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martes, 17 de marzo de 2020

Piden auditar a Ministerios en Bolivia que otorgaron contratos a empresas de Carlos Gill Ramírez

   En esta segunda entrega continuamos dando cuenta de las empresas en Bolivia pertenecientes al venezolano-paraguayo y las cuales, según denuncia, habrían servido llevar a cabo una serie de negociaciones, supuestamente irregulares, con el gobierno del expresidente Evo Morales.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Una denuncia del senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, dirigió todas las miradas y atención a las empresas propiedad del venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, señalado de amasar una gran fortuna a la sombra del chavismo y de los regímenes afines al denominado Socialismo del siglo XXI que impulsó, en y desde Venezuela, el finado Hugo Chávez. El parlamentario instó a la Contraloría boliviana a instrumentar una serie de auditorías en los ministerios que contrataron con Gill Ramírez.
   Como apuntamos en la primera entrega, Carlos Gill Ramírez admitió poseer siete empresas en territorio boliviano, según recoge la revista Economy 21, a saber, Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon)[1].

Empresario privilegiado

  En su denuncia, Oscar Ortiz[2] refiere que el gobierno del expresidente Evo Morales favoreció a las empresas de Carlos Gill Ramírez por encima de otras compañías.
  En particular hace mención al proyecto del Tren Bioceánico, para el cual el estado ha debido convocar a diferentes firmas para que concursaran por los contratos para las obras que la ejecución de dicho proyecto conlleva.

  Contrario al deber ser —subraya Ortiz— el gobierno boliviano encabezado por Morales priorizó a una sola empresa y a un solo empresario, Carlos Gill Ramírez, con lo que privilegió la relación que con este mantenía en razón de sus afinidades políticas e ideológicas a la hora de adjudicar los contratos. Privaron, pues, los intereses particulares por encima de los colectivos, advirtió el parlamentario.

El tren bioceánico

  Refiere Ortiz que Gill Ramírez en muchas oportunidades se ha presentado él mismo como pionero del proyecto del Tren Bioceánico y sus declaraciones, coinciden con las inversiones que ha realizado en los últimos años, no sólo en Bolivia sino también en países vecinos como Brasil, Argentina y Paraguay en empresas ferroviarias que trabajan en acuerdos para unir ambos océanos.

  Según ha explicado el propio Gill Ramírez en una entrevista al portal El Deber, el Tren Bioceánico es un proyecto que consta de una de red de vías férreas que permitirán la unión de los puertos brasileños del Atlántico con los puertos peruanos sobre el Pacífico, de manera de crear “una especie de canal de Panamá para trenes” en Sudamérica (…) El bioceánico es un proyecto que debe realizar el Estado boliviano. Nosotros, como el consorcio privado que tiene la concesión, empujamos para que esto suceda”[3].

  El senador Ortiz destaca que Carlos Gill Ramírez ha adquirido la propiedad, participación o concesión de toda la red logística que une estos dos puntos donde ha realizado una serie de inversiones que, si bien preparan el camino para la conformación del corredor bioceánico, también han significado importantes ingresos para sus empresas.

  En Bolivia, Gill Ramírez adquirió las empresas ferroviarias Andina y Oriental, mientras que en Brasil es dueño de 20 por ciento de la empresa Rumo ALL, la cual se conoce formalmente como América Latina Logística (ALL), la cual se dedica a la logística de transporte, especialmente por vía férrea. La compañía posee cuatro concesiones ferroviarias que operan la Malla Oeste de Brasil. Hay que acotar que, en 2013, como lo informa la revista Fortuna, el gobierno argentino le retiró la concesión de trenes de carga a este grupo, debido a incumplimientos e irregularidades[4].

  El consorcio a cargo del proyecto del Tren Bioceánico lo conforman las empresas Rumo, Transfesa, Hub Intermodal de Tres Lagos, Ferroviaria Andina y Ferroviaria Oriental. “Con esto completamos nuestro sueño de hacer el Corredor Bioceánico y ya hoy podemos decir que es una realidad”, dijo Gill cuando explicó su participación en la concesión de la Malla Oeste de Brasil, la cual va desde Corumbá hasta casi Santos. “Con esto completamos nuestro sueño de hacer el Corredor Bioceánico y ya hoy podemos decir que es una realidad”.

  Refiere el denunciante que Carlos Gill Ramírez informó en julio de 2018 que el Tren Bioceánico presentaba 85 por ciento de avance, habiendo transcurrido para entonces 10 años de los 20 programados para poner el proyecto en completo funcionamiento. Agrega que se anunciaron nuevas inversiones por una cantidad que oscila entre 80 y 100 millones de dólares, los cuales permitirían terminar el lado occidental, consistente en un puerto en Rosario, Argentina, obra que garantizaría que la carga boliviana tuviera acceso a un precio razonable. Sin embargo, acota que desde 1969 cuando el gobierno argentino concedió a Bolivia una zona franca en Puerto Rosario, ningún gobierno boliviano se preocupó por invertir en la construcción del terminal.

  Carlos Gill también tiene inversiones en la Hidrovía Paraguay-Paraná, donde su empresa Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon S.R.L.), opera la terminal de granos y aceites de Puerto Aguirre. Allí también hay un terminal petrolero que presta servicios de importaciones de diésel, exportaciones de gasolina, exportaciones de nafta, exportaciones de alcohol, así como también brinda aprovisionamiento de combustibles a remolcadores fluviales. Se trata, según narra Ortiz, de un negocio de gran rentabilidad, lo cual se recoge de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que recopila el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), los cuales indican que en 2018 Bolivia importó 1.213.547 toneladas de diésel por un valor de USD 897 millones, de los cuales el 21 por ciento (258.000 toneladas por un valor de USD 188.37 millones) ingresaron por vía fluvial.

  Se pregunta Oscar Ortiz, por qué razón las empresas ferroviarias Andina y Oriental —propiedad de Gill Ramírez— no han sido nacionalizadas, siendo las únicas en esta condición.

  Recuerda Ortiz la que calificó como respuesta evasiva de Gill Ramírez cuando fue consultado al respecto en 2018, cuando dejó claro que mantenía conversaciones con Evo Morales: “Voy a contestar eso como lo contesté a otras personas. ¿Usted tenía el deseo de que todo fuera nacionalizado? Si se está haciendo un buen trabajo y se permite el crecimiento del país, todo lo contrario. Yo se lo dije también al presidente: ‘estoy sujeto a que me nacionalicen’. Le dije que el día que quiera nacionalizar ferrocarriles llámeme y yo le digo cuánto invertí y me voy”. Con el exmandatario boliviano asegura que conversaba de logística. “Yo soy el pionero del tren bioceánico, es muy importante para Bolivia”[5].

  Este proyecto del Tren Bioceánico tiene eco en Brasil[6], Perú[7], Paraguay[8] y Uruguay[9].

  Ortiz reconoce el empeño y prioridad que Carlos Gill Ramírez le ha dado a este proyecto, pero igualmente advierte que el gobierno de Morales y el MAS llevó a cabo una serie de diligencias diplomáticas internacionales para que el tren oceánico obtuviera respaldo. Una actitud que a ojos del senador Ortiz, “Lamentablemente, no se ha visto con otras iniciativas privadas ni empresariales”.

Ferroviaria Oriental

   En su página web la Ferroviaria Oriental S.A. se define como una compañía que ofrece servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros, así como de logística integral y que “Administra una concesión de 1.244 Km de vía férrea, conectando el entorno que rodea Santa Cruz, al sur con Argentina y hacia el este con Brasil y los mercados mundiales, a través de barcazas que operan en la Hidrovía Paraguay-Paraná”[10].

   La sede principal de la empresa se encuentra en Santa Cruz, en la avenida Montes Final, S/N, Zona Terminal Bimodal. 

   El portal de la Bolsa Boliviana de Valores[11] informa que se trata de una sociedad constituida mediante Testimonio Nº 3134/95 el 23 de noviembre de 1995 como Empresa Ferroviaria Oriental SAM que, posteriormente, el 5 de julio de 1996, mediante Testimonio Nº 63/96 se convirtió en Empresa Ferroviaria Oriental S.A. El objeto de la sociedad se modificó mediante Testimonio Nº 792/2002, el 24 de junio de 2002 se modificó el objeto social e, igualmente, mediante Testimonio Nº 1063/2002 cambió la denominación a Ferroviaria Oriental S.A.

   El objeto principal de la firma es “realizar por cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros, servicios de transporte, en general, y ferroviario en, particular, pudiendo intervenir en toda clase de sociedades legalmente constituidas en Bolivia o en el exterior, así como las actividades relacionadas a estos servicios e inversiones”.

   Indica que los accionistas de la empresa son: Trenes Continentales S.A., con el 50,0003 por ciento de las acciones; AFP Futuro de Bolivia S.A., con 25,9554 por ciento de las acciones; AFP Previsión BBVA S.A., con 24,9554 por ciento de las acciones; mientras que otros accionistas poseen el 0,0889 por ciento del paquete accionario.
   El directorio de la empresa está constituido por Carlos Enrique Gill Ramírez, presidente; Ignacio Andrés Echeverría Aranda, vicepresidente; Ignacio Bedoya Sáenz, secretario.

  Como directores figuran Rafael Enrique Abreu Anselmi, Kathya Vaca Diez Jiménez, José Antonio de Chazal Palomo, Wu Long Le.

   Los directores suplentes son Rodrigo Andrés Iturri Sandoval, Mauricio Sergio Rodrigo Arturo Costa Du Reis Flores, Dubraska Elena Inojosa Avellanada, Amelia Ibarra, César Eduardo Rodríguez Gómez, Mauricio Etienne Solares Solares.

  Carlos Butteler Bravo y Pablo Herrera Suárez son síndicos; mientras que Hugo Enrique Riskowsky Arraya y Mario Torrico Montaño, figuran como síndicos suplentes.
  Como informa el portal Poderopedia[12], en Venezuela Rafael Enrique Abreu Anselmi, fue relacionado en un caso de corrupción en el Banco Latino en 1993. Por ello, se le acusó de estafa continuada y agavillamiento.

