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sábado, 21 de marzo de 2020

Las empresas de Carlos Gill Ramírez en Bolivia: Las irregulares negociaciones de Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. (III)

  La presencia de esta compañía del venezolano-paraguayo en negocios de diversa índole en la nación del altiplano, da cuenta del inmenso ascendente que este tenía en la administración de Evo Morales donde, a pesar de los incumplimientos y sobreprecios, entre otras irregularidades, se mantuvo como uno de los empresarios favoritos del expresidente boliviano a la hora de hacer negociaciones. El empresario ha negado todas las acusaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  Oscar Ortiz, senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, disparó las alarmas cuando denunció a las empresas propiedad del venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, quien habría amasado una gigantesca fortuna a la sombra del chavismo y de los regímenes afines al denominado Socialismo del siglo XXI que impulsó el finado Hugo Chávez. Ante las sospechosas negociaciones de Gill con el estado boliviano, el parlamentario exige que los tres ministerios con los que las compañías señaladas han contratado, sometan a auditoría cada uno de estos contratos[1].
  En una entrevista Gill Ramírez admitió poseer siete empresas en territorio boliviano, según recoge la revista Economy 21, a saber, Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon)[2].

  En esta nota hacemos referencia a una de ellas: Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A., la cual habría sido instrumento para alcanzar millonarios contratos con el estado boliviano, los cuales han estado signados por una serie de irregularidades de las cuales damos cuenta en esta entrega.

La empresa

  El portal del Directorio de Negocios Vook[3] informa que el 18 de diciembre de 1987 fue constituida en Bolivia la Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A., cuya oficina central se encuentra en La Paz, específicamente en la Calle 10 Avenida Costanera y Los Sauces, Nº 479, Zona Calacoto.

  La firma se encarga de la construcción de edificios; proyectos, estudios y diseños de ingeniería y obras civiles; compra y venta de terrenos e inmuebles; alquileres de bienes muebles e inmuebles, maquinarias para la construcción y equipo pesado.

  El informe de fiscalización del senador Oscar Ortiz refiere que esta firma se transformó el 8 de marzo de 2000, cuando la Empresa Constructora Etienne S.R.L. – Cotienne Limitada pasó a ser una Sociedad Anónima.

  Desde esa fecha la compañía pasó a estar conformada por Mauricio Etienne Solares, con un 30 por ciento de participación accionaria; Susana Etienne Solares, con 26 por ciento; Juan Luis Perou Callau, con 22 por ciento; Jaqueline Etienne de Lujan, con 14 por ciento; Eduardo Lujan Melazzini, con 3 por ciento; y Marcelo Iturriaga Caballero, con 3 por ciento.

  Agrega el informe de Ortiz que la sociedad se inscribió en el Registro de Comercio de Fundempresa con el objeto de “construcción, estudios y diseños de ingeniería y obras civiles, compra y venta de terrenos e inmuebles y muebles, maquinaria para la construcción y equipo pesado para construcciones”.

  La empresa quedó inscrita bajo el Número de Identificación Tributaria 143338.

  Aunque la existencia de la empresa antecede a la llegada de Carlos Gill Ramírez a Bolivia, los vínculos de sus socios con la administración de Evo Morales Ayma son de dominio público, advierte Ortiz.

  Ya para el año 2013, los socios de la empresa eran Mauricio E. Etienne Solares, con una participación del 28,66 por ciento; H. Jaqueline Etienne Solares, con el 19,02 por ciento; Eduardo Lujan Melazzini, con un 2,32 por ciento; y Claverton Holding Inc., con el 50 por ciento de participación y representada por José Luis Muñoz Alcocer.  

  Sobre Claverton Holding Inc., el portal Open Corporates[4] dice que es una empresa inscrita en Panamá el 3 de enero de 2013, bajo el número 790890, la cual en la actualidad se mantiene vigente.

  El agente registrador de esta sociedad anónima es Icaza, González-Ruiz & Alemán.

  El directorio está conformado por Lariss E. Castañeda, como presidente y directora; Ilka María Ortega, como directora y tesorera; Ana María Burnes, como secretaria y directora; Aliator S.A. y Dubro Limited S.A., como suscriptores.

 La representación legal de la compañía está en manos del presidente y en ausencia de este, la puede ejercer el tesorero o el secretario, o cualquier persona que la junta directiva designe.

  En 2016, Claverton Holding Inc. figuró en la base de datos filtrada de los “Papeles de Panamá ” del año 2016[5].

  Para esa fecha, la sociedad estaba conformada así: Mauricio E. Etienne Solares, con un 49,26 por ciento de participación; Billie Echenique de Etienne, con un 0,74 por ciento; y José Luís Muñoz Alcocer, con una participación del 50 por ciento.

  El informe de Ortiz indica que Mauricio Etienne Solares, accionista principal al momento de la constitución de Claverton Holding Inc. también era propietario de Maderera Boliviana Etienne S.A. Mabet S.A., la cual comenzó a operar en 2005 y que durante el gobierno de Evo Morales fue favorecida con concesiones forestales por 224.500 hectáreas en la provincia Federico Román en el departamento de Pando.

  Mabet S.A.[6] tenía por objeto la “fabricación, procesamiento industrial, distribución, comercialización, representación, importación y/o exportación de productos de consumo masivo, como helados, postres, jugos, productos lácteos, derivados y similares, así como a la importación de maquinaria, materiales necesarios para ayudar a las tareas y actividades de la sociedad”, refiere el portal Emis[7], que también refiere que esta compañía ocupó el puesto 119 entre las de más ingresos en el Bolivia.

  Recuerda Oscar Ortiz que a Mauricio Etienne Solares ha estado en varias ocasiones señalado por sus vínculos con Evo Morales, remitiéndose a agosto de 2009, cuando el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga, apareció en el periódico Sol de Pando participando en reuniones con técnicos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) en instalaciones de Mabet S.A. sobre el territorio indígena Pacahuara en el departamento de Pando.

  La llegada de Gill Ramírez a Cotienne fue en 2016 y de ello él mismo dijo al portal El Deber: “El boliviano tiene muchas ganas de trabajar, es un país de esfuerzo. Nos asociamos con gente que tiene experiencia como la constructora Cotienne, que fue subcontratista para ejecutar el teleférico en La Paz. No contratamos con el Estado, somos uno de los subcontratistas del área de la construcción. De ahí nació la empresa y ya construimos 100 casas en Santa Cruz”[8].

Subcontrataciones y contrataciones directas

  Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. ha actuado como subcontratista en varios proyectos de obras civiles para Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A., la filial en Bolivia del Grupo Doppelmayr/Garaventa. Igualmente ha llevado a cabo obras para el sector petrolero y posee importantes contratos, adjudicados en forma directa, con la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”[9].

  En su informe, el senador Oscar Ortiz destaca que la red de teleféricos que se construye en La Paz y El Alto, se constituyó en obra emblemática bajo el gobierno de Evo Morales, por lo que fue declarada de interés del nivel central del Estado a través de la Ley N° 261 de 15 de Julio de 2012 que autorizó a Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a contratar un crédito en moneda nacional por hasta 1.633.372.800 bolivianos con el Banco Central de Bolivia. Dicho instrumento legislativo autorizó la contratación directa bajo la modalidad “llave en mano” de una empresa especializada para la construcción y puesta en marcha de las tres primeras líneas del sistema.

  Entretanto, la Ley N° 455 del Presupuesto General del Estado del año 2014, destinó 797.744.486 bolivianos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para obras del teleférico.

  El financiamiento se amplió en 2015 mediante la Ley N° 614 del Presupuesto General del Estado de 13 de diciembre de 2014, cuando el crédito se incrementó con un importe adicional de hasta 3.087.000.000 bolivianos para la segunda fase de los teleféricos. La responsabilidad de la administración de los recursos recayó en la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”.

  Oscar Ortiz se remite a la rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del año 2015 y subraya que el presupuesto para los teleféricos fue de 1.230.962.381,00 bolivianos, de los cuales se ejecutaron 1.139.689.462,19 bolivianos.

  Por su parte, la rendición de cuentas de 2016 estableció un presupuesto de 814.728.828 bolivianos para los teleféricos, pero no se menciona en el informa el monto ejecutado efectivamente. Al respecto, el senador advierte que por más solicitudes que se formularon al Ministerio de Obras Servicios y Vivienda para que presentara dicha ejecución presupuestaria, el despacho no la suministró alegando que la entrega de toda documentación relativa a temas de presupuesto debía ser autorizada por el ministro.

  Acota Ortiz que desde 2017 el presupuesto para obras del teleférico se asigna directamente a la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, la cual en su informe de rendición de cuentas aseguró el presupuesto asignado a inversiones fue de 786.397.799 bolivianos, de los que se ejecutaron 716.717.309 bolivianos.

  En 2018, el presupuesto fue de 1.395.296.892 bolivianos y la ejecución fue 1.166.136.478 bolivianos.

  Oscar Ortiz refiere que, al sumar los presupuestos asignados al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de 2014, 2015 y 2016 y los de la Empresa estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico de 2017 y 2018 para las obras del teleférico suman 5.025.130.386 bolivianos. Advierte el parlamentario que, pese a que en 2013 se ejecutó la primera fase del proyecto, no existe información al respecto.
   Llama la atención Óscar Ortiz sobre el hecho de que ante la magnitud de los recursos que esta obra conlleva, se haya recurrido al mecanismo de contratación directa del Grupo Doppelmayr/Garaventa, cuyos intereses estuvieron representados por Carlos Gill Ramírez, quien ha aceptado ser participe de la Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. que ha actuado como subcontratista de la primera.

  En tal sentido, el senador Ortiz destaca el hecho de que tal condición de subcontratista exime a Cotienne S.A. fiscalización y control por parte de los órganos del estado boliviano. “Es por este motivo que no ha sido posible acceder a los detalles de las subcontrataciones realizadas entre Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A y Cotienne S.A., a pesar de que las mismas fueron solicitadas mediante Petición de Informe Escrito de fecha 29 de agosto de 2018”, advierte.

