Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a dos empresarios cubano-americano que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron jugosos contratos de Pdvsa, Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.
Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.
Luego de 6 días de juicio, donde la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó 6 testigos, (entre los cuales estaba la hija del acusado). El jurado pasó un día deliberando para concluir que los dos hombres son culpables de los cargos. Luis Díaz Jr. fue hallado culpable de 4 cargos y su hijo Luis Javier Díaz de dos cargos.
Los dos hombres fueron juzgado por los siguientes cargos:
1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión;
2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;
3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y
4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión.
El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50) fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel.
De acuerdo a la fiscalía neoyorquina las condenas potenciales máximas en este caso son prescritas por el Congreso de los Estados Unidos, y cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez de la causa William H. Pauley III.
La investigación federal -que sirvió de soporte a este caso- fue realizada por la Unida de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidroga DEA, el Departamento de Policía de Englewood, Nueva Jersey y la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Seguridad en la Frontera de los EEUU.
El caso de los Díaz fue supervisado por La Oficina de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos del gobierno federal y la acusación estuvo a cargo de los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Jennifer L. Gachiri.
La historia
A lo largo del juicio los fiscales federales mostraron al jurado una serie de evidencias que mostraban que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz usaron su empresa Miami Equipment & Export para volar más de 100 millones de dólares a varias empresas venezolanas, que así vez triangulaban pagas de sobornos a funcionarios y ex funcionarios chavistas que poseen cuentas bancarias en paraísos fiscales. Entre los funcionarios se encuentran primeramente Nervis Villalobos Cárdenas, ex vice Ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Fidel Ramírez Carreño médico, hermano del embajador Rafael Ramírez Carreño, Enrique Rafael Cid Montes asesor del ex Ministro de Energía y Minas, Jesse Chacón; Mario Vega Pérez (Ingeniero empleado de Cadafe); José Luis Léon; Teddy Peralta (Ingeniero Electricista de Cadafe); José V. Rangel Mendoza y Ali Enrique Matute Tovar (CorpoElec y Cadafe).
Los dueños del Consorcio KCT Cumaná Internacional III usaron la empresa de los dos acusados para lavar dineros provenientes de contratos habidos fraudulentamente y a través del pago de sobornos a funcionarios y ex funcionarios de empresas públicas venezolanas, tales como Pdvsa, Cadafe y Corpoelec.
Los nombres de los empresarios dueños de KCT fueron mencionados en varias de oportunidades, entre los destacan: Enrique Padrella, Antonio Padrin, Blas Herrera, Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT), Ariano Martín (KCT), Elisbert Becerra Guzmán (Secretaria de Blas Herrera); José Miguel García (KCT), César Cardozo (Cielemca CA), José Garantón (Cielemca CA).
Otros personas que fueron mencionados en la acusación y en el juicio fueron: Rodolfo Somani (EMA), Ramiro Donato, Luis I. Franca Monsalve, Gustavo Hernández, Eduardo Marcano, Ricardo Díaz, Eduardo Navarro Pan, Luis Guevara, José Cañizalez y Remigio Otero.
El esquema de corrupción y lavado de dinero que funcionó por más de una década y que permitió lavar más de 100 millones de dólares, según los representantes del gobierno de los Estados Unidos fue acordado por los acusados y sus clientes en Venezuela para violar las leyes contra el lavado de dinero que rigen las instituciones de transmisión de dinero en el mercado estadounidense.
Los fiscales mencionaron varias empresas venezolanas que transferían dinero desde sus cuentas en Venezuela a las cuentas bancarias de Miami Equipment & Export y desde allí a otras cuentas de los mismos dueños, sus empleados o los funcionarios que sobornaban.
La empresa que más dinero lavó en este esquema fue Consorcio KCT Cumaná Internacional III, seguida Alimentación Balanceada, Cartera Manzanillo, Taller Importaciones, Materiales Manzanillo y PetroTubos entre otras.