  Carlos Gill Ramírez llegó a Ferroviaria Oriental S.A. en junio de 2014, cuando compró al Grupo Genesse & Wyoming Inc. de Estados Unidos el 50 por ciento de las acciones que esta poseía en la empresa que presta servicios en los departamentos de Santa Cruz y Tarija con conexiones a Brasil y Argentina. Figuró como director de la sociedad en las gestiones 2016, 2017 y 2018.

  El empresario venezolano-paraguayo asegura que recibió una empresa en muy mal estado que solamente movía un millón de toneladas de soya, mientras que en la actualidad la soya representa sólo el 23 por ciento de la carga que transportan. En la entrevista que citamos anteriormente dijo que “Cuando se dio la posibilidad de consolidar la sociedad en la ferroviaria vimos el Canal de Panamá en Sudamérica, que es la gran ventaja de Bolivia, vimos la hidrovía con salida a Rosario y ¿ qué más vimos? El granero del mundo”.

  Esas habrían sido las razones para invertir en la empresa que ahora transporta 2,2 millones de toneladas en 1.500 vagones y en la que ha invertido 250 millones de dólares.

Ferroviaria Andina

   La página de la Bolsa Boliviana de Valores informa que Empresa Ferroviaria Andina S.A.[13] tiene su oficina principal en La Paz, en la Calle Delgado (Calle 1 de Achumani), N° 156, (casi esq. Av. Tomasa Murillo). Los teléfonos de la compañía son (591-2)2184555 y 2184597. Correo electrónico  info@fca.com.bo.

   Según Testimonio 86/1996, Empresa Ferroviaria Andina S.A. tiene por objeto principal “realizar por cuenta propia y/o asociada con terceros, la explotación, operación, administración, comercialización, organización y prestación de servicio público de transporte ferroviario, comprendiendo principalmente el transporte de pasajeros y carga, la compra, venta , mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, vinculadas con la actividad de transporte, la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría, asistencia técnica en materia de transporte, servicios intermodales y combinados, mediante las concesiones y licencias correspondientes, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades para la explotación de servicios relacionados con la red andina”.

  Los accionistas son Inversiones Bolivian Railways S.A., con 50,0038 por ciento de las acciones; AFP Futuro de Bolivia S.A. con 24,9644 por ciento de las acciones; AFP Previsión BBVA S.A., con 24,9644 por ciento de las acciones; otros con 0,0590 por ciento; Eduardo Mac Lean Abaroa con 0,0038 por ciento; Victor Ibañez Oblitas, con 0,0015 por ciento; Jorge Ardaya Calderón, con 0,0008 por ciento;  José Cáceres Choque, con 0,0008 por ciento; Rene Torrico Sempertegui, con  0,0005 por ciento; Augusto Oblitas Garcia, con 0,0005 por ciento; y Anna Monje Estrada con 0,0005 por ciento.

   El directorio de la empresa está conformado por Rafael Enrique Abreu Anselmi, Jorge Alberto Ortiz Saucedo, Mauricio Etienne Solares, Carlos Enrique Gill Ramírez, Gerardo Roberto Velasco Téllez, Jorge Mauricio Galindo Canedo, Leonor Montiel Parra, como directores titulares.

  Los directores suplentes son José Gabriel Espinoza Yañez, César Eduardo Rodriguez Gómez, Eduardo Bedoya Corujo, Carlos Jorge Gómez Nuñez.

  Raúl Villarpando Salamanca y Rodrigo Víctor Argote Pere, son síndicos; y Fernando Palacios es síndico suplente.
   Carlos Gill Ramírez compró la mitad de las acciones de la Empresa Ferroviaria Andina en septiembre de 2015, al Grupo chileno Luksic, el cual opera en Oruro y Potosí y se encarga de la conexión con Chile. Este Grupo, es también propietario de FCAB Ferrocarril de Antofagasta, línea férrea que une el puerto de Antofagasta con Oruro.

  Informó que compró tres locomotoras nuevas de tecnología suiza, las cuales comenzarían a llegar en febrero de 2019, de manera de poder responder a proyectos como la urea, el cemento y el hierro, en los cuales el estado boliviano mantiene empresas estratégicas y tiene grandes inversiones. Al respecto, una nota de La Razón especificó que las locomotoras tenían “la capacidad de transportar 3.200 toneladas, son de última generación suministradas por la compañía suiza Stadler para fortalecer el transporte de carga de Ferroviaria Andina y se invirtieron 15 millones de dólares para su adquisición”[14].

  El periodista peruano, Jaime Bayly, acusó a Carlos Gill de haber recibido USD 30 millones, de manera irregular, de parte del ex-escolta de Hugo Chávez, Adrián Velázquez, actualmente detenido en España. El comunicador, según recoge una nota de El Diario[15], sostiene que el “empresario chavista” buscó protección en República Dominicana para lavar dinero.

   Refiere la reseña que Gill Ramírez y otros “chavistas (Carlos Aguilera, Said Aurelio Cabrera y Maximiliano Camino) entregaron “generosos aportes al expresidente dominicano Leonel Fernández, en busca de protección para poder realizar tareas de lavado de dinero”.

  Jaime Bayly indicó que esta información proviene de fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y agregó que “Estos cuatro personajes, todos de origen venezolano, Aguilera, Cabrera, Gill Ramírez y Camino, avecindados en República Dominicana, con la protección del presidente Danilo Medina y del expresidente Fernández comparten su dinero quizás a cambio de protección. La inmunidad no sale gratis, si tú quieres que te sigan protegiendo, entonces tienes que ‘mojarte’”.

  Carlos Gill Ramínrez rechazó las acusaciones diciendo “Con relación a las declaraciones que en los últimos días el presentador de televisión Jaime Bayly realizó haciendo alusión a mi persona, relacionándome con asuntos ilícitos y corruptos, puedo decir con claridad que carecen de total asidero y que están muy lejos de la realidad’ (…) las aseveraciones de Bayly son irresponsables (y) no miden las consecuencias sobre las personas a las que afecta”.

 CITAS

[1] Economy 21. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-us-320-millones

[2] Oscar Ortíz. Informe de fiscalización. Carlos Gill Ramírez: El Empresario favorito del MAS. http://oscarortiz.com.bo/documentos/los-negocios-en-bolivia-del-empresario-gill-ramirez/gill-el-empresario-favorito-del-mas-1/


[3] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. Sin fecha. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico

[4] Fortuna. “El Gobierno quitó la concesión de trenes de carga al grupo brasileño ALL”. 4 de junio de 2013. https://fortuna.perfil.com/2013-06-04-122877-a-la-megaempresa-brasilena-all-le-quitaron-las-concesiones-de-trenes/


[5] Bolivia Hoy. “Carlos Gill: Con el presidente Evo Morales hablo de logística. Yo soy el pionero del tren bioceánico”. 8 de julio de 2018. https://www.hoybolivia.com/movil/noticia.php?IdNoticia=269094

[6] Gobierno Plurinacional de Bolivia. Ministerio de comunicación. “Bolivia y Brasil firman memorándum de entendimiento para el Corredor Ferroviario Bioceánico.” 5 de diciembre de 2017. https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20171205/24511

[7] La Razón. “Bolivia y Perú sellan acuerdos de integración en cuatro ejes temáticos”.3 de septiembre de 2018. http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-Peru-Evo-Morales-Vizcarra-acuerdos-presidentes_0_2995500451.html

[8] ABC Color. “Bolivia y Paraguay tratan proyecto tren bioceánico”. 8 de noviembre de 2018. https://www.abc.com.py/internacionales/bolivia-y-paraguay-tratan-proyecto-tren-bioceanico-1757753.html

[9] Página Siete. “Uruguay confirmó su participación en bioceánico.” 6 de abril de 2017. https://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/6/uruguay-confirmo-participacion-bioceanico-133277.html

[10] Ferroviaria Oriental. https://www.fo.com.bo/AcercaDeNosotros/LaEmpresa/default.aspx

[11] BBV. Ferroviaria Oriental S.A. https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/EFO_CAR.pdf

[12] Poderopedia. Ferroviaria Oriental. https://poderopediave.org/empresa/ferroviaria-oriental/

[13] BBV. Empresa Ferroviaria Andina S.A. https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/FCA_CAR.pdf


[14] La Razón. “Tres locomotoras nuevas de Ferroviaria Andina están en periodo de prueba”. 6 de enero de 2020. http://www.la-razon.com/economia/oruro-locomotoras-ferroviaria-andina-periodo-prueba_0_3289471053.html

[15] El Diario. “Periodista peruano acusa a Carlos Gill de corrupción”. https://www.eldiario.net/movil/index.php?n=45&a=2019&m=06&d=08

[16] Treasury Targets Venezuela Currency Exchange Network Scheme Generating Billions of Dollars for Corrupt Regime Insiders  https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583

domingo, 9 de febrero de 2020

Gipsy Acquarella Páez Venegas: De promotora cultural a empresaria en los Estados Unidos

   En esta entrega presentamos a nuestros lectores un caso más de los que abundan en la administración pública venezolana, donde funcionarios medios y de bajo rango se convierten inexplicablemente en empresarios que manejan propiedades y bienes de fortuna que no se compadecen con su historial laboral. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit
   Según informan nuestras fuentes, Gipsy Acquarella Páez Venegas se desempeñó en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura como promotora cultural, posición desde la que saltó, sin poseer los estudios, preparación, ni experiencia necesaria, a ser directora general de la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal —despacho que en 2009 se convirtió en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas— tal como consta en la Gaceta Oficial N° 38.850 de fecha 15 de enero de 2008[1], en la que se encuentra la resolución respectiva.

   Hasta ese momento —narran los informantes— Páez Venegas vivía en la urbanización El Cafetal de Caracas junto a sus padres, personas vinculadas a las artes quienes, al igual que el resto de los venezolanos, tenían las mismas limitaciones que la crisis económica ha ocasionado en todos los hogares del país.

   Luego del nombramiento, el modus vivendi de Páez Venegas cambió drásticamente —refieren los informantes— y de vivir con limitaciones en Caracas pasó a residenciarse en el estado de la Florida en Estados Unidos en una casa cuyo costo está muy lejos de alcanzar con los ingresos devengados por un funcionario público venezolano.