  Dos contratos menores sí fueron adjudicados por adjudicación directa a Cotienne S.A. en 2017 y 2018, los cuales totalizaron 13.510.746,47 boliviano.
   Para Oscar Ortiz es fundamental resaltar no se trata de la primera vez que empresas filiales Grupo Doppelamayr/Garaveta se ven involucradas en negocios irregulares con los gobiernos de la región, toda vez que Doppelmayr Seilbahnen GMBH, fue señalada en Venezuela por su participación en la construcción del Teleférico Mukumbari en el Municipio de Mérida.

  Al respecto, el portal RunRun.es se refirió a un informe de la Contraloría General de la República en el que se dijo que la empresa en cuestión exhibía contratos con sobreprecios, pagos duplicados, incumplimiento en los tiempos de entrega y fallas en la calidad de la construcción[10].

  Una nota de Página Siete publicada el 30 de mayo de 2019 refirió que, en México, la empresa Doppelmayr había sido rechazada para la ejecución de las obras, dadas las excesivas tarifas por kilómetro construido que pretendía cobrar. La información indica que “Mientras Dopplemayr ha propuesto para el Distrito Federal un precio de 19 millones por kilómetro edificado de teleférico, la italiana Leitner, que ha puesto en pie los sistemas de cable de Ankara, Cali o Ecatepec, sólo pidió 13 millones”[11].

Otros contratos de Cotienne

   Pero los del teleférico no son las únicas negociaciones con que el gobierno boliviano ha beneficiado a Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A., alerta el senador Oscar Ortiz, pues la compañía también ha suscrito, por vía de adjudicación directa, contratos para la instalación de 22 Estaciones Satelitales de Regasificación que forman parte del proyecto de la Planta de Separación de Líquidos en Río Grande, adjudicada a las empresas españolas Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y Ros Roca Indox Cryo Energy por un precio referencial de USD 137,07 millones, aunque su costo final fue de USD 189 millones.

  Con dicha planta se buscaba reducir el volumen del gas natural mediante licuefacción para posteriormente transportarlo en cisternas hasta las Estaciones Satelitales de Regasificación, donde se recupera el estado original del gas natural para posteriormente repartirlo a las redes de gas domiciliario.

   Evo Morales inauguró la planta en dos ocasiones, advierte Ortiz, la primera en septiembre de 2014 y la segunda en febrero de 2016, para luego, en junio de 2017, encontrarse paralizada por presentar desperfectos técnicos en diseño, según denuncia del parlamentario[12].

   En este sentido y como es evidente, al no funcionar óptimamente la Planta de Río Grande, las Estaciones Satelitales de Regasificación no reciben el suministro necesario para operar y distribuir gas a los municipios incluidos en el programa.

  El consorcio Cotienne-Arespa, encargado del montaje y puesta en marcha de 22 las Estaciones Satelitales de Regasificación incumplió los contratos al dejar varias obras inconclusas y con pagos a subcontratistas[13].

CITAS

[1] Oscar Ortíz. Informe de fiscalización. Carlos Gill Ramírez: El Empresario favorito del MAS. http://oscarortiz.com.bo/documentos/los-negocios-en-bolivia-del-empresario-gill-ramirez/gill-el-empresario-favorito-del-mas-1/

[2] Economy 21. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-us-320-millones

[3] Vook. Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. https://www.vook.bo/index.php/tEmpresa/viewfront?id=371



[4] Open Corporates. Claverton Holding Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/790890

[5] Correo del Sur. “Panama Papers: Fiscalía conforma comisión investigadora que viajará a Panamá”. 10 de mayo de 2016. https://correodelsur.com/seguridad/20160510_panama-papers-fiscalia-conforma-comision-investigadora-que-viajara-a-panama.html

[6] Mabet S.A. http://mabet.com.bo/v2/



[7] Emis. Maderera Boliviana Etienne S.A. Mabet S.A. https://www.emis.com/php/company-profile/BO/Maderera_Boliviana_Etienne_SA_Mabet_SA_en_3521826.html

[8] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico

[9] Mi Teleférico. http://www.miteleferico.bo/



[10] RunRun.es. “Un guiso de altura: lo que hay detrás de la remodelación del teleférico”. 14 de septiembre de 2016. https://runrun.es/investigacion/279048/un-guiso-de-altura-lo-que-hay-detras-de-la-remodelacion-del-teleferico-de-merida/



[11] Página Siete. “País teleférico”. 30 de mayo de 2019. https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/5/30/pais-teleferico-219515.html

[12] El periódico. “Ortiz denuncia que planta de Río Grande está paralizada”. 13 de junio de 2017. https://www.elperiodico-digital.com/2017/06/13/ortiz-denuncia-que-planta-de-rio-grande-esta-paralizada/



[13] Bolpress. “Rio Grande-YPFB no opera adecuadamente, según experto”. 15 de julio de  2017. https://www.bolpress.com/2017/07/15/rio-grande-ypfb-no-opera-adecuadamente-segun-experto/

lunes, 2 de marzo de 2020

Conoce cómo la empresa mixta Petrozamora viola las normas internas de PDVSA

La empresa mixta Petrozamora no observa las pautas establecidas en las normas en materia de control interno a la hora de formular y ejecutar los proyectos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

  Irregularidades y debilidades de control interno que afectan los procesos de formulación, ejecución, control y seguimiento de los proyectos requeridos para mantener y mejorar las condiciones operacionales de las Plantas Compresoras de Gas (PAPCG), adscritas a la Empresa Mixta Petrozamora, quedaron en evidencia en una evaluación practicada por la Gerencia de Auditoría Interna Corporativa EyP de Petróleos de Venezuela S.A. División Occidente.

  Estas operaciones están a cargo de la Gerencia de Operaciones de Plantas (GOP) en PDVSA Occidente y a esa instancia de la corporación los auditores le recomendaron una serie de acciones destinadas a corregir las anomalías. Las recomendaciones se extendieron también a las gerencias de Planificación, Presupuesto y Gestión, Finanzas DEPO, instruyéndolas para que monitoreen y aseguren el cumplimiento de los correctivos, con el fin de fortalecer los controles internos, lo cual contribuirá al logro de los objetivos propuestos para la ejecución de los proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas.

  Estos hechos forman parte de las denuncias formuladas por el auditor interno Diego Nava, ante las autoridades de Petróleos de Venezuela S.A., lo cual le valió la persecución de él y su familia por parte del régimen de Nicolás Maduro, obligándolos a huir del país para salvaguardar sus vidas[1].

El informe

  En diciembre de 2017, Jhon Sánchez, gerente de Auditoría Interna Corporativa EyP de PDVSA Occidente, suscribió el informe confidencial que versaba sobre la evaluación practicada a los proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas adscritas a la empresa mixta Petrozamora, el cual estuvo a cargo de los auditores, Ricardo Hernández y Jesús Manzanilla.

  Ante todo, el informe explica que la auditoría se llevó a cabo con miras al desarrollo de nuevas inversiones a ejecutarse en las Plantas Compresoras de Gas, de modo que cumplan con las leyes, regulaciones o normativas de PDVSA, las cuales son de obligatorio cumplimiento. Igualmente, la evaluación procura la preservación de las condiciones de operación a través de su adecuación, al tiempo que se procura incrementar la vida útil de estos activos.

  Refiere que entre los tipos de proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas destacan los de continuidad/confiabilidad/flexibilidad operacional, seguridad, ambiente, calidad de vida, protección integral, entre otros, dirigidos a la mitigación de riesgos al ejecutar el proyecto propuesto.

  En tal sentido, la auditoría apuntó a evaluar el control interno de los proyectos de adecuación de las plantas compresoras de gas para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativa interna y procedimientos vigentes. 

Incumplimiento de requisitos

  Los auditores revisaron el 100 por ciento de las propuestas de inversión de capital asociadas a proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas occidente, a saber 6 proyectos en los que se observó incumplimiento total de los requisitos establecidos en la normativa interna para formular propuestas de inversión de capital.
  Alertan que las propuestas carecen de la información correspondiente, según lo exige la normativa interna sobre los proyectos individuales asociados a lo alcances de las propuestas. Esto obedece al desconocimiento de las normas sobre proyectos y en la aplicación de controles.

Inexistencia de evaluaciones económicas

  Cuando en la evaluación los auditores revisaron las 6 propuestas de inversión de capital asociadas a proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas occidente, se encontró, en primer lugar, con que dichos proyectos no presentaban descripción de alternativas en los DSD Emisión Original Aprobado Fase Conceptualizar y soportes, de los cuales uno, es decir, el 17 por ciento, difieren del alcance actual de las propuestas.

  Por otra parte, 6 propuestas no presentaban informe sobre la situación a la fecha de su presentación en la que se declarara la ausencia o falta del sistema o equipo, para el funcionamiento de las operaciones.

   Una propuesta presentaba inconsistencias sobre los indicadores de evaluación económica reflejada en las pantallas See Plus y lo indicado en DSD Emisión Original Aprobado Fase Conceptualizar. Tampoco reflejaba información sobre los proyectos individuales y su alineación con el alcance de las propuestas.

  Precisa el informe, respecto a las pantallas See Plus asociadas a una propuesta, que ésta carecía de soportes de conceptos empleados, no se identifican proyectos individuales, hay incongruencia con el alcance original de los proyectos que integran la propuesta. La propuesta compara y evalúa opciones sin soportes, premisas y diferente grado de definición.

  Los auditores alertan que esta situación conlleva a que se ejecuten proyectos que generan pérdidas para la Corporación, porque no generan ingresos o ahorros, de acuerdo a sus estudios de factibilidad y estudio técnico-económico.

Inoperatividad del Comité Evaluador de Propuestas

  La normativa hay un Comité Responsable de Revisar las propuestas y, al respecto, la auditoría determinó que dicho Comité/Grupo Ad Hoc no se había conformado desde la creación de la Empresa Mixta Petrozamora.

