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miércoles, 17 de junio de 2020

Régimen de Maduro negocia con Avior gigantesco Airbus 340-300 para crear puente aéreo con Irán

  La última información señala que el avión ya está de Conviasa. En el contrato la entrega de la nave aparece como "Adjudicación en pago o la dación en pago" que es la acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente".​ Se refiere, por tanto, al acto por el cual el deudor realiza, a título de pago, una prestación distinta de la debida al acreedor, quien acepta recibirla en sustitución de ésta.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El régimen de Nicolás Maduro está negociando con Avior Airlines un gigantesco Airbus 340-300. Un avión de este tipo permite hacer la ruta Caracas-Teherán, Rusia, Turquía u otro destino similar sin escalas, lo que evita el riesgo de captura.
    El régimen de Maduro necesita adquirir aeronaves que le permitan volar directo a los países aliados, evitando que se repita lo acontecido con Alex Saab, quien fue detenido en Cabo Verde, luego que el avión donde viajaba hiciera una parada técnica para reabastecerse de combustible "por no tener el rango suficiente para volar sin escalas". 

   Los representantes de Maduro están buscando comprar aeronaves de largo rango, pero son pocas las empresas que están dispuestas a vender aeronaves al gobierno de Venezuela o a sus aerolíneas estatales por temor a ser sancionados. 

La negociación

   "Nicolás Maduro requiere una aeronave de largo rango y gran capacidad de carga para reforzar el puente aéreo con el estado islámico de Irán, con quien mantienen un acuerdo de asistencia en todos los sectores y quien es el principal receptor del oro y el uranio venezolano", dijo una fuente conocedora de la negociación que declaró bajo condición de anonimato. 

   La fuente explicó que Avior Airlines C.A., a través de sus directores y accionistas, Jorge Añez, Jorge Luis Añez y su presidente Juan Bracamonte, está negociando con una entidad desconocida (presuntamente de Saab) designada por el Gobierno venezolano, la compra de un Avión Airbus 340-300 de la flota de Avior para ser operado por la aerolínea estatal Conviasa. 

   "El 340-300 de Avior, serial fabricación número 199, tiene un rango de 13,500 Km, puede ser configurado hasta 440 pasajeros y tiene capacidad de peso máximo de despegue de doscientas setenta y cinco (275) toneladas", acotó. 

    Fuentes internas del INAC y de Avior, confirmaron que, a la fecha, se han realizado varias reuniones del área financiera y técnica "donde Añez, desde su residencia en Miami, instruye a Jorge Alva, su vicepresidente de finanzas, para que reúna con autoridades del gobierno venezolano, todo coordinado por Juan Bracamonte".  
   
   "Conviasa aprobó la adquisición de la aeronave que será llevada a Irán donde se le realizará un servicio mayor de mantenimiento antes de incorporarla a la flota de la estatal", aseguró. 

     La fuente sostiene que Avior "pidió al gobierno que el avión fuera expropiado para no quedar en evidencia ante el mundo", pero los representantes del régimen "se negaron para evitar escándalo". En consecuencia, acordaron seguir con la venta y Avior puso dos condiciones: 
1) Que sean removido del avión cualquier imagen de Avior antes de salir de Venezuela. 
2) No recibirá el pago en divisas, para tratar de eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen. En su lugar, se acordó recibir el pago en especie, es decir, mediante créditos en combustible con PDVSA y créditos con otras entidades del gobierno a las que AVIOR hace  pagos  regularmente con ocasión a su operación. 

   La fuente afirma que "este plan de negocios fue estructurado por Bracamonte, quien mantiene relaciones con varios funcionarios de Caracas". 

  Agrega que "Los Añez y Bracamonte viven en el Sur de la Florida". de hecho, "la esposa actual de Jorge Añez, Rebeca García Teppa, se encuentra en Estados Unidos con una visa F1 de estudiante, y vive actualmente en el Doral. Juan Bracamonte, por su lado, está residenciado en Weston y posee más de tres propiedades en Florida".

jueves, 2 de abril de 2020

El sustento de las acusaciones de EE. UU. contra Nicolás Maduro (Parte III)

   La corrupción se convirtió en el modus operandi del gobierno venezolano, toda vez que funcionarios y exfuncionarios, han esquilmado en miles de millones de dólares el erario público.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La decisión de las autoridades de los Estados Unidos de encausar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a catorce de sus funcionarios y exfuncionarios, deriva de años de investigación llevadas a cabo desde distintas agencias gubernamentales. La conclusión de todas las averiguaciones conduce a determinar la existencia de un gobierno devenido en organización criminal en el que la corrupción y el narcotráfico se han instaurado como su modus operandi.
   Nicolás Maduro y catorce funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano fueron acusado el pasado 26 de marzo de 2020 por el Departamento de Justicia de Justicia de los Estados Unidos, que presentó cargos por delitos de narcotráfico que, a saber, son:

i) Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

ii) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

iii) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión;

y iv) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

   "Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares (…) Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran los cargos recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de la Florida se extiende incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en el sur de la Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente $ 450 millones de dólares”, aseguró la fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan[1].

Corrupción vox populi

   Como bien lo señala la fiscal, la corrupción venezolana es vox populi, pues ha sido denunciada por diversas instituciones y gran cantidad de informes y estudios. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los EE. UU. difundió en agosto de 2019 un informe denominado “Nicolás Maduro: Corrupción y caos en Venezuela” en el que indica que el régimen de Nicolás Maduro “ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación que antes era próspera a la ruina económica con el gobierno autoritario de Maduro y sus políticas económicas ruinosas. Se reporta que matones de Maduro han cometido asesinatos y abusos físicos, han detenido a opositores políticos y han interferido gravemente en el ejercicio de la libertad de expresión, todo en un esfuerzo brutal por retener el poder”.

   El reporte hace referencia a una serie de eventos, como la sanción impuesta el 25 de julio de 2019 por los Estados Unidos a los tres hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal Flores—, así como a otras siete personas y a 13 entidades, involucrados en una compleja red de soborno y lavado de dinero a través del programa de distribución de alimentos CLAP.

   El robo y malversación de miles de millones de dólares durante muchos años por parte de integrantes del régimen que, igualmente, han estado involucradas en el contrabando de drogas y la extracción ilícita de oro del Banco Central de Venezuela; el financiamiento de Maduro a sí mismo mediante la puesta “en marcha las imprentas del banco central. Eso ha disparado el suministro de la moneda nacional, el bolívar, que ha perdido más del 99 por ciento de su valor desde 2013 y prácticamente ya no tiene ningún valor”.

  Del mismo modo se remite a los datos sobre la inflación acumulada del bolívar en el período 2014-2018, la cual se ubicó en más de veintidós millones, según el Banco Central de Venezuela.

  Refiere igualmente, que la infraestructura de Venezuela ha comenzado a colapsar con Maduro y cita el caso del sistema eléctrico, el cual se ha deteriorado rápidamente desde marzo, trayendo como resultado apagones en todo el país y el racionamiento creciente de la electricidad en muchos estados.

  También menciona que, en 2016, “Maduro declaró que aproximadamente el 12 por ciento del país era parte de un ‘Arco Minero del Orinoco’ y se otorgó amplios poderes públicos para supervisar la explotación de recursos para beneficio personal. Maduro expulsó a compañías extranjeras de Venezuela y reemplazó a los empleados con trabajadores no capacitados que operan bajo el liderazgo de altos oficiales militares venezolanos”[2].

   Una corrupción que es reconocida también a lo interno, pues tal como lo revela una encuesta de la ONG Transparencia Internacional en su informe Barómetro Global de la Corrupción, 87 por ciento de los venezolanos califica de corrupto al entorno de Nicolás Maduro, lo que fue la percepción más dura de toda la América Latina. Se quiso conocer la opinión de la población respecto al régimen chavista y la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Esta percepción varía respecto al parlamento, pues 38 por ciento estima que los miembros de la AN son corruptos.

