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martes, 28 de julio de 2020

Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo fueron designados públicamente ​​por EE. UU. por su participación en un esquema de soborno en Corpoelec

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El gobierno de los Estados Unidos designó públicamente al ex Ministro de Energía Eléctrica de Venezuela y Presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el ex Viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas de Venezuela para el Ministerio de Energía Eléctrica y Director de Adquisiciones de la empresa estatal, Eustiquio José Lugo Gómez por aceptar beneficios monetarios, incluidos sobornos y pagos irregulares, a cambio de adjudicar lucrativos contratos para el suministro de equipos a Corpoelec, y por la apropiación indebida de fondos púbicos para su enriquecimiento personal.
   En junio de 2019, el Departamento del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, sancionó a Lugo y a Motta por acciones en desmedro de la democracia en Venezuela, aplicando las facultades de la Orden Ejecutiva 13692.
  
  En un comunicado oficial, el Secretario de Estado Mike Pompeo informó que las designaciones anunciadas este martes se hicieron bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, P.L. 116-94).

  Según la Sección 7031 (c), una vez que el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su participación, directa o indirecta, en una corrupción significativa, esas personas no son elegibles indefinidamente para ingresar a los Estados Unidos. Además de Lugo y Motta, el Departamento designa públicamente a los siguientes miembros de la familia de la familia inmediata de Lugo: Karina Isabel Carpio Bejarano, Luis Alfredo Motto Carpio y Nakary Marialy Motto Carpio; y los siguientes miembros de la familia inmediata de Motta: Yomaira Isabela Lugo de Lugo, Virginia Del Valle Lugo Lugo, Víctor Jesús Lugo Lugo y José Lugo Lugo.

   Pompeo dijo en un comunicado que "esta designación reafirma el compromiso de EE. UU. de combatir la corrupción en Venezuela. Estados Unidos continúa apoyando al presidente interino, Juan Guaido, la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia y la estabilidad económica".  

  Advirtió que "el Departamento continuará utilizando estas autoridades para promover la responsabilidad de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo". 

El caso de Motta Domínguez y Eustiquio Lugo

  El ex-presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el director de adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo Gómez, fueron acusados en 2019 de haber participado en un esquema de corrupción y lavado de dinero que involucra contratos con la estatal de energía de Venezuela y empresas registradas en el Sur de la Florida. 

    El ex ministro  venezolano y el ex funcionario de la compañía de electricidad estatal fueron acusados de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Los dos exfuncionarios del régimen chavista habrían recibido sobornos a cambio de entregar contratos de Corpoelec a empresas con sede en los Estados Unidos. 

  La acusación contra Motta Domínguez y Eustiquio Lugo, se produjo luego que los dos contratistas que recibieron los contratos se declararon culpables, por conspirar para violar la FCPA en relación con el esquema de pago corrupto en Corpoelec.

  La acusación alega que a partir de enero de 2016 y alrededor de diciembre de 2018, Motta y Lugo conspiraron con otros para lavar el dinero proveniente de un esquema de soborno ilegal hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida. 

   Los fiscales federales alegan que Motta y Lugo otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de $ 60 millones en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio del pago de sobornos.

   La acusación sostiene además que la actividad ilegal y que el esquema de soborno violó la FCPA e implicó delitos de coimas contra Venezuela. 

  Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de los contratos corruptos se lavó a través de instituciones financieras de EE. UU., utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.

Los dos contratistas se declaran culpables

   El 24 de junio de 2019, Jesús Ramón Veroes, de 69 años, de Venezuela, y Luis Alberto Chacín Haddad, de 54 años, de Miami, Florida, se declararon culpables ante la juez federal de distrito  dur de la Florida, Cecilia M. Altonaga, de un cargo de conspiración para violar varias disposiciones de la FCPA. 

   Veroes y Chacín serán por la juez Altonaga el 4 de septiembre de 2020.

  Según lo confesado en sus declaraciones de culpabilidad, Veroes y Chacín acordaron entre sí y con otros co-conspiradores realizar pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Corpoelec a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas con sede en Florida. 

  Según los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, se requerirá que Veroes y Chacín pierdan al menos $ 5.5 millones en ganancias de los contratos obtenidos de forma corrupta, así como de bienes inmuebles en el área de Miami.

  Este caso fue investigado por DEA Miami con asistencia de la Oficina de Investigaciones Criminales del IRS de Miami y la Oficina de Campo del Miami del FBI. 

  El fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del distrito sur de Florida, el abogado litigante John-Alex Romano de la sección de fraude de la división criminal y el abogado litigante Joseph Palazzo de la sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división criminal están procesando el caso.

  La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

martes, 9 de junio de 2020

Raúl Gorrín tramitó fraudulentamente duplicados de los títulos de propiedad de sus vehículos de lujo que iban a ser confiscados por EE.UU. usando una licencia y un pasaporte falsificados

   El prófugo de la justicia norteamericana pretendió vender un Rolls Royce (2012); un Ferrari (2016); un Porsche (2017) y un Maserati (2014), que forman parte de la lista de bienes objetos de confiscación por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Tramitó las copias de los títulos de propiedad con documentos falsificados. El acusado de corrupción y lavado de dinero, se atrevió, inclusive, a enviar a uno de sus empleados al Departamento de Policía de Coral Gables, para reportar un incidente ficticio, para hacerle creer a las autoridades que los costosos autos habían sido robados del estacionamiento de un lujoso edificio donde posee varios apartamentos. Recientemente, Gorrín certificó la propiedad sobre uno de los vehículos, a través de su abogado. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Usando una licencia del estado de la Florida y un pasaporte venezolano falsificados, Raúl Antonio Gorrín tramitó fraudulentamente copias de los títulos certificados de propiedad de cuatro vehículos de lujos que estaban en la lista de los bienes congelados por el gobierno de los Estados Unidos, para venderlos a un broker de autos en Homestead, de acuerdo a una investigación revelada en una demanda civil que cursa en la corte de Miami que busca recuperar los costosos automóviles.
   La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida realizó todos los procedimientos ante la Corte del Distrito para proceder con la confiscación de los cuatro vehículos de lujo, un Rolls Royce (2012), un Ferrari (2016), un Porsche (2017) y un Maserati (2014) pertenecientes a Gorrín, acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero y quien se encuentra bajo estatus de fugitivo de la la justicia de los Estados Unidos.