   Asimismo, cinco propuestas no contaban con actas de decisión del Comité Evaluador de Propuestas o el Grupo Ad Hoc; una propuesta presentaba decisión no razonable por el Comité (DEPO), en cuanto a que se recibió y procesó información carente de validez, sin corresponder con la fase, sin validar el cumplimiento con los requisitos por fases establecidos y exigidos, evidenciando fallas en procesos y controles, omitiendo la situación actual y real de los proyectos evaluados.
  También se encontraron con que la Hoja Resumen de una propuesta, carece de validez para todos los eventos presupuestarios independientemente del nivel de firma que presenta.

   Consideran los auditores que esta situación se produce por la falta de operatividad de los controles establecidos y por omisión de la normativa interna para la formulación y desarrollo de proyectos, de manera de soportar la toma de decisiones y predecir los factores y riesgos que pueden impactar al proyecto.

Sin control, seguimiento y registro de la gestión de proyectos

  La auditoría encontró que en la gestión de proyectos había un empleo y desviación de recursos técnicos, humanos y financieros por el orden de Bs. 5,53 MM para el período 2016-2017, sin contar con la operatividad de los controles y planes (PDN, PIS, POA vigentes correspondientes) establecidos.

  Subrayan que los planes para 2017 y 2018 no fueron evidenciados y la formulación no contó con la operatividad de los controles establecidos. Esto no incluía los recursos técnicos, humanos y financieros empleados por ORP o Ejecutoras de proyectos de Petrozamora, cuyos presupuestos fueron solicitados de manera independiente.

  El informe hace referencia al empleo de recursos y creación del sistema SAP-PS como herramienta de control y seguimiento, sin la operatividad de los controles y planes establecidos, lo que genera problemas en la identificación, trazabilidad y registro de avance, por no haber validado el cumplimiento según normativa interna.

  Destaca la auditoría que las instalaciones de plantas compresoras de gas no han sido adecuadas al Decreto 883.

  Petrozamora, refieren,  no cuenta con una organización que lleve registro de los indicadores de cumplimiento de las adecuaciones en materia ambiental, seguridad industrial, seguridad integral, confiabilidad/continuidad/flexibilidad operacional, higiene, calidad de vida, entre otros, así como apalancar las actualizaciones, mejoras o adecuaciones requeridas por las plantas compresoras de gas.

  Detectaron inacción ante las evaluaciones y estudios realizados por DANDyPI (2015), Confiabilidad (2014) e Ingeniería a Instalaciones (2005), entre otros, que reportan la criticidad de las instalaciones por fallas por sistemas y subsistemas, fugas, riesgos de seguridad e impactos de producción.

   Tampoco hubo información de emisiones o fugas asociadas a los enfriadores atmosféricos de plantas y miniplantas compresoras, por cuanto no se pudo cuantificar las perdidas generadas.

  También se da cuenta de la ausencia de reporte de robos/hurtos, por lo cual no fue evidenciada la situación e impacto de las Plantas Compresoras de Gas.

  Subrayan que desde agosto 2016, GOP cuenta con una Planta Compresoras de Gas Portátil operando en ubicación fija por más de 14 años y no han sido liberadas para realizar su función.

  Reportan que la MPBA-2 presenta un alto grado de deterioro, principalmente asociado a la remoción de partes, repuestos y piezas para soportar las operaciones del resto de las miniplantas y al largo período sin mantenimiento a su estructura.

  Dada la disminución de capacidad instalada, no se han planificado proyectos de adecuación como flexibilidad operacional o considerando premisas de confiabilidad y disponibilidad de la flota.

  La auditoría se refirió a 51 propuestas asociadas a PAPCG cuyo alcance abarca instalaciones de GOP, e indicó que se evidenciaron deficiencias y desconocimiento total o parcial en cuanto a estatus (soporte), alcance, estrategias y resultados, impacto de su no ejecución, roles de las organizaciones involucradas, modalidad de ejecución, fecha original de cumplimiento y el tiempo de desfase.

  Seis propuestas contaban con información parcial del archivo de proyecto, los cuales no reportan su estatus. Las 45 propuestas restantes no tenían registros en el Centro de Información Técnica y por ello no existe evidencia de la memoria técnica de las diferentes fases desarrolladas y su estatus, sin aprobación del autorizador.

  Se reporta una propuesta con inconsistencias en registro y reporte de la información, la cual presenta falta de veracidad en cuanto a alcance, fases, avance físico y financiero, aprobación por parte del autorizador, alineación con los planes vigentes correspondientes. De las 50 propuestas restantes, se desconoce su estatus. Tampoco se reportaron 5 proyectos planificados por Petrozamora para 2017.

  Petrtozamora no hizo referencia a las propuestas asociadas a PAPCG en ejecución por parte de AIT Región Occidente.

  Se adquirió un sistema CCTV, por vía excepcional (CITGO), sin haber cumplido lo establecido en normativa interna y lineamientos de PDVSA, asociado a un plan operativo anual 2015 inexistente.

  Se instalaron sistemas de control y supervisión propietarios, consolas PMP y skids de gas combustible  en ejecución bajo la modalidad de proyecto de campo para la actualización tecnológica de la instalación, fuera de la normativa interna, correspondiente a proyectos existentes.

   La auditoría determinó falta de dirección, control y seguimiento de la gestión proyectos y gerencia del riesgo por parte de los niveles tácticos, estratégicos, de dirección y de decisión.

Debilidad en la codificación de proyectos

En materia de ejecución de proyectos, los auditores determinaron que 5 propuestas carecían de información sobre el código de proyecto y soporte de la gestión.

Una propuesta fue codificada cuyo alcance correspondía a proyectos existentes, no contaba con la fecha de emisión del código, ni de registro del formato de solicitud y asignación.

  Una propuesta presentaba código emitido sin validez por no existir un PDN, PIS y POA alienados y vigentes que soporte el requerimiento solicitado por la ORP y Ejecutoras de PAPCG.

  Seis propuestas presentaban títulos no conforme a premisas de entes gubernamentales y del MPIC.

  Advierten los auditores que esto es consecuencia del desconocimiento, inadecuado control y gestión documental del registro y mantenimiento de la memoria corporativa  de los  proyectos, lo cual genera una memoria técnica sin trazabilidad, afectando la condición de existencia de los proyectos.

  Deficiencias en la conformación de la memoria técnica del proyecto

  Los auditores refieren que 6 propuestas no poseen DSD Emisión Original Aprobado y no cuentan con la aprobación del Autorizador.                      

  Una propuesta, presenta DSD “Fase Definir o 3” sin haber desarrollado las fases previas; presenta revisión por formulación presupuestaria que no corresponden a la fase en la que se encuentra el proyecto; tiene incongruencia con el alcance original y carecía de firma del autorizador.

Una propuesta presenta modificaciones del alcance del proyecto.

  Seis propuestas no presentan existencia del archivo de proyecto/Acta de Entrega en el CITIP ni en físico ni en digital.

  Toda esta situación, alerta la auditoría, es consecuencia del desconocimiento, inadecuado control y gestión documental del registro y mantenimiento de la memoria corporativa PIC. Esto acarrea toma de decisiones sin soportes y registros y que no cumpla las garantías técnicas o de seguridad.

Inoperatividad de mesas de trabajo

  De acuerdo a la norma, deben existir mesas de evaluación de propuestas y mesas de trabajo de evaluación económica durante todas las fases de los proyectos. La auditoría estableció en la revisión que 6 propuestas no contaban con aval de Propiedad Planta y Equipos o Acta Comité Capital vs. Gasto, previo al inicio del proyecto.

  Asimismo, 5 propuestas carecían de la documentación soporte, aval del comité capital vs. Gasto y sometimiento por el Ejecutor o ORP; una propuesta presentaba minuta del comité capital vs. gastos generadas posterior a la fecha de inicio del proyecto y al desarrollo de la etapa de definición y desarrollo del mismo, entre otras irregularidades.

   Seis propuestas no presentaban actas de mesas de trabajo, calidad, evaluación económica, cambio de fase, de decisión y aplicación de lista de verificación de propuestas por proyecto individual o global según corresponda.

  Consideran los auditores que esta situación obedece a decisiones supeditadas al ACE o la ORP, por encima de los controles establecidos y debilidad técnica durante la aplicación de controles.

Falta de veracidad y calidad de la información

  Se encontraron los auditores con que 6 propuestas no poseían la documentación soporte que avalara el estatus real del proyecto, asociado a documentos y productos, revisiones, soportes y firmas de aprobación. Determinaron que las fases no se desarrollaban secuencialmente.

  Seis propuestas no presentaban informes de gestión y los resultados obtenidos en la revisión evidenció la falta de seguimiento y control de las actividades desarrolladas asociadas a los proyectos individuales o globales según correspondiera.

  Una propuesta presentaba inconsistencia y falta de veracidad de las fechas reportadas del inicio y fin de cada fase, además de no contar con soportes correspondiente.

  Cinco propuestas no reportaron información sobre avance físico, financiero, sus rendimientos y costos totales.

  Una propuesta reportó incongruencia en rendimiento financiero SAP/fichas del proyecto y rendimiento físico entre fichas del proyecto, presentando 10 por ciento de avance físico y desembolsos por Bs. 5,53 MM, durante un tiempo de ejecución de 9 años, 

Sin planificación ni eficiencia

  Los auditores determinaron que la ejecución física de 6 propuestas no era razonable, pues ningún proyecto completó la Fase Visualizar y presentaban inconsistencias, ausencia e inexistencia de información, documentos y productos durante su desarrollo y no contaban con la aprobación del autorizador.             

   Cinco propuestas no reportaron información en cuanto a costos totales originales y actuales, desembolsos, avances, fechas planificadas y fechas reales de ejecución.

   Una propuesta que involucraba la combinación de proyectos, presentaba 9 años de ejecución lo que representaba 1,5 Ciclos de Planificación (PDN y PIS) y 2,25 períodos para ejecutar la obra en progreso (tiempo no mayor a 4 años), alcanzando un avance del 10 por ciento sin soportes.