  Venezuela fue el único país donde 61 por ciento de los encuestados aseguró que funcionarios les habían pedido pagar sobornos, mientras que uno de cada dos venezolanos se vio obligado a pagarlo. Del mismo modo, 90 por ciento de los ciudadanos tiene poca o ninguna confianza en la justicia y en la policía[3].

La corrupción como sistema

   La percepción de la población también la corroboran estudios más especializados, como los realizados por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insigth Crime), que en su informe “Venezuela: ¿Un Estado mafioso? Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado en la región” recoge una serie de argumentos que justifican la denominación del país como un estado mafioso.

  Refiere InSight Crime que ha podido establecer personas que ocupan o han ocupado altos puestos en la administración del gobierno venezolano, tienen presuntos vínculos con el crimen organizado. Específicamente, hacen mención de 123 funcionarios “quienes, creemos que, con seguridad, están involucrados en actividades criminales”.

   Las investigaciones de estos especialistas determinaron que “en los niveles más altos de las siguientes instituciones trabajan personas que creemos que están o han estado involucradas en actividades criminales: La Vicepresidencia, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Estado para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Petróleos de Venezuela (PDVSA)”.

  El estudio sostiene que la corrupción, la incompetencia y cleptocracia son las razones por las cuales un país como Venezuela, con reservas petroleras mayores que las del Medio Oriente, presenta una economía en quiebra.

   “Las arcas del Estado han sido saqueadas a escala industrial por la élite Bolivariana. Dado que no hay transparencia ni contabilidad pública de los presupuestos o gastos del Estado, es difícil calcular cuánto ha sido saqueado del país. Una investigación llevada a cabo por un Comité del Congreso calcula que la cifra llega a US$ 70 mil millones. Un exministro ha afirmado que la cifra se acerca más bien US$ 300 mil millones”.

  Advierte el informe que la penetración criminal en gran cantidad de instituciones, entre ellas los órganos encargados de la lucha contra el crimen organizado, impide que Venezuela pueda detener dicho flagelo, mucho menos combatirlo con eficacia[4].

  El caso de Alejandro Andrade, sería sólo un ejemplo, de lo referido por la fiscal Ariana Fajardo Orshan, en cuanto a las incautaciones que se han hecho en el sur de la Florida de bienes pertenecientes a funcionarios o exfuncionarios venezolanos, adquiridos con fondos provenientes de la corrupción.

 Andrade, quien fue tesorero nacional de Venezuela, fue sentenciado a 10 años de cárcel por su participación en un esquema de soborno y lavado de dinero de USD 1.000 millones a través del sistema cambiario. El gobierno estadounidense confiscó bienes por montos multimillonarios a Andrade[5].

  Un esquema semejante al de Andrade sirvió para que un grupo de funcionarios, empresarios ligados a PDVSA y familiares de Nicolás Maduro, saquearan más de USD 1.200 millones a la estatal petrolera venezolana[6]. Este caso conllevó a la confiscación de bienes de los implicados por parte de las autoridades de los EE. UU.[7]

   El administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon, dijo que los resultados de las investigaciones pusieron en evidencia la “devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro".

   Es una conclusión que coincide con múltiples estudios llevados a cabo por diversas instituciones, los cuales describen, como hemos visto, la existencia de un estado criminal.

 “Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense. El Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan", sentenció Dhillon.

CITAS

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism



[2] U.S. Department of State. Global Public Affairs. “Nicolás Maduro: Corrupción y caos en Venezuela”. 6 de agosto de 2019. https://translations.state.gov/2019/08/06/nicolas-maduro-corrupcion-y-caos-en-venezuela-2/



[3] Infobae. “Venezuela se consolida como el país con más corrupción de América Latina”. 23 de septiembre de 2019. https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/09/23/venezuela-se-consolida-como-el-pais-con-mas-corrupcion-de-america-latina/



[4] InSight Crime. “Venezuela: ¿Un Estado mafioso? Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado en la región”. https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/05/Venezuela-Estado-mafioso-InSight-Crime-Observatorio-de-crimen-organizado.pdf

[5] Venezuela Política. “Estas son algunas de las propiedades confiscadas por EE. UU. a Alejandro Andrade alias ‘el Tuerto’". 21 de noviembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/11/estas-son-algunas-de-las-propiedades.html

[6] El País. “Una red malversó 1.200 millones de dólares de la petrolera venezolana”. 27 de julio de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/07/26/estados_unidos/1532564467_157889.html

[7] Venezuela Política. “Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida”. 19 de agosto de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/08/estas-son-las-propiedades-incautadas.html





lunes, 30 de marzo de 2020

La Corte Suprema de EE.UU. dictamina que CITGO es responsable del derrame de petróleo en 2004

  La decisión del Supremo es un duro golpe para CITGO que deberá pagar  $180 millones para la recuperación y compensación de los costos, más intereses. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  De acuerdo a un dictamen de la Corte de Suprema de Justicia de los Estados Unidos dado a conocer este lunes, CITGO es responsable de un derrame de petróleo que ocurrió en 2004 en el río Delaware, y debe pagar los costos de limpieza del área.
  En 2004, un petrolero fletado por CITGO Asphalt Refining Company y otras empresas, golpeó un ancla que, meses antes, había perdido una embarcación que estaba trabajando para el gobierno en el dragado del canal de navegación en el río Delaware, lo que llevó a la liberación de 264,000 galones de crudo pesado, según documentos judiciales.

  En ese momento, Frescati Shipping Company, propietaria de la embarcación, y los Estados Unidos juntos pagaron un total de $ 133 millones para limpiar el derrame de las aguas del río.

  Este lunes, el tribunal dictaminó  con 7 votos a favor y 2 en contra que CITGO y las otras empresas, son responsables de los costos de limpieza.

  La opinión mayoritaria, redactada por la jueza Sonia Sotomayor, dijo que una cláusula de "litera segura" en el contrato de fletamento del buque debe interpretarse como una garantía de seguridad, lo que significa que le correspondía a CITGO y a otros asegurarse de que el petrolero atracara con seguridad.

  Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito estuvieron en desacuerdo con la mayoría que adoptó la decisión. Thomas argumentó en la opinión disidente que el texto de la cláusula de seguridad del contrato no incluye una garantía de seguridad.

  Thomas sostuvo que existe la necesidad de más información sobre si el estándar de la industria establece dicha garantía.

CITGO decepcionado

  El presidente y gerente general de CITGO, Carlos Jordá, expresó  a su decepción con el fallo, pero dijo que la compañía acataría la decisión del tribunal.

 "Aunque obviamente tenemos opiniones diferentes sobre los méritos de nuestro caso, respetamos la interpretación de la Corte y finalmente podemos cerrar este capítulo sobre el caso Athos", dijo Jordá en un comunicado, refiriéndose al barco Athos I.

   Vale destacar que este caso fue gerenciado por los abogados internos y externos de CITGO, entre ellos Judith Colberth.

  Durante más de 14 años Judith Colberth y el abogado externo de CITGO, Nate Eimer, del escritorio jurídico Erimer Stahl law firm llevaron este caso ante los tribunales.  

 "A lo largo de este período, Colberth autorizó más de $ 45 millones en pagos de honorarios de abogados externos para defender a CITGO en este caso que terminó sin éxito en la Corte Suprema esta semana que se pronunció en contra de CITGO", señaló una fuente interna que pidió mantenerse en el anonimato debido al  constante acoso laboral que sufre el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Otra fuente consultada, dijo que aunado a los millonarios costos de abogados, CITGO debe ahora pagar tras la decisión del Supremo $180 millones para la recuperación y compensación de los costos más intereses. 

  Según informantes internos, "Judith Colberth, durante muchos años, ha contratado abogados externos sin pasar por el debido proceso de selección de dichos profesionales y sin monitorear detalladamente el trabajo y las horas cargadas por los representantes legales externos, y sin supervisión de este departamento por parte de la gerencia".

Reportes internos

  Desde febrero 2019, la falta de controles en el Departamento de Legal de CITGO, fue reportada a Luisa Palacios y a los miembros de la nueva junta directiva, pero hasta ahora no se han tomado medidas correctivas, ni se han hechos observaciones de ninguna naturaleza. 

