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viernes, 7 de agosto de 2020

Estos son los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados por el Reino Unido

  Inglaterra actualizó su lista. Con la adición de once funcionarios ahora el número se eleva a 36.

Por Maibort Petit

   El pasado 4 de agosto de 2020 la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Her Majesty´s Treasury (El Tesoro de su Majestad), instancia gubernamental encargada del desarrollo y ejecución de la política fiscal y económica del gobierno británico, actualizó la lista de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados con la congelación de activos.


  En junio pasado, el secretario de asuntos exteriores de la Mancomunidad de Gran Bretaña informó que esa nación acataba las sanciones propuestas por la Unión Europea en contra de la administración de Maduro y sumó a once miembros del gobierno venezolano que elevan a 36 el total de sancionados.

Los 36 sancionados

José Antonio Benavides Torres, nacido el 13 de junio de 1961.Exjefe del gobierno del Distrito Capital hasta enero de 2018. Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 21 de junio de 2017. Responsable de la vigilancia que GNB ejerció sobre las manifestaciones civiles y por abogar para que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre civiles.

Freddy Alirio Bernal Rosales, nacido el 16 de junio de 1962 en San Cristóbal, estado de Táchira, Venezuela. Jefe del Centro Nacional de Control del CLAP; protector del Estado de Táchira; Comisionado General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Responsable de influir en los nombramientos de jueces y fiscales; de socavar la democracia mediante la manipulación de la distribución del CLAP entre los votantes; detenciones arbitrarias del SEBIN.

Néstor Nepalí Blanco Hurtado, nacido el 26 de junio de 1982. C.I. Nº V-15.222.057. Mayor en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Opera junto a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde diciembre de 2017. Responsable de tortura, uso de fuerza excesiva y maltrato de detenidos en instalaciones de DGCIM.

Rafael Ramón Blanco Marrero, nacido el 28 de febrero de 1968. C.I. Nº V-6250588. Subdirector de la DGCIM desde diciembre de 2018 y encargado de la División General del Ejército Nacional Bolivariano desde el 5 de julio de 2019. Responsable de la tortura, uso de fuerza excesiva y el maltrato de detenidos en las instalaciones de la DGCIM. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Dinorah Joselin Bustamante Puerta, nacida el 14 de enero de 1975. C.I. Nº V-10.002.096 Fiscal en el Tribunal Especial de Primera Instancia, con una oficina dentro de la DGCIM. Inició enjuiciamientos por motivos políticos que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional y otros funcionarios que se oponían al régimen de Maduro.

Diosdado Cabello Rondón, nacido el 15 de abril de 1963. Presidente de la Asamblea Constituyente; Primer Vicepresidente del PSUV. Ha utilizado los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios y a la sociedad civil.

Carlos Alberto Calderón Chirinos, C.I. Nº V-10.352.300. Titular de la oficina superior SEBIN. Participó y fue responsable de actos de tortura y el trato cruel, inhumano y degradante de los detenidos en El Helicoide.

Tania Valentina Díaz González, nacida el 18 de junio de 1963 en Caracas. C.I. Nº V-6.432.672. Primera vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no reconocida desde el 4 de enero de 2018. Firmó el decreto que despojó al presidente de la Asamblea Nacional de su inmunidad parlamentaria.

Franklyn Leonardo Duarte, nacido el 15 de mayo de 1977. C.I. Nº V-3.304.045. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, elegido ilegítimamente el 5 de enero de 2020, mientras era bloqueada la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah, nacido el 12 de noviembre de 1974. Vicepresidente de Economía; ministro de Industria y Producción Nacional. Exvicepresidente de Venezuela con supervisión del SEBIN. Responsable de detenciones arbitrarias, investigaciones por motivos políticos, tratos inhumanos y degradantes, tortura y la prohibición de manifestaciones públicas. Encabezó el "comando anti-golpe" del presidente Maduro, que se ha dirigido a la sociedad civil y la oposición democrática.

Alexis Enrique Escalona Marrero, nacido el 12 de octubre de 1962. Jefe a cargo de la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo (ONDOFT). Comandante Nacional del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) entre 2014 y 2017. Responsable de tortura, uso excesivo de la fuerza, maltrato de detenidos y represión de la sociedad civil.

Rafael Antonio Franco Quintero, nacido el 14 de octubre de 1973. C.I. Nº V-11.311.672. Agente del SEBIN. Jefe de Investigaciones en la DGCIM entre al menos 2017 y diciembre de 2018. Responsable de tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos en instalaciones de la DGCIM. Responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Gustavo Enrique González López, nacido el 2 de noviembre de 1960. Jefe del SEBIN, reelegido el 30 de abril de 2019.  Fue asesor de seguridad e inteligencia de la oficina del presidente del 8 de enero de 2019 al 30 de abril de 2019. Jefe de SEBIN hasta octubre de 2018. Responsable de detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes, tortura y represión de la sociedad civil.

Alexander Enrique Granko Arteaga, nacido el 15 de marzo de 1981. C.I. Nº V-14.970.215. Jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) del DGCIM. Cometió violaciones graves de los derechos humanos, incluida la tortura, el uso excesivo de la fuerza que causó la muerte, lesiones y el maltrato de los detenidos en las instalaciones de la DGCIM. Directamente involucrado en la represión de la sociedad civil. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Hannover Esteban Guerrero Mijares, nacido el 14 de enero de 1971. Jefe de Investigaciones en el DGCIM, al menos desde abril de 2019 hasta agosto de 2019. Supervisó las instalaciones de DGCIM en Boleíta. Cometió graves violaciones de los derechos humanos, como tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Katherine Nayarith Harrington Padrón, nacida el 5 de diciembre de 1971. Fiscal General Adjunto desde julio de 2017 hasta octubre de 2018. Su nombramiento lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en violación de la Constitución pues correspondía a la AN. Inició enjuiciamientos por motivos políticos y no investigó las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.

Iván Hernández Dala, nacido el 18 de mayo de 1966. Jefe del DGCIM desde enero de 2014; jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre de 2015.  Responsable del uso excesivo de la fuerza y los malos tratos a los detenidos.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández, nacida el 11 de marzo de 1952. Exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro de la Junta Nacional Electoral (JNE). Facilitó el establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, nacido el 18 de abril de 1963 en Caracas.  C.I. Nº V-7.659.695. Contralor General desde el 23 de octubre de 2018; exvicepresidente primero y segundo de la ANC no reconocida. Firmante de la "ley contra el odio", justifica la destitución del gobernador de la oposición elegido legalmente y prohíbe a Juan Guaidó postularse para cualquier cargo público.

Elías José Jaua Milano, nacido el 16 de diciembre de 1969. Exministro del Poder Popular para la Educación; expresidente de la Comisión Presidencial de la ANC ilegítima. Lideró el establecimiento de la ANC ilegítima.

