Por Maibort Petit
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La Fiscalía de los Estados Unidos pidió al juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, negar la petición hecha por Hugo Carvajal Barrios, alias "El Pollo", en la que solicita la autorización del tribunal para deponer a Fernando Blengio, o Luis Fernando Bertulucci Castillo, un narco mexicano que supuestamente sostiene que el exmilitar venezolano —acusado de delitos de narcotráfico— no participó en un envío de cocaína desde Caracas a México, tal cual lo establecen los fiscales en la acusación federal que data desde 2011.
Según los fiscales, "el tribunal debe denegar la moción ya que el testimonio ofrecido por Blengio es una evidencia con problemas potenciales de credibilidad".
El fiscal Williams dice que es falso lo que argumenta el exjefe de inteligencia del régimen venezolano en su moción. "No es cierto que el narcotraficante Blengio no estaría disponible para hacer la deposición durante el juicio".
Williams advierte que la corte debe negar la solicitud de Hugo Carvajal "sin perjuicio" y que la defensa podría renovar esa acción cuando se esté más cerca del juicio.
Sostiene que "el acusado quiere realizar la deposición a Blengio en este momento, para evitar que se continúe la causa ante la justicia estadounidense".
'El Pollo' alega que se debe hacer la deposición del narco mexicano porque Blengio cumplió su sentencia y sería deportado a México. Los fiscales dicen que "el mero hecho de que un supuesto testigo resida en un país extranjero no demuestra su “indisponibilidad” a efectos de la Regla 15".
El fiscal también afirma que Carvajal está "especulando sin fundamento" al señalar que el testimonio de Blengio “lo exculpará de las acusaciones en su contra”.
"El testimonio simplemente no tiene ninguna relevancia para el caso", dice Williams.
La defensa asegura que Blengio testificaría que "él cree que sus socios venezolanos lo engañaron y se quedaron con el dinero que se le pagó al acusado y quien supuestamente se hizo pasar por Hugo Carvajal”.
Los fiscales sostienen que "creer" no prueba que Blengio haya tenido un conocimiento personal de lo que sucedió con el dinero que pagó a Carvajal, y en todo caso, si hay juicio "no se le permitiría al testigo especular en cuanto a sus creencias". Es decir, si Blengio es llamado como testigo podría testificar "sin conocimiento personal, que el soborno que pagó en Venezuela, efectivamente, llegó al acusado".
Blengio aparentemente buscaría opinar que “Carvajal no participó en el 2006 en un trasiego de drogas". Una vez más, sin embargo, no parece haber ningún fundamento para permitir que Blengio testifique de manera tan concluyente en el juicio.
Entre otras cosas, la fiscalía alega que Blengio nunca interactuó con Hugo Carvajal y, por lo tanto su testimonio "sobre lo que hizo con otros que no son los acusados es muy cuestionable" y no tiene ninguna relevancia.
Señala la fiscalía que incluso, suponiendo que el testimonio ofrecido por Blengio fuera veraz, "no exculparía a Hugo Carvajal Barrios de las acusaciones en su contra de delitos de narcotráfico".
Dice la fiscalía que no existe ningún requisito de que cada miembro de una conspiración se reúna en persona. "Los traficantes de drogas de alto nivel, al igual que otros delincuentes, a menudo intentan aislarse de la delincuencia, reuniéndose sólo con confederados de confianza de nivel inferior que, a su vez, se reúnen con otros".
"El testimonio de que Blengio entendió que el acusado era un participante en el esquema, pero nunca se reunió él, es difícilmente exculpatorio", acota.
Igualmente sostiene que el pago de un soborno a favor de Carvajal, entregado a alguien que se hizo pasar por él, no es exculpatorio.
De hecho, el fiscal dice que si un jurado determinará que Hugo Carvajal Barrios participó en una transacción particular de narcóticos, incluirá la consideración del testimonio y evidencia anticipada que el propio acusado estaba realmente involucrado.
Por ejemplo, el Gobierno de EE. UU. prevé que un testigo declarará que Carvajal Barrios instruyó personalmente a otro funcionario venezolano, miembro del Cártel de Los Soles, que el otro oficial necesitaba ser preparado para intervenir si las fuerzas del orden intentan detener el cargamento de cocaína que iba a bordo el avión de Blengio en 2006.
"Dicho testimonio no se ve socavado de ninguna manera por el pago de un soborno a alguien que se hizo pasar por Carvajal, especialmente cuando el testigo no puede decir si ese dinero, finalmente, llegó al acusado. De hecho, la aceptación y comprensión de Blengio de que el acusado recibiría el soborno es, en todo caso, inculpatorio, ya que sugiere notoriamente que el acusado estaba involucrado en la importación de narcóticos.
