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martes, 22 de junio de 2021

El Estado Comunal en Venezuela: Una realidad que se consolida día a día pese a las voces que se levantan en su contra (II)

   En resumen, la instauración de este modelo sólo estaría propiciando la creación de un estado paralelo, caracterizado por el control social y por el supuesto ejercicio de la soberanía a través de la imposición de lo que se ha dado en llamar “poder popular”.

Por Maibort Petit

   En el proceso de consolidación socialista mediante la estructuración del Estado Comunal, de nada o muy poco han servido los argumentos que diversas voces han levantado en su contra, caracterizados estos por serias y sesudas advertencias acerca de lo que tales circunstancias significarían para el país en los próximos años.

   Ya en 2010, el constitucionalista Allan Brewer Carías, alertó que tanto el poder popular como el estado comunal atentaban con el estado federal descentralizado que rige los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que establece el artículo 4 Constitucional.

   El conjunto de leyes aprobados de manera irregular desde entonces, tenían por objetivo la organización del estado comunal, el cual tiene la Comuna como su célula fundamental, suplantando inconstitucionalmente al municipio como unidad política primaria de la organización nacional. En pocas palabras, a decir del especialista, el Estado Comunal pasa a sustituir al estado Constitucional.

  Dejó sentado Brewer Carías que el estado Comunal basado en el Poder Popular el cual constituye supuestamente la manera directa de ejercer la soberanía, cuando en realidad se hace a través de “voceros” que representan al pueblo, aun cuando no son electos universal, directa y secretamente.

   El constitucionalista precisó que esta regulación en paralelo de dos Estados y formas de soberanía, el Estado Constitucional regulado por la Constitución y, el otro, el Estado Comunal, o Estado Socialista, regulado mediante leyes orgánicas inconstitucionales, se ha impuesto de manera tal que el segundo irá “estrangulando” al primero, hasta destruirlo completamente[1].

Imposición de arriba hacia abajo

  También la revista Nueva Sociedad (NUSO), en su número 274 correspondiente a marzo-abril de 2018, en un trabajo denominado “Socialismo y comunas en Venezuela”, firmado por Margarita López Maya, con la intención de interpretar el rol que las comunas y consejos comunales jugaron en el proyecto político liderado por Hugo Chávez.

  En su análisis advierte que el Estado comunal, organizado en comunas, se planteó en el segundo gobierno de Chávez para sustituir la democracia representativa y participativa que establece la Constitución.

  Sostiene López Maya que la concepción socialista de los documentos y prácticas oficialistas que moldean consejos comunales y comunas, revelan una dinámica impuesta de arriba hacia abajo, algo que sólo redujo y partidizó el pluralismo comunitario propio de las organizaciones impulsadas en la primera administración de Chávez.

   Para la historiadora y miembro centro de estudios políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), los consejos comunales y comunas podrían constituirse en espacios para el desarrollo de igualdad, corresponsabilidad, solidaridad y alternativas productivas de trabajo colectivo y propiciar la ciudadanía y el empoderamiento, pero enfrentan obstáculos insalvables obstáculos, pues o se desintegran, o se constituyen como meras correas de distribución de los bienes que otorga el gobierno a cambio de lealtades políticas.

   Subraya que la comuna es una innovación participativa que se crea para fortalecer lo que el gobierno llama el poder popular, un concepto cercano al socialismo cubano. Igualmente destaca que la expresión “poder popular” no existe en el texto de la Constitución de 1999, así como tampoco en las Líneas Generales del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

   “El concepto que usa el léxico constitucional es el de soberanía popular, que parece sinónimo, pero no lo es, porque se refiere en las democracias modernas al poder del pueblo, tanto constituyente como constituido. Todos los ciudadanos son depositarios de la soberanía popular y la ejercen principalmente mediante el sufragio. La soberanía popular implica representación como participación directa e incluye derechos civiles y políticos individuales”, sostiene López Maya.

  Refiere que el poder popular se define en los primeros documentos oficiales como un poder constituyente, distinto del constituido. “Se trata de un poder que se diferencia del poder del Estado y emerge en la sociedad en espacios colectivos asamblearios. Su sujeto político es colectivo, no individual”.

