¿ Por qué la justicia de los EE. UU. levantó los cargos de narcotráfico y terroristas al general, Clíver Alcalá Cordones?

Por Maibort Petit

    El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acordó retirar los cargos por delitos de terrorismo y narcotráfico al ex-general venezolano, Clíver Alcalá Cordones, acusado de ser parte del Cártel de los Soles y de haber tenido una carrera criminal por más de dos décadas. El militar chavista sólo se hizo responsable de delitos menores, y será sentenciado en los próximos meses.

  En una comunicación el gobierno de los Estados Unidos informó a la corte que la fiscalía renuncia a la acusación hecha en 2011 contra Cliver Alcalá Cordones, por los cargos de terrorismo y narcotráfico. Asimismo, se señala que habrá una audiencia donde el militar venezolano se declarará culpable de delitos menores, como resultado de una negociación que firmó con los fiscales federales de Nueva York.

  Fuentes cercanas al caso en Nueva York informaron a Venezuela Política que la defensa de Alcalá llegó a un acuerdo con los fiscales luego de años de negociación. El exgeneral chavista ya había colaborado con la justicia de EE. UU. luego del fallecimiento de Hugo Chávez, pero las colaboraciones no lograron llegar a una conciliación satisfactoria entre 2013-2014.

   La razón detrás de la decisión de los fiscales incluyen interés de la justicia y colaboración con los fiscales.

  La acusación contra el militar venezolano se produjo el 26 de marzo de 2020, cuando se le señaló de conspiración para cometer narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína; y cargos relacionados con armas de fuego.

  El caso contra Alcalá Cordones se enmarca dentro de una acusación que el gobierno de los Estados Unidos formuló contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos, entre ellos el referido oficial, de quien se dice fungía como uno de sus lugartenientes que actuaban para “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”.

 Además de Maduro y Alcalá Cordones, la acusación contempla a elementos emblemáticos del chavismo, tales como Diosdado Cabello y Hugo Carvajal, señalados de ser líderes del Cártel de los Soles.

 Los cargos por los cuales el 5 de marzo de 2020, un gran jurado acusó a Alcalá Cordones, son (1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, en violación de U.S.C. § 960a; (2) participar en una conspiración de importación de cocaína, en violación de 21 U.S.C. § 963; (3) posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, 18 U.S.C. §§ 924(c)(1)(A), 924(c)(1)(B)(ii), 2; y (4) conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924(o).

  Tras ser acusado en 2020, y que el gobierno de EE. UU. pusiera una recompensa por su captura de $10 millones de dólares, Alcalá Cordones se entregó a las autoridades estadounidenses en Bogotá, Colombia. Actualmente se encuentra en una prisión del Condado de Westchester en las afueras de la ciudad de Nueva York a la espera de su sentencia.

 

 En la comunicación de la corte, los fiscales señalan que renuncian a la acusación de los siguientes cargos:

1. Desde al menos el 2006, Cliver Alcalá Cordones fue acusado de ayudar, proporcionar e instigar la provisión de materiales a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) a sabiendas que era un delito castigado por las leyes de lo Estados Unidos. El delito fue iniciado y cometido fuera del jurisdicción de cualquier estado o distrito en particular de los Estados Unidos. Cliver Antonio Alcalá Cordones, el acusado, se encuentra arrestado en el Distrito Sur de Nueva York.

  El demandado cometió un delito establecido en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2339A(b), a saber, propiedad, servicios, armas, explosivos y personal a una organización terrorista extranjera, a saber, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designada por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, de conformidad con la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

  Alcalá Cordones cometió el delito a sabiendas que las FARC estaban designadas como una organización terrorista (como se define en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2339=B.

2) Cargo 2: Recepción y Transferencia de Armas de Fuego para Uso en un Delito Federal de Terrorismo

  El fiscal de los Estados Unidos acusó a Cliver Alcalá Cordones de recibir y transferir armas de fuego, sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que tales armas de fuego se utilizarían para cometer un delito federal de terrorismo, tal como se define en el Título 18, United States Código de los Estados Unidos, Sección 2332-b (g)(5)), a saber, la provisión de apoyo material y recursos a las FARC acusaron en el Primer Cargo de esta Información, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924(h).

  Según las fuentes consultadas, la negociación de Alcalá Cordones con los fiscales incluye información de hechos que ocurrieron en la primera década del siglo XXI.

  La defensa había alegado en 2022 que Alcalá Cordones había actuado en intentos de sacar del poder a Nicolás Maduro, en una acción que fue conocida por la prensa como Operación Gedeón. Asimismo, el exmilitar ofrecido información de eventos ocurridos durante la administración de Nicolás Maduro.

 Según ha manifestado Alcalá Cordones ante la corte, carece de fondos para pagar su defensa, por lo cual el juez aprobó un abogado de oficio para el proceso que enfrenta desde 2020.

  En Estados Unidos más de un 97 por ciento de las personas que son acusadas de delitos de narcotráfico se declaran culpables para obtener una condena menos severa. En el caso de decidir colaborar con los fiscales, los beneficios son mayores, incluyendo un estatus migratorio para permanecer en territorio norteamericano con su familia, con otra identidad, etc.

La Inmunidad

  Cliver Alcalá Cordones había pedido al tribunal que se reconociera la inmunidad de que supuestamente estaba investido cuando cometió de los delitos de narcoterrorismo que se le imputaron los fiscales.

  El 17 de marzo de 2022, Alvin K. Hellerstein, juez del Distrito Sur de Nueva York, negó una moción para desestimar la acusación en su contra bajo la doctrina de la inmunidad oficial extranjera presentada por Cliver Antonio Alcalá Cordones.

 Alcalá se hace responsable únicamente de los delitos relacionados con las armas. Hasta el momento no se puede determinar a cuántos años de prisión podría ser sentenciado el militar.

