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miércoles, 24 de junio de 2020

Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado de la Florida, David Rivera, por incumplimiento de un contrato a través de su firma, Interamerican Consulting INC, sigue dando de qué hablar. A partir del conocimiento del caso civil, han surgido una serie de actores que han ampliado el radio de acción de la investigación federal que incluye a varios personajes del régimen de Nicolás Maduro. En esta historia les contamos algunos detalles de este escándalo.
   Cuando se conoció la demanda en mayo de 2020, se constató que la directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, asistidos por el abogado Michael Gottlieb, [quien ha representado a chavistas y opositores], presentaron la querella civil que busca rescatar los $15 millones de dólares que CITGO pagó a David Rivera en 2017, por sus servicios de cabildeo a favor de PDVSA, controlada en ese tiempo por Nicolás Maduro. 

   Según fuentes internas de CITGO, la demanda, más que tener la intención de recuperar los $15 millones [el costo de litigar en corte supera el monto del premio que se busca obtener] "es un mecanismo usado por la refinadora petrolera del estado venezolano, controlada por el gobierno interno de Juan Guaidó, [reconocido por el gobierno de Estados Unidos y más de 50 países], para cubrirse las espaldas, debido a que la investigación que se sigue el Departamento de Justicia norteamericano contra CITGO, que posiblemente concluya con severas penalidades a la empresa por no haber cumplido las leyes federales contra la corrupción y  el lavado de dinero".

   "La demanda sería una cortina de humo, para demostrar ante la justicia estadounidense que aunque tarde, actuaron contra los presuntos criminales que expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos", sostuvo la fuente consultada en calidad de anonimato. 

  En febrero de 2019, la junta directiva de Luisa Palacios tuvo conocimiento de primera mano de todos los casos de corrupción que se cometieron en CITGO durante las administraciones chavistas, incluyendo la del fallecido, Nelson Martínez  y la de Asdrúbal Chávez.

   "Se les informó sobre los ejecutivos que cometieron delito y las empresas que obtuvieron los contratos fraudulentos a lo largo de todos los años. Las auditorías internas y los reportes de empleados que denunciaron los hechos de corrupción y los intentos de sobornos que los contratistas ofrecieron para lograr expoliar el dinero de CITGO y PDVSA", dijo la fuente pero asegura "que no se tomaron acciones hasta finales de mayo de 2020".

     Cuando se interpuso la demanda en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el presidente interino, Juan Guaidó dijo que la demanda es posterior a una auditoría hecha por su equipo directivo de CITGO.  

   En un tweet del Centro de Comunicaciones del gobierno interino, con fecha 15 de mayo de 2020, se activierte que la demanda contra Rivera surgió luego de una auditoría realizada por CITGO, tras haber sido recuperada para los venezolanos por el Gobierno legítimo.

  Se señala que: "tras la investigación realizada, tenemos los suficientes elementos para afirmar que, pese a no haber realizado ninguna labor justificable, la PDVSA de 2017 controlada por Maduro canceló al Sr. Rivera $15 millones de dólares, de un contrato de 50 millones de dólares".

   Documentos en nuestro poder muestran que la auditoría a la que se hace referencia, no fue hecha en 2019, sino que se realizó en  mayo de 2017 por el departamento Interno de CITGO. Tal como apuntamos, Luisa Palacios y su equipo, tenían esa información desde febrero de 2019, y no fue sino hasta mayo de 2020 que decidieron interponer una acción contra David Rivera y contra otro contratista corrupto que ya está en custodia de las autoridades estadounidenses, José Manuel González Testino. 

   "La conveniencia de interponer la querella civil en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando recuperar los $15 millones no luce clara", dice la fuente interna de la corporación. 

  Un dato que llama la atención de Venezuela Política es el incremento significativo de gastos de asesoría legal de CITGO desde que se inició la gestión de la directiva designada por Juan Guaidó, llegando a superar los $102 millones de dólares

   Vale destacar que la cifra de $102 millones en gastos legales de CITGO, bajo la administración de Palacios, "se han usado para realizar investigaciones internas por más de un año, cuyos resultados aún están por verse", dijo la fuente consultada.

   Bajo el control de Guaidó, CITGO sigue usando abogados y los bufetes que usó la corporación cuando estaba bajo el control del régimen de Nicolás Maduro y que estuvieron al tanto de los fraudes y actos de corrupción y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.

   La fuente consultada sostiene que la mayoría de las firmas seleccionadas por la administración designada por Guaidó y que se mantienen en la nómina de CITGO "fueron coordinadas por la abogada de CITGO, Judith Colbert a pesar que hay información es pública y notoria, que los bufetes de abogados se han beneficiado al trabajar y defender al régimen de Maduro".

    La misma fuente sostiene que actualmente bufetes como Willkie Farr & Gallagher LLP Willkie y Sidley Austin LLP [Caso narcosobrinos] "siguen beneficiándose y llevando múltiples casos en CITGO bajo la administración de la junta directiva de Juan Guaidó".

  "Otras firmas como Hogan Lovells y Jones Day fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO", sostuvo la fuente. 

 Denuncia que "Cristina Rodríguez (Hogan Lovells) en combinación con Judith Colbert y Glenn Hilman unieron fuerzas para retaliar y amedrentar a empleados y directores que denunciaron casos de fraude en CITGO y fueron despedidos bajo la administración de Nelson Martínez y José Pereira". 

   Explica la fuente que hay un informe interno de CITGO, con las denuncias de la exgerente de Recursos Humanos, Marisol Gómez sobre los contratos de PDV USA y CITGO, ordenados por el fallecido, Nelson Martínez con compañías intermediarias como GFC Consultores y Yakima Trading de Samark López Bello, quien fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser uno de los testaferro del actual ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, quien pasó a ser uno de los hombres más buscados por la justicia de los Estados Unidos. 

  Señala la fuente que "durante la mediación legal del caso de Gómez, Judith Colbert, Glenn Hilman y Cristina Rodríguez defendieron la selección y los contratos de PDV USA/CITGO con GFC Consultores, Yakima y sus dueños y testaferros". 

  Agrega que "bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá sigue la convivencia con profesionales internos y externos que ayudaron al desfalco de CITGO y PDVSA". 

   Sostiene que "los empleados de CITGO han visto por años que los abogados contratados por el régimen se han enriquecidos a cosas de los casos de CITGO, cobrando horarios inflados, y sin importar que los casos sean ganados en las cortes o no".

   Reportes en nuestro poder muestran que CITGO pagó en servicios de consultoría y gastos de defensa en 2016 más de $ 68 millones; en 2017, los gastos llegaron casi $81 millones y en 2018, se gastaron alrededor de $64 millones. En este período, el régimen de Nicolás Maduro controlaba la filial de PDVSA en Estados Unidos. Pero en febrero de 2019, CITGO pasó al control de Juan Guaidó, y en ese año, los gastos por servicios legales subieron a casi $89  millones y hasta el presente van más de $102 millones.  Las firmas que cobran en CITGO durante la gestión de Palacios y Jordá además de las mencionadas anteriormente, está Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.


La acusación contra David Rivera

  Las fuentes insisten en que la acusación contra David Rivera responde a un interés político que busca desviar la atención, y se convierte "en una herramienta que convenientemente pretende dejar a PDV USA (CITGO) como una víctima". En este caso, las acciones del abogado Michael Gottlieb buscan evitar que se haga mención a la "responsabilidad individual" de los participantes que diseñaron y ejecutaron la transacción fraudulenta que la corporación hizo con el excongresista, y que violaron las leyes federales.

   La idea, dice la fuente, "es la intención de encajonar la demanda en un incumplimiento de contrato, cuando el caso envuelve una investigación más extensa de presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO".  