Así tenemos que el 23 de octubre de 2017, Gipsy Acquarella Páez Venegas y César Ramón Pingarrón Malpica compraron una casa en el estado de la Florida, específicamente en el 2526 Eagle Run, Ct Weston, Fl 33.327 en USD 940 mil. Una propiedad cuya casa tiene 4.380 pies cuadrados con seis habitaciones, cuatro baños construida en un lote de 12.673 pies cuadrados[2].

Sobre Gipsy Páez Venegas

   De acuerdo al portal Dateas, Gipsy Acquarella Páez Venegas nació el 15 de noviembre de 1976, el titular de la Cédula de Identidad número V-13.114.751 y se le ubica en la parroquia El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda[3].

    Ejerce su derecho al sufragio en la Escuela Nacional Jesús María Alfaro Zamora, parroquia El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda.

   Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que ingresó al sistema el 1° de junio de 2002 y que su estatus actual es cesante al haber egresado el 20 de mayo de 2008 del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Su fecha de contingencia será el 15 de noviembre de 2031. Acumula 201 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 12.027,37.

Empresas en la Florida

  Los registros públicos del estado de la Florida, Estados Unidos, revelan que Gipsy Acquarella Páez Venegas figura en el directorio de varias empresas registradas en esa entidad[4].

   Una de estas compañías es Manacqua LLC, la cual fue registrada en el estado de la Florida el 26 de febrero de 2016 bajo el número L16000041218. En la actualidad esta empresa se encuentra inactiva luego de su disolución administrativa, según reporta el informe anual emitido el 22 de septiembre de 2017.

   La dirección de esta empresa era el 3111 N University DR STE 105, Coral Springs, FL 33065 que también figura como dirección postal.

   El agente registrador fue Accountant & Management INC (1549 NE 123RD Street, North Miami, FL 33161).

   Gipsy A. Páez Venegas figuraba como su miembro autorizado habiendo ofrecido como su domicilio la misma dirección de la empresa[5].

   Entretanto, el 23 de marzo de 2016 fue registrada la empresa AQA Group LLC con el número L16000059248, siendo el estatus actual de esta firma activo, con sede en el 936 SW 1ST Avenue 1015, Miami, FL 33130 que igualmente funciona como dirección postal.

   Gipsy Páez Venegas quien declara como domicilio la misma dirección de la empresa, figuró como el agente registrador de la misma y parte de su directorio junto a Pablo Diego Rodríguez Páez (misma dirección)[6].

   También el 23 de marzo de 2016 se registró en el estado de la Florida la empresa AQA Group LLC bajo el número L16000059248. Su estatus actual es activo. Su domicilio es el 936 SW 1ST Avenue 1015, Miami, FL 33130 que también es la dirección postal de la firma.

   Gipsy Páez Venegas fue la agente registradora de la compañía, quien ofreció como domicilio la misma dirección de la empresa. Igualmente Páez Venegas es la miembro autorizada en el directorio junto a Pablo Diego Rodríguez Páez (misma dirección)[7].

   El 28 de octubre de 2013, con el número P13000088030 fue registrada The Art of Living Foundation Worldwide INC, la cual se encuentra en la actualidad inactiva después que el 25 de septiembre de 2015 se disolviera administrativamente.

    Esta firma tenía como domicilio el 2655 Le jeune Road, Suite 902, Coral Gables, FL 33134 que también era la dirección postal.

El agente registrador fue Corrada, Albert, CPA (misma dirección).

  El presidente de la firma era Ezequiel Páez Venegas y la vicepresidencia la ocupaba Gipsy Páez Venegas, ambos con la misma dirección de la compañía[8].

El socio y sus negocios

  Por su parte, César Ramón Pingarrón Malpica nació el 17 de febrero de 1982, revela el portal Dateas, que agrega que es portador de la Cédula de Identidad número V-16.223.269 y se le ubica en la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[9].

   Ejerce su derecho al voto en el Complejo Educativo Privado Instituto Escuela, parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda.

No está registrado como asegurado del IVSS.

  Pingarrón Malpica, como puede observarse en el siguiente registro de visitas a un despacho de gobierno regional del Perú, posee cédula diplomática sin que se tenga información alguna de que ejerza función alguna de este tipo.
   Aparte de la propiedad que posee en conjunto con Gipsy Páez Venegas, los récords públicos informan que César Ramón Pingarrón Malpica figura como dueño de un inmueble en el 17001 Collins Ave 905, Sunny Isles Beach, Fl vendida en el condado de Miami Dade en 20013 por USD USD 1.520.000.
   Se trata de un terreno cuya última evaluación se efectuó en 2015 estableciéndose un precio de USD 1.386.090[10].

   Asimismo, César Ramón Pingarrón Malpica figura en el directorio de la empresa Blu Leone Consortium INC., registrada el 9 de julio de 2014 en el estado de la Florida con el número P14000058420, número FEI/EIN 47-1304582.

   Su estatus actual es activo y su domicilio es el 2526 Eagle run Court, Weston, FL 33327 que también es la dirección postal de la firma.

   El agente registrador fue Corrada, Albert, CPA (2655 LeJeune Road, Suite 902, Coral Gables, FL 33134).

   El presidente de la empresa es Moisés C. Pingarrón (misma dirección de la empresa) y como vicepresidentes figuran Ricardo C. Pingarrón y César R. Pingarrón, igualmente con la misma dirección ofrecida por la compañía[11].

   El portal Corporación Wiki refiere que esta empresa está vinculada a la firma My Wholesale Car Inc a través de Ricardo Pingarrón.

   My Wholesale Car Inc está registrada en el estado de la Florida el 14 de agosto de 2013 bajo el número P13000067797. Su estatus actual es inactivo al haberse disuelto administrativamente el 26 de septiembre de 2014. Su sede y dirección postal era el 2526 Eagle Run Court, Weston, FL 33327, la misma de Blu Leone Consortium INC.

    El agente registrador fue MLP Financial Group INC (4005 NW 114TH AVE, Suite 5, Doral, FL 33178.

   Esta empresa está dirigida por Ricardo Pingarrón (misma dirección de la empresa) y Reynaldo Díaz (17053 NW 23 ST, Pembroke Pines, FL 33028)[12].

CITAS

[1] Pandectas Digital. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.850 de fecha 15 de enero de 2008. https://pandectasdigital.blogspot.com/2019/05/gaceta-oficial-de-la-republica_88.html

[2] Block Shopper. 2526 Eagle Run Court, Weston, FL 33327. https://blockshopper.com/fl/broward-county/weston/property/503913033220/2526-eagle-run-court

[3] Dateas. Páez Venegas, Gipsy Acquarella. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/paez-venegas-gipsy-acquarella-10423955

[4] Sunbiz. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResults/OfficerRegisteredAgentName/Paez%20Venegas%20Acquarella/Page1

[5] Sunbiz. Division of Corporations. Manacqua LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=PAEZVENEGASGIPSYA%20L160000412181&aggregateId=flal-l16000041218-73801747-bf92-4f48-8fe3-d67e9a525768&searchTerm=Paez%20Venegas%20Acquarella&listNameOrder=PAEZVENEGASEZEQUIEL%20P130000880301

[6] Sunbiz. Division of Corporations. AQA Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=PAEZVENEGASGIPSY%20L160000592480&aggregateId=flal-l16000059248-c5d56c55-c3a0-4aba-bdfa-6e9af2a21d23&searchTerm=Paez%20Venegas%20Acquarella&listNameOrder=PAEZVENEGASEZEQUIEL%20P130000880301

[7] Sunbiz. Division of Corporations. AQA Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=PAEZVENEGASGIPSYA%20L160000592481&aggregateId=flal-l16000059248-c5d56c55-c3a0-4aba-bdfa-6e9af2a21d23&searchTerm=Paez%20Venegas%20Acquarella&listNameOrder=PAEZVENEGASEZEQUIEL%20P130000880301

[8] Sunbiz. Division of Corporations. The Art of Living Founation Worldwide INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=PAEZVENEGASGIPSYA%20P130000880302&aggregateId=domp-p13000088030-9c2a006b-9a67-45db-9ee3-2f14b619ea54&searchTerm=Paez%20Venegas%20Acquarella&listNameOrder=PAEZVENEGASEZEQUIEL%20P130000880301

[9] Dateas. Pingarrón Malpica, César Ramón. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/pingarron-malpica-cesar-ramon-10222285

[10] Arivify. 17001 Collins Avenue Unit # 905, Sunny Isles Beach, FL. https://www.arivify.com/property/search/1XWGW8crZ

[11] Sunbiz. Division of Corporations. Blu Leone Consortium INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResults?InquiryType=EntityName&InquiryDirectionType=ForwardRecord&SearchTerm=Blu%20Leo%2C%20Inc&SearchNameOrder=BLULEO%20P100000788190&ListNameOrder=BLULEO%20P100000788190&Detail=FL.DOS.Corporations.Shared.Contracts.FilingRecord

[12] Sunbiz. Division of Corporations. My Wholesale Car Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=MYWHOLESALECAR%20P130000677970&aggregateId=domp-p13000067797-a6f5dc7e-c5fb-4450-93b1-d773cc0345c3&searchTerm=MY%20WELLNESS%20MISSION%2C%20LLC&listNameOrder=MYWHOLESALE%20L170000011630

jueves, 30 de enero de 2020

Conoce las comisiones que cobró Diego Salazar por su mediación a favor de la empresa china Sinohydro Corporation LTD con PDVSA

   Detrás del convenio suscrito entre China y Venezuela, supuestamente se escondería una trama de corrupción que sirvió para enriquecer a operadores vinculados con el oficialismo venezolano, entre quienes se cuenta Diego Salazar, quien habría obtenido jugosas comisiones por su intermediación para que la empresa china Sinohydro Corporation LTD —entre otras— suscribiera contratos millonarios con PDVSA en el contexto de la alianza entre los dos gobiernos. 

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

    La empresa china Sinohydro Corporation LTD forma parte de las compañías que, presuntamente, habrían pagado comisiones para la obtención de contratos millonarios en el contexto del convenio suscrito entre los gobiernos de Venezuela y China en 2010 conocido como el “Gran Volumen”. Además, esta firma es señalada en el informe final elaborado por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que analizó la crisis eléctrica, por supuestamente haber cobrado sobreprecios en las negociaciones entabladas con Petróleos de Venezuela S.A. para la construcción de plantas eléctricas. 
    Las investigaciones desarrolladas por la justicia del Principado de Andorra con relación al caso de la Barra Privada d‘Andorra (BPA) en el que el empresario venezolano —entre otros—, Diego Salazar, primo del expresidente y de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, habría cobrado comisiones por el orden de los USD 200 millones a cinco empresas chinas a cambio de la asignación de contratos con la petrolera estatal, han arrojado nuevas evidencias de hechos irregulares.