    

    

Fijan fecha del juicio contra Carlos Orense Azócar, alias "El Gordo", acusado de ser parte del Cártel de los Soles

Por Maibort Petit

  El juez Vernon S. Broderick, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que la selección del jurado para el juicio contra Carlos Orense Azócar, alias “El Gordo”, se realizará el 20 de noviembre de 2023 y el proceso se iniciará el 27 de ese mismo mes. El venezolano está acusado de delitos de narcotráfico por su supuesto papel en la logística de las operaciones del Cártel de los Soles.

  El juez Broderick advirtió que el tiempo otorgado busca que, por un lado, el gobierno proceda a la producción de documentos del descubrimiento y, por el otro, la defensa pueda proceder a analizarlos y estructurar el caso.

“El Gordo” es acusado de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].

  Carlos Orense Azócar fue extraditado a Estados Unidos en junio del presente año 2022, luego de permanecer durante un año detenido en Italia, donde fue aprehendido en mayo de 2021 cuando estaba en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone.

  De acuerdo a los fiscales norteamericanos, Orense Azócar participó en una empresa criminal desde 2003 hasta 2021, en Venezuela, Colombia, República Dominicana y México junto a otros conspiradores que violaron las leyes norteamericanas contra el tráfico de estupefacientes.

 La próxima cita es el 3 de noviembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es enjuiciado.

 Azócar enfrenta cadena perpetua si es hallado culpable de los cargos interpuestos en su contra por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

 

¿Por qué EE. UU. se opone a la petición de Hugo "el Pollo: Carvajal de deponer a un narco mexicano para buscar la desestimación de su acusación por delitos de narcotráfico?

Por Maibort Petit

  La Fiscalía de los Estados Unidos pidió al juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, negar la petición hecha por Hugo Carvajal Barrios, alias "El Pollo", en la que solicita la autorización del tribunal para deponer a Fernando Blengio, o Luis Fernando Bertulucci Castillo, un narco mexicano que supuestamente sostiene que el exmilitar venezolano —acusado de delitos de narcotráfico— no participó en un envío de cocaína desde Caracas a México, tal cual lo establecen los fiscales en la acusación federal que data desde 2011.

  En la moción —enviada por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams al juez Hellerstein— se señala que "la solicitud de Carvajal no puede ser aprobada por el tribunal debido a que el imputado [El Pollo] aún no ha comparecido en la corte de EE.UU. porque su extradición está pendiente de ser concretada desde España. 

  Asimismo, la fiscalía recuerda que todavía no existe una fecha en el calendario para realizar el juicio contra Hugo Carvajal, por lo tanto "el juez no debería autorizar a Hugo Carvajal Barrios a buscar el testimonio del narcotraficante Blengio para exculparse".

    La defensa de Carvajal Barrios presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York una comunicación con la declaración del narcotraficante mexicano, Luis Fernando Bertulucci Castillo, alias, 'Fernando Blengio Ceseña' condenado en EE. UU. y quien en una entrevista con los abogados del exjefe de Inteligencia del régimen de Hugo Chávez supuestamente señaló que el exmilitar chavista no estuvo involucrado en una transacción de drogas que tuvo lugar en Venezuela en 2006.

 La defensa de Carvajal manifiesta que la jurisprudencia establece que el testigo ( Blengio) debía ser interrogado antes del 6 de enero de 2023, porque de lo contrario no estaría "disponible" ya que sería deportado al terminar su pena, y luego, "no podría o no quería viajar a los Estados Unidos para el juicio". 

  

   En respuesta a la petición de Carvajal, la fiscalía dice que el testimonio de Blengio es irrelevante y no es exculpatorio. "El hecho que Blengio testifique que se encargó personalmente del un cargamento de drogas que fue enviado desde Caracas a México en 2006, y que intentó sobornar al acusado, pero sobornó a alguien que decía ser Hugo Carvajal, no le ayudará a librarse de la causa en su contra".

   El gobierno de EE. UU. alega que Hugo Carvajal “trabajó en conjunto con otros para despachar un cargamento de cocaína de 5.6 toneladas desde Venezuela a México en un avión DC-9” en 2006.  Por su parte, la defensa del 'Pollo' Carvajal dice que Blengio testificará que él era el propietario del DC-9, fue quien coordinó el envío con las autoridades venezolanas y, que los oficiales le mintieron al afirmar falsamente que Carvajal era quien estaba recibiendo los sobornos pagados para traficar las drogas desde Caracas a la capital mexicana. 

  Según los fiscales, "el tribunal debe denegar la moción ya que el testimonio ofrecido por Blengio es una evidencia con problemas potenciales de credibilidad". 

   El fiscal Williams dice que es falso lo que argumenta el exjefe de inteligencia del régimen venezolano en su moción. "No es cierto que el narcotraficante Blengio no estaría disponible para hacer la deposición durante el juicio". 

  Williams advierte que la corte debe negar la solicitud de Hugo Carvajal "sin perjuicio" y que la defensa podría renovar esa acción cuando se esté más cerca del juicio. 

  Sostiene que "el acusado quiere realizar la deposición a Blengio en este momento, para evitar que se continúe la causa ante la justicia estadounidense".

  La Regla Federal de Procedimiento Penal 15 permite declaraciones previas al juicio en casos penales sólo en “circunstancias excepcionales y en interés de la justicia”. El caso de Carvajal no cumple con estos requisitos de acuerdo a la fiscalía.

   'El Pollo' alega que se debe hacer la deposición del narco mexicano porque Blengio cumplió su sentencia y sería deportado a México. Los fiscales dicen que "el mero hecho de que un supuesto testigo resida en un país extranjero no demuestra su “indisponibilidad” a efectos de la Regla 15". 

