Un informe de la cancillería colombiana que si bien reconoce que las relaciones no son un hecho nuevo, alerta que en los últimos tres años los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela con la venia de Nicolás Maduro.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Un informe de la Cancillería colombiana entregado a la Organización de Estados Americanos (OEA) revela los vínculos que los grupos armados ilegales de la nación neogranadina mantienen con el régimen venezolano, una relación que en el reporte se describe como de “beneficio mutuo”.
El reporte, clasificado como de uso exclusivo de la Cancillería, titulado “Grupos armados ilegales y su relación con el régimen venezolano”, alerta que la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, permitirían la continuidad de Nicolás Maduro en el poder.
La primera parte del reporte denominada “Vínculos del régimen venezolano con los grupos armados” de la que toma el nombre el informe, refiere en primer lugar, que se trata de un fenómeno criminal con más de dos décadas de vigencia, cuya relación ha sido denunciada continuamente por el gobierno colombiano para lo cual se sustenta en algunos hechos ocurridos entre los años 2002 y 2016.
Así, se indica que en 2002 se denunció la existencia de campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado de Zulia.
En 2005 se acusó la existencia de campamentos de FARC en los estados Bolívar y Apure, al tiempo de que se alertó la presencia de estos grupos en Amazonas.
Para 2006 Colombia denunció la existencia de refugios y centros de tránsito de droga tanto en el estado Bolívar como en Amazonas.
En 2007 investigaciones desarrolladas por Diario El País sobre “la inmunidad legal de facto” de Venezuela con los Grupos Armados Insurgentes (GAI) de Colombia.
En 2008 los computadores de ‘R. Reyes’ revelaron los vínculos de alias ‘R. Granda’ con autoridades venezolanas. Ese mismo año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a altos funcionarios venezolanos por brindar apoyo a las FARC.
Igualmente, el informe cita la denuncia que en 2010 formuló Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la presencia “consolidada, activa y creciente” de las FARC en territorio de Venezuela. Se habló de 1.500 hombres en armas.
En 2011, el Comandante General de las Fuerzas Militares colombianas denunció la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.
En 2012, un informe del gobierno de EE. UU. denunció la permanencia de las FARC y el ELN en Venezuela.
En 2015 se conoció un informe de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en el que se daba cuenta de la presencia de varios cabecillas de las FARC y el ELN en Venezuela, a saber, “Timochenko”, “Grannobles” y “Pablito”.
En 2016, el gobernador de Amazonas denunció la presencia de cerca de 4.000 hombres en armas de FARC y el ELN en esa entidad venezolana.
El reporte refiere que en los últimos tres años, es decir, de 2017 al presente 2019, los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro.
Citando al International Crisis Group (febrero, 2019), el informe refiere que “Las FARC y el ELN se han afianzado mucho más en las últimas dos décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos”.
Igualmente se hace mención a los señalado en marzo de 2019 por Insight Crime, en cuanto a que “El ELN es ampliamente tolerado por autoridades venezolanas (…) El grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad…”.
El segundo punto del informe se denomina “Caracterización de relacionamiento entre el régimen y los grupos armados” y asegura que la relación de la dictadura venezolana con estos grupos es de mutuo beneficio.
Precisa que tres factores determinan el tipo de vínculos, a saber, el considerarse como instrumento para garantizar la continuidad del régimen; por la obtención de réditos de economías criminales; y cuando se han establecido relaciones personales.
Se indica que con esta relación el régimen venezolano obtiene respaldo político y control social en zonas de injerencia de los grupos, mientras que estos últimos logran protección, logística, entrenamiento y armamento.
¿Dónde está opera el ELN en Venezuela?
El frente de guerra del Ejército de Liberación Nacional que opera en la frontera, de acuerdo a lo que revela el informe, mantiene asentamientos permanentes en Venezuela.
Estos asentamientos serían el del Frente de Guerra Norte, con 10 campamentos en el estado Zulia y, particularmente, en la Serranía del Perijá.
El Frente de Guerra Oriental tiene 20 campamentos en los estados Apure, Bolívar y Amazonas.
El Frente de Guerra Nororiental tiene 20 asentamientos en el estado Táchira.
Estos grupos del ELN en Venezuela se dedican, según el informe, a actividades propias de las economías criminales y al fortalecimiento armado.
