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lunes, 30 de noviembre de 2020

Esposo de Zoraimy Araujo, procesada por el caso Solid Show, exige restitución de su casa y vehículo, incautados irregularmente

Por Maibort Petit
   Helton Alain Torres Conner, esposo de Zoraimy Araujo, imputada por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir en el caso Solid Show, exige la restitución de sus bienes, a saber, un apartamento que es residencia familiar y un vehículo, incautados por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), supuestamente bajo la presunción de que hubiesen sido adquiridos con fondos irregulares.

  Reitera, además, que en el proceso judicial contra su cónyuge —el cual tiene lugar en el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal de los Valles del Tuy, Estado Miranda— se siguen cometiendo irregularidades, vicios procesales y demoras sin que, hasta la fecha, las autoridades judiciales resuelvan la situación que mantiene a Zoraimy Araujo desde hace más de 5 años y medio, detenida injustamente, según su punto de vista.

  Refiere Torres Conner que el citado apartamento y vehículo constituyen su patrimonio familiar, en el caso del primero, el legado para su menor hijo, el cual fue adquirido con fondos lícitos como lo demuestra la documentación que a en esta entrega presentamos.

  Explica que el apartamento, adquirido en diciembre de 2007 a través de un crédito hipotecario, se terminó de pagar el 25 de agosto de 2018. Refiere que su esposa figura en el mismo porque como matrimonio adquirieron la responsabilidad ante el Banco Provincial y no, como pretenden hacer ver los acusadores, con la compra Zoraimy Araujo haya legitimado fondos irregulares. De hecho, indica que aun cuando el apartamento les fue incautado, él continuó cumpliendo con sus obligaciones de pago del crédito hipotecario, así como con la cancelación de las cuotas de condominio.
“El hecho de que mi esposa figure en el documento es porque juntos adquirimos la responsabilidad ante el banco por ser cónyuges, no porque mi esposa haya legítimado ningún dinero para la compra del mismo. Yo he sido quien ha cancelado, casi en su totalidad, ese apartamento que en definitiva le pertenece a mi hijo. Por eso he trabajado y luchado toda mi vida, para brindarle a mi familia estabilidad y seguridad”, expresó Torres Conner en esta mesa de redacción.

  Considera que con la incautación se vulneró su derecho a la propiedad, pues tanto el apartamento como el vehículo, fueron incautados desde el 8 de abril de 2015, sin que se hayan tomado en cuenta las pruebas presentadas para demostrar la compra lícita de dichas propiedades.

  Helton Torres informó que el apartamento fue incautado por el Servicio Nacional de Bienes (SNB), pero ignora el paradero de la camioneta.

El documento de compra

  El 18 de diciembre de 2007, Ediverto Eliseo Aguirre Meneses y Amarilys Coromoto Aguirre Meneses, representaron a Ediverto Eliseo Aguirre Saavedra, titular de la Cédula de Identidad número V-3.672.223, con el número de Registro de Información Fiscal (RIF) V-03672223-8, en la venta que este último hizo a Helton Alain Torres Conner y Zoraimy Mercedes Araujo Durán, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad V-12.918.030 y V-13.993.226, de un inmueble de su propiedad distinguido con las siglas C-07-A, situado en el Piso 7 de la Torre “C” del conjunto habitacional denominado “Residencias Bella Vista”, ubicado en la Calle Este del Sector Este de la Urbanización Manzanares, Municipio Baruta del estado Miranda.
El precio de la venta fue de Bs. 425.000.000 que los vendedores declararon recibir a su entera satisfacción.
  El pago, según declaración de Ediverto Eliseo Aguirre Meneses y Amarilys Coromoto Aguirre Meneses, en representación del vendedor Ediverto Eliseo Aguirre Saavedra, declararon aceptar la operación.

  Asimismo, el documento refiere que entre el Banco Provincial S.A. Banco Universal y Helton Alain Torres Conner y Zoraimy Mercedes Araujo Durán, se convino un contrato de préstamo a interés que convirtió a estos dos últimos en deudores hipotecarios, por Bs. 220.000.000.
Los cheques de pago

  El 16 de agosto de 2007, Helton Torres y Zoraimi Araujo Durán, giraron el cheque 00000012, de la cuenta 0108-0228-84-0100036215, del Banco Provincial, a favor de Ediverto Aguirre Saavedra, por Bs. 57.500.000.
   Hay otro cheque por Bs 45.000.000, número 48067201, de la cuenta de José Serrao en el Banco Mercantil, girado también el 16 de agosto de 2007 a favor de Ediverto Aguirre por Bs. 45.000.000.

  El 17 de agosto de 2007, se emitió un cheque de gerencia del Banco de Venezuela, identificado con el número 00005814, por Bs. 25.000.000, a favor de Ediverto Aguirre.

   El 17 de diciembre de 2007, Helton Alain Torres Cooner compró un cheque de gerencia del Banco Mercantil, identificado con el número 38089891, a favor de Ediverto Aguirre por Bs. 27.500.000.
   En la misma fecha, 17 de diciembre de 2007, Helton Torres compró otro cheque de gerencia, esta vez del Banco Provincial, identificado con el número 00109459, pagadero a la orden de Ediverto Aguirre, por Bs. 50.000.000.
  Este inmueble, se encuentra actualmente incautado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

La compra del vehículo

   El 6 de junio de 2013, la empresa mercantil El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. y helton Torres Conner, suscribieron un documento de venta en la que la primera vendió al segundo, una camioneta Pick-Up D/Cabina, marca Chevrolet, modelo Silverado LS 4X, año 2008, color negro, Placa A78BJ0A, por Bs. 350.000 que el comprado declaró recibir a su entera satisfacción.

  Por el documento de protocolización del documento de venta ante ante la Notaría Pública Cuarta del municipio Sucre del estado Miranda, el 11 de junio de 2013, se conoce que el director de la empresa vendedora, El Emporio de las Cajas Fuertes C.A., es el propio Helton Torres y la abogada que redactó el citado documento fue Zoraimy Araujo.