  El Poder Popular distinto de la soberanía popular de la Constitución, se planteó en el proyecto de reforma constitucional rechazado por los venezolanos en 2007. Lo planteado en el artículo 16 del proyecto de reforma era una nueva estructura del poder público, conformada por “comunidades”, que denominó “núcleos espaciales del Estado Socialista”, los cuales no nacen del sufragio, “sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”.

  Margarita López Maya refiere que ya en el gobierno de Nicolás Maduro, este “no entiende la participación como una herramienta que permita a la gente resolver sus problemas, desarrollar atributos de ciudadanía, fortalecer lazos comunitarios y crear una democracia más robusta. Sus políticas, más bien, utilizan las organizaciones para distribuir bienes o dinero como formas de control social, en procura de apoyos políticos. Eso sí, vienen acompañadas de una pomposa retórica revolucionaria sobre el poder popular”.

   Para Nicolás Maduro, asegura, las comunas y los consejos comunales solamente son “un instrumento de apoyo del poder concentrado en un liderazgo personal y autoritario, que impone a toda la sociedad un proyecto sin consulta y a contracorriente de la tradición democrática que, como fruto de una larga lucha, se había enraizado en el país”.

Estados y municipios convertidos en cascarones vacíos

   Para el politólogo y experto en desarrollo regional, Daniel Arias Alfonzo, no hay dudas de que el objetivo del proyecto de Ley de Ciudades Comunales, es concretar el proceso político, económico y social que, durante los últimos 21 años se ha venido instaurando. La aprobación de este instrumento legislativo es, para el especialista, el rematar de una buena vez la estructura político-administrativa que haga permanente los postulados filosóficos del PSUV.

   De acuerdo a Arias Alfonzo, cuya opinión la resume una nota de El Nacional, la propia exposición de motivos de la ley señala que “Las Ciudades Comunales están llamadas a ser epicentros de revolución cultural, de configuración de una nueva ética socialista más allá de los valores destructivos del  capitalismo; deben  ser  sustentables  y  ecosocialistas; deben  apostar por nuevas  relaciones sociales que logren territorializar la lucha antipatriarcal, avanzando en la  construcción  de  territorios libres de violencia y en formas organizativas cada vez más paritarias entre hombres y mujeres. La democracia participativa y protagónica garantiza cada vez más poder para el pueblo venezolano”.

  Considera que el éxito del proyecto depende esencialmente de las disposiciones establecidas en su reglamento, una materia que se desconoce totalmente a la fecha. La reglamentación del instrumento será la que aclare detalles y categorización como la naturaleza propia de cada ciudad comunal, de tal manera de hacerla manejables para los planificadores oficialistas. En tal sentido, apunta que la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba reconoce como ciudad a las poblaciones urbanas de más de 20 mil habitantes, mientras que las poblaciones de carácter urbano entre 2 mil y 20 mil habitantes son catalogados como pueblos.

   Por otra parte, Daniel Arias subraya que el proyecto de Ley de Ciudades Comunales no permite la participación activa de los empresarios locales, sin que antes medie su transformación a los mecanismos socioproductivos de carácter socialista planteados por el gobierno. Esto, a su modo ver, imposibilita la participación y protagonismo de los sectores económicos de la vida nacional.

  Refiere que, fuera del oficialismo, existe un desconocimiento casi absoluto acerca de las 4 mil comunas existentes en el país. Para ejemplificar esto alerta que cualquier encuestadora, sería muy difícil crear una estructura para 30 millones de habitantes, si el ciudadano común no percibe alguna práctica de las comunas en su vida cotidiana e, incluso, si se toma en cuenta que para los propios dirigentes regionales del oficialismo el número exacto de las comunas de su entidad es desconocido.

  Otra advertencia de Daniel Arias se dirige hecho de que, tal como ocurrió con las leyes de creación de los Consejos Comunales y Comunas, el PSUV está monopolizando esta actividad alrededor de sus militantes del PSUV, obviando a los ciudadanos de las distintas corrientes políticas. Esto sólo deriva en el rechazo de estos sectores hacia esta nueva institución, independientemente de su contenido e intención.

  Tajantemente, Arias Alfonzo asegura que la Ley de Ciudades Comunales se erige como el esfuerzo del PSUV de concretar de manera permanente sus planteamientos de los últimos 22 años, al darle figura a una estructura administrativa que sustituya el modelo político administrativo de los últimos 200 años de historia venezolana.