  Los auditores señalaron que entre las causas principales que afectaban la ejecución, estaban las limitaciones técnicas y financieras, así como procesos de contratación extensos.

  Advirtieron que las instalaciones estaban expuestas a la materialización de los riesgos inherentes asociados riesgos de eficiencia, seguridad, falla de sistemas y equipos, falta de calidad de vida que tienen efecto en la producción, por no tomar las acciones oportunas.

Inadecuada gestión presupuestaria

  La revisión evidenció que una propuesta presentaba desembolsos por cargos reales de inversión en Bs. 5,53 MM asociados a labor, sin contar con la aprobación del autorizador del proyecto.

  Igualmente observaron la inexistencia de informes de gestión y soportes de las fases definir e implantar de 6 propuestas que explicaran los cargos asociados y actividades realizadas en cuanto a labor, contrato, ingenierías, procura, construcción y puesta en servicios.

  No se evidenció en 6 propuestas el desarrollo de la etapa de definición y desarrollo e ingeniería detalle por esfuerzo propio o contratado. No se encontraron registros de los cargos de servicios profesionales y labor.

CITAS

[1] Venezuela Política. “Cacería de brujas en PDVSA (Parte 1): Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG”. 11 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/caceria-de-brujas-en-pdvsa-parte-1.html

martes, 18 de febrero de 2020

Irregularidades y falta de controles en las operaciones y mantenimiento de los sistemas de generación de vapor de Petrocabimas

  Por este hecho, las cuotas de producción de la empresa mixta se vieron afectados en 7.931,4 MBD.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Irregularidades en los controles y hasta inexistencia de ellos, arrojó el informe de auditoría que la Gerencia de Auditoría Interna Occidente de Petróleos de Venezuela S.A., llevó a cabo sobre el proceso de operaciones y mantenimiento de los sistemas de generación de vapor de la empresa mixta Petrocabimas S.A., lo cual se traduce en un fuerte impacto en la producción de crudo de esa instancia de la industria petrolera venezolana.
   La evaluación practicada destacó, en primer lugar, la inexistencia de controles, toda vez que existe una paralización total de las actividades de Generación e Inyección de Vapor, lo que afecta la producción estimada de crudo en 7.931,4 MBD. Es decir, los auditores constataron el incumplimiento de la cuota de producción de la referida empresa mixta.
   En segundo término, el análisis determinó la existencia de controles inoperativos en la elaboración del plan, control y ejecución de la gestión de mantenimiento, lo cual se evidencia en la ausencia de planes predictivos y preventivos, así como en el predominio de las actividades de mantenimiento correctivos, sin el registro documental correspondiente.

   El informe recomendó a la Gerencia de Generación e Inyección de Vapor acometer una serie de acciones que se recomendaron luego de la evaluación, con el objeto de corregir la situación y fortalecer los controles internos, hecho que contribuiría al logro de los objetivos asociados al servicio de generación e inyección de vapor.

  Alerta el reporte que es necesario llevar a cabo estudios y evaluaciones precisas que deriven en inversiones y costos mayores, los cuales deberán ser justificados técnica y económicamente con miras a garantizar la rentabilidad requerida y la reactivación del servicio de generación e inyección de vapor.
 Alertan de la presencia de “supuestos generadores de responsabilidad administrativa en la que presuntamente se pudieran incurrir” de los cuales se informaría a la Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal a los fines legales consiguientes.

  Los resultados de este informe ¾el cual se discutió el 27 de diciembre de 2019 entre la Gerencia de Generación e Inyección de Vapor y Auditoría Interna Occidente¾, forma parte de los hechos irregulares denunciados por el auditor interno de PDVSA, Diego Armando Nava Negrette, quien debió huir del país junto a su familia, debido a la persecución de que es objeto por parte del régimen de Nicolás Maduro, que lo acosa por poner en evidencia la corrupción descubierta en las evaluaciones realizadas en la petrolera[1].

El informe

  En marzo de 2019, Lisbeth Aguilar, gerente de Auditoría Interna Occidente de Petróleos de Venezuela S.A., suscribió el informe identificado con el serial AIC-EXP-OCC-A-2019-003, sobre el análisis de las operaciones y mantenimiento de los sistemas de generación de vapor en la empresa mixta Petrocabimas S.A. La evaluación estuvo a cargo de Ricardo Hernández y Moira Acurero y formaba parte del Plan Operativo Anual 2018 de la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa.

   Se explica que el proceso de generación e inyección de vapor tiene como objetivo garantizar la estimulación de los yacimientos de petróleo mediante la aplicación del vapor a los pozos que requieran de recuperación secundaria con el método térmico. El procedimiento consiste en incrementar la energía de los yacimientos mediante la inyección de vapor, aumentado la recuperación de crudo a un bajo costo.

   Se indica que para ejecutar este proceso, es necesario que la Superintendencia de Operaciones adscrita a la Gerencia de Generación e Inyección de Vapor (GGIV) de la Empresa Mixta (EM) Petrocabimas S.A., lleve a cabo las operaciones inherentes a la generación e inyección de vapor, mediante el tratamiento de agua y su posterior transformación a vapor para ser inyectado al yacimiento. Tal tarea conlleva la utilización de recursos humanos, materiales y tecnológicos que permitan mantener un control y seguimiento operacional, correspondiendo a la citada superintendencia, acometer todas las acciones técnicas y administrativas requeridas para restablecer y conservar las condiciones físicas y operacionales de las instalaciones, equipos y sistemas.

   Agrega la explicación que existen generadores de vapor fijos y portátiles, con quemadores duales (líquido-gas), utilizados para la estimulación térmica mediante la inyección de vapor a pozos petroleros. Petrocabimas, entre 2017 y marzo de 2018, inyectó vapor en el área de Tía Juana a 107 pozos con una ganancia de producción promedio por día de 6,42 Miles de Barriles Netos Diarios (MBND). En tal sentido, la auditoría practicada buscaba evaluar la efectividad de dicho proceso, a los fines de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, de la normativa interna y los procedimientos vigentes.

   La auditoría se revisaron un total de ocho plantas de generación e inyección de vapor: 26 calderas, 11 plantas de tratamiento, 4 estaciones de bombeo de agua fría activas y/o fuera de servicio, líneas de vapor, líneas de agua tratada, líneas de agua fría, entre otros sistemas, equipos y facilidades, correspondiente al 100 por ciento de las instalaciones de Petrocabimas abarcando la Operación del Sistema de Generación e Inyección de Vapor y el Mantenimiento del Sistema de Generación e Inyección de Vapor.

Paralización total de la generación de vapor

  Las advertencias de irregularidades de los auditores se sustentan en lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos; el artículo 91, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF); así como en parte de los objetivos el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.
   En primer término, refieren que el memorándum N° MI-PCAB-2018-0006, fechado el 9 de julio de 2018 emitido por la GGIV de Petrocabimas S.A., informó que desde el 18 de diciembre de 2017 inició la paralización total de las operaciones de Generación e Inyección de Vapor (GIV) en el Campo Tía Juana, por lo cual los datos recolectados corresponden al período comprendido entre el 1° de enero y el 18 de diciembre de 2017.

   Indican también que se identificaron deficiencias en la información reportada por parte de Planificación de la División Costa Occidental del Lago y la GGIV de Petrocabimas, lo cual implica un problema de calidad y veracidad de la información.

   Puntualizan que para el momento de la auditoría las líneas de alimentación de agua, transferencia de agua tratada, líneas de vapor y específicamente la Estación de Bombeo E-1 se encontraba fuera de servicio debido a que desde el 14 de julio de 2018, el único equipo de bombeo existente fue cedido a Petrozamora S.A., en calidad de préstamo por tres semanas, pero al 1° de febrero de 2019 el equipo no había sido devuelto.

   Acotan que la instalación “Estación de Bombeo E-1” no cumple la condición de diseño observada que establece la existencia de 3 equipos de bombeo y operar bajo un esquema de respaldo y disponibilidad, motivo por el cual el equipo operó sin interrupción y sin ejecutar servicio de mantenimiento alcanzando una eficiencia del 60 por ciento de la capacidad de bombeo, según lo reportado por el personal de operación y mantenimiento durante las inspecciones realizadas, limitando la capacidad efectiva del servicio.

  Advierten que no pudieron constatar la condición de las estaciones de bombeo H7, M6 y Las Morochas, pues al estar fuera de servicio exhiben una alta inseguridad de la zona y problemas en las vías de acceso.

  Refieren que determinaron mediante tabulación y cálculo matemático, sobre la base del reporte de producción anexo en el memorándum N° MI-PCAB-2018-0006 del 9 de julio de 2018, emitido por la Gerencia de Generación e Inyección de Vapor de Petrocabimas, para el período 2014-2018, una producción promedio anual asociada a GIV de 16,58 MBD, con una tasa promedio anual de pérdida de producción de 6,2 MBD y de inyección de vapor de 321 M Ton.

  Al comparar los valores de generación de inyección plan versus real para el año 2017, se efectuó una inyección real de 154,2 M Ton, siendo la planificada de 466,5 M Ton, lo que evidencia que no se han materializado los beneficios esperados en el Campo Tía Juana.

  Los auditores destacan que la GGIV carece de acuerdos de nivel de servicios que sustenten la volumetría o compromiso de producción, para el desarrollo de sus actividades operacionales y de mantenimiento, eximiendo de responsabilidades a las organizaciones asesoras, habilitadoras, de dirección y operacionales dentro y fuera de la EM. Petrocabimas tampoco cuenta con los portafolios de oportunidades, planes de negocio y planes operativos anuales vigentes.

  La auditoría dejó en evidencia 26 generadores de vapor (100 por ciento) versus los 25 (96 por ciento) reportados por GIV y también se determinó que para el período de la revisión un total de 15 generadores estaban totalmente fuera de servicio. De los 26 generadores, 10 correspondían a unidades portátiles que iniciaron operaciones entre los años 2012 y 2013.