Asimismo la fiscalía mostró evidencias de las empresas de maletín que recibían los pagos enviados por KCT. Entre las empresas que más millones de dólares recibieron están las siguientes:Kingsway LDA (Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas); Adimar International Limited (Blas Herrera, Antonio Padrin, Enrique Pradella, Mario Herrera);Levack Limited LTD Islas Vírgenes (Mismos dueños de KCT y Adimar); Posner International INC (Panamá) (Enrique Pradella y José Miguel García); Quinfra Investment LLC y Constructora Quinfra (Luis I. Franca Monsalve, Ingrid Susana Prato); Sumus INC; Gargel International Corp (Panamá);Eurogan SA ( Panamá); ACM Equipment LLC; IRC Spa (Bologna Italia)
Consultotal (Islas Vírgenes); PAMNET SA
Estas otras empresas participaron en el esquema de lavado de dinero a través de cupos de Cadivi. Ellos solicitaban dólares preferenciales, los enviaban a Miami Equipment & Export y luego la empresa de Miami los transfería a las cuentas de los dueños de las empresas en Venezuela. Las principales son las siguientes:
Materiales Manzanillo CA (Oliver González Millán Y José Antonio González); Alimentación Balanceada ALIBAT CA (David Somoza Mosquera); Catera Manzanillo CA (Oliver J. González y Carlos Alberto González); Petrotubos (Mikele Díaz) y Taller Importaciones.
Los documentos federales
El Consorcio KCT usó una empresa familiar que vendía equipos de construcción en Miami y la colocó como puerta de entrada a los Estados Unidos de los dineros provenientes de contratos fraudulentos del gobierno venezolano y de Cadivi. La empresa con sede en Doral, Florida —según mostraron en el juicio los fiscales— reportaba ganancias modestas a las autoridades.
Los defensores de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, Miami Equipment & Export hicieron un esfuerzo ante el jurado de explicar que la empresa propiedad de los dos acusados es de tradición familiar con más de 3 décadas de fundada. Explicaron además que Luis Díaz Jr. conoció a Enrique Pradella y Antonio Padrin (dueños de KCT) desde que este se inició en el negocio de venta de equipos de construcción."Más que una relación comercial, ellos se hicieron muy buenos amigos", dijo el abogado George Vila ante el juez.
Una evaluación de las finanzas de Miami Equipment & Export hecha por el gobierno estadounidense reveló que desde el 1° de enero de 2010 hasta junio de 2016, la compañía de los acusados, reportó beneficios por el orden de 150 millones 400 mil 881,31 dólares, de los cuales -de acuerdo con la fiscalía neoyorquina- 106 millones 757 mil 106,42 dólares corresponden a dinero enviado desde Venezuela por KCT.
Durante la primera semana de juicio los jurados, 12 mujeres y 3 hombres, vieron la presentación incansable de cuentos de pruebas que evidenciaban dislates en las finanzas de la empresa,las cuales llamaron la atención de los investigadores de los órganos controladores del estado norteamericano.
Dos testigos llamados por el gobierno al estrado confirmaron las irregulares conseguidas en unas 46 cajas de documentos físicos, y cientos de GB de evidencias electrónicas que usó el gobierno estadounidense para tratar de demostrar -más allá de la duda razonable- que los dos acusados incurrieron en una serie de violaciones a leyes federales relacionadas con la prevención del lavado de dinero y del manejo de un banco sin licencia.
Durante la jornada se enseñaron al jurado decenas de facturas, correos electrónicos y estados financieros que buscaban demostrar que existía un esquema -que funcionó por más de 6 años -que permitía que KCT (y otras empresas venezolanas) usaran a Miami Equipment & Export (ME&E) como banco. Es decir, "los clientes" de la empresa norteamericana, enviaban desde Venezuela millones de dólares y soportaban dichos envíos con facturas falsas de servicios profesionales y asesorías de ingeniería que nunca se habían hecho. Las facturas falsas eran realizadas en Caracas a nombre de ME&E, pero en las finanzas de la empresa estadounidense y en los papeles de impuesto del Servicio de Rentas Internas (IRS), así como en las guías de exportación, no aparecía reflejado que ME&E tuviese relación con los supuestos "consultores" a quienes depositaba millones de dólares en sus cuentas bancarias ubicadas -en su gran mayoría- en paraísos fiscales.
Dentro de las facturas que llamaron la atención estaban unas usadas para pagar supuestos servicios prestados a la empresa de los Díaz por Adinar Internacional Limited, cuyos dueños Blas Herrera, Enrique Pradella, Antonio Padrin, Mario Herrera, resultaron ser los mismos propietarios del Consorcio KCT. Es decir, KCT enviaba el dinero desde Venezuela a ME&E y esta empresa norteamericana se los depositaba en cuentas de bancos estadounidenses a los mismos sujetos, pero en nombre de una compañía diferente (Adinar). A lo largo de la evaluación hecha por los expertos de la Red de Aplicación de Delitos Financieros FinCEN, ME&E transfirió desde sus cuenta bancarias a las de Adinar, 37 millones 621 mil 50 dólares.