  Lo resume como el proyecto más acabado para establecer el modelo de la democracia participativa y protagónica en todas las instancias de la vida nacional bajo una fórmula de autogobierno comunal, de carácter parlamentario local.

   Daniel Arias estima que la factibilidad y concreción final de este proyecto depende de la colaboración total de alcaldes y gobernadores en la transferencia de competencias y recursos financieros, “pero mucho más de la existencia de una Hoja de Ruta nacional, que establezca una metodología de funcionamiento que se adapte a cada realidad local, por lo cual la redacción final del Reglamento de la Ley, será fundamental para su éxito o fracaso”.

  Finalmente, deja sentado que la transferencia de competencia de Estados y Municipios, puede significar, sencillamente, el transformar a estos últimos en “cascarones vacíos”, sin necesidad de tener que eliminarlos[2].  

Estado paralelo

  De acuerdo al abogado constitucionalista, Gustavo Manzo, en declaraciones que recoge Efecto Cocuyo[3], la creación de las Ciudades Comunales como unidades espaciales con autonomía relativa dentro de su ámbito territorial, replica las funciones de los poderes públicos en todos sus niveles, lo cual no es otra cosa que la creación de un estado paralelo.

  Dicho estado paralelo entra en contradicción a la letra de la Constitución, toda vez pues lo planteado ameritaría, no una reforma, sino un nuevo texto constitucional. “En la ley se habla de socialismo pero no podemos convertirnos en un estado socialista por imposición, es como si se decidiera por voluntad de un sector ser un estado musulmán. La ciudadanía debe poder tener derecho a no ser socialista”, alerta Manzo al tiempo que recuerda que el oficialismo aspira crear 200 ciudades comunales durante el primer semestre de este año.

  Refiere Manzo que la construcción del socialismo que se persigue mediante la aprobación d e esta ley, no es otra cosa que la violación del artículo 2 constitucional, el cual consagra el pluralismo político e impone un modelo que fue rechazado en referendo popular en 2007.

  Respecto a la transferencia de competencias que contempla el proyecto legislativo, Gustavo Manzo alerta que para ello sería necesario llevar a cabo un proceso constituyente, toda vez que la Carta Magna en sus artículos 16 y del 164 al 168, es clara respecto a la división política y territorial de la república, así como sobre las competencias y los ingresos de los estados y municipios. De manera contundente, reitera que otras figuras territoriales adicionales están al margen de la Constitución.

   Recuerda que el artículo 16 de la Constitución establece que el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales y que el territorio se organiza en municipios. “Tratan de imponer por la vía de una ley nueva forma del Estado y el artículo 347 dice que para reformar el Estado se requiere una Asamblea Nacional Constituyente”.

El situado constitucional en riesgo

   La nota también cita la opinión del constitucionalista Juan Manuel Raffalli, quien subraya que el desvió de los recursos de los estados y municipios a la ciudad comunal, sencillamente pone en peligro el Situado Constitucional de gobernaciones y alcaldías.

  Para el experto, los más afectados serán los gobiernos locales, por cuanto las ciudades comunales se erigirán como municipios paralelos.

  Del mismo modo, Raffalli recuerda que el artículo 136 de la Constitución estipula que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, Poder Estadal y el Poder Nacional, mientras que, a su vez, el Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, por lo que cualquier otra forma de división a la establecida en la Carta Magna, es contraria al texto fundamental.

Control social

  Para la organización Acceso a la Justicia, con el alegato de promover la. Democracia participativa, se pretende aprobar el Estado Comunal que, por ninguna parte de su texto, está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

  El gobierno de Nicolás Maduro se ha propuesto así implantar el estado comunal rechazado en referendo popular en 2007 cuando el finado Hugo Chávez, lo presentó dentro de su proyecto de reforma constitucional.

   Advierte la organización que la aparente promoción de la democracia participativa con sus supuestos propósitos de inclusión, en realidad constituye un modelo que aumentará el control social y el poder del Ejecutivo nacional sobre la ciudadanía.

  Estima Acceso a la Justicia que la normativa propuesta, así como la ya vigente, exige que todas las organizaciones comunales estén constituidas con el propósito de alcanzar una sociedad socialista y al estar supeditados por los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral al denominado Poder Popular, los cuales deben “gobernar obedeciéndole”, pues en realidad la obediencia es debida al Ejecutivo nacional de quien los ciudadanos organizados en instancias comunales dependen.