Tibisay Lucena Ramírez, nacida el 26 de abril de 1959. Expresidenta del CNE. No pudo garantizar que el CNE siguiera siendo una institución imparcial e independiente de conformidad con la Constitución venezolana. Facilitó el establecimiento de la ANC y la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018 a través de elecciones presidenciales que no fueron libres ni justas.

Jorge Elieser Márquez Monsalve, nacido el 20 de febrero de 1971 en Caracas. C.I. Nº V-8714253. Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) desde el 7 de agosto de 2017. Limitó severamente los derechos del pueblo venezolano a la libertad de prensa, libertad de expresión e información. Usó los poderes especiales de CONATEL para silenciar las críticas y los disidentes del régimen al bloquear, filtrar y obstruir los sitios web de Internet y al revocar las licencias existentes para estaciones de radio y televisión y negarse a otorgar nuevas licencias.

Juan José Mendoza Jover, nacido el 11 de marzo de 1969 en Trujillo.  C.I. Nº V-9.499.372. Segundo vicepresidente del TSJ; presidente de la Cámara Constitucional del TSJ desde el 24 de febrero de 2017. Sus acciones han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluso mediante una serie de sentencias judiciales que han limitado o socavado los poderes constitucionales de la AN elegida democráticamente.

Karin Mora Salcedo, C.I. Nº V-8.608.523. Fiscal en el Tribunal Especial de Primera Instancia con una oficina dentro de la DGCIM. Inició enjuiciamientos por motivos políticos que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la AN y otros funcionarios que se oponían al régimen de Maduro.

Maikel José Moreno Pérez, nacido el 12 de diciembre de 1965. Presidente del TSJ. Exvicepresidente del TSJ. Responsable de acciones y declaraciones que han usurpado la autoridad de la AN.

Xavier Antonio Moreno Reyes, Secretario General del CNE. Facilitó el establecimiento de la ANC ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

José Gregorio Noriega Figueroa, nacido el 21 de febrero de 1969. C.I. Nº V-8.348.784. Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, elegido ilegítimamente. Miembro de la AN. Organizó su elección como segundo vicepresidente de la AN el 5 de enero de 2020, mientras se bloqueaba la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar, y sin que se alcanzara el quórum.

Sandra Oblitas Ruzza, nacida el 7 de junio de 1969. Exvicepresidente del CNE; expresidente de la Comisión del Registro Electoral y Civil. Facilitó el establecimiento de la ANC ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

José Adelino Ornelas Fereira, nacido el 14 de diciembre de 1964 en Caracas. C.I. Nº V-7.087.964. Secretario General del Consejo Nacional de Defensa desde el 26 de julio de 2019. Excomandante de la Región de Defensa Estratégica Integral de la Capital Nacional (REDI Capital); exjefe de Gabinete y exsegundo al mando del Comando Operativo y Estratégico de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela (CEOFANB). Ha apoyado y facilitado acciones y políticas del Gobierno de Venezuela. Responsable de obstruir la provisión de ayuda humanitaria y el uso de fuerza excesiva por parte de los funcionarios.

Luis Eduardo Parra Rivero, nacido el 7 de julio de 1978. C.I. Nº V-14.211.633. Presidente de la AN, elegido ilegítimamente. Organizó su elección como presidente de la AN el 5 de enero de 2020, mientras se bloqueaba la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar, y no se llegó a un quórum.

Gladys Del Valle Requena, nacida el 9 de septiembre de 1952 en Puerto Santo, Sucre. C.I. Nº V-4.114.842. Segundo vicepresidente de la ANC no reconocida, desde el 26 de octubre de 2018. Firmó el decreto que despojó al presidente de la AN de su inmunidad parlamentaria.

Néstor Luis Reverol Torres, nacido el 28 de octubre de 1964. Ministro de Interior, Justicia y Paz desde 2016; vicepresidente de Obras y Servicios Públicos y Secretario Ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico desde abril de 2019. Excomandante General de la GNB. Responsable de la tortura de presos políticos y represión de manifestaciones políticas.

Sergio José Rivero Marcano, nacido el 8 de noviembre de 1964. Inspector General de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas; Comandante general de la GNB hasta el 16 de enero de 2018. Responsable del uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y abuso de la sociedad civil y miembros de la oposición.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez, nacida el 18 de mayo de 1969. Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Expresidente de la ANC  ilegítima y exmiembro de la Comisión Presidencial de la ANC ilegítima. Usurpó los poderes de la AN y los usó para atacar a la oposición y evitar que participaran en el proceso político.

Tarek William Saab Halabi, nacido el 10 de septiembre de 1963 en El Tigre, estado Anzoátegui. Fiscal General de Venezuela designado por la ANC. Anteriormente Defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano. Acciones de apoyo público contra opositores del gobierno de Venezuela y la retirada de competencias de la Asamblea Nacional.

Jesús Rafael Suárez Chourio, nacido el 19 de julio de 1962. Comandante en Jefe del Ejército; Jefe del Estado Mayor General al Comandante en Jefe; excomandante General del Ejército; excomandante de la Región de Defensa Integral de Venezuela de la Zona Central (REDI Central). Responsable del uso de fuerza excesiva y maltrato de detenidos. Apuntó a la oposición democrática y apoyó el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.


 

martes, 30 de junio de 2020

Alex Saab: Su caso en Cabo Verde pasa a una nueva fase procesal

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Por Maibort Petit

  Las autoridades de Cabo Verde recibieron formalmente la petición de extradición de Alex Naim Saab Morán, el empresario colombiano acusado por las autoridades estadounidenses como operador del régimen del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
  Estados Unidos entregó la solicitud formal de extradición que incluye documentos y declaraciones juradas de testigos que soportan la acusación en Contra de Saab que fue aprobada por un gran jurado.  Los expedientes fueron entregados en tres idiomas. Con la entrega, el proceso pasa a una nueva fase que pone a Saab más cerca de su envío a Miami, en donde tendrá que enfrentar los cargos de lavado de dinero y corrupción vinculados al régimen venezolano.

   Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio cuando el avión privado en el que viajaba se detuvo en la isla africana. Tras su arresto, Venezuela dio a conocer un comunicado que advertía que Saab es venezolano, agente del gobierno y que portaba al momento de su detención un pasaporte diplomático.

  Los abogados de Saab han afirmado que apelarán todas las fases del proceso, y que en el marco de los lapsos que establecen los procedimientos se calcula que el caso podría durar entre 5 ó 6 meses.