  El fiscal también afirma que Carvajal está "especulando sin fundamento" al señalar que el testimonio de Blengio “lo exculpará de las acusaciones en su contra”.  

  "El testimonio simplemente no tiene ninguna relevancia para el caso", dice Williams. 

   La defensa asegura que Blengio testificaría que "él cree que sus socios venezolanos lo engañaron y se quedaron con el dinero que se le pagó al acusado y quien supuestamente se hizo pasar por Hugo Carvajal”. 

   Los fiscales sostienen que "creer" no prueba que Blengio haya tenido un conocimiento personal de lo que sucedió con el dinero que pagó a Carvajal, y en todo caso, si hay juicio "no se le permitiría al testigo especular en cuanto a sus creencias". Es decir, si Blengio es llamado como testigo podría testificar "sin conocimiento personal, que el soborno que pagó en Venezuela, efectivamente, llegó al acusado". 

 Blengio aparentemente buscaría opinar que “Carvajal no participó en el 2006 en un trasiego de drogas". Una vez más, sin embargo, no parece haber ningún fundamento para permitir que Blengio testifique de manera tan concluyente en el juicio.

    Entre otras cosas, la fiscalía alega que Blengio nunca interactuó con Hugo Carvajal y, por lo tanto su testimonio "sobre lo que hizo con otros que no son los acusados es muy cuestionable" y no tiene ninguna relevancia. 

  Señala la fiscalía que incluso, suponiendo que el testimonio ofrecido por Blengio fuera veraz, "no exculparía a Hugo Carvajal Barrios de las acusaciones en su contra de delitos de narcotráfico".

  Dice la fiscalía que no existe ningún requisito de que cada miembro de una conspiración se reúna en persona. "Los traficantes de drogas de alto nivel, al igual que otros delincuentes, a menudo intentan aislarse de la delincuencia, reuniéndose sólo con confederados de confianza de nivel inferior que, a su vez, se reúnen con otros".

 "El testimonio de que Blengio entendió que el acusado era un participante en el esquema, pero nunca se reunió él, es difícilmente exculpatorio",  acota.

  Igualmente sostiene que el pago de un soborno a favor de Carvajal, entregado a alguien que se hizo pasar por él, no es exculpatorio. 

   De hecho, el fiscal dice que si un jurado determinará que Hugo Carvajal Barrios participó en una transacción particular de narcóticos, incluirá la consideración del testimonio y evidencia anticipada que el propio acusado estaba realmente involucrado. 

  Por ejemplo, el Gobierno de EE. UU.  prevé que un testigo declarará que Carvajal Barrios instruyó personalmente a otro funcionario venezolano, miembro del Cártel de Los Soles, que el otro oficial necesitaba ser preparado para intervenir si las fuerzas del orden intentan detener el cargamento de cocaína que iba a bordo el avión de Blengio en 2006. 

  "Dicho testimonio no se ve socavado de ninguna manera por el pago de un soborno a alguien que se hizo pasar por Carvajal, especialmente cuando el testigo no puede decir si ese dinero, finalmente, llegó al acusado. De hecho, la aceptación y comprensión de Blengio de que el acusado recibiría el soborno es, en todo caso, inculpatorio, ya que sugiere notoriamente que el acusado estaba involucrado en la importación de narcóticos.

 El fiscal Williams sugiere que el posible testimonio de Blengio debe tratarse 'con serio escepticismo'.

  "Aunque Blengio era un colaborador registrado, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida finalmente no le ofreció una carta § 5K1.1 al convicto porque, entre otras cosas, determinó, con base en llamadas a la cárcel e interrogatorios de testigos, que Blengio se había ofrecido a fabricar su testimonio contra un narcotraficante mexicano contra el cual fue testigo  cooperante del gobierno, a cambio de dinero. 

 Carvajal tampoco ha demostrado que Blengio no esté disponible. En la actualidad, "Blengio permanece en los Estados Unidos y bajo custodia del gobierno".

 Según los abogados de Inmigración y Aduanas de EE. UU.  se ha presentado una orden de detención contra Blengio y se espera que sea expulsado de los Estados Unidos una vez concluya su sentencia. 

 El Gobierno estadounidense señala que Blengio afirmó que “cree que su vida estará en peligro si es trasladado al país de su nacimiento”, lo que podría resultar en más procedimientos para determinar su estatus, durante los cuales permanecería en los Estados Unidos

  En cualquier caso, si Blengio es deportado a México, la residencia en un país extranjero por sí sola no satisface la condición de  indisponibilidad de un testigo.

 Williams advierte que, incluso "si el Tribunal determina que Blengio no está disponible actualmente (lo cual no es así), y que el demandado ha demostrado materialidad (que no lo ha hecho), sería apropiado que el Tribunal negara la moción del demandado sin perjuicio". 

  Blengio es ciudadano de México y sería enviado a su país después de su liberación. El Gobierno entiende, tras hablar con el Departamento de Asuntos Internacionales de la Oficina de Justicia, que las deposiciones de la Regla 15 se han tomado previamente en México, y una deposición de la Regla 15 podría organizarse en territorio mexicano.

 Hugo Carvajal Barrios se encuentra actualmente en España, donde continúa apelando su orden final de extradición, más recientemente ante la Corte Europea de Derechos Humanos, diligencias que amplían la demora en llegar a EE. UU. 

  Las demoras previas al juicio ‘pueden funcionar en beneficio del acusado’ porque los testigos de la acusación pueden dejar de estar disponibles o sus recuerdos pueden desvanecerse’. 

   La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tiene previsto presentar en el juicio de Hugo Carvajal a testigos que viven en el extranjero, pero cuyo testimonio no se presentará en la corte, hasta que el acusado sea extraditado a Estados Unidos. 

  Estas circunstancias desaconsejan aún más la concesión de la moción del acusado. 

