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jueves, 8 de julio de 2021

¿Cómo la OFAC designó a Samark López Bello como narcotraficante y agente de Tareck El Aissami?

  En esta entrega se hace un recuento del proceso que llevó a las autoridades del departamento del Tesoro a accionar en contra de quien considerado testaferro del alto funcionario gubernamental venezolano.

Por Maibort Petit

  Centro de múltiples señalamientos relacionados con corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, Samark López Bello —igualmente acusado de actuar como presuntamente como testaferro de Tareck El Aissami— demandó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, por haberlo designado como narcotraficante por la Ley Kingpin.

   Sostiene López Bello que es víctima de una campaña difamatoria que lo presenta como un capo junto al actual ministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami, dañando su reputación como empresario, al tiempo de afectarlo mediante el bloqueo y confiscación de sus propiedades en territorio estadounidense[1]. 

   Una investigación por parte de la Oficina de la Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en su despacho de Nueva York, condujo a la designación de Samark López Bello como narcotraficante, junto a Tareck El Aissami.

   La averiguación estuvo a cargo del Equipo de Trabajo contra Delitos Financieros El Dorado condujo en febrero de 2017,a que la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos los catalogara como narcotraficantes especialmente designados (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Cabecillas por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional.

   El Dorado es el equipo de trabajo investigativo y de control financiero responsable de detectar, desestabilizar y desarticular redes financieras criminales transnacionales en prevención a que puedan acceder a los sistemas financieros de Estados Unidos.

    Tanto El Aissami como López Bello fueron sancionados por el Departamento del Tesoro en 2017, al tiempo que contra ellos se presentaban cargos penales por la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York a principios de 2019.

  Las averiguaciones determinaron que López Bello, actuando como co-conspirador de Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien ha ocupado diversas posiciones en la administración pública venezolana desde 2008 cuando fue designado ministro del Interior, Justici y Paz. Desde entonces ha sido gobernador del estado Aragua (2012-2017), vicepresidente ejecutivo (2017-2018), ministro de Petróleo (2020),en entre otros. Al alto funcionario se lo señala de, presuntamente, haber facilitado cargamentos de narcóticos desde Venezuela que salían en aviones desde una base aérea y puertos en Venezuela. Según la investigación, El Aissami desde que ocupaba antiguas posiciones, habría supervisado o habría sido el propietario parcial de cargamentos de narcóticos de más de mil kilos desde Venezuela en múltiples ocasiones, con México y Estados Unidos como destinos finales.

   López Bello habría proporcionado apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de El Aissami. Los dos, por más de dos años, presuntamente defraudaron al gobierno de Estados Unidos al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas.

  La OFAC identificó trece empresas propiedad o controladas por López Bello, las cuales conforman una red internacional en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

   Del mismo modo, el Departamento del Tesoro estableció al momento de sancionar a López Bello, que este supuestamente supervisa una red internacional de petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y empresas de explotación de activos, a saber, Alfa One, C.A. (Venezuela), Grupo Sahect, C.A. (Venezuela), MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas), Corporación de beneficios, C.A. (Venezuela), Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela), SMT TECNOLOGIA, C.A. (Venezuela), y Yakima Trading Corporation (Panamá). En Reino Unido también funcionaría Yakima Oil Trading LLP, la cual es dirigida por Yakima Trading Corporation (Panamá)[2].

También en Barbados

  Una investigación periodística desarrollada por el portal Armando.info y suscrita por Roberto Deniz[3], revela —de acuerdo a documentos filtrados de los Paradise Papers— que los bienes de Samark López Bello superan los bloqueados por la administración estadounidense, pues la isla de Barbados habría servido para crear en ella un holding de empresas con el que el supuesto testaferro de El Aissami participado en el negocio petrolero y alimentario, entre otros, mediante contratos suscritos con el estado venezolano.

  La documentación a la que el periodista tuvo acceso mostrarían como el empresario, pese a la grave crisis económica que sacude a Venezuela, se expandía y, una forma de hacerlo, era con compañías conformadas en Barbados.