Nervis G. Villalobos Cárdenas recibió millones por asesorías que nunca hizo
Pero Adinar no era la única empresa que se beneficiaba del esquema de corrupción. Los expertos del FinCEn mostraron un balance que señalaba que el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, recibió de la empresa de los acusados 17 millones 885 mil 25,30 dólares a través de la empresa Kingsway LDA. Los fiscales mostraron al jurado una serie de falsas facturas firmadas por Villalobos Cárdenas donde se reflejaba que había hecho asesorías en varios proyectos de ingeniería, entre ellos destacaba uno en la planta termoeléctrica Bajo Grande, ubicada en el municipio Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia. La fiscalía destacó que no había ninguna evidencia que ME&E hubiese participado en ese proyecto en Venezuela.
Los fiscales también mostraron un acuerdo de consultoría que supuestamente habría firmado Nervis Villalobos, a través de la empresa Kingsway LDA, con uno de esos acusados, dueño de ME&E, Luis Díaz Jr. El acuerdo no era conocido por la contadora de la empresa, Annate Díaz Rojas, hija del demandado y quien es la encargada de las finanzas de la empresa desde hace 15 años. La mujer -que fue obligada a testificar contra su padre y su hermano por un mandato judicial emitido por el gobierno de los Estados Unidos- dijo que no tenía conocimiento de que ME&E tuviese consultores externos, asesores en el extranjero o que actuara por mandato de otras empresas. Aseguró que ME&E no tenía líneas de negocio internacionales, ni representación de empresa externas y que sólo se dedicaban a vender y exportar equipos de construcción hacia América Latina desde Miami.
La fiscalía preguntó a Annete Díaz Rojas que si a lo largo de su trabajo como contadora había conocido a Nervis Villalobos Cárdenas o a Fidel Ramírez Cárdenas, (quien es el hermano del expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez), y a otra decena de beneficiarios de los pagos hechos por la empresa de su familia a lo que la mujer respondió negativamente. "No sé quiénes son esas personas y ME&E no tiene relación con ellos".
La fiscalía también preguntó a Díaz Rojas si había preparado las formas del Servicio Interno de Impuestos IRS #1099 para los asesores o consultores a quienes ME&E les había desembolsado millones de dólares y la testigo nuevamente lo negó. Por las leyes norteamericanas, las personas que prestan asesorías o consultorías a empresas, deben llenar la referida planilla de impuesto en la cual es preciso explicar en qué recibe el servicio, en este caso ME&E. Mientras las evidencias mostraban las facturas de servicio, y en los estados bancarios se observaba los pagos hechos por años, el IRS nunca recibió las planillas de los beneficiarios ni los reportes del pagador.
KCT Cumaná II Internacional enviaba regularmente correos electrónicos a los dos acusados donde les informaba los montos que depositaban en las cuentas de ME&E y, en correo separado, enviaban las instrucciones con las cuentas de las empresas o individuos que serían beneficiados con el dinero y, como archivo adjunto, enviaba las facturas falsas de los supuestos servicios que los receptores del dinero habrían prestado a ME&E. La fiscalía demostró con testigos y documentos que no existía una relación entre ME&E y los beneficiarios de los fondos.
A lo largo de la audiencia, la defensa intentó imponer la tesis de que los dos acusados eran los representantes de KCT, que sí tenían relación con las personas y empresas venezolanas y que en las evidencias seleccionadas por la fiscalía se habían excluido unas órdenes de compra hechas por ME&E a la transnacional Siemens.
La defensa también presentó ante el juez un reporte hecho por el banco donde los acusados tienen sus cuentas bancarias, en los cuales se hace una revisión de los cuentahabientes, de la empresa y de los clientes de la empresa. La defensa argumentó que el banco debió haber hecho el reporte al FinCEN "si hubiese observado que algo andaba mal, pero no lo hizo", dijo el abogado Vila en tono provocador.