 Sostiene que "estos crímenes sólo fueron posibles con la participación de dos o más partes, PDVSA, PDV USA, CITGO y los empleados, directores, abogados y consultores que participaron en la transacción demandada y que tenían el deber y la obligación de salvaguardar a la empresa y controlar que ese tipo de fraudes no se hiciera en una empresa que se rige por leyes norteamericanas".

   Tal como hemos advertido, los casos de varios contratos fraudulentos de PDVSA, CITGO y PDV USA son investigados por el Departamento de Justicia desde el año 2017.  "Los elementos y la manera fraudulenta de cómo David Rivera y contratistas como José Manuel González Testino, Manuel Chinchilla y otros lograron obtener contratos de CITGO es un factor que penaliza a la corporación ante las autoridades judiciales estadounidenses", comenta la fuente.

Las repercusiones de la demanda contra David Rivera

    Como se señaló, el pliego de la demanda contra David Rivera no incluye todos los detalles de ese caso, sino la exposición de hechos selectivos que no permiten conocer la historia completa, que involucra a otros actores, que hasta ahora permanecen  ocultos.

   Cuando CITGO y PDV USA contrataron a David Rivera para cabildear a favor del régimen de Nicolás Maduro ante las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos, no se hizo la debida due diligence, no se cumplió con los requerimientos de ley y no revisaron las credenciales de la empresa Interamerican Consulting Inc, a la que pagaron $15 millones de dólares, en tres transacciones de $5 millones cada una a través de la cuenta bancaria Interamerican Consulting, Incorporated en el banco JPMorgan Chase Bank NA, Routing #: 021000021 Cuenta # 633291682 y que tiene como dirección,  270 Park Avenue, New York, 10017. 

   Una vez que se dio a conocer la demanda, hubo muchas interrogantes que apuntaban a David Rivera, quien es investigado por presunta violación de la Ley FARA. 

   Fue el senador Bob Menéndez (D-N.J.) quien pidió a funcionarios del Departamento de Justicia que investigaran sí el ex representante Rivera violó la ley al no haberse registrado como agente del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.


   En una carta enviada por Menéndez al Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John Demers, se señala que la demanda y los informes de prensa posteriores, mostraron que Rivera estaba trabajando en nombre de un agente extranjero, sin el debido registro bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

  "Por lo tanto, solicito que el Departamento de Justicia revise si Rivera cumplió con FARA, incluso si tiene la obligación de registrarse retroactivamente como agente extranjero que actúa en nombre del régimen de Maduro", escribió Menéndez, el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

  "Cuando los agentes extranjeros no se registran bajo FARA, sus actividades en nombre de las potencias extranjeras se ocultan a la vista del público, lo que oculta las posibles amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos", advirtió Menéndez (1).

Otros elementos que hablan de la corrupción en CITGO 

  Esta semana, la agencia Associated Press (AP) informó que el régimen venezolano intentó reclutar al ex-congresista Pete Sessions para negociar una reunión con el CEO de Exxon Mobil, al mismo tiempo que estaba pagando en secreto a  David Rivera $50 millones para evitar las sanciones de Estados Unidos.

   La nota de AP refiere que "un funcionario de PDVSA envió un correo electrónico a Sessions, el 8 de junio de 2017, en busca de su ayuda para organizar una reunión entre el ministro de petróleo de Venezuela y Darren Woods, entonces jefe de Exxon, con el propósito de atraer a la petrolera de regreso a Venezuela".

   AP dijo que había visto el correo electrónico, y que dicha evidencia estaba en manos de la policía federal de EE. UU. En  la misma nota, escrita por el periodista Joshua Goodman, se señala que se investiga al ex-congresista, David Rivera, "a la persona que supuestamente le dio instrucciones al funcionario de PDVSA para enviar el correo electrónico a Sessions".

     En la fecha que se alega que hubo un intento del régimen de Maduro de acercarse a Exxon, Rivera estaba trabajando para el chavismo, en base al contrato por $50 millones que se firmó entre PVD USA/CITGO con Interamerican Consulting Inc.  

      AP recalca que Sessions participó en esfuerzos de mediación en Venezuela durante los 15 meses siguientes. Viajó a Caracas en secreto en abril de 2018 para reunirse con Nicolás Maduro, en un viaje auspiciado por el ahora prófugo de la justicia de Estados Unidos por diversos crímenes financieros, corrupción masiva y lavado de dinero, Raúl Gorrín.

    Se confirma en la nota de AP que "David Rivera sirvió de traductor en la reunión de Sessions con Nicolás Maduro, a que asistió Gorrín". Meses más tarde, "Sessions habló con el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani para ayudarle hacer las gestiones para que se produjera la reunión de Maduro con el presidente de EE. UU.".

  Las evidencias sobre esas gestiones son objeto de investigación por parte de fiscales federales que buscan todas las pesquisas relacionadas con los servicios de consultoría que Rivera hacía a Maduro, y por los cuales CITGO pago $15 millones.

CITGO entra en acción

  La nota de AP se refiere a un aspecto que ya había sido mencionado en los medios. CITGO aportó $500.000 al comité inaugural de Trump. 

    Otra fuente en CITGO sostiene que la donación del medio millón de dólares a la campaña del presidente norteamericano "se mantuvo en secreto, no se habló de esta transacción hasta que la información salió publicada en la prensa". Muchos se sorprendieron, incluyendo Rafael Gómez que era el encargado de las relaciones con el gobierno. 

    La fuente dijo a Venezuela Política que "con la donación de los $500 mil, pudieron asistir a la inauguración del presidente Donald Trump, José Pereira y Gustavo Cárdenas (presos en Caracas acusados de delitos de corrupción), Rick Esser, ratificado en su cargo por la directiva designada por Juan Guaidó".

    AP menciona que CITGO pagaba $70 mil mensuales "durante mucho tiempo", a dos grupos de presión establecidos, Cornerstone Government Affairs y Vantage Knight, por supuestos "trabajos de regulación". 

    Una segunda fuente interna de CITGO, que habló en condición de anonimato,  sostiene que las facturas en la contabilidad que presentó David Rivera para cobrar los $50 millones, de los cuales sólo logró el pago de $15 millones, carecían de sustentación legal "fueron unos recibo de cobro sin rigurosidad, y la entrega del informe de servicios tampoco reunía los requisitos para ser aceptados por  el Departamento de Finanzas de CITGO para ser cancelados. Nada se correspondía al pago de $50 millones a una empresa de lobby".

  Hasta el momento, las fuentes consultadas no tienen conocimiento sobre las razones por las cuáles la directiva de Luisa Palacios no ha demandando también a las otras empresas que cometieron delitos similares. 

Los gastos de lobby de CITGO, PDVSA

   En 2017, fecha en la que Maduro, a través de Delcy Rodríguez, contrató a David Rivera para hacer lobby ante el gobierno de Estados Unidos, PDVSA y CITGO paraba miles de dólares a las siguientes empresas a empresas de cabildeo:
  En 2018, PDVSA y CITGO contraron las siguientes compañías lobistas.
  En 2019, cuando el control de CITGO fue entregado a Guaidó, y fue designada Luisa Palacios como presidenta de la Junta Directiva, estas fueron las empresas contratadas por la corporación.
   En el primer semestre de 2020, continuaron los contratos a las mismas empresas:


Los perversos personajes de la trama


   Cuando David Rivera supo que PDV USA/CITGO lo había demandado, aseguró que parte del dinero que recibió estaba destinado a la oposición de Venezuela y pidió que le preguntaran a los 6 de CITGO, refiriéndose a los seis ejecutivos presos en Caracas por su participación en casos de corrupción durante sus gestiones en CITGO, Houston. Rivera no ha ofrecido evidencia o explicación para respaldar esa afirmación.