   Postar Intertrade Limited es una empresa registrada en principio en las Islas Vírgenes Británicas que luego, en 2016, fue domiciliada en Barbados y, por ejemplo, habría servido para negociar  alimentos para el programa alimentario gubernamental CLAP, pero también el despacho  de materiales de construcción más y árboles de navidad destinados a la administración de Nicolás Maduro.

  El reportaje indica que las 50 mil acciones de Postar Intertrade Limited es una empresa de nombre Investments Group Limited que está registrada en la Islas Vírgenes Británicas y está vinculada a Yakima Oil Trading LLP, compañía de López Bello registrada en el Reino Unido.

  A Postar Intertrade Limited se sumarían Profit C.A. Corp.,Food Trading Group Corp., October Ventures LTD., YPP Latam Holding Corp., YPP Offshore Holdings Corp., YPP US Holdings Corp., Yakima Trading Corp y 2000 Investment Group LTD (esta última en registrada en Nevis).

Se busca

   La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), incluyó el 14 de agosto de 2019 a Samark José López Bello en su listado de “Los más buscados”.

   El requerimiento en el que también se solicita información del paradero del exvicepresidente y actual ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, se formula por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional y lavado de activos[4].

   Posteriormente, en junio de 2020, se agregó a Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, por quien se ofrecieron USD 5 millones de recompensa. Se trataba del superintendente nacional de criptoactivos de Venezuela y ha sido acusado formalmente en el distrito sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por OFAC[5].

  El Departamento de Estado también con base a la designación como narcotraficantes de El Aissami y López Bello el 13 de febrero de 2017, por parte de la OFAC, así como en las investigaciones de seguridad de ICE Nacional (HSI), comenzó una averiguación del último por el lavado de dinero y la evasión de las sanciones en relación con la Ley de Kingpin. Del mismo modo, se sustentó en la acusación que contra los señalados cursa en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York el 1 de marzo de 2019.

   En razón de esto, el Departamento de Estado decidió ofrecer una recompensa de hasta USD 5 millones a quien ofrezca información que conduzca al arresto y/o convicción de Samark José López Bello por participar en el crimen organizado transnacional[6].

Las consecuencias de violar las sanciones

   La imposición de las sanciones supone que sobre los estadounidenses pesa la prohibición de negociar o proporcionar servicios a El Aissami y López Bello sin autorización de OFAC, tal prohibición fue violada cuando se le suministraron servicios de viajes, incluyendo jets privados fletados.

  Actuar de esta manera llevó a que Víctor Mones Coro fuera sentenciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a pagar 55 meses de prisión por  haber prestado servicios vuelos privados tipo chárter a Tareck El Aissami y a Samark López Bell. Además fue multado con USD 250.000 y tendrá dos años de libertad supervisada luego de salir de la cárcel.

"Víctor Mones Coro dirigió un plan de varios años concertado y sostenido para proporcionar millones de dólares de los servicios de vuelo ilícitos a los líderes venezolanos en la contravención directa del régimen de sanciones y la política exterior de nuestro país", dijo la fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss[7].

  Por este caso también fueron procesados Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero,señalados igualmente de facilitar vuelos charters Tareck El Aissami y a Samark López[8].

Agente de las FARC

  Pero, además, el nombre de Samark López Bello ha salido a relucir en otros procesos judiciales en los que sus accionistas buscan ser resarcidos económicamente en su condición de víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  Es el caso de Antonio Caballero, quien reclama una sentencia millonaria otorgada en una corte estadunidense y pide ser resarcido con los bienes congelados en EE. UU. de López Bello[9].

   Pero Caballero no es el único, pues otros dos casos que se ventilan en cortes de Florida y Washington buscan cobrarse con activos de López Bello sentencias a su favor. Uno de ellos es de los Pescatore, familia que interpuso en 2018 un recurso en la Corte del Distrito de Columbia contra los activos de Samark López Bello en razón de sus calificación por parte de la OFAC. En 1996, Frank Thomas Pescatore Jr. y un tribunal les otorgó una sentencia por daños que no han logrado cobrar.