Capacidad ociosa

   Los reportes de fallas suministrados por la GGIV de Petrocabimas y a través del análisis de datos de tablas dinámicas, dejó ver un total de 5.230 fallas distribuidas en 12 tipos de fallas asociadas a 13 (50 por ciento) generadores de vapor con 88.270,50 horas de paradas de servicios, resaltando las principales causales: estáticos, combustibles (gas y gasoil), agua (industrial e interna), hurtos y mecánicos. Se pudo determinar que de los 13 sistemas GIV 02/13 (15 por ciento), la C7/C3 y D7/101-A estuvieron fuera de servicio durante todo el periodo enero-diciembre 2017 y el resto de los generadores 11/13 (85 por ciento), no prestaron servicio en 66 por ciento del total de sistemas identificados y tuvieron 86 por ciento de no disponibilidad del servicio en función de la capacidad instalada de los 26 sistemas de generación, representando un alto índice de capacidad ociosa.

  El análisis revela, de acuerdo al reporte de fallas recibido de la GGIV, que el tiempo fuera de servicio de los sistemas de generación equivale a 92 por ciento de las horas plan estimada de servicio para el año 2017.

Fallas en las plantas portátiles

  Con relación a las plantas portátiles, se observaron 508 fallas por agua industrial durante el año 2017, originada por incumplimiento del diseño del proceso establecido en las especificaciones técnicas desarrolladas por PDVSA.

   La GGIV no reportó los esquemas operacionales para el manejo de los sistemas de alimentación, tratamiento, transferencia, generación e inyección de vapor en cuanto a respaldo y flexibilidad operacional que garanticen la prestación del servicio. Se detectó la ausencia de normas y procedimientos para el desarrollo operacional y de mantenimiento de las actividades asociados a los referidos sistemas.

   La auditoría da a conocer la advertencia del fabricante de los generadores de vapor portátiles “Premier Service Energy INC, que el 20 de septiembre 2012 le informó a PDVSA que los equipos suministrados se encontraban operando con agua pobre y fuera de especificación y recomendó paralizar las operaciones para prevenir daños a los equipos y preservar la garantía. La División Costa Oriental del Lago también se pronunció al respecto el 7 de noviembre de 2013, cuando emitió un informe que advertía que el no cumplimiento de los parámetros de control requerido para el agua de alimentación podía generar daños por corrosión y obstrucción de tubos de dichos equipos.

  Subrayan que los generadores portátiles no han cumplido los planes de producción para los cuales fueron adquiridos. Se detectaron arreglos duales y redundantes fuera de lo especificado en muchas instalaciones, lo que restringe significativamente la disponibilidad de estos sistemas de generación portátiles.

  No existe tampoco información técnica y de integridad de los equipos principales y auxiliares, ni de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) respectivos, por lo cual no fue posible verificar la comparación del costo de consumo del gas combustible contra el uso de combustible líquidos.  

   Los auditores alertaron de que tales situaciones obedecen a la falta de contratos de servicios, retraso de procuras de materiales y repuestos, falta de planes y programas de mantenimiento, robos y hurtos de sistemas de control verificado en las inspecciones realizadas, lo que genera un impacto de la producción estimado en 7.931,3 MBD, y a su vez incumplimiento de los planes de negocios de la empresa mixta, lo que significa pérdidas de oportunidad y reducción de los ingresos a la nación.

Riesgos en seguridad industrial

  La auditoría practicada a 9 instalaciones de GIV compuesta por una estación de bombeo y 26 generadores de vapor, determinó que las instalaciones no cuentan con sistemas de detección y mitigación, lo cual expone los activos y al personal.
   También se detectó deficiencia e inexistencia de los módulos de calidad de vida para el personal de operaciones, mantenimiento, seguridad y defensa, tráileres desvalijados y/o deteriorador. Falta de agua potable en las instalaciones, inexistencia de sistemas de manejo de aguas servidas y mal estado de las edificaciones.

   Los auditores constataron techos de asbesto en la Planta GIV E-4, limitaciones para la movilización del personal, así como en las comunicaciones. También, modificaciones en instalaciones fijas y portátiles de procesos, equipos, sistemas y operaciones asociados a GIV; inadecuada disposición y almacenamiento de equipos y repuestos; debilidad en las protecciones contra descargas atmosféricas y puestas a tierra; ausencia de planes de respuesta y control de emergencia en casi todas las plantas; falta de sala de control para la centralización de las operaciones y monitoreo de parámetros; sistema de suministro de energía eléctrica es poco confiable.

   Refieren los auditores que estas situaciones son consecuencia de la falta de Calificación de Urgencia Operacional por parte de la junta de Petrocabimas, dirección de enlace o junta directiva de la CVP, toda vez que no se encontraron puntos de cuenta o resoluciones por parte de los niveles de dirección.

La evaluación sentenció la paralización de las operaciones por la falta de planificación, omisión, negligencia, impericia o imprudencia en la salvaguarda del patrimonio, así como ausencia del ente de control que ejecute la asesoría e inexistencia de organizaciones técnicas que avalen el diseño y operación de forma segura de acuerdo a la normativa interna y marco legal vigente.

Estimaron los auditores, que la interrupción de las operaciones del servicio de generación e inyección de vapor, presentó una diferida estimada en 1.620 MBND ante el deterioro y falta de preservación evidente de los sistemas de generación e inyección de vapor, estación de bombeo, líneas de procesos destacando las siguientes instalaciones E1-E4-B63-C7-D7-J83-C82-A3 y A4.

Sobre el mantenimiento del sistema de generación de vapor

  Con relación a la gestión de mantenimiento, los auditores detectaron la inexistencia de planificación, programación, control y seguimiento.

  En tal sentido, detectaron la inexistencia de planes y programas de mantenimiento preventivo y predictivos de las instalaciones, equipos, sistemas y facilidades principales y auxiliares asociados a los sistemas de alimentación, tratamiento, transferencia, generación e inyección de vapor que garanticen su disponibilidad y confiabilidad.

   En 2017 y 2018, 90 por ciento y 72 por ciento respectivamente, los mantenimientos preventivos se aplicaron sin seguir un plan. No hay registro documental de los servicios realizados.

   En 10 de los generadores de vapor no se cumplió la programación de los mantenimientos indicados para el año 2017 y para el año 2018 los 11 generadores de gas disponibles no presentaron ejecución según lo planificado.

Tampoco hay registros de indicadores de mantenimiento por instalación, sistema y equipos donde se evidencie la disponibilidad, confiabilidad, tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio por reparación, costos de mantenimiento por horas, utilización, entre otros.

   Los auditores observaron el predominio del mantenimiento correctivo; ausencia de registros de las condiciones de las líneas de vapor y líneas de alimentación de agua cruda y transferencia de agua tratada; severo deterioro de las líneas de vapor y de los sistemas y equipos; inexistencia de la cuantificación de los activos y sus componentes; corrosión severa en los sistemas a causa de las deficiencias en el tratamiento del agua.

  Detectaron que la a bomba de la Estación de Bombeo E1 no reporta mantenimiento durante el período de la revisión, al estar cedida en calidad de préstamo a Petrozamora; incumplimiento del Manual de Mantenimiento y el Sistema de Gestión y Control de Mantenimiento; y falta de registro documental del proceso de puesta en servicio luego de culminar un paro por mantenimiento programado o no, adecuación, equipo disponible (standby) o proyecto.

  Todo esto, alertan, se debe la ausencia de recursos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar los mantenimientos, así como a la indisponibilidad de repuestos críticos y consumibles en almacén y a los recurrentes cambios organizacionales y debilidades durante la entrega de puesto de trabajo.

  Otra causa de los problemas obedece a la falta de vigilancia y custodia de las instalaciones de GGIV y a la paralización de las operaciones de Generación e Inyección de Vapor e incremento de hurtos y deterioro de los equipos en las instalaciones.

CITAS

[1] Venezuela Política. “Cacería de brujas en PDVSA (Parte 1): Acosan a un auditor por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT y CAMIMPEG”. 11 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/caceria-de-brujas-en-pdvsa-parte-1.html

martes, 12 de noviembre de 2019

(Parte 1) Falsificación de documentos y violación de normas sobre lavado de dinero: Las razones de la intervención del Banco del Orinoco N.V. en Curazao

  A continuación presentamos los detalles de la decisión adoptada por el Banco Central de Curazao y San Martín de intervenir el Banco del Orinoco en razón de las irregularidades cometidas por la entidad en sus oficinas de la isla caribeña.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido ente emisor de retirar la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de septiembre de 1994, obedeció a que dicha entidad, filial del Banco Occidental de Descuento (BOD), se valió en reiteradas oportunidades de documentos falsos para engañar y defraudar al CBCS, así como también por violar la normativa legal relativa al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
   Tales actitudes del BDO impidieron que el Banco Central de Curazao evaluara adecuadamente que las operaciones del banco cumplieran con lo establecido en las regulaciones y legislación de la nación antillana.

  Igualmente, la decisión tomó en consideración el reiterado incumplimiento, por parte del BDO, de las sentencias ejecutorias del Banco Central de Curazao y San Martín sin justificación válida alguna.

   Dada la “conducta ilícita del BDO”, el CBCS retiró la licencia bancaria del BDO, hecho que significó la intervención inmediata de la entidad al estimarse que tal decisión era “el único remedio adecuado” para solventar la situación.

  El Grupo Financiero BOD, propietario del Banco del Orinoco, intentó dar un viraje a los hechos y difundió una nota de prensa en la que informó que había decidido cesar sus actividades en Curazao y, por esta razón, la asamblea de accionistas del Banco del Orinoco NV, en sesión que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2019, “acordó voluntariamente la liquidación del Banco y consecuente cese de las operaciones de dicha Institución Financiera”.