Las actividades del ELN en territorio venezolano están dinamizadas por los vínculos de la organización ilegal con el régimen venezolano en tres niveles: 1) Estratégico, en el que intervienen altos funcionarios del régimen; 2) Operacional, con las fuerzas e instituciones de seguridad; 3) Táctico, en el que se relaciona con los colectivos y con las milicias.
Los vínculos estratégicos del ELN son —por el movimiento guerrillero— alias “Lenin”, quien forma parte del Frente de Guerra Oriental. Este hombre es el representante del ELN ante el régimen venezolano y su entorno.
Entretanto, la representación del régimen venezolano reposaría en quien ha sido denominado como el “protector del Táchira”, quien también lidera en Venezuela a los grupos colectivos. Freddy Bernal sería el enlace entre el régimen y el grupo armado.
Los vínculos operacionales del ELN con el régimen de Nicolás Maduro estarían dado por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), los miembros de REDI Occidental y Andes; los miembros de ZODI Zulia y Táchira; la Guardia Nacional Bolivariana; la Dirección General Conjunta de Inteligencia Militar (DGCIM); y la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL).
Entretanto, los vínculos tácticos del movimiento guerrillero colombiano con la administración de Maduro son los que permiten que el grupo armado tenga una mayor influencia territorial y armada en Venezuela.
El informe revela que el ELN coordina en la frontera sus actividades con los colectivos, algo que ha permitido que el grupo insurgente reorganice sus relaciones con actores armados legales e ilegales en esa zona.
Estas actividades de coordinación son las que ha permitido, por ejemplo, que el 23 de febrero entrara la ayuda humanitaria a Venezuela.
Igualmente, la ayuda financiera, especificándose como ejemplo de ello el patrocinio que el Frente Efraín Pabón (ELN) le brinda a un colectivo venezolano en frontera.
La coordinación también permite las economías criminales, al controlar y cobrar por transitar a través de los pasos ilegales.
El soporte logístico se transparenta, por ejemplo, en el hecho de que “Antonio García” se haya comprometido a entregar vehículos y radios a los irregulares venezolanos.
La evolución del ELN en Venezuela
De inmediato el reporte pasa a referirse a la manera cómo la guerrilla del ELN ha evolucionado en Venezuela de manera de pasar de tener una presencia esporádica a un proceso de asentamiento permanente.
Para lograrlo, el grupo armado ilegal colombiano, además de sus vínculos permanentes con el régimen chavista, implementó un proceso de “incrustación social” en los territorios venezolanos de la frontera, con apoyo de las autoridades locales.
Este proceso de “incrustación social” se ha visto facilitado al no hacer uso de la “colonización armada”, alineándose con los ritmos de la comunidad, buscando respaldo de grupos armados locales (colectivos), promoviendo procesos de organización comunitaria y facilitando la entrega de las cajas CLAP.
En ello le son favorables la continuidad del régimen venezolano, su relevancia en el desarrollo de negocios criminales y su rol como actor de seguridad para las autoridades regionales.
Colombia denuncia dos riesgos para su seguridad nacional:
En primer término, un ELN más posicionado en territorio venezolano, incluso al margen del apoyo de las autoridades de dicho país.
Y en segundo lugar, la conformación de un enclave criminal entre los dos Estados, que le permita al grupo armado eludir las acciones en su contra.
Grupos armados organizados-residuales en Venezuela
La cancillería colombiana advierte que los grupos residuales mantienen vínculos con las autoridades venezolanas de tipo local y regional, al tiempo que llevan a cabo actividades logísticas, económicas y de control social en Venezuela.
Del mismo modo refieren que los grupos armados entrenan a las milicias venezolanas y controlan algunos pasos fronterizos.
Sostiene el informe que de los 2.296 hombres levantados en armas en Colombia, en Venezuela se mantienen 231, lo que representa el 10 por ciento de la fuerza.
GAO-Residuales en Venezuela:
Esto grupo consolidan sus nexos con las autoridades venezolanas, bien locales, como regionales, a quienes facilitan actividades logísticas, económicas y de control social.
De este modo el reporte sostiene que el Frente 33 del ELN mantiene nexos con el ZODI Táchira, el cual imparte las directrices para percibirlos como aliados a la revolución, al tiempo facilita el control social y político en frontera.
