA y asistencia para ganar nuevos contratos a cambio del pago de sobornos".

Los acusados solicitaron la asistencia de Rincón, Shiera y Rafoi para abrir cuentas bancarias, incluyendo unas en los bancos de suiza, para poder depositar los dineros provenientes de los sobornos que se hicieron a nombre de varias empresas de maletín.

De león y Villalobos participaron en reuniones con Rincón y Shiera para discutir los pagos en EEUU.

De León, Villalobos y Alvarado acordaron hacer las transacciones monetarias en varias cuentas abiertas para ese sentido, mientras que  Rafoi y César Rincón  crearon justificaciones falsas para los sobornos, incluyendo facturas de servicios que nunca se hicieron así como otros instrumentos para justificar los pagos.

Rincón y Shiera hicieron transferencias directas de los sobornos a las cuentas de banco que estaban a nombre de empresas que fueron creadas por los conspiradores y sus asociados para cometer el crimen.

En 2010, Venezuela experimentó una crisis de liquidez en sus finanzas y un significante baja de sus ganancias como resultado de la misma. Los ingresos petroleros no eran suficientes para pagar los gastos del gobierno. Esa crisis de liquidez no permitió pagar a los contratistas a tiempo y a la vez se se hacía presión para que se siguieran produciendo, dice la demanda.

En 2011, Rincón y Shiera  se acercaron a De León y Villalobos que actuaban a nombre de PDVSA y se hacían llamar el "Grupo de los Gerentes".

Las ganancias del esquema de corrupción descritas por los fiscales fueron lavadas a través de una cuenta en un banco ubicado en Curazao. 

Los acusados prometieron a Rincón y Shiera ayudarlos con la prioridad de pagos y poner sus compañías en la lista de de ganadores a cambio del pago de sobornos. Isturiz, Reiter y César Rincón pidieron pagos extras a los dos contratistas y que explicaron que esos pagos eran para repartirlos entre ellos y un oficial B de PDVSA. Rincón y Shiera acordaron pagar los sobornos y ellos garantizaron el pago del esquema de corrupción. 


jueves, 18 de abril de 2019

Exfuncionario chavista será sentenciado en Houston en octubre por cargos de corrupción y lavado de dinero

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El juez federal Kenneth M. Hoyt ordenó reprogramar la sentencia de Luis Carlos de León-Pérez para el 7 de octubre de 2019. En julio de 2018, De León -Pérez se declaró culpable se haber participado en un plan para sobornar a los funcionarios de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y por su papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucraba las coimas pagadas por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar de forma corrupta los contratos de energía y la prioridad de pago de las facturas pendientes.

Luis Carlos De León Pérez, es un ciudadano de doble nacionalidad, venezolano-estadounidense, que residía en España, aceptó su culpabilidad en la Corte Federal de Houston por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y por conspiración para cometer lavado de dinero. 

La sentencia de De León Pérez que estaba programada inicialmente para el 24 de septiembre de 2018 se ha cambiado en varias oportunidades.

De León Pérez fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, en base a una acusación por 20 cargos contra él y sus socios Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; César David Rincón Godoy; Alejandro Isturiz Chiesa; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz.

De León, entre 2011 y 2013 conspiró con Villalobos, César Rincón, Isturiz y otros, todos funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o ex funcionarios de otras agencias gubernamentales venezolanas, para solicitar a los proveedores de PDVSA sobornos a cambio de brindarles asistencia para hacer y mantener sus negocios con PDVSA. Específicamente, De León admitió que solicitó y dirigió sobornos de Roberto Enrique Rincón Fernández y de Abraham José Shiera Bastidas a funcionarios de PDVSA para ayudar a las empresas de Roberto Rincón y Shiera, incluidas sus empresas con sede en los Estados Unidos, a recibir la prioridad de pago y contratos adicionales de PDVSA. 

En su declaración de culpabilidad, se señala que De León Pérez admitió que conspiró con Roberto Rincón y Shiera para lavar y ocultar las ganancias del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias bancarias a cuentas en Suiza a nombre de personas o entidades distintas de De León y sus co-conspiradores.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, De León también admitió haber solicitado sobornos a otros propietarios de compañías de energía con sede en los Estados Unidos y otros lugares, y haber dirigido una parte de dichos sobornos a los funcionarios de PDVSA para ayudar a esas personas y sus empresas a ganar negocios con PDVSA y para obtener el pago de PDVSA en las facturas pendientes por delante de otros proveedores de PDVSA.

El juez ordenó que los reportes de la sentencia de De León Pérez sean entregados al acusado el 30 de agosto de 2019. Los abogados de la defensa tendrán hasta el 20 de septiembre para hacer objeciones. 