   La jueza andorrana del caso, Canòlic Mingorance, reveló que Salazar estableció contacto con compañías chinas para fungir de facilitador en la obtención de los contratos, una diligencia en la que habría logrado la colaboración del secretario de la embajada de Venezuela en Pekín, Luis Enrique Tenorio. Este último supuestamente conformó una empresa en Panamá, la Phomphien Corporation, para ocultar los dividendos obtenidos con estas negociaciones fraudulentas, fondos estos que eran depositados en la BPA, refiere el diario español El País[1].

    La nota indica que la empresa Sinohydro Corp. Ltd contrató con PDVSA la construcción de la central eléctrica La Cabrera por USD 315 millones y que cinco días antes, Diego Salazar a través de su firma panameña Highland Assets suscribió una negociación con Francisco Jiménez Villarroel, quien fungía como gerente de la oficina de PDVSA en China, para ayudar a las empresas de esa nación a contratar con Venezuela.

   La titular del tribunal andorrano refiere que luego de esto, Sinohydro transfirió USD 50 millones a la cuenta de Diego Salazar en BPA. Eudomario Carruyo, quien se desempeñaba para entonces como director financiero de PDVSA, habría recibido de la empresa china USD 7 millones.

    Otra información del mismo diario[2] refiere que Sinohydro Corporation Limited se encargó de la ejecución de dos de las fases que comprendió la construcción de la planta termoeléctrica La Cabrera por USD 603 millones. Para justificar —continúa la información— Diego Salazar entregó un contrato suscrito entre Highland Assets Corporation y Sinohydro Corporation Limited por supuestos servicios de consultoría e intermediación. Este contrato con carácter confidencial al que logró tener acceso la jueza Canòlic Mingorance, establecía que Salazar obtendría el 10 por ciento “del importe neto cobrado en la negociación directa” de las infraestructuras contratadas.

   Ya en 2016, el portal Cuentas Claras Digital[3] había advertido de estas supuestas negociaciones fraudulentas a través de las cuales las empresas “China Camco Engineering CO Ltd (China CAMC), Sinohydro Corporation Limited y China Machinery Engineering Corporation (China CMEC), empresas energéticas estatales con contratos eléctricos en Venezuela, realizaron decenas de transferencias por cientos de millones de dólares a cuentas de empresas de maletín de Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello, su operador personal y testaferro, en Banca Privada de Andorra (BPA)”. En esa misma reseña se indica que Sinohydro Corporation Limited contrató en 2010 por USD 1.116 millones la ingeniería, procura y construcción de unidades generadoras de 772 MW en la planta termoeléctrica El Palito.

   En Venezuela Política[4] se dio un recuento pormenorizado de las distintas cuentas que presuntamente sirvieron para el lavado de millones de dólares provenientes de sobornos y negociaciones fraudulentas llevadas a cabo por diversos operadores en la BPA. Entre estas cuentas se reseñó la identificada con el número AD66 0006 0008 2512 0026 9407, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de Highland Assets Corp., la empresa panameña de Diego Salazar a la que hicimos referencia líneas arriba.

   Como representante de firma figuraba Luis Mariano Rodríguez Cabello y la cuenta presentaba un saldo al 18 de noviembre del 2011 de 3.415.714,39 euros. “El contrato de apertura de cuenta y los cuestionarios indican que el causahabiente de la referida cuenta es Diego José Salazar Carreño. Se asegura que los fondos se han originado a raíz de la intermediación en operaciones de petróleo. Se informa en el mismo formulario que la cuenta recibirá dinero de Worldwide Traders Line, S.A. y que de los 2 formularios no firmados por el cliente, uno establecido con la denominación de la persona jurídica titular de la cuenta, a saber Highland Assets Corp. y el otro para el beneficiario, la mercantil venezolana Iver DT Asesores de Negocios, C.A. siendo el gestor Pablo Laplana Morales. Existiendo un contrato entre el banco BPA y las mercantiles Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., y Red Bouquet Fundation, pues parecerían sociedades pantalla”.

   Entre otras operaciones, la trama de movimientos registrados reveló que desde octubre del 2011, “en el apartado de crédito se aprecian múltiples transferencias procedentes de cuentas bancarias abiertas en entidades financieras mayoritariamente chinas, ordenadas por las mercantiles Shandong Kerui Petroleum Eguima CO LTD (China), China Camco Engineering CO LTD (China), Sinohydro Corporation Limited (China), CICI Venezuela C (USA), Yutong Hongkong Limited (Hong Kong), China Machinery Engineering Corporation (China). La cantidad total canalizada por medio de estas transferencias, ascienden a USD 179.291.702,76”.

Memorando de entendimiento de PDVSA y Sinohydro

  En nuestro poder se encuentra una copia del memorando de entendimiento suscrito el 3 de febrero de 2010 entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la citada empresa china Sinohydro Corporation LTD y que sirvió de marco para que tuvieran lugar las negociaciones a que hemos hecho referencia en las líneas precedentes.

   La firma que tuvo lugar en la ciudad de Pekín y tenía por objeto enfrentar la grave crisis energética que desde hace años aqueja a Venezuela.

   La estatal petrolera solicitó a Sinohydro que ofertara algunas plantas de energía de emergencia que permitieran a Venezuela hacer frente a la situación, un hecho que ocurrió en el contexto de la Octava Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2009.

   El propósito de PDVSA era el de hacerse de un conjunto de plantas de energía eléctrica que le permitieran resolver las contingencias surgidas de la crisis eléctrica, en específico, la idea era lograr una capacidad instalada de 900 MW en un periodo de entre seis  y nueve meses que constituirían la Fase I del proyecto.

  Posteriormente, esta capacidad instalada se incrementaría hasta 1.500 MW dentro en un lapso de doce meses contados a partir de la firma del contrato que iría acompañado de un anticipo.

  Se preveía una Fase III del proyecto, que elevaría la capacidad instalada hasta 2.700 MW en un periodo de un año.

   Ante la solicitud de PDVSA, la empresa china manifestó su interés en suministrar, instalar y poner en funcionamiento dichas plantas eléctricas y, en tal sentido, propuso conformar inmediatamente un grupo de trabajo de expertos en ingeniería que se encargaran de formular y presentar la propuesta integral el 22 de enero de 2010 a la estatal petrolera venezolana.

   Petróleos de Venezuela S.A. le dio el visto bueno a la proposición de Sinohydro Corporation LTD al estimar que la misma era viable tanto técnica como comercialmente, al tiempo que catalogó como eficiente el desempeño y experiencia de la compañía china.

   En tal sentido, PDVSA y Sinohydro acordaron construir las centrales eléctricas que atenderían la emergencia eléctrica en tres fases, a saber:

— Fase I, plantas con capacidad instalada de 900 MW construidas en un periodo de entre seis y nueve meses que comenzarían a contarse a partir de la firma del contrato y el pago del anticipo.

— Fase II, consistente en el incremento de la capacidad de las plantas hasta 1.500 MW en un plazo de doce meses.

— Fase III, destinada a elevar la capacidad instalada de las plantas hasta 2.700 MW en un periodo de un año.

   Se estableció que para llevar a cabo los trabajos de construcción de las plantas de emergencia, PDVSA debería en las dos semanas posteriores a la firma del citado memorando de entendimiento, designar al gerente del proyecto y establecer una oficina o dependencia destinada especialmente a la atención y desarrollo del proyecto, la cual sería el componente homólogo de Sinohydro por parte de la petrolera venezolana, esto con el objetivo de poner en marcha a la mayor brevedad las obras y concluirlas en el menor tiempo posible.

   Se advirtió que PDVSA entendía que Sinohydro no mantendría la oferta presentada en las mismas condiciones por más de dos o tres semanas, por lo que la estatal petrolera venezolana debía enviar a China a su equipo de ingenieros para concretar la negociación del contrato, el plan de acción y el cronograma en el menor tiempo posible.

   Las partes entendían que los contratos para la Fase II y III estarían sujetos a aprobación durante la negociación del contrato de la Fase I.

    Se estipuló que el idioma inglés se utilizaría en todos los aspectos que comprendía el memorando de entendimiento, su ejecución y conclusión, entrando en vigencia a la fecha de su suscripción con una vigencia de dos años.

    Se acordó que todas las diferencias surgidas entre las partes con relación a la interpretación y ejecución del memorando de entendimiento se resolverían de manera amistosa.

Firmaron el memorando de entendimiento en representación de Petróleos de Venezuela S.A., Rafael Ramírez, presidente de la estatal, mientras que por Sinohydro Corporation LTD lo hizo Liu Qitao, presidente la firma china.

La empresa china

   Según su página web[5], Sinohydro se estableció en China como contratista estatal de proyectos hidroeléctricos durante los años cincuenta y que a lo largo del tiempo ha ido ampliando su línea de negocios en el ámbito de la construcción. Refiere que cuenta con 130 mil empleados que conforman un equipo profesional versátil que brinda servicios integrales de financiamiento, ingeniería, compras, implementación y operación de proyectos de energía, conservación de agua, infraestructura de transporte y obras civiles como edificios públicos/privados o a instalaciones que comprenden puntos clave de desarrollo económico local.

    Bloomberg informa que Sinohydro tiene su sede en el N° 22 Chegongzhuang West Road, Haidian District, Pekín, 100044, China. Sus teléfonos son 86 10 5838 1999, Fax: 86 10 5838 1621.

    En la actualidad su directorio está conformado por Jun Liang (presidente y miembro de la junta ejecutiva), Guohua Shen (director financiero y miembro de la junta ejecutiva), Lixin Xiong (vicepresidente de la junta ejecutiva y vicepresidente ejecutiva), Fengqiu Liu (ingeniero jefe y miembro de la junta ejecutiva) y Haihua Tian (vicepresidente ejecutivo y miembro de la junta ejecutiva)[6].