  En la Florida, el caso Stancel ya había obtenido un fallo previo contra López y sus activos confiscados por el gobierno norteamericano. Dada la designación de la OFAC, en septiembre de 2019, ganaron una determinación judicial que señala que Samark López Bello “es un agente o un instrumento de las FARC y que es posible embargar sus activos”[10].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Samark López Bello pidió a la corte que se anule su designación como narcotraficante y testaferro de Tareck El Aissami hecha por la OFAC, tras lo cual le confiscaron activos por un valor de $160 millones”. 30 da junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/samark-lopez-bello-pidio-la-corte-que.html

[2] Department of Treasor y. “Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello”. 13 de febrero de 2017. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/as0005.aspx

[3] Armando.info. “La isla de Barbados esconde el tesoRo de Samark López”. 1 de julio de 2021. https://armando.info/la-isla-de-barbados-esconde-el-tesoro-de-samark-lopez/

[4] ICE. Los Más Buscados: Samark José López Bello. https://www.ice.gov/doclib/most-wanted/mwLopezBelloSamarkJose.pdf

[5] ICE. “HSI añade a funcionario venezolano a Lista de Los Más Buscados, se ofrece recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto, condena”. 1de junio de 2020. https://www.ice.gov/es/news/releases/hsi-anade-funcionario-venezolano-lista-de-los-mas-buscados-se-ofrece-recompensa-de-0

[6] Department of State. Samark Jose Lopez Bello. 8 de octubre de 2020. https://www.state.gov/samark-jose-lopez-bello/

[7] Department of Justice. “Man Sentenced to 55 Months in Prison for Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan-leaders

[8] Venezuela Política. “Tres acusados en el caso de Tareck El Aissami se declaran "no culpables" ante juez de Nueva York y deciden ir a juicio”. 1 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/tres-acusados-en-el-caso-de-tareck-el.html

[9] Venezuela Política. “Demandante estima inapropiado desestimar caso contra Samark López Bello en juicio que reclama activos de PDVSA para resarcir a víctima de las FARC”. 21 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/demandante-estima-inapropiado.html

[10] El Tiempo Latino. “Tribunal declara que Samark López ‘es un agente o un instrumento de las FARC’”. 8 de diciembre de 2019. https://eltiempolatino.com/news/2019/dec/08/tribunal-declara-que-samark-lopez-es-un-agente-o-u/




viernes, 7 de agosto de 2020

Víctor Mones Coro, socio de Tareck El Aissami, será sentenciado en Nueva York el 31 de agosto

 Por Maibort Petit

    El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, fijó para el 31 de agosto de 2020, la lectura de la sentencia de Víctor Mones Coro, un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

    Los abogados defensores de Mones Coro, Christine H. Chung y Faith E. Gay, pidieron al juez, Alvin K. Hellerstein, que pospusiera la sentencia para el 28 de agosto de 2020, pero el juez decidió fijar la nueva fecha para el 31 del presente mes.

  La defensa había solicitado en marzo libertad bajo fianza alegando el temor por la pandemia del COVID-19. El magistrado Hellerstein la negó, fallando a favor de la solicitud de libertad, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York .

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

  Los fiscales federales del caso dijeron al juez que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40 mil en efectivo, un avión privado y un bote".

  La Fiscalía sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país.

 Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos.

  Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala".

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos".

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado.

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

   Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

  Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

  Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".

  De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían.

  Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.

  Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

  La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Mones Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado, Es dueño de un avión privado y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados.

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

Los fiscales sostiene que Mones Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión.





Estos son los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados por el Reino Unido

  Inglaterra actualizó su lista. Con la adición de once funcionarios ahora el número se eleva a 36.