  El documento de crédito suscrito entre el concesionario Tecniauto C.A. y El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. el 15 de febrero de 2008, refiere que la segunda, representada por su presidente Helton Torres Conner y vicepresidenta Dorothy Cooner Centeno (esta última sirvió de fiador en la operación), compró a la primera la referida camioneta Silverado por BsF. 112.700,22, de los cuales se pagaron en efectivo BsF. 50.552,22, quedando un saldo de BsF. 62.148 que más intereses sumaban BsF. 101.422,08.

Este saldo se pagaría en 12 cuotas mensuales.

   El 3 de junio de 2013, Helton Torres y Zoraimy Araujo, emitieron el cheque número 00001199, de la cuenta 0108-0228-84-0100036215. Del Banco Provincial, a favor de “El Emporio de las Cajas Fuertes C.A.”, por Bs. 350.000.000.

   El 6 de junio de 2013, Helton Torres Conner declaró bajo juramento el origen y destino lícito del dinero proveniente de sus ahorros para la compra de un vehículo.
 El vehículo en cuestión era camioneta marca Chevrolet, modelo Silverado LS, placa 02SG8K, año 2008, cuyo certificado de origen refiere que este fue asignado al concesionario Tecniauto C.A. que lo vendió a El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. el 14 de enero de 2008.
  En tal sentido, El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. obtuvo su Certificado de Registro de Vehículo emitido por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el 18 de marzo de 2009.

Y que el 17 de septiembre de 2013, fue registrado a nombre de Helton Alain Torres Conner.

jueves, 19 de noviembre de 2020

Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.

 Por Maibort Petit

   Aunque había dudas sobre la certeza de la declaración financiera presentada ante el tribunal, el piloto y empresario de aviación[propietario de Jet Server], Alejandro J. Marín, acusado de haber metido a los agentes federales de los Estados Unidos cuando actuaba como fuente confidencial de la investigación vinculada al caso que involucra al Ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y a otros altos jerarcas venezolanos.

   Gracias a lo argumentado por los fiscales del caso se supo que Marín se las arregló para lograr un préstamo de $400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del presidente, Donald Trump para ayudar a las empresas norteamericanas para hacer frente a la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

  Alejandro Javier Marín, dueño y director de la empresa de Administracion Aeronautica My Jet Saver LLC, una compañía de unos 16 empleados, habría aplicado al préstamo del gobierno federal para supuestamente pagar a los trabajadores.

  Los fiscales acusan al empresario aeronáutico venezolano del sur de Florida de mentir respecto a un dinero que retuvo durante una operación encubierta en la que participaba como informante del gobierno federal, según documentos judiciales.

   Marín sustrajo 140,000 dólares de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional y mintió sobre su destino.

  El 13 de noviembre de 2020 se presentó inicialmente el imputado Alejandro Javier Marín ante la  Corte del Distrito Sur de Nueva York ante la juez, Debra Freeman, quien luego de evaluar el caso decidió designar un abogado para defensa del acusado.

  A Marín se le imputan de tres cargos de declaración falsa a un agente federal, en violación de 18 U.S.C. § 1001 (a). 

  La Corte designó temporalmente a Kelley J. Sharkey, del panel de CJA para representar al Sr. Marín, pero observó que, con base en la información financiera proporcionada al tribunal en la declaración jurada financiera del Sr. Marín y declaraciones hechas por la Fiscalía (que objetó el nombramiento de un abogado),  "No estaba claro si Marín era, de hecho, elegible para representación designada por el tribunal". 

  La corte ordenó la abogada Sharkey proporcionar información adicional después de la presentación y ayudar al Tribunal a determinar si debe continuar el nombramiento temporal.

    Sharkey envió una carta a la Corte el 12 de noviembre de 2020, en respuesta a su directiva. 

    La juez dijo que "habiendo revisado esa carta, el Tribunal concluye que, si bien Marín parece tener activos sustanciales, también parece estar significativamente endeudado y tener poca liquidez en su activos y no hay efectivo disponible. Además, aunque, antes de su arresto, Marín recibía ingresos de su trabajo (como piloto) a un nivel superior al que normalmente calificaría a un acusado para recibir servicios de un abogado de oficio, la Corte ha ordenado ahora su prisión preventiva y no tiene indicios de que su los ingresos continuarán". 

 Asimismo, la magistrada indicó que "sí bien el Gobierno ha argumentado que el señor Marín podría sacar fondos de su negocio familiar que aún funciona, que recientemente obtuvo un préstamo del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia, de aproximadamente $ 400,000, la abogada Sharkey ha manifestado que, según el acusado cualquier beneficios que la empresa obtenga actualmente se utilizan para pagar una deuda de 1,4 millones de dólares, y el préstamo PPE se utilizó para pagar a los empleados de la empresa".

  “Para calificar para el nombramiento de abogado, uno no necesita estar totalmente sin recursos financieros. Para determinar si un acusado no puede pagar un abogado, un tribunal generalmente considera “las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia". 

   Sostuvo que en este caso, es demasiado pronto en el proceso para conocer con certeza los costos realistas de la defensa, pero bien pueden ser alto, y, si bien es posible que Marín tenga acceso a activos más allá de lo que ha representado ante la Corte, ni su declaración jurada ni las declaraciones realizadas en su nombre por abogado refleja que actualmente tiene los fondos disponibles para contratar un abogado.

  En ese sentido, la juez ordenó que Sharkey siga sirviendo como abogado de oficio aunque advirtió a Marín que, en una etapa posterior de este procedimiento, es posible que el Gobierno solicite el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de lo establecido en la  Ley de Justicia Penal. 

  La carga recaerá sobre Marín para demostrar por una preponderancia de la evidencia que ha sido financieramente incapaz de obtener un abogado. “está bien establecido que la carga recae en acusado de demostrar por una preponderancia de la evidencia que no puede obtener abogado. 