    A raíz de las revelaciones de Rivera, quien aseguró además que se había entendido con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado parte del dinero, se supo que en el entramado denunciado por el demandado, habría participado también Raúl Gorrín, en prófugo de la justicia estadounidense que hizo una enorme fortuna por actividades fraudulentas que le permitieron robar miles de millones al erario público venezolano por su sociedad con el ex-tesorero Alejandro Andrade, Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen de Chávez y Maduro.

     Esta semana, Leopoldo López aseguró que iba a contrademandar a David Rivera por difamación. Hasta el cierre de esta nota no se había interpuesto ninguna querella contra el excongresista por parte del líder de Voluntad Popular y uno de los actores principales en el gobierno interino de Guaidó.  López continúa operando desde la residencia del embajador de España en Caracas, donde se encuentra en calidad de refugiado desde el 30 de abril de 2019.

  Gorrín participó junto a Rivera en la reunión con el excongresista Sessions en Caracas en 2018, y según la información dada a conocer por AP, pagó el viaje del congresista a Venezuela, aunque la misma agencia cita a una de las asistentes de Sessions que aseguró que era el parlamentario el que había pagado sus gastos. 

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CITAS

1) https://thehill.com/homenews/senate/498502-top-senate-democrat-asks-doj-to-investigate-former-representatives-venezuela

2) https://apnews.com/15ea6f405e859acadf969696d286b94a

miércoles, 10 de abril de 2019

Esta es la condición actual del parque Termoeléctrico de Venezuela y el mil millonario monto presupuestado para recuperarlo

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

El racionamiento eléctrico no podrá ser restablecido en un año. Un informe interno de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) sobre la condición actual del parque termoeléctrico y las acciones requeridas para recuperarlo deja claro que 36 plantas a nivel nacional necesitan trabajos de reparación, mantenimiento y sustitución total en muchos casos, lo cual amerita una inversión calculada en USD.1.555.687.000,00 más Bs.S. 2.559.500.000,00. Fuentes señalan que en el reporte que a continuación desglosaremos, hay un cálculo con sobreprecios para la compra de  equipos y piezas, lo que indica el componente corrupción no ha variado, sino que por el contrario ha aumentado.
El recién nombrado ministro de Energía Eléctrica, Igor Gavidia, anunció el lunes 8 de abril, que el “plan de administración de carga” podría abarcar desde 30 días, 60 días, 90 días y hasta un año”.

Las declaraciones de Gavidia fueron emitidas desde Puerto Ordaz en compañía del vicepresidente de Comunicación y Turismo del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez 

Corpoelec dio a conocer un comunicado donde explicaban los horarios del racionamiento eléctrico por bloques (reportes señalan que el cronograma no se cumplió ni se cumplirá). 

La nueva emergencia eléctrica es un nuevo robo a la nación

Un experto consultado (cuyo nombre no podemos revelar por razones de seguridad) para la realización de esta nota confirmó que la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durará mucho más de un año debido principalmente a las inversiones que se requieren en transmisión y generación termoeléctrica.


De acuerdo a un estudio interno, las  máquinas hidroeléctrica 12, 14, 16, 18 y 20 de Guri están fuera de servicio. 

Asimismo, se observa que la corrupción sigue intacta en Corpoelec, los montos en dólares que aparecen en el informe tienen sobreprecios.


Las máquinas 18 y 20 están fuera por modernización inconclusa y por no haber cumplido con los pagos a la empresa alemana Andritz, un conglomerado industrial que adquirió las principales empresas fabricantes de turbinas y generadores a Nivel mundial y se hicieron con las acciones de Canadian General Electric CGE).

Sobreprecio, corrupción

El experto comentó que la nueva emergencia eléctrica será otro robo al país. Comentó que los precios que aparecen presupuestados no se ajustan al mercado internacional, ni siquiera si se compraran las plantas más costosas. 

Por ejemplo, si se paga el precio más alto en el mercado de una máquina nueva de ciclo combinado de 160 MW, por ejemplo, es de USD104 millones e incluye todo, es decir, generador, turbina, calderas, auxiliares, etc. El monto previsto para el mantenimiento de las máquinas es demasiado alto, por lo que a simple vista se observa que hay sobreprecio y corrupción.


Condición actual del parque termoeléctrico de Venezuela 

De acuerdo a un informe interno en nuestro poder, en el cual se evalúan 36 unidades termoeléctricas del país, se requiere en algunos casos 24 meses para poner en marcha el sistema en su totalidad. Obviamente el resultado de las proyecciones hechas dependen de la disponibilidad del dinero y de la capacidad profesional de talento humano.

1) Planta Termoeléctrica del Centro (Planta Centro) tiene 6 unidades que requieren acciones inmediatas. Dicha planta tiene la capacidad total de producción normal de 2600. No obstante, actualmente se produce a penas 300 y MW después de MTTI 2600. El costo total es de USD 514.700.000,00 y el tiempo extendido para la recuperación máximo es de 24 meses.

2) El Complejo Generador termoeléctrico Josefa Joaquín Sánchez Bastidas tiene 11 unidades con una capacidad normal de 1788,. Actualmente produce 208, MW después del MTTI 1035. USD 163.000.000,00 y Bs. 60.000.000,00
3) Complejo Generador Termocentro Planta India Turquía "El Sitio", capacidad normal 830, actualmente produce 390, MW después de MTTI 830. Se requierenUSD 90.000.000,00 y Bs.40.000.000,00  para su puesta en funcionamiento.

4) Complejo Termoeléctrico General Rafael Urdaneta, Planta TermoZulia tiene 17 unidades. Capacidad nominal 1374, actualmente sólo produce 436, MW después de MTTI 792. Se necesitan USD 91.487.000,00 más Bs (s). 1.498.700.000.00 para ponerlas en funcionamiento.

5.- Planta Termoeléctrica Sidor  con capacidad nominal 185, capacidad actual 20, MW 120. Se necesitan USD5.600.000. Tiempo extendido para la recuperación 3 meses.  

6.- Planta Termoeléctrica Cayaurima. Capacidad normal 30. Capacidad actual 0, MV 0. No tiene presupuesto. Desincorporar. 
Daños en Primera y Segunda Etapa de los Alabes de la turbina. Se requiere sustitución de set Alabes Partidos. La Unidad PFC 01 tiene daños en Primera y Segunda Etapa de los Alabes de la Turbina. Se requiere sustitución de set de Alabes Partidos y la Unidad PFC 02  presenta daños en Primera y Segunda Etapa de los Alabes de la Turbina. Se requiere sustitución de set de Alabes Partidos. Ambas unidades están en proceso de desincorporación, por lo cual no tienen previsto presupuesto para su recuperación.
 


7.- Planta Termoeléctrica Ayacucho. Capacidad nominal 15. Capacidad actual 0. MV 10. Se necesitan Bs.35.000.000. Tiempo extendido para la recuperación 3 meses.  Presenta falla en la línea que alimenta los auxiliares de la unidad. Requiere sustitución de conductor de línea que alimenta los auxiliares de 750 MCM y sustitución de variador de frecuencia dañado y adicionalmente se debe normalizar las condiciones del sistema de transmisión para asegurar la correcta operación de la unidad.

8.- Planta Termoeléctrica Pedro Camejo.  Capacidad nominal 300. Capacidad actual 110. MV 150. Se require un monto de $48.000.000 más Bs(s). 100.000.000 adicionales. El tiempo extendido para la recuperación 90 días. Esta planta tiene dos unidades que presentan daños en cojinetes por falla, en sistema de lubricación DC. Se requiere contratación de servicio para reparación del rotor de turbina y requiere mantenimiento o mayor Tipo A.  Supera las 60.000 horas de operación sin ciclos de mantenimiento. Se requiere contratar el servicio de mantenimiento mayor de la unidad para recuperar su capacidad nominal. 