  Por su parte, la fiscalía caboverdiana ha dicho que la resolución del proceso de Saab podría durar unos 45 días, aproximadamente. Aclaró que Estados Unidos contaba con 18 días desde la fecha del arresto para presentar formalmente la solicitud de extradición. La petición debe contener  las evidencias que la sustentan para que los jueces evalúen las mismas y procedan a tomar una decisión, que también será apelable.







miércoles, 8 de enero de 2020

Ex-contratista de PDVSA fue sentenciado a 4 años de cárcel y a pagar 3 millones de dólares por delitos de corrupción

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El ex-contratista de Petróleos de Venezuela, Juan José Hernández-Comerma fue sentenciado por un juez de Houston a 4 años de cárcel (48 meses) y a pagar 3 millones de dólares proveniente de su actividad criminal. El convicto formó parte de la trama de corrupción encabezada por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, en el cual se pagaron más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA para recibir  jugosos contratos de la petrolera.
    Hernández-Comerma se declaró culpable de dos cargos que violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos. 
       
      El excontratista trabajó para las empresas de Abraham Shiera en 2008, y luego pasó a ser socio del mencionado empresario cuando adquirió el 17 por ciento de una de las entidades que formaron parte del esquema de corrupción denunciado por el gobierno de Estados Unidos  en 2017. La acusación señala que los involucrados, pagaron sobornos a los funcionarios de Bariven, en la oficina de la petrolera venezolana en Houston, Texas, con lo cual se beneficiaron las empresas registradas en EE. UU. de Shiera y sus asociados.

   La corte notificó al ex-contratista que toda las propiedades, reales o personales, que constituyan o se deriven de su actividad criminal están sujetas a la confiscación. Su sentencia de dinero es de USD 3 millones de dólares.

   En su acuerdo de declaración de culpabilidad se estipuló y acordó que la base fáctica incluyó la pérdida del producto de los contratos de PDVSA asociado con los pagos de sobornos realizados por Hernández Comerma y sus conspiradores.




martes, 20 de noviembre de 2018

Ex tesorero de Hugo Chávez se declara culpable de lavado de dinero en tribunal de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
El ex tesorero nacional del gobierno del fallecido presidente, Hugo Chávez, Alejandro Andrade se declaró culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en una audiencia en la Corte del Distrito Sur del estado de la Florida. Andrade fue acusado por los fiscales estadounidenses de haber usado su alta posición como funcionario público para favorecer un enorme entramado de corrupción que permitió la expoliación de miles de millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano.

En un documento, dado a conocer por las autoridades norteamericanas, Andrade asume la responsabilidad de los delitos imputados y acuerda cooperar con el gobierno de los Estados Unidos, suministrando toda la información requerida para evidenciar las acusaciones contra varios funcionarios y miembros de la  llamada boliburguesía venezolana.
Con está declaración de culpabilidad y su aceptación para colaborar plenamente Andrade deberá comparecer como testigo en posibles juicios que se hagan a otros conspiradores y cualquier solicitud que haga el Departamento de Justicia estadounidense sobre casos asociados a su gestión.
Andrade es el funcionario número uno en una acusación que se sigue contra el presidente del canal de noticias venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, quien junto a otros conspiradores habrían robado millones de dólares bajo la complicidad de los funcionarios del gobierno entre los años 2011 al 2017.
El acusado era tesorero de la nación en 2010 cuando se inició la conspiración y de acuerdo a los fiscales habría recibido más de mil millones de dólares en sobornos por parte de Raúl Gorrín y otros conspiradores para facilitar las transacciones fraudulentas y no intervenir en el proceso de corrupción que generó enormes pérdidas para las finanzas del estado.
Gorrín pagó sobornos, incluyendo facturas de mil dólares por arreglos a casas, servicios de veterinarios, transporte de caballos de paso, compra de bienes inmuebles, yates, aviones, jets de lujo, vacaciones.
Seguiremos informando....

martes, 5 de junio de 2018

Juez de NY otorga libertad bajo fianza al banquero que evadió sanciones de EE. UU. contra Irán con dinero del erario público venezolano

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A pesar que gobierno de los Estados Unidos se oponía, un juez de Nueva York concedió libertad bajo fianza al propietario del Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad, acusado de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a Irán con dinero proveniente de planes de viviendas del régimen de Venezuela. El multimillonario pagó un aval de más de $34 millones de dólares en diversos instrumentos financieros. 

El acusado estará sujeto a un monitoreo electrónico y un toque de queda nocturno de 7 p.m.

Asimismo, el demandado se vió obligado a entregar todos los pasaportes. El juez prohibió además la tramitación de nuevos  y no podrá obtener ninguno nuevos documentos de viaje. 

Ali Sadr Hasheminejad, de 38 años, fue acusado de evadir las sanciones impuestas por los Estados Unidos al régimen de Irán y canalizar más de $ 115 millones pagados en virtud de un contrato de construcción de viviendas para pobres con el gobierno de Nicolás Maduro, a través del sistema financiero estadounidense.

En la orden del juez también dice que Hasheminejad deberá renunciar a cualquier derecho a impugnar la extradición desde cualquier país extranjero.

Hasheminejad fue arrestado en marzo de 2018 en Virginia tras ser acusado de infringir sanciones contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero. 

De acuerdo a la decisión del tribunal, el demandado sólo podrá movilizarse entre los distritos del sur y del este de Nueva York, el distrito este de Virginia, el distrito de Maryland y el distrito de Columbia.

El juez aseguró además que Hasheminejad no podrá reclamar los fondos depositados en sus dos cuentas bancarias congeladas en Chipre. Si el acusado no cumple con las condiciones de la fianza y huye del territorio norteamericano los fondos se mantendrán en posesión del tribunal.

La defensa presentó un paquete de fianzas de dinero y bonos por un total de $ 34 millones, que incluyen 40 bonos de familiares, amigos y colegas por valor de $ 14 millones aproximadamente. 

Según el documento, los bonos puestos en garantías para lograr la libertad del acusado incluyen un compromiso de la familia y los amigos del banquero. La defensa argumentó que si su cliente decidiera no presentarse ante el tribunal, Hasheminejad causaría un daño significativo a sí mismo y a su entorno más cercano.

El fiscal del caso, Geoffrey Bearman, se opuso al paquete de fianza y acusó a Hasheminejad de haber establecido el Banco Pilatus en 2013 con ganancias criminales directamente vinculadas al proyecto del gobierno de Venezuela para supuestamente construir viviendas para pobres. Dijo ademas que los dólares estadounidenses que usó el demandado salieron ilegalmente del país y tiene un origen criminal.

Según el gobierno de los Estados Unidos, la riqueza de Hasheminejad que incluye un capital de $ 12.9 millones en Pilatus Bank . 