  Además, la juez ordenó  a la abogada Sharkey que informe al Tribunal de cualquier cambio en las circunstancias financieras del Sr.Marín del que tenga conocimiento durante el curso de su enjuiciamiento, en la medida en que ella crea que tales cambios podrían tener un impacto material sobre la determinación de la Corte de la continua elegibilidad de  Marín para un abogado designado.


jueves, 8 de octubre de 2020

Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.

  Por Maibort Petit

   El juez de la Florida, Lauren F. Louis ordenó al piloto venezolano, Alejandro J. Marín a comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde cursa una acusación en su contra por haber mentido a los agentes federales durante su colaboración con la justicia de los Estados Unidos.

   El juez Louis ordenó que el acusado permaneciera en custodia de los Alguaciles de los Estados Unidos después de su comparecencia en el tribunal federal de Miami.

 La orden del juez dice que el alguacil de los Estados Unidos debe transportar al acusado, junto con una copia de la orden de traslado a las autoridades en Nueva York. Una vez que Marín sea entregado ante la corte del Distrito Sur de NY,  el alguacil  notificará inmediatamente los fiscales federales y al secretario del tribunal sobre la  llegada del acusado para que se puedan programar con prontitud nuevos procedimientos. 

El caso

  El piloto venezolano, dueño de la empresa My Jet Saver (AOC), Alejandro J. Marín, fue arrestado el 19 de septiembre de 2020, en Miami acusado de haber mentido a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional. Marín estaba colaborando con la justicia estadounidense, en el marco de una investigación que gira en torno a una trama de lavado de dinero presuntamente vinculada a los asociados del caso del Ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami.

  Alejandro J. Marín mintió a un agente de la agencia de Seguridad Nacional y la acusación federal incluye tres cargos. El caso es procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

  Alejandro J. Marín Aigster, CI. 11.310.389, nació en Venezuela el 7 de diciembre de 1973, y fue residente de El Cafetal, Municipio Baruta.

 Marín, de manera deliberada, habría "falsificado, ocultado y encubierto hechos materiales usando trampas, planes y dispositivos como teléfonos celulares".

  Marín fue acusado por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, el 18 de agosto de 2020 por haber hecho declaraciones y representaciones materialmente falsas, ficticias y fraudulentas, cuando un agente de Seguridad Nacional, le preguntó si había recibido alguna vez una suma de aproximadamente $ 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Como respuesta, Marín afirmó que no, cuando en realidad sí lo había recibido.

  Asimismo, a Marín se le acusa hacer una declaración falsa a un agente federal el 27 de agosto de 2020, cuando el acusado dijo a los oficiales federales, que una persona que forma parte de una investigación y que está identificada como "Individuo-1" "nunca le pidió permiso para tomar dinero de un paquete que contenía ganancias derivadas de actividades criminales". Según la acusación, Marín había acordado que el individuo-1 podría tomar fondos del paquete.

  El tercer cargo sostiene que el 27 de agosto de 2020, Marín le dijo a los agentes de la Seguridad Nacional (HSI) que nunca había preparado un paquete de dinero para el Individuo-1 cuando en los hechos sí lo había hecho.

 De acuerdo a una declaración jurada del agente especial de HSI, Timothy Mccann, quien está vinculado a la investigación y fue uno de los que habló con Marín y revisó los mensajes electrónicos del teléfono de acusado, así como los registros bancarios se determinó que hubo un desvío no revelado del producto del delito por parte del acusado a un asociado extranjero.

  En enero de 2018, Marín firmó un acuerdo para actuar como fuente confidencial de la agencia de Seguridad Nacional (HSI).

  Entre sus responsabilidades como fuente confidencial, Marín estaba comprometido a ayudar en una investigación relacionada con transacciones ilícitas y otras actividades ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero.

 En la declaración dice que "En junio de 2018 como objetivo de la investigación se acordó transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado.

  Es decir, Marín debía recoger el dinero producto de las ganancias de las actividades ilícitas y desviar el avión donde se transportaba el dinero a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

  El 3 de julio de 2018, Marín envió a un agente de HSI una fotografía que mostraba seis paquetes, cada uno etiquetado con un nombre y una cantidad de dinero en euros . "El valor total de Euros que figura en los Paquetes fue de 1.297.500 Euros. Marín enumeró un paquete con la cantidad "999,400 Euros denominado "Paquete-1".

 Ese mismo 3 de julio de 2018 Marín intercambió mensajes electrónicos con un asociado extranjero denominado ("Individuo-1") indicando que le había enviado los referidos paquetes.

  Posteriormente, Marín escribió que un "socio de fútbol" asociado con el individuo-1 necesitaba “100 en efectivo” que serían reembolsados ​​a una empresa de su propiedad en aproximadamente un mes, acotando que "usted toma las decisiones" e indicándole "tómalo al tipo de cambio de hoy y ciérrelo con los primeros que tenga allí".

  La agencia estadounidense analizó las imágenes forenses de los teléfonos de Marín con su consentimiento en octubre de 2018 y abril de 2019 en los que aparecían los mensajes intercambiados entre Marín y la Individuo-1 en español.

  Cuando los agentes entrevistaron a Marín, en Nueva York, le advirtieron que es un crimen mentirle a un oficial de la HSI. En esa entrevista, Marín dijo que no había recuperado el dinero que faltaba en el Paquete 1 por parte del Individuo-1.

   Marín mintió a los agentes al afirmar que nunca le proporcionó el dinero en efectivo al Individuo 1, que nunca sacó del monto inicial una parte para entregarse al sujeto en cuestión.

   Pero el 28 de agosto de 2020, el agente Mccann recibió una llamada de Marín para declarar que, después de hablar con su contador había recordado que había recibido aproximadamente $ 130,000 del Individuo-1 como pago por el dinero que faltaba en el Paquete-1.

  En esa misma conversación Marín dijo que había recibido el mencionado monto de dinero a través de dos transferencias bancarias a su compañía My Jet Sarver en enero y junio de 2019, y que una parte del dinero se recibió de la Organización en nombre de Individual-1.

  Los agentes de la HSI pidieron que se arrestara a Marín por haber mentido. El acusado fue arrestado en concordancia con la orden de arresto el 19 de septiembre de 2020.