Por su parte, el Frente Acacio Medina contribuye con el ZODI Amazonas, la cual facilita las tareas de seguridad para economías criminales.
El Frente 10 es aliado de los gobiernos regionales y locales en los llanos venezolanos y su contribución consiste en el entrenamiento armado a las milicias, así como la protección a la revolución.
Con el ZODI Apure coopera en el control del tránsito de bienes y personas mediante el otorgamiento de “salvo conductos”.
Con REDI Los Llanos la colaboración es en el área de control social y político.
La contribución del Sebin consiste en brindar protección a miembros de los GAO-Residuales y seguridad para las economías criminales.
En el proceso de coordinación entre los GAO-Residuales y las autoridades venezolanas, juegan un papel fundamental Noé Suárez Rojas, alias “Grannobles” cuya contribución se fundamenta en el manejo de las finanzas y el control sobre los consejos comunales en frontera (Arauca-Apure).
Igualmente, Géner García Molina, alias “Jhon 40”, cuyo aporte e se en el manejo de las finanzas y el entrenamiento armado, así como los vínculos con mafias brasileras.
Márquez y Santrich en Venezuela
El reporte de la cancillería colombiana refiere que alias “Iván Márquez” y alias “Santrich”, así como los nuevos residuales, utilizan el territorio venezolano donde obtienen protección.
El informe indica que la declaración de “Iván Márquez”, “Santrich” y otros de sus cómplices sobre la fundación de un nuevo grupo narcoterrorista responde a las actividades que este grupo adelanta con la facciones del régimen venezolano.
Agrega que desde hace por lo menos un año, “Márquez” y alias “Granda” mantenían reuniones clandestinas en Venezuela.
La primera reunión de Iván Márquez tuvo ligar el 28 de agosto en la Isla La Orchila donde se discutió la presencia de “Romaña” y la relación con la DGCIM, así como los mecanismos para responder ante la JEP.
La segunda reunión de Márquez se llevó a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el estado Apure. Participaron “Grannobles”, Luis Tolosa (FBL) y “Pablito”.
Lo fundamental de esta cita fue discutir la propuesta de constituir un “Bloque político de la izquierda Latinoamérica”.
También se analizó el apoyo al movimiento de tropas y el entrenamiento a las milicias por parte del ELN y los GAO-residuales.
El protagonista de la reunión sostenida del 17 al 25 de octubre en el estado Guárico fue Rodrigo Granda.
El aspecto de interés de este encuentro fue la seguridad proporcionada por autoridades venezolanas a los grupos armados colombianos, los traslados e identificación en caso de no recibir beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la transferencia de bienes de las FARC.
En estos encuentros se denunció el supuesto incumplimiento del gobierno colombiano en las negociaciones, la recuperación de los bienes de las FARC en Venezuela y los encuentros con actores afines al proyecto de radicalización del régimen (Tareck El Aissami y Néstor Reverol).
Estos encuentros constituyeron a criterio de la cancillería colombiana, una contravención al Acuerdo de paz entre los grupos irregulares y el gobierno neogranadino.
Consideraciones finales
Finalmente el informe de la Cancillería colombiana presentado a la OEA sostiene que las relaciones entre el régimen venezolano y los grupos armados ilegales no es un hecho nuevo, estableciendo que la data de la misma tiene por lo menos hace dos décadas y le ha permitido a las partes fortalecerse.
Refiere que en la actualidad los favores prestados por el régimen venezolano a los grupos armados ilegales colombianos han permitido a la guerrilla pasar de permanecer en la retaguardia en Venezuela a tener un asentamiento permanente fundamentado en las economías criminales.
El régimen venezolano utiliza a estos grupos como un mecanismo de control social y de represión a la oposición, además de considerarlos como una especie de “escudo” en la frontera ante una eventual intervención extranjera.
Por último, se advierte que la relación de cooperación entre los grupos armados ilegales y el régimen venezolano es la mayor amenaza para la estabilidad democrática y seguridad de la región.
En la misma fecha, 17 de diciembre de 2007, Helton Torres compró otro cheque de gerencia, esta vez del Banco Provincial, identificado con el número 00109459, pagadero a la orden de Ediverto Aguirre, por Bs. 50.000.000.