  Las fuentes consultadas para esta nota resaltan que "durante las administraciones chavista hasta la actual, los abogados internos de CITGO han apoyado presuntamente a la gerencias corruptas en la corporación". Asimismo, supuestamente "se han prestado para ser parte en la conspiración para la entrega de contratos fraudulentos que han sido objeto de investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos".






sábado, 21 de marzo de 2020

Las empresas de Carlos Gill Ramírez en Bolivia: Las irregulares negociaciones de Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. (III)

  La presencia de esta compañía del venezolano-paraguayo en negocios de diversa índole en la nación del altiplano, da cuenta del inmenso ascendente que este tenía en la administración de Evo Morales donde, a pesar de los incumplimientos y sobreprecios, entre otras irregularidades, se mantuvo como uno de los empresarios favoritos del expresidente boliviano a la hora de hacer negociaciones. El empresario ha negado todas las acusaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  Oscar Ortiz, senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, disparó las alarmas cuando denunció a las empresas propiedad del venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, quien habría amasado una gigantesca fortuna a la sombra del chavismo y de los regímenes afines al denominado Socialismo del siglo XXI que impulsó el finado Hugo Chávez. Ante las sospechosas negociaciones de Gill con el estado boliviano, el parlamentario exige que los tres ministerios con los que las compañías señaladas han contratado, sometan a auditoría cada uno de estos contratos[1].
  En una entrevista Gill Ramírez admitió poseer siete empresas en territorio boliviano, según recoge la revista Economy 21, a saber, Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon)[2].

  En esta nota hacemos referencia a una de ellas: Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A., la cual habría sido instrumento para alcanzar millonarios contratos con el estado boliviano, los cuales han estado signados por una serie de irregularidades de las cuales damos cuenta en esta entrega.

La empresa

  El portal del Directorio de Negocios Vook[3] informa que el 18 de diciembre de 1987 fue constituida en Bolivia la Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A., cuya oficina central se encuentra en La Paz, específicamente en la Calle 10 Avenida Costanera y Los Sauces, Nº 479, Zona Calacoto.

  La firma se encarga de la construcción de edificios; proyectos, estudios y diseños de ingeniería y obras civiles; compra y venta de terrenos e inmuebles; alquileres de bienes muebles e inmuebles, maquinarias para la construcción y equipo pesado.

  El informe de fiscalización del senador Oscar Ortiz refiere que esta firma se transformó el 8 de marzo de 2000, cuando la Empresa Constructora Etienne S.R.L. – Cotienne Limitada pasó a ser una Sociedad Anónima.

  Desde esa fecha la compañía pasó a estar conformada por Mauricio Etienne Solares, con un 30 por ciento de participación accionaria; Susana Etienne Solares, con 26 por ciento; Juan Luis Perou Callau, con 22 por ciento; Jaqueline Etienne de Lujan, con 14 por ciento; Eduardo Lujan Melazzini, con 3 por ciento; y Marcelo Iturriaga Caballero, con 3 por ciento.

  Agrega el informe de Ortiz que la sociedad se inscribió en el Registro de Comercio de Fundempresa con el objeto de “construcción, estudios y diseños de ingeniería y obras civiles, compra y venta de terrenos e inmuebles y muebles, maquinaria para la construcción y equipo pesado para construcciones”.

  La empresa quedó inscrita bajo el Número de Identificación Tributaria 143338.

  Aunque la existencia de la empresa antecede a la llegada de Carlos Gill Ramírez a Bolivia, los vínculos de sus socios con la administración de Evo Morales Ayma son de dominio público, advierte Ortiz.

  Ya para el año 2013, los socios de la empresa eran Mauricio E. Etienne Solares, con una participación del 28,66 por ciento; H. Jaqueline Etienne Solares, con el 19,02 por ciento; Eduardo Lujan Melazzini, con un 2,32 por ciento; y Claverton Holding Inc., con el 50 por ciento de participación y representada por José Luis Muñoz Alcocer.  

  Sobre Claverton Holding Inc., el portal Open Corporates[4] dice que es una empresa inscrita en Panamá el 3 de enero de 2013, bajo el número 790890, la cual en la actualidad se mantiene vigente.

  El agente registrador de esta sociedad anónima es Icaza, González-Ruiz & Alemán.

  El directorio está conformado por Lariss E. Castañeda, como presidente y directora; Ilka María Ortega, como directora y tesorera; Ana María Burnes, como secretaria y directora; Aliator S.A. y Dubro Limited S.A., como suscriptores.

 La representación legal de la compañía está en manos del presidente y en ausencia de este, la puede ejercer el tesorero o el secretario, o cualquier persona que la junta directiva designe.

  En 2016, Claverton Holding Inc. figuró en la base de datos filtrada de los “Papeles de Panamá ” del año 2016[5].

  Para esa fecha, la sociedad estaba conformada así: Mauricio E. Etienne Solares, con un 49,26 por ciento de participación; Billie Echenique de Etienne, con un 0,74 por ciento; y José Luís Muñoz Alcocer, con una participación del 50 por ciento.

  El informe de Ortiz indica que Mauricio Etienne Solares, accionista principal al momento de la constitución de Claverton Holding Inc. también era propietario de Maderera Boliviana Etienne S.A. Mabet S.A., la cual comenzó a operar en 2005 y que durante el gobierno de Evo Morales fue favorecida con concesiones forestales por 224.500 hectáreas en la provincia Federico Román en el departamento de Pando.

  Mabet S.A.[6] tenía por objeto la “fabricación, procesamiento industrial, distribución, comercialización, representación, importación y/o exportación de productos de consumo masivo, como helados, postres, jugos, productos lácteos, derivados y similares, así como a la importación de maquinaria, materiales necesarios para ayudar a las tareas y actividades de la sociedad”, refiere el portal Emis[7], que también refiere que esta compañía ocupó el puesto 119 entre las de más ingresos en el Bolivia.

  Recuerda Oscar Ortiz que a Mauricio Etienne Solares ha estado en varias ocasiones señalado por sus vínculos con Evo Morales, remitiéndose a agosto de 2009, cuando el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga, apareció en el periódico Sol de Pando participando en reuniones con técnicos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) en instalaciones de Mabet S.A. sobre el territorio indígena Pacahuara en el departamento de Pando.

  La llegada de Gill Ramírez a Cotienne fue en 2016 y de ello él mismo dijo al portal El Deber: “El boliviano tiene muchas ganas de trabajar, es un país de esfuerzo. Nos asociamos con gente que tiene experiencia como la constructora Cotienne, que fue subcontratista para ejecutar el teleférico en La Paz. No contratamos con el Estado, somos uno de los subcontratistas del área de la construcción. De ahí nació la empresa y ya construimos 100 casas en Santa Cruz”[8].

Subcontrataciones y contrataciones directas

  Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. ha actuado como subcontratista en varios proyectos de obras civiles para Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A., la filial en Bolivia del Grupo Doppelmayr/Garaventa. Igualmente ha llevado a cabo obras para el sector petrolero y posee importantes contratos, adjudicados en forma directa, con la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”[9].

  En su informe, el senador Oscar Ortiz destaca que la red de teleféricos que se construye en La Paz y El Alto, se constituyó en obra emblemática bajo el gobierno de Evo Morales, por lo que fue declarada de interés del nivel central del Estado a través de la Ley N° 261 de 15 de Julio de 2012 que autorizó a Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a contratar un crédito en moneda nacional por hasta 1.633.372.800 bolivianos con el Banco Central de Bolivia. Dicho instrumento legislativo autorizó la contratación directa bajo la modalidad “llave en mano” de una empresa especializada para la construcción y puesta en marcha de las tres primeras líneas del sistema.

  Entretanto, la Ley N° 455 del Presupuesto General del Estado del año 2014, destinó 797.744.486 bolivianos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para obras del teleférico.

  El financiamiento se amplió en 2015 mediante la Ley N° 614 del Presupuesto General del Estado de 13 de diciembre de 2014, cuando el crédito se incrementó con un importe adicional de hasta 3.087.000.000 bolivianos para la segunda fase de los teleféricos. La responsabilidad de la administración de los recursos recayó en la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”.