  Marín debía ser presentado ante el juez Jonathan Goodman, en la Corte del Distrito Sur de la Florida el 23 de septiembre donde se le leería los cargos y se acordaría su trasladado a Nueva York que es la jurisdicción donde se sigue ese caso, pero cuando se le hizo el examen de COVID-19, el acusado resultó positivo y por ello fue confinado en una unidad de aislamiento en el Centro Federal de Detención (FDC) de Miami.

  Se tenía previsto que Marín apareciera por teleconferencia, pero el FDC Miami no ejecutó la llamada legal programada, lo cual generó un problema procesal por haber transcurrido 5 días en el que el acusado esté bajo custodia sin ser presentado al tribunal y sin tener contacto con un abogado en relación con sus asuntos legales pendientes.


viernes, 27 de septiembre de 2019

Conoce todo los detalle de la denuncia hecha por Colombia en la OEA sobre relaciones de “beneficio mutuo” entre la guerrilla y el régimen de Maduro

Un informe de la cancillería colombiana que si bien reconoce que las relaciones no son un hecho nuevo, alerta que en los últimos tres años los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela con la venia de Nicolás Maduro.


Por Maibort Petit 
@maibortpetit

Un informe de la Cancillería colombiana entregado a la Organización de Estados Americanos (OEA) revela los vínculos que los grupos armados ilegales de la nación neogranadina mantienen con el régimen venezolano, una relación que en el reporte se describe como de “beneficio mutuo”.
El reporte, clasificado como de uso exclusivo de la Cancillería, titulado “Grupos armados ilegales y su relación con el régimen venezolano”, alerta que la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, permitirían la continuidad de Nicolás Maduro en el poder.
La primera parte del reporte denominada “Vínculos del régimen venezolano con los grupos armados” de la que toma el nombre el informe, refiere en primer lugar, que se trata de un fenómeno criminal con más de dos décadas de vigencia, cuya relación ha sido denunciada continuamente por el gobierno colombiano para lo cual se sustenta en algunos hechos ocurridos entre los años 2002 y 2016.

Así, se indica que en 2002 se denunció la existencia de campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado de Zulia.

En 2005 se acusó la existencia de campamentos de FARC en los estados Bolívar y Apure, al tiempo de que se alertó la presencia de estos grupos en Amazonas.

Para 2006 Colombia denunció la existencia de refugios y centros de tránsito de droga tanto en el estado Bolívar como en Amazonas.

En 2007 investigaciones desarrolladas por Diario El País sobre “la inmunidad legal de facto” de Venezuela con los Grupos Armados Insurgentes (GAI) de Colombia.

En 2008 los computadores de ‘R. Reyes’ revelaron los vínculos de alias ‘R. Granda’ con autoridades venezolanas. Ese mismo año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a altos funcionarios venezolanos por brindar apoyo a las FARC.
Igualmente, el informe cita la denuncia que en 2010 formuló Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la presencia “consolidada, activa y creciente” de las FARC en territorio de Venezuela. Se habló de 1.500 hombres en armas.

En 2011, el Comandante General de las Fuerzas Militares colombianas denunció la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

En 2012, un informe del gobierno de EE. UU. denunció la permanencia de las FARC y el ELN en Venezuela.

En 2015 se conoció un informe de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en el que se daba cuenta de la presencia de varios cabecillas de las FARC y el ELN en Venezuela, a saber, “Timochenko”, “Grannobles” y “Pablito”.

En 2016, el gobernador de Amazonas denunció la presencia de cerca de 4.000 hombres en armas de FARC y el ELN en esa entidad venezolana.
El reporte refiere que en los últimos tres años, es decir, de 2017 al presente 2019, los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro.

Citando al International Crisis Group (febrero, 2019), el informe refiere que “Las FARC y el ELN se han afianzado mucho más en las últimas dos décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos”.

Igualmente se hace mención a los señalado en marzo de 2019 por Insight Crime, en cuanto a que “El ELN es ampliamente tolerado por autoridades venezolanas (…) El grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad…”.

El segundo punto del informe se denomina “Caracterización de relacionamiento entre el régimen y los grupos armados” y asegura que la relación de la dictadura venezolana con estos grupos es de mutuo beneficio.

Precisa que tres factores determinan el tipo de vínculos, a saber, el considerarse como instrumento para garantizar la continuidad del régimen; por la obtención de réditos de economías criminales; y cuando se han establecido relaciones personales.

Se indica que con esta relación el régimen venezolano obtiene respaldo político y control social en zonas de injerencia de los grupos, mientras que estos últimos logran protección, logística, entrenamiento y armamento.

¿Dónde está opera el ELN en Venezuela?

El frente de guerra del Ejército de Liberación Nacional que opera en la frontera, de acuerdo a lo que revela el informe, mantiene asentamientos permanentes en Venezuela.

Estos asentamientos serían el del Frente de Guerra Norte, con 10 campamentos en el estado Zulia y, particularmente, en la Serranía del Perijá.

El Frente de Guerra Oriental tiene 20 campamentos en los estados Apure, Bolívar y Amazonas.

El Frente de Guerra Nororiental tiene 20 asentamientos en el estado Táchira.

Estos grupos del ELN en Venezuela se dedican, según el informe, a actividades propias de las economías criminales y al fortalecimiento armado.

Las actividades del ELN en territorio venezolano están dinamizadas por los vínculos de la organización ilegal con el régimen venezolano en tres niveles: 1) Estratégico, en el que intervienen altos funcionarios del régimen; 2) Operacional, con las fuerzas e instituciones de seguridad; 3) Táctico, en el que se relaciona con los colectivos y con las milicias.

Los vínculos estratégicos del ELN son —por el movimiento guerrillero— alias “Lenin”, quien forma parte del Frente de Guerra Oriental. Este hombre es el representante del ELN ante el régimen venezolano y su entorno.

Entretanto, la representación del régimen venezolano reposaría en quien ha sido denominado como el “protector del Táchira”, quien también lidera en Venezuela a los grupos colectivos. Freddy Bernal sería el enlace entre el régimen y el grupo armado.