 Si el tribunal aprueba la solicitud de Carvajal, dijo Williams, incentivaría indebidamente a los acusados a retrasar los procedimientos penales y buscar para tomar declaraciones tempranas de la Regla 15.

  

Juez de Nueva York autoriza un nuevo aplazamiento en el juicio de Clíver Alcalá Cordones

 La fecha del juicio con jurado aún no se ha fijado. La próxima conferencia telefónica del caso estaba prevista para el 13 de diciembre de 2021. 

Por Maibort Petit

  El juez de Distrito Alvin K. Hellerstein concedió un nuevo aplazamiento al gobierno de los Estados Unidos para presentar  la moción ordenada para el 1 de diciembre de 2021 en el juicio del ex-general chavista, Cliver Alcalá Cordones, procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcoterrorismo y su vinculación al cártel de los soles. 

   El magistrado Hellerstein, respondiendo a una carta de los fiscales: Jason A. Richman, Benjamin W. Schrier, Kyle A. Wirshba autorizó que las mociones antes del juicio de Alcalá Cordones sean presentadas hasta el 1 de febrero de 2022. 

  En la misma orden, el juez informó a los abogados del exgeneral venezolano que podría presentar cualquier oposición a los argumentos de los fiscales antes del 8 de febrero de 2022.

   Las distintas diligencias y, por ende, el juicio en contra de Clíver Alcalá Cordones, continúan difiriéndose en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el ex mayor general del ejército venezolano enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. 

  Alcalá Cordones fue acusado el 26 de marzo de 2020 por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego en violación del Título 21 del Código de los EE. UU., Secciones 960a y 963, y el Título 18 del Código de los EE. UU., Secciones 924 y 2.

   Se trató de una acusación formulada por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos[1], señalándose a Cliver Alcalá como uno de sus lugartenientes que procuraban “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”. Según la acusación, él, Maduro, Diosdado Cabello y Hugo Carvajal “actuaron como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles, o Cartel de los Soles”[2].

  Los cargos en su contra, en razón de la pandemia por Covid-19, se le dieron a conocer por vía telefónica el 31 de marzo de 2020 ante el juez accidental de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul E. Davison, declarándose no culpable, al tiempo que manifestó su disposición a colaborar con la justicia estadounidense, lo que dio inicio a su proceso judicial[3].

   En junio de ese año 2020, los fiscales solicitaron reprogramar la fecha de la audiencia de presentación de Alcalá Cordones, prevista para el 26 de junio del citado año[4]. En esa misma fecha, el militar venezolano pidió un abogado de oficio por no tener dinero para pagar una defensa privada[5] y el 2 de agosto el juez Hellerstein, aprobó la solicitud, pero le pidió demostrar que, ciertamente, no dispone de los medios económicos para pagar el bufete que lo venía representando[6].

   El 26 de agosto de 2020, el tribunal le otorgó más tiempo para revisar su grueso expediente criminal, atendiendo así un pedido de los fiscales, quienes le argumentaron al juez que seguirían presentando pruebas en contra de Alcalá Cordones, por lo que debía disponer de un plazo más largo para revisar el material[7].

   El 8 de junio de 2021, el juez Alvin K. Hellerstein informó de un nuevo calendario procesal del juicio contra el general, Cliver Alcalá Cordones. El 7 de junio, la corte había autorizado a las partes para que presentaran dentro de los siguientes 60 días, las mociones del caso[8].

   El 29 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó que una conferencia de estado, inicialmente programada para llevarse a cabo el 4 de agosto de 2021, se aplazara hasta el 23 de agosto de 2021 al mediodía.

   Giró instrucciones a las partes a objeto de que quienes efectúen las llamadas y no sean abogados silencien sus teléfonos. Además, se indica a todos los participantes que llamen 5 minutos antes del inicio de la conferencia.

  También ordenó que, a más tardar el 16 de agosto de 2021, a las 12:00 pm, las partes presenten conjuntamente al tribunal una lista de todos los abogados que se espera que aparezcan en el expediente, junto con su información de contacto.

Extender los lapsos

   El 4 de agosto de 2021, los fiscales federales auxiliares de la fiscal del Distrito Sur de Nueva York Audrey Strauss, Jason A. Richman, Benjamin Schrier y Kyle Wirshba, remitieron una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, solicitándole, en razón de la pandemia por el Covid-19, que el tribunal excluya hasta la fecha del juicio el tiempo de la nueva conferencia programada para el 23 de agosto de 2021, esto en interés de la justicia, de conformidad con 18 USC Sección 3161 (h) (7) (A). Informaron que la defensa accedía a esta solicitud.

  Explicaron los fiscales que este tiempo permitiría la revisión continua del descubrimiento por parte del acusado y a ambas partes continuar discutiendo una posible disposición de este asunto

   Este 19 de noviembre de 2021, nuevamente los fiscales pidieron un aplazamiento de 60 días para entregar las mociones. En el calendario, fijado el 27 de septiembre de 2021, luego de una conferencia telefónica sobre el estado del caso, el juez indicó que los fiscales presentarían cualquier moción relacionada con la Ley de intercambio de información de seguridad cibernética (CISA), 6 U.S.C. § 1501 et seq., a más tardar el 1 de diciembre de 2021. 

   En la misma orden se advertía que Clíver Alcalá Cordones debería presentar cualquier oposición a esa moción a más tardar el 8 de diciembre de 2021. Asimismo, se había fijado una sesión informativa telefónica el 13 de diciembre de 2021.

   El 18 de noviembre de 2021 el abogado de  Cliver Alcalá Cordones cambió de dirección. La nueva localización del abogado César Castro es The Law Firm of Cesar de Castro, P.C, 111 Fulton St - 602, NY, NY, USA 10038.