  Oscar Ortiz se remite a la rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del año 2015 y subraya que el presupuesto para los teleféricos fue de 1.230.962.381,00 bolivianos, de los cuales se ejecutaron 1.139.689.462,19 bolivianos.

  Por su parte, la rendición de cuentas de 2016 estableció un presupuesto de 814.728.828 bolivianos para los teleféricos, pero no se menciona en el informa el monto ejecutado efectivamente. Al respecto, el senador advierte que por más solicitudes que se formularon al Ministerio de Obras Servicios y Vivienda para que presentara dicha ejecución presupuestaria, el despacho no la suministró alegando que la entrega de toda documentación relativa a temas de presupuesto debía ser autorizada por el ministro.

  Acota Ortiz que desde 2017 el presupuesto para obras del teleférico se asigna directamente a la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, la cual en su informe de rendición de cuentas aseguró el presupuesto asignado a inversiones fue de 786.397.799 bolivianos, de los que se ejecutaron 716.717.309 bolivianos.

  En 2018, el presupuesto fue de 1.395.296.892 bolivianos y la ejecución fue 1.166.136.478 bolivianos.

  Oscar Ortiz refiere que, al sumar los presupuestos asignados al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de 2014, 2015 y 2016 y los de la Empresa estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico de 2017 y 2018 para las obras del teleférico suman 5.025.130.386 bolivianos. Advierte el parlamentario que, pese a que en 2013 se ejecutó la primera fase del proyecto, no existe información al respecto.
   Llama la atención Óscar Ortiz sobre el hecho de que ante la magnitud de los recursos que esta obra conlleva, se haya recurrido al mecanismo de contratación directa del Grupo Doppelmayr/Garaventa, cuyos intereses estuvieron representados por Carlos Gill Ramírez, quien ha aceptado ser participe de la Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. que ha actuado como subcontratista de la primera.

  En tal sentido, el senador Ortiz destaca el hecho de que tal condición de subcontratista exime a Cotienne S.A. fiscalización y control por parte de los órganos del estado boliviano. “Es por este motivo que no ha sido posible acceder a los detalles de las subcontrataciones realizadas entre Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A y Cotienne S.A., a pesar de que las mismas fueron solicitadas mediante Petición de Informe Escrito de fecha 29 de agosto de 2018”, advierte.

  Dos contratos menores sí fueron adjudicados por adjudicación directa a Cotienne S.A. en 2017 y 2018, los cuales totalizaron 13.510.746,47 boliviano.
   Para Oscar Ortiz es fundamental resaltar no se trata de la primera vez que empresas filiales Grupo Doppelamayr/Garaveta se ven involucradas en negocios irregulares con los gobiernos de la región, toda vez que Doppelmayr Seilbahnen GMBH, fue señalada en Venezuela por su participación en la construcción del Teleférico Mukumbari en el Municipio de Mérida.

  Al respecto, el portal RunRun.es se refirió a un informe de la Contraloría General de la República en el que se dijo que la empresa en cuestión exhibía contratos con sobreprecios, pagos duplicados, incumplimiento en los tiempos de entrega y fallas en la calidad de la construcción[10].

  Una nota de Página Siete publicada el 30 de mayo de 2019 refirió que, en México, la empresa Doppelmayr había sido rechazada para la ejecución de las obras, dadas las excesivas tarifas por kilómetro construido que pretendía cobrar. La información indica que “Mientras Dopplemayr ha propuesto para el Distrito Federal un precio de 19 millones por kilómetro edificado de teleférico, la italiana Leitner, que ha puesto en pie los sistemas de cable de Ankara, Cali o Ecatepec, sólo pidió 13 millones”[11].

Otros contratos de Cotienne

   Pero los del teleférico no son las únicas negociaciones con que el gobierno boliviano ha beneficiado a Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A., alerta el senador Oscar Ortiz, pues la compañía también ha suscrito, por vía de adjudicación directa, contratos para la instalación de 22 Estaciones Satelitales de Regasificación que forman parte del proyecto de la Planta de Separación de Líquidos en Río Grande, adjudicada a las empresas españolas Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y Ros Roca Indox Cryo Energy por un precio referencial de USD 137,07 millones, aunque su costo final fue de USD 189 millones.

  Con dicha planta se buscaba reducir el volumen del gas natural mediante licuefacción para posteriormente transportarlo en cisternas hasta las Estaciones Satelitales de Regasificación, donde se recupera el estado original del gas natural para posteriormente repartirlo a las redes de gas domiciliario.

   Evo Morales inauguró la planta en dos ocasiones, advierte Ortiz, la primera en septiembre de 2014 y la segunda en febrero de 2016, para luego, en junio de 2017, encontrarse paralizada por presentar desperfectos técnicos en diseño, según denuncia del parlamentario[12].

   En este sentido y como es evidente, al no funcionar óptimamente la Planta de Río Grande, las Estaciones Satelitales de Regasificación no reciben el suministro necesario para operar y distribuir gas a los municipios incluidos en el programa.

  El consorcio Cotienne-Arespa, encargado del montaje y puesta en marcha de 22 las Estaciones Satelitales de Regasificación incumplió los contratos al dejar varias obras inconclusas y con pagos a subcontratistas[13].

CITAS

[1] Oscar Ortíz. Informe de fiscalización. Carlos Gill Ramírez: El Empresario favorito del MAS. http://oscarortiz.com.bo/documentos/los-negocios-en-bolivia-del-empresario-gill-ramirez/gill-el-empresario-favorito-del-mas-1/

[2] Economy 21. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-us-320-millones

[3] Vook. Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. https://www.vook.bo/index.php/tEmpresa/viewfront?id=371



[4] Open Corporates. Claverton Holding Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/790890

[5] Correo del Sur. “Panama Papers: Fiscalía conforma comisión investigadora que viajará a Panamá”. 10 de mayo de 2016. https://correodelsur.com/seguridad/20160510_panama-papers-fiscalia-conforma-comision-investigadora-que-viajara-a-panama.html

[6] Mabet S.A. http://mabet.com.bo/v2/



[7] Emis. Maderera Boliviana Etienne S.A. Mabet S.A. https://www.emis.com/php/company-profile/BO/Maderera_Boliviana_Etienne_SA_Mabet_SA_en_3521826.html

[8] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico

[9] Mi Teleférico. http://www.miteleferico.bo/



[10] RunRun.es. “Un guiso de altura: lo que hay detrás de la remodelación del teleférico”. 14 de septiembre de 2016. https://runrun.es/investigacion/279048/un-guiso-de-altura-lo-que-hay-detras-de-la-remodelacion-del-teleferico-de-merida/



[11] Página Siete. “País teleférico”. 30 de mayo de 2019. https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/5/30/pais-teleferico-219515.html

[12] El periódico. “Ortiz denuncia que planta de Río Grande está paralizada”. 13 de junio de 2017. https://www.elperiodico-digital.com/2017/06/13/ortiz-denuncia-que-planta-de-rio-grande-esta-paralizada/



[13] Bolpress. “Rio Grande-YPFB no opera adecuadamente, según experto”. 15 de julio de  2017. https://www.bolpress.com/2017/07/15/rio-grande-ypfb-no-opera-adecuadamente-segun-experto/

lunes, 2 de marzo de 2020

Conoce cómo la empresa mixta Petrozamora viola las normas internas de PDVSA

La empresa mixta Petrozamora no observa las pautas establecidas en las normas en materia de control interno a la hora de formular y ejecutar los proyectos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

  Irregularidades y debilidades de control interno que afectan los procesos de formulación, ejecución, control y seguimiento de los proyectos requeridos para mantener y mejorar las condiciones operacionales de las Plantas Compresoras de Gas (PAPCG), adscritas a la Empresa Mixta Petrozamora, quedaron en evidencia en una evaluación practicada por la Gerencia de Auditoría Interna Corporativa EyP de Petróleos de Venezuela S.A. División Occidente.