Por Maibort Petit

   El pasado 4 de agosto de 2020 la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Her Majesty´s Treasury (El Tesoro de su Majestad), instancia gubernamental encargada del desarrollo y ejecución de la política fiscal y económica del gobierno británico, actualizó la lista de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados con la congelación de activos.


  En junio pasado, el secretario de asuntos exteriores de la Mancomunidad de Gran Bretaña informó que esa nación acataba las sanciones propuestas por la Unión Europea en contra de la administración de Maduro y sumó a once miembros del gobierno venezolano que elevan a 36 el total de sancionados.

Los 36 sancionados

José Antonio Benavides Torres, nacido el 13 de junio de 1961.Exjefe del gobierno del Distrito Capital hasta enero de 2018. Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 21 de junio de 2017. Responsable de la vigilancia que GNB ejerció sobre las manifestaciones civiles y por abogar para que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre civiles.

Freddy Alirio Bernal Rosales, nacido el 16 de junio de 1962 en San Cristóbal, estado de Táchira, Venezuela. Jefe del Centro Nacional de Control del CLAP; protector del Estado de Táchira; Comisionado General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Responsable de influir en los nombramientos de jueces y fiscales; de socavar la democracia mediante la manipulación de la distribución del CLAP entre los votantes; detenciones arbitrarias del SEBIN.

Néstor Nepalí Blanco Hurtado, nacido el 26 de junio de 1982. C.I. Nº V-15.222.057. Mayor en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Opera junto a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde diciembre de 2017. Responsable de tortura, uso de fuerza excesiva y maltrato de detenidos en instalaciones de DGCIM.

Rafael Ramón Blanco Marrero, nacido el 28 de febrero de 1968. C.I. Nº V-6250588. Subdirector de la DGCIM desde diciembre de 2018 y encargado de la División General del Ejército Nacional Bolivariano desde el 5 de julio de 2019. Responsable de la tortura, uso de fuerza excesiva y el maltrato de detenidos en las instalaciones de la DGCIM. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Dinorah Joselin Bustamante Puerta, nacida el 14 de enero de 1975. C.I. Nº V-10.002.096 Fiscal en el Tribunal Especial de Primera Instancia, con una oficina dentro de la DGCIM. Inició enjuiciamientos por motivos políticos que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional y otros funcionarios que se oponían al régimen de Maduro.

Diosdado Cabello Rondón, nacido el 15 de abril de 1963. Presidente de la Asamblea Constituyente; Primer Vicepresidente del PSUV. Ha utilizado los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios y a la sociedad civil.

Carlos Alberto Calderón Chirinos, C.I. Nº V-10.352.300. Titular de la oficina superior SEBIN. Participó y fue responsable de actos de tortura y el trato cruel, inhumano y degradante de los detenidos en El Helicoide.

Tania Valentina Díaz González, nacida el 18 de junio de 1963 en Caracas. C.I. Nº V-6.432.672. Primera vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no reconocida desde el 4 de enero de 2018. Firmó el decreto que despojó al presidente de la Asamblea Nacional de su inmunidad parlamentaria.

Franklyn Leonardo Duarte, nacido el 15 de mayo de 1977. C.I. Nº V-3.304.045. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, elegido ilegítimamente el 5 de enero de 2020, mientras era bloqueada la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah, nacido el 12 de noviembre de 1974. Vicepresidente de Economía; ministro de Industria y Producción Nacional. Exvicepresidente de Venezuela con supervisión del SEBIN. Responsable de detenciones arbitrarias, investigaciones por motivos políticos, tratos inhumanos y degradantes, tortura y la prohibición de manifestaciones públicas. Encabezó el "comando anti-golpe" del presidente Maduro, que se ha dirigido a la sociedad civil y la oposición democrática.

Alexis Enrique Escalona Marrero, nacido el 12 de octubre de 1962. Jefe a cargo de la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo (ONDOFT). Comandante Nacional del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) entre 2014 y 2017. Responsable de tortura, uso excesivo de la fuerza, maltrato de detenidos y represión de la sociedad civil.