  Y aunque están contemplados en la Constitución, los poderes territoriales, Municipal y Estadal, prácticamente desaparecen.

  Se prevé, además, una justicia comunitaria, que depende del “sistema nacional de justicia de paz”.

  Acceso a la Justicia subraya que Nicolás Maduro “ha realizado últimamente tres movimientos que demuestran sus intenciones de darles vida a estas cuestionadas figuras y profundizar aún más el proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que ya sufre el país desde hace varios años”.

   Dichos movimientos son, en primer lugar, los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal a la Asamblea Nacional oficialista; a los que se suma la resolución 0026 del 1 de febrero de 2021 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que contiene las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género, texto publicado en la Gaceta Oficial Nº 42.076 del 26 de febrero de 2021,  instrumento que da a los consejos comunales la potestad de recibir denuncias sobre violencia de género en contra de las mujeres.

   Alerta la organización que la ciudad comunal adopta una división político territorial distinta a la prevista en la Constitución que establece claramente los estados y municipios. Además, es absolutamente inconstitucional y contraría los valores democráticos porque refuerza el centralismo al vulnerar lo estipulado en el artículo 136 constitucional.

  Destaca la falsa premisa de participación y autonomía, puesto que solamente en teoría tienen capacidad de decisión, pues “en efecto, los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales”.

  Refiere que el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales suplanta el sistema republicano del Estado venezolano, al tiempo que se concibe como un pequeño Estado dentro del propio Estado. “Cada ciudad debe tener su carta fundacional, su Parlamento, su consejo de Gobierno (integrado por siete voceros), su autoridad electoral, su consejo de contraloría comunal (que sería auxiliar de la Contraloría General de la República), su consejo moral y su procuraduría (artículo 14)”.

  Por otra parte, el modelo de Estado comunal “funcionaliza” la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos cuando se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central y según una ideología única.

   El Parlamento Comunal Nacional aunque no tiene potestad legislativa está facultado de manera exclusiva y excluyente para realizar las propuestas legales sobre el tema del Estado comunal en el país, tanto en el ámbito nacional, como en el estadal y municipal.

  Entretanto, las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género emitida por el Ministerio de Relaciones Interiores, parece destinada a reforzar una institucionalidad para-constitucional

  Para Acceso a la Justicia, el gobierno de Maduro, luego de recuperar el control de la Asamblea Nacional emprendió una serie de acciones sistemáticas para acelerar el proceso de construcción del Estado comunal en el país. Todo esto con el único objetivo de reforzar el poder y control absoluto que actualmente tiene[4].

REFERENCIAS

[1] Allan Brewer Carías. “Sobre el Poder Popular y el Estado Comunal en Venezuela. (O de cómo se impone a los venezolanos un Estado Socialista, violando la Constitución, y en fraude a la voluntad popular)”. 31 de diciembre de 2010. https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2011/01/78.-Brewer-Car%C3%ADas.-Sobre-el-Estado-Comunal...opular-en-Venezuela-31-12-2010.doc.pdf


[2] El Nacional. “Ley de Ciudades Comunales: ¿qué pasará con las gobernaciones y alcaldías? | Análisis del politólogo Daniel Arias”. 27 de marzo de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/ley-de-ciudades-comunales-que-pasara-con-las-gobernaciones-y-alcaldias-analisis-del-politologo-daniel-arias/


 


[3] Efecto Cocuyo. “Ley de Ciudades Comunales crea un Estado paralelo, advierten constitucionalistas”. 19 de marzo de 2021. https://efectococuyo.com/politica/ley-de-ciudades-comunales-crea-un-estado-paralelo-advierten-constitucionalista/


[4] Acceso a la Justicia. “Venezuela, hacia el afianzamiento del Poder Popular y el Estado comunal”. 28 de abril de 2021. https://accesoalajusticia.org/venezuela-hacia-afianzamiento-poder-popular-y-estado-comunal/


 

viernes, 18 de junio de 2021

Sin prisa, pero sin pausa, avanza el Estado Comunal en Venezuela (I)

   Presentamos en esta ocasión, tanto lo planteado en las leyes vigentes y en los proyectos por aprobar, así como la defensa que de ellos se hace desde el oficialismo.