    El 19 de noviembre de 2021, los fiscales pidieron un nuevo aplazamiento de 60 días del 1 de diciembre, 2021 fecha límite para la presentación de la moción anticipada del Gobierno de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada. En la misiva se informa que el abogado defensor no se opone a petición.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero”. 26 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/nicolas-maduro-moros-y-14-funcionarios.html

[2] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[3] Venezuela Política. “Se inicia en Nueva York el proceso judicial contra Cliver Alcalá Cordones, presentación inicial se hizo vía telefónica”. 31 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/se-inicia-en-nueva-york-el-proceso.html

[4] Venezuela Política. “Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/conoce-los-ultimos-detalles-del-caso-de.html

[5] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/cliver-alcala-cordones-pide-la-corte-un.html

[6] Venezuela Política. “Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa”. 2 de julio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/07/juez-de-nueva-york-ordena-cliver-alcala.html

[7] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/cliver-alcala-cordones-tendra-mas.html

[8] Venezuela Política. “Avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Cliver Alcalá Cordones”. 8 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/avanza-en-nueva-york-el-juicio-por.html

Caso Álex Saab: Una novela por entregas en la que su extradición a EE. UU. representa su etapa culminante

  Los fiscales pidieron una prórroga para rebatir la posición de la defensa, pero los abogados del empresario colombiano se oponen a la extensión del plazo.

Por Maibort Petit 

  La última entrega de la novela en que se ha convertido el caso de Álex Saab —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro y solicitado por Estados Unidos bajo acusación de la comisión de delitos de lavado de dinero— muestra que el Departamento de Justicia pidió una prórroga de 30 días al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, para rebatir los argumentos del empresario colombiano. Una solicitud que, a ojos de los abogados de la defensa, sólo representa un riesgo de que su cliente pueda ser extraditado de Cabo Verde a Miami, donde lo espera el banquillo de los acusados del Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

   El informe por el que los fiscales piden plazo para presentarlo, debe responder a la impugnación que los abogados de Saab hicieron a la acusación que se formuló ante la corte de Miami. Además, rebatieron la jurisdicción de los Estados Unidos en el caso, sustentándose en supuesta inmunidad derivada que, aseguran, supuestamente ostenta su representado por su papel de embajador de la administración de Nicolás Maduro.

  En tal sentido, los representantes legales del Saab pidieron al citado tribunal de apelaciones, negar el pedido de la fiscalía de prorrogar del 7 de septiembre al 7 de octubre el plazo para que el gobierno exponga su posición ante lo argumentado por el acusado[1].

   Los fiscales del caso, al momento de formular su pedido, le recordaron a la corte que sobre el “acusado-apelante” recaen siete cargos de lavado de dinero, además de uno por conspiración para cometer ese delito. La acusación formal señala a Saab y a su socio Álvaro Pulido Vargas, de lavar las ganancias de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), mediante un esquema de pago de sobornos que se aprovechaba del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela. La fiscalía en su acusación, igualmente pidió la confiscación de más de USD 350 millones que es el monto de los de fondos involucrados en delito[2].

   Los abogados de Saab creen que “una demora de 30 días en este caso aumenta en gran medida el riesgo de que el Sr. Saab sea extraditado y sujeto a la custodia de los Estados Unidos, a expensas de su inmunidad diplomática”, pues a su modo de ver el asunto, la prórroga sería equivalente “a otros 30 días más de detención ilegal (...) ya sea en Cabo Verde o en Estados Unidos”.

   Para el DOJ el plazo solicitado es necesario en razón de que nuevos fiscales asumieron el caso, siendo que quienes formularon el pedido “no eran parte del equipo del gobierno durante el proceso ante la corte de distrito y estaban poco familiarizados con este caso antes de ser asignados al caso de la apelación”. Por ello, alegaron, “requieren de tiempo adicional para revisar los historiales, examinar los argumentos de hechos y legales presentados por Saab y desarrollar los argumentos para responder a los alegatos de Saab”.

  De igual forma, este tiempo adicional permitirá a las autoridades del Departamento de Justicia analizar la estrategia de los nuevos titulares del gobierno en el caso

Los escenarios posibles

  De pronunciarse los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos en favor de la extradición, el destino de Álex Saab se definiría en la Corte de la Florida.

  En caso contrario, si los magistrados dictan veredicto en favor del empresario colombiano, el caso pasaría a otra corte que se encargaría de definir el proceso iniciado por Estados Unidos que exige el traslado de Saab a territorio estadunidense para juzgarlo por los delitos líneas arriba señalados.

  Los defensores de Saab siguen sosteniendo que el arresto de su representado fue ilegal y alegan que tiene inmunidad diplomática. El 1º de abril pidieron “anular la orden que le confiere el estado de fugitivo” de la justicia de los Estados Unidos[3].

Se presenta como víctima

   Álex Saab se presenta como una víctima del gobierno estadounidense y sus abogados y el pasado 19 de agosto denunció a tres jueces y fiscal general de Cabo Verde, José Landim, de violar sus derechos en múltiples ocasiones. Una acusación que se suma a una anterior formulada también contra Landim y tres inspectores de la policía judicial que participaron en su detención.

   Los abogados de Saab sostienen que estos funcionarios cometieron numerosos errores procesales, entre ellos haberse excedido del tiempo de detención provisional en la cárcel alrededor de cien días.

   Sobre el fiscal acusan tortura, perjurio y ocultación de pruebas sin que estos hechos se hayan investigado a pesar de haberlos denunciado desde hace un buen tiempo.

   Luego de que el Tribunal de Apelación de Barlavento se pronunció en favor de la extradición de Saab, la defensa del empresario colombiano formuló ante Tribunal Supremo de Cabo Verde un recurso que, pese a los propósitos de los abogados, terminó ratificando la sentencia en contra del supuesto testaferro de Nicolás Maduro emitida el 17 de marzo. También presentaron en julio un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual dio revisión el 13 de agosto al asunto para evaluar el recurso y la solicitud que defiende la inconstitucionalidad de la detención de Saab. El veredicto se espera para los próximos días[4].

