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sábado, 16 de noviembre de 2019

INAC otorgó permiso de tráfico aéreo a helipuerto en Hotel Maremares sin estar concluido

Al parecer las influencias políticas de los hermanos Stephan en manos de quienes se encuentra la administración del hotel de la cadena Venetur en Puerto La Cruz imperaron a la hora de licenciar las operaciones del terminal aéreo.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Pese a que se trata de una obra inconclusa —aún está en construcción— y que no se ajusta a los estándares de seguridad exigidos internacionalmente para este tipo de estructuras, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), otorgó el permiso de tráfico de aéreo al Helipuerto Buddha-Bar el cual está ubicado, supuestamente, en las instalaciones del Hotel Venetur Maremares de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.
     La presunción de la ubicación se formula en razón de que fuentes relacionadas con el hotel estatal refieren que el citado terminal aéreo en realidad se construye en terrenos que son propiedad del campo de golf y no del hotel.

   Por otra parte, como ya lo hemos referido en entregas anteriores, el administrador del Hotel Venetur Maremares, la Sociedad Mercantil JPEC Inversora C.A. de los Stephan Callaos, estarían usando de manera fraudulenta el nombre de la marca Buddha Bar sin la debida autorización de la franquicia, pero aprovechándose de la licencia que poseen para operar un restaurante en Caracas, que no sería extensiva al hotel[1].

Ante los hechos irregularidades supuestamente cometidas por los hermanos Stephan en la administración del Hotel Maremares que dimos a conocer desde estas páginas, George Stephan solicitó al Banco Bicentenario en Caracas, una certificación de inversión que le permitiera justificar ante Venetur el destino de los créditos otorgados por la entidad. Al no poder la entidad financiera estatal verificar tales inversiones, se negó a emitir la referida certificación, esto en virtud de que, presuntamente, el monto de estos créditos en realidad habría sido convertido en dólares que fueron transferidos a una cuenta en el Bank of America a nombre de Nicolás Stephan.

El permiso

   El 7 de marzo de 2019, el almirante Carlos José Vieira Acevedo, presidente encargado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), dirigió la comunicación identificada con el código PRE-GGSSA-GIA-1354-2019, a George Stephan, propietario del Helipuerto Buddha-Bar, para remitirle el NOTAM Report C0120/19 mediante el cual se le otorga el permiso de tráfico aéreo al referido helipuerto.

En la correspondencia se indica que el Helipuerto Buddha-Bar, se encuentra ubicado en el Hotel Venetur Maremares,  Complejo Turístico El  Morro, Lechería, estado Anzoátegui.


El citado NOTAM Report fue creado por E. J. Gallardo en fecha 19 de febrero de 2019 informa que el Helipuerto Buddha-Bar se abre al tráfico aéreo en la dirección anteriormente descrita.

Se describen las características del helipuerto, entre ellas, que está construido en concreto en un área de 225 metros cuadrados, con una circunferencia de 50 metros cuadrados y con capacidad de resistir hasta 3 toneladas, con señalamiento diurno, pero sin sistema de suministro de combustible y lubricantes.

A continuación se pueden apreciar estas y otras especificaciones:
   El reporte indica que el Helipuerto Buddha-Bar se encuentra activo, aun cuando fuentes relacionadas al medio aseguran que la obra no está concluida y adolece de muchas deficiencias.
     La siguiente fotografía tomada a la fecha, muestra el estado de los trabajos de construcción del Helipuerto Buddha-Bar sin concluir:

Citas


[1] Venezuela Política. “Empresa contratante de Venetur estaría usando ilegalmente nombre de Buddha Bar para administrar el Hotel Maremares”. 27 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/empresa-contratante-de-venetur-estaria.html

martes, 5 de marzo de 2019

Exalcalde de Barcelona pretendía apropiarse de terrenos de la nación: Procuraduría lo impidió


La Procuraduría General de la República impidió que José Gregorio Salazar se adjudicara más de 8 mil hectáreas de terrenos que tenían carácter baldío.