9.- Planta del Este. Tiene 5 unidades. Capacidad nominal 90. Capacidad actual 23. MV. 54. Costo total de reparación es $ 45.000.000. Tiempo extendido para la recuperación 3 meses. Presenta daños mayores en componentes principales por exceso de horas de operación. Requiere contratación de servicio para aplicación de mantenimiento mayor a mediano plazo.  Requiere contratación de servicio para aplicación de mantenimiento mayor a mediano plazo. 

10.- Planta Castillito: 4 unidades. Capacidad nominal 41. Capacidad actual 0. MV. 20. Se requieren $15.000.000. Tiempo extendido para la recuperación 6 meses. Presenta daños mayores en componentes principales por exceso de horas de operación. No se recomienda su rehabilitación por altos costos de inversión.  Requiere aplicación de mantenimiento mayor. 

11.- Planta Termoeléctrica José María España. 3 unidades Capacidad nominal 450. Capacidad actual 170. MV 170. Se requieren $40.000.000. Bs. 135.000.000. Tiempo extendido para la recuperación es  de 3 meses. La Unidad JME 09 presenta daños mayores en componentes principales por exceso de horas de operación sin ciclos de mantenimiento (120.000 horas). Requiere contratar servicio para la sustitución del rotor del generador por parte de PDVSA, mantenimiento tipo A y la extensión de vida útil del turbo-compresor.  La JME 11 tiene posibles daños en cojinetes por falla en sistema de lubricación DC. En proceso de evaluación para estimar los daños. JME 12 presenta daños mayores en componentes principales por exceso de horas de operación sin ciclos de mantenimiento (120.000 horas). Requiere contratar servicio para la sustitución del rotor del generador por parte de PDVSA, mantenimiento tipo A y la extensión de vida útil del turbo-compresor. Se requiere puede utilizar el rotor del turbo-compresor ubicado en la barcaza Nicolas Briceño, estado Zulia. 

12.- Complejo Generador Termocentro Planta La Raisa: Capacidad nominal 150. Capacidad actual 140. MV 0. Se requieren Bs(s). 80.000.000. Tiempo extendido para la recuperación 1 mes. La unidad LR 400 presenta falla en sistema de control de la unidad.  LR 600 y LR700 están en servicio. Actualmente en reparación con recursos propios. 

13.- Planta Termoeléctrica Guarenas: Capacidad nominal156. Capacidad actual 0. MV. 110. Se requieren USD 40.300.000. más Bs (s). 100.000.000.  Tiempo extendido para la recuperación 4 meses.  La unidad G10 presenta falla en el rotor de la excitratriz. Instalación del sistema de excitación que fue reparado y mantenimiento de servicios auxiliares. Requiere repuestos que fueron tomados para recuperar otras unidades. La G200 tiene fuga de aceite en el cojinete Nro. 7 de la turbina. Requiere contratación de servicio para mantenimiento tipo B. La G300 tiene una falla del compresor y sistema de comunicaciones. Requiere contratación de servicio para mantenimiento del compresor y sistema de comunicaciones y la G400 presenta una fuga de aceite en la turbina, falla en la servoválvula del sistema de lubricación de la turbina. Requiere contratación de servicio para mantenimiento correctivo en la turbina, en la servoválvula del sistema de lubricación y reemplazo de partes calientes. 

14.- Planta Termoeléctrica La Mariposa. Capacidad nominal 40. Capacidad actual 0. MV 20. Presupuesto requerido Bs. 45.000.000. Tiempo extendido para la recuperación 1 mes. En proceso de recuperación. Requiere sustitución de cables especiales en precipitador electrostático. 

15.- Planta Termoeléctrica Ramón Laguna. Capacidad nominal 660. Capacidad actual 0. MV 517. Presupuesto requerido USD 80.550.000. Bs. 210.000.000. Tiempo extendido para la recuperación 14 meses.  La unidad RL13 requiere reparación de Generador, mantenimiento a la Turbina, mantenimiento mayor de Caldera y adquisición de auxiliares.  La Unidad R14 se encuentra limitada por vida útil de Caldera, requiere mantenimiento mayor de Caldera y adquisición de auxiliares. La RL 15 presenta fallas en el cojinete. En lo inmediato se requiere rebabitado de cojinetes y sellos de la Turbina y Generador.  RL14 requiere mantenimiento mayor de caldera, rebabitado de cojinetes, adquisición de auxiliares principales y la RL16 requiere rehabilitación de caldera (Reentubado) y adquisición de auxiliares. RL17 requiere sustitución de bomba electrohidráulica. Adicionalmente, esta unidad requiere mantenimiento mayor de Caldera y adquisición de auxiliares para incrementar su potencia. 

16.- Planta Termoeléctrica San Lorenzo. Capacidad nominal 63. Capacidad actual 0. MV. 54. Costo total USD 36.000.000. Tiempo extendido para la recuperación 6 meses. La unidad SL 03 requiere mantenimiento de las válvulas de control de gas, mantenimiento de los sistemas auxiliares de la unidad, sistema de giro lento, sistema de agua de enfriamiento y sistema de aire de admisión. Requiere reemplazo de una servovalvula del sistema de gas. Mantenimiento tipo B. La SL 04 tiene una falla del estator del generador. SL 07 requiere reemplazo del estator del generador y normalización de componentes en compartimiento de accesorios y del generador. Mantenimiento tipo B.

17.- Planta Casigua.  Capacidad nominal 80. Capacidad actual 31. MV. 12.  Costo total. Bs. 81.500.000. Tiempo extendido para la recuperación 1 mes. Presenta problemas con bomba de combustible y cambio de servoválvula.  Presenta obsolescencia en sus componentes principales (Turbina, Caldera y sistemas auxiliares). En proceso de desincorporación.  Alineación paquete turbina generador, comisionamiento y puesta en servicio de la unidad 

18) Planta Guaicaipuro 2 unidades, capacidad de producción  50, actual 18,  MTTI 0,  se requiere de un presupuesto de USD 20.000.000,00

19) Planta Santa Bárbara  2 unidades capacidad de producción 40, actual 16, 15 MW MTTI 0 USD 8.000.000,00

20) Planta Termoeléctrica Jose Camejo 3 Unidades, producción normal 450, actual 260. MW MTTI 150 USD 57.000.000,00

21) Planta Punto Fijo 2 Unidades, producción normal 42, actual 14 y MW  MTTI 15, USD16.000.000,00 

22) Planta Coro 4 Unidades, capacidad de producción 65, actual 15 MW 30 USD 40.000.000,00

23) Planta Dabajuro 3 unidades, capacidad de producción 15, actual 0, MW MTTI 15 USD27.000.000,00

24) Planta Termoeléctrica Argimiro Gabaldón 3 unidades, capacidad de producción 120, actual 0, MW MTTI 80, USD24.000.000,00

25) Planta II Barquisimeto 3 Unidades, capacidad de producción 73,  actual 16, MW MTTI 40,  USD36.000.000,00

26) Planta III Barquisimeto 4 Unidades, capacidad de producción 135, actual 30, MW MTTI 70, USD 44.000.000,00

28) Planta Termoeléctrica Guanta 4 unidades producción normal 174,  0 producción actual, MW después de MTTI 87 ellos piden USD10.040.000,00

29) Planta Termoeléctrica Luisa Cáceres de Arismendi 16 unidades capacidad normal 377, actual 71 y MTTI 183 USD15.000.000,00 Bs. 30.000.000,00

30) Planta Termoeléctrica Juan Bautista Arismendi 4 unidades, producción normal 200, actual 130, MTTI 0,  ( desincorporación) 

31) Planta Termoeléctrica Antonio José de Sure ( Cumaná)  2 Unidades, capacidad de producción 320, actual 130  y luego de MTTI 130 USD 10.000,00