La carta de Saab

  En la misma tónica de víctima, Álex Saab escribió una carta el 12 de agosto, la cual se conoció posteriormente y en la cual acusa a los Estados Unidos de violar el derecho internacional cuando ordenaron su arresto.

   En la misiva, primeramente, denuncia no habérsele permitido estar presente en la audiencia ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que reiteró su acusación de mantenerse bajo secuestro desde hace 417 días (con relación a la fecha de la carta).

   Refirió nuevamente su condición de Enviado Especial al servicio del estado venezolano desde abril de 2018, cumpliendo un papel “en misiones humanitarias especiales pacíficas, bajo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro para atender necesidades básicas del país, como alimentos y medicinas, entre otros”.

    Se dedica a halagar a Nicolás Maduro y sus colaboradores quienes se esfuerzan para enfrentar “los esfuerzos de Estados Unidos por imponer su voluntad política e imponernos extraterritorialmente sus leyes, Venezuela ha podido contar con muchos años de confianza y amistad con la Federación de Rusia, la República Popular de China, la República Islámica del Irán, la República de Cuba y la República de Turquía, entre muchos, muchos otros aliados, para asegurar que no solo hayamos sobrevivido a las sanciones ilegales, sino que estamos viendo el inicio de la recuperación económica”.

  En tal sentido, hizo mención del pronunciamiento de Rusia en que advirtió a Estados Unidos y a Cabo Verde que el derecho internacional lo protege.

   En la carta arremete contra Estados Unidos y los medios de comunicación, al tiempo que asegura que Venezuela, pese a las sanciones, “comienza a ver los frutos de las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro y su equipo; y es importante recordar esto, mientras nos preparamos para las elecciones del 21 de noviembre. Nuestra fuerza es nuestra unidad. Nuestra unidad mostrará al mundo la transparencia de nuestro gobierno. Por eso debemos barrer estas elecciones”.

  Acusa que algunas naciones sin recursos “se ven obligadas a doblar las rodillas y tender la mano como mendigos”, a diferencia de Venezuela, a la cual define como “una nación bendecida con todos los recursos naturales en abundancia”.

  Finalizó su carta advirtiendo que “No importa lo fuerte que griten los pseudoperiodistas, no importa las presiones de otros estados, nunca le daré la espalda al pueblo de Venezuela ni a nuestro presidente Nicolás Maduro”[5].

La defensa rusa e iraní

  Vale la pena mencionar la incursión en el asunto que últimamente ha asumido Rusia, nación que un día antes de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde emitiera un fallo sobre la legalidad de la extradición de Álex Saab, emitió una nota desde la cancillería calificando la detención del empresario de ilegal.

  Para su pronunciamiento, se sustentó en la supuesta inmunidad de que estaría investido el empresario señalado testaferro de Maduro.

   Al respecto, el gobierno ruso dijo que “Esta práctica de secuestrar a ciudadanos de otros países, incluida la Federación de Rusia, en terceros países por cargos fabricados por las fuerzas del orden de Estados Unidos, se ha convertido en la infame 'tarjeta de presentación' de los Estados Unidos. Ahora Washington parece haber decidido pasar a un nuevo nivel, sentando un precedente dañino para la extradición de una persona autorizada con estatus diplomático".

  Igualmente, Irán ha calificado a Saab como prisionero de guerra, al sostener que este, “con pasaporte diplomático y como enviado del gobierno venezolano para proporcionar artículos médicos y alimenticios al pueblo de Venezuela, tenía la misión de evitar que el gobierno de Estados Unidos hiciera cumplir sus leyes nacionales y extraterritoriales solo con fines políticos”.

  Ambas posiciones buscan ratificar la estrategia de la defensa que apunta a desacreditar la acusación de los Estados Unidos y catalogar el caso como una persecución política.

   Otras voces apuntan a que, en realidad, Rusia e Irán sólo están interesadas en evitar que con al traslado a EE. UU. de Saab se conozcan detalles de los negocios irregulares que el régimen de Maduro mantiene con estos gobiernos.

REFERENCIAS

[1] Infobae. “La Fiscalía de EEUU pidió un plazo de 30 días para presentar argumentos contra Alex Saab lo que aumenta la probabilidad de su extradición”. 26 de Agosto de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/08/26/la-fiscalia-de-eeuu-pidio-un-plazo-de-30-dias-para-presentar-argumentos-contra-alex-saab-lo-que-aumenta-la-probabilidad-de-su-extradicion/

[2] Departamento de Justicia . “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

[3] El Nuevo Herald. “EEUU pide prórroga de 30 días para presentar caso contra Alex Saab”. 27 de agosto de 2021. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article253729698.html

[4] El Espectador. “Alex Saab denunció a jueces y fiscal de Cabo Verde por violar sus derechos”. 19 de agosto de 2021. https://www.elespectador.com/judicial/alex-saab-denuncio-a-jueces-y-fiscal-de-cabo-verde-por-violar-sus-derechos/

[5] Workers World. “Alex Saab’s Letter: No retreat, No surrender!”. 23 de agosto de 2021. https://www.workers.org/2021/08/58518/

Esposo de Zoraimy Araujo, procesada por el caso Solid Show, exige restitución de su casa y vehículo, incautados irregularmente

Por Maibort Petit

   Helton Alain Torres Conner, esposo de Zoraimy Araujo, imputada por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir en el caso Solid Show, exige la restitución de sus bienes, a saber, un apartamento que es residencia familiar y un vehículo, incautados por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), supuestamente bajo la presunción de que hubiesen sido adquiridos con fondos irregulares.