Los vínculos operacionales del ELN con el régimen de Nicolás Maduro estarían dado por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), los miembros de REDI Occidental y Andes; los miembros de ZODI Zulia y Táchira; la Guardia Nacional Bolivariana; la Dirección General Conjunta de Inteligencia Militar (DGCIM); y la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL).

Entretanto, los vínculos tácticos del movimiento guerrillero colombiano con la administración de Maduro son los que permiten que el grupo armado tenga una mayor influencia territorial y armada en Venezuela.

El informe revela que el ELN coordina en la frontera sus actividades con los colectivos, algo que ha permitido que el grupo insurgente reorganice sus relaciones con actores armados legales e ilegales en esa zona.

Estas actividades de coordinación son las que ha permitido, por ejemplo, que el 23 de febrero entrara la ayuda humanitaria a Venezuela.

Igualmente, la ayuda financiera, especificándose como ejemplo de ello el patrocinio que el Frente Efraín Pabón (ELN) le brinda a un colectivo venezolano en frontera.

La coordinación también permite las economías criminales, al controlar y cobrar por transitar a través de los pasos ilegales.

El soporte logístico se transparenta, por ejemplo, en el hecho de que “Antonio García” se haya comprometido a entregar vehículos y radios a los irregulares venezolanos.

La evolución del ELN en Venezuela

De inmediato el reporte pasa a referirse a la manera cómo la guerrilla del ELN ha evolucionado en Venezuela de manera de pasar de tener una presencia esporádica a un proceso de asentamiento permanente.

Para lograrlo, el grupo armado ilegal colombiano, además de sus vínculos permanentes con el régimen chavista, implementó un proceso de “incrustación social” en los territorios venezolanos de la frontera, con apoyo de las autoridades locales.

Este proceso de “incrustación social” se ha visto facilitado al no hacer uso de la “colonización armada”, alineándose con los ritmos de la comunidad, buscando respaldo de grupos armados locales (colectivos), promoviendo procesos de organización comunitaria y facilitando la entrega de las cajas CLAP.

En ello le son favorables la continuidad del régimen venezolano, su relevancia en el desarrollo de negocios criminales y su rol como actor de seguridad para las autoridades regionales.

Colombia denuncia dos riesgos para su seguridad nacional:

En primer término, un ELN más posicionado en territorio venezolano, incluso al margen del apoyo de las autoridades de dicho país.

Y en segundo lugar, la conformación de un enclave criminal entre los dos Estados, que le permita al grupo armado eludir las acciones en su contra.

Grupos armados organizados-residuales en Venezuela

La cancillería colombiana advierte que los grupos residuales mantienen vínculos con las autoridades venezolanas de tipo local y regional, al tiempo que llevan a cabo actividades logísticas, económicas y de control social en Venezuela.

Del mismo modo refieren que los grupos armados entrenan a las milicias venezolanas y controlan algunos pasos fronterizos.

Sostiene el informe que de los 2.296 hombres levantados en armas en Colombia, en Venezuela se mantienen 231, lo que representa el 10 por ciento de la fuerza.

GAO-Residuales en Venezuela:

Esto grupo consolidan sus nexos con las autoridades venezolanas, bien locales, como regionales, a quienes facilitan actividades logísticas, económicas y de control social.

De este modo el reporte sostiene que el Frente 33 del ELN mantiene nexos con el ZODI Táchira, el cual imparte las directrices para percibirlos como aliados a la revolución, al tiempo facilita el control social y político en frontera.

Por su parte, el Frente Acacio Medina contribuye con el ZODI Amazonas, la cual facilita las tareas de seguridad para economías criminales.

El Frente 10 es aliado de los gobiernos regionales y locales en los llanos venezolanos y su contribución consiste en el entrenamiento armado a las milicias, así como la protección a la revolución.

Con el ZODI Apure coopera en el control del tránsito de bienes y personas mediante el otorgamiento de “salvo conductos”.

Con REDI Los Llanos la colaboración es en el área de control social y político.

La contribución del Sebin consiste en brindar protección a miembros de los GAO-Residuales y seguridad para las economías criminales.

En el proceso de coordinación entre los GAO-Residuales y las autoridades venezolanas, juegan un papel fundamental Noé Suárez Rojas, alias “Grannobles” cuya contribución se fundamenta en el manejo de las finanzas y el control sobre los consejos comunales en frontera (Arauca-Apure).

Igualmente, Géner García Molina, alias “Jhon 40”, cuyo aporte e se en el manejo de las finanzas y el entrenamiento armado, así como los vínculos con mafias brasileras.

Márquez y Santrich en Venezuela

El reporte de la cancillería colombiana refiere que alias “Iván Márquez” y alias “Santrich”, así como los nuevos residuales, utilizan el territorio venezolano donde obtienen protección.

El informe indica que la declaración de “Iván Márquez”, “Santrich” y otros de sus cómplices sobre la fundación de un nuevo grupo narcoterrorista responde a las actividades que este grupo adelanta con la facciones del régimen venezolano.

Agrega que desde hace por lo menos un año, “Márquez” y alias “Granda” mantenían reuniones clandestinas en Venezuela.

La primera reunión de Iván Márquez tuvo ligar el 28 de agosto en la Isla La Orchila donde se discutió la presencia de “Romaña” y la relación con la DGCIM, así como los mecanismos para responder ante la JEP.

La segunda reunión de Márquez se llevó a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el estado Apure. Participaron “Grannobles”, Luis Tolosa (FBL) y “Pablito”.

Lo fundamental de esta cita fue discutir la propuesta de constituir un “Bloque político de la izquierda Latinoamérica”.

También se analizó el apoyo al movimiento de tropas y el entrenamiento a las milicias por parte del ELN y los GAO-residuales.

El protagonista de la reunión sostenida del 17 al 25 de octubre en el estado Guárico fue Rodrigo Granda.

El aspecto de interés de este encuentro fue la seguridad proporcionada por autoridades venezolanas a los grupos armados colombianos, los traslados e identificación en caso de no recibir beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la transferencia de bienes de las FARC.