Los bienes del banquero en territorio norteamericano fueron decomisados por el gobierno. Entre las propiedades retenidas está una apartamento de Washington DC, valorado en $ 1.5 millones de dólares y unas granjas de producción de pistachos que tienen un valor de $ 5.7 millones en California. 









martes, 29 de mayo de 2018

Juez de NY niega petición de nuevo juicio a los dos hombres culpables de blanquear más de US$100 millones a funcionarios chavistas

En este caso aparecen como beneficiarios del dinero transmitido por Miami Equipment los exfuncionarios del gobierno venezolano, Nervis Villalobos, Fidel Ramírez Carreño (hermano del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño) y Enrique Rafael Cid Montes asesor del exministro de Energía y Minas, Jesse Chacón, entre otros. El Consorcio KCT era el principal cliente de la empresa usada para efectuar el blanqueo.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Uno de los hombres que fueron hallados culpables por un jurado en Nueva York de haber usado una empresa de materiales de construcción en Miami para lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pidió a un juez que se realizara un nuevo juicio alegando que en el realizado el octubre de 2017 la fiscalía no logró demostrar su culpabilidad.  Luis Javier Díaz alegó que tiene derecho a ser absuelto, o a un nuevo juicio porque fue perjudicado por el interrogatorio incorrecto que el gobierno federal aplicó a su padre, Luis Díaz Jr.
Los abogados del acusado aseguraron que el jurado fue corrompido por una "exhibición incendiaria" que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó de elementos que implicaban a los dos acusados, Luis Javier Díaz (el hijo) y Luis Díaz Jr. (el padre) en la comisión de crímenes no relacionados con los cargos el caso.

La corte del Distrito Sur de Nueva York negó la petición y anunció que se siguen los procedimientos pertinentes para fijar nuevamente la fecha de la sentencia que estaba prevista para el 27 de abril de 2018 y que se prorrogó debido a la solicitud de mociones hechas por los equipos de defensa de los dos demandados.

La defensa alega, además, que al ser las ofensas de condena delitos de Clase C y D —violaciones de los que hallado culpable Luis Javier— lo hacen elegible legalmente para una sentencia de libertad condicional. "Luis Javier es un candidato particularmente bueno para tener éxito en libertad condicional, ya que no tiene antecedentes penales y cumplió con sus condiciones de fianza durante 17 meses, sin incidentes, lo que demuestra su voluntad y capacidad de seguir las reglas y restricciones de la Corte".

La Oficina de Libertad Condicional recomienda un rango de pautas de 151-188 meses. Luis Javier sostiene que el rango de las pautas no debería ser superior a 15-21 meses.

El caso

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a dos empresarios cubano-americanos que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron jugosos contratos de PDVSA y Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.

Los dos hombres fueron juzgados por los siguientes cargos:

1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión;

2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;

3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y

4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión.

El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50), fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel.

Objeciones presentadas por la defensa

En un documento presentado a la corte del Distrito Sur de Nueva York por la defensa de Luis Javier Díaz objetan los cálculos de las pautas recomendados por la Oficina de Libertad Condicional en el Informe de Presencia ("PSR"). Dicen que esta presentación también incorpora la solicitud de Luis Javier en una disminución de la pena de acuerdo lo establecido en las normas de los EE. UU. que establece que la conducta delictiva en este caso está "fuera del corazón" del lavado de dinero típico.

Entre las objetivaciones presentadas, los defensores destacan que en el informe del PSR establece un nivel de ofensa base de 30 al responsabilizar a Luis Javier por USD 100 millones como el "valor de los fondos".  Dicen los abogados que Luis Javier Díaz fue condenado por violar 18 U.S.C. §1956. PSR, ¶71 y el PSR aplica un aumento de dos niveles para el "lavado sofisticado", delito por el cual se recomienda una sentencia de entre 151 y 188 meses si el acusado tiene antecedentes penales.

La defensa alega que Luis Javier Díaz se ubica en el nivel de delito base de 30 por el "valor de los fondos" y la mejora de dos niveles por "lavado sofisticado", es por ello que piden al tribunal  un ajuste a la baja para mitigar el papel en la ofensa, de conformidad con lo establecido en la norma USSG §3B1.2.

Asimismo, los abogados objetan el valor de los fondos, señalando que el PSR recomienda que Luis Javier Díaz sea responsable de los aproximadamente USD 100 millones en transmisiones por cable que involucran al Consorcio KCT Cumaná Internacional III. Estas transacciones KCT fueron manejadas de manera independiente por su padre, Luis Díaz, Jr., razón por la cual la corte debería rechazar la recomendación del PSR y apoyar la objeción de Luis Javier Díaz.

Argumenta la defensa que Luis Javier Díaz fue absuelto de los cargos 1 y 3, expuestos en la conspiración. Por su veredicto, el jurado —necesariamente— encontró que Luis Javier no conspiró o acordó con su padre para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia o para cometer un lavado de dinero internacional.

"La única forma lógica de explicar los veredictos es que el jurado no estaba convencido de que Luis Javier participara conjuntamente con su padre en las transacciones de KCT", dice la defensa.

Señalan que las evidencias del juicio demostraron que Luis Díaz, Jr., manejó todas las transacciones que involucraban a KCT.  Aseguran que los correos electrónicos entre la empresa de los acusados y el Consorcio KCT fueron transferencias electrónicas dirigidas a Luis Díaz, Jr., quien coordinaría las transferencias electrónicas con el banco.

Aseguran los abogados que Luis Javier defendió el caso sobre la base de que no tenía nada que ver con las transacciones del Consorcio KCT. "Si el jurado hubiese encontrado más allá de toda duda razonable que las transacciones de KCT formaban parte de una "actividad delictiva conjunta" entre Luis Javier y Luis Díaz, Jr., el jurado indudablemente habría condenado a Luis Javier por la conspiración".

Entre los elementos que exponen ante el tribunal, afirman que la evidencia directa perteneciente a Luis Javier en el juicio, se refería a su participación (sin su padre) en Miami Equipment al recibir una transferencia bancaria de USD 69.975,00 el 30 de septiembre de 2013, de una cuenta bancaria a nombre de Taller e Importaciones en Venezuela. Dos días después, Luis Javier recibió un correo electrónico de un representante de Taller con instrucciones de enviar USD 67.875,75 a la cuenta de Taller en Mercantile Commerce Bank en Florida. Se preparó una factura de Miami Equipment por la diferencia, que establece lo siguiente: "recibió USD 2.099,25, tarifa de procesamiento, 3 por ciento de USD 69.975.". La transacción de Taller no estaba relacionada con KCT; de hecho, era la única transmisión por cable que involucraba directamente a Luis Javier por la cual se cobraba una tarifa. La transacción de Taller formó la base de las condenas de Luis Javier en los condes 2 y 4, los cargos sustantivos de violación de 18 U.S.C. §1960 y §1956 (a) (2) (A).

En consecuencia, Luis Javier sostiene que el valor de los fondos debería ser de USD 69.975; el aumento de 6 niveles da como resultado un nivel de ofensa base de 12, piden los abogados.