Por Maibort Petit

   En la consolidación del socialismo en Venezuela el Estado Comunal es vital y, aunque desde la aprobación de Ley Orgánica de las Comunas hace mas de una década, otras instancias de la misma han ido estableciéndose a lo largo de los años. De hecho, para quienes hubiesen creído que el asunto habría sido olvidado en una gaveta, es bueno certificar cómo hace tan sólo unos meses, en marzo del presente 2021, el tema fue nuevamente puesto sobre el tapete y la Asamblea Nacional recién electa en cuestionados comicios, aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales.

   Es de hacer notar que la aprobación de dicho proyecto, enfrenta a los dos Poderes Legislativos que hacen vida en Venezuela, el de reciente data y el vigente desde 2015 en manos de la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países en el mundo.

  Según el sitio web del Ministerio del Poder Popular para las Comunidades y los Movimientos Sociales[1], la comuna tiene su origen en la organización indígena, quienes vivían en conglomerado de familias en el que ejercían el poder social, económico y político, porque ellos hacían sus propias leyes al establecer sus normas de convivencia, las cuales, aunque no eran escritas, respetaban las reglas de dicha forma de organización social, política y económica popular de carácter local y participativo.

   Allí mismo se da a conocer el contexto legal que da fundamento a la organización comunal, enumerando en primer lugar la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley Orgánica del Poder Popular.

Sobre la Ley Orgánica de las Comunas

   La Ley Orgánica de las Comunas aprobada por la Asamblea Nacional, entonces presidida por Cilia Flores, el 13 de diciembre de 2010[2], estableciéndose en su primer artículo el objeto del instrumento legislativo el cual estaría dirigido a “desarrollar y fortalecer el Poder Popular, estableciendo las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de la Comuna, como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

  Igualmente, el artículo 5 define la Comuna como “un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.

   Entretanto, el propósito fundamental de la Comuna se estipula en el artículo 6, cuando habla de la “edificación del estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas, en la conformación y ejercicio del autogobierno por parte de las comunidades organizadas, a través de la planificación del desarrollo social y económico, la formulación de proyectos, la elaboración y ejecución presupuestaria, la administración y gestión de las competencias y servicios que conforme al proceso de descentralización, le sean transferidos, así como la construcción de un sistema de producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad social, y la disposición de medios alternativos de justicia para la convivencia y la paz comunal, como tránsito hacia la sociedad socialista, democrática, de equidad y justicia social”.

   La Comuna tendrá como finalidad (artículo 7) 1) Desarrollar y consolidar el estado comunal como expresión del Poder Popular y soporte para la construcción de la sociedad socialista; 2) Conformar el autogobierno para el ejercicio directo de funciones en la formulación, ejecución y control de la gestión pública; 3) Promover la integración y la articulación con otras comunas en el marco de las unidades de gestión territorial establecidas por el Consejo Federal de Gobierno; 4) Impulsar el desarrollo y consolidación de la propiedad social; 5) Garantizar la existencia efectiva de formas y mecanismos de participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la formulación, ejecución y control de planes y proyectos vinculados a los aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa; 6) Promover mecanismos para la formación e información en las comunidades; 7) Impulsar la defensa colectiva y popular de los derechos humanos; y 8) Todas aquellas determinadas en la Constitución de la República y en la Ley.




 
   El Parlamento Comunal (artículo 21), se erige como “la máxima instancia del autogobierno en la Comuna; y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria, coadyuvar con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos, así como en actos de gobierno sobre los aspectos de planificación, coordinación y ejecución de planes y proyectos en el ámbito de la Comuna”.

Avance sostenido y sin pausa

   El proyecto socialista venezolano par a nada puede catalogarse de improvisado y avanza sin prisas y sin pausas.

  Un paso más en este sentido se dio el 11 de marzo pasado, cuando la Asamblea Nacional —la electa bajo los parámetros oficialistas— aprobó en primera discusión la Ley de Ciudades Comunales.

  El instrumento legislativo que, a juicio de algunos expertos, constituye “una suerte de bypass para saltarse la transferencia de fondos a alcaldías y dirigir los recursos a las comunas”, esto en previsión de que el chavismo estaría preparándose para enfrentar una gran derrota en los comicios municipales que se encuentran en plena planificación.