    Sobre ella, el portal BN Américas la define como una empresa estatal china que ese estableció en la década de los años ’50 como una contratista de proyectos hidroeléctricos y hoy en día tiene un portafolio de negocios que cubre tres divisiones principales, a saber, construcción de infraestructura en los sectores de energía, agua, transporte y edificios; inversión en bienes raíces, concesiones y minería; y contratos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC).  Refiere que la empresa tiene operaciones en más de 70 países alrededor del mundo, ubicándose en Caracas, Venezuela, su oficina regional para América. “Sus proyectos regionales incluyen la central térmica de Cabrera y la central térmica Palito, ambas en Venezuela; la presa de Chalillo en Belice; la planta hidroeléctrica Coca Codo-Sinclair en Ecuador (inaugurada en noviembre de 2016); entre otros proyectos en Trinidad y Tobago, Bolivia y Costa Rica”[7].

    Entretanto, el mismo portal, indica que Sinohydro Venezuela C.A. “es una empresa venezolana subsidiaria de la multinacional estatal china Sinohydro dedicada a la construcción de infraestructura orientada a la generación de energía. Inició sus operaciones en 2010 en Venezuela, tras los acuerdos para la construcción de las plantas termoeléctricas Palito, de 772MW, en el estado de Carabobo y Cabrera, de 382MW, en la costa norte del lago Valencia, ambos propiedad de la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y concluidos en 2012. Sinohydro Venezuela tiene oficinas en Caracas, desde donde controla todas sus operaciones en Las Américas. Actualmente construye la planta termoeléctrica Batalla de Santa Inés, de 100MW, en el estado de Barinas para PDVSA”[8].

    En su portal informativo, Sinohydro hace referencia a dos proyectos desarrollados por la empresa en Venezuela, a saber, la planta termoeléctrica El Palito dentro Planta Centro en el estado Carabobo, la cual forma parte del paquete contratado con PDVSA, suscrito en abril de 2010. Se indica que esta planta “está diseñada para tener cuatro unidades de potencia con una capacidad instalada total de 772 MW. Según aseguran, dos de las unidades que la conforman comenzaron a funcionar a finales del mes de septiembre de 2012[9].

   El otro proyecto es la Central Termoeléctrica La Cabrera, con capacidad para generar 382 MW y supuestamente ejecutada entre 2011 y 2012[10].

El informe de la Asamblea Nacional

    La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica del país refiere en su informe final[11] que Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo, a raíz de la crisis eléctrica de 2003 ordenó la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PDSEN), que preveía la incorporación de 1.000 MW efectivos de generación por año hasta un total de 6.000 MW entre 2005 y 2010, de manera de evitar un déficit estructural en el último de estos años señalado.

    Advierten los parlamentarios que el incumplimiento del plan coincidió con la concentración en la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, (2007) de todo lo atinente al sector. Indican que en un intento de recuperar el tiempo perdido, la eléctrica y PDVSA procedieron a adjudicar directamente proyectos de generación sin respetar las directrices previamente establecidas y con un desembolso de recursos que superó en 180 por ciento el costo estimado originalmente por el PDSEN.

     Sinohydro de Venezuela formó parte de las empresas citadas por el ente legislativo, pero la representación de la compañía no asistió a la comparecencia aludiendo limitaciones logísticas, por lo que consignó la información de manera física.

    En el informe se indica que Sinohydro estuvo a cargo del proyecto Planta TermoCarabobo, contratado por PDVSA con recursos provenientes del Fondo Chino. El contrato se suscribió en 2012 y la fecha de finalización según el contrato era 2014. La obra fue concluida. Estos trabajos no formaban parte de los planificados en el PDSEN 2005-2014. El presupuesto a 2012 era de USD 1.116 millones, aunque a precios de 2005 era de USD 938 millones. El costo referencial PDSEN 2005-2024 era de USD 366 millones (USD 475 por kWe)

    La comisión de la Asamblea Nacional observa una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial del orden de USD 572 millones a precios del 2005, es decir un incremento de 156 por ciento, que no fue debidamente justificado.

    Respecto al proyecto de ampliación La Cabrera a 320 MW, la comisión parlamentaria refiere que esta obra contratada por PDVSA con la empresa Sinohydro se llevó a cabo con recursos provenientes del Fondo Chino, del Fondo Independencia 200 y del Fondo Cambio. El contrato se suscribió en mayo de 2011 y la culminación (según contrato) era para junio de 2014. Se informa que fue inaugurada en el citado año 2014. Era una obra programada en el PDSEN 2005-2014.

    Además de la instalación de dos turbogeneradores de 160 MW en ciclo abierto, la obra incluyó la construcción de 6 líneas de transmisión en 115 KV que permitían la interconexión de la Subestación La Cabrera con las subestaciones Caña de Azúcar, El Limón, San Vicente y San Ignacio, una subestación encapsulada en 115 KV y 5 Km de tubería para gas, que conecta la Estación de Regulación La Sisa con la estación de Regulación dentro de la Planta La Cabrera.

   Según el informe ejecutivo realizado por Coordinación de Administración de Control de Proyectos de Corpoelec en junio de 2011 —apunta la comisión mixta de la AN— se dice que el costo del proyecto era de USD 600 millones, monto que se confirma en la página web de PDVSA.

   Advierten los parlamentarios que el costo total del contrato (IPC y equipos mayores) a precios de 2005 era de USD 511.3 millones, siendo que el PDSEN 2005-2024 y el PMSPRSEN 2010-2030, estimaban que instalar 320 MW ISO en un sistema de generación en ciclo abierto que costaba USD 152 millones, por lo que se observa un diferencial de USD 359 millones.







[1] El País. “Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela”. 29 de noviembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/11/27/actualidad/1543315819_586995.html

[2] El País. “Los oscuros negocios del chavismo con China”. 24 de marzo de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/03/20/actualidad/1521565763_095562.html

[3] Cuentas Claras Digital. “La emergencia eléctrica, China y la corrupción de Ramírez en Pdvsa”. 27 de noviembre de 2016. https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/11/la-emergencia-electrica-china-y-la-corrupcion-de-ramirez-en-pdvsa/

[4] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/search?q=bpa

[5] Sinohydro. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=9

[6] Bloomberg. Company Overview of Sinohydro Corporation. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=13484187

[7] BN Americas. Sinohydro Corporation Ltd. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/sinohydro-corporation-ltd-sinohydro

[8] BN Americas. Sinohydro Venezuela CA. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/sinohydro-venezuela-ca-sinohydro-venezuela

[9] Sinohydro. El Palito Thermoelectric Plant. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=12

[10] Sinohydro. Cabrera Thermal Power Plant. http://eng.sinohydro.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=44&id=89

[11] Transparencia. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica del país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

domingo, 1 de diciembre de 2019

Piden a las autoridades estadounidenses investigar a diputados de la Comisión de Contraloría (AN) que supuestamente exoneraron a Alex Saab

    Los parlamentarios mencionados en las denuncias niegan los señalamientos y aseguran que están dispuestos a someterse al escrutinio público y que, de hallarse alguna irregularidad, están dispuestos asumir su responsabilidad. Luisa Ortega Díaz asegura que no recibió ningún documento donde se absuelve a Saab y ratifica que hay evidencias sobre la corrupción de quien es considerado el testaferro de Maduro. Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA también señalado de corrupción es quien prende la mecha del escándalo, mientras que Juan Guaidó promete tomar acciones contundentes.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Unos documentos dados a conocer por el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez (señalado por delitos de corrupción en Venezuela) muestran una supuesta exoneración de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional al empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, acusado por Estados Unidos se formar parte del entramado conformado por varias empresas que se habrían aprovechado de sus vínculos con Nicolás Maduro para expoliar al Estado venezolano a través de contratos de  importación de alimentos para surtir a los Comités Locales de Abastecimientos (CLAP) con dólares preferenciales. La referida misiva de "exoneración" a favor de Saab está firmada por los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga. El presidente del ente contralor parlamentario, Freddy Superlano niega la veracidad de los documentos publicados por el ex zar petrolero venezolano. El hecho ha generado una verdadera tormenta política que incluye anuncios de separación de cargos, dimes y diretes, y hasta una  solicitud de investigación internacional contra los presuntos responsables. He aquí parte de la historia.
  La denuncia inicial  fue hecha por la Fiscal General designada por la Asamblea Nacional desde Bogotá, Luisa Ortega Díaz. La funcionaria quien sirvió al régimen del fallecido Hugo Chávez desde 2007 hasta 2017— pidió investigar a Alex Nain Saab Morán y las empresas Salva Foods 2015, CA, Group Grand Limited y Asasi Food FZC alegando que había irregularidades en el uso de los fondos entregados por el Estado venezolano para la importación de alimentos y asegurando que Saab Morán actúa como testaferro del Nicolás Maduro Moros.

Los señalamientos contra Saab en la Asamblea Nacional.

  Para el momento que llega la solicitud de investigación al parlamento venezolano el presidente del mismo era Omar Barboza del partido un Nuevo Tiempo. La Comisión Permanente de Contraloría estaba presidida por el diputado Freddy Superlano y como vicepresidente, Conrado Pérez Linares. Ambos se mantuvieron en el cargo hasta el presidente.

  Como ordenan los reglamentos de la Asamblea Nacional, los integrantes de la Comisión de Contraloría realizaron todos los procedimientos pertinentes para hacer la averiguación solicitada por Ortega Díaz. Enviaron citaciones, solicitaron información a las empresas, viajaron a Europa, y en menos de seis meses, el ente parlamentario encargado de  acosar la corrupción dio por concluida la investigación, y acordó exonerar a Carlos Lizcano, y a su presunto socio, Alex Saab Morán de los señalamientos hechos por la fiscalía en exilio. 

  Varios documentos presentados como soporte de una solicitud de investigación contra los diputados envueltos en el escándalo  ante las autoridades estadounidenses muestran que los parlamentarios Conrado Pérez, Richard Arteaga y Freddy Superlano habrían incurrido en irregularidades cuando le otorgaron la supuesta carta de exoneración a Alex Saad y a Carlos Lizcano, quien aparece como propietario de las empresas señaladas de ser parte del esquema de corrupción y lavado de dinero de millones de dólares provenientes del erario público venezolano. 

