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viernes, 27 de septiembre de 2019

Conoce todo los detalle de la denuncia hecha por Colombia en la OEA sobre relaciones de “beneficio mutuo” entre la guerrilla y el régimen de Maduro

Un informe de la cancillería colombiana que si bien reconoce que las relaciones no son un hecho nuevo, alerta que en los últimos tres años los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela con la venia de Nicolás Maduro.


Por Maibort Petit 
@maibortpetit

Un informe de la Cancillería colombiana entregado a la Organización de Estados Americanos (OEA) revela los vínculos que los grupos armados ilegales de la nación neogranadina mantienen con el régimen venezolano, una relación que en el reporte se describe como de “beneficio mutuo”.
El reporte, clasificado como de uso exclusivo de la Cancillería, titulado “Grupos armados ilegales y su relación con el régimen venezolano”, alerta que la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, permitirían la continuidad de Nicolás Maduro en el poder.
La primera parte del reporte denominada “Vínculos del régimen venezolano con los grupos armados” de la que toma el nombre el informe, refiere en primer lugar, que se trata de un fenómeno criminal con más de dos décadas de vigencia, cuya relación ha sido denunciada continuamente por el gobierno colombiano para lo cual se sustenta en algunos hechos ocurridos entre los años 2002 y 2016.

Así, se indica que en 2002 se denunció la existencia de campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado de Zulia.

En 2005 se acusó la existencia de campamentos de FARC en los estados Bolívar y Apure, al tiempo de que se alertó la presencia de estos grupos en Amazonas.

Para 2006 Colombia denunció la existencia de refugios y centros de tránsito de droga tanto en el estado Bolívar como en Amazonas.

En 2007 investigaciones desarrolladas por Diario El País sobre “la inmunidad legal de facto” de Venezuela con los Grupos Armados Insurgentes (GAI) de Colombia.

En 2008 los computadores de ‘R. Reyes’ revelaron los vínculos de alias ‘R. Granda’ con autoridades venezolanas. Ese mismo año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a altos funcionarios venezolanos por brindar apoyo a las FARC.
Igualmente, el informe cita la denuncia que en 2010 formuló Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la presencia “consolidada, activa y creciente” de las FARC en territorio de Venezuela. Se habló de 1.500 hombres en armas.

En 2011, el Comandante General de las Fuerzas Militares colombianas denunció la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

En 2012, un informe del gobierno de EE. UU. denunció la permanencia de las FARC y el ELN en Venezuela.

En 2015 se conoció un informe de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en el que se daba cuenta de la presencia de varios cabecillas de las FARC y el ELN en Venezuela, a saber, “Timochenko”, “Grannobles” y “Pablito”.

En 2016, el gobernador de Amazonas denunció la presencia de cerca de 4.000 hombres en armas de FARC y el ELN en esa entidad venezolana.
El reporte refiere que en los últimos tres años, es decir, de 2017 al presente 2019, los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro.

Citando al International Crisis Group (febrero, 2019), el informe refiere que “Las FARC y el ELN se han afianzado mucho más en las últimas dos décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos”.

Igualmente se hace mención a los señalado en marzo de 2019 por Insight Crime, en cuanto a que “El ELN es ampliamente tolerado por autoridades venezolanas (…) El grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad…”.

El segundo punto del informe se denomina “Caracterización de relacionamiento entre el régimen y los grupos armados” y asegura que la relación de la dictadura venezolana con estos grupos es de mutuo beneficio.

Precisa que tres factores determinan el tipo de vínculos, a saber, el considerarse como instrumento para garantizar la continuidad del régimen; por la obtención de réditos de economías criminales; y cuando se han establecido relaciones personales.

Se indica que con esta relación el régimen venezolano obtiene respaldo político y control social en zonas de injerencia de los grupos, mientras que estos últimos logran protección, logística, entrenamiento y armamento.

¿Dónde está opera el ELN en Venezuela?

El frente de guerra del Ejército de Liberación Nacional que opera en la frontera, de acuerdo a lo que revela el informe, mantiene asentamientos permanentes en Venezuela.

Estos asentamientos serían el del Frente de Guerra Norte, con 10 campamentos en el estado Zulia y, particularmente, en la Serranía del Perijá.

El Frente de Guerra Oriental tiene 20 campamentos en los estados Apure, Bolívar y Amazonas.

El Frente de Guerra Nororiental tiene 20 asentamientos en el estado Táchira.

Estos grupos del ELN en Venezuela se dedican, según el informe, a actividades propias de las economías criminales y al fortalecimiento armado.

Las actividades del ELN en territorio venezolano están dinamizadas por los vínculos de la organización ilegal con el régimen venezolano en tres niveles: 1) Estratégico, en el que intervienen altos funcionarios del régimen; 2) Operacional, con las fuerzas e instituciones de seguridad; 3) Táctico, en el que se relaciona con los colectivos y con las milicias.

Los vínculos estratégicos del ELN son —por el movimiento guerrillero— alias “Lenin”, quien forma parte del Frente de Guerra Oriental. Este hombre es el representante del ELN ante el régimen venezolano y su entorno.

Entretanto, la representación del régimen venezolano reposaría en quien ha sido denominado como el “protector del Táchira”, quien también lidera en Venezuela a los grupos colectivos. Freddy Bernal sería el enlace entre el régimen y el grupo armado.

Los vínculos operacionales del ELN con el régimen de Nicolás Maduro estarían dado por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), los miembros de REDI Occidental y Andes; los miembros de ZODI Zulia y Táchira; la Guardia Nacional Bolivariana; la Dirección General Conjunta de Inteligencia Militar (DGCIM); y la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL).

Entretanto, los vínculos tácticos del movimiento guerrillero colombiano con la administración de Maduro son los que permiten que el grupo armado tenga una mayor influencia territorial y armada en Venezuela.

El informe revela que el ELN coordina en la frontera sus actividades con los colectivos, algo que ha permitido que el grupo insurgente reorganice sus relaciones con actores armados legales e ilegales en esa zona.

Estas actividades de coordinación son las que ha permitido, por ejemplo, que el 23 de febrero entrara la ayuda humanitaria a Venezuela.

Igualmente, la ayuda financiera, especificándose como ejemplo de ello el patrocinio que el Frente Efraín Pabón (ELN) le brinda a un colectivo venezolano en frontera.

La coordinación también permite las economías criminales, al controlar y cobrar por transitar a través de los pasos ilegales.

El soporte logístico se transparenta, por ejemplo, en el hecho de que “Antonio García” se haya comprometido a entregar vehículos y radios a los irregulares venezolanos.

La evolución del ELN en Venezuela

De inmediato el reporte pasa a referirse a la manera cómo la guerrilla del ELN ha evolucionado en Venezuela de manera de pasar de tener una presencia esporádica a un proceso de asentamiento permanente.

Para lograrlo, el grupo armado ilegal colombiano, además de sus vínculos permanentes con el régimen chavista, implementó un proceso de “incrustación social” en los territorios venezolanos de la frontera, con apoyo de las autoridades locales.

Este proceso de “incrustación social” se ha visto facilitado al no hacer uso de la “colonización armada”, alineándose con los ritmos de la comunidad, buscando respaldo de grupos armados locales (colectivos), promoviendo procesos de organización comunitaria y facilitando la entrega de las cajas CLAP.

En ello le son favorables la continuidad del régimen venezolano, su relevancia en el desarrollo de negocios criminales y su rol como actor de seguridad para las autoridades regionales.

Colombia denuncia dos riesgos para su seguridad nacional:

En primer término, un ELN más posicionado en territorio venezolano, incluso al margen del apoyo de las autoridades de dicho país.

Y en segundo lugar, la conformación de un enclave criminal entre los dos Estados, que le permita al grupo armado eludir las acciones en su contra.

Grupos armados organizados-residuales en Venezuela

La cancillería colombiana advierte que los grupos residuales mantienen vínculos con las autoridades venezolanas de tipo local y regional, al tiempo que llevan a cabo actividades logísticas, económicas y de control social en Venezuela.

Del mismo modo refieren que los grupos armados entrenan a las milicias venezolanas y controlan algunos pasos fronterizos.

Sostiene el informe que de los 2.296 hombres levantados en armas en Colombia, en Venezuela se mantienen 231, lo que representa el 10 por ciento de la fuerza.

GAO-Residuales en Venezuela:

Esto grupo consolidan sus nexos con las autoridades venezolanas, bien locales, como regionales, a quienes facilitan actividades logísticas, económicas y de control social.

De este modo el reporte sostiene que el Frente 33 del ELN mantiene nexos con el ZODI Táchira, el cual imparte las directrices para percibirlos como aliados a la revolución, al tiempo facilita el control social y político en frontera.

Por su parte, el Frente Acacio Medina contribuye con el ZODI Amazonas, la cual facilita las tareas de seguridad para economías criminales.

El Frente 10 es aliado de los gobiernos regionales y locales en los llanos venezolanos y su contribución consiste en el entrenamiento armado a las milicias, así como la protección a la revolución.

Con el ZODI Apure coopera en el control del tránsito de bienes y personas mediante el otorgamiento de “salvo conductos”.

Con REDI Los Llanos la colaboración es en el área de control social y político.

La contribución del Sebin consiste en brindar protección a miembros de los GAO-Residuales y seguridad para las economías criminales.

En el proceso de coordinación entre los GAO-Residuales y las autoridades venezolanas, juegan un papel fundamental Noé Suárez Rojas, alias “Grannobles” cuya contribución se fundamenta en el manejo de las finanzas y el control sobre los consejos comunales en frontera (Arauca-Apure).

Igualmente, Géner García Molina, alias “Jhon 40”, cuyo aporte e se en el manejo de las finanzas y el entrenamiento armado, así como los vínculos con mafias brasileras.

Márquez y Santrich en Venezuela

El reporte de la cancillería colombiana refiere que alias “Iván Márquez” y alias “Santrich”, así como los nuevos residuales, utilizan el territorio venezolano donde obtienen protección.

El informe indica que la declaración de “Iván Márquez”, “Santrich” y otros de sus cómplices sobre la fundación de un nuevo grupo narcoterrorista responde a las actividades que este grupo adelanta con la facciones del régimen venezolano.

Agrega que desde hace por lo menos un año, “Márquez” y alias “Granda” mantenían reuniones clandestinas en Venezuela.