   La referida nota informativa indicaba que “en razón del riesgo país que representa la isla de Curazao, en virtud del incumplimiento recurrente del sistema de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en esa localidad, lo cual ha incidido en la imposibilidad de mantener corresponsalías y cuentas locales por parte de las instituciones financieras extranjeras” motivaron el “cese de las relaciones de corresponsalía que mantenía el Banco del Orinoco NV”[1].

    El 4 de octubre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia de Curazao declaró la bancarrota del Banco del Orinoco N.V. que tenía su sede principal en Willemstad. El ente judicial nombró como juez comisionado a P.E. de Kort, mientras que M.R.B Gorsira y C. M. van Liere para que actuarán como fideicomisarios de bancarrota y se encargaran de la liquidación del patrimonio del BDO[2].

   El 9 de octubre de 2019, el BOD dio a conocer que apelaría la decisión del tribunal curazoleño de declarar en bancarrota a su filial Banco del Orinoco NV y aseguró que protegería los activos de su subsidiaria estimados en USD 1.165 millones[3].

   Ante esta decisión de las autoridades judiciales curazoleñas,  la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela “ordenó al Banco Central de Curazao y San Martín abstenerse de “ejecutar cualquier orden, requerimiento o instrucción que suponga enajenar, gravar o en cualquier forma afectar los títulos valores que integran el portafolio de inversiones” del Banco del Orinoco N.V. hasta que concluyan los juicios relacionados con la medida adoptada por las autoridades financieras de Curazao contra la filial del Banco Occidental de Descuento (BOD) en esa nación caribeña. Igualmente, la máxima instancia del Poder Judicial venezolano también suspendió la resolución emitida por Sudeban de prohibir al BOD llevar a cabo nuevas inversiones o abrir nuevas sucursales bancarias dentro y fuera del país [4].


La decisión

  El 2 de septiembre de 2019, J. Jardim, director económico financiero, y L. Matroos-Lasten, director de secretaría del Banco Central de Curazao y San Martín, dirigieron una comunicación al Banco del Orinoco N.V. (BDO) ubicado en Windstraat 3, primer piso, Curazao, con copia por correo electrónico a Jairo Bloem (jbloem@sxmlegal.com) en Juancho Yrausquin Blvd 6, Philipsburg, Sint Maarten, en la que informaron que el CBCS determinó que el BDO operaba en violación de varias obligaciones materiales de conformidad con la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Instituciones Bancarias y de Crédito de 1994 (NG 1994, Nº 4, NOSBCI), razón por la cual decidió retirar la licencia con el número 94-11.502 otorgada a BDO el 12 de septiembre de 1994, medida que tenía efecto inmediato.

     Seguidamente la comunicación refiere los principales motivos de la decisión del CBCS indicando, en primer lugar, el uso de documentos falsificados con el aparente propósito de evidenciar la existencia adecuada de la cartera de activos de BDO y, de esta manera, “engañar fraudulentamente” al CBCS en cuanto a su financiación con cifras que mostraban una posición de solvencia y/o liquidez.

   Igualmente, el CBCS argumentó para tomar la medida, el incumplimiento estructural de instrucciones dadas al BDO por el Banco Central de Curazao y San Martín, así como de las sentencias ejecutorias e instrucciones posteriores del CBCS para el cumplimiento de las mismas.

   Del mismo señalan la falla estructural para llevar a cabo operaciones comerciales sólidas y adecuadas como se requiere de las instituciones de finanzas supervisadas y, en tal sentido, denunciaron la violación de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

      En segundo término, el Banco Central de Curazao y San Martín subraya que cada uno de los motivos mencionados para la toma de la decisión constituyen razones para el retiro de la Licencia de conformidad con el artículo 9 de la NOSBCI, el cual estipula que el CBCS está obligado o está autorizado a retirar una licencia emitida de conformidad con la norma por las razones establecidas en dicho artículo.

   En tercer lugar, el CBCS estableció que el BDO infringió severamente las disposiciones materiales del NOSBCI y las regulaciones basadas en él al, entre otras cosas, (i) usar documentos falsificados para engañar fraudulentamente al Banco Central en cuanto a sus cifras de financiación que incluyen su cumplimiento de los requisitos de capital y liquidez de conformidad con el NOSBCI, (ii) por no seguir las instrucciones del CBCS por tiempo prolongado, y (iii) por incumplimiento de las regulaciones de AMUCFT.

      En virtud de estas circunstancias, el Banco Central de Curazao y San Martín consideró que no podía confiar en el BDO para llevar a cabo sus negocios de manera sólida y adecuada y, por lo tanto, para proporcionar servicios de financiación de conformidad con las leyes y regulaciones de Curazao. “Como los motivos mencionados anteriormente constituyen, de forma conjunta y separada, motivos para el retiro de la Licencia, el Banco ha decidido retirar la Licencia con base en el marco legal, los hechos y las circunstancias mencionados a continuación”.

Antecedentes procesales

     Se recuerda que en carta remitida el 6 de junio de 2019, el Banco Central de Curazao y San Martín informó al BDO que se estaba considerando el retiro de la Licencia (Carta de Intención) y se le invitó a una reunión el 7 de junio de 2019 con el objetivo de discutir la medida, además de darle la oportunidad de responder por escrito a los señalamientos del CBCS.

      El Banco Central de Curazao y San Martín otorgó más de dos semanas para responder, fecha que se cumplía el 25 de junio de 2019, pero que se prorrogó —a petición del BDO— hasta el 1º de julio de 2019 —25 días en total— cuando, en efecto, el Banco del Orinoco respondió los señalamientos formulados en la carta de intención, exponiendo sus puntos de vista y objeciones.

   El Banco del Orinoco argumentó que había mejorado su organización y se comprometía a remediar las deficiencias y errores cometidos. Refirió que investigaban las acusaciones relacionadas con documentos falsos antes de emitir cualquier conclusión, pues aseguraron que el BDO no había falsificado ningún documento en virtud de que no tenía ninguna razón o beneficio para hacerlo. 

     Sostuvieron que la cartera de activos de BDO existía y siempre había existido en posesión de la entidad bancaria y que esta tenía un valor suficiente para cumplir con los requisitos de capital aplicables. El BDO se comprometió a satisfacer todas las sentencias judiciales y acuerdos de conciliación y a hacer frente a los desafíos de cumplimiento. Consideraron que hubo deficiencias en la supervisión del Banco Central de Curazao y San Martín al haber obstaculizado al BDO para cumplir con los requisitos del CBCS. Estimaban que la retirada de la licencia sería contraria a la legislación y que no se cumplían los requisitos legales para tomar tal medida.

     El Banco del Orinoco precisó que esta era una materia que debía ser abordada por un tribunal penal dadas las acusaciones del CBCS sobre supuestas falsificaciones.

    Igualmente, el BDO creía que las políticas del Nederlandse Bank (DNB) llevarían a tomar medidas menos severas que el retiro de la Licencia, una decisión que catalogaron de desproporcionada y que solamente sería perjudicial para todos los intereses involucrados. Aseguraron que el BDO era una institución solvente y que todos los intereses de los acreedores estaban adecuadamente protegidos.

    Expuso el CBBS que los puntos de vista y objeciones de BDO expresados o no en la respuesta a la carta de intención, fueron considerados por el Banco Central en su decisión de retirar la Licencia.

Razones de la medida de retiro de licencia

     Sostiene el Banco Central de Curazao y San Martín que el uso de documentación falsa constituye un engaño a ese ente con el objetivo de evadir la presentación de la cartera de activos del Banco del Orinoco.

     Se indica que el BDO poseía una cantidad significativa de valores —bonos emitidos por varios gobiernos— a través de custodios que serían Vistra Geneva S.A., Farringdon Asset Management PTE. LTD y Welden Securities S.A. Entretanto, los ex-custodios relevantes en este caso habrían sido TMF Group Pte. Ltd y Amergeris Wealth Management Group AG.

   Subraya el CBCS que KPMG Dutch Caribbean no pudo finalizar su auditoría de las declaraciones anuales de BDO de 2017, al no poder determinar, a través del contacto directo con los custodios, la existencia adecuada de valores mantenidos en nombre de BDO por estos custodios. En septiembre de 2018, se celebró una reunión en el BDO con el administrador silencioso, el CBCS y los representantes de la Junta de Directores Administrativos de BDO, para discutir la razón dada por KPMG Curazao para retrasar el financiamiento de la auditoría 2017. En esta cita, se presentó al Banco Central un archivo con varios documentos que incluía (i) cartas de confirmación; un contrato y formularios de custodia de TMF; (ii) cartas de confirmación y un formulario de cuenta de apertura de Vistra; (iii) cartas de confirmación y un contrato de Welden y (iv) cartas de confirmación de Amergeris.

    El Banco Central de Curazao y San Martín contrató en enero de 2019 a Ernst & Young Services Ltd.  para revisar e investigar el asunto revelando el informe final emitido en mayo de 2019, una serie de irregularidades con respecto a los dominios de correo electrónico de los custodios de BDO. Se estableció que, a diferencia de lo que representaba BDO, TMF nunca había tenido valores para BDO, sino sólo para su empresa matriz Cartera de Inversiones Venezolanas CA. El informe llevó a que el CBCS realizara una investigación adicional con relación a las posibles falsificaciones de documentos por parte del BDO, lo que constituyó un engaño al Banco Central y, muy probablemente, también a KPMG, a la que se le quería hacer ver que el BDO cumplía con los requisitos de capital estipulados por la ley. El Banco Central comprobó que la cartera de activos del BDO tenía un valor sustancialmente menor de lo reportado por el BDO, especialmente en lo que respecta a sus supuestas tenencias de valores con los custodios TMF y Amergeris.

     El uso de documentación falsa constituye una violación a la obligación de proporcionar al Banco Central de Curazao y San Martín, información y declaraciones verdaderas y no engañosas, como lo estipula la normativa legal.

    Además, el uso de documentos falsificados impidió que el Banco Central ejerciera una supervisión adecuada sobre el BDO, por lo que el ente emisor mantuvo serias preocupaciones en cuanto a la solvencia real de Banco del Orinoco.
      Seguidamente, la comunicación expone cada uno de los casos de falsificación de documentos, así como la respuesta dada por el Banco del Orinoco a las observaciones formuladas.