Rafael Antonio Franco Quintero, nacido el 14 de octubre de 1973. C.I. Nº V-11.311.672. Agente del SEBIN. Jefe de Investigaciones en la DGCIM entre al menos 2017 y diciembre de 2018. Responsable de tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos en instalaciones de la DGCIM. Responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Gustavo Enrique González López, nacido el 2 de noviembre de 1960. Jefe del SEBIN, reelegido el 30 de abril de 2019.  Fue asesor de seguridad e inteligencia de la oficina del presidente del 8 de enero de 2019 al 30 de abril de 2019. Jefe de SEBIN hasta octubre de 2018. Responsable de detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes, tortura y represión de la sociedad civil.

Alexander Enrique Granko Arteaga, nacido el 15 de marzo de 1981. C.I. Nº V-14.970.215. Jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) del DGCIM. Cometió violaciones graves de los derechos humanos, incluida la tortura, el uso excesivo de la fuerza que causó la muerte, lesiones y el maltrato de los detenidos en las instalaciones de la DGCIM. Directamente involucrado en la represión de la sociedad civil. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Hannover Esteban Guerrero Mijares, nacido el 14 de enero de 1971. Jefe de Investigaciones en el DGCIM, al menos desde abril de 2019 hasta agosto de 2019. Supervisó las instalaciones de DGCIM en Boleíta. Cometió graves violaciones de los derechos humanos, como tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Katherine Nayarith Harrington Padrón, nacida el 5 de diciembre de 1971. Fiscal General Adjunto desde julio de 2017 hasta octubre de 2018. Su nombramiento lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en violación de la Constitución pues correspondía a la AN. Inició enjuiciamientos por motivos políticos y no investigó las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.

Iván Hernández Dala, nacido el 18 de mayo de 1966. Jefe del DGCIM desde enero de 2014; jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre de 2015.  Responsable del uso excesivo de la fuerza y los malos tratos a los detenidos.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández, nacida el 11 de marzo de 1952. Exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro de la Junta Nacional Electoral (JNE). Facilitó el establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, nacido el 18 de abril de 1963 en Caracas.  C.I. Nº V-7.659.695. Contralor General desde el 23 de octubre de 2018; exvicepresidente primero y segundo de la ANC no reconocida. Firmante de la "ley contra el odio", justifica la destitución del gobernador de la oposición elegido legalmente y prohíbe a Juan Guaidó postularse para cualquier cargo público.

Elías José Jaua Milano, nacido el 16 de diciembre de 1969. Exministro del Poder Popular para la Educación; expresidente de la Comisión Presidencial de la ANC ilegítima. Lideró el establecimiento de la ANC ilegítima.

Tibisay Lucena Ramírez, nacida el 26 de abril de 1959. Expresidenta del CNE. No pudo garantizar que el CNE siguiera siendo una institución imparcial e independiente de conformidad con la Constitución venezolana. Facilitó el establecimiento de la ANC y la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018 a través de elecciones presidenciales que no fueron libres ni justas.

Jorge Elieser Márquez Monsalve, nacido el 20 de febrero de 1971 en Caracas. C.I. Nº V-8714253. Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) desde el 7 de agosto de 2017. Limitó severamente los derechos del pueblo venezolano a la libertad de prensa, libertad de expresión e información. Usó los poderes especiales de CONATEL para silenciar las críticas y los disidentes del régimen al bloquear, filtrar y obstruir los sitios web de Internet y al revocar las licencias existentes para estaciones de radio y televisión y negarse a otorgar nuevas licencias.

Juan José Mendoza Jover, nacido el 11 de marzo de 1969 en Trujillo.  C.I. Nº V-9.499.372. Segundo vicepresidente del TSJ; presidente de la Cámara Constitucional del TSJ desde el 24 de febrero de 2017. Sus acciones han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluso mediante una serie de sentencias judiciales que han limitado o socavado los poderes constitucionales de la AN elegida democráticamente.