La primera reunión de Iván Márquez tuvo ligar el 28 de agosto en la Isla La Orchila donde se discutió la presencia de “Romaña” y la relación con la DGCIM, así como los mecanismos para responder ante la JEP.

La segunda reunión de Márquez se llevó a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el estado Apure. Participaron “Grannobles”, Luis Tolosa (FBL) y “Pablito”.

Lo fundamental de esta cita fue discutir la propuesta de constituir un “Bloque político de la izquierda Latinoamérica”.

También se analizó el apoyo al movimiento de tropas y el entrenamiento a las milicias por parte del ELN y los GAO-residuales.

El protagonista de la reunión sostenida del 17 al 25 de octubre en el estado Guárico fue Rodrigo Granda.

El aspecto de interés de este encuentro fue la seguridad proporcionada por autoridades venezolanas a los grupos armados colombianos, los traslados e identificación en caso de no recibir beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la transferencia de bienes de las FARC.

En estos encuentros se denunció el supuesto incumplimiento del gobierno colombiano en las negociaciones, la recuperación de los bienes de las FARC en Venezuela y los encuentros con actores afines al proyecto de radicalización del régimen (Tareck El Aissami y Néstor Reverol).

Estos encuentros constituyeron a criterio de la cancillería colombiana, una contravención al Acuerdo de paz entre los grupos irregulares y el gobierno neogranadino.

Consideraciones finales

Finalmente el informe de la Cancillería colombiana presentado a la OEA sostiene que las relaciones entre el régimen venezolano y los grupos armados ilegales no es un hecho nuevo, estableciendo que la data de la misma tiene por lo menos hace dos décadas y le ha permitido a las partes fortalecerse.

Refiere que en la actualidad los favores prestados por el régimen venezolano a los grupos armados ilegales colombianos han permitido a la guerrilla pasar de permanecer en la retaguardia en Venezuela a tener un asentamiento permanente fundamentado en las economías criminales.

El régimen venezolano utiliza a estos grupos como un mecanismo de control social y de represión a la oposición, además de considerarlos como una especie de “escudo” en la frontera ante una eventual intervención extranjera.

Por último, se advierte que la relación de cooperación entre los grupos armados ilegales y el régimen venezolano es la mayor amenaza para la estabilidad democrática y seguridad de la región.

domingo, 17 de junio de 2018

Dictan orden de aprehensión contra Walter Alexander del Nogal Márquez

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El tribunal décimo de control del área Metropolitana de Caracas dicta orden de aprehensión contra el ciudadano Walter Alexander del Nogal Márquez por presunta comisión de delito de  legitimación de capitales y asociación para delinquir. Las gestiones se realizaron desde esta misma semana y se ejecutarían entre los días lunes y martes de esta  misma semana.
La solicitud fue presentado por la fiscalía 70 Nacional basado en un informe financiero que reposa la carpeta de investigación que se inicio contra de Del Nogal Márquez en 2009. 

Del Nogal Márquez  fue incorporado a la lista del Departamento del Tesoro, OFAC en mayo de 2018. Debido a la designación, se revisó si existía una investigación en contra Del Nogal Márquez en los órganos fiscalizadores venezolanos.

La administración del presidente Donald Trump designó el 7 de mayo de 2018  al ex funcionario del servicio de inteligencia venezolano, Pedro Luis Marín Olivares dos de sus asesores y 20 compañías bajo su control como narcotraficantes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Martín fue acusado en 2015 por un gran jurado en Florida por conspirar intencionalmente para distribuir una sustancia controlada en los Estados Unidos y posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.
En esa misma decisión, la OFAC designó a Walter Alexander Del Nogal Márquez y a Mario Antonio Rodríguez Espinoza por colaborar con Martin, además de 20 compañías en Venezuela y Panamá que son propiedad o están bajo el control de estas tres personas.

La acción del gobierno norteamericano congela cualquiera de sus activos que se encuentren en los EE. UU. O en manos de personas en los EE. UU.

sábado, 18 de noviembre de 2017

Edgar Maestre, "El Profe" se declara culpable de delitos de narcotráfico en tribunal de EEUU

Por Maibort Petit
@maibortpetit

De manera sorpresiva, el narcotraficante Edgar Maestre, conocido como "El Profe" decidió declararse culpable de haber conspirado para traficar cocaína a los Estados Unidos, y no ir a un juicio que estaba previsto empezar el 9 de enero de 2018 en la Corte del Distrito Sur de Virginia.
En una audiencia frente a juez T. S.Ellis  III, Maestre Martínez bajo supervisión de su abogado Donald E. Harris y la fiscal auxiliar del caso, Mary K. Daly, expresó ante la corte que aceptaba su responsabilidad en el cargo uno de la acusación. 
El narcotraficante venezolano, Edgar José Maestre Martínez -quien según el gobierno de los Estados Unidos es miembro de la Dirección de Inteligencia del gobierno venezolano- es acusado de traficar cocaína desde Venezuela a los EEUU, vía Honduras.

Maestre Martínez fue capturado por las autoridades antinarcóticos de Colombia el 15 de octubre de 2013 y extraditado a los Estados Unidos en 2014. A pesar de encontrarse bajo rejas desde el 2013, el acusado por cargos de narcotráfico aparece como trabajador activo en la nómina del Ministerio  del Poder Popular para la Educación y, de acuerdo a la ficha del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, ha cotizado de manera ininterrumpida desde el año 2002 hasta el 2017. En la imagen siguiente pueden apreciar como Maestre ha cotizado 31 semanas al seguro social de salarios pagados por el Estado venezolano por su trabajo en el gobierno revolucionario.
El caso en los tribunales de Virginia

El caso de Edgar José Maestre Martínez "El Profe"  fue calificado por el juez de la causa T. S.Ellis  III, como "complejo". En el expediente de Maestre Martínez  aparecen tres co-conspiradores: Juan Diego Zapata-Arcila  "Lucas El Paisa",  Edwin Franco-Arias alias "Camilo", "Chorizo" y "Ladrillos del Caribe" y, finalmente, Reinel Antonio Benitez Nuñez alias "Cajuche" y "Cajuche Pobre". Los tres co-conspiradores de este caso se declararon culpables de los cargos y aceptaron cooperar con las autoridades norteamericanas. 

El gobierno de los EEUU acusa a los cuatro sujetos de haber violado el título 21 Código de los Estados Unidos en su numeral 960, 963 que establece como ilegal la conspiración para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína y los numerales  959(b), 960, 963  donde se establece como delito poseer cocaína a bordo de un aeronave registrada en los Estados Unidos con intento de  distribución.

Guerra contra las drogas

Colombia es responsable del  90% de la cocaína que se importa a los Estados Unidos y gran parte de esa droga es producida en laboratorios ilícitos ubicados en el interior del territorio colombiano, y luego transportados a zonas fronterizas, dice la acusación del Gran Jurado contra los acusados. 

La cocaína que sale comúnmente de Colombia es enviada desde Venezuela a lo largo del corredor centroamericano hacia Honduras y, luego a México para su eventual envío a los Estados Unidos. Destaca que no existe un mercado interno sustancial  para la cocaína en los países centroamericanos y en México. La enorme demanda en los EEUU hace que sea muy atractivo para los narcotraficantes colocarla en territorio norteamericano.

Dice el documento que para transportar esta cocaína a través del corredor centroamericano, los narcotraficantes utilizan diversos métodos de transporte para incluir aviones privados, camiones y barcos. Las aeronaves privadas se usan frecuentemente para transportar envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela a franquicias clandestinas ubicadas en las selvas de Honduras, desde donde la cocaína es descargada y colocada en los vehículos especiales y transportada a través de la selva a los puertos marítimos costeros hondureños para la exportación.

Los envíos de cocaína de Honduras a Estados Unidos viajan típicamente a través de México donde los cárteles de la droga arreglan para que la cocaína se traslade de manera segura para ser vendida en las principales ciudades a precios muy altos.

De acuerdo a la investigación realizada por las agencias del gobierno, desde el 4 de mayo de 2012, y hasta el 13 de junio de 2012  aproximadamente, en Colombia, Venezuela, Honduras y otros lugares, los acusados conspiraron y acordaron distribuir de manera deliberada en intencional cocaína a los Estados Unidos.

Los acusados y sus co-conspiradores utilizaron las siguientes maneras y medios para la conspiración:

1) Proporcionaron servicios de transporte aéreo a narcotraficantes con el propósito de enviar la cocaína desde Colombia y Venezuela a pistas clandestinas en las selvas de Honduras.

2) Fue parte adicional de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores usaron un avión para transportar una carga de cientos de kilogramos de cocaína de Colombia y Venezuela a Honduras.

3) Fue también parte de la conspiración facilitar una tripulación de tierra, que estuvo presente en las pistas clandestinas de aterrizaje para cargar y descargar las aeronaves, así como para proporcionar seguridad a la pista de aterrizaje.

4) Fue también parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores defendieran los envíos de cocaína de la intervención del gobierno con medios de fuerza letal.

5) Los acusados y sus co-conspiradores pagaron a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo designado por los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera, para gozar de los  privilegios de aterrizaje y seguridad en ciertas áreas de Colombia y Venezuela.

6) También formó parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores sobornaran a los funcionarios del gobierno de los dos países para que les permitieran presentar falsos planes de vuelo; utilizar aeropuertos; evitar la detección de radar y  la interdicción gubernamental de los envíos.

La conspiración cifrada

1) El 4 de mayo de 2012,  uno de los co-conspiradores identificado como "UCC 1" hizo un pago parcial de $ 80,000 para un avión bimotor con el número de cola N984MW de Estados Unidos. El pago fue enviado a un banco estadounidenses.

2) El 18 de mayo de 2012, UCC1 y otros asociados  inspeccionaron el avión N984MW.

3) Entre el 18 de mayo de 2012 y aproximadamente el 11 de junio de 2012,  los acusados pagaron el saldo restante de los aviones y tomaron posesión del avión siglas N984MW.

4) El 12 de junio de 2012, los acusados transportaron aproximadamente 600 kilogramos de cocaína a bordo del avión N984MW desde Venezuela a Honduras para su exportación y distribución.

5) Alrededor del 13 de junio de 2012, el avión N984MW se estrelló en una zona cercana a Cerro Del Suyate,  en Honduras. 39.888 kilogramos de cocaína fueron recuperados de los restos de la nave por los miembros de la Representación de Tegucigalpa (TCO) en colaboración con agentes de la (DEA).