En estos encuentros se denunció el supuesto incumplimiento del gobierno colombiano en las negociaciones, la recuperación de los bienes de las FARC en Venezuela y los encuentros con actores afines al proyecto de radicalización del régimen (Tareck El Aissami y Néstor Reverol).

Estos encuentros constituyeron a criterio de la cancillería colombiana, una contravención al Acuerdo de paz entre los grupos irregulares y el gobierno neogranadino.

Consideraciones finales

Finalmente el informe de la Cancillería colombiana presentado a la OEA sostiene que las relaciones entre el régimen venezolano y los grupos armados ilegales no es un hecho nuevo, estableciendo que la data de la misma tiene por lo menos hace dos décadas y le ha permitido a las partes fortalecerse.

Refiere que en la actualidad los favores prestados por el régimen venezolano a los grupos armados ilegales colombianos han permitido a la guerrilla pasar de permanecer en la retaguardia en Venezuela a tener un asentamiento permanente fundamentado en las economías criminales.

El régimen venezolano utiliza a estos grupos como un mecanismo de control social y de represión a la oposición, además de considerarlos como una especie de “escudo” en la frontera ante una eventual intervención extranjera.

Por último, se advierte que la relación de cooperación entre los grupos armados ilegales y el régimen venezolano es la mayor amenaza para la estabilidad democrática y seguridad de la región.

domingo, 17 de junio de 2018

Dictan orden de aprehensión contra Walter Alexander del Nogal Márquez

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El tribunal décimo de control del área Metropolitana de Caracas dicta orden de aprehensión contra el ciudadano Walter Alexander del Nogal Márquez por presunta comisión de delito de  legitimación de capitales y asociación para delinquir. Las gestiones se realizaron desde esta misma semana y se ejecutarían entre los días lunes y martes de esta  misma semana.
La solicitud fue presentado por la fiscalía 70 Nacional basado en un informe financiero que reposa la carpeta de investigación que se inicio contra de Del Nogal Márquez en 2009. 

Del Nogal Márquez  fue incorporado a la lista del Departamento del Tesoro, OFAC en mayo de 2018. Debido a la designación, se revisó si existía una investigación en contra Del Nogal Márquez en los órganos fiscalizadores venezolanos.

La administración del presidente Donald Trump designó el 7 de mayo de 2018  al ex funcionario del servicio de inteligencia venezolano, Pedro Luis Marín Olivares dos de sus asesores y 20 compañías bajo su control como narcotraficantes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Martín fue acusado en 2015 por un gran jurado en Florida por conspirar intencionalmente para distribuir una sustancia controlada en los Estados Unidos y posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.
En esa misma decisión, la OFAC designó a Walter Alexander Del Nogal Márquez y a Mario Antonio Rodríguez Espinoza por colaborar con Martin, además de 20 compañías en Venezuela y Panamá que son propiedad o están bajo el control de estas tres personas.

La acción del gobierno norteamericano congela cualquiera de sus activos que se encuentren en los EE. UU. O en manos de personas en los EE. UU.

sábado, 18 de noviembre de 2017

Edgar Maestre, "El Profe" se declara culpable de delitos de narcotráfico en tribunal de EEUU

Por Maibort Petit
@maibortpetit

De manera sorpresiva, el narcotraficante Edgar Maestre, conocido como "El Profe" decidió declararse culpable de haber conspirado para traficar cocaína a los Estados Unidos, y no ir a un juicio que estaba previsto empezar el 9 de enero de 2018 en la Corte del Distrito Sur de Virginia.
En una audiencia frente a juez T. S.Ellis  III, Maestre Martínez bajo supervisión de su abogado Donald E. Harris y la fiscal auxiliar del caso, Mary K. Daly, expresó ante la corte que aceptaba su responsabilidad en el cargo uno de la acusación. 
El narcotraficante venezolano, Edgar José Maestre Martínez -quien según el gobierno de los Estados Unidos es miembro de la Dirección de Inteligencia del gobierno venezolano- es acusado de traficar cocaína desde Venezuela a los EEUU, vía Honduras.

Maestre Martínez fue capturado por las autoridades antinarcóticos de Colombia el 15 de octubre de 2013 y extraditado a los Estados Unidos en 2014. A pesar de encontrarse bajo rejas desde el 2013, el acusado por cargos de narcotráfico aparece como trabajador activo en la nómina del Ministerio  del Poder Popular para la Educación y, de acuerdo a la ficha del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, ha cotizado de manera ininterrumpida desde el año 2002 hasta el 2017. En la imagen siguiente pueden apreciar como Maestre ha cotizado 31 semanas al seguro social de salarios pagados por el Estado venezolano por su trabajo en el gobierno revolucionario.
El caso en los tribunales de Virginia

El caso de Edgar José Maestre Martínez "El Profe"  fue calificado por el juez de la causa T. S.Ellis  III, como "complejo". En el expediente de Maestre Martínez  aparecen tres co-conspiradores: Juan Diego Zapata-Arcila  "Lucas El Paisa",  Edwin Franco-Arias alias "Camilo", "Chorizo" y "Ladrillos del Caribe" y, finalmente, Reinel Antonio Benitez Nuñez alias "Cajuche" y "Cajuche Pobre". Los tres co-conspiradores de este caso se declararon culpables de los cargos y aceptaron cooperar con las autoridades norteamericanas. 

El gobierno de los EEUU acusa a los cuatro sujetos de haber violado el título 21 Código de los Estados Unidos en su numeral 960, 963 que establece como ilegal la conspiración para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína y los numerales  959(b), 960, 963  donde se establece como delito poseer cocaína a bordo de un aeronave registrada en los Estados Unidos con intento de  distribución.

Guerra contra las drogas

Colombia es responsable del  90% de la cocaína que se importa a los Estados Unidos y gran parte de esa droga es producida en laboratorios ilícitos ubicados en el interior del territorio colombiano, y luego transportados a zonas fronterizas, dice la acusación del Gran Jurado contra los acusados. 