32) Planta Termoeléctrica Don Luis Zambrano ( EL Vigía), 3 unidades, producción normal 540, actual 150, y MW MTTI 260. USD 12.000.000,00  Bs. 30.000.000,00

34) Planta Táchira 10 unidades, capacidad de producción 243, actual 29, MTTI  167,  USD67.000.000,00 y Bs. 50.000.000,00

35) Monay. 2 unidades capacidad de producción 30, actual 0 y MTTI 12. USD 3.000.000,00

36) Planta San Fernando de Apure 1 unidad, capacidad de producción 20, actual 0, MW MTTI 12 USD 3.000.000,00 

Generación Térmica Operativa 2718

MW después del mantenimiento 7858 para un total de 10.576



jueves, 6 de septiembre de 2018

Corpoelec: CMEC no realizó prueba de arranque del generador en Unidad 6 de Planta Centro y habrá que repararlo

La realidad de los hechos se impone ante los pretextos y explicaciones vanas, demostrando que Corpoelec permitió que la empresa china CMEC entregara los trabajos en la Unidad N° 6 de Planta Centro sin llevar a cabo la prueba de arranque lo cual ahora se traduce, simplemente, en la generación de solamente 40 por ciento de su capacidad.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La negligencia demostrada por la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, no se limitó, como denunciamos recientemente, en permitir que la empresa China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation[1], (CMEC)[2], no solamente incumpliera los lapsos de entrega de la obra pautados en 50 meses y que ello acarreara la duplicación del precio del contrato al incrementarse la tasa de cambio para calcular los USD 1.463.789.000,00 establecidos como monto de la negociación, sino que también aceptó que la compañía asiática entregara los trabajos sin llevar a cabo la prueba de arranque del “grupo generador de generación eléctrica totalmente nuevo de 600 MW” en la Unidad N° 6 de Planta Centro, ocasionando que en la actualidad solamente aporte al Sistema Eléctrico Nacional el 40 por ciento de su capacidad.

Fuentes ligadas al caso nos informan que la citada Unidad N° 6 de Planta Centro presenta serios inconvenientes para aportar el 90 por ciento de los MW estipulados —es decir 600 MW— debido a problemas de diseño en uno de sus componentes, específicamente en el ventilador de arranque, razón por la cual aporta nada más al SEN 250 MW equivalente al 40 por ciento de su capacidad.

Revela la fuente que para poder reparar dicho componente, será necesario que Corpoelec llame al fabricante, CMEC, con la que deberá suscribir un nuevo contrato que obviamente supondrá más costos para la república, para proceder a reparar la unidad.

Tal situación —según fuentes consultadas— sólo es indicativo de que Corpoelec no exigió a CMEC al momento de recibir la obra supuestamente concluida, una prueba de arranque que demostrara la finalización exitosa del trabajo.

Como hemos venido reseñando en nuestras entregas referidas a la crisis eléctrica venezolana, la figura de los contratos complementarios sólo ha significado para la república la elevación de los precios de las negociaciones iniciales o, simplemente el incumplimiento de las mismas por parte de las empresas contratistas, lo cual queda demostrado con lo informado líneas arriba.

El contrato inicial de CMEC con Corpoelec estipulaba 50 meses para realizar los trabajos, lo cual no ocurrió y las partes procedieron a firmar un Addendum o contrato complementario que significó la duplicación del precio de la negociación al elevarse de Bs. 3.805.851.400,00 a Bs. 6.294.292.700,00 el costo de los USD 1.463.789.000,00 establecido como monto del contrato.

Pero el tiempo y la inflación consumieron los términos establecidos entre Alí Rodríguez Araque, presidente de Corpoelec para la fecha, y Jia Zhiqiang representante de CMEC, en diciembre de 2010, por lo que hubo que volver a renegociar a una nueva tasa de cambio del dólar, que pasó de Bs. 2,60 a Bs. 4,30.

El control de cambio vigente en Venezuela ha conllevado a distintas tasas de cambio a lo largo del tiempo en que ha imperado. Así, a su entrada en vigor se estableció un tipo de cambio fijo de Bs. 1,600 (Bs.F. 1,60) que cambió en febrero de 2004 a Bs. 1.920 (Bs.F. 1,92) y en febrero de 2005 se elevó a Bs. 2.150 (Bs.F. 2,15), precio que se mantuvo por cinco años hasta que en enero de 2011, Hugo Chávez anunció una nueva devaluación que estableció un cambio dual, un tipo de cambio para sectores prioritarios como salud y alimentación a Bs. 2,60 por dólar y otro que llamaron dólar petrolero a Bs. 4,30.

Tal dólar petrolero aplicaba para el sector automotriz, comercio, químicos, metalúrgico, textil, telecomunicaciones, construcción, tabaco, bebidas y el resto de las áreas en las cuales se inscribe el objeto del contrato suscrito entre Corpoelec y CMEC.

Vale advertir, que empresa forma y otras dos compañías chinas —China Camco Engineering CO Ltd (China CAMC), Sinohydro Corporation Limited y China Machinery Engineering Corporation (China CMEC)— fueron denunciadas por supuestamente haber pagado millonarias comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de la obtención de contratos con sobreprecio en el marco de la emergencia eléctrica que se decretó en 2010 —fecha para la cual se suscribieron los contratos aquí mencionados— cuando su primo hermano Rafael Ramírez Carreño se encontraba al frente de PDVSA y al mismo tiempo ejercía como ministro de Petróleo y Minería[3].

Estas compañías habrían transferido cientos de millones de dólares a cuentas de empresas de maletín de Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien es señalado de ser su operador personal y testaferro, en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Los contratos

El 3 de diciembre de 2010, se suscribió  un contrato por la cantidad de USD 1.463.789.000,00 para la “Ingeniería, procura, construcción y puesta en funcionamiento de la unidad a vapor N° 6 de 600 MW y su sistema de transmisión asociado en planta centro”.
El documento fue firmado por Alí Rodríguez Araque, representando a la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, en su carácter de presidente, y por el ciudadano de nacionalidad china Jia Zhiqiang, presidente de la empresa China National Machinery & Equpment Import & Export Corporation (CMEC).

La empresa china se comprometía a suministrar e instalar un “grupo generador de generación eléctrica totalmente nuevo de 600 MW”, así como a realizar todas las obras de ingeniería e infraestructura y de servicios inherentes a dicha instalación y convenidos en el contrato suscrito, así como la derivada transferencia de tecnología y capacitación por parte de la empresa china al personal de Corpoelec.

El monto acordado se calcularía de acuerdo a la tasa referencial de 2,60 bolívares fuertes por dólar americano, para un total en bolívares de Bs. 3.805.851.400,00 discriminados en varios pagos como se aprecia en la imagen:

El contrato establecía un plazo de 50 meses para la culminación de la obra, tiempo que empezaría a correr a partir de la firma del acta de inicio del pago del anticipo fijado en un 40 por ciento del total del monto convenido para la obra y disponía de un cronograma de pagos contra valuaciones y presentación de facturas como se detalla en la siguiente imagen capturada del documento:


Según la cláusula 26 del contrato, el costo de la obra sería financiado a través del crédito de financiación de gran volumen a largo plazo otorgado por la República Popular China bajo la administración del Bandes imputado a las partidas de Corpoelec para los presupuestos de los años 2010 al 2014.

Adenda al contrato
A este contrato se le agregan dos adenda fechados en 2011.

En el primer Addendum del 25 de mayo, firmado por Alí Rodríguez Araque y Jia Zhiqiang en representación de Corpoelec y CMEC, respectivamente, se modifica el monto del contrato y ya no se calcula la tasa de cambio referencial en 2,60 bolívares fuertes por dólar, sino a 4,30 bolívares por dólar americano, con lo cual el monto total de la obra en bolívares asciende a Bs. 6.294.292.700,00. Este cambio en el monto de la tasa referencial de cambio afectó por consiguiente todas las cláusulas que incluían la conversión a bolívares, aunque los montos en dólares se mantuvieron invariables.