  Los supuestos documentos de la Comisión de Contraloría que exoneran de los delitos de corrupción a contratistas y empresas —en especial de las empresas que presuntamente sacaron provecho del sistema de control de cambio (Cadivi, Sicad, y otros) para importar comida, y que resultó en un desfalco a la nación—  son usadas por los abogados y firmas de lobby en Estados Unidos para recuperar las visas que han sido canceladas a los individuos acusados de corrupción y lavado de dinero por el gobierno del presidente Donald Trump (las cartas son presentadas como evidencia de la inocencia de los acusados ante el Departamento de Estado y el Servicio de Inmigración y Aduanas), y en  usadas por la defensa en las Cortes federales estadounidenses.

Saad es acusado en EE. UU. por delitos de corrupción y blanqueo

  En julio de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Saab Morán y a su socio Álvaro Pulido Vargas por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones. Según la acusación, los dos empresarios colombianos habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en Venezuela con empresas ligadas a la importación de alimentos para el gobierno.

Citación a Saab Morán para comparecer en la Comisión

    El 11 de julio de 2018, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una citación oficial a Alex Naim Saab Morán, CI. 21-495-350. En la misma se le informa que en la sesión ordinaria del ente parlamentario "se acordó citarlo a comparecer  el 25 de julio de 2018, a las 9:00 A.M. con el objeto de conocer las presuntas irregularidades administrativas cometidas en el otorgamiento de divisas por parte del Estado venezolano para el manejo de los alimentos relacionados con los Comité Locales de Abastecimiento y producción (CLAP) con la empresa Group Grand Limited y Asasi Food FZC del cual usted posea conocimiento".  

  Dice la citación que el ente parlamentario le garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  en el artículo 49.

 Se le advierte que "de no acudir a la comparecencia, sin causa justificada, será sancionado de acuerdo a lo establecido en los títulos I y II de la Ley sobre el Régimen de Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los y las particulares a la Asamblea Nacional o sus comisiones". 

La carta está firmada por el diputado Conrado Pérez Linares. 
Los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga 

Las copias  fueron certificadas 

  Las copias publicadas por varios medios de comunicación en Venezuela habrían sido supuestamente certificadas por el secretario de la Comisión de Contraloría de la AN, Anderson Abreu Santelis, CI. 17.313.156. En la certificación se informa que Abreu Santelis fue designado el 2 de marzo de 2018 en su cargo y que en base a su responsabilidad y funciones certifica que "la copia de la carta es fiel y exacta  de su original, sus contenidos y firmas fueron suscritos por el presidente y demás miembros de la comisión. La certificación fue firmada el 14 de agosto de 2018". 
La exoneración otorgada a Alex Saab Morán por los diputados

   La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional nombró una la Subcomisión Especial que se  instaló el 27 de junio de 2018, para que investigara a Alex Naim Saab Morán y las empresas Asasi Food FZE y Group Grand Limited, a las cuales se le otorgaron recursos para la importación de alimentos en el cual no ingresan al país y no eran entregados, por lo que se presume que causó daño al patrimonio público venezolano. 

  La denuncia de Ortega Díaz señalaba que "Saab Morán es testaferro de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a su vez accionista y dueño de las empresas Asasi Food FZE y Group Grand Limited" y que Saab Morán habría "desviado divisas otorgadas por el Estado venezolano para la importación de alimentos".

 La referida investigación se le asignó el número de expediente #1714 en la Comisión de Contraloría.

   La resolución dice que en una reunión celebrada el 8 de agosto de 2018 se aprobó el informe de la Subcomisión Especial que investigaba el caso que estuvo presidida por el diputado Conrado Pérez e integrada por Adolfo Superlano y Richard Arteaga. 

  La resolución dice que se determinó que "Alex Saab Morán no es dueño ni accionista, ni director de la empresa Asazi Food FZE y Group Grand Limited, por lo que se comprobó ninguna irregular participación, una vez vistas las actas constitutivas de las empresas".

  Se informó que "la Subcomisión Especial no pudo comprobar que Alex Saab Morán tuviese la condición de testaferro o socio del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros en virtud que se no se aportaron prueba fehacientes que demuestren el referido nexo, requisito indispensable para establecer algún tipo de responsabilidad que corresponde a esta Subcomisión".

Una carta dirigida a Salva Foods 2015, CA. 

  En una Resolución de la Subcomisión Especial de Investigación del caso —fechada el 16 de noviembre de 2018— dirigida al presidente de la Empresa Salva Foods 2015, CA., Carlos Rolando Lizcano Manríquez se le notifica que de acuerdo a la visita parlamentaria realizada el 13 de noviembre de 2018, se recibieron los recaudos de la empresa, y que a documentación revierte la denuncia interpuesta en plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría.

  Se informa que "es improcedente continuar llevando adelante la investigación, ya que no se aportó ningún medio de prueba idónea o suficiente, que permita seguir con la investigación para determinar que hubo irregularidad administrativa en el otorgamiento de contratos  por parte del Estado venezolano a la empresa Salva Foods 2015, CA entre otros fines lícitos o ilícitos, ni conducta funcionarial responsable, o causando daño al patrimonio público del Estado". 

   Por tal motivo — dice la resolución— "consideramos que no es pertinente continuar con la investigación y se somete a plenaria el acuerdo con lo que establece el reglamento de la organización y funcionamiento de la Comisión  Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional". La carta está firmada por el presidente de esa instancia parlamentaria, Freddy Superlano y el vicepresidente Conrado Pérez.

    La denuncia inicial dice que Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Food 2015, C.A.  es socio de Alex Saab y que esa es una de las firmas que maneja la importación de los alimentos y a la que el Estado venezolano  entregó la Concesión de los Abastos Bicentenarios ahora tiendas CLAP.  

Más elementos sobre la denuncia que generó la investigación

  Tal como se dijo al inicio, la denuncia sobre la corrupción de los CLAP y contra el empresario Alex Saab fue realizada por la Fiscal en exilio, Luisa Ortega Díaz, el 26 de febrero de 2018 en la ciudad de Bogotá.

 Ortega Díaz sostuvo que "Alex Naim Saab era el dueño de las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED que recibieron dinero del Estado venezolano para comprar alimentos que no se entregaron y que el ciudadano en cuestión fungía como testaferro del régimen de Nicolás Maduro".

  Dicha denuncia fue objetada a través de una carta de fecha 01 de agosto de 2018 dirigida a la Fiscal por los diputados Conrado Pérez y Richard Eloy Arteaga en la que aseguraron que Alex Saab no era testaferro de Maduro, no era accionista, ni director de las empresas Asasi Food FZE  y Group Grand Limited.

  La resolución dice que a Alex Naim Saab Morán no se le comprobó en la presente investigación que hasta la fecha le haya causado como dueño, accionista o director de las empresas mencionadas.












  
   En una carta dirigida a GROUP GRAND LIMITED el 29 de noviembre de 2018 por los diputados Conrado Pérez y Richard Eloy Arteaga, rectifican que no se continuará con la investigación por considerar que Alex Saab o era testaferro de Maduro y sus empresas no estaban vinculadas a la corrupción.



  La Resolución de la subcomisión especial de investigación, firmada por los diputados Freddy Superlano y el secretario Anderson Santelis en la que se manifiesta que se cierra la investigación contra Alex Saab y las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED.



  El 24 de noviembre de 2019, el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien es señalado a su vez por hechos de corrupción en Venezuela, publicó en su cuenta Twitter una copia de los documentos, acusando a la Comisión de Contraloría de la AN de haber absuelto a Alex Saab. "Una prueba más de cómo la oposición burrundanga negocia y favorece a maduro. Que le dirá @jguaido a sus seguidores? Si la misma oposición protege la corruption del madurismo. No lo creen? Aquí está", dijo el exjerarca del régimen venezolano.
El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano respondió a través de su cuenta Twitter a los señalamientos de Ramírez, y negó haber solicitado a Luisa Ortega Díaz, que cerrara la investigación contra Alex Nain Saab Morán.

A continuación los tweets publicados por el parlamentario:

"Desde 2015, cuando asumimos las competencias del Poder Legislativo, hemos adelantado investigaciones sobre el desfalco de la Nación, a manos del gobierno usurpador y el anterior. Y tales pruebas y procesos se harán públicos apenas sea pertinente, según el Derecho Internacional".

"Hoy, entre muchos otros casos, tenemos pruebas sobre el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sistema perverso de control social mediante el cual armaron una red de corrupción que acabó con la producción nacional y dejó al país sin comida".

"Delincuentes como Álex Saab y Álvaro Pulido han sido investigados y denunciados ante cada instancia pertinente. Así se hizo contra Freddy Bernal, por el robo de 1.000.000 de cajas CLAP, y Rafael Ramírez, partícipe de un desfalco de al menos 10 mil millones de dólares en PDVSA".

"Estamos investigando y recabando pruebas sobre cada caso. Así cada una de las denuncias tendrá nombres, apellidos y pruebas que determinarán a los responsables y hacerlos declarar ante la justicia".

¡Vamos a proteger y devolver a Venezuela cada centavo robado por el régimen!

  Voluntad Popular desincorpora los diputados

 El domingo 1° de noviembre, Armando Info publicó un reportaje titulado “¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin” donde se revela que un grupo de parlamentarios opositores habrían participado en una trama de corrupción para salvaguardar los intereses de Alex Saab.

A raíz de los señalamientos, Voluntad Popular decidió desincorporar de la Comisión Permanente de Contraloría a los diputados Guillermo Luces, Richard Arteaga y Freddy Superlano. Superlano había anunciado su separación del cargo para facilitar las investigaciones.

 Voluntad Popular expresó en un comunicado que iniciarán una investigación interna, un proceso disciplinario y que tomarán las medidas pertinentes. 

LEE TAMBI


Un reporte parlamentario sobre los CLAP
  Uno de los documentos que aparece en la denuncia hecha ante autoridades estadounidenses es una presentación de la Comisión de Contraloría presenta una revisión sobre un supuesto esquema de corrupción vinculado a los Comités de Abastecimientos (CLAP) donde se mencionan algunas empresas y personas relacionadas a las mismas. No queda claro si este reporte antes o después de la denuncia de Ortega Díaz.
  El documento, de 25 páginas, cita una comunicación firmada por la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre la empresa Group Grand Limited donde se señala que dicha corporación está estrechamente vinculada con Nicolás Maduro Moros.