La pequeña "comisión" para las transacciones con tarjeta de crédito referenciadas por el gobierno en este caso, claramente no era una tarifa de transferencia bancaria; más bien, implicó el reembolso a Miami Equipment por la comisión deducida por la compañía de la tarjeta de crédito para procesar esas transacciones, acotaron.

Aunque Díaz Jr. y Javier Díaz llevan a cabo mociones distintas después del juicio, los argumentos se superponen y se tratan de manera coextensiva con el fin de resolver dichos movimientos.

La defensa plantea cuatro desafíos principales al veredicto del jurado:

1) En primer lugar, argumentan que el Distrito Sur de Nueva York no era el lugar apropiado para este enjuiciamiento porque Miami Equipment solo operaba el presunto negocio de transmisión de dinero sin licencia en Florida.

2) En segundo lugar, Javier Díaz sostiene que las pruebas aducidas en el juicio fueron insuficientes para respaldar una determinación de culpabilidad sobre los cargos sustanciales de transmisión de dinero y lavado de dinero internacional.

3) En tercer lugar, los demandados sostienen que el Tribunal denegó erróneamente la solicitud de los acusados y sostienen que dicho tribunal denegó erróneamente su solicitud de una instrucción que hace referencia a la excepción del corredor de bolsa a la definición de "transmisor de dinero" en el formulario de registro de la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN").

4) Finalmente, Javier Díaz afirma que fue injustamente perjudicado por el interrogatorio del gobierno a Díaz Jr.

La corte niega todas las mociones

En una orden del juez Pauley III sobre el caso firmado el 4 de mayo de 2018, el magistrado niega todas las mociones de los demandados para la absolución o un nuevo juicio.

Entre los argumentos presentados por los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr. para pedir un nuevo juicio estaba el supuesto hecho de que "las preguntas hechas por el Gobierno a Luis Díaz Jr. (padre de Luis Javier) causaron prejuicio y habrían tenido un efecto devastador en el jurado.

Sobre este aspecto, el juez señaló que cuando el acusado Díaz Jr. testificó en el estrado, dijo que Miami Equipment no era un negocio de transmisión de dinero, el gobierno introdujo registros de cuentas de Wells Fargo que enumeraban varios depósitos en efectivo en varios lugares, incluida Nueva York, por individuos a quienes Díaz Jr. profesaba no conocer. Además de plantear preguntas sobre por qué Díaz Jr. no se daba cuenta de los depósitos aleatorios de partes desconocidas en una cuenta bancaria que él controlaba. Con ello, el gobierno buscó conectar el uso de esa cuenta de Wells Fargo con las actividades de transmisión de dinero de Miami Equipment.

La defensa dijo que el gobierno tenía una base de buena fe para explorar la actividad en la cuenta de Wells Fargo. Más importante aún, en vista de otra evidencia que sugiere que los demandados habían estado operando un negocio de transmisión de dinero, la fiscalía no tenía una base para preguntarle a Diaz Jr. si se había pagado una comisión por esas transacciones de Wells Fargo, dijo Pauley.

Los demandados argumentan que las transacciones de la cuenta de Wells Fargo fueron diferentes a las transacciones por cable que Miami Equipment realizó en nombre de sus clientes. Pero la desautorización categórica de Díaz Jr. de la práctica de cobrar una tarifa, o de administrar un negocio de transmisión de dinero, abrió la puerta para que el gobierno explorara la actividad inusual que rodea una cuenta que él controlaba. El gobierno tenía derecho a explorar si estas transacciones particulares eran parte del negocio de transmisión de dinero de los demandados dijo el magistrado.

La corte también negó los desafíos de los acusados, señalando lo siguiente:

1) Nueva York es el lugar apropiado en cualquier distrito en el que se cometa un delito. Dijo que el locus de Nueva York de muchas cuentas bancarias en cuestión en este caso también establece, por una preponderancia de la evidencia, que el lugar en el Distrito Sur de Nueva York era apropiado para los cargos internacionales de lavado de dinero.

2) Las pruebas aducidas en el juicio si fueron suficientes para respaldar la determinación de culpabilidad sobre los cargos sustanciales de transmisión de dinero y lavado de dinero internacional. El delito de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia implica "transferir fondos en nombre del público por cualquier medio" sin una licencia.

El Gobierno presentó evidencia de que los demandados, por una tarifa, autorizaron la transferencia de millones de dólares de cuentas bancarias en Florida a cuentas bancarias en Nueva York en nombre de sus clientes.

3) El juez alegó que el tribunal no denegó erróneamente la solicitud de Luis Javier de exceptuar al corredor de bolsa de la definición de “transmisor de dinero” en el formulario de registro de la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN"), cuando dio las instrucciones a los miembros del jurado.

4) Javier Díaz no fue injustamente perjudicado por el interrogatorio que el gobierno hizo a su padre Díaz Jr.

jueves, 16 de noviembre de 2017

Jurado declaró culpable a dos empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.  

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a dos empresarios cubano-americano que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron  jugosos contratos de Pdvsa, Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.
Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.
Luego de 6 días de juicio, donde la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó 6 testigos, (entre los cuales estaba la hija del acusado). El jurado pasó un día deliberando para concluir que los dos hombres son culpables de los cargos. Luis Díaz Jr. fue hallado culpable de 4 cargos y su hijo Luis Javier Díaz de dos cargos. 

Los dos hombres fueron juzgado por los siguientes cargos:

1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión; 

2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;

3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y 

4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión. 

El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50) fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel. 

De acuerdo a la fiscalía neoyorquina las condenas potenciales máximas en este caso son prescritas por el Congreso de los Estados Unidos, y cualquier sentencia de los acusados ​​será determinada por el juez de la causa William H. Pauley III.

La investigación federal -que sirvió de soporte a este caso- fue realizada por la Unida de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidroga DEA, el Departamento de Policía de Englewood, Nueva Jersey y la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Seguridad en la Frontera de los EEUU.

El caso de los Díaz fue supervisado por La Oficina de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos del gobierno federal y la acusación estuvo a cargo de los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Jennifer L. Gachiri.

La historia

A lo largo del juicio los fiscales federales mostraron al jurado una serie de evidencias que mostraban que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz usaron su empresa Miami Equipment & Export para volar más de 100 millones de dólares a varias empresas venezolanas, que así vez triangulaban pagas de sobornos a funcionarios y ex funcionarios chavistas que poseen cuentas bancarias en paraísos fiscales. Entre los funcionarios se encuentran primeramente Nervis Villalobos Cárdenas, ex vice Ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Fidel Ramírez Carreño médico, hermano del embajador Rafael Ramírez Carreño, Enrique Rafael Cid Montes asesor del ex Ministro de Energía y Minas, Jesse Chacón; Mario Vega  Pérez (Ingeniero empleado de Cadafe); José Luis Léon; Teddy Peralta (Ingeniero Electricista de Cadafe); José V. Rangel Mendoza y Ali  Enrique Matute Tovar (CorpoElec y Cadafe).