El fiscal Williams sugiere que el posible testimonio de Blengio debe tratarse 'con serio escepticismo'.
"Aunque Blengio era un colaborador registrado, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida finalmente no le ofreció una carta § 5K1.1 al convicto porque, entre otras cosas, determinó, con base en llamadas a la cárcel e interrogatorios de testigos, que Blengio se había ofrecido a fabricar su testimonio contra un narcotraficante mexicano contra el cual fue testigo cooperante del gobierno, a cambio de dinero.
Carvajal tampoco ha demostrado que Blengio no esté disponible. En la actualidad, "Blengio permanece en los Estados Unidos y bajo custodia del gobierno".
Según los abogados de Inmigración y Aduanas de EE. UU. se ha presentado una orden de detención contra Blengio y se espera que sea expulsado de los Estados Unidos una vez concluya su sentencia.
El Gobierno estadounidense señala que Blengio afirmó que “cree que su vida estará en peligro si es trasladado al país de su nacimiento”, lo que podría resultar en más procedimientos para determinar su estatus, durante los cuales permanecería en los Estados Unidos
En cualquier caso, si Blengio es deportado a México, la residencia en un país extranjero por sí sola no satisface la condición de indisponibilidad de un testigo.
Williams advierte que, incluso "si el Tribunal determina que Blengio no está disponible actualmente (lo cual no es así), y que el demandado ha demostrado materialidad (que no lo ha hecho), sería apropiado que el Tribunal negara la moción del demandado sin perjuicio".
Blengio es ciudadano de México y sería enviado a su país después de su liberación. El Gobierno entiende, tras hablar con el Departamento de Asuntos Internacionales de la Oficina de Justicia, que las deposiciones de la Regla 15 se han tomado previamente en México, y una deposición de la Regla 15 podría organizarse en territorio mexicano.
Hugo Carvajal Barrios se encuentra actualmente en España, donde continúa apelando su orden final de extradición, más recientemente ante la Corte Europea de Derechos Humanos, diligencias que amplían la demora en llegar a EE. UU.
Las demoras previas al juicio ‘pueden funcionar en beneficio del acusado’ porque los testigos de la acusación pueden dejar de estar disponibles o sus recuerdos pueden desvanecerse’.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tiene previsto presentar en el juicio de Hugo Carvajal a testigos que viven en el extranjero, pero cuyo testimonio no se presentará en la corte, hasta que el acusado sea extraditado a Estados Unidos.
Estas circunstancias desaconsejan aún más la concesión de la moción del acusado.
Si el tribunal aprueba la solicitud de Carvajal, dijo Williams, incentivaría indebidamente a los acusados a retrasar los procedimientos penales y buscar para tomar declaraciones tempranas de la Regla 15.
La fecha del juicio con jurado aún no se ha fijado. La próxima conferencia telefónica del caso estaba prevista para el 13 de diciembre de 2021.
Por Maibort Petit
El juez de Distrito Alvin K. Hellerstein concedió un nuevo aplazamiento al gobierno de los Estados Unidos para presentar la moción ordenada para el 1 de diciembre de 2021 en el juicio del ex-general chavista, Cliver Alcalá Cordones, procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcoterrorismo y su vinculación al cártel de los soles.
El magistrado Hellerstein, respondiendo a una carta de los fiscales: Jason A. Richman, Benjamin W. Schrier, Kyle A. Wirshba autorizó que las mociones antes del juicio de Alcalá Cordones sean presentadas hasta el 1 de febrero de 2022.En la misma orden, el juez informó a los abogados del exgeneral venezolano que podría presentar cualquier oposición a los argumentos de los fiscales antes del 8 de febrero de 2022.
Las distintas diligencias y, por ende, el juicio en contra de Clíver Alcalá Cordones, continúan difiriéndose en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el ex mayor general del ejército venezolano enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo.Alcalá Cordones fue acusado el 26 de marzo de 2020 por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego en violación del Título 21 del Código de los EE. UU., Secciones 960a y 963, y el Título 18 del Código de los EE. UU., Secciones 924 y 2.
Se trató de una acusación formulada por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos[1], señalándose a Cliver Alcalá como uno de sus lugartenientes que procuraban “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”. Según la acusación, él, Maduro, Diosdado Cabello y Hugo Carvajal “actuaron como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles, o Cartel de los Soles”[2].
Los cargos en su contra, en razón de la pandemia por Covid-19, se le dieron a conocer por vía telefónica el 31 de marzo de 2020 ante el juez accidental de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul E. Davison, declarándose no culpable, al tiempo que manifestó su disposición a colaborar con la justicia estadounidense, lo que dio inicio a su proceso judicial[3].