El segundo Addendum, firmado el 19 de julio de 2011, por los mismos signatarios del contrato original en representación de Corpoelec y CMEC, cambia la denominación de la empresa china a China Machinery Engineering Corporation dejando de llamarse China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation y quedando igual con las siglas CMEC y se especifica que la empresa con esta nueva denominación está presidida por el ciudadano chino Yang Wansheng.

Citas:

[1] Bloomberg. China Machinery Engineering Corporation. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5544976

[2] China Machinery Engineering Corporation. http://www.cccme.org.cn/shop/cccme0003/index.aspx

[3] Cuentas Claras Digital. “Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas chinas”. 3 de mayo de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/05/diego-salazar-uso-banca-privada-de-andorra-en-trama-de-corrupcion-electrica-con-empresas-chinas/

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Piden levantar el sello que mantiene secreto el acuerdo suscrito entre Crystallex y el gobierno venezolano

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El medio digital International Herald Tribune pidió a la Corte del Distrito de Delaware hacer públicos los términos del acuerdo al que llegaron Crystallex Corporation y el gobierno venezolano y que habrían puesto fin a una batalla legal que durante años mantienen las partes por deudas derivadas de la expropiación de los activos de la transnacional canadiense en Venezuela por parte del fallecido expresidente Hugo Chávez. El monto de la deuda es de US $1.2 millones más intereses. 



A través de una  misiva el mencionado medio solicitó al Juez Leonard P. Stark, quien lleva el caso de Crystallex vs. PDVSA, que eliminara el secreto sumarial que se impuso sobre el acuerdo entre la transnacional canadiense y el gobierno de Venezuela por ser contrario al interés público. El magistrado de la Corte del Distrito de Delaware ordenó a las partes que se explicara el acuerdo y, en respuesta, los abogados de Crystallex informaron que dicho acuerdo no pueden hacerse público por exigencia del gobierno de Venezuela.

Tras la explicación de los abogados de Crystallex de negarse a mantener el secreto del acuerdo, han surgido opiniones que señalan que necesariamente debe haber algo turbio en la negociación.

Los tribunales de los EE. UU. por lo general aprueban el secreto sumarial a priori bajo la presunción de que no existe daño si no hay oposición. Sin embargo, a un arreglo comercial no le es otorgado el carácter de secreto sumarial de no ser para proteger secretos industriales/científicos siempre y cuando no pongan en riesgo la vida humana y el ambiente. Por esto, el Juez Stark ordenó la publicación del acuerdo, sin embargo, el hecho de que Venezuela se oponga a su publicación presume razones ulteriores de tipo político adverso al estado de derecho.
En la misiva enviada por International Herald Tribune —medio que ha hecho una cobertura completa de las demandas de Crystallex en los tribunales de los Estados Unidos y Canadá— se informa al juez la preocupación  por el hecho de que el 1° de diciembre, el abogado de Crystallex haya presentado un documento sellado al Tribunal de Distrito Federal de Delaware que viola las reglas locales para el sellado sin ninguna autoridad aparente para la presentación de dicho documento bajo sello y, al hacerlo, ha violado el derecho de acceso del público a la información.

La petición firmada por el editor Russ Dallen dice que la Regla Local 5.1.3 requiere que "Los documentos [que] estén bajo sello deben archivarse de acuerdo con los procedimientos de CM/ECF, a menos que la corte ordene lo contrario".

Argumenta que el sellado del informe de estado conjunto de Crystallex archivado bajo el número (Dkt # 40) viola dos de los procedimientos del Distrito de Delaware en el sentido de que la regla establece que para la presentación de documentos civiles sellados en CM/ECF se requiere lo siguiente:

1. "La autoridad para presentar un documento sellado debe ser proporcionada por una orden de protección u otra orden de la Corte".

2. "Una versión redactada de este documento sellado debe ser archivada electrónicamente en 7 días".

La carta dice que el documento sellado fue entregado el 1° de diciembre y a partir del 11 de diciembre (11 días después), no se ha presentado ninguna versión redactada, tal como lo establece la ley. Lo más  importante —acotan— no se sabe de ninguna orden de la corte u orden de protección que permita la presentación de documentos sellados en este caso.

Se establece, sin lugar a dudas, en este Circuito que el público tiene derecho, tanto bajo el derecho consuetudinario como la Primera Enmienda de la constitución, para observar los procedimientos judiciales y revisar los registros judiciales en casos civiles.

Los solicitantes pidieron que el documento #40 del expediente de Crystallex sea abierto al público, ya que el dicho acuerdo no cuenta con una orden de protección u otra orden del Tribunal para mantener el documento bajo sello que ha sido puesto en secreto de manera incorrecta.

La solicitud destaca además que los casos de Crystallex tienen consecuencias para el público de los EE. UU., Canadá y Venezuela, así como para accionistas de la bolsa de valores de Estados Unidos.
Asimismo se asegura que el caso también tiene relevancia en razón a las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos que prohíben las negociaciones comerciales con la mayoría de los funcionarios venezolanos y bloqueando cualquier nuevo acuerdo de deuda con Venezuela y PDVSA.

La solicitud dice que el acuerdo de Crystallex con el gobierno de Venezuela puede haber chocado con las sanciones y el contenido del mismo podría revelarlo al darse a conocer los términos suscritos en el citado acuerdo de estado conjunto entre las dos partes que ahora permanece sellado.

Dice el medio de comunicación que en su política actual de "pos-verdad", los tribunales se han convertido en una de las pocas instituciones que todavía funcionan en la búsqueda imparcial de la verdad. Esperamos que se logre quitar el sello del informe de estado conjunto para seguir informando sobre este caso que requiere que sea tratado con absoluta transparencia.

El caso de Crystallex contra PDVSA responde al intento de hacer cumplir su sentencia de 1.2 mil millones de dólares contra Venezuela por la confiscación de los activos de la empresa canadiense por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez. A fines de noviembre de 2017, las partes llegaron a un acuerdo, poco antes de una audiencia celebrada el 5 de diciembre para discutir la demanda de Crystallex que busca adjuntar activos pertenecientes a PDVSA.

La audiencia fue para abordar el argumento de Crystallex de que PDVSA es la el alter ego del gobierno, y el movimiento cruzado de PDVSA para descartar. Una decisión en favor de Crystallex habría dejado que los activos de PDVSA satisfagan su juicio contra el gobierno. Como se señaló en el Financial Times, una decisión pro-Crystallex también podría haber tenido implicaciones más amplias, permitiendo potencialmente que "los titulares de los bonos soberanos venezolanos incumplidos... busquen apoderarse de los activos de PDVSA, incluyendo potencialmente los de Citgo".

Bajo sospecha

El acuerdo es un poco misterioso. Los documentos relacionados se archivaron bajo sello, tanto en el caso de bancarrota de Crystallex en Canadá como en su demanda en la Corte Federal de Delaware. El deudor en posesión de Crystallex tiene derecho a conocer cómo procede el acuerdo.

Tal como informó Bloomberg, Crystallex recibirá algo cercano al valor nominal de su juicio, pero pagado con el tiempo. Los retrasos en el pago ponen en duda cómo se le pagará a Crystallex. "El beneficio para el gobierno es igualmente cuestionable. Por ahora, el acuerdo aplaza la audiencia prevista sobre el caso.