   En informe describe "el esquema de enmascaramiento de varias empresas vinculadas a la firma Group Grand Limited, cuyos propietarios son otras empresas de origen panameño como  Eolo Energies, Inc y Viladrake Internacional Inc".

    En el documento se asegura que la Comisión Permanente de Contraloría estaría realiando las respectivas diligencias en solicitud de información al respecto de estas “empresas” a las autoridades panameñas desde el mes de marzo de 2019.

    La empresa Group Grand Limited se encarga— entre otras firmas— de la venta de alimentos para el programa de los CLAP del gobierno de Nicolás Maduro Moros. "Son productos de procedencia mexicana para su importación y proceso de empaque", acotan.

  La mencionada empresa, Group Grand Limited está vinculada a un sujeto de nombreSantiago Uzcátegui Pinto, cédula de identidad V-17.341.620, dice el documento.

    Hay otras firmas que aparecen relacionadas en ese informe en particular, a saber: Mass Joy Industries LTD., Millon Rice, Mir Importation I Exportatio, FB Foods LLC, S.A., RMJ Inversiones Ramaja Limitada, Modexel Consultores E Servicios, S.A., Agrovarius, S.A., J&B International, Shining Capital Luck Fortune, Max Power Eneering LTD, Sirab Longistic, S.A., Porstar Intertrade Limited, Bamfaster Trading And Consulting LLC. y Agravius, S.A.

   Y varias personas ligadas a las firmas: Samark López Bello, Yousset Abou, Omar Abou, Juan Vicente Roversi, María Ojeda, Hernan Matheua, Rustinko Rodríguez, Esteban Correa, Jose Antonio Achram, Edmundo Rotondaro, Miguel González, Claudio Sira, Rafael Morales y Esteban Correa. 

  En la presentación se señala que "ciudadanos venezolanos, a través de empresas panameñas, adquieren empresas mexicanas con el objetivo de elaborar y envasar alimentos destinados al programa CLAP. Los alimentos en muchas ocasiones se encuentran en condiciones no aptas para el consumo humano".

  Destaca que "las empresas responsables de suministrar los alimentos al programa CLAP adquieren productos lácteos cuya presentación señala ser “Leche en Polvo” y cuyo valor monetario no llega a 0,90$ por kilo, la cual representa un escaso valor nutricional".         

 Esta bebida láctea que esta valorada en menos de 0,90$ por kilo, finalmente es adquirida por el programa CLAP en un costo que varía entre los 5$ y 7$ por kilo, lo que implica una ganancia aproximada de 777%.

 "En el mes de febrero de este año, resultados de pruebas efectuadas por el Instituto de Tecnología de la UCV, confirman que el producto no cumple con la normativa nacional “CONVENIN” para ser considerada como leche en polvo", agregan.

 Las marcas involucradas en la estafa de la Leche son: Rancho Nuevo, McLeche, Kosland, Suprema, KFMilk, VitalMilk, PureMilk, SoyMas.

  "Muchas de estas marcas de Leche no son comerciales en México, por lo que se sospecha que estas empresas fueron creadas por los mismos que manejan los CLAP, con accionistas, apoderados o directores colombianos y venezolanos, involucrados en el programa de alimentos" dice el informe.

  "El capital con el que se financia la compra de alimentos para el programa CLAP es solicitado al FONDEN, S.A. y está aumentando la deuda externa venezolana", añaden.


 "Se estima que mediante este sistema de corrupción se hayan malversado unos 5 mil millones $", dice el reporte.

Piden investigar a diputados que exoneraron a Saab y a Carlos Lizcano


  En una denuncia paralela, entregada a las autoridades de Estados Unidos, se solicita que se investigue a los diputados que participaron en la exoneración de Saab Morán en la Comisión de Contraloría de la AN. 

  Sostiene que hay supuestas evidencias que muestran que Carlos Liscano es presuntamente "el principal testaferro de Alex Saab y fue el encargado de convertir la Comisión Permanente de Contraloría y la sub comisión especial de investigación de la Asamblea Nacional en un bufete privado, en el que se entregó al presidente de la comisión, diputado Conrado Pérez la cantidad de 500 mil euros en efectivo que sirvieron a su vez para pagar a varios diputados la cantidad de 10 mil euros mensuales". 

 La denuncia asostiene que el diputado Adolfo Superlano supuestamente se habría "encargado de realizar varios informes que eximían de cualquier acto de corrupción a Carlos Lizcano y Alex Saab. Esta acción fue reforzada con varios viajes que realizaron los parlamentarios a Bulgaria, Suiza, Portugal e Italia en los que le solicitaron a reconocidas entidades bancarias la liberación inmediata del dinero bloqueado de ambos empresarios".

  Dice la denuncia que "el parlamentario Conrado Pérez fue (habría sido) el encargado de desaparecer todas las pruebas de la corrupción de los CLAP, incluyendo cuentas bancarias, exámenes de laboratorio, contratos de Corpove y otras denuncias que fueron realizadas en varias ocasiones por la Fiscal Luisa Ortega Díaz contra Alex Saab".

   La denuncia sostiene que supuestamente "la comisión designada para la investigación de la corrupción de los CLAP, elaboró un informe dirigido a la OFAC, Departamento del Tesoro certificando que el empresario colombiano, Carlos Lizcano no tenía ninguna investigación vigente en la comisión". ***No hay evidencias de esta información en el informe que está en poder de Venezuela Política, así como tampoco de los supuestos pagos en efectivo.

   En las evidencias presentadas en una denuncia ante las autoridades estadounidenses contra los diputados que actuaron en este caso de Saab Morán, se suministra una copia de los boletos de avión de un viaje realizado por los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga a París, Francia con el fin de realizar las diligencias pertinentes para la investigación sobre el caso de Alex Saab Morán. El viaje se realizó el 23 de abril de 2019 por la línea aérea Air France.
  Sostiene la denuncia que se debe hacer una investigación que "permita verificar si los diputados actuantes fueron cómplices del daño patrimonial que se le ocasionó a Venezuela".

   Asimismo, solicitan que "el presidente (e) Juan Guaidó nombre una comisión que investigue a los parlamentarios que se prestaron para los presuntos actos de corrupción y demuestren donde están las pruebas que contradicen las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump hacia los corruptos que se beneficiaron con el hambre de los ciudadanos venezolanos”.

  Agrega la denuncia que el presidente (e) Juan Guaidó debe solicitar la destitución de estos diputados, investigarlos y solicitar la cooperación del gobierno de EEUU para actuar de manera inmediata y sancionar a los mencionados parlamentarios que se burlaron del presidente Guaidó y estafaron la nación".

   Sostienen que "para cometer delitos, usaron su investidura como diputados y miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para defender y beneficiar a empresarios corruptos sancionados por legitimación de capitales y corrupción por el Departamento del Tesoro de los EE. UU.".

  La denuncia involucra a jerarcas de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. Se asegura que el mencionado grupo de diputados habría gestionado ante entes del gobierno de Donald Trump y de la Comunidad Europea la exoneración de empresarios que se han enriquecido a la sombra del Estado venezolano, y que han sido acusados y sancionados para que estos fueran sacados de las listas de sanciones.

Guaidó anuncia acciones contra "individualidades" del parlamento

A través de su cuenta Twitter @jguaido, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente (e) Juan Guaidó aseguró lo siguiente: “Todo el país debe conocer mi posición en torno a una serie de hechos de corrupción que involucra a varios miembros de la dictadura, algunas decepcionantes individualidades del Parlamento y claros intereses internacionales que financian este burdo plan”. Y agregó: "No permitiremos que la corrupción de nadie dañe lo que tanto ha costado construir. En horas de la tarde, cuando se normalice la situación del internet en Venezuela, daremos más información sobre el caso y las medidas que he decidido tomar. Información importante. Atentos”.

Guaidó agregó: “Además, anunciaré decisiones y medidas que van directamente contra quienes pretenden jugar con la confianza de nuestro pueblo”, precisó. "No permitiré que la corrupción ponga en riesgo “todo cuanto hemos sacrificado por recuperar la Libertad. Ni al régimen ni a un grupito de inmorales que quieren fracturar a los venezolanos. No vamos a tapar los delitos de nadie: olvídense de eso”.

Conrado Pérez niega todas las acusaciones 

   En un comunicado enviado por el diputado Conrado Pérez Linares titulado: "Lucha contra la corrupción en la AN es frontal y sin cortapisas", el parlamentario denunció que se ha desatado una campaña de descrédito contra la Comisión Permanente de Contraloría de la AN "interesada a nivel nacional e internacional para tratar de destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero".

   Pérez Linares quien habló en su condición de Presidente(e) de la Comisión Permanente de Contraloría, sostiene que su declaración tiene el aval de los diputados: Richard Arteaga, Chain Bucarán, José Brito y Adolfo Superlano.

 Pérez subrayó que "no vamos a sucumbir ante la presiones, influencias, chantajes y manipulaciones de quienes hoy, producto de nuestras investigaciones con elementos de convicción, están formalmente implicados en hechos de corrupción y desfalco a la nación, como este personaje nefasto y despreciado por todo el pueblo de Venezuela, quien es el rostro público de la corrupción,  identificado como Rafael Ramírez, junto  toda su estructura mediática, que es pagada con el dinero que se robó, para tratar de limpiar su falsa moral con una campaña direccionada dentro y fuera del país".

  Aseguró que "Ramírez y sus tarifados pretende lincharnos moralmente  con el propósito de desvirtuar las denuncias e investigaciones que hemos realizado contra él y su pandilla de ladrones".

  Pérez Linares dijo que "las decisiones legítimas están ajustadas a derecho de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, el Reglamento Interior y de Debate y de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN".

  "Cada una de las actuaciones que hemos realizado han sido apegadas a derecho y ajustadas a la objetividad y rigurosidad que demanda la función parlamentaria", sostuvo.

   Comentó que "su función no está dirigida a cuidar privilegios de nadie, ni de grupos mafiosos, ni de sectores económicos, como tampoco nos prestaríamos a forjar elementos vinculantes donde no existieran para  inducir  fundamentos de prueba que asentaran una decisión". 