La cocaína que sale comúnmente de Colombia es enviada desde Venezuela a lo largo del corredor centroamericano hacia Honduras y, luego a México para su eventual envío a los Estados Unidos. Destaca que no existe un mercado interno sustancial  para la cocaína en los países centroamericanos y en México. La enorme demanda en los EEUU hace que sea muy atractivo para los narcotraficantes colocarla en territorio norteamericano.

Dice el documento que para transportar esta cocaína a través del corredor centroamericano, los narcotraficantes utilizan diversos métodos de transporte para incluir aviones privados, camiones y barcos. Las aeronaves privadas se usan frecuentemente para transportar envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela a franquicias clandestinas ubicadas en las selvas de Honduras, desde donde la cocaína es descargada y colocada en los vehículos especiales y transportada a través de la selva a los puertos marítimos costeros hondureños para la exportación.

Los envíos de cocaína de Honduras a Estados Unidos viajan típicamente a través de México donde los cárteles de la droga arreglan para que la cocaína se traslade de manera segura para ser vendida en las principales ciudades a precios muy altos.

De acuerdo a la investigación realizada por las agencias del gobierno, desde el 4 de mayo de 2012, y hasta el 13 de junio de 2012  aproximadamente, en Colombia, Venezuela, Honduras y otros lugares, los acusados conspiraron y acordaron distribuir de manera deliberada en intencional cocaína a los Estados Unidos.

Los acusados y sus co-conspiradores utilizaron las siguientes maneras y medios para la conspiración:

1) Proporcionaron servicios de transporte aéreo a narcotraficantes con el propósito de enviar la cocaína desde Colombia y Venezuela a pistas clandestinas en las selvas de Honduras.

2) Fue parte adicional de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores usaron un avión para transportar una carga de cientos de kilogramos de cocaína de Colombia y Venezuela a Honduras.

3) Fue también parte de la conspiración facilitar una tripulación de tierra, que estuvo presente en las pistas clandestinas de aterrizaje para cargar y descargar las aeronaves, así como para proporcionar seguridad a la pista de aterrizaje.

4) Fue también parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores defendieran los envíos de cocaína de la intervención del gobierno con medios de fuerza letal.

5) Los acusados y sus co-conspiradores pagaron a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo designado por los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera, para gozar de los  privilegios de aterrizaje y seguridad en ciertas áreas de Colombia y Venezuela.

6) También formó parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores sobornaran a los funcionarios del gobierno de los dos países para que les permitieran presentar falsos planes de vuelo; utilizar aeropuertos; evitar la detección de radar y  la interdicción gubernamental de los envíos.

La conspiración cifrada

1) El 4 de mayo de 2012,  uno de los co-conspiradores identificado como "UCC 1" hizo un pago parcial de $ 80,000 para un avión bimotor con el número de cola N984MW de Estados Unidos. El pago fue enviado a un banco estadounidenses.

2) El 18 de mayo de 2012, UCC1 y otros asociados  inspeccionaron el avión N984MW.

3) Entre el 18 de mayo de 2012 y aproximadamente el 11 de junio de 2012,  los acusados pagaron el saldo restante de los aviones y tomaron posesión del avión siglas N984MW.

4) El 12 de junio de 2012, los acusados transportaron aproximadamente 600 kilogramos de cocaína a bordo del avión N984MW desde Venezuela a Honduras para su exportación y distribución.

5) Alrededor del 13 de junio de 2012, el avión N984MW se estrelló en una zona cercana a Cerro Del Suyate,  en Honduras. 39.888 kilogramos de cocaína fueron recuperados de los restos de la nave por los miembros de la Representación de Tegucigalpa (TCO) en colaboración con agentes de la (DEA).

La extradición de Maestre Martínez 

El 12 de noviembre de 2014, el tribunal de justicia colombiano acordó extraditar a Maestre Martínez "El Profe" en base a una solicitud hecha por  el gobierno de los Estados Unidos.

A través de la notificación No.1605 fechada el 8 de agosto de 2013, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia solicitó la detención provisional con fines de extradición del venezolano Edgar José Maestre Martínez,  y formalizó la petición en la comunicación diplomática No. 2524 del 6 de diciembre de 2013.

El tribunal colombiano solicitó a la Cancillería de Venezuela el envío del pasaporte a su nombre y cotejo dactiloscópico que reposa en las oficinas de identificación de la República Bolivariana de Venezuela para verificar los antecedentes judiciales en Colombia y Venezuela, toda vez que, ha sido investigado por conductas al margen de la ley en Venezuela. 

Luego de su extradición Maestre se declaró no culpable de los cargos y decidió ir a juicio. Durante más de 6 meses se preparó toda la documentación y evidencias por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Virginia para probar, más allá de la duda razonable, que el acusado es culpable de delitos de narcotráfico. No obstante, luego de una evaluación hecha con su abogado y los fiscales dos meses antes que el juicio se iniciara, el narcotraficante venezolano acordó firmar un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en el cual se declara culpable y se somete a las leyes antinarcóticos norteamericanas.

La próxima cita de Maestre en la corte será el 2 de febrero de 2018, fecha en la cual el juez T. S.Ellis  III decidirá la fecha de la condena. 

miércoles, 4 de octubre de 2017

Juicio del narcotraficante venezolano Edgar Maestre "El Profe" se iniciará en EEUU en enero de 2018

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Virginia acordó iniciar el juicio contra el narcotraficante venezolano, Edgar José Maestre Martínez alias "El Profe" el 9 de enero de 2018. El demandado -quien según el gobierno de los Estados Unidos es miembro de la Dirección de Inteligencia de Venezuela- es acusado de traficar cocaína desde Venezuela a los EEUU, vía Honduras.
Maestre Martínez fue capturado por las autoridades antinarcóticos de Colombia el 15 de octubre de 2013 y extraditado a los Estados Unidos en 2014. A pesar de encontrarse bajo rejas desde el 2013, el acusado por cargos de narcotráfico aparece como trabajador activo en la nómina del Ministerio  del Poder Popular para la Educación y, de acuerdo a la ficha del Instituto Venezolano de Seguros Sociales ,ha cotizado de manera ininterrumpida desde el año 2002 hasta el 2017.