Los dueños del Consorcio KCT Cumaná Internacional III usaron  la empresa de los dos acusados para lavar dineros provenientes de contratos habidos fraudulentamente y a través del pago de sobornos a funcionarios y ex funcionarios de empresas públicas venezolanas, tales como Pdvsa, Cadafe y Corpoelec.

Los nombres de los empresarios dueños de KCT fueron mencionados en varias de oportunidades, entre los destacan: Enrique Padrella, Antonio Padrin, Blas Herrera, Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT), Ariano Martín (KCT), Elisbert Becerra Guzmán (Secretaria de Blas Herrera); José Miguel García (KCT), César Cardozo (Cielemca CA), José Garantón (Cielemca CA).

Otros personas que fueron mencionados en la acusación y en el juicio fueron: Rodolfo Somani (EMA), Ramiro Donato, Luis I. Franca Monsalve, Gustavo Hernández, Eduardo Marcano, Ricardo Díaz, Eduardo Navarro Pan, Luis Guevara, José Cañizalez y Remigio Otero.

El esquema de corrupción y lavado de dinero que funcionó por más de una década y que permitió lavar más de 100 millones de dólares, según los representantes del gobierno de los Estados Unidos fue acordado por los acusados y sus clientes en Venezuela para violar las leyes contra el lavado de dinero que rigen las instituciones de transmisión de dinero en el mercado estadounidense.

Los fiscales mencionaron varias empresas venezolanas que transferían dinero desde sus cuentas en Venezuela a las cuentas bancarias de Miami Equipment & Export y desde allí a otras cuentas de los mismos dueños, sus empleados o los funcionarios que sobornaban.

La empresa que más dinero lavó en este esquema fue Consorcio KCT Cumaná Internacional III, seguida Alimentación Balanceada, Cartera Manzanillo, Taller Importaciones, Materiales Manzanillo y PetroTubos entre otras.

Asimismo la fiscalía mostró evidencias de las empresas de maletín que recibían los pagos enviados por KCT. Entre las empresas que más millones de dólares recibieron están las siguientes:Kingsway LDA (Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas); Adimar International Limited (Blas Herrera, Antonio Padrin, Enrique Pradella, Mario Herrera);Levack Limited  LTD Islas Vírgenes (Mismos dueños de KCT y Adimar); Posner International INC  (Panamá) (Enrique Pradella y José Miguel García); Quinfra Investment LLC y Constructora Quinfra (Luis I. Franca Monsalve, Ingrid Susana Prato); Sumus INC; Gargel International Corp (Panamá);Eurogan SA ( Panamá); ACM Equipment LLC; IRC Spa (Bologna Italia)
Consultotal (Islas Vírgenes); PAMNET SA

Estas otras empresas participaron en el esquema de lavado de dinero a través de cupos de Cadivi. Ellos solicitaban dólares preferenciales, los enviaban a Miami Equipment & Export y luego la empresa de Miami los transfería a las cuentas de los dueños de las empresas en Venezuela. Las principales son las siguientes:
Materiales Manzanillo CA (Oliver González Millán  Y José Antonio González); Alimentación Balanceada ALIBAT CA (David Somoza Mosquera); Catera Manzanillo CA (Oliver J. González y Carlos Alberto González); Petrotubos (Mikele Díaz) y Taller Importaciones.

Los documentos federales 

El Consorcio KCT usó una empresa familiar que vendía equipos de construcción en Miami y la colocó como puerta de entrada a los Estados Unidos de los dineros provenientes de contratos fraudulentos del gobierno venezolano y de Cadivi. La empresa con sede en Doral, Florida —según mostraron en el juicio los fiscales— reportaba ganancias modestas a las autoridades. 

Los defensores de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, Miami Equipment & Export hicieron un esfuerzo ante el jurado de explicar que la empresa propiedad de los dos acusados es de tradición familiar con más de 3 décadas de fundada. Explicaron además que Luis Díaz Jr. conoció a Enrique Pradella  y Antonio Padrin (dueños de KCT) desde que este se inició en el negocio de venta de equipos de construcción."Más que una relación comercial, ellos se hicieron muy buenos amigos", dijo el abogado George Vila ante el juez. 
  
Una evaluación de las finanzas de Miami Equipment & Export hecha por el gobierno estadounidense reveló que desde el 1° de enero de 2010 hasta junio de 2016, la compañía de los acusados, reportó beneficios por el orden de 150 millones 400 mil 881,31 dólares, de los cuales -de acuerdo con la fiscalía neoyorquina- 106 millones 757 mil 106,42 dólares corresponden a dinero enviado desde Venezuela por KCT.

Durante la primera semana de juicio los jurados, 12 mujeres y 3 hombres, vieron la presentación incansable de cuentos de pruebas que evidenciaban dislates en las finanzas de la empresa,las cuales llamaron la atención de los investigadores de los órganos controladores del estado norteamericano. 

Dos testigos llamados por el gobierno al estrado confirmaron las irregulares conseguidas en unas 46 cajas de documentos físicos, y cientos de GB de evidencias electrónicas que usó el gobierno estadounidense para tratar de demostrar -más allá de la duda razonable- que los dos acusados incurrieron en una serie de violaciones a leyes federales relacionadas con la prevención del lavado de dinero y del manejo de un banco sin licencia.

Durante la jornada se enseñaron al jurado decenas de facturas, correos electrónicos y estados financieros que buscaban demostrar que existía un esquema -que funcionó por más de 6 años -que permitía que KCT (y otras empresas venezolanas) usaran a Miami Equipment & Export (ME&E) como banco. Es decir, "los clientes" de la empresa norteamericana, enviaban desde Venezuela millones de dólares y soportaban dichos envíos con facturas falsas de servicios profesionales y asesorías de ingeniería que nunca se habían hecho. Las facturas falsas eran realizadas en Caracas a nombre de ME&E, pero en las finanzas de la empresa estadounidense y en los papeles de impuesto del Servicio de Rentas Internas (IRS), así como en las guías de exportación, no aparecía reflejado que ME&E tuviese relación con los supuestos "consultores" a quienes depositaba millones de dólares en sus cuentas bancarias ubicadas -en su gran mayoría- en paraísos fiscales.