No hay carta de buena conducta a favor de Saab Morán

  En relación a la presunta carta de Buena Conducta otorgada al Ciudadano Alex Saab y remitida a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el parlamentario refirió que esa misiva no existe tal como lo corroboró dicha funcionaria en declaración pública. "Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta, esa no es nuestra función, nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga".

  En referencia a las conclusiones de la investigación sobre Saab Morán, dijo que que el mencionado ciudadano "no aparece en el registro de comercio de las empresas señaladas, según se comprueba en documento signado con la numeración 1871367 del registro de Hong Kong, por lo tanto, la Comisión no podía forjar pruebas para involucrar al mencionado ciudadano como accionista, socio o directivo de las mismas".

  Respecto a las presuntas empresas de maletín, Pérez Linares aseguró que "la investigación arroja que la misma cuenta con una sede física y operativa, con personal activo de obreros y empleados, con diversos proveedores y distintos productos de mercado, en consecuencia no es una empresa de maletín".

  Sobre el hecho de si es testaferro del presidente Nicolás Maduro, la investigación no pudo determinar el vínculo directo que acreditara esa cualidad, más allá de la sindicación pública, personal y familiar de que esté ciudadano ostenta una fortuna cuyos orígenes lícitos deben ser probados, pues no puede olvidarse que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

Abiertos a una investigación

 El parlamentario dijo que "quienes tengan fundamentos y soportes de lo requeridos por esta Comisión para una investigación objetiva las puertas de esta instancia legislativa están abiertas, porque denuncias al boleo, de periódicos, radios y televisión solo para escandalizar y ganar tribuna, no pueden tener eco en nuestra actuación vertical, así que no pretendan que actuemos en forma irresponsable".

  Pérez Linares expresó que "no nos van a amilanar, no vamos a dejar de trabajar y luchar por combatir la corrupción, vamos a seguir dando lo mejor para garantizar el cambio que reclama Venezuela sin ceder frente a la canalla y el chantaje". 

"Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria", dijo el diputado. 

Ortega Díaz niega haber recibido carta del diputado Pérez

  La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, negó haber recibido una carta firmada por el diputado Conrado Pérez, presidente de la subcomisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en la que se absuelve al empresario Alex Saab de su vinculación con la corrupción en la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

  “(El documento) No ha llegado a mis manos. Si esa carta existe o salió de la AN, yo desconozco eso. Ya nosotros teníamos esa investigación (en contra de Alex Saab). Yo denuncié este caso (la corrupción en la importación de alimentos); si alguien tiene interés en que se esclarezca este hecho soy yo”, dijo en conversación exclusiva con El Pitazo, este jueves 28 de noviembre (1).

   En la nota de El Pitazo se destaca que a pesar que Ortega Díaz desestimó el documento, afirmó que cualquier postura similar a la expuesta en la supuesta carta significa un desprecio hacia los venezolanos. La fiscal cuestionó que Saab sea absuelto de las investigaciones, tal y como quedó por sentado en el documento presuntamente emanado del Poder Legislativo y que hizo público a través de su cuenta en Twitter el exministro de Petróleo Rafael Ramírez.

Freddy Superlano niega las acusaciones y pide investigación

  En una carta enviada al presidente (e) Juan Guaidó, el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Freddy Superlano solicitó que se inicie una investigación desde la plenaria de la Asamblea Nacional "con participación de la prensa especializada y la sociedad civil, con el fin de determinar si alguno de los diputados miembros esta comisión, hemos incurrido en alguna irregularidad que comprometa la responsabilidad individual por el incumplimiento de las funciones como parlamentarios".

  Sustuvo que "en caso de que se determine que existan elementos suficientes, se expresen públicamente y los señalados asuman su responsabilidad". 

  Manifiesta que "en el caso en que no se determine ninguna irregularidad, se comunique públicamente, y quienes han hecho acusaciones generalizadas o infundadas asuman también su responsabilidad".

  Advierte que tiene la absoluta disposición para someterse al escrutinio público. "Soy el principal interesado en que exista transparencia absoluta sobra la gestión de la Comisión de Contraloría y que si existiese alguna irregularidad los responsables asuman lo que corresponda", acota.

  ***En la solicitud de investigación a autoridades estadounidenses aparecen fotografías de un grupo de parlamentarios a Europa. Venezuela Política ha intentado conversar (sin éxito) con los parlamentarios que aparecen en las fotografías para conocer sus comentarios sobre los señalamientos, una vez que se obtengan dichas declaraciones publicaremos las imágenes.

***Igualmente ha llegado a nuestras manos cartas de exoneración a otros empresarios de alimentos que han sido señalados de corrupción vinculados a la estafa del sistema de cambios preferencial (CADIVI). En ese caso hay otros diputados de la Comisión de Contraloría involucrados, pues las cartas de absolución fueron entregadas a los contratistas del régimen de Nicolás Maduro en 2016 y 2017. De hecho, algunas de esas cartas han sido usadas como escudo protector en Estados Unidos por los empresarios involucrados y como evidencia para probar su inocencia ante las autoridades y como argumento para recuperar sus visas canceladas por el gobierno del presidente Donald Trump. Una vez que concluyamos las investigaciones las publicaremos en este mismo portal.


Inclusión de Alex Saab en la OFAC y acusación federal

El 25 de julio de 2019 se reveló una acusación federal contra Alex Saab en el Distrito Sur de la Florida horas después de que la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionara al empresario colombiano junto a su socio Álvaro Pulido Vargas por cargos de corrupción vinculados a la explotación del programa de alimentos de Venezuela y la conversión de reservas de oro en divisas.

  "Alex Saab participó con el círculo de Maduro en una red de corrupción de amplia escala que usó insensiblemente para explotar la población hambrienta de Venezuela’’, dijo el Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.

  La designación de la OFAC incluyó a los hijastros de Maduro Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, a quienes Saab les enviaba dinero para obtener contratos con el gobierno venezolano, afirma el comunicado.

  La acusación en la Florida señala que a partir de 2011, Saab y Pulido se confabularon para lavar dinero producto de un esquema de sobornos entre bancos localizados en Venezuela y Estados Unidos.

  En el documento se afirma que Alex Saab obtuvo contratos relacionados con los Clap, sin licitación y privilegiados a través de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías fantasmas.




















PRONUNCIAMIENTO

Señala Conrado Pérez Linares: Lucha contra la corrupción en la AN es frontal y sin cortapisas

Como Miembro de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, quiero denunciar ante la opinión pública del país y particularmente del Estado Trujillo, que en contra de ésta instancia parlamentaria se  ha desatado una campaña de descrédito interesada a nivel nacional e internacional para tratar de destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero.

El señalamiento lo hizo el Dip. Conrado Pérez Linares en su condición de Presidente(e) para el momento de la Comisión Permanente de Contraloría, quien precisó que su declaración tiene el aval de los Diputados: Richard Arteaga, Chain Bucaran, José Brito y Adolfo Superlano.

En lo que se refiere a nuestra actuación en éste Parlamento y desde ésta Comisión quiero subrayar que " no vamos a sucumbir ante la presiones, influencias, chantajes y manipulaciones de quienes hoy, producto de nuestras investigaciones con elementos de convicción,  están formalmente implicados en hechos de CORRUPCIÓN y desfalco a la nación, como este personaje nefasto y despreciado por todo el pueblo de Venezuela, quien es el rostro público de la corrupción,  identificado como RAFAEL RAMIREZ,  junto  toda su estructura mediática, que es pagada con el dinero que se robó, para tratar de limpiar su falsa moral con una campaña direccionada dentro y fuera del país".

Ramírez y sus tarifados - advirtió Pérez Linares - pretende lincharnos moralmente  con el propósito de desvirtuar las denuncias e investigaciones que hemos realizado contra él y su pandilla de ladrones.

 APEGADOS A DERECHO. 

-"Queremos manifestar que nuestras decisiones legitimas están ajustadas a derecho de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, el Reglamento Interior y de Debate y de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.
Cada una de las actuaciones que hemos realizado - afirmó el parlamentario - han sido apegadas a derecho y ajustadas a la objetividad y rigurosidad que demanda la función parlamentaria.
En tal sentido, ratificamos que nuestra función no está dirigida a cuidar privilegios de nadie, ni de grupos mafiosos, ni de sectores económicos, como tampoco nos prestaríamos a forjar elementos vinculantes donde no existieran para  inducir  fundamentos de prueba que asentaran una decisión. 

 NO HAY CARTA DE BUENA CONDUCTA 
En relacion a la presunta carta  de Buena Conducta otorgada al Ciudadano Alex Saab y remitida a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el parlamentario refirió que esa misiva no existe tal como lo corroboró dicha funcionaria en declaración pública. "Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta, esa no es nuestra función, nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga".

Consultado acerca de las conclusiones de la investigación respondió que el ciudadano en cuestión  objeto de la misma, no aparece en el registro de comercio de las empresas señaladas, según se comprueba en documento signado con la numeración 1871367 del registro de Hong Kong,
 por lo tanto, la Comisión no podía forjar pruebas para involucrar al mencionado ciudadano como accionista, socio o directivo de las mismas.

Respecto a las presuntas empresas de maletín, el parlamentario aseguró que la investigación arroja que la misma cuenta con una sede fisica y operativa, con personal activo de obreros y empleados, con diversos proveedores y distintos productos de mercado, en consecuencia no es una empresa de maletin.

Sobre el hecho de si es testaferro del presidente Nicolás Maduro, la investigación no pudo determinar el vínculo directo que acreditara esa cualidad, más allá de la sindicación pública, personal y familiar de que esté ciudadano ostenta una fortuna cuyos origenes licitos deben ser probados, pues no puede olvidarse que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

ABIERTOS A CUALQUIER INVESTIGACIÓN

Ahora bien, quien tenga fundamentos y soportes de lo requeridos por está Comisión para una investigación objetiva las puertas de esta instancia legislativa están abiertas, porque denuncias al boleo, de periódicos, radios y televisión solo para escandalizar y ganar tribuna, no pueden tener eco en nuestra actuación vertical, así que no pretendan que actuemos en forma irresponsable.

Pérez Linares expresó que "no nos van a amilanar, no vamos a dejar de trabajar y luchar por combatir la corrupción, vamos a seguir dando lo mejor para garantizar el cambio que reclama Venezuela sin ceder frente a la canalla y el chanteje". Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria, dijo para finalizar Conrado Pérez Linares