Caso 1: Sobre TMF Group Pte. Ltd

   El Banco Central de Curazao y San Martín identificó declaraciones de TMF Group Pte. Ltd (TMF) de fecha 22 de diciembre de 2016 (formulario de custodia), 6 de enero de 2017, 18 de enero de 2018, 26 de junio de 2018, 24 de octubre de 2018 y 29 de noviembre de 2018 proporcionadas por el BDO al ente emisor, las cuales fueron falsificadas, haciendo que apareciera TMF con valores a nombre de BDO como propietario. En la primera declaración el BDO hizo aparecer como si tuviera una cuenta con TMF basada en un “Formulario de Custodia”, mientras que en las otras declaraciones BDO se presentó como un cliente de TMF, no siendo este el caso.

     Se indica que en la declaración de 22 de diciembre de 2016, se hace referencia a un correo electrónico fechado el 4 de julio 2019, donde Kim Leng Siaw, Director Gerente de TMF, afirma firmemente que BDO no es ni fue cliente de TMF "en ningún momento".

   Asimismo, en la declaración de 6 de enero de 2017 el Banco Central se refiere a la posición de seguridad a diciembre 2016 en poder de CIV, el Banco notó otra declaración casi idéntica, determinándose que una de estas declaraciones fue falsificada.

   En cuanto a la declaración del 24 de octubre de 2018 se hace referencia a un correo electrónico de Sophia Lim, Directora de Relaciones con el Cliente en TMF, con fecha 5 de noviembre de 2018 dirigido al señor Rómer, director gerente local de BDO, enviado junto a la declaración al Banco Central directamente por la supuesta de Sophia Lim. Se constató que no era su verdadera dirección de correo electrónico. Se quería, supuestamente, inducir a error al CBCS a creer que TMF tenía los valores listados en la declaración bajo custodia de BDO.

    Siaw confirmó inequívocamente al Banco Central que el correo electrónico presuntamente enviado por TMF al BDO, no se originó en TMF. Esto confirma que el correo electrónico y los archivos adjuntos de 5 de noviembre de 2018 fueron falsificados, aparentemente con el propósito de engañar fraudulentamente al Banco Central de Curazao haciéndole creer que TMF tenía valores a nombre y en beneficio de BDO.

    La respuesta del BDO a estos señalamientos refiere que la entidad bancaria designó a Hagan Lovells lnc. Para realizar una investigación externa sobre las falsificaciones detectadas por el Banco Central de Curazao y San Martín y se comprometió a que, “en el caso improbable de que si una o más personas dentro de su organización hayan cometido algún error, de manera inmediata y rápida” tomaría las medidas correctivas necesarias.

     Para el BDO las afirmaciones y conclusiones del Banco Central con respecto a la falsificación de documentos relacionados con el custodio TMF son incorrectas pues, según ellos, lo relevante es que las carteras eran propiedad del Banco del Orinoco.

   El Banco Central rebatió diciendo que el BDO debió iniciar las investigaciones internas en fecha anterior, al menos en marzo de 2019, cuando se hicieron los hallazgos preliminares.

   Se añade que las conclusiones preliminares de Ernest & Young Services (EY) contenían posibles falsificaciones por parte de BDO relacionadas con dominios de correo electrónico incorrectos que pudieron haberse detectado con una investigación, interna y externa, temprana.

  BDO no refutó que TMF sostuviera que las declaraciones presentadas el 22 de diciembre de 2016, 6 de enero de 2017, 18 de enero de 2018, 26 de junio de 2018, el 24 de octubre de 2018 y el 29 de noviembre de 2019 eran falsas y que no se originaron en dicha empresa. Por lo tanto, se debe suponer, si no se concluye, que la supuesta cartera de valores pertenece a CIV y no a BDO. El argumento de que BDO habría autorizado a CIV es muy inverosímil y, en cualquier caso, insuficiente para contradecir lo anterior.

Caso 2: Sobre Amergeris

   El Banco del Orinoco en sus declaraciones del 25 de mayo de 2017 y del 31 de mayo de 2017, supuestamente firmadas y emitidas por Amergeris, así como una carta del BDO a Corinvest fechada el 9 de mayo de 2017 fueron presentadas al Banco Central de Curazao y San Martín como evidencia de que Amergeris como custodio tenía valores en nombre de BDO en una cuenta bancaria de esa entidad con el número de cuenta 02v95061-131.

   Una confirmación firmada por Frank Lammers, Director Gerente de Amergeris, con copia a Remko van Ekelen, también Director Gerente de Amergeris, que fue entregada al Banco Central de Curazao, refirió que esa empresa nunca tuvo ningún título a nombre y en beneficio del BDO. También confirmó que las declaraciones del 25 de mayo de 2017 y del 31 de mayo de 2017, no fueron emitidas por ella, sino que son documentos falsificados.

   Esta compañía aseguró que nunca podría haber transferido valores de una cuenta de BDO en Amergeris al custodio Vistra. También negó haber reconocido que "recibió gratis" una "posición de bonos de valores" de Corinvest en la cuenta bancaria número 02V95061-131, que se supone que es el número de cuenta perteneciente a BDO, la cual nunca fue creada, firmada ni enviada por Amergeris. El número de cuenta bancaria mencionado en los estados antes mencionados sí existe, pero de acuerdo con Amergeris no pertenece a BDO.

  Para el Banco Central, el BDO lo defraudó al valerse de declaraciones falsas de Amergeris, pues se comprobó que no recibió ningún valor BDO de Corinvest, por lo tanto, no pudo haber transferido dichos valores inexistentes a Vistra.

   El Banco del Orinoco argumentó que el correo electrónico de Amergeris, del 1º de mayo de 2019, contiene varias falacias y declaraciones contradictorias inherentes y presentó varios documentos supuestamente originarios de dicha empresa, los cuales dejarían en claro, según BDO, que las declaraciones de Amergeris del 25 de mayo de 2017 y el 31 de mayo de 2017 no eran falsas.

    Refirió el BDO que solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Curazao una audiencia preliminar de testigos con el propósito de realizar un "Procedimiento de Descubrimiento”. Agregó que esa entidad se encuentra investigando este asunto.
   El Banco Central de Curazao y San Martín investigó los documentos presentados por el BDO y concluyó que las declaraciones que demuestran que Amergeris tenía valores a nombre y en beneficio de BDO que aparentemente fueron presentados por BDO como evidencia de lo contrario, son falsas.

    Se refiere que un correo electrónico de fecha 6 de agosto de 2019 del actual CEO de Amergeris, Remco van Ekelen, confirmó la declaración de Lammers como verdadera y correcta y que los documentos adicionales presentados por BDO en su respuesta para descalificar las declaraciones de Lammers, eran igualmente falsas. Para el Banco Central, todas las declaraciones antes mencionadas son falsas.

Caso 3: Sobre Vistra

   El Banco Central de Curazao y San Martín recibió copias de varios correos electrónicos y declaraciones, supuestamente del custodio Vistra.

    Se indica que la dirección del nombre de dominio utilizada con frecuencia por personas que supuestamente actúan en nombre de Vistra, parecía ser "@ Vistragroup.net" y entre la correspondencia recibida por el ente emisor había un correo electrónico fechado el 5 de noviembre de 2018, contentivo de una carta de confirmación de la posición de seguridad de aparentemente enviado por Bertrand Kirszbaum, Director de Relaciones con el Cliente de Vistra, dirigida al BDO a la atención de Rene Rorner.

    Posteriormente, el correo remitidos el 17 de mayo de 2019 y el 21 de junio de 2019, se solicitó al Banco Vistra que confirmara que sus direcciones de correo electrónico contenían extensiones de "@vistragroup.net". El asesor jurídico principal de Vistra, John McClean, dijo que "@Vistragroup.net" no es parte de las direcciones de correo electrónico o nombres de dominio utilizados por personas dentro del Grupo Vistra.

   En tal sentido, para el Banco Central de Curazao las declaraciones que supuestamente muestran la cartera de inversiones de BDO en poder de Vistra a nombre y en beneficio del Banco del Orinoco, son falsas y fueron emitidas para engañar y defraudar al ente emisor.

   El BDO afirmó, además, que Vistra obtuvo la cartera de inversiones de BDO a partir de una transferencia de la cartera de valores realizada por el custodio Amergeris a Vistra y, en virtud de que Amergeris declaró que nunca mantuvo bajo custodia ningún activo de BDO (o CIV) y que nunca tuvo una relación contractual con el Banco del Orinoco, se estima que la declaración es falsa.

Caso 4: Sobre Farringdon

    El Banco Central de Curazao y San Martín consultó a Farringdon sobre ciertos correos electrónicos y direcciones de correo electrónico que no parecían ser correctos y probablemente eran falsificados.

   La respuesta de Martin Young, Director Gerente de Farringdon, remitida el 14 de junio de 2019 indicó "Que alguien ha escrito la dirección de correo electrónico incorrectamente”, pero confirmó “que todos los correos electrónicos dirigidos a la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente eran correctos y se enviaron a la dirección de correo electrónico correcta, para evitar cualquier confusión".

   Sin embargo, una revisión posterior por parte del CBCS de ciertos detalles en la carta del 14 de junio de 2019 —membrete y el logo de Farringdon— se concluyó que la carta podría ser una falsificación. Lo mismo ocurre con las cartas de confirmación enviadas por el Departamento del Tesoro al Banco.

   El 20 de febrero de 2019, Joel Santos y Santos Alonso Ramos, declararon en nombre de BDO a EY que todos los valores de TMF mantenidos a nombre y en beneficio del Banco del Orinoco habían sido transferidos a Farringdon. Como TMF declaró que nunca mantuvo ningún título a nombre y en beneficio de BDO, una transferencia de valores como la descrita no podría haber tenido lugar. Por lo tanto, el Banco Central estableció que todos los estados de cuenta y correspondencia proporcionados por BDO, tanto a EY como al ente emisor, son falsos.