La extradición de Maestre Martínez 

El 12 de noviembre de 2014, el tribunal de justicia colombiano acordó extraditar a Maestre Martínez "El Profe" en base a una solicitud hecha por  el gobierno de los Estados Unidos.

A través de la notificación No.1605 fechada el 8 de agosto de 2013, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia solicitó la detención provisional con fines de extradición del venezolano Edgar José Maestre Martínez,  y formalizó la petición en la comunicación diplomática No. 2524 del 6 de diciembre de 2013.

El tribunal colombiano solicitó a la Cancillería de Venezuela el envío del pasaporte a su nombre y cotejo dactiloscópico que reposa en las oficinas de identificación de la República Bolivariana de Venezuela para verificar los antecedentes judiciales en Colombia y Venezuela, toda vez que, ha sido investigado por conductas al margen de la ley en Venezuela. 

Luego de su extradición Maestre se declaró no culpable de los cargos y decidió ir a juicio. Durante más de 6 meses se preparó toda la documentación y evidencias por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Virginia para probar, más allá de la duda razonable, que el acusado es culpable de delitos de narcotráfico. No obstante, luego de una evaluación hecha con su abogado y los fiscales dos meses antes que el juicio se iniciara, el narcotraficante venezolano acordó firmar un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en el cual se declara culpable y se somete a las leyes antinarcóticos norteamericanas.

La próxima cita de Maestre en la corte será el 2 de febrero de 2018, fecha en la cual el juez T. S.Ellis  III decidirá la fecha de la condena. 

miércoles, 4 de octubre de 2017

Juicio del narcotraficante venezolano Edgar Maestre "El Profe" se iniciará en EEUU en enero de 2018

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Virginia acordó iniciar el juicio contra el narcotraficante venezolano, Edgar José Maestre Martínez alias "El Profe" el 9 de enero de 2018. El demandado -quien según el gobierno de los Estados Unidos es miembro de la Dirección de Inteligencia de Venezuela- es acusado de traficar cocaína desde Venezuela a los EEUU, vía Honduras.
Maestre Martínez fue capturado por las autoridades antinarcóticos de Colombia el 15 de octubre de 2013 y extraditado a los Estados Unidos en 2014. A pesar de encontrarse bajo rejas desde el 2013, el acusado por cargos de narcotráfico aparece como trabajador activo en la nómina del Ministerio  del Poder Popular para la Educación y, de acuerdo a la ficha del Instituto Venezolano de Seguros Sociales ,ha cotizado de manera ininterrumpida desde el año 2002 hasta el 2017.

El caso en los tribunales de Virginia

El caso de Edgar José Maestre Martínez "Profe"  es calificado por el juez de la causa T. S.Ellis  III, como "complejo". En el expediente de Maestre Martínez  aparecen tres co-conspiradores: Juan Diego Zapata-Arcila  "Lucas El Paisa",  Edwin Franco-Arias alias "Camilo", "Chorizo" y "Ladrillos del Caribe" y, finalmente, Reinel Antonio Benitez Nuñez alias "Cajuche" y "Cajuche Pobre". Los tres co-conspiradores de este caso se declararon culpables de los cargos y aceptaron cooperar con las autoridades norteamericanas. 

El gobierno de los EEUU acusan a los cuatro sujetos de haber violado el título 21 Código de los Estados Unidos en su numeral 960, 963 que establece como ilegal la conspiración para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína y los numerales  959(b), 960, 963  donde se establece como delito poseer cocaína a bordo de un aeronave registrada en los Estados Unidos con intento de  distribución.

Guerra contra las drogas

Colombia es responsable del  90% de la cocaína que se importa a los Estados Unidos y gran parte de esa droga es producida en laboratorios ilícitos ubicados en el interior del territorio colombiano, y luego transportados a zonas fronterizas, dice la acusación del Gran Jurado contra los acusados. 

La cocaína que sale comúnmente de Colombia es enviada desde Venezuela a lo largo del corredor centroamericano hacia Honduras y, luego a México para su eventual envío a los Estados Unidos. Destaca que no existe un mercado interno sustancial  para la cocaína en los países centroamericanos y en México. La enorme demanda en los EEUU hace que sea muy atractivo para los narcotraficantes colocarla en territorio norteamericano.

Dice el documento que para transportar esta cocaína a través del corredor centroamericano, los narcotraficantes utilizan diversos métodos de transporte para incluir aviones privados, camiones y barcos. Las aeronaves privadas se usan frecuentemente para transportar envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela a franquicias clandestinas ubicadas en las selvas de Honduras, desde donde la cocaína es descargada y colocada en los vehículos especiales y transportada a través de la selva a los puertos marítimos costeros hondureños para la exportación.

Los envíos de cocaína de Honduras a Estados Unidos viajan típicamente a través de México donde los cárteles de la droga arreglan para que la cocaína se traslade de manera segura para ser vendida en las principales ciudades a precios muy altos.

De acuerdo a la investigación realizada por las agencias del gobierno, desde el 4 de mayo de 2012, y hasta el 13 de junio de 2012  aproximadamente, en Colombia, Venezuela, Honduras y otros lugares, los acusados conspiraron y acordaron distribuir de manera deliberada en intencional cocaína a los Estados Unidos.

Los acusados y sus co-conspiradores utilizaron las siguientes maneras y medios para la conspiración:

1) Proporcionaron servicios de transporte aéreo a narcotraficantes con el propósito de enviar la cocaína desde Colombia y Venezuela a pistas clandestinas en las selvas de Honduras.

2) Fue parte adicional de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores usaron un avión para transportar una carga de cientos de kilogramos de cocaína de Colombia y Venezuela a Honduras.

3) Fue también parte de la conspiración facilitar una tripulación de tierra, que estuvo presente en las pistas clandestinas de aterrizaje para cargar y descargar las aeronaves, así como para proporcionar seguridad a la pista de aterrizaje.

4) Fue también parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores defendieran los envíos de cocaína de la intervención del gobierno con medios de fuerza letal.

5) Los acusados y sus co-conspiradores pagaron a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo designado por los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera, para gozar de los  privilegios de aterrizaje y seguridad en ciertas áreas de Colombia y Venezuela.

6) También formó parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores sobornaran a los funcionarios del gobierno de los dos países para que les permitieran presentar falsos planes de vuelo; utilizar aeropuertos; evitar la detección de radar y  la interdicción gubernamental de los envíos.

La conspiración cifrada

1) El 4 de mayo de 2012,  uno de los co-conspiradores identificado como "UCC 1" hizo un pago parcial de $ 80,000 para un avión bimotor con el número de cola N984MW de Estados Unidos. El pago fue enviado a un banco estadounidenses.

2) El 18 de mayo de 2012, UCC1 y otros asociados  inspeccionaron el avión N984MW.

3) Entre el 18 de mayo de 2012 y aproximadamente el 11 de junio de 2012,  los acusados pagaron el saldo restante de los aviones y tomaron posesión del avión siglas N984MW.

4) El 12 de junio de 2012, los acusados transportaron aproximadamente 600 kilogramos de cocaína a bordo del avión N984MW desde Venezuela a Honduras para su exportación y distribución.

5) Alrededor del 13 de junio de 2012, el avión N984MW se estrelló en una zona cercana a Cerro Del Suyate,  en Honduras. 39.888 kilogramos de cocaína fueron recuperados de los restos de la nave por los miembros de la Representación de Tegucigalpa (TCO) en colaboración con agentes de la (DEA).

La extradición de Maestre Martínez 

El 12 de noviembre de 2014, el tribunal de justicia colombiano acordó extraditar a Maestre Martínez "El Profe" en base a una solicitud hecha por  el gobierno de los Estados Unidos.

A través de la notificación No.1605 fechada el 8 de agosto de 2013, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia solicitó la detención provisional con fines de extradición del venezolano Edgar José Maestre Martínez,  y formalizó la petición en la comunicación diplomática No. 2524 del 6 de diciembre de 2013.

El tribunal colombiano solicitó a la Cancillería de Venezuela el envío del pasaporte a su nombre y cotejo dactiloscópico que reposa en las oficinas de identificación de la República Bolivariana de Venezuela para verificar los antecedentes judiciales en Colombia y Venezuela, toda vez que, ha sido investigado por conductas al margen de la ley en Venezuela. 

martes, 3 de octubre de 2017

Defensa de los 'narcosobrinos' no logró cambiar la severidad de la condena

A petición de la defensa se realizó una audiencia oral de argumentos que buscaba eliminar los alegatos con los que la fiscalía pidió cadena perpetua. Las conclusiones parecen no haber cambiado la posibilidad de que los sobrinos de la pareja presidencial sean severamente condenados por cargos de narcotráfico.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Eran las 11:30 de la mañana cuando los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela llegaron a la sala 14C de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Estaban vestidos con uniformes de presidiarios color azul bastante desteñidos. Los dos reos lucían diferentes. Además de pálidos y somnolientos, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas dejaron ver que los 23 meses que llevan tras las rejas les transformó la vida. Flores se rapó la cabeza y se mantuvo durante la cita con el ceño fruncido. Ambos perdieron peso y se veían agotados. Campo Flores no sonrió como de costumbre ni buscó hacer contacto visual con la prensa. Sentados frente al juez, y con la ayuda de un traductor simultáneo escucharon el contrapunteo que protagonizó la defensa y la fiscalía.

Hasta los abogados lucían diferentes

Junto a Campo Flores estaban sus dos abogados. Randall Jackson dejó de lado su natural simpatía y su verbo encendido. El litigante estuvo retraído al igual que su colega John Zach quien -por cierto- lucía una barba descuidada y un traje beige arrugado y deshilachado. Más a la izquierda estaban los defensores de Flores de Freitas. David Rody mostraba su enojo en cada una de sus intervenciones y su par, Michael Mann, permaneció en silencio a lo largo de toda la sesión.
Juez Paul Crotty del DSNY
A las 11:50 AM, el juez de la causa, Paul Crotty entró a la sala. Pidió a las partes que se identificaran. Por la fiscalía solo asistió el fiscal auxiliar, Brendan F. Quigley. Una vez iniciada la sesión, David Rody empezó por enumerar las llamadas "mejoras" que el gobierno había puesto como argumentos para solicitar que la corte sentenciara a Campo Flores y Flores de Freitas a cadena perpetua.

Rody y Jackson trajeron a la mesa 8 solicitudes de rechazo correspondiente al igual número de mejoras propuesta por la fiscalía y que juntas suman los puntos suficientes para alcanzar una condena de por vida. 