  Estas operaciones están a cargo de la Gerencia de Operaciones de Plantas (GOP) en PDVSA Occidente y a esa instancia de la corporación los auditores le recomendaron una serie de acciones destinadas a corregir las anomalías. Las recomendaciones se extendieron también a las gerencias de Planificación, Presupuesto y Gestión, Finanzas DEPO, instruyéndolas para que monitoreen y aseguren el cumplimiento de los correctivos, con el fin de fortalecer los controles internos, lo cual contribuirá al logro de los objetivos propuestos para la ejecución de los proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas.

  Estos hechos forman parte de las denuncias formuladas por el auditor interno Diego Nava, ante las autoridades de Petróleos de Venezuela S.A., lo cual le valió la persecución de él y su familia por parte del régimen de Nicolás Maduro, obligándolos a huir del país para salvaguardar sus vidas[1].

El informe

  En diciembre de 2017, Jhon Sánchez, gerente de Auditoría Interna Corporativa EyP de PDVSA Occidente, suscribió el informe confidencial que versaba sobre la evaluación practicada a los proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas adscritas a la empresa mixta Petrozamora, el cual estuvo a cargo de los auditores, Ricardo Hernández y Jesús Manzanilla.

  Ante todo, el informe explica que la auditoría se llevó a cabo con miras al desarrollo de nuevas inversiones a ejecutarse en las Plantas Compresoras de Gas, de modo que cumplan con las leyes, regulaciones o normativas de PDVSA, las cuales son de obligatorio cumplimiento. Igualmente, la evaluación procura la preservación de las condiciones de operación a través de su adecuación, al tiempo que se procura incrementar la vida útil de estos activos.

  Refiere que entre los tipos de proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas destacan los de continuidad/confiabilidad/flexibilidad operacional, seguridad, ambiente, calidad de vida, protección integral, entre otros, dirigidos a la mitigación de riesgos al ejecutar el proyecto propuesto.

  En tal sentido, la auditoría apuntó a evaluar el control interno de los proyectos de adecuación de las plantas compresoras de gas para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativa interna y procedimientos vigentes. 

Incumplimiento de requisitos

  Los auditores revisaron el 100 por ciento de las propuestas de inversión de capital asociadas a proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas occidente, a saber 6 proyectos en los que se observó incumplimiento total de los requisitos establecidos en la normativa interna para formular propuestas de inversión de capital.
  Alertan que las propuestas carecen de la información correspondiente, según lo exige la normativa interna sobre los proyectos individuales asociados a lo alcances de las propuestas. Esto obedece al desconocimiento de las normas sobre proyectos y en la aplicación de controles.

Inexistencia de evaluaciones económicas

  Cuando en la evaluación los auditores revisaron las 6 propuestas de inversión de capital asociadas a proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas occidente, se encontró, en primer lugar, con que dichos proyectos no presentaban descripción de alternativas en los DSD Emisión Original Aprobado Fase Conceptualizar y soportes, de los cuales uno, es decir, el 17 por ciento, difieren del alcance actual de las propuestas.

  Por otra parte, 6 propuestas no presentaban informe sobre la situación a la fecha de su presentación en la que se declarara la ausencia o falta del sistema o equipo, para el funcionamiento de las operaciones.

   Una propuesta presentaba inconsistencias sobre los indicadores de evaluación económica reflejada en las pantallas See Plus y lo indicado en DSD Emisión Original Aprobado Fase Conceptualizar. Tampoco reflejaba información sobre los proyectos individuales y su alineación con el alcance de las propuestas.

  Precisa el informe, respecto a las pantallas See Plus asociadas a una propuesta, que ésta carecía de soportes de conceptos empleados, no se identifican proyectos individuales, hay incongruencia con el alcance original de los proyectos que integran la propuesta. La propuesta compara y evalúa opciones sin soportes, premisas y diferente grado de definición.

  Los auditores alertan que esta situación conlleva a que se ejecuten proyectos que generan pérdidas para la Corporación, porque no generan ingresos o ahorros, de acuerdo a sus estudios de factibilidad y estudio técnico-económico.

Inoperatividad del Comité Evaluador de Propuestas

  La normativa hay un Comité Responsable de Revisar las propuestas y, al respecto, la auditoría determinó que dicho Comité/Grupo Ad Hoc no se había conformado desde la creación de la Empresa Mixta Petrozamora.

   Asimismo, cinco propuestas no contaban con actas de decisión del Comité Evaluador de Propuestas o el Grupo Ad Hoc; una propuesta presentaba decisión no razonable por el Comité (DEPO), en cuanto a que se recibió y procesó información carente de validez, sin corresponder con la fase, sin validar el cumplimiento con los requisitos por fases establecidos y exigidos, evidenciando fallas en procesos y controles, omitiendo la situación actual y real de los proyectos evaluados.
  También se encontraron con que la Hoja Resumen de una propuesta, carece de validez para todos los eventos presupuestarios independientemente del nivel de firma que presenta.

   Consideran los auditores que esta situación se produce por la falta de operatividad de los controles establecidos y por omisión de la normativa interna para la formulación y desarrollo de proyectos, de manera de soportar la toma de decisiones y predecir los factores y riesgos que pueden impactar al proyecto.

Sin control, seguimiento y registro de la gestión de proyectos

  La auditoría encontró que en la gestión de proyectos había un empleo y desviación de recursos técnicos, humanos y financieros por el orden de Bs. 5,53 MM para el período 2016-2017, sin contar con la operatividad de los controles y planes (PDN, PIS, POA vigentes correspondientes) establecidos.

  Subrayan que los planes para 2017 y 2018 no fueron evidenciados y la formulación no contó con la operatividad de los controles establecidos. Esto no incluía los recursos técnicos, humanos y financieros empleados por ORP o Ejecutoras de proyectos de Petrozamora, cuyos presupuestos fueron solicitados de manera independiente.

  El informe hace referencia al empleo de recursos y creación del sistema SAP-PS como herramienta de control y seguimiento, sin la operatividad de los controles y planes establecidos, lo que genera problemas en la identificación, trazabilidad y registro de avance, por no haber validado el cumplimiento según normativa interna.

  Destaca la auditoría que las instalaciones de plantas compresoras de gas no han sido adecuadas al Decreto 883.

  Petrozamora, refieren,  no cuenta con una organización que lleve registro de los indicadores de cumplimiento de las adecuaciones en materia ambiental, seguridad industrial, seguridad integral, confiabilidad/continuidad/flexibilidad operacional, higiene, calidad de vida, entre otros, así como apalancar las actualizaciones, mejoras o adecuaciones requeridas por las plantas compresoras de gas.

  Detectaron inacción ante las evaluaciones y estudios realizados por DANDyPI (2015), Confiabilidad (2014) e Ingeniería a Instalaciones (2005), entre otros, que reportan la criticidad de las instalaciones por fallas por sistemas y subsistemas, fugas, riesgos de seguridad e impactos de producción.

   Tampoco hubo información de emisiones o fugas asociadas a los enfriadores atmosféricos de plantas y miniplantas compresoras, por cuanto no se pudo cuantificar las perdidas generadas.

  También se da cuenta de la ausencia de reporte de robos/hurtos, por lo cual no fue evidenciada la situación e impacto de las Plantas Compresoras de Gas.

  Subrayan que desde agosto 2016, GOP cuenta con una Planta Compresoras de Gas Portátil operando en ubicación fija por más de 14 años y no han sido liberadas para realizar su función.

  Reportan que la MPBA-2 presenta un alto grado de deterioro, principalmente asociado a la remoción de partes, repuestos y piezas para soportar las operaciones del resto de las miniplantas y al largo período sin mantenimiento a su estructura.

  Dada la disminución de capacidad instalada, no se han planificado proyectos de adecuación como flexibilidad operacional o considerando premisas de confiabilidad y disponibilidad de la flota.

  La auditoría se refirió a 51 propuestas asociadas a PAPCG cuyo alcance abarca instalaciones de GOP, e indicó que se evidenciaron deficiencias y desconocimiento total o parcial en cuanto a estatus (soporte), alcance, estrategias y resultados, impacto de su no ejecución, roles de las organizaciones involucradas, modalidad de ejecución, fecha original de cumplimiento y el tiempo de desfase.