Karin Mora Salcedo, C.I. Nº V-8.608.523. Fiscal en el Tribunal Especial de Primera Instancia con una oficina dentro de la DGCIM. Inició enjuiciamientos por motivos políticos que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la AN y otros funcionarios que se oponían al régimen de Maduro.

Maikel José Moreno Pérez, nacido el 12 de diciembre de 1965. Presidente del TSJ. Exvicepresidente del TSJ. Responsable de acciones y declaraciones que han usurpado la autoridad de la AN.

Xavier Antonio Moreno Reyes, Secretario General del CNE. Facilitó el establecimiento de la ANC ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

José Gregorio Noriega Figueroa, nacido el 21 de febrero de 1969. C.I. Nº V-8.348.784. Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, elegido ilegítimamente. Miembro de la AN. Organizó su elección como segundo vicepresidente de la AN el 5 de enero de 2020, mientras se bloqueaba la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar, y sin que se alcanzara el quórum.

Sandra Oblitas Ruzza, nacida el 7 de junio de 1969. Exvicepresidente del CNE; expresidente de la Comisión del Registro Electoral y Civil. Facilitó el establecimiento de la ANC ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

José Adelino Ornelas Fereira, nacido el 14 de diciembre de 1964 en Caracas. C.I. Nº V-7.087.964. Secretario General del Consejo Nacional de Defensa desde el 26 de julio de 2019. Excomandante de la Región de Defensa Estratégica Integral de la Capital Nacional (REDI Capital); exjefe de Gabinete y exsegundo al mando del Comando Operativo y Estratégico de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela (CEOFANB). Ha apoyado y facilitado acciones y políticas del Gobierno de Venezuela. Responsable de obstruir la provisión de ayuda humanitaria y el uso de fuerza excesiva por parte de los funcionarios.

Luis Eduardo Parra Rivero, nacido el 7 de julio de 1978. C.I. Nº V-14.211.633. Presidente de la AN, elegido ilegítimamente. Organizó su elección como presidente de la AN el 5 de enero de 2020, mientras se bloqueaba la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar, y no se llegó a un quórum.

Gladys Del Valle Requena, nacida el 9 de septiembre de 1952 en Puerto Santo, Sucre. C.I. Nº V-4.114.842. Segundo vicepresidente de la ANC no reconocida, desde el 26 de octubre de 2018. Firmó el decreto que despojó al presidente de la AN de su inmunidad parlamentaria.

Néstor Luis Reverol Torres, nacido el 28 de octubre de 1964. Ministro de Interior, Justicia y Paz desde 2016; vicepresidente de Obras y Servicios Públicos y Secretario Ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico desde abril de 2019. Excomandante General de la GNB. Responsable de la tortura de presos políticos y represión de manifestaciones políticas.

Sergio José Rivero Marcano, nacido el 8 de noviembre de 1964. Inspector General de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas; Comandante general de la GNB hasta el 16 de enero de 2018. Responsable del uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y abuso de la sociedad civil y miembros de la oposición.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez, nacida el 18 de mayo de 1969. Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Expresidente de la ANC  ilegítima y exmiembro de la Comisión Presidencial de la ANC ilegítima. Usurpó los poderes de la AN y los usó para atacar a la oposición y evitar que participaran en el proceso político.

Tarek William Saab Halabi, nacido el 10 de septiembre de 1963 en El Tigre, estado Anzoátegui. Fiscal General de Venezuela designado por la ANC. Anteriormente Defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano. Acciones de apoyo público contra opositores del gobierno de Venezuela y la retirada de competencias de la Asamblea Nacional.

Jesús Rafael Suárez Chourio, nacido el 19 de julio de 1962. Comandante en Jefe del Ejército; Jefe del Estado Mayor General al Comandante en Jefe; excomandante General del Ejército; excomandante de la Región de Defensa Integral de Venezuela de la Zona Central (REDI Central). Responsable del uso de fuerza excesiva y maltrato de detenidos. Apuntó a la oposición democrática y apoyó el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.