Conclusiones

  El Banco del Orinoco no explicó de manera satisfactoria las acusaciones sobre falsificación de documentos que se le formularon, así como tampoco justificó el uso fraudulento de declaraciones falsificadas de los custodios TMF, Amergeris, Vistra y Farringdon.

   El BDO habría falsificado los documentos en su correspondencia con el Banco Central de Curazao y San Martín, al parecer en connivencia con el contador externo de la entidad. El consejo de administración y el asesor general del grupo, de apellido Escudero, estarían personalmente involucrados en estas tergiversaciones.

   Ante los hechos, el Banco Central presentó denuncia penal ante la Fiscalía de Curazao por falsificación y/o uso indebido intencional de documentos falsos, lo cual constituye un delito grave que se traduce en obstrucción a las tareas de supervisión del CBCS. El BDO abusó de su licencia bancaria. El ente emisor estima que no se puede confiar en el BDO para proporcionar fondos y servicios de conformidad con las leyes y reglamentos de supervisión aplicables de Curazao y San Martín. El Banco Central tiene serias preocupaciones con respecto a la integridad, exactitud y existencia de los activos de BDO en su balance general.

   De acuerdo a la visión del CBCS, el BDO no cumplió con los requisitos mínimos de solvencia estipulados en las normas y, además, considera que la situación de la entidad bancaria es preocupante. El ente emisor no puede verificar la solvencia de BDO, puesto que este último no proporcionó un estado de cuenta anual auditado por un auditor externo independiente como lo exige la ley.

  Ante este panorama el Banco Central de Curazao y San Martín concluye que la licencia del BDO debe retirarse, pues constituye la única medida correctiva apropiada y efectiva aplicable.

Incumplimiento de las instrucciones del CBCS

    El artículo 10, párrafo 1, así como el artículo 22, párrafo 1 de la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Instituciones Bancarias y de Crédito (NOSBCI) autoriza al Banco Central de Curazao y San Martín a emitir instrucciones a una institución supervisada, las cuales son vinculantes. El incumplimiento le da facultades al CBCS para retirar la licencia de una entidad de crédito según lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, y párrafo 2, de la NOSBCI.

    El Banco Central emitió una serie de instrucciones al BDO luego de realizar una evaluación in situ entre el 25 de enero de 2018 y el 3 de abril de 2018, las cuales no fueron acatadas.

    El CBCS ordenó al BDO ejecutar las órdenes judiciales finales para recibir o impugnar las órdenes en caso de estar en desacuerdo; el BDO debía proporcionar al Banco Central los comprobantes de los pagos a los clientes, que recibieron un pedido judicial a su favor, dentro de los cinco (5) días posteriores a la ejecución de los pagos. El BDO apeló las órdenes judiciales; las instrucciones de transferencia de los clientes debían ejecutarse en los 5 días hábiles siguientes en cumplimiento a la normativa antiterrorista y a las directrices sobre la detección y disuasión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para instituciones de crédito; el BDO debía fortalecer la Junta de Directores Administrativos con una mayoría de Directores Administradores locales independientes para asegurar un proceso de toma de decisiones equilibrado y adecuado en función del tamaño, la complejidad y el perfil de riesgo; el procesamiento, la aprobación, el monitoreo y la ejecución de las transacciones de los clientes debía realizarse inmediatamente en las instalaciones de BDO en Curazao; el BDO debía cambiar la composición de su Consejo de Supervisión; el BDO debía garantizar que los Directores Gerentes de la entidad aumentaran su nivel de participación en el proceso de toma de decisiones; el BDO debía hacer un seguimiento adecuado de las deficiencias mencionadas en los exámenes practicados.

   Además, el Banco del Orinoco instruyó a sus custodios Vistra (Ginebra) SA, Farringdon Asset Management y Welden Securities Agente de Valores SA, para que proporcionaran al CBCS, directamente de forma independiente e indirectamente, confirmaciones por correo electrónico inmediatamente después de cualquier tipo de transacción que se hubiera ejecutado dentro de las carteras de seguridad de BDO; el BDO debía emitir copias de todas las correspondencias (correo electrónico) entre BDO y sus custodios sin ninguna excepción.

    El BDO reconoció que no cumplía con todas las instrucciones que el Banco Central de Curazao y San Martín emitió y sólo indicó que experimentó un progreso significativo durante la administración fiduciaria silenciosa según las diversas instrucciones emitidas por el CBCS.

   El BDO dijo haber dedicado una gran cantidad de recursos y, especialmente, capital en los últimos dos años, para mejorar su sistema operativo comercial.

   El BDO se comprometió a proporcionar al Banco Central una "visión general detallada del estado de todas las instrucciones y demandas recibidas, las completadas, pendientes, las razones por las que posiblemente aún no pudieron haberse concluido, y un calendario o posibles requisitos para resoluciones expeditas o conclusiones". El Banco Central recibió dicha descripción el 31 de julio de 2019.

   Entretanto, el Banco Central estimó que los esfuerzos del BDO para cumplir con las instrucciones eran insuficientes, aun cuando le concedió tiempo suficiente para remediar las deficiencias y fue continuamente informado sobre el estado de incumplimiento de dichas instrucciones.

  El propósito de la autoridad del Banco Central al emitir instrucciones es hacer cumplir a las instituciones supervisadas con las leyes y regulaciones aplicables. Toda institución de crédito en Curazao está sujeta a las mismas leyes y regulaciones. El CBCS no acepta como válido el argumento del BDO que tuvo poco tiempo para cumplir las instrucciones.

Incumplimiento de juicios aplicables

  El Banco del Orinoco ha sido condenado en múltiples casos por los tribunales competentes de Curazao para ejecutar pagos a titulares de cuentas.

   El Banco Central de Curazao y San Martín ha señaló en múltiples ocasiones al BDO que era inaceptable que no cumpliera con los juicios directamente ejecutables, excepto en casos claramente justificados y excepcionales, en los que el cumplimiento de tales constituyera formal y materialmente un delito penal o ese cumplimiento condujera a la aplicabilidad directa de las sanciones estadounidenses y/o el cumplimiento sería prácticamente imposible debido a la falta de cooperación de los bancos corresponsales.

   Los argumentos del BDO acerca de su incumplimiento fueron rechazados por los tribunales.

   Tampoco se ofrecieron razones válidas por parte del BDO por el incumplimiento de los acuerdos de liquidación celebrados y que constituían obligaciones de pago estrictas. El Banco Central comprobó que el BDO no cumplió totalmente con un número considerable de sentencias ejecutables.

   El BDO argumentó que debido a que se encuentra en el Caribe y sus clientes son en su mayoría venezolanos, ha experimentado los resultados directos de la eliminación de riesgos por parte de los bancos corresponsales y las diversas sanciones de EE. UU. contra Venezuela e individuos venezolanos.

    Dijo que de las 92 sentencias judiciales o casos de liquidación, 63 hayan sido pagados en su totalidad y 29 permanecen abiertas. Además refirió respecto a los problemas de cumplimiento con algunos de estos clientes, que ordenar las transferencias a estos clientes a través del único banco corresponsal restante (Novo Bank), probablemente dañaría la actual relación de corresponsalía bancaria de BDO, como ya había sucedido en otros casos.

  El Banco del Orinoco aseguró que estableció un equipo de negociación que llevó a cabo varias reuniones y estaba en contacto constante con varios abogados que representan a los demandantes.

    Por su parte el Banco Central de Curazao y San Martín consideró inaceptable el número de 29 sentencias judiciales ejecutorias impagas y/o acuerdos de conciliación pues, como banco con licencia, siempre debe estar en condiciones de cumplir de inmediato con sentencias ejecutorias. Este incumplimiento estructural continuo también afecta seriamente la reputación de Curazao como jurisdicción, en la cual los juicios finales y/o inmediatamente exigibles de los tribunales del país deben ser totalmente respetados por un banco regulado.

   EL CBCS subraya que el BDO aceptó a sabiendas clientes que tienen problemas de cumplimiento y/o son sospechosos de actividades delictivas.

    Para el Banco Central de Curazao y San Martín, la actuación del Banco del Orinoco es violatoria de las instrucciones impuestas sobre la base del párrafo 1 del artículo 22 de la NOSBCI.

   En tal sentido, el CBCS concluyó que en vista de los hechos estaba obligado a proceder a retirar la Licencia al BDO sobre la base del artículo 9, párrafo 1, bajo h. de la NOSBCI, leído en conjunto con el artículo 22, párrafo 1 de la NOSBCI sobre la base de que el Banco del Orinoco incumplió estructuralmente las instrucciones emitidas de honrar los juicios directamente ejecutables y las instrucciones posteriores emitidas a este respecto por el Banco Central.



Citas

[1] El Carabobeño. “Banco del Orinoco NV cesó actividades en Curazao”. 7 de septiembre de 2019. https://www.el-carabobeno.com/banco-del-orinoco-nv-ceso-actividades-en-curazao/  

[2] Banco del Orinoco. “La bancarrota del Banco del Orinoco”. https://www.bancodelorinoconv.com/site/p_contenido.php?id=1

[3] Panorama. “Grupo BOD apelará declaración de bancarrota del Banco Orinoco en Curazao”. 9 de octubre de 2019. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Grupo-BOD-apelara-declaracion-de-bancarrota-del-Banco-Orinoco-en-Curazao-20191009-0086.html

[4] El TSJ donde ordena a Curazao abstenerse de disponer de los bienes y activos del intervenido Banco del Orinoco”. http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones#

[5] Infobae. “Investigan si parte del dinero de la corrupción K terminó en una paradisiaca isla del Caribe”. 19 de septiembre de 2018. https://www.infobae.com/politica/2018/09/19/investigan-si-parte-del-dinero-de-la-corrupcion-k-termino-en-una-paradisiaca-%20isla-del-caribe/