  Seis propuestas contaban con información parcial del archivo de proyecto, los cuales no reportan su estatus. Las 45 propuestas restantes no tenían registros en el Centro de Información Técnica y por ello no existe evidencia de la memoria técnica de las diferentes fases desarrolladas y su estatus, sin aprobación del autorizador.

  Se reporta una propuesta con inconsistencias en registro y reporte de la información, la cual presenta falta de veracidad en cuanto a alcance, fases, avance físico y financiero, aprobación por parte del autorizador, alineación con los planes vigentes correspondientes. De las 50 propuestas restantes, se desconoce su estatus. Tampoco se reportaron 5 proyectos planificados por Petrozamora para 2017.

  Petrtozamora no hizo referencia a las propuestas asociadas a PAPCG en ejecución por parte de AIT Región Occidente.

  Se adquirió un sistema CCTV, por vía excepcional (CITGO), sin haber cumplido lo establecido en normativa interna y lineamientos de PDVSA, asociado a un plan operativo anual 2015 inexistente.

  Se instalaron sistemas de control y supervisión propietarios, consolas PMP y skids de gas combustible  en ejecución bajo la modalidad de proyecto de campo para la actualización tecnológica de la instalación, fuera de la normativa interna, correspondiente a proyectos existentes.

   La auditoría determinó falta de dirección, control y seguimiento de la gestión proyectos y gerencia del riesgo por parte de los niveles tácticos, estratégicos, de dirección y de decisión.

Debilidad en la codificación de proyectos

En materia de ejecución de proyectos, los auditores determinaron que 5 propuestas carecían de información sobre el código de proyecto y soporte de la gestión.

Una propuesta fue codificada cuyo alcance correspondía a proyectos existentes, no contaba con la fecha de emisión del código, ni de registro del formato de solicitud y asignación.

  Una propuesta presentaba código emitido sin validez por no existir un PDN, PIS y POA alienados y vigentes que soporte el requerimiento solicitado por la ORP y Ejecutoras de PAPCG.

  Seis propuestas presentaban títulos no conforme a premisas de entes gubernamentales y del MPIC.

  Advierten los auditores que esto es consecuencia del desconocimiento, inadecuado control y gestión documental del registro y mantenimiento de la memoria corporativa  de los  proyectos, lo cual genera una memoria técnica sin trazabilidad, afectando la condición de existencia de los proyectos.

  Deficiencias en la conformación de la memoria técnica del proyecto

  Los auditores refieren que 6 propuestas no poseen DSD Emisión Original Aprobado y no cuentan con la aprobación del Autorizador.                      

  Una propuesta, presenta DSD “Fase Definir o 3” sin haber desarrollado las fases previas; presenta revisión por formulación presupuestaria que no corresponden a la fase en la que se encuentra el proyecto; tiene incongruencia con el alcance original y carecía de firma del autorizador.

Una propuesta presenta modificaciones del alcance del proyecto.

  Seis propuestas no presentan existencia del archivo de proyecto/Acta de Entrega en el CITIP ni en físico ni en digital.

  Toda esta situación, alerta la auditoría, es consecuencia del desconocimiento, inadecuado control y gestión documental del registro y mantenimiento de la memoria corporativa PIC. Esto acarrea toma de decisiones sin soportes y registros y que no cumpla las garantías técnicas o de seguridad.

Inoperatividad de mesas de trabajo

  De acuerdo a la norma, deben existir mesas de evaluación de propuestas y mesas de trabajo de evaluación económica durante todas las fases de los proyectos. La auditoría estableció en la revisión que 6 propuestas no contaban con aval de Propiedad Planta y Equipos o Acta Comité Capital vs. Gasto, previo al inicio del proyecto.

  Asimismo, 5 propuestas carecían de la documentación soporte, aval del comité capital vs. Gasto y sometimiento por el Ejecutor o ORP; una propuesta presentaba minuta del comité capital vs. gastos generadas posterior a la fecha de inicio del proyecto y al desarrollo de la etapa de definición y desarrollo del mismo, entre otras irregularidades.

   Seis propuestas no presentaban actas de mesas de trabajo, calidad, evaluación económica, cambio de fase, de decisión y aplicación de lista de verificación de propuestas por proyecto individual o global según corresponda.

  Consideran los auditores que esta situación obedece a decisiones supeditadas al ACE o la ORP, por encima de los controles establecidos y debilidad técnica durante la aplicación de controles.

Falta de veracidad y calidad de la información

  Se encontraron los auditores con que 6 propuestas no poseían la documentación soporte que avalara el estatus real del proyecto, asociado a documentos y productos, revisiones, soportes y firmas de aprobación. Determinaron que las fases no se desarrollaban secuencialmente.

  Seis propuestas no presentaban informes de gestión y los resultados obtenidos en la revisión evidenció la falta de seguimiento y control de las actividades desarrolladas asociadas a los proyectos individuales o globales según correspondiera.

  Una propuesta presentaba inconsistencia y falta de veracidad de las fechas reportadas del inicio y fin de cada fase, además de no contar con soportes correspondiente.

  Cinco propuestas no reportaron información sobre avance físico, financiero, sus rendimientos y costos totales.

  Una propuesta reportó incongruencia en rendimiento financiero SAP/fichas del proyecto y rendimiento físico entre fichas del proyecto, presentando 10 por ciento de avance físico y desembolsos por Bs. 5,53 MM, durante un tiempo de ejecución de 9 años, 

Sin planificación ni eficiencia

  Los auditores determinaron que la ejecución física de 6 propuestas no era razonable, pues ningún proyecto completó la Fase Visualizar y presentaban inconsistencias, ausencia e inexistencia de información, documentos y productos durante su desarrollo y no contaban con la aprobación del autorizador.             

   Cinco propuestas no reportaron información en cuanto a costos totales originales y actuales, desembolsos, avances, fechas planificadas y fechas reales de ejecución.

   Una propuesta que involucraba la combinación de proyectos, presentaba 9 años de ejecución lo que representaba 1,5 Ciclos de Planificación (PDN y PIS) y 2,25 períodos para ejecutar la obra en progreso (tiempo no mayor a 4 años), alcanzando un avance del 10 por ciento sin soportes.

  Los auditores señalaron que entre las causas principales que afectaban la ejecución, estaban las limitaciones técnicas y financieras, así como procesos de contratación extensos.

  Advirtieron que las instalaciones estaban expuestas a la materialización de los riesgos inherentes asociados riesgos de eficiencia, seguridad, falla de sistemas y equipos, falta de calidad de vida que tienen efecto en la producción, por no tomar las acciones oportunas.

Inadecuada gestión presupuestaria

  La revisión evidenció que una propuesta presentaba desembolsos por cargos reales de inversión en Bs. 5,53 MM asociados a labor, sin contar con la aprobación del autorizador del proyecto.

  Igualmente observaron la inexistencia de informes de gestión y soportes de las fases definir e implantar de 6 propuestas que explicaran los cargos asociados y actividades realizadas en cuanto a labor, contrato, ingenierías, procura, construcción y puesta en servicios.

  No se evidenció en 6 propuestas el desarrollo de la etapa de definición y desarrollo e ingeniería detalle por esfuerzo propio o contratado. No se encontraron registros de los cargos de servicios profesionales y labor.

CITAS

[1] Venezuela Política. “Cacería de brujas en PDVSA (Parte 1): Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG”. 11 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/caceria-de-brujas-en-pdvsa-parte-1.html

martes, 18 de febrero de 2020

Irregularidades y falta de controles en las operaciones y mantenimiento de los sistemas de generación de vapor de Petrocabimas

  Por este hecho, las cuotas de producción de la empresa mixta se vieron afectados en 7.931,4 MBD.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Irregularidades en los controles y hasta inexistencia de ellos, arrojó el informe de auditoría que la Gerencia de Auditoría Interna Occidente de Petróleos de Venezuela S.A., llevó a cabo sobre el proceso de operaciones y mantenimiento de los sistemas de generación de vapor de la empresa mixta Petrocabimas S.A., lo cual se traduce en un fuerte impacto en la producción de crudo de esa instancia de la industria petrolera venezolana.
   La evaluación practicada destacó, en primer lugar, la inexistencia de controles, toda vez que existe una paralización total de las actividades de Generación e Inyección de Vapor, lo que afecta la producción estimada de crudo en 7.931,4 MBD. Es decir, los auditores constataron el incumplimiento de la cuota de producción de la referida empresa mixta.
   En segundo término, el análisis determinó la existencia de controles inoperativos en la elaboración del plan, control y ejecución de la gestión de mantenimiento, lo cual se evidencia en la ausencia de planes predictivos y preventivos, así como en el predominio de las actividades de mantenimiento correctivos, sin el registro documental correspondiente.