El 29 de noviembre de 2017, el Tribunal emitió una orden ordenando a las partes que presenten una informe de estado a más tardar el viernes 1° de diciembre de 2017, proporcionando las posiciones de las partes en cuanto a impacto, si lo hubiera, del acuerdo informado públicamente entre el Demandante Crystallex International Corp. ("Crystallex") y Deudor del fallo de la República Bolivariana de Venezuela ("Venezuela") sobre el estado de los casos actualmente pendientes ante el Tribunal (Crystallex International Corporation v. República Bolivariana de Venezuela, C.A. No. 17-171-LPS, Crystallex International Corporation v. PDV Holding Inc., C.A. No. 15-1082; y Crystallex International Corporation v. PDV Holding Inc., C.A. No. 16-1007 (las "Acciones de Delaware")), y asesorar al Corte del estado de la apelación pendiente en C.A. No. 15-1082.

En fecha 15 de noviembre de 2017, Crystallex y Venezuela entraron en un acuerdo de solución condicional —el "Acuerdo de conciliación"— para abordar y resolver lo relativo al conflicto por obligaciones de Venezuela con la minera canadiense. A este acuerdo arribaron las partes en virtud de la adjudicación de aproximadamente 1 mil 200 millones de dólares más intereses, emitida contra Venezuela por un tribunal arbitral en virtud del Mecanismo Complementario del Centro Internacional para la solución de controversias internacionales del Banco Mundial.

domingo, 5 de noviembre de 2017

Acción del Ministerio de Defensa evita que Crystallex cobre activos de Venezuela depositados en el Banco de NY

Las partes en conflicto acuerdan extender el tiempo para responder a lo estipulado el fallo emitido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, lo que hace que las posibilidades de cobrar el dinero correspondiente al pago de la deuda que se generó entre la República Bolivariana de Venezuela y la trasnacional canadiense por la expropiación de sus activos por parte del régimen de Hugo Chávez se encuentra cada vez más lejana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Crystallex Corporation continúa sin poder ejecutar el mandato de un juez neoyorquino que autorizó a la minera canadiense a apropiarse de 1 mil 200 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela tiene depositados en el Banco de Nueva York, de manera de abonarlos a la deuda que mantiene el país sudamericano con la trasnacional luego de haber sido expropiados sus activos en la citada nación, por parte del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez.


Crystallex entró en una batalla legal que se ha alargado por meses, en procura de lograr apoderarse de los fondos que le corresponden, debido a la negativa del gobierno de Venezuela de cumplir con la obligación emanada del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, CIADI, que falló a favor de la canadiense y ordenó al Estado venezolano pagar alrededor de 1 mil 400 millones dólares por las pérdidas de los activos y las inversiones hechas por esa corporación en el desarrollo de las minas Las Cristinas.

La historia del juez y del banco

Crystallex tenía plazo hasta el 27 de octubre de 2017 para intervenir y desestimar la petición y el interventor demandado que propuso el Ministerio de la Defensa venezolano para presentar la respuesta en apoyo de su moción, la cual se extenderá del 3 de noviembre de 2017 al 15 de noviembre de 2017.

Dice el memorando que cualquiera de las partes puede presentar la estipulación ante el tribunal como una solicitud conjunta de que la corte suspende la moción para intervenir y anular la orden de ejecución de los 1 mil 200 millones de dólares.
Crystallex se opone

Crystallex International Corporation aspira obtener lo que una sentencia a su favor le permitió —a saber 1 mil 202 millones de dólares (más el interés previo a la adjudicación) —  que el deudor, la República Bolivariana de Venezuela, mantiene con ella.

En julio 2017, Crystallex obtuvo la autorización de la jueza, Valerie E. Caproni, del Distrito Sur de Nueva York, para una orden de ejecución que le permita satisfacer parcialmente el fallo. Esa moción fue dirigida contra activos comerciales perteneciente a la República de Venezuela, específicamente el dinero depositado en una cuenta fiduciaria en el Banco de Nueva York Mellon.

Dicha cuenta bancaria está a nombre del país sudamericano y se encuentra sujeta al control del estado venezolano, por lo cual, los pagos de dicha cuenta solo pueden hacerse con la aprobación de la República, según un acuerdo firmado por entre el gobierno venezolano y el Banco de Nueva York.

Bajo los términos de la cuenta, la República de Venezuela es el único beneficiario de los fondos y existe expresamente una renuncia a la existencia de terceros beneficiarios. Los abogados de Crystallex sostienen, por su parte, que los fondos son única y exclusivamente propiedad del deudor, que en este caso es el Estado venezolano.

Dicen, además, que la cuenta se creó con el propósito comercial de financiar los pagos a un astillero en Mississippi responsable de reparar unas fragatas de la Armada venezolana.
Crystallex sostiene que la cuenta está sujeta a ejecución bajo lo establecido en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés).

La decisión de la jueza Caproni se basó en los hechos expuestos y Crystallex procedió a entregar al  Servicio de Marshals de los Estados Unidos el mandato para que fuera ejecutado.

Según la ley de Nueva York, esta entrega creó un derecho de retención sobre la cuenta en favor de Crystallex y le dio a los Marshals la posesión constructiva de los activos en la cuenta.

El 7 de agosto de 2017, los alguaciles ejecutaron el mandato de ejecución en el Banco de Nueva York, y le dieron a dicha institución bancaria 30 días para entregar los activos que hasta ese momento estaban a nombre de Venezuela. Crystallex comenzó los trámites de facturación el 14 de septiembre de 2017, con el fin de perfeccionar su gravamen en la cuenta y obtener una determinación sobre sus derechos a poseer los activos.

El 13 de octubre de 2017, el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela presentó una moción instantánea para intervenir y desestimar la petición de rotación de los fondos y, a cambio, pidió que se trasladara el procedimiento a un tribunal diferente.

Según los abogados de Crystallex, la moción presentada por el Ministerio de la Defensa ignora el lenguaje del acuerdo que hay sobre la cuenta, malinterpreta la ley de control y basa sus argumentos en una suposición errónea de que el Ministerio y la República de Venezuela son entidades separadas.

Aclara Crystallex que el Ministerio  de la Defensa y la República son uno, tanto en la ley de los Estados Unidos como en la venezolana. Igualmente, los abogados sostienen que es falso que haya un acuerdo sobre la cuenta, que pretende crear un fideicomiso para el beneficio de la República, como una manera proteger los fondos objetos de la ejecución.

Dice Crystallex que dicha cuenta fue creada para hacer pagos a los acreedores comerciales de la República y, en cualquier caso, como una cuestión de política pública de Nueva York (que rige la Cuenta Acuerdo), debe tenerse como un fideicomiso que no puede servir para proteger de sus acreedores los activos del deudor.

En el fondo, la República conserva un interés de propiedad y un derecho a poseer los activos, lo cual la hace sujeto a la rotación de los fondos.

Los abogados sostienen, además, que a sabiendas de que los argumentos presentados por el Ministerio de la Defensa venezolano pueden ser aprobados, propusieron que se traslade el proceso de embargo de bienes por parte de Crystallex, al Distrito Sur de Mississippi.

Dicha solicitud se basa en el hecho de que otro potencial acreedor de la República de Venezuela, Huntington Ingalls Industries, ha hecho valer sus propios reclamos sobre la misma cuenta en relación con una acción que mantiene contra el gobierno venezolano en ese tribunal.

Pero como Crystallex no es parte de esa otra acción, no está sujeto a la jurisdicción personal en Mississippi y, además, la cuenta se encuentra en Nueva York, por lo cual la jurisdicción sobre los activos y las partes en el acuerdo de la cuenta tiene como foro exclusivo para la resolución de la disputa, la ciudad de Manhattan. Agregan que Ingalls conoce bien el proceso de ejecútese sobre la cuenta  bancaria y no tiene objeción a que dicho procedimiento ocurra en Nueva York.