El juez Paul Crotty negó 6 de las 8 peticiones hechas por los defensores de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro, lo que indica que en el informe previo a la sentencia se mantendrá bastante similar al presentado originalmente por el gobierno norteamericano. 

La fiscalía pidió en el informe previo a la sentencia (PSR) las siguientes mejoras:

1.- Cantidad de droga: El nivel de delito base es 38  porque el objeto de la conspiración era importar más de 450 kilogramos de cocaína.

2.- Posesión de Armas de Fuego: Debido a que los acusados y sus guardaespaldas poseían armas de fuego peligrosas, se añaden dos niveles.

3.-Amenazas de violencia: Debido a que Campo Flores hizo amenazas creíbles de violencia en favor de la conspiración a la que se unió Flores de Freitas y en la cual se preveía una conducta violenta, se añaden dos niveles.

4.- Uso de Aeronaves Privadas: Debido a que la conducta relevante de los acusados involucró el uso de aviones privados durante la conspiración que buscaba la importación de cocaína a los Estados Unidos, se añaden dos niveles.

5.-Intento de soborno a las autoridades: Debido a que los acusados ​​intentaron sobornar agentes de la  policía en Venezuela y Honduras para facilitar la comisión del delito, se añaden dos niveles.

6.-Importación a los EEUU: Debido a que un ajuste de rol agravante es apropiado y el objeto de la conspiración involucra la participación directa de los acusados ​​en la importación de una sustancia controlada, se agregan dos niveles.

7.-Rol de liderazgo: Debido a que los acusados ​​eran organizadores y líderes de actividades criminales que involucraban a cinco o más participantes, se añaden cuatro niveles.

8.-Obstrucción a la justicia: Debido a que los acusados ​​presentaron declaraciones juradas falsas en apoyo de sus mociones antes del juicio y la Corte ya rechazó varias de sus mentiras, se añaden dos niveles.


El juez fue enfático con la defensa

La primera moción negada por Crotty a la defensa fue la relacionada con el cambio del monto de los kilos de cocaína que comprendía la conspiración. Los defensores decían que no hubo droga en el caso y que la cifra de los 800 kilos de droga había sido fijada por los informantes de la DEA. El juez sostuvo que las evidencias señalaban que el plan era realizar un primer envío equivalente a los 800 kilos, razón por la cual se mantendrá dicho parámetro en el informe. 

De acuerdo a la reglas federales, las gravedad de una defensa se eleva al máximo nivel cuando la cocaína envuelta en la conspiración supera los 450 kilos.

La segunda moción negada fue la posesión de armas de fuego. Los abogados repitieron los argumentos según los cuales los acusados no estaban armados al momento de la conspiración y aseguraron que las fotografías que presentó la fiscalía eran de armas de Paintball Pellets las llamadas armas "Airsoft ". El juez Crotty negó de manera rotunda este argumento y dijo que la mejora se mantenía.

La tercera mejora negada por el juez fue la relacionada con el uso de aviones privados durante la conspiración. Los abogados insistieron en que Campo Flores y Flores de Freitas no eran capaces de usar aviones privados para trasladar la droga, porque -entre otras cosas- no hubo tráfico de drogas, pero Crotty les recordó que los dos acusados usaron aeronaves privadas para ir a Honduras y Haití, y habían previsto todo lo necesario para que el vuelo en el que harían el envío previsto para el 15 de noviembre de 2015 con los 800 kilos de cocaína. 

La cuarta solicitud negada por el magistrado es la relacionada con el intento de soborno a las autoridades. La defensa dijo que no había evidencias que sus clientes hayan pagado coimas a los agentes de la ley en los Estados Unidos  durante la conspiración. No obstante, el juez dijo que las evidencias señalaban que los dos acusados habían previsto el pago de 900 mil dólares para  que sus asociados en Honduras recibieran la droga, y pagaran los sobornos a los policías del aeropuerto de la isla de Roatán. Asimismo, recordó que en las evidencias había elementos que comprobaban que Campo y Flores habrían pagado sobornos a funcionarios en Venezuela.

Crotty negó igualmente la moción que involucra a los acusados con la participación directa ​​en la importación de una sustancia controlada a los Estados Unidos. Los abogados de Campo y Flores dijeron que habían sido los informantes de la DEA quienes dijeron que la droga tendría como destino final Norteamérica. Tanto la fiscalía como el juez informaron que las grabaciones de audio y video dejaban claro que los demandados conocían hacía dónde se estaba exportando la droga y que ambos habían participado directamente en la conspiración.

La última moción negada por el juez a la defensa  fue la relacionada con el rol de liderazgo de los acusados en la conspiración. Los abogados reiteraron que los acusados eran "muchachos sin experiencia en el narcotráfico e incapaces de coordinar, supervisar a cinco o más participantes". Rody dijo que "la fiscalía había fracasado en su intento de nombrar a los miembros de la conspiración" y que inclusive "no lograron establecer una lista puesto que los conspiradores en su mayoría trabajaban para el gobierno". El juez aclaró que las evidencias demostraron que los acusados ciertamente  actuaron como​​ organizadores y líderes de actividades criminales que involucraron a cinco o más participantes. No obstante, el magistrado decidió bajar dos niveles por este argumento. La fiscalía inicialmente había solicitado que se cargaran cuatro niveles, lo que influye severamente en el cálculo de la sentencia.

Dos solicitudes de la defensa fueron aprobadas

Crotty decidió aprobar dos solicitudes hechas por la defensa. La primera está relacionada con el uso de la violencia a lo largo de la conspiración y que incluían amenazas de muerte a los que no cumplieron lo acordado por parte de los dos acusados. En este aspecto, el juez recordó que Campo Flores había usado en otra oportunidad el verbo matar con un sentido diferente al que realmente tiene. "Cuando él estaba siendo interrogado por el agente especial de la DEA, Sandalio González, éste le preguntó si él le había comunicado a su familia que estaba vinculado a negocios de narcotráfico y Campo respondió que sí lo hacía lo matarían". Esta decisión del juez elimina dos niveles en la tabla de sentencia.

El otro argumento que la defensa pidió que se rechazara era el relacionado con  la supuesta obstrucción a la justicia por parte de los acusados durante el proceso. El juez acordó eliminar esta mejora lo que le resta dos niveles de gravedad a la ofensa.

Resultado de la audiencia


Carlos Pérez, abogado criminal, aseguró que los logros de la defensa en la audiencia de argumento fueron pocos, por lo que no habrá grandes modificaciones en las directrices que regirán para el cálculo de la sentencia. 

Por lo general los cambios que se producen en estas discusiones no afecta sustancialmente la tendencia  que se prevé para que el juez decida la condena, aseguró Pérez.

Lo que indica que Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores enfrentan la posibilidad de una sentencia severa que los podría llevar a permanecer detrás de las rejas por más de tres décadas, según la petición mínima hecha por el gobierno. 

***
Concluida la discusión, el juez levantó la sesión no sin antes anunciar que los dos acusados serán sentenciado el 14 de diciembre de 2017. A Flores de Freitas se le leerá su condena en la mañana y a Campo Flores en la tarde de ese mismo día. La defensa debe entregar las conclusiones de su informe el 1 de diciembre y la fiscalía tiene hasta el 8 de ese mismo mes para hacer entrega del suyo.

Al salir el juez de la sala, los alguaciles se llevaron a los dos acusados del lugar. Salieron cabizbajos, tristes y silenciosos. Los cuatro abogados y sus asistentes también abandonaron el salón con rostros que mostraban preocupación e insatisfacción. 

En el pasillo hablamos con Randall Jackson, el enérgico litigante que ha llevado la defensa de Campo Flores. 

-¿Cuál es tu opción sobre el resultado de la audiencia?, le pregunté.

Se encogió de hombros y se disculpó. "Por ahora no puedo declarar. Es muy difícil esta parte de la materia. Prefiero no comentar".

Por su parte, el defensor de Flores de Freitas, David Rody salió apresurado y malhumorado. 

Así concluyó una jornada más del célebre caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. 

Desde el 10 de noviembre de 2015, Campo y Flores fueron arrestados en Haití y trasladados a Nueva York donde fueron juzgados y hallados culpables de delitos de narcotráfico. La lectura de la sentencia ha sido prorrogada en tres oportunidades a petición de la defensa.

viernes, 29 de septiembre de 2017

Los casos de narcotráfico en Venezuela que prendieron las alarmas de las autoridades antinarcóticos internacionales

Por Maibort Petit
@maibortpetit


En la medida en que se ha venido conociendo los vínculos de funcionarios civiles y militares de los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y al terrorismo internacional, ha venido creciendo la certeza que en Venezuela funciona un narcoestado con características únicas. Varias investigaciones en curso buscan la ruta para establecer este escenario que traerá consecuencias negativas para la nación suramericana sumergida en una aguda crisis política, económica y social.

Los expertos tradicionales hablan de un narcoestado como un área donde el gobierno, el crimen organizado y las autoridades se han fusionado. En el concepto clásico de narcoestado los cárteles de las drogas se mueven con absoluta impunidad, puesto que las agencias que aplican la ley no actúan en su contra, ya sea por un compromiso adquirido entre las cúpulas de poder o por el pago de sobornos o la cohabitación acordada por los sectores que manejan la autoridad y esas organizaciones. 

En un narcoestado, la estructura estatal es usada para facilitar el negocio de las drogas, incluyendo el uso del sistema para el blanqueo de capitales provenientes de la industria criminal. El dinero de la droga también influye en la toma de decisiones políticas, paga campañas electorales de los políticos conectados con los carteles e inclusive, se usa para pagar a los votantes, en su mayoría pobres y acostumbrados a la práctica populista del clientelismo político.