También se discutió sobre el uso de los correos electrónicos corporativos. Según los defensores, el presidente de ME&E, Luis Díaz Jr., no sabe manejar computadoras, por lo que son sus hijos los que se encargan de revisar y contestar los correos. Mostraron al jurado decenas de correos donde la secretaria del presidente de KCT Blas Herrera, Elisbert Becerra Guzmán (quien también recibió dinero en su cuenta en el extranjero) donde informaba a Luis Díaz Jr. sobre el dinero que depositaban en la cuenta de ME&E, y otros donde daba las instrucciones para hacer los depósitos en las cuentas de los beneficiarios y donde enviaban las facturas falsas a nombre de ME&E por servicios que, según el gobierno, nunca se prestaron.
De acuerdo a lo afirmado por la hija de Luis Díaz Jr., Annette Díaz Rojas, su padre no revisa el correo. Comentó que existe una cuenta ljd@miamiequipment.com que la revisan todos los trabajadores de la empresa, que son la misma familia, para cumplir con las instrucciones.
José Quiñón, abogado de Luis Javier Díaz, le aclaró al jurado que los bancos siempre conocen a sus clientes antes de aceptar las cuentas. El agente del FinCEN, Mathew De La Rosa, dijo que el banco hizo una averiguación sobre la empresa y los dueños, y por una orden del gobierno norteamericano, entregó todos los récords.
Quiñón tomó más de una hora para rebatir a la fiscalía la participación de su cliente en el esquema de lavado de dinero, que el fiscal auxiliar había dibujado en una pizarra con unas pequeñas láminas que incluían los nombres de las empresas y los beneficiarios del dinero lavado.
El defensor revisó cada empresa, repitiendo las facturas y los correos electrónicos y preguntándole a De La Rosa si allí estaba el nombre "Javier", a lo que el testigo respondió por más de 30 veces que no. Concluida la tarea de Quiñón, la fiscalía entró en escena mostrando al jurado los documentos del banco donde se reflejaba que Luis Javier Díaz era el vicepresidente de la empresa ME&E y firmante de la cuenta, por tanto, responsable del esquema de lavado. También se dedicó a mostrar una serie de correos electrónicos donde aparecía el nombre de "Javier" en varias oportunidades.
Dentro del marco de la audiencia, también se discutió el tema relacionado con las empresas venezolanas Alimentación Balanceada, Cartera Manzanillo y Taller Importaciones. Estas empresas funcionaron de otra manera, según la fiscalía. Las corporaciones conseguían cupos de Cadivi, colocaban a ME&E como empresa receptora en el exterior, Cadivi depositaba el dinero en la cuenta de la empresa de los acusados, y luego, ME&E lo reembolsaba con una nota que decía: "Reembolso Cadivi".
La Defensa explicó al jurado que hacer negocios en Venezuela no era lo mismo que hacerlos en los EE. UU., y que por los controles y riesgos que corrían las empresas para comprar dólares, se justificaba que los empresarios buscaran socios en el extranjero para conseguir dólares a precio preferencial con el gobierno de Venezuela.
La fiscalía presentó como testigo al profesor Daniel Lansberg-Rodríguez, un experto en controles cambiarios y en el sistema Cadivi. Su presencia en la sala fue interrumpida en múltiples oportunidades por la defensa, que evitaba que el testigo explicara al jurado cómo funciona el sistema de control y cómo Cadivi se convirtió en una máquina de corrupción para aquellos empresarios, familiares y allegados que tenían contactos dentro de ese ente gubernamental.
Entre otros testigos que aparecieron en escena hubo una mujer llamada Ana Losada, que vendió a la empresa de Blas Herrera unas oficinas ubicadas en Caracas por $300 mil dólares. Losada dijo que cobró en partes a través de la cuenta bancaria de su hijo que vive en Nueva Jersey.
Cuando la fiscalía le preguntó a Losada sí ella había hecho asesorías profesionales a ME&E aseguró que no conocía esa empresa. Seguidamente la fiscalía pidió a los dos acusados que se levantarán y le preguntó a la mujer si conocía a los dos hombres a lo que respondió negativamente y luego, cuando le mostraron una factura que decía que ella le había prestado consultoría a la mencionada empresa la testigo dijo que no había hecho esa factura a pesar que su nombre estaba impreso en ella, con la dirección de su hijo y que jamás había tenido relación con los acusados ni con su empresa.