   El informe recomendó a la Gerencia de Generación e Inyección de Vapor acometer una serie de acciones que se recomendaron luego de la evaluación, con el objeto de corregir la situación y fortalecer los controles internos, hecho que contribuiría al logro de los objetivos asociados al servicio de generación e inyección de vapor.

  Alerta el reporte que es necesario llevar a cabo estudios y evaluaciones precisas que deriven en inversiones y costos mayores, los cuales deberán ser justificados técnica y económicamente con miras a garantizar la rentabilidad requerida y la reactivación del servicio de generación e inyección de vapor.
 Alertan de la presencia de “supuestos generadores de responsabilidad administrativa en la que presuntamente se pudieran incurrir” de los cuales se informaría a la Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal a los fines legales consiguientes.

  Los resultados de este informe ¾el cual se discutió el 27 de diciembre de 2019 entre la Gerencia de Generación e Inyección de Vapor y Auditoría Interna Occidente¾, forma parte de los hechos irregulares denunciados por el auditor interno de PDVSA, Diego Armando Nava Negrette, quien debió huir del país junto a su familia, debido a la persecución de que es objeto por parte del régimen de Nicolás Maduro, que lo acosa por poner en evidencia la corrupción descubierta en las evaluaciones realizadas en la petrolera[1].

El informe

  En marzo de 2019, Lisbeth Aguilar, gerente de Auditoría Interna Occidente de Petróleos de Venezuela S.A., suscribió el informe identificado con el serial AIC-EXP-OCC-A-2019-003, sobre el análisis de las operaciones y mantenimiento de los sistemas de generación de vapor en la empresa mixta Petrocabimas S.A. La evaluación estuvo a cargo de Ricardo Hernández y Moira Acurero y formaba parte del Plan Operativo Anual 2018 de la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa.

   Se explica que el proceso de generación e inyección de vapor tiene como objetivo garantizar la estimulación de los yacimientos de petróleo mediante la aplicación del vapor a los pozos que requieran de recuperación secundaria con el método térmico. El procedimiento consiste en incrementar la energía de los yacimientos mediante la inyección de vapor, aumentado la recuperación de crudo a un bajo costo.

   Se indica que para ejecutar este proceso, es necesario que la Superintendencia de Operaciones adscrita a la Gerencia de Generación e Inyección de Vapor (GGIV) de la Empresa Mixta (EM) Petrocabimas S.A., lleve a cabo las operaciones inherentes a la generación e inyección de vapor, mediante el tratamiento de agua y su posterior transformación a vapor para ser inyectado al yacimiento. Tal tarea conlleva la utilización de recursos humanos, materiales y tecnológicos que permitan mantener un control y seguimiento operacional, correspondiendo a la citada superintendencia, acometer todas las acciones técnicas y administrativas requeridas para restablecer y conservar las condiciones físicas y operacionales de las instalaciones, equipos y sistemas.

   Agrega la explicación que existen generadores de vapor fijos y portátiles, con quemadores duales (líquido-gas), utilizados para la estimulación térmica mediante la inyección de vapor a pozos petroleros. Petrocabimas, entre 2017 y marzo de 2018, inyectó vapor en el área de Tía Juana a 107 pozos con una ganancia de producción promedio por día de 6,42 Miles de Barriles Netos Diarios (MBND). En tal sentido, la auditoría practicada buscaba evaluar la efectividad de dicho proceso, a los fines de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, de la normativa interna y los procedimientos vigentes.

   La auditoría se revisaron un total de ocho plantas de generación e inyección de vapor: 26 calderas, 11 plantas de tratamiento, 4 estaciones de bombeo de agua fría activas y/o fuera de servicio, líneas de vapor, líneas de agua tratada, líneas de agua fría, entre otros sistemas, equipos y facilidades, correspondiente al 100 por ciento de las instalaciones de Petrocabimas abarcando la Operación del Sistema de Generación e Inyección de Vapor y el Mantenimiento del Sistema de Generación e Inyección de Vapor.

Paralización total de la generación de vapor

  Las advertencias de irregularidades de los auditores se sustentan en lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos; el artículo 91, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF); así como en parte de los objetivos el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.
   En primer término, refieren que el memorándum N° MI-PCAB-2018-0006, fechado el 9 de julio de 2018 emitido por la GGIV de Petrocabimas S.A., informó que desde el 18 de diciembre de 2017 inició la paralización total de las operaciones de Generación e Inyección de Vapor (GIV) en el Campo Tía Juana, por lo cual los datos recolectados corresponden al período comprendido entre el 1° de enero y el 18 de diciembre de 2017.

   Indican también que se identificaron deficiencias en la información reportada por parte de Planificación de la División Costa Occidental del Lago y la GGIV de Petrocabimas, lo cual implica un problema de calidad y veracidad de la información.

   Puntualizan que para el momento de la auditoría las líneas de alimentación de agua, transferencia de agua tratada, líneas de vapor y específicamente la Estación de Bombeo E-1 se encontraba fuera de servicio debido a que desde el 14 de julio de 2018, el único equipo de bombeo existente fue cedido a Petrozamora S.A., en calidad de préstamo por tres semanas, pero al 1° de febrero de 2019 el equipo no había sido devuelto.

   Acotan que la instalación “Estación de Bombeo E-1” no cumple la condición de diseño observada que establece la existencia de 3 equipos de bombeo y operar bajo un esquema de respaldo y disponibilidad, motivo por el cual el equipo operó sin interrupción y sin ejecutar servicio de mantenimiento alcanzando una eficiencia del 60 por ciento de la capacidad de bombeo, según lo reportado por el personal de operación y mantenimiento durante las inspecciones realizadas, limitando la capacidad efectiva del servicio.

  Advierten que no pudieron constatar la condición de las estaciones de bombeo H7, M6 y Las Morochas, pues al estar fuera de servicio exhiben una alta inseguridad de la zona y problemas en las vías de acceso.

  Refieren que determinaron mediante tabulación y cálculo matemático, sobre la base del reporte de producción anexo en el memorándum N° MI-PCAB-2018-0006 del 9 de julio de 2018, emitido por la Gerencia de Generación e Inyección de Vapor de Petrocabimas, para el período 2014-2018, una producción promedio anual asociada a GIV de 16,58 MBD, con una tasa promedio anual de pérdida de producción de 6,2 MBD y de inyección de vapor de 321 M Ton.

  Al comparar los valores de generación de inyección plan versus real para el año 2017, se efectuó una inyección real de 154,2 M Ton, siendo la planificada de 466,5 M Ton, lo que evidencia que no se han materializado los beneficios esperados en el Campo Tía Juana.

  Los auditores destacan que la GGIV carece de acuerdos de nivel de servicios que sustenten la volumetría o compromiso de producción, para el desarrollo de sus actividades operacionales y de mantenimiento, eximiendo de responsabilidades a las organizaciones asesoras, habilitadoras, de dirección y operacionales dentro y fuera de la EM. Petrocabimas tampoco cuenta con los portafolios de oportunidades, planes de negocio y planes operativos anuales vigentes.

  La auditoría dejó en evidencia 26 generadores de vapor (100 por ciento) versus los 25 (96 por ciento) reportados por GIV y también se determinó que para el período de la revisión un total de 15 generadores estaban totalmente fuera de servicio. De los 26 generadores, 10 correspondían a unidades portátiles que iniciaron operaciones entre los años 2012 y 2013.