Por Maibort Petit

El exalcalde de Barcelona, José Gregorio Salazar, pretendió apropiarse de más de 8 mil hectáreas de terreno de la capital del estado Anzoátegui, según los revelan documentos llegados a nuestras manos.

La apropiación de los extensos terrenos fue impedida por la Procuraduría General de la República, que a través de la Dirección de Bienes y Derechos Patrimoniales que advirtió que la pretendida protocolización de los terrenos por parte de Salazar hubiera afectado los intereses de la república.

El dictamen de la Procuraduría

El 9 de febrero de 2000, la Dirección de Bienes y Derechos Patrimoniales de la Procuraduría General de la República dirigió una comunicación signada con el número 000045 a José Valentín Liscano, registrador subalterno del municipio Bolívar del estado Anzoátegui, para responder el oficio remitido por este último a su despacho, el cual estaba identificado con el número 043-02-99 fechado el 23 de febrero de 1999, en el cual solicitaba un estudio del Acta de Mesura presentado por el alcalde del municipio Bolívar (Barcelona) del estado Anzoátegui, con el objetivo de que se determinara si dicha actuación pudiera afectar los derechos e intereses de la república.


En tal sentido, la citada dirección por delegación del Procurador General de la República le refiere que solicitaron a la Dirección General Sectorial de Catastro del Ministerio de Agricultura y Cría —denominada por el momento de la comunicación como Ministerio de la Producción y el Comercio— el estudio catastral sobre dichos terrenos a los que se procedió a realizar una inspección técnica que llevó a determinar que el área pretendida por la municipalidad tiene el carácter de baldío, por lo que la protocolización del Acta de Mensura lesionaría los intereses patrimoniales de la república, dejando a salvo los intereses legítimamente adquiridos por terceros.

Desde la Dirección General Sectorial de Catastro se recomendó que la Alcaldía del Municipio Bolívar solicitara ante el Ministerio de la Producción y el Comercio la dotación de ejidos hasta por 2.500 Ha., en la zona que rodea la cabecera del Municipio Bolívar, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Tierras Baldías y Ejidos y en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y sus reglamentos.

Certificación de las copias

El 27 de septiembre de 2000, el registrador subalterno del Municipio Bolívar del estado Anzoátegui, José Valentín Liscano C., certificó la autenticidad de una copia fotostática del original de ese registro que reposaba en la carpeta de correspondencias recibidas del primer trimestre del año 2000.

La certificación establecía que dicha copia fotostática había sido realizada por Julio Cubeddu, titular de la Cédula de Identidad número V-12.354.234, funcionario autorizado por el registro para tales efectos, de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Registro Público y quien suscribía junto Liscano la certificación.

La certificación se emitió a solicitud de Gioconda Yaselli, titular de la cédula de identidad N° 3.954.134, según Planilla de Derecho de Registro N° 11-20-0604001, y el recibo de Servicios Autónomos N° 455917 de fecha 26 de septiembre de 2000.



La respuesta para el alcalde Salázar

El 23 de febrero de 2000, el registrador subalterno del Municipio Bolívar del estado Anzoátegui, José Valentín Liscano C., envió el oficio signado con el número 6620-052 al alcalde del municipio Bolívar del estado Anzoátegui, José Gregorio Salazar M., en el que le comunicaba la improcedencia de su solicitud de registro del Acta de Mensura realizado, por el ingeniero José Rafael Llovera Marcano, sobre una porción de terrenos ubicados al oeste de Barcelona de aproximadamente 8.163,50 hectáreas.

Advirtió el registrador Liscano al alcalde Salazar que no era procedente la protocolización en virtud del dictamen de la Procuraduría General de la República previo estudio de la Dirección General Sectorial de Catastro del Ministerio de la Producción y el Comercio, organismo que dictaminó que el área pretendida por la municipalidad tenía carácter de baldío y, por tanto, formaba parte del patrimonio de la república.

El registrador le indicó al alcalde que podía solicitar conforme a las previsiones de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos y la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la dotación de ejidos hasta por 2.500 hectáreas.