Dentro de las facturas que llamaron la atención estaban unas usadas para pagar supuestos servicios prestados a la empresa de los Díaz por Adinar Internacional Limited, cuyos dueños Blas Herrera, Enrique Pradella, Antonio Padrin, Mario Herrera, resultaron ser los mismos propietarios del Consorcio KCT. Es decir, KCT enviaba el dinero desde Venezuela a ME&E y esta empresa norteamericana se los depositaba en cuentas de bancos estadounidenses a los mismos sujetos, pero en nombre de una compañía diferente (Adinar). A lo largo de la evaluación hecha por los expertos de la Red de Aplicación de Delitos Financieros FinCEN, ME&E transfirió desde sus cuenta bancarias a las de Adinar, 37 millones 621 mil 50 dólares.

Nervis G. Villalobos Cárdenas recibió millones por asesorías que nunca hizo

Pero Adinar no era la única empresa que se beneficiaba del esquema de corrupción. Los expertos del FinCEn mostraron un balance que señalaba que el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, recibió de la empresa de los acusados 17 millones 885 mil 25,30 dólares a través de la empresa Kingsway LDA. Los fiscales mostraron al jurado una serie de falsas facturas firmadas por Villalobos Cárdenas donde se reflejaba que había hecho asesorías en varios proyectos de ingeniería, entre ellos destacaba uno en la planta termoeléctrica Bajo Grande, ubicada en el municipio Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia. La fiscalía destacó que no había ninguna evidencia que ME&E hubiese participado en ese proyecto en Venezuela.

Los fiscales también mostraron un acuerdo de consultoría que supuestamente habría firmado Nervis Villalobos, a través de la empresa Kingsway LDA, con uno de esos acusados, dueño de ME&E, Luis Díaz Jr. El acuerdo no era conocido por la contadora de la empresa, Annate Díaz Rojas, hija del demandado y quien es la encargada de las finanzas de la empresa desde hace 15 años. La mujer -que fue obligada a testificar  contra su padre y su hermano por un mandato judicial emitido por el gobierno de los Estados Unidos- dijo que no tenía conocimiento de que ME&E tuviese consultores externos, asesores en el extranjero o que actuara por mandato de otras empresas. Aseguró que ME&E no tenía líneas de negocio internacionales, ni representación de empresa externas y que sólo se dedicaban a vender y exportar equipos de construcción hacia América Latina desde Miami.

La fiscalía preguntó a Annete Díaz Rojas que si a lo largo de su trabajo como contadora había conocido a Nervis Villalobos Cárdenas o a Fidel Ramírez Cárdenas, (quien es el hermano del expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez), y a otra decena de beneficiarios de los pagos hechos por la empresa de su familia a lo que la mujer respondió negativamente. "No sé quiénes son esas personas y ME&E no tiene relación con ellos".

La fiscalía también preguntó a Díaz Rojas si había preparado las formas del Servicio Interno de Impuestos IRS #1099 para los asesores o consultores a quienes ME&E les había desembolsado millones de dólares y la testigo nuevamente lo negó. Por las leyes norteamericanas, las personas que prestan asesorías o consultorías a empresas, deben llenar la referida planilla de impuesto en la cual es preciso explicar en qué recibe el servicio, en este caso ME&E. Mientras las evidencias mostraban las facturas de servicio, y en los estados bancarios se observaba los pagos hechos por años, el IRS nunca recibió las planillas de los beneficiarios ni los reportes del pagador.

KCT Cumaná II Internacional enviaba regularmente correos electrónicos a los dos acusados donde les informaba los montos que depositaban en las cuentas de ME&E y, en correo separado, enviaban las instrucciones con las cuentas de las empresas o individuos que serían beneficiados con el dinero y, como archivo adjunto, enviaba las facturas falsas de los supuestos servicios que los receptores del dinero habrían prestado a ME&E. La fiscalía demostró con testigos y documentos que no existía una relación entre ME&E y los beneficiarios de los fondos.

A lo largo de la audiencia, la defensa intentó imponer la tesis de que los dos acusados eran los representantes de KCT, que sí tenían relación con las personas y empresas venezolanas y que en las evidencias seleccionadas por la fiscalía se habían excluido unas órdenes de compra hechas por ME&E a la transnacional Siemens.

La defensa también presentó ante el juez un reporte hecho por el banco donde los acusados tienen sus cuentas bancarias, en los cuales se hace una revisión de los cuentahabientes, de la empresa y de los clientes de la empresa. La defensa argumentó que el banco debió haber hecho el reporte al FinCEN "si hubiese observado que algo andaba mal, pero no lo hizo", dijo el abogado Vila en tono provocador.

También se discutió sobre el uso de los correos electrónicos corporativos. Según los defensores, el presidente de ME&E, Luis Díaz Jr., no sabe manejar computadoras, por lo que son sus hijos los que se encargan de revisar y contestar los correos. Mostraron al jurado decenas de correos donde la secretaria del presidente de KCT Blas Herrera, Elisbert Becerra Guzmán (quien también recibió dinero en su cuenta en el extranjero) donde informaba a Luis Díaz Jr. sobre el dinero que depositaban en la cuenta de ME&E, y otros donde daba las instrucciones para hacer los depósitos en las cuentas de los beneficiarios y donde enviaban las facturas falsas a nombre de ME&E por servicios que, según el gobierno, nunca se prestaron.

De acuerdo a lo afirmado por la hija de Luis Díaz Jr., Annette Díaz Rojas, su padre no revisa el correo. Comentó que existe una cuenta ljd@miamiequipment.com que la revisan todos los trabajadores de la empresa, que son la misma familia, para cumplir con las instrucciones. 

José Quiñón, abogado de Luis Javier Díaz, le aclaró al jurado que los bancos siempre conocen a sus clientes antes de aceptar las cuentas. El agente del FinCEN, Mathew De La Rosa, dijo que el banco hizo una averiguación sobre la empresa y los dueños, y por una orden del gobierno norteamericano, entregó todos los récords.

Quiñón tomó más de una hora para rebatir a la fiscalía la participación de su cliente en el esquema de lavado de dinero, que el fiscal auxiliar había dibujado en una pizarra con unas pequeñas  láminas que incluían los nombres de las empresas y los beneficiarios del dinero lavado.

El defensor revisó cada empresa, repitiendo las facturas y los correos electrónicos y preguntándole a De La Rosa si allí estaba el nombre "Javier", a lo que el testigo respondió por más de 30 veces que no. Concluida la tarea de Quiñón, la fiscalía entró en escena mostrando al jurado los documentos del banco donde se reflejaba que Luis Javier Díaz era el vicepresidente de la empresa ME&E y firmante de la cuenta, por tanto, responsable del esquema de lavado. También se dedicó a mostrar una serie de correos electrónicos donde aparecía el nombre de "Javier" en varias oportunidades. 