  Reitera, además, que en el proceso judicial contra su cónyuge —el cual tiene lugar en el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal de los Valles del Tuy, Estado Miranda— se siguen cometiendo irregularidades, vicios procesales y demoras sin que, hasta la fecha, las autoridades judiciales resuelvan la situación que mantiene a Zoraimy Araujo desde hace más de 5 años y medio, detenida injustamente, según su punto de vista.

  Refiere Torres Conner que el citado apartamento y vehículo constituyen su patrimonio familiar, en el caso del primero, el legado para su menor hijo, el cual fue adquirido con fondos lícitos como lo demuestra la documentación que a en esta entrega presentamos.

  Explica que el apartamento, adquirido en diciembre de 2007 a través de un crédito hipotecario, se terminó de pagar el 25 de agosto de 2018. Refiere que su esposa figura en el mismo porque como matrimonio adquirieron la responsabilidad ante el Banco Provincial y no, como pretenden hacer ver los acusadores, con la compra Zoraimy Araujo haya legitimado fondos irregulares. De hecho, indica que aun cuando el apartamento les fue incautado, él continuó cumpliendo con sus obligaciones de pago del crédito hipotecario, así como con la cancelación de las cuotas de condominio.

“El hecho de que mi esposa figure en el documento es porque juntos adquirimos la responsabilidad ante el banco por ser cónyuges, no porque mi esposa haya legítimado ningún dinero para la compra del mismo. Yo he sido quien ha cancelado, casi en su totalidad, ese apartamento que en definitiva le pertenece a mi hijo. Por eso he trabajado y luchado toda mi vida, para brindarle a mi familia estabilidad y seguridad”, expresó Torres Conner en esta mesa de redacción.

  Considera que con la incautación se vulneró su derecho a la propiedad, pues tanto el apartamento como el vehículo, fueron incautados desde el 8 de abril de 2015, sin que se hayan tomado en cuenta las pruebas presentadas para demostrar la compra lícita de dichas propiedades.

  Helton Torres informó que el apartamento fue incautado por el Servicio Nacional de Bienes (SNB), pero ignora el paradero de la camioneta.

El documento de compra

  El 18 de diciembre de 2007, Ediverto Eliseo Aguirre Meneses y Amarilys Coromoto Aguirre Meneses, representaron a Ediverto Eliseo Aguirre Saavedra, titular de la Cédula de Identidad número V-3.672.223, con el número de Registro de Información Fiscal (RIF) V-03672223-8, en la venta que este último hizo a Helton Alain Torres Conner y Zoraimy Mercedes Araujo Durán, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad V-12.918.030 y V-13.993.226, de un inmueble de su propiedad distinguido con las siglas C-07-A, situado en el Piso 7 de la Torre “C” del conjunto habitacional denominado “Residencias Bella Vista”, ubicado en la Calle Este del Sector Este de la Urbanización Manzanares, Municipio Baruta del estado Miranda.

El precio de la venta fue de Bs. 425.000.000 que los vendedores declararon recibir a su entera satisfacción.

  El pago, según declaración de Ediverto Eliseo Aguirre Meneses y Amarilys Coromoto Aguirre Meneses, en representación del vendedor Ediverto Eliseo Aguirre Saavedra, declararon aceptar la operación.

  Asimismo, el documento refiere que entre el Banco Provincial S.A. Banco Universal y Helton Alain Torres Conner y Zoraimy Mercedes Araujo Durán, se convino un contrato de préstamo a interés que convirtió a estos dos últimos en deudores hipotecarios, por Bs. 220.000.000.

Los cheques de pago

  El 16 de agosto de 2007, Helton Torres y Zoraimi Araujo Durán, giraron el cheque 00000012, de la cuenta 0108-0228-84-0100036215, del Banco Provincial, a favor de Ediverto Aguirre Saavedra, por Bs. 57.500.000.

   Hay otro cheque por Bs 45.000.000, número 48067201, de la cuenta de José Serrao en el Banco Mercantil, girado también el 16 de agosto de 2007 a favor de Ediverto Aguirre por Bs. 45.000.000.

  El 17 de agosto de 2007, se emitió un cheque de gerencia del Banco de Venezuela, identificado con el número 00005814, por Bs. 25.000.000, a favor de Ediverto Aguirre.

   El 17 de diciembre de 2007, Helton Alain Torres Cooner compró un cheque de gerencia del Banco Mercantil, identificado con el número 38089891, a favor de Ediverto Aguirre por Bs. 27.500.000.

   En la misma fecha, 17 de diciembre de 2007, Helton Torres compró otro cheque de gerencia, esta vez del Banco Provincial, identificado con el número 00109459, pagadero a la orden de Ediverto Aguirre, por Bs. 50.000.000.

  Este inmueble, se encuentra actualmente incautado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

La compra del vehículo

   El 6 de junio de 2013, la empresa mercantil El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. y helton Torres Conner, suscribieron un documento de venta en la que la primera vendió al segundo, una camioneta Pick-Up D/Cabina, marca Chevrolet, modelo Silverado LS 4X, año 2008, color negro, Placa A78BJ0A, por Bs. 350.000 que el comprado declaró recibir a su entera satisfacción.

  Por el documento de protocolización del documento de venta ante ante la Notaría Pública Cuarta del municipio Sucre del estado Miranda, el 11 de junio de 2013, se conoce que el director de la empresa vendedora, El Emporio de las Cajas Fuertes C.A., es el propio Helton Torres y la abogada que redactó el citado documento fue Zoraimy Araujo.

  El documento de crédito suscrito entre el concesionario Tecniauto C.A. y El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. el 15 de febrero de 2008, refiere que la segunda, representada por su presidente Helton Torres Conner y vicepresidenta Dorothy Cooner Centeno (esta última sirvió de fiador en la operación), compró a la primera la referida camioneta Silverado por BsF. 112.700,22, de los cuales se pagaron en efectivo BsF. 50.552,22, quedando un saldo de BsF. 62.148 que más intereses sumaban BsF. 101.422,08.