  La Revista SIC advirtió en 2010 que el chavismo pretendía reducir los problemas del país a falsos dilemas y procuraba ponerle al país una camisa de fuerza a la discusión pública de la cual no siempre era posible zafarse. Se alertó de que el llamado “Estado Comunal” y el modelo de iniciativas de organizaciones sociales y comunitarias impulsadas desde el Estado y cooptadas por el poder político.

   “Discrepamos frontalmente en el modo como pretende llevarlo a cabo, es decir, a través del Estado como único sujeto social que secuestra la subjetividad de todos. Creemos que poner en el centro a las clases populares significa estimular su condición de sujetos (…) El Estado está para la gente y no la gente para el Estado. Ello significa, en primer lugar, que la gente tiene que controlar al Estado, lo cual implica la multiplicidad, la independencia y el balance de poderes, además de una genuina representación y de la participación, sobre todo a nivel municipal”, rezaba la advertencia de la publicación.

   Se señaló en aquel momento, a través del economista Ronald Balza Guanipa, que se restaba poder a la gente, se contradecía la letra constitucional, al restringir las comunas a “un enfoque social, político, económico y cultural para la construcción del Modelo Productivo Socialista”.

  También se dijo que el “socialismo comunal” adolecía de legitimidad, dado que debía darse entrada en Venezuela a una “democracia social de mercado” que mantuviera como centro al sujeto, a los ciudadanos, “considerados tanto individualmente como organizados”[3].

Rechazo parlamentario

   Sobre este proyecto de ley, la AN en manos de Juan Guaidó se pronunció y rechazó el proyecto a través de su Comisión Delegada al tiempo de que advirtió que la instauración del Estado Comuna solamente tiene como objetivo quitarle al pueblo la soberanía que en él reside intransferiblemente.

   Durante la discusión del asunto, se recordó que el estado comunal fue rechazado por los venezolanos en un referéndum constitucional en el año 2007.

  La diputada por el estado Barinas, Sandra Flores, dijo que con esta ley se viola la constitución que, en ninguno de sus artículos, contempla la creación de ciudades comunales y ningún tipo de estructura paralela a la división política territorial de Venezuela, como son los estados y municipios.

“Hay que estar alertas porque a través de esta figura comunal el régimen tiene fines perversos, pretende promover juicios populares, con el objeto de silenciar a todo aquel que alce su voz para denunciar la gran corrupción e incompetencia de la dictadura. Procuran instaurar la ideología comunista, así mismo quieren darles mayor poder a los colectivos disfrazándose de miembros de comunas, que han promovido invasiones de propiedades”, dejó sentado.

   Por su parte, el diputado por el estado Zulia, Omar Barboza, sostuvo que este proyecto de ley tiene un grave problema de origen al querer aprobarse un fraude rechazado por la mayoría del pueblo venezolano y desconocida por la comunidad internacional democrática.

  Subrayó que, desde el punto de vista constitucional, sería necesario derogar la Constitución para que la propuesta de un Estado Comunal, como poder originario, pueda tener alguna consideración[4].

¿Cómo defiende Maduro el proyecto?

  Entretanto, esto ocurre a nivel legislativo, desde el Ejecutivo Nacional se insiste en seguir por esta senda, toda vez que Nicolás Maduro sostiene que “Ley Orgánica de Ciudades Comunales impulsará el nuevo modelo de gestión de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana”.

  De acuerdo la visión de Maduro, el proyecto marcará una nueva pauta en la democracia venezolana “porque el pueblo va a poder manejar sus recursos y podrá asumir la solución de los problemas de su comunidad”.

  El cuestionado mandatario sostiene que la iniciativa articulará todos los “organismos del Poder Ejecutivo al Poder Popular, creando un canal directo de comunicación con el pueblo, una etapa nunca antes desarrollada en el país, porque las elites de extrema derecha durante la IV República negaron a las bases populares empoderarse del poder político y la autogestión de sus necesidades”[5].

Lo que dice el proyecto de ley

  En su artículo 1 se define el objeto de la ley, indicándose este será “establecer las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las Ciudades Comunales, como instancia territorial y política del sistema de agregación comunal, donde los ciudadanos y ciudadanas fomentan los valores necesarios para la construcción del socialismo, consolidan las instancias del Poder Popular para el desarrollo integral de todo el sistema de gobierno en el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, consolidando el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”.