En el caso de De León Pérez están involucradas las siguientes personas: Roberto Enrique Rincón Fernández, Moisés Abraham Millan Escobar, Abraham José Shiera Bastidas, José Luis Ramos Castillo, Juan José Hernández Comerma, Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias, Fernando Ardila-Rueda, César David Rincón Godoy, Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, Alejandro Isturiz-Chiesa, José Manuel González Testino y Juan Carlos Castillo, entre otros.

lunes, 15 de abril de 2019

Nuevamente, Corte de Houston cambia fecha de sentencia del funcionario corrupto de Bariven César David Rincón-Godoy

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Texas cambió nuevamente la fecha de la sentencia de César David Rincón Godoy, un exfuncionario de Bariven, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) acusado de haber aceptado sobornos de contratistas para entregar contratos de Petróleos de Venezuela. La condena de Rincón Godoy se conocerá el 7 de octubre de 2019.
Rincón Godoy, quien ocupó el cargo de gerente general de Bariven, subsidiaria de PDVSA, fue extraditado desde España en enero de 2018.  Se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero en el enrome esquema de corrupción encabezado por los contratistas Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas.
Los contratistas y exfuncionarios se declararon culpables de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Los documentos federales dicen que pagaron más de USD 1000 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos con las empresas del estado venezolano.

La orden del juez indica que la Oficina de Libertad Condicional debe hacer entrega del informe de investigación de presencia estará disponible para el acusado el 30 de agosto de 2019.

La defensa debe presentar objeciones o una declaración de no objeción dentro de los catorce días posteriores a la divulgación el 30 de septiembre de 2019.






martes, 12 de febrero de 2019

Tribunal cambia nuevamente fecha de sentencia de contratistas de PDVSA Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La corte del Distrito Sur de Texas emitió un documento donde cambia la fecha de la sentencia de los contratistas Roberto Enrique Rincón Fernández, Abraham José Shiera Bastidas, que estaban previstas para el 21 de febrero de 2019. EL juez Gray H. Miller emitió una orden donde fija el 31 de julio de este año a las 9:30 AM. En esa fecha también se leerá la condena de Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz.
Rincón y Shiera se declararon culpables y suministraron a las autoridades federales de los Estados Unidos una gran cantidad de evidencias y de información que ha permitido a los fiscales avanzar en varios casos de corrupción relacionados con Petróleos de Venezuela. Los dos contratistas, acusados de corrupción y lavado de dinero,  pagarán condenas menores a los diez años.

Los dos acusados  admitieron  haber pagado más de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Pdvsa, incluyendo empleados de la petrolera en Houston y miembros de la cúpula de la empresa estatal.

Los documentos federales aseguran que del enorme esquema de corrupción que sobrepasa los  un mil millones de dólares, los fiscales federales lograron rastrear 750 millones de dólares  vinculados únicamente a  Roberto Rincón.

La nota firmada por Miller dice que los informes de investigación de pre-sentencia estarán disponibles para las partes el 25 de junio y los abogados podrán hacer objeciones antes del 9 de julio de 2019.

Miller fijó  el 23 de julio para la entrega de todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo para ser considerados.

Rincón y Shiera fueron acusados de conspiración para lavar dinero y violación de Prácticas Corruptas en el extranjero, una ley que prohibe a cualquier persona relacionada con empresas norteamericanas pagar sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros.

Por este caso, hay más de 15 personas con cargos criminales.


miércoles, 31 de octubre de 2018

Iván Alexis Guedez ex empleado de Pdvsa se declaró culpable de haber recibido sobornos en tribunal de Houston

Por Maibort Petit

Este miércoles se declaró culpable en un tribunal Federal en Houston, Iván Alexis Guedez, ex-empleado de Bariven Houston, socio de Roberto Rincón y Alfonzo Gravina. Guedez fue acusado por los Estados Unidos de haber  participó en una  trama de lavado de dinero internacional que involucra el pago de sobornos las contratistas cuyas empresas tenían sede en territorio norteamericano y que lograban contratos millonarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y prioridad de pago en factura pendientes.

Ivan Alexis Guedez de 47 años y residente de Katy, Texas, se declaró culpable ante la jueza Christina A. Bryan, del Distrito Sur de Texas, en Houston, de un cargo de conspiración para lavar dinero.

La sentencia de Guedez está programada para el 20 de febrero de 2019 por parte del Juez de Distrito Gray H. Miller del Distrito Sur de Texas.

El asistente del fiscal general Brian A. Benczkowski perteneciente a la División de lo Penal del Departamento de Justicia, conjuntamente con el fiscal federal, Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el agente especial a cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston (HSI) de Investigaciones de Seguridad Nacional de Aduanas y Control de Aduanas de los EE. UU. hicieron el anunció este 31 de octubre.

De acuerdo a la declaración de culpabilidad, cuando Guedez trabajaba en Bariven estuvo de acuerdo con otros funcionarios de PDVSA que trabajaban en la sede de la petrolera en Miami para recibir sobornos de parte de un grupo de contratistas encabezados por Roberto Rincón y Abraham Shiera a cambio de la aprobación del contratos.

Los co-conspiradores que fueron empleados por el proveedor de PDVSA también recibieron sobornos dice el acuerdo dado a conocer por los fiscales.

Guedez y otros co-conspiradores ocultaron los pagos corruptos, entre otras cosas, comunicándose con direcciones de correo electrónico ficticias, creando facturas falsas para justificar los pagos y dirigiendo los pagos de sobornos a una cuenta en un banco suizo a nombre de una empresa fantasma.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Guedez acordó renunciar a los beneficios de su actividad criminal.

Guedez se convierte en la última persona en declararse culpable como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA. Incluyendo Guedez, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de un total de 15 personas en relación con la investigación.