Capacidad ociosa

   Los reportes de fallas suministrados por la GGIV de Petrocabimas y a través del análisis de datos de tablas dinámicas, dejó ver un total de 5.230 fallas distribuidas en 12 tipos de fallas asociadas a 13 (50 por ciento) generadores de vapor con 88.270,50 horas de paradas de servicios, resaltando las principales causales: estáticos, combustibles (gas y gasoil), agua (industrial e interna), hurtos y mecánicos. Se pudo determinar que de los 13 sistemas GIV 02/13 (15 por ciento), la C7/C3 y D7/101-A estuvieron fuera de servicio durante todo el periodo enero-diciembre 2017 y el resto de los generadores 11/13 (85 por ciento), no prestaron servicio en 66 por ciento del total de sistemas identificados y tuvieron 86 por ciento de no disponibilidad del servicio en función de la capacidad instalada de los 26 sistemas de generación, representando un alto índice de capacidad ociosa.

  El análisis revela, de acuerdo al reporte de fallas recibido de la GGIV, que el tiempo fuera de servicio de los sistemas de generación equivale a 92 por ciento de las horas plan estimada de servicio para el año 2017.

Fallas en las plantas portátiles

  Con relación a las plantas portátiles, se observaron 508 fallas por agua industrial durante el año 2017, originada por incumplimiento del diseño del proceso establecido en las especificaciones técnicas desarrolladas por PDVSA.

   La GGIV no reportó los esquemas operacionales para el manejo de los sistemas de alimentación, tratamiento, transferencia, generación e inyección de vapor en cuanto a respaldo y flexibilidad operacional que garanticen la prestación del servicio. Se detectó la ausencia de normas y procedimientos para el desarrollo operacional y de mantenimiento de las actividades asociados a los referidos sistemas.

   La auditoría da a conocer la advertencia del fabricante de los generadores de vapor portátiles “Premier Service Energy INC, que el 20 de septiembre 2012 le informó a PDVSA que los equipos suministrados se encontraban operando con agua pobre y fuera de especificación y recomendó paralizar las operaciones para prevenir daños a los equipos y preservar la garantía. La División Costa Oriental del Lago también se pronunció al respecto el 7 de noviembre de 2013, cuando emitió un informe que advertía que el no cumplimiento de los parámetros de control requerido para el agua de alimentación podía generar daños por corrosión y obstrucción de tubos de dichos equipos.

  Subrayan que los generadores portátiles no han cumplido los planes de producción para los cuales fueron adquiridos. Se detectaron arreglos duales y redundantes fuera de lo especificado en muchas instalaciones, lo que restringe significativamente la disponibilidad de estos sistemas de generación portátiles.

  No existe tampoco información técnica y de integridad de los equipos principales y auxiliares, ni de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) respectivos, por lo cual no fue posible verificar la comparación del costo de consumo del gas combustible contra el uso de combustible líquidos.  

   Los auditores alertaron de que tales situaciones obedecen a la falta de contratos de servicios, retraso de procuras de materiales y repuestos, falta de planes y programas de mantenimiento, robos y hurtos de sistemas de control verificado en las inspecciones realizadas, lo que genera un impacto de la producción estimado en 7.931,3 MBD, y a su vez incumplimiento de los planes de negocios de la empresa mixta, lo que significa pérdidas de oportunidad y reducción de los ingresos a la nación.

Riesgos en seguridad industrial

  La auditoría practicada a 9 instalaciones de GIV compuesta por una estación de bombeo y 26 generadores de vapor, determinó que las instalaciones no cuentan con sistemas de detección y mitigación, lo cual expone los activos y al personal.
   También se detectó deficiencia e inexistencia de los módulos de calidad de vida para el personal de operaciones, mantenimiento, seguridad y defensa, tráileres desvalijados y/o deteriorador. Falta de agua potable en las instalaciones, inexistencia de sistemas de manejo de aguas servidas y mal estado de las edificaciones.

   Los auditores constataron techos de asbesto en la Planta GIV E-4, limitaciones para la movilización del personal, así como en las comunicaciones. También, modificaciones en instalaciones fijas y portátiles de procesos, equipos, sistemas y operaciones asociados a GIV; inadecuada disposición y almacenamiento de equipos y repuestos; debilidad en las protecciones contra descargas atmosféricas y puestas a tierra; ausencia de planes de respuesta y control de emergencia en casi todas las plantas; falta de sala de control para la centralización de las operaciones y monitoreo de parámetros; sistema de suministro de energía eléctrica es poco confiable.

   Refieren los auditores que estas situaciones son consecuencia de la falta de Calificación de Urgencia Operacional por parte de la junta de Petrocabimas, dirección de enlace o junta directiva de la CVP, toda vez que no se encontraron puntos de cuenta o resoluciones por parte de los niveles de dirección.

La evaluación sentenció la paralización de las operaciones por la falta de planificación, omisión, negligencia, impericia o imprudencia en la salvaguarda del patrimonio, así como ausencia del ente de control que ejecute la asesoría e inexistencia de organizaciones técnicas que avalen el diseño y operación de forma segura de acuerdo a la normativa interna y marco legal vigente.

Estimaron los auditores, que la interrupción de las operaciones del servicio de generación e inyección de vapor, presentó una diferida estimada en 1.620 MBND ante el deterioro y falta de preservación evidente de los sistemas de generación e inyección de vapor, estación de bombeo, líneas de procesos destacando las siguientes instalaciones E1-E4-B63-C7-D7-J83-C82-A3 y A4.

Sobre el mantenimiento del sistema de generación de vapor

  Con relación a la gestión de mantenimiento, los auditores detectaron la inexistencia de planificación, programación, control y seguimiento.

  En tal sentido, detectaron la inexistencia de planes y programas de mantenimiento preventivo y predictivos de las instalaciones, equipos, sistemas y facilidades principales y auxiliares asociados a los sistemas de alimentación, tratamiento, transferencia, generación e inyección de vapor que garanticen su disponibilidad y confiabilidad.

   En 2017 y 2018, 90 por ciento y 72 por ciento respectivamente, los mantenimientos preventivos se aplicaron sin seguir un plan. No hay registro documental de los servicios realizados.

   En 10 de los generadores de vapor no se cumplió la programación de los mantenimientos indicados para el año 2017 y para el año 2018 los 11 generadores de gas disponibles no presentaron ejecución según lo planificado.

Tampoco hay registros de indicadores de mantenimiento por instalación, sistema y equipos donde se evidencie la disponibilidad, confiabilidad, tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio por reparación, costos de mantenimiento por horas, utilización, entre otros.

   Los auditores observaron el predominio del mantenimiento correctivo; ausencia de registros de las condiciones de las líneas de vapor y líneas de alimentación de agua cruda y transferencia de agua tratada; severo deterioro de las líneas de vapor y de los sistemas y equipos; inexistencia de la cuantificación de los activos y sus componentes; corrosión severa en los sistemas a causa de las deficiencias en el tratamiento del agua.

  Detectaron que la a bomba de la Estación de Bombeo E1 no reporta mantenimiento durante el período de la revisión, al estar cedida en calidad de préstamo a Petrozamora; incumplimiento del Manual de Mantenimiento y el Sistema de Gestión y Control de Mantenimiento; y falta de registro documental del proceso de puesta en servicio luego de culminar un paro por mantenimiento programado o no, adecuación, equipo disponible (standby) o proyecto.

  Todo esto, alertan, se debe la ausencia de recursos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar los mantenimientos, así como a la indisponibilidad de repuestos críticos y consumibles en almacén y a los recurrentes cambios organizacionales y debilidades durante la entrega de puesto de trabajo.

  Otra causa de los problemas obedece a la falta de vigilancia y custodia de las instalaciones de GGIV y a la paralización de las operaciones de Generación e Inyección de Vapor e incremento de hurtos y deterioro de los equipos en las instalaciones.

CITAS

[1] Venezuela Política. “Cacería de brujas en PDVSA (Parte 1): Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG”. 11 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/caceria-de-brujas-en-pdvsa-parte-1.html