   La Ciudad Comunal se define en el artículo 4 como “una instancia constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de Comunas en un ámbito territorial determinado a partir de las dinámicas funcionales y geohistóricas, con intereses y valores comunes, donde se ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

“A tales efectos se asumen en la Ciudad Comunal los procesos progresivos concretos, políticos, económicos, sociales, culturales y espaciales que fomenten políticas especiales de estímulo y soporte en cuanto a matriz de decisiones, competencias y recursos que podrían tener estas formas organizativas dentro de la estructura del Estado venezolano y sus distintas escalas de gobierno, vistas de forma integral y sistémica”.

   El proyecto advierte seguidamente en el artículo 6 que, en materia de organización político-territorial, “el ámbito geográfico donde se constituya la Ciudad Comunal, podrá coincidir o no con los límites político-territoriales establecidos dentro del ámbito de la República Bolivariana de Venezuela”.

  La ley encarga (artículo 7) a la Ciudad Comunal de la administración de sus bienes, recursos e inversión, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, Regional o Municipal.

   Al mismo tiempo establece como recursos de la Ciudad Comunal: a) Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes; b) Los recursos asignados a través de un presupuesto especial en el marco de la ley de transferencias; c) Los que formen parte de los ingresos adicionales del país o de planes y proyectos especiales que les sean asignados, de conformidad con la Ley; d) Una parte de los excedentes generados por las empresas de propiedad directa comunal, en las distintas actividades económicas que se existan en las Ciudades Comunales; e) Los demás que establezcan las leyes.

  Entre otras consideraciones referidas a la organización y funcionamiento de las mismas, el proyecto de ley contempla en su Título V lo relativo a las transferencias de competencias y relaciones del poder público con la ciudad comunal.

  En este sentido, se establece en el artículo 53, que “Todos los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobierno obediencial y corresponsabilidad, en relación con los mandatos de los ciudadanos, ciudadanas y de las organizaciones de las Ciudades Comunales, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y leyes de la República”.

  Sobre las transferencias de competencias, el proyecto de ley refiere en el artículo 56 que “Los órganos y entes del Poder Público Nacional y las entidades político territoriales deberán impulsar el proceso de transferencia, de conformidad a la constitución y la ley, a las Comunas de las Ciudades Comunales, a través de Empresas Comunales bajo régimen de propiedad social directa, u otras formas legítimas de organización popular, la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos de acuerdo al marco legal y desarrollo del Plan de la Patria en la transformación popular y revolucionaria del Estado”.

  Igualmente, el artículo 57 dice que “El poder popular organizado podrá y deberá participar en la planificación, cogestión y contraloría social de todo el sistema de servicios públicos, infraestructura, equipamiento urbano y vivienda en una visión orgánica y sistémica. De la misma forma, podrán ser transferidas competencias específicas de servicios, obras y empresas públicas, dentro de una visión sistémica del Estado, garantizando la operatividad y sistema de recursos sostenibles. En este sentido, en los casos de transferencias de gestión deberá atenderse la integralidad de los sistemas, así como las estructuras de sostén, mantenimiento, insumos que garanticen el éxito del proceso.

REFERENCIAS

[1] Ministerio del Poder Popular para las Comunidades y los Movimientos Sociales. Conoce qué es la comuna. https://www.mpcomunas.gob.ve/2018/10/02/conoce-que-es-la-comuna/

[2] CNE. Ley Orgánica de las Comunas. http://www4.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_las_Comunas.pdf

[3] Política UCAB. “Desdemocratización en Venezuela (IX): El Estado comunal”. 17 de marzo de 2021. https://politikaucab.net/2021/03/17/desdemocratizacion-en-venezuela-ix-el-estado-comunal/

[4] Asamblea Nacional. “AN rechazó propuesta de un Estado Comunal que busca arrebatar el derecho soberano del pueblo”. 16 de marzo de 2021. https://asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-rechazo-propuesta-de-un-estado-comunal-que-busca-arrebatar-el-derecho-soberano-del-pueblo

[5] Sistema Nacional de Contrataciones. “Ley Orgánica de Ciudades Comunales impulsará nuevo modelo de gestión de la Revolución Bolivariana”. 8 de abril de 2021. http://www.snc.gob.ve/noticias/ley-organica-de-ciudades-comunales-impulsara-nuevo-modelo-de-gestion-de-la-revolucion