El caso en los tribunales de Virginia

El caso de Edgar José Maestre Martínez "Profe"  es calificado por el juez de la causa T. S.Ellis  III, como "complejo". En el expediente de Maestre Martínez  aparecen tres co-conspiradores: Juan Diego Zapata-Arcila  "Lucas El Paisa",  Edwin Franco-Arias alias "Camilo", "Chorizo" y "Ladrillos del Caribe" y, finalmente, Reinel Antonio Benitez Nuñez alias "Cajuche" y "Cajuche Pobre". Los tres co-conspiradores de este caso se declararon culpables de los cargos y aceptaron cooperar con las autoridades norteamericanas. 

El gobierno de los EEUU acusan a los cuatro sujetos de haber violado el título 21 Código de los Estados Unidos en su numeral 960, 963 que establece como ilegal la conspiración para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína y los numerales  959(b), 960, 963  donde se establece como delito poseer cocaína a bordo de un aeronave registrada en los Estados Unidos con intento de  distribución.

Guerra contra las drogas

Colombia es responsable del  90% de la cocaína que se importa a los Estados Unidos y gran parte de esa droga es producida en laboratorios ilícitos ubicados en el interior del territorio colombiano, y luego transportados a zonas fronterizas, dice la acusación del Gran Jurado contra los acusados. 

La cocaína que sale comúnmente de Colombia es enviada desde Venezuela a lo largo del corredor centroamericano hacia Honduras y, luego a México para su eventual envío a los Estados Unidos. Destaca que no existe un mercado interno sustancial  para la cocaína en los países centroamericanos y en México. La enorme demanda en los EEUU hace que sea muy atractivo para los narcotraficantes colocarla en territorio norteamericano.

Dice el documento que para transportar esta cocaína a través del corredor centroamericano, los narcotraficantes utilizan diversos métodos de transporte para incluir aviones privados, camiones y barcos. Las aeronaves privadas se usan frecuentemente para transportar envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela a franquicias clandestinas ubicadas en las selvas de Honduras, desde donde la cocaína es descargada y colocada en los vehículos especiales y transportada a través de la selva a los puertos marítimos costeros hondureños para la exportación.

Los envíos de cocaína de Honduras a Estados Unidos viajan típicamente a través de México donde los cárteles de la droga arreglan para que la cocaína se traslade de manera segura para ser vendida en las principales ciudades a precios muy altos.

De acuerdo a la investigación realizada por las agencias del gobierno, desde el 4 de mayo de 2012, y hasta el 13 de junio de 2012  aproximadamente, en Colombia, Venezuela, Honduras y otros lugares, los acusados conspiraron y acordaron distribuir de manera deliberada en intencional cocaína a los Estados Unidos.

Los acusados y sus co-conspiradores utilizaron las siguientes maneras y medios para la conspiración:

1) Proporcionaron servicios de transporte aéreo a narcotraficantes con el propósito de enviar la cocaína desde Colombia y Venezuela a pistas clandestinas en las selvas de Honduras.

2) Fue parte adicional de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores usaron un avión para transportar una carga de cientos de kilogramos de cocaína de Colombia y Venezuela a Honduras.

3) Fue también parte de la conspiración facilitar una tripulación de tierra, que estuvo presente en las pistas clandestinas de aterrizaje para cargar y descargar las aeronaves, así como para proporcionar seguridad a la pista de aterrizaje.

4) Fue también parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores defendieran los envíos de cocaína de la intervención del gobierno con medios de fuerza letal.

5) Los acusados y sus co-conspiradores pagaron a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo designado por los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera, para gozar de los  privilegios de aterrizaje y seguridad en ciertas áreas de Colombia y Venezuela.

6) También formó parte de la conspiración que los acusados y sus co-conspiradores sobornaran a los funcionarios del gobierno de los dos países para que les permitieran presentar falsos planes de vuelo; utilizar aeropuertos; evitar la detección de radar y  la interdicción gubernamental de los envíos.

La conspiración cifrada

1) El 4 de mayo de 2012,  uno de los co-conspiradores identificado como "UCC 1" hizo un pago parcial de $ 80,000 para un avión bimotor con el número de cola N984MW de Estados Unidos. El pago fue enviado a un banco estadounidenses.

2) El 18 de mayo de 2012, UCC1 y otros asociados  inspeccionaron el avión N984MW.

3) Entre el 18 de mayo de 2012 y aproximadamente el 11 de junio de 2012,  los acusados pagaron el saldo restante de los aviones y tomaron posesión del avión siglas N984MW.

4) El 12 de junio de 2012, los acusados transportaron aproximadamente 600 kilogramos de cocaína a bordo del avión N984MW desde Venezuela a Honduras para su exportación y distribución.

5) Alrededor del 13 de junio de 2012, el avión N984MW se estrelló en una zona cercana a Cerro Del Suyate,  en Honduras. 39.888 kilogramos de cocaína fueron recuperados de los restos de la nave por los miembros de la Representación de Tegucigalpa (TCO) en colaboración con agentes de la (DEA).

La extradición de Maestre Martínez 

El 12 de noviembre de 2014, el tribunal de justicia colombiano acordó extraditar a Maestre Martínez "El Profe" en base a una solicitud hecha por  el gobierno de los Estados Unidos.

A través de la notificación No.1605 fechada el 8 de agosto de 2013, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia solicitó la detención provisional con fines de extradición del venezolano Edgar José Maestre Martínez,  y formalizó la petición en la comunicación diplomática No. 2524 del 6 de diciembre de 2013.

El tribunal colombiano solicitó a la Cancillería de Venezuela el envío del pasaporte a su nombre y cotejo dactiloscópico que reposa en las oficinas de identificación de la República Bolivariana de Venezuela para verificar los antecedentes judiciales en Colombia y Venezuela, toda vez que, ha sido investigado por conductas al margen de la ley en Venezuela.