En junio de ese año 2020, los fiscales solicitaron reprogramar la fecha de la audiencia de presentación de Alcalá Cordones, prevista para el 26 de junio del citado año[4]. En esa misma fecha, el militar venezolano pidió un abogado de oficio por no tener dinero para pagar una defensa privada[5] y el 2 de agosto el juez Hellerstein, aprobó la solicitud, pero le pidió demostrar que, ciertamente, no dispone de los medios económicos para pagar el bufete que lo venía representando[6].
El 26 de agosto de 2020, el tribunal le otorgó más tiempo para revisar su grueso expediente criminal, atendiendo así un pedido de los fiscales, quienes le argumentaron al juez que seguirían presentando pruebas en contra de Alcalá Cordones, por lo que debía disponer de un plazo más largo para revisar el material[7].
El 8 de junio de 2021, el juez Alvin K. Hellerstein informó de un nuevo calendario procesal del juicio contra el general, Cliver Alcalá Cordones. El 7 de junio, la corte había autorizado a las partes para que presentaran dentro de los siguientes 60 días, las mociones del caso[8].
El 29 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó que una conferencia de estado, inicialmente programada para llevarse a cabo el 4 de agosto de 2021, se aplazara hasta el 23 de agosto de 2021 al mediodía.
Giró instrucciones a las partes a objeto de que quienes efectúen las llamadas y no sean abogados silencien sus teléfonos. Además, se indica a todos los participantes que llamen 5 minutos antes del inicio de la conferencia.
También ordenó que, a más tardar el 16 de agosto de 2021, a las 12:00 pm, las partes presenten conjuntamente al tribunal una lista de todos los abogados que se espera que aparezcan en el expediente, junto con su información de contacto.
Extender los lapsos
El 4 de agosto de 2021, los fiscales federales auxiliares de la fiscal del Distrito Sur de Nueva York Audrey Strauss, Jason A. Richman, Benjamin Schrier y Kyle Wirshba, remitieron una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, solicitándole, en razón de la pandemia por el Covid-19, que el tribunal excluya hasta la fecha del juicio el tiempo de la nueva conferencia programada para el 23 de agosto de 2021, esto en interés de la justicia, de conformidad con 18 USC Sección 3161 (h) (7) (A). Informaron que la defensa accedía a esta solicitud.
Explicaron los fiscales que este tiempo permitiría la revisión continua del descubrimiento por parte del acusado y a ambas partes continuar discutiendo una posible disposición de este asunto
Este 19 de noviembre de 2021, nuevamente los fiscales pidieron un aplazamiento de 60 días para entregar las mociones. En el calendario, fijado el 27 de septiembre de 2021, luego de una conferencia telefónica sobre el estado del caso, el juez indicó que los fiscales presentarían cualquier moción relacionada con la Ley de intercambio de información de seguridad cibernética (CISA), 6 U.S.C. § 1501 et seq., a más tardar el 1 de diciembre de 2021.
En la misma orden se advertía que Clíver Alcalá Cordones debería presentar cualquier oposición a esa moción a más tardar el 8 de diciembre de 2021. Asimismo, se había fijado una sesión informativa telefónica el 13 de diciembre de 2021.
El 18 de noviembre de 2021 el abogado de Cliver Alcalá Cordones cambió de dirección. La nueva localización del abogado César Castro es The Law Firm of Cesar de Castro, P.C, 111 Fulton St - 602, NY, NY, USA 10038.
El 19 de noviembre de 2021, los fiscales pidieron un nuevo aplazamiento de 60 días del 1 de diciembre, 2021 fecha límite para la presentación de la moción anticipada del Gobierno de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada. En la misiva se informa que el abogado defensor no se opone a petición.
REFERENCIAS
[1] Venezuela Política. “Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero”. 26 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/nicolas-maduro-moros-y-14-funcionarios.html
[2] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism
[3] Venezuela Política. “Se inicia en Nueva York el proceso judicial contra Cliver Alcalá Cordones, presentación inicial se hizo vía telefónica”. 31 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/se-inicia-en-nueva-york-el-proceso.html
[4] Venezuela Política. “Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/conoce-los-ultimos-detalles-del-caso-de.html
[5] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/cliver-alcala-cordones-pide-la-corte-un.html
[6] Venezuela Política. “Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa”. 2 de julio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/07/juez-de-nueva-york-ordena-cliver-alcala.html
[7] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/cliver-alcala-cordones-tendra-mas.html
[8] Venezuela Política. “Avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Cliver Alcalá Cordones”. 8 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/avanza-en-nueva-york-el-juicio-por.html
Los cheques de pago
Por Maibort Petit
Aunque había dudas sobre la certeza de la declaración financiera presentada ante el tribunal, el piloto y empresario de aviación[propietario de Jet Server], Alejandro J. Marín, acusado de haber metido a los agentes federales de los Estados Unidos cuando actuaba como fuente confidencial de la investigación vinculada al caso que involucra al Ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y a otros altos jerarcas venezolanos.