Dentro del marco de la audiencia, también se discutió el tema relacionado con las empresas venezolanas Alimentación Balanceada, Cartera Manzanillo y Taller Importaciones. Estas empresas funcionaron de otra manera, según la fiscalía. Las corporaciones conseguían cupos de Cadivi, colocaban a ME&E como empresa receptora en el exterior, Cadivi depositaba el dinero en la cuenta de la empresa de los acusados, y luego, ME&E lo reembolsaba con una nota que decía: "Reembolso Cadivi".

La Defensa explicó al jurado que hacer negocios en Venezuela no era lo mismo que hacerlos en los EE. UU., y que por los controles y riesgos que corrían las empresas para comprar dólares, se justificaba que los empresarios buscaran socios en el extranjero para conseguir dólares a precio preferencial con el gobierno de Venezuela.

La fiscalía presentó como testigo al profesor Daniel Lansberg-Rodríguez, un experto en controles cambiarios y en el sistema Cadivi. Su presencia en la sala fue interrumpida en múltiples oportunidades por la defensa, que evitaba que el testigo explicara al jurado cómo funciona el sistema de control y cómo Cadivi se convirtió en una máquina de corrupción para aquellos empresarios, familiares y allegados que tenían contactos dentro de ese ente gubernamental.


Entre otros testigos que aparecieron en escena hubo una mujer llamada Ana Losada, que vendió a la empresa de Blas Herrera unas oficinas ubicadas en Caracas por $300 mil dólares. Losada dijo que cobró en partes a través de la cuenta bancaria de su hijo que vive en Nueva Jersey. 

Cuando la fiscalía le preguntó a Losada sí ella había hecho asesorías profesionales a ME&E aseguró que no conocía esa empresa. Seguidamente la fiscalía pidió a los dos acusados que se levantarán y le preguntó a la mujer si conocía a los dos hombres a lo que respondió negativamente y luego, cuando le mostraron una factura que decía que ella le había prestado consultoría a la mencionada empresa la testigo dijo que no había hecho esa factura a pesar que su nombre estaba impreso en ella, con la dirección de su hijo y que jamás había tenido relación con los acusados ni con su empresa. 

miércoles, 4 de octubre de 2017

Juicio contra red que lavó más de $100 millones a funcionarios chavistas se iniciará en noviembre en Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El juicio contra Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo, acusados de lavar al menos 100 millones de dólares a funcionarios chavistas a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en ciudad Doral se iniciará el 6 de noviembre de 2017 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz se encuentran  actualmente en la ciudad de Miami, en libertad bajo fianza, luego de haber pagado de $250 mil dólares cada uno en el mes de enero en el tribunal de Nueva York. La corte confiscó los pasaportes  de los dos acusados cuando fueron arrestados en diciembre de 2016 en el estado de la Florida.

Los cargos 

Luis Díaz de 74 años y Luis Javier Díaz de 49 años fueron acusados de “conspirar para lavar dinero de origen ilícito y operar un negocio de transferencia de dinero internacional sin poseer las licencia que establecen las leyes norteamericanas”. En combinación con unas empresas constructoras venezolanas, la compañía de los dos hombres logró lavar unos 100 millones de dólares, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El gobierno federal acusa a los dos hombres de haber violando lo establecido en el título 31 del Código de los Estados Unidos, en su secciones 1956 (a) 2 (A).

El arresto 

El 19 de diciembre de 2016, el juez Ronald L. Ellis ordenó oralmente levantarle el sello a la acusación contra los dos acusados que fueron arrestados el día 20 de diciembre de 2016 en Miami. Los sujetos fueron llevados dos días después de su detención ante un juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida. Ambos se declararon culpables de los cargos por los cuales habían sido apresados, según los récords judiciales.

En esa primera audiencia de presentación, que se realizó el 22 de diciembre de 2016 y que duró apenas 15 minutos, el juez del Distrito Sur de la Florida, Jonathan Goodman leyó los cargos a los dos acusados. El abogado George Vila, gestionó ante las autoridades la fianza que finalmente fue fijada por en el magistrado en un cuarto de millón de dólares. Los dos empresarios salieron en libertad.

Posteriormente, el 31 de enero de 2017, los defensores de Luis Díaz y Luis Javier Díaz pidieron al juez una autorización para viajar a la ciudad de Orlando para participar en una serie de subastas de material de construcción pesado, alegando que sus empresas requieren ese tipo de mercancía para seguir produciendo. El juez les otorgó el permiso desde el 1 al 11 de febrero de 2017. 

Nueva York es la jurisdicción del caso

El 6 de febrero de 2017, los dos acusados se trasladaron a la ciudad de Nueva York, donde el juez James L. Cott realizó la audiencia de presentación inicial. Ese mismo día la corte autorizó a José Manuel Quiñon como abogado de Luis Javier Díaz y Luis Díaz.
El juez Cott dijo que las condiciones se mantenían hasta el 13 de febrero de 2017 cuando se produciría la próxima cita. No obstante, por razones que no fueron explicadas en el expediente el día 6 de febrero de 2017 se procedió a cerrar el caso formalmente y dicho expediente fue enviado a la sala de archivos.

En mayo 2017 el caso regresó a la corte, y fue anunciado un calendario de actividades, que incluye, inclusive, un juicio con jurado podría celebrarse en el mes de noviembre de 2017. Los abogados mencionados en el expediente no han hecho comentarios sobre el caso, ni respondieron a las llamadas.

El caso

Luis Díaz y Luis Javier Díaz son propietarios de la empresa exportadora de equipos de construcción en el estado Florida, Miami Equipment & Export. El gobierno de los Estados Unidos los acuspó de haber transferido ilegalmente más de 100 millones de dólares de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y otras entidades extranjeras pertenecientes a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y de su antecesor, Hugo Chávez.

La denuncia penal contra los acusados fue presentada en la corte federal de Manhattan por la fiscalía de distrito y los acusa de “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia”.

El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y su presunta participación en varios esquemas de soborno, lavado de dinero y narcotráfico.

Según la demanda, la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de transferencias de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio -sin nombre revelado hasta ahora- de empresas de construcción venezolanas.

Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar de los Díaz, que a su vez, envió fondos a cuentas bancarias en varios países en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.

A petición del consorcio, también transfirieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos que las empresas  del Estado venezolano violando las leyes de licitación, alega la demanda contra los dos hombres residentes del estado de la Florida.

Dice que en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de dólares del "consorcio venezolano", de los cuales US $ 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del gobierno chavista.

El pago, según un correo electrónico de un funcionario venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.

De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía “off shore” de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la familia Díaz recibió una cuota de 87.218 dólares, según las averiguaciones.

Durante el período en investigación, la empresa española controlada por el individuo vinculado a funcionarios venezolanos recibió al menos 17 millones de dólares.

Otros 41,4 millones de dólares se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas, de acuerdo con la demanda. 

Luis Díaz jr es representado por el abogado Vincent Flynn y Luis Javier Díaz por José Quiñon.