En un narcoestado existe una violencia no controlada, desapariciones y muertes, alcaldes y gobernadores con conducta delincuencial, partidos encubridores y miembros de la sociedad que en ocasiones participan en el sistema por necesidad económica, lo cual conlleva a altos niveles de impunidad. En un sistema de este tipo, la presidencia de la República se convierte en cómplice por omisión o en algunos casos por su participación directa en el esquema criminal. 
Desde el inicio del milenio se habían presentado algunos síntomas de las vinculaciones entre el gobierno de Hugo Chávez y el narcotráfico. Buena parte de esas sospechas se confirmaron gracias a los datos encontrados en las computadoras del guerrillero Raúl Reyes y -luego- en los equipos incautados el 23 de septiembre de 2010 por la Policía y Fuerzas Militares de Colombia durante la Operación Sodoma en la que murió alias 'Mono Jojoy' jefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En menos de dos décadas se produjo una descomposición de una parte de la clase política venezolana y se observó un incremento desmesurado de la corrupción que se han enquistado en los más altos niveles del gobierno y de algunos grupos de la oposición. Con los años también se han incrementado las acusaciones contra funcionarios del gobierno, familiares y adeptos de tener vínculos con el crimen organizado, incurrir en actos de corrupción, crear y encubrir redes delincuenciales, hacer negocios ilícitos, desviar recursos y recibir dinero para sus campañas proveniente de distintas organizaciones criminales.
En un narcoestado el crimen organizado tiene influencia en el gobierno y controla algunas áreas del territorio. Sus conexiones políticas permiten que los carteles actúen libremente, inclusive cuando hacen uso de la estructura del Estado.  En muchos casos que ejemplifican el funcionamiento de los narcoestados, las autoridades se involucran con grupos criminales y logran una cohabitación. 

En algunos modelos de narcoestado las fuerzas armadas juegan un rol fundamental. Los carteles compran las voluntades de los oficiales de todos los niveles con enormes cantidades de dinero para que permitan que las actividades propias de estos carteles puedan realizarse sin ningún inconveniente, incluyendo las tareas de distribución y venta de drogas, al igual que el negocio del secuestro, extorsión, tráfico de personas y de armas.

En los modelos de narcoestado que se conocen hasta ahora  una parte de la sociedad también participa de manera directa o indirectamente. Algunos sectores sociales pasan a ser cómplices  directos y forman parte de las redes criminales en diversos roles. Estas relaciones se gestan en base a la necesidad económica o simpatías políticas con los agentes del poder. Otros sectores de la población suelen colaboran con los carteles a la fuerza o por interés de lograr fácil fortuna o posicionamiento político. En otros modelos conocidos, la sociedad se activa contra las organizaciones criminales y las combate a través de una serie de mecanismo que -en mucho casos- ha resultado eficiente en la lucha contra los cárteles.


En el caso de Venezuela, por ejemplo, existen evidencias que dejan claras las vinculaciones entre funcionarios públicos de alto nivel con organizaciones criminales internacionales, e inclusive hasta con grupos terroristas tales como Hamas o Hezbollah.  

Algunos casos referenciales


La gestión de Nicolás Maduro frente a la jefatura del Estado venezolano ha estado caracterizada no solamente por una aguda crisis económica, la violación de los derechos humanos, la persecución al pensamiento disidente y el recrudecimiento del sistema autoritario del que dan cuenta diversos informes que catalogan esta administración como una dictadura, sino también, por las vinculaciones que sus principales funcionarios y entorno, mantienen con el narcotráfico.

A continuación presentamos algunos casos emblemáticos de narcotráfico que han tenido lugar en los últimos años y que han encendido las alarmas de las agencias antinarcóticos de varios países del mundo.


Walid Makled alias "El Turco" o "El Árabe"


Nacido en la población de Tinaco, Estado Cojedes, 6 de junio de 1969, Walid Makled ejerció una  amplia actividad empresarial en el centro del país, pero es raíz de la compra en el año 2008 de la aerolínea Aeropostal, cuando adquiere especial figuración.
Bajo su égida la que había sido la línea aérea más antigua de Venezuela pasó a denominarse Corporación Alas de Venezuela Aeropostal.

El presidente de la Inversiones Makled, C.A., era igualmente propietario junto a su clan familiar de Almacenadora Conacentro, Fundación Makled C. A, Transporte Makled, Tiendas Makled, finca Sabana del miedo, Centro Comercial Libertador, Centro Comercial Guataparo, Residencias Makled, Centro Comercial MM, dos terrenos de 3 mil metros y mil metros ubicados en Tocuyito (Carabobo), una aeronave, embarcaciones y vehículos.

Todas estas propiedades fueron incautadas por las autoridades venezolanas.

Previo a su detención en el año 2010, Walid Makled, comenzó a ser investigado desde año 2004 por la Comisión Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, que inició la fiscalización de Inversiones Makled, C.A.

En el año 2005, el Ministerio Público venezolano ordenó su investigación por narcotráfico a cuyas averiguaciones se sumaron, en 2008, las relacionadas con legitimación de capitales.

En el contexto de estas investigaciones, el Comando Antidrogas de la GNB y la Dirección de Inteligencia Militar,DIM, incautan 392 kilogramos de cocaína en la Agropecuaria “El Rosario”.


A partir de este evento huye a Colombia y el gobierno venezolano solicita su introducción en lista roja de Interpol.

A Walid Makled también se le involucra en el asesinato del periodista, Orel Zambrano, y del veterinario, Francisco Larrazábal.'


Cuando el 18 de agosto de 2010 las autoridades colombianas proceden a su detención atendiendo una solicitud formulada por gobierno de Estados Unidos que acusa por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, Makled procede a hacer una serie de revelaciones que comprometen al gobierno y a funcionarios de la administración pública venezolana.
Makled confesó haber obtenido la concesión del puerto de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, a través de sobornos a funcionarios de gubernamentales, entre ellos, el exgobernador de la citada entidad federal para la fecha, Luis Felipe Acosta Carlez.

Desde su sitio de reclusión en Colombia, Walid Makled concedió una entrevista a la televisora estadounidense Univisión, en la que involucró a militares venezolanos en sus negocios de narcotráfico y lavado de dinero, quienes habrían contribuido a que amasara una fortuna superior a los 1.200 millones de dólares.

Makled acusó a Venezuela de ser un “narcoestado” y señaló que desde San Fernando de Apure salían a diario 5 o 6 aviones con cocaína hacia Hondura que luego era llevada a México y de allí a Estados Unidos.
Acusó al exgobernador del estado Aragua —actual vicepresidente ejecutivo de Venezuela—, Tareck El Aissami, así como al hermano de este, Feras El Aissami, de llevar a cabo actividades de narcotráfico.
Venezuela disputó la extradición Estados Unidos pues en un tribunal federal de Manhattan es acusado de traficar toneladas de cocaína desde Venezuela, vía América Central y México, para finalmente ingresarla a territorio norteamericano.

Finalmente, en el año 2012, Walid Makled es extraditado a Venezuela al privilegiar el gobierno de Juan Manuel Santos la solicitud de su par, Hugo Chávez, por encima de la formulada por EE. UU. A su traslado es recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En febrero de 2015 fue condenado por el juez 20º de juicio de Caracas, Alí Paredes, a 14 años y 6 meses de prisión por delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Hermágoras González Polanco, alias “el Gordito” o “Armando González Apushana”


Aunque se sabe que Hermágoras González Polanco nació en la ciudad de Maicao en Departamento de La Guajira, Colombia, el 19 de octubre, no se tiene exactitud respecto al año, estimándose que ocurrió entre 1959 y 1962.
También Se le conoce con los alias de "Armando Gonzalez Apushana" y "Gordito González".

También posee la nacionalidad venezolana.

González Polanco es solicitado por la DEA y la orden de captura publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos refiere que manejó su propia organización narcotraficante, a la que se le conoce como el Cartel Guajira.

Desde 1998 hasta la fecha, Hermágoras González Polanco y su socio, Salomón Camacho Mora, enviaban toneladas de cocaína a Estados Unidos, incluyendo 9 toneladas métricas sólo entre 1999 y 2000.

Los informes señalan que González Polanco y Camacho mantienen fuertes lazos con las organizaciones dominicanas de narcotráfico, las cuales cancelan los narcóticos suministrados por estos hombres a través de una elaborada operación de lavado de dinero.

Entre las principales características y modus operandi del Cartel de la Guajira está la violencia, la intimidación, la extorsión y el asesinato, de los cuales se vale para cumplir sus cometidos.

Se conoce que Hermágoras González Polanco también habría integrado las Autodefensas de Campesinos de La Guajira (AUC), a las cuales proveyó de armamento desde Europa a través de la frontera con Venezuela.

González Polanco fue capturado el 9 de marzo de 2008 en la población de Caja Seca, localidad del Estado Zulia en los límites con el estado Mérida.

El Ministerio Público venezolano le confiscó seis fincas de su propiedad ubicadas en la Costa Sur del Lago de Maracaibo, 4.200 reses, bienes valorados a la fecha en 55 millones de bolívares (revaloradas a su condena en 250 millones de bolívares.

Los reportes revelan que durante años actuó impunemente en Venezuela portando armamento con permisos expedidos por la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas.

Poseía credenciales como comisario de la Disip y de la Guardia Nacional firmados por el exdirector de la DISIP, Coronel Miguel Rodríguez Torres y el General de Brigada, Alexis Maneiro Gómez.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló que los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores (Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas) procesado y condenados por un jurado en la Corte del referido distrito, negociaban su liberación.

Hermágoras González Polanco es señalado por el Departamento del Tesoro de recibir cargamentos de droga del vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, investigado por narcotráfico en EE. UU.

Igualmente, González Polanco se mantiene prófugo de la justicia colombiana por un asesinato  cometido en 2002.

Ese mismo año —2002— fue procesado en el Distrito de Nueva Jersey por delitos de lavado de dinero.

En el año 2004 fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico.

En 2005 se emitió una acusación en su contra, así como contra sus socios, por los cargos iniciales de lavado de dinero, conspiración para distribuir cocaína.
En 2013 fue condenado a 15 años y 6 meses de prisión por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas de guerra.

Se encuentra recluido en la cárcel de El Rodeo II, ubicada en el estado Miranda.


Vasily Kotosky Villarroel Ramírez alias “El Potro”


Sin que se tengan mayor información acerca de sus datos biográficos, se conoce que Vasily Kotosky Villarroel Ramírez, también conocido con el alias de “El Potro”, nació el 27 de marzo de 1972.
Este excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quien adquirió fama por haber mantenido una relación amorosa con vedette venezolana, Diosa Canales, era conocido en el oriental estado venezolano de Anzoátegui como un acaudalado empresario, próspero y de fuertes influencias. Residía en la urbanización “La Villas” de Lecherías, Municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja.

Villarroel Ramírez era propietario de yates, lanchas, motos y un avión personal. Asimismo, era una persona conocida por su pasión por los automóviles, los cuales coleccionaba. Todos estos bienes fueron retenidos por las autoridades luego de su detención.