Crystallex asegura también que Ingalls tiene la intención de retirar su reclamo contra la cuenta del Banco de Nueva York y buscar anular la orden judicial preliminar que está actualmente vigente en Mississippi para entonces ingresar una orden para que los fondos de la cuenta sean entregados a la corporación canadiense. Dicen que no hay razones para que la querella se traslade a otro tribunal.
Crystallex quiere que la corte niegue la petición del Ministerio de desestimar y otorgar la petición de ejecución de la cuenta.

El caso

El laudo arbitral fue favorable a la productora de oro canadiense Crystallex que gastó cientos de millones de dólares desarrollando las minas Las Cristinas, una reserva de oro extremadamente valiosa en Venezuela. Venezuela expropió ilegalmente los derechos de Crystallex y sus activos.

En 2011, una vez que se completó la expropiación, Crystallex comenzó un arbitraje contra la República de Venezuela en Washington, D.C. En abril de 2016, Crystallex obtuvo un fallo a su favor de 1 mil 200 millones más intereses previos a la adjudicación de los fondos en la referida cuenta del Bando de Nueva York. A pesar de la orden de ejecución, el gobierno venezolano ha utilizado los fondos objetos de la orden judicial para financiar otras obligaciones, incluyendo el pago a los tenedores de los bonos emitidos para financiar la cuenta, en primer lugar.

Una investigación hecha por Crystallex sobre la cuenta en disputa reveló que, en 2002, Ingalls había comenzado una acción contra el Ministerio de la Defensa y el Banco de Nueva York en el Tribunal del Distrito Sur de Mississippi, cuyo principal objetivo era obligar al Ministerio a arbitrar la disputa subyacente entre las partes de conformidad con el contrato que habían firmado originalmente. Esto a pesar de que una cláusula del acuerdo de la cuenta requiere que todos los litigios relacionados con la misma se inicien en Nueva York o Venezuela. 

La queja de Ingalls en el litigio de Mississippi incluye un reclamo auxiliar contra el Banco de Nueva York, donde se alega que el banco posee los fondos de la cuenta para el beneficio de Ingalls, ya sea porque dicha empresa es un beneficiario previsto en el acuerdo de la cuenta o porque es el beneficiario de una confianza constructiva que debe ser impuesta en la cuenta.

Motivado a que la República retuvo el poder de transferir los fondos en la cuenta de vuelta a sí mismo o fuera de los Estados Unidos, el 8 de noviembre de 2002, poco después del litigio que se inició,  el Tribunal de Mississippi emitió una orden judicial preliminar que restringe al Banco de Nueva York a realizar pagos desde la cuenta a nadie que no sea Ingalls, es decir, quedó  restringida la posibilidad de transferir, o permitir que se transfiera, cualquier fondo de la cuenta fiduciaria a nombre de la República para cualquier otro propósito que no sea pagar a Ingalls de conformidad con el acuerdo de la cuenta basado en las leyes sustantivas internas del estado de Nueva York.

El mandato de ejecución a favor de Crystallex determinó que la cuenta era una propiedad ejecutable perteneciente a, y bajo el control de, la República. En consecuencia, Crystallex aplicó la orden emanada del tribunal del Distrito Sur de Nueva York de conformidad a lo establecido en la ley FSIA.

Los abogados destacan que la corte consideró los argumentos de Crystallex y, el 25 de julio de 2017, le concedió la orden para proceder con la ejecutar los fondos. El Tribunal sostuvo que Crystallex busca la ejecución de juicio contra la propiedad que es (a) la propiedad de Venezuela, (b) ubicada en este distrito, y (c) ser utilizado para la actividad comercial en los Estados Unidos.

Crystallex había obtenido en el Tribunal Distrito Sur de Nueva York otras dos órdenes (el 30 de junio de 2017 y el 5 de julio de 2017) para restringir otros activos pertenecientes a Venezuela.

El 14 de septiembre de 2017, después de más de treinta días desde la fecha en que banco de Nueva York recibió el mandato para la entrega de los activos en la cuenta, Crystallex presentó su petición de la cifra de negocios en este Tribunal para perfeccionar la tasa en la cuenta.

En dicha petición Crystallex solicitó que el Banco de Nueva York le entregara los activos retenidos en la cuenta en forma parcial a satisfacción de su juicio pendiente contra Venezuela.

El 18 de septiembre de 2017, Crystallex envió un aviso de su solicitud al país sudamericano (a través de la sede venezolana del Ministerio) por correo certificado del Servicio Postal de los Estados Unidos. Igualmente, envió un aviso de su petición al abogado de registro del Ministerio en el Mississippi Litigios vía Federal Express.

Casi un mes después de que Crystallex presentó su petición de ejecútese, y más de dos meses después de que la orden fue presentada en el Banco de Nueva York, el 13 de octubre de 2017, el Ministerio presentó una moción instantánea para intervenir en este procedimiento y desestimar la petición, a la vez que solicitó transferir el caso a otra jurisdicción. El día anterior, el 12 de octubre de 2017, el Ministerio presentó una Moción para que la jueza Caproni fuera separada del caso.

Las dos mociones del Ministerio contienen varios argumentos idénticos, dicen los abogados de Crystallex, por lo cual la transnacional se opuso a ambas mociones y pidió al tribunal negarlas.

Dice Crystallex que el deudor tiene el interés de que su dinero o propiedad sea tenido por una tercera parte, a pesar de que el acuerdo establece que la República es la propietaria de los fondos de la cuenta.

En el documento se señala que la república hizo uso de sus derechos como propietaria y en 2007 incrementó los fondos de la cuenta al agregar 315 millones de dólares al monto principal de 9-1/8% para pagar la deuda de los bonos (Global Notes).

Acota que los términos del acuerdo dejan claro que la República de Venezuela, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Defensa son una misma entidad con un mismo interés y el mismo objetivo.

Crystallex presentó la opinión del abogado venezolano y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, José Ignacio Hernández, para dejar claro ante el tribunal que el Ministerio de Defensa y la República Bolivariana de Venezuela son la misma entidad.
En una declaración de fecha 3 de noviembre de 2017, Hernández señaló que de acuerdo a las leyes venezolanas, tanto el Ministerio de la Defensa como el Ministerio de Finanzas, son subdivisiones del Poder Ejecutivo de la República y que ambas son usadas para lograr las metas del gobierno bajo la autoridad del presidente de nación.

Por tanto, en los términos del acuerdo que rigen la cuenta, la república tiene la propiedad sobre la cuenta y es, por tanto, la dueña de los fondos, por lo cual Crystallex puede poseer esos activos. Contrario a lo alegado por el Ministerio de la Defensa, el hecho de que la Cuenta sea nominalmente un fideicomiso, no altera los derechos de Crystallex sobre los fondos. 

Los abogados sostienen que el Banco de Nueva York puede transferir los fondos de la cuenta a Crystallex.

Aclara que con dicha solicitud en ningún momento está pidiendo a la Corte que ordene que la entidad bancaria viole los acuerdos firmados con su cliente, que en este caso es la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo a los abogados demandantes, Crystallex está autorizada por la ley de FSIA para ejecutar la cuenta, porque los activos de la República tienen uso comercial y porque estos no están hipotecados ni con Ingalls, ni con otro acreedor.

Asimismo, argumenta que el Tribunal de Mississippi ordenó que el Banco de Nueva York tiene permitido transferir los fondos de la cuenta fiduciaria de la República de Venezuela para cualquier finalidad distinta a la de pagar a Ingalls, de conformidad con el Acuerdo de cuenta, que los pagos pueden hacerse sin orden adicional de este Tribunal.

El acuerdo deja en claro que la República, no solo conserva un interés de propiedad en la Cuenta activos, sino también mantiene la capacidad de dirigir el uso de los activos, ya que es el único beneficiario.