Este saldo se pagaría en 12 cuotas mensuales.

   El 3 de junio de 2013, Helton Torres y Zoraimy Araujo, emitieron el cheque número 00001199, de la cuenta 0108-0228-84-0100036215. Del Banco Provincial, a favor de “El Emporio de las Cajas Fuertes C.A.”, por Bs. 350.000.000.

   El 6 de junio de 2013, Helton Torres Conner declaró bajo juramento el origen y destino lícito del dinero proveniente de sus ahorros para la compra de un vehículo.

 El vehículo en cuestión era camioneta marca Chevrolet, modelo Silverado LS, placa 02SG8K, año 2008, cuyo certificado de origen refiere que este fue asignado al concesionario Tecniauto C.A. que lo vendió a El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. el 14 de enero de 2008.

  En tal sentido, El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. obtuvo su Certificado de Registro de Vehículo emitido por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el 18 de marzo de 2009.

Y que el 17 de septiembre de 2013, fue registrado a nombre de Helton Alain Torres Conner.

Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.

 Por Maibort Petit

   Aunque había dudas sobre la certeza de la declaración financiera presentada ante el tribunal, el piloto y empresario de aviación[propietario de Jet Server], Alejandro J. Marín, acusado de haber metido a los agentes federales de los Estados Unidos cuando actuaba como fuente confidencial de la investigación vinculada al caso que involucra al Ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y a otros altos jerarcas venezolanos.

   Gracias a lo argumentado por los fiscales del caso se supo que Marín se las arregló para lograr un préstamo de $400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del presidente, Donald Trump para ayudar a las empresas norteamericanas para hacer frente a la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

  Alejandro Javier Marín, dueño y director de la empresa de Administracion Aeronautica My Jet Saver LLC, una compañía de unos 16 empleados, habría aplicado al préstamo del gobierno federal para supuestamente pagar a los trabajadores.

  Los fiscales acusan al empresario aeronáutico venezolano del sur de Florida de mentir respecto a un dinero que retuvo durante una operación encubierta en la que participaba como informante del gobierno federal, según documentos judiciales.

   Marín sustrajo 140,000 dólares de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional y mintió sobre su destino.

  El 13 de noviembre de 2020 se presentó inicialmente el imputado Alejandro Javier Marín ante la  Corte del Distrito Sur de Nueva York ante la juez, Debra Freeman, quien luego de evaluar el caso decidió designar un abogado para defensa del acusado.

  A Marín se le imputan de tres cargos de declaración falsa a un agente federal, en violación de 18 U.S.C. § 1001 (a). 

  La Corte designó temporalmente a Kelley J. Sharkey, del panel de CJA para representar al Sr. Marín, pero observó que, con base en la información financiera proporcionada al tribunal en la declaración jurada financiera del Sr. Marín y declaraciones hechas por la Fiscalía (que objetó el nombramiento de un abogado),  "No estaba claro si Marín era, de hecho, elegible para representación designada por el tribunal". 

  La corte ordenó la abogada Sharkey proporcionar información adicional después de la presentación y ayudar al Tribunal a determinar si debe continuar el nombramiento temporal.

    Sharkey envió una carta a la Corte el 12 de noviembre de 2020, en respuesta a su directiva. 

    La juez dijo que "habiendo revisado esa carta, el Tribunal concluye que, si bien Marín parece tener activos sustanciales, también parece estar significativamente endeudado y tener poca liquidez en su activos y no hay efectivo disponible. Además, aunque, antes de su arresto, Marín recibía ingresos de su trabajo (como piloto) a un nivel superior al que normalmente calificaría a un acusado para recibir servicios de un abogado de oficio, la Corte ha ordenado ahora su prisión preventiva y no tiene indicios de que su los ingresos continuarán". 

 Asimismo, la magistrada indicó que "sí bien el Gobierno ha argumentado que el señor Marín podría sacar fondos de su negocio familiar que aún funciona, que recientemente obtuvo un préstamo del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia, de aproximadamente $ 400,000, la abogada Sharkey ha manifestado que, según el acusado cualquier beneficios que la empresa obtenga actualmente se utilizan para pagar una deuda de 1,4 millones de dólares, y el préstamo PPE se utilizó para pagar a los empleados de la empresa".

  “Para calificar para el nombramiento de abogado, uno no necesita estar totalmente sin recursos financieros. Para determinar si un acusado no puede pagar un abogado, un tribunal generalmente considera “las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia". 

   Sostuvo que en este caso, es demasiado pronto en el proceso para conocer con certeza los costos realistas de la defensa, pero bien pueden ser alto, y, si bien es posible que Marín tenga acceso a activos más allá de lo que ha representado ante la Corte, ni su declaración jurada ni las declaraciones realizadas en su nombre por abogado refleja que actualmente tiene los fondos disponibles para contratar un abogado.

  En ese sentido, la juez ordenó que Sharkey siga sirviendo como abogado de oficio aunque advirtió a Marín que, en una etapa posterior de este procedimiento, es posible que el Gobierno solicite el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de lo establecido en la  Ley de Justicia Penal. 

  La carga recaerá sobre Marín para demostrar por una preponderancia de la evidencia que ha sido financieramente incapaz de obtener un abogado. “está bien establecido que la carga recae en acusado de demostrar por una preponderancia de la evidencia que no puede obtener abogado. 

  Además, la juez ordenó  a la abogada Sharkey que informe al Tribunal de cualquier cambio en las circunstancias financieras del Sr.Marín del que tenga conocimiento durante el curso de su enjuiciamiento, en la medida en que ella crea que tales cambios podrían tener un impacto material sobre la determinación de la Corte de la continua elegibilidad de  Marín para un abogado designado.