Los informes emanados sobre su actividad delictiva, refieren que Vasily Kotosky Villarroel Ramírez lideraba el cártel de los 40 y era financista y legitimador de los capitales ilícitos del cartel mexicano de Sinaloa.

Se le vincula con el ex-narcotraficante, Frank Tello, apresado en EE. UU., con quien transportaría cocaína desde Colombia a México para luego ingresarla a territorio norteamericano.

A Vasily Kotosky Villarroel Ramírez igualmente se le señalan nexos con los narcos Daniel el ‘Loco’ Barrera y los hermanos Calle Serna, conocidos como ‘los Comba’ (presos en EE. UU).

Este hombre era capitán de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y formaba parte de un cartel integrado por militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB.

Del mismo modo, se sabe que Villarroel Ramírez coordinaba la salida de cargamentos de cocaína por la frontera colombo-venezolana con rumbo a Centroamérica y finalmente a Estados Unidos o Europa.

Se maneja que sería poseedor de amplia información que compromete a altos oficiales militares venezolanos con actividades de narcotráfico.

Villarroel Ramírez tenía órdenes de captura de la oficina de la Interpol en Venezuela (difusión roja) y Estados Unidos (color verde).

El 16 de octubre de 2008 se incautaron en el fundo “La Chinita” ubicado en El Tigre, Estado Anzoátegui, 30 panelas de cocaína las cuales traficaría.

En el año 2011 fue inculpado por estos hechos en una corte de Nueva York bajo los cargos de tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de dinero los años 2004, 2008 y 2009.

En 2013 fue sancionado por los EE. UU. por sus vínculos con los carteles de la droga en Colombia y México.

El Departamento del Tesoro lo calificó como un capo de la droga con nexos internacionales conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

El 20 de julio de 2015 fue arrestado en el contexto de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que lleva a cabo el gobierno venezolano. La captura tuvo lugar en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho a la altura de Guarenas, estado Miranda, por cometer y favorecer presuntos delitos de narcotráfico mientras ejercía como oficial.

Juan Carlos Araujo Durán


Nacido el 7 de marzo de 1970, Juan Carlos Araujo Durán, es ampliamente conocido en Venezuela por sus actividades como empresario de espectáculos musicales y deportivos.

Araujo Durán es director de la compañía Producciones Solid Show 2050 fundada en 1996, dedicada a eventos musicales, marketing corporativo y mercadeo promocional.

De dicha empresa posee el 50 por ciento de las acciones, junto a su socio, Luis Hurtado Arévalo, propietario del restante 50 por ciento.

Con Hurtado también es dueño de Promociones BTL (publicidad y promoción de marcas y eventos), de El Mundo del Entretenimiento L. J. (espectáculos musicales, culturales y deportivos).

Solid Show junto a Main Eventos organizó los partidos locales de la selección venezolana de fútbol durante las eliminatorias de cara al Mundial de Fútbol Brasil en 2014.

Solid Show ha sido acusada y demandada en varias oportunidades por cobro de comisiones y algunos artistas han manifestado públicamente su descontento con la empresa.

El 30 de marzo de 2015 fue detenido por su presunta relación con el tráfico de 450 panelas de cocaína de Venezuela a República Dominicana.

En el operativo de captura se le incautaron cuatro vehículos, un escopetín y un revólver.

La fiscalía acusó a Araujo de lavar dinero proveniente, presuntamente, del narcotráfico, una actividad ilícita para la cual se habría servido de su empresa Solid Show.

Igualmente, el Ministerio Público señaló que las investigaciones indican que Juan Carlos Araujo usaba los espectáculos para distribuir y vender droga a los asistentes a dichos eventos artísticos.

También Solid Show habría sido empleada para solicitar dólares preferenciales fraudulentamente al estado venezolano, el cual mantiene un férreo control de cambio desde hace casi dos décadas.

Araujo contaba con el apoyo del abogado Mariano Díaz, sobrino del juez Cristóbal Ramírez, una relación que le habría servido para extorsionar. Sus clientes suelen ser los conocidos funcionarios gubernamentales conocidos popularmente como “enchufados chavistas”.

Yazenky Antonio Lamas Rondón alias "El Piloto del Cártel de los Soles"


El 31 de octubre de 1979 nació Yazenky Antonio Lamas Rondón, quien posee cédula de identidad venezolana número V-14.072.289.
Se trata de un hombre de origen humilde que ingresó a las Fuerzas Armadas, donde alcanzó el grado de capitán de la Guardia Nacional y se convirtió en servidor de confianza de la familia presidencial venezolana.

Tiene varias propiedades en los estados Miranda y Vargas.

En 2008 Lamas Rondón abandonó la carrera militar cuando se relacionó con el cartel de los Soles.

El 6 de junio de 2016 fue arrestado el en el Aeropuerto “El Dorado” de Bogotá, Colombia, por solicitud de la agencia antidroga estadounidense, DEA.

Lamas Rondón mantenía un alerta roja de Interpol que atendía a una orden de captura dictada en su contra por la Corte del Distrito de Columbia.

A su captura por la policía colombiana, Lamas Rondón, conocido como el “Piloto del Cartel de los Soles”, dijo que poseía una empresa que vendía mascotas de pedigrí en varios países.

El presidente Nicolás Maduro habría solicitado a su homólogo, Juan Manuel Santos, que aprobara la extradición de Lamas Rondón a Venezuela, pero luego de permanecer 386 días arrestado en la cárcel de la Picota en Bogotá, Yazenky Antonio Lamas Rondón fue extraditado a los Estados Unidos el 24 de junio de 2017.

Ya en territorio norteamericano, Lamas Rondón acordó colaborar con las autoridades federales de EE. UU. y suministrar toda la información relacionada con el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales a las que está vinculado.

Se le señala de coordinar los vuelos de aeronaves cargadas de cocaína desde Venezuela a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, de donde era llevada a los Estados Unidos, Europa y países africanos.

Yazenky Antonio Lamas Rondón es responsable de comprar y obtener códigos aeronáuticos que le permitían hacer planes de vuelo con apariencia legal que en realidad transportaban drogas.

Con esta modalidad de operaciones, Lamas Rondón habría enviado un centenar de vuelos repletos de drogas desde el estado Apure en Venezuela y desde el Departamento de Santander en Colombia, hacia los EE. UU.

Igualmente, por informes se conoció que Yazenky Antonio Lamas Rondón reclutó pilotos que volaron otros 200 aviones pertenecientes a los cárteles colombianos y venezolanos.

Lamas Rondón era el enlace entre el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales, como el Cártel del Atlántico, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Edgar José Maestre Martínez alias “El Profe Maestre”


En fecha 9 de agosto de 1977 nació Edgar José Maestre Martínez, quien posee identificación venezolana bajo el número V-12.597.566, sobre quien pesaba una orden de captura en su contra emitida por la Fiscalía General de Colombia el 20 de agosto de 2013.

Su captura se produjo el 15 de octubre de 2013 en Cúcuta, en la vía pública (Calle 11 N° 2 este-75 Barrios Caobos).


La Corte Suprema de Justicia de la nación neogranadina aprobó su extradición por solicitud de la Embajada de Estados Unidos fechada el 8 de agosto de 2013, la cual se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2014.

Una investigación periodística presentada en este mismo blog demostró que Edgar José Maestre Martínez, conocidos con el alias de “El Profe Maestre”, a pesar de haber sido apresado en 2013, continuaba como trabajador activo en la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación y en el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales, IVSS, en el que cotiza desde el año 2002.

De hecho, los registros en su cuenta individual en el IVSS reflejan que en 2014 cotizó en salarios Bs.47.903, 69; en 2015, Bs.84.547, 77 y en el 2016, Bs.103.398, 75 en salarios.

Edgar José Maestre Martínez enfrenta cargos por traficar cocaína desde Venezuela a los EEUU, vía Honduras, ante la Corte del Distrito Sur de Virginia.

Tres co-conspiradores le acompañan: Juan Diego Zapata-Arcila “Lucas El Paisa”, Edwin Franco-Arias, alias “Camilo”, “Chorizo” y “Ladrillos del Caribe” y, finalmente, Reinel Antonio Benitez Nuñez, alias “Cajuche” y “Cajuche Pobre”, quienes se declararon culpables y cooperarán con las autoridades norteamericanas.

De los cargos que se le imputan, Edgar José Maestre Martínez se declaró no culpable.

Entretanto, fiscales federales bregan para que él y sus abogados acepten su culpabilidad y lleguen a un acuerdo de cooperación.

Las reseñas judiciales de Edgar José Maestre Martínez establecen que la conspiración de la que se le acusa habría tenido lugar desde el 4 de mayo de 20012 hasta 13 de junio de 2012.

Específicamente, la acusación contra Maestre Martínez es por violar el título 21 Código de los Estados Unidos, a saber:

-Numeral 960, 963 que establece como ilegal la conspiración para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína.

-Numerales 959(b), 960, 963: Poseer cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos con intento de distribución.

El modus operandi bajo el cual este individuo habría llevado a cabo su actividad delictiva fue mediante el uso de aviones privados, camiones y barcos, en los cuales hacía los envíos de droga desde Colombia y Venezuela con destino a pistas clandestinas en selvas de Honduras.

Una vez la droga arribaba a territorio hondureño, era trasladada en vehículos especiales a través de la selva a los puertos marítimos costeros de esa nación centroamericana para su exportación a Estados Unidos a través de México.

Documentos revelados por la fiscalía de Virginia señalan que Edgar Maestre es miembro del Servicio de Inteligencia del régimen venezolano y que su actuación como agente le permitió realizar sus labores en el narcotráfico de una manera más segura.

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas alias “Los narcosobrinos”


El 10 de noviembre de 2015 fueron arrestados los sobrinos e hijos de crianza de la pareja presidencial venezolana integrada por Nicolás Maduro y Cilia Flores y a quienes se identificó como Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas.

La detención de los familiares del mandatario venezolano tuvo lugar en el restaurante del hotel Servotel, ubicado en las cercanías del principal aeropuerto de Puerto Príncipe, Haití.

El arresto estuvo a cargo de la policía haitiana a pedido de la DEA.

Quienes desde ese momento se dieron a conocer popularmente como los “narcosobrinos”, eran investigados desde mediados de 2015 por la agencia antidroga de Estados Unidos a través de informantes y testigos cooperantes.

Efraín Antonio Campo Flores contaba 30 años de edad al momento del arresto, es abogado y está casado con Jessair Rodríguez Camacho con quien tiene dos hijos.