Gracias a lo argumentado por los fiscales del caso se supo que Marín se las arregló para lograr un préstamo de $400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del presidente, Donald Trump para ayudar a las empresas norteamericanas para hacer frente a la crisis originada por la pandemia del Covid-19.
Alejandro Javier Marín, dueño y director de la empresa de Administracion Aeronautica My Jet Saver LLC, una compañía de unos 16 empleados, habría aplicado al préstamo del gobierno federal para supuestamente pagar a los trabajadores.
Los fiscales acusan al empresario aeronáutico venezolano del sur de Florida de mentir respecto a un dinero que retuvo durante una operación encubierta en la que participaba como informante del gobierno federal, según documentos judiciales.
Marín sustrajo 140,000 dólares de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional y mintió sobre su destino.
El 13 de noviembre de 2020 se presentó inicialmente el imputado Alejandro Javier Marín ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York ante la juez, Debra Freeman, quien luego de evaluar el caso decidió designar un abogado para defensa del acusado.
A Marín se le imputan de tres cargos de declaración falsa a un agente federal, en violación de 18 U.S.C. § 1001 (a).La Corte designó temporalmente a Kelley J. Sharkey, del panel de CJA para representar al Sr. Marín, pero observó que, con base en la información financiera proporcionada al tribunal en la declaración jurada financiera del Sr. Marín y declaraciones hechas por la Fiscalía (que objetó el nombramiento de un abogado), "No estaba claro si Marín era, de hecho, elegible para representación designada por el tribunal".
La corte ordenó la abogada Sharkey proporcionar información adicional después de la presentación y ayudar al Tribunal a determinar si debe continuar el nombramiento temporal.
Sharkey envió una carta a la Corte el 12 de noviembre de 2020, en respuesta a su directiva.
La juez dijo que "habiendo revisado esa carta, el Tribunal concluye que, si bien Marín parece tener activos sustanciales, también parece estar significativamente endeudado y tener poca liquidez en su activos y no hay efectivo disponible. Además, aunque, antes de su arresto, Marín recibía ingresos de su trabajo (como piloto) a un nivel superior al que normalmente calificaría a un acusado para recibir servicios de un abogado de oficio, la Corte ha ordenado ahora su prisión preventiva y no tiene indicios de que su los ingresos continuarán".
Asimismo, la magistrada indicó que "sí bien el Gobierno ha argumentado que el señor Marín podría sacar fondos de su negocio familiar que aún funciona, que recientemente obtuvo un préstamo del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia, de aproximadamente $ 400,000, la abogada Sharkey ha manifestado que, según el acusado cualquier beneficios que la empresa obtenga actualmente se utilizan para pagar una deuda de 1,4 millones de dólares, y el préstamo PPE se utilizó para pagar a los empleados de la empresa".
“Para calificar para el nombramiento de abogado, uno no necesita estar totalmente sin recursos financieros. Para determinar si un acusado no puede pagar un abogado, un tribunal generalmente considera “las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia".
Sostuvo que en este caso, es demasiado pronto en el proceso para conocer con certeza los costos realistas de la defensa, pero bien pueden ser alto, y, si bien es posible que Marín tenga acceso a activos más allá de lo que ha representado ante la Corte, ni su declaración jurada ni las declaraciones realizadas en su nombre por abogado refleja que actualmente tiene los fondos disponibles para contratar un abogado.
En ese sentido, la juez ordenó que Sharkey siga sirviendo como abogado de oficio aunque advirtió a Marín que, en una etapa posterior de este procedimiento, es posible que el Gobierno solicite el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de lo establecido en la Ley de Justicia Penal.
La carga recaerá sobre Marín para demostrar por una preponderancia de la evidencia que ha sido financieramente incapaz de obtener un abogado. “está bien establecido que la carga recae en acusado de demostrar por una preponderancia de la evidencia que no puede obtener abogado.
Además, la juez ordenó a la abogada Sharkey que informe al Tribunal de cualquier cambio en las circunstancias financieras del Sr.Marín del que tenga conocimiento durante el curso de su enjuiciamiento, en la medida en que ella crea que tales cambios podrían tener un impacto material sobre la determinación de la Corte de la continua elegibilidad de Marín para un abogado designado.