Según los informes, Campo Flores  es propietario de Transportes Herfra S.A en Panamá (taxis); trabajó en la enfermería de la Asamblea Nacional; fue trabajador del Parlamento Latinoamericano entre 2008 y 2011; posee un Ferrari, motos de alta cilindrada, una camioneta Land Rover, un apartamento en La Castellana y otros inmuebles en Caracas. Asimismo es dueño de una finca en Higuerote, Estado Miranda.

A este sobrino de Cilia Flores se le considera como el jefe de la organización criminal dedicada al narcotráfico con la cual llevó a cabo la operación de narcotráfico que propició su investigación y posterior detención y enjuiciamiento.

Entretanto, Franqui Francisco Flores de Freitas tenía 31 años de edad a la fecha del arresto. Estudió hasta 4° año de bachillerato. Es divorciado de Yessika Flores con quien tuvo un hijo y en la actualidad mantiene una relación sentimental con Laury Uzcátegui.

Flores de Freitas trabajaba en la empresa Digital desde 2011.

También figura como propietario de  una camioneta Toyota 4Runner y una moto.

La acusación formulada en su contra en los Estados Unidos es por conspiración para importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero; y también por conspiración para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína conociendo y con la intención de que sería importada a los Estados Unidos.

Para llevar a cabo esta operación, Campo Flores y Flores de Freitas tenía como modus operandi el transporte de la droga desde Venezuela en vuelos legales salidos de la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, vía Honduras y México, hasta Estados Unidos.

Durante el juicio y a confesión de los acusados se estableció que los proveedores de la droga que negociaban los familiares de Nicolás Maduro y Cilia Flores provenía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

El 18 de noviembre de 2016 fueron declarados culpables por un jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que preside el juez Paul Crotty.

Ambos permanecen presos en el Metropolitan Correctional Center, MCC, de Manhattan, en espera de que les dicte sentencia.


El vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami


El 12 de noviembre de 1974 nació en la ciudad de El Vigía, estado Mérida, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien es abogado, criminólogo egresado de la Universidad de Los Andes, ULA. Está casado con Riada Rudy Aamer de El Aissami con quien tiene dos hijos.

La hoja de su carrera política revela que en el año 2003 fue designado Jefe de la Misión Identidad.

En el año 2006 fue electo diputado de la República por el estado Mérida, cargo que ejerció sólo hasta 2007 cuando fue designado Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, una posición que ocupó hasta 2008.

Entre 2008 y 2012 estuvo al frente del Ministerio para Relaciones Interiores y Justicia, de donde salió para lanzarse como candidato a la gobernación del estado Aragua, ejerciendo la magistratura regional de 2012 a 2017, cuando Nicolás Maduro lo nombra el 3 de enero Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela.

Tareck El Aissami fue señalado en 2015 por medios de comunicación e informes internacionales por sus vínculos con el extremismo islámico y narcotráfico.

El ex-subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Roger Noriega, lo acusa junto a Diosdado Cabello, de participar en el tráfico de drogas.

Un reportaje de The Wall Street Journal lo vinculó con operaciones que, según el rotativo, habrían convertido al país en "un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero".

Por su parte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el FBI investigan su relación con el el grupo terrorista Hezbollah.

También el Departamento del Tesoro asegura El Aissami facilitó embarques de más de 1.000 kilos de drogas desde Venezuela a Estados Unidos y México.

El 13 de febrero de 2017 fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en lavado de dinero y por narcotráfico. Dichas Sanciones implican la anulación de su visa y la confiscación de sus propiedades (directamente o a través de testaferros) en EE. UU.

También por estas sanciones encuentra impedido de realizar transacciones financieras o comerciales con entes norteamericanos.

24 de mayo de 2017 agentes federales de EE. UU. en un informe de investigación realizado entre 2009 y 2015 lo vincularon junto al asesor de las Farc y narcotraficante salvadoreño, José Luis Merino, de mantener una estructura para lavar dinero, para el contrabando de oro y de combustible.

Igualmente, Tareck El Aissami contribuiría con el lavado de dinero de organizaciones criminales como Las Maras de Centroamérica, carteles de la droga sudamericanos, incluyendo el cártel de los Soles.

Se le señala por el uso ilícito de recursos civiles y militares del Estado venezolano.


Diosdado Cabello, supuesto jefe del Cártel de los Soles


Quien es tenido como el segundo al mando en Venezuela, Diosdado Cabello, nació en El Furrial, estado Monagas, el 15 de abril de 1963.
Está casado con Marleny Contreras, quien también ha ocupado varios cargos públicos. Con ella tiene 4 hijos.
Cabello es egresado de la Academia Militar de Venezuela y en el ejército alcanzó el grado de teniente coronel.
Participó del golpe de estado que el 4 de febrero de 1992 encabezó Hugo Chávez contra el presidente constitucional, Carlos Andrés Pérez.
En diciembre de 2013, Nicolás Maduro lo ascendió a capitán del Ejército.
Su trayectoria en el acontecer político venezolano revela que entre 2000 y 2001 ejerció como  Vicepresidente ejecutivo de Venezuela bajo el mandato del extinto presidente, Hugo Chávez.
Los días 13 y 14 de abril de 2002 le correspondió cumplir funciones como Presidente interino de Venezuela cuando Hugo Chávez fue depuesto del poder.
Posteriormente, en 2002 ejerció como ministro de la Secretaria de la Presidencia; de 2002 a 2003 como Ministro de Interior y Justicia; de 2003 a 2004 fue Ministro de Infraestructura.
Este último cargo lo dejó para lanzarse como candidato a la gobernación del estado Miranda, cargo para el que resultó electo y gobernó entre los años 2004 y 2008. Perdió la reelección frente a Henrique Capriles, candidato de la oposición. De 2009 a 2010 actuó como Ministro de Obras Públicas y Vivienda.
Se lanzó como candidato a diputado de la Asamblea Nacional y presentó al estado Monagas de 2011 a 2015, llegando a ser presidente del Poder Legislativo Nacional. Fue reelecto en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015 en el que la oposición venezolana alcanzó la mayoría calificada.
En julio de 2017 se convirtió en miembro de la Asamblea Nacional Constituyente instituida irregularmente por el gobierno de Nicolás Maduro.
Diosdado Cabello fue acusado el 28 de marzo de 2014 por Thor Halvorssen Mendoza, presidente de Human Rights Foundation (HRF), de recibir 50 millones de dólares de soborno de parte de la empresa Derwick.
En enero de 2015 el Diario ABC de España publica una denuncia del capitán de corbeta, Leamsy Salazar, exjefe de Seguridad de Hugo Chávez y del propio Diosdado Cabello, que lo señala de liderar el Cartel de los Soles.
El 29 de abril de 2015 el exsubsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Roger Noriega, lo vinculó junto a otros altos funcionarios —entre ellos Tareck El Aissami—, con el narcotráfico.
Un reportaje de The Wall Street Journal publicado el 18 de mayo de 2015 señaló que la DEA investiga a Cabello por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. En tal sentido, anunció acciones legales contra los medios de comunicación de España y EE. UU. que lo vinculan de tales actividades.
En esa misma tónica, en agosto de 2016, Cabello demandó en Venezuela a los diarios El Nacional, Tal Cual y La Patilla, por replicar información del ABC de España.
En el año 2016, durante el juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a los sobrinos de Cilia Flores se hizo referencia a Diosdado Cabello como líder del Cartel de los Soles.
El 8 de febrero de 2017 anunció la demanda al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por usurpar funciones de otros poderes públicos y por traición a la patria.

El 23 de agosto de 2017 la Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, durante una cumbre de fiscales en Mercosur en Brasil, lo relacionó con el caso Odebrecht y aseguró que esta empresa depositó 100 millones de dólares a la empresa TSE Arietis propiedad de su familia.


Hugo Armando Carvajal Barrios alias “El Pollo”


El 1 de abril de 1960 nació en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Hugo Armando Carvajal Barrios, quien hizo carrera militar en Venezuela alcanzando el grado de Mayor general, hoy en situación de retiro.

Este oficial de la Fuerza Armada venezolana vinculado al chavismo ha ejercido diversas posiciones en la administración pública, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad del estado.

Así, entre los años 2000 y 2003 se desempeñó como Director de Investigaciones de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (luego DGIM). En ese mismo organismo es elevado a la posición de subdirector, posición que ocupa entre 2003 y 2004, cuando pasa a ocupar la dirección, cargo que ostenta de 2004 a 2011.

Entre 2012 y 2013 es designado Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal.

En esos mismo años funda y dirige la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).

De 2013 a 2014 lo ponen a la cabeza de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM.

En 2014 es nombrado Cónsul General de Venezuela en Aruba.

En 2015 ejerce la presidencia de la Fundación Don Epifanio Peck.

En la actualidad, Hugo Carvajal es diputado a la Asamblea Nacional 2016-2021.

Este polémico hombre ha sido protagonista de varios incidentes y acusaciones que lo han ubicado en la picota pública por la magnitud de los hechos en los que se le vincula.

En 2007 la revista Semana (Colombia) refiere que la prensa de EE. UU. señaló a Carvajal como uno de los mayores exportadores de coca hacia Norteamérica y Europa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en 2008 junto con Henry Rangel Silva (gobernador de Trujillo) y Ramón Rodríguez Chacín (gobernador de Guárico), por su presunta colaboración con las actividades de narcotráfico de las FARC.

En el año 2009, Carvajal Barrios se vio involucrado en un caso de pago de sobornos en la Aduana de Miami.

En 18 de mayo de 2014 The Wall Street Journal lo incluye en una lista de funcionarios y exfuncionarios venezolanos investigados por la DEA por presuntamente convertir a Venezuela en centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero.

También en 2014, específicamente el 23 de julio, fue detenido en Aruba por una solicitud de extradición de Estados Unidos, pero quedó en libertad al tercer día cuando el Reino de los Países Bajos reconoció su inmunidad diplomática que, anteriormente, un tribunal de Aruba había desconocido.

El 23 de febrero de 2017 en su cuenta Twitter se mostró dispuesto a ir a Estados Unidos para declarar, siempre y cuando se levante previamente la orden de detención emitida en su contra.

Durante los últimos meses, a Hugo Carvajal se le han observado posiciones políticas encontradas con la línea del oficialismo, como su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y el reconocimiento del plebiscito de la oposición realizado en el mes de julio, aunque advirtió que esto no significa que haya “saltado la talanquera”, forma coloquial venezolana de referirse al cambio de posición política en favor de la que anteriormente era adversa.

Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol

El actual Ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Néstor Reverol fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de estar vinculado a varios cárteles internacionales. Su activación en el narcotráfico ocurrió cuando ejercía como director de la Agencia Nacional Antidrogas de Venezuela (ONA).

De acuerdo a las acusaciones presentados en la Corte Federal de Nueva York, Reverol cobró grandes sumas de dinero a cambio de brindar protección a envíos regulares de cientos de kilos de cocaína hacia México, Centroamérica y Estados Unidos.

Reverol es acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York de haberse convertido en uno de los principales actores del narcotráfico en esa nación cuando encabezaba la agencia antidroga (ONA).

La acusación dice que específicamente, a cambio de pagos de narcotraficantes Reverol y sus cómplices, entre otras cosas, alertaron a traficantes sobre futuras redadas o las ubicaciones de las actividades antinarcóticos para que los narcotraficantes pudieran cambiar los puntos de almacenamiento de droga o alterar las rutas o los tiempos de traslado y de esa manera evitar ser detectados”, señala la acusación que había permanecido sellada por casi dos años.

La acusación también nombra como cómplice a Edylberto José Molina Molina, quien se desempeñaba como subdirector de la ONA. Reverol fue nombrado jefe de esa agencia en el 2009 antes de ser designado como ministro de Relaciones Interiores en el 2012 por el entonces presidente Hugo Chávez.


Ex-magistrada Miriam Morandy


El 27 de octubre de 1961 nació en Maturín, estado Monagas, Miriam del Valle Morandy Mijares, quien posee la Cédula de Identidad V-6.363.852, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

Morandi Mijares es abogada egresada de la Universidad Santa María en 1988 con postgrado en Criminalística, mención cum laude, en el Instituto Universitario de Policía Científica; postgrado en Argumentación Jurídica (mención Técnicas de Sentencia) en la Universidad de Alicante, España; posgrado en teoría del delito en la Universidad José María Vargas.

Miriam Morandi, paralelo a su proceso de formación jurídica, ingresó en 1981, como sumariador en el extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) que luego pasó a ser el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC.

Entre 2006 y 2010 ejerció como magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Junto a su hermana, la jueza Reina Morandy, se la considera como incondicional de la primera dama, Cilia Flores.

Miriam Morandi actuó contra los comisarios Henry Vivas, Iván Simonovis, Lázaro Forero y ocho policías metropolitanos en los sucesos violentos del 11 de abril de 2002.

El 24 de mayo de 2015 cuando se disponía a viajar a Portugal, protagonizó un incidente en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, al descubrirse que estaba acompañada por el presunto narcotraficante, Richard José Cammarano Jaimes.

A Morandy también la acompañaba su asistente Tibisay Pacheco.

Se rumoró entonces que intentaba salir del país con el narco que poseía información sobre el Cartel de los Soles, pero la huida se vio frustrada por la supuesta intervención de Diosdado Cabello.

El hombre estaba solicitado por los tribunales 12 y 22 de control Área Metropolitana de Caracas por tráfico internacional de drogas.

Cammarano Jaimes también figura en un expediente elaborado por el Ministerio Público en 2010 relativo al presunto lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra.

En una residencia ubicada en Prados del este propiedad de Cammarano Jaimes se incautaron 1.200 kilos de cocaína el 10 de diciembre del 2010.

En 2011 a Cammarano Jaimes se le relacionó con la incautación de 478 kilos de droga decomisados en un barco de bandera extranjera que cargaba material ferroso, de Ferrominera del Orinoco, hecho ocurrido el 10 de noviembre del citado año.

En 2008 a este hombre además se le vinculó con el sicariato de su esposa, Bety Araujo, ocurrido en la avenida Victoria.

El nombre de Miriam Morandi se barajó en 2014 como posible sustituta de Luisa Ortega Díaz en la Fiscalía General de la República.


Germán Arturo Rodríguez Ataya alias “El Piloto de las FARC”


En diciembre de 2014 fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, el colombiano de 50 años de edad, Germán Arturo Rodríguez Ataya, a quien mejor se le conoce como “El Piloto de las FARC”.

Rodríguez Ataya tenía una notificación roja de la Interpol interpuesta por el Gobierno de Colombia desde el 14 de junio de 2014.

Este hombre, nacionalizado venezolano, estaba señalado de pilotear aviones con droga desde Colombia.

La detención tuvo lugar durante un allanamiento efectuado en una finca del municipio Rómulo Gallegos, estado de Apure, en la que este individuo se escondía.

La finca San Rafael supuestamente era utilizada para ocultar y trasladar drogas hacia el exterior.

Este sitio también habría servido para el alojamiento de Germán Suárez Briceño “Grannobles”, comandante de varios frentes de las Farc, supuestamente fusilado por órdenes del Secretariado de ese grupo guerrillero por desacato.

Seis meses después de su detención, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó su “libertad sin restricciones”, pues el gobierno colombiano nunca envió los documentos que soportaban la solicitud pendiente.

En 2005, Germán Arturo Rodríguez Ataya fue acusado de transportar guerrilleros y drogas del clan de los hermanos Ríos. Luego de esto en Colombia le revocaron su licencia de aviador civil.


Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”


El 21 de junio de 1990 nació Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Maduro Guerra estudia Economía de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (Unefa).

Entre los años 1998 y 2004 se desempeñó como flautista del Sistema de Orquestas de Venezuela.

En el año 2014 fue designado por su padre como Coordinador del proyecto de la Escuela Nacional de Cine inaugurada en septiembre de 2015.

El 25 de enero de 2017, el presidente Maduro lo nombró director general de Delegaciones Presidenciales de la Vicepresidencia de la República.
Anteriormente había ejercido como inspector de la gestión de gobierno.

En 2017 el capitán de la Guardia Nacional venezolana, Sunny Balza Dugarte, aseguró en entrevista concedida a NTN24 en agosto, que "Nicolasito", como popularmente se le conoce, transportó "bultos desconocidos" por el aeropuerto de isla de Margarita.

Igualmente, Balza Dugarte aseguró que en la terminal aérea personas "cercanas" al gobierno de Venezuela mantuvieron encuentros con el narcotraficante mexicano, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El militar desertor, quien solicitó asilo político en Estados Unidos, dijo que "las cargas se efectuaban durante horas nocturnas por parte de camionetas pick up que ingresaban directamente a rampas con bultos desconocidos".

Específicamente, esta operación, tenía lugar en la rampa militar del Aeropuerto Internacional del Caribe “Santiago Mariño” sin "ningún tipo de control aeroportuario ni de narcóticos".

El exmilitar no descarta que los bultos sean sustancias ilícitas "por el tipo de embalaje y de unidad que se ingresaba a las aeronaves propiedad de la estatal petrolera Pdvsa".

Balza Dugarte también señaló a los hijos de Cilia Flores y al vicepresidente, Tareck El Aissami, de utilizar ese puerto aéreo para transportar "paquetes desconocidos".

Sobre Nicolás Maduro Guerra, alias "Nicolasito", Sunny Balza Dugarte dijo que participó en "orgías con decenas de mujeres", junto a "sus asesores, los encargados de efectuar los enlaces con el componente Guardia Nacional, personalidades de la gerencia de Pdvsa y del alto mando militar".


Hugo Rafael Chávez Colmenares, “La oveja negra”, “Huguito”


Son pocos los datos biográficos y relacionados con su vida privada y desempeño profesional que se tienen de Hugo Rafael Chávez Colmenares, el tercer hijo del difunto expresidente, Hugo Chávez, nacido de la unión del mandatario con su primera esposa, Nancy Colmenares.

Se trata de un personaje que se ha mantenido alejado de la política, pero no de las actividades delictivas cometidas al amparo del poder, según han dejado ver algunas versiones e informes.

Este joven problemático sin figuración pública se limitó a disfrutar de las mieles y beneficios del poder, como el uso arbitrario de los recursos del estado para sus fiestas y francachelas.

El periodista del diario español ABC, Emil J. Blasco, reseñó que supuestamente “Huguito”, como también se le conoce, habría usado aviones de Petróleos de Venezuela, PDVSA, para transportar droga.

Tal afirmación deriva de informaciones suministradas al comunicador por Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello.
Blasco dijo al canal colombiano NTN24 que el hijo del fallecido presidente venezolano habría utilizado aviones del Estado para transportar droga.

Serían acciones que el hijo del mandatario llevó a cabo junto al hijo del embajador de Cuba en Venezuela para la época (2009), Germán Sánchez Otero.


El juez Benny Palmeri Bacchi


El 18 de julio de 2014 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, Benny Palmeri Bacchi, juez venezolano vinculado al narcotráfico.

La detención tuvo lugar cuando el juez se disponía a viajar con su familia a Disney World.

Palmeri está relacionado con el exdirector de Interpol en Venezuela, Rodolfo McTurk, con quien conspiró para distribuir cocaína en los Estados Unidos en connivencia con el narco, Jaime Alberto Marín Zamora, alias “Beto Marín”, hecho que se produjo en 2009.

El juez venezolano se declaró culpable en febrero de 2015 ante la justicia estadounidense por los delitos de obstrucción a la justicia, lavado de dinero y extorsión.
Debido a su colaboración, la Fiscalía del distrito sur de Florida solicitó rebajar su condena.

Benny Palmeri Bacchi, gracias a cooperación, pudo librarse del cargo de asociación ilícita para la distribución de cocaína.


Las maletas de cocaína en el vuelo de Air France


El 20 de septiembre de 2013 un avión de la aerolínea Air France aterrizó en la capital francesa proveniente de Caracas con un singular equipaje: 31 maletas cargadas de 1.382 kilos de cocaína, valorados en 270 millones de dólares.

Un hecho que reveló la manera como se violan en Venezuela los controles de seguridad de la Unidad Especializada de Policía Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar”, instancia que de haber cumplido con sus funciones habría detectado el referido cargamento.

Por el hecho, se produjeron 22 detenciones que incluían al teniente coronel, Ernesto Mora Carvajal; al teniente, Adanay Parra Sánchez; al teniente, José González Ruiz; así como a cinco sargentos.

Ernesto Mora Carvajal es familiar de Hugo Carvajal “El Pollo”, también vinculado con el narcotráfico.

El 16 de agosto de 2016 fueron condenadas diez personas por este hecho, entre ellos, tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que no ostentan altos cargos en ese componente militar.