  En la acción civil, los fiscales federales exigen que se haga entrega de los vehículos que pertenecen a Raúl Gorrín,  y que fueron adquiridos con dinero proveniente de la industria criminal, según los representantes del gobierno.

En el documento de describen los siguientes vehículos:

1) 2012 Rolls Royce Phantom Drophead, VIN SCA682D53CUX16710
Un modelo del vehículo solicitado (Foto cortesía)
2) 2016 Ferrari Modelo FF VIN ZFF73SKA0G0215301
Modelo del vehículo referenciado (Foto cortesía)
3) 2017 Porsche 911 Turbo Coupe, VIN WP0AD2A94HSI166412
Modelo del vehículo referenciado (Foto cortesía)
4) 2014 Maserati Quattroporte, VIN ZAM56PPA7E1084665.
Modelo del vehículo referenciado, (foto cortesía)
   La demanda explica que el 16 de agosto 2018, un Gran Jurado del Distrito Sur de la Florida aprobó una acusación contra Raúl Gorrín Belisario, por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que incluye 10 cargos relacionados con delitos de lavado de dinero.

  La querella describe que desde 2011 hasta apróximadamente 2017, Raúl Gorrín pagó unos 94 millones de dólares en sobornos a varios funcionarios del gobierno de Venezuela. Durante la investigación federal, los agentes de la ley identificaron que Gorrín era el dueño de los mencionados vehículos y que fueron registrados a su nombre ante el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de la Florida. Hasta noviembre de 2018, los automóviles estaban a su nombre y con su dirección en Coral Gables.

   En noviembre de 2018, a la acusación contra Gorrín se le levantó el sello y se hizo pública el 3 de diciembre de 2018. Luego que se conocieran los cargos criminales, Gorrín tramitó una duplicación de los certificados de los títulos de los vehículos Rolls Royce, Porsche y Maserati, con una licencia de la Florida número G287-681-68-140-0.

  En la aplicación fraudulenta, "Gorrín alegó que los títulos originales de los vehículos estaban perdidos". En la aplicación de la duplicación del título del Ferrari no se incluyó la licencia de conducir a nombre de Gorrín, sino que se solicitaba una copia del título porque se había perdido, y la petición fue firmada con las iniciales RG (Raúl A. Gorrín).

  Los investigadores del gobierno determinaron que la licencia de conducir, usada por Gorrín para pedir las copias de los título de propiedad, N-G287-681-68-140-0 no existía en los récords de la Florida. De hecho se supo que en el estado de la Florida nunca se emitió una licencia a nombre de Gorrín y que, el prófugo de la justicia, había usado la licencia de Venezuela para comprar todos sus autos.

   La falsa licencia de conducir del estado de la Florida que usó el dueño de Globovisión para obtener de manera dolosa las copias duplicadas de los títulos de propiedad de los vehículos Rolls Royce, Porsche y Maserati tenían el nombre de Gorrín, su fecha de nacimiento y dirección local, "pero, basado en las fotos de Gorrín en línea y de acuerdo a las bases de datos de las autoridades, la imagen de la licencia no correspondía a la del acusado". 

  Los fiscales sostienen que Raúl Gorrín usó la foto de un pasaporte venezolano falso, para hacer una licencia de conducir de la Florida falsa.

  De acuerdo a la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, Raúl Gorrín salió de los Estados Unidos un año antes de los trámites, el 4 de noviembre de 2017, desde el Aeropuerto de Opa Locka en Florida, y desde esta fecha no regresó a Norteamérica.

  Entre el 30 de noviembre de 2018 y el 3 de diciembre de 2018, Raúl Gorrín ordenó trasladar los vehículos desde el edificio ubicado en 4100 Salzedo Street, Coral Gables [donde posee varios apartamentos que son también objeto de confiscación] hasta Auto Brokers USA Corp. en Homestead, Florida, usando las copias duplicadas de los certificados de los títulos de los vehículos que fueron ejecutados por una persona que se hizo pasar por Raúl Gorrín usando una licencia falsa de ese estado.
  La firma de la persona que estaba haciendo las gestiones fraudulentas con la licencia falsa, no se correspondía con la de Gorrín. El 5 de enero de 2019, un reporte del Departamento de la Policía de Coral Gables dice que seis vehículos de lujo fueron robados a Gorrín. Los autos del reporte incluyen los cuatro que son objeto de la acción civil. La persona que actúo por Gorrín, J.D. dijo a la policía que era un empleado de Gorrín y que este lo había autorizado a vender los vehículos a Auto Brokers.

   Otro reporte de la policía del 3 de enero de 2019, dice que J.D. descubrió que los vehículos habían sido robados del estacionamiento del edificio. JD dijo que el gerente del edificio le advirtió que un representante de Auto Brokers habían buscando los vehículos y que para llevárselos mostró los certificados de los títulos, indicando que los mismos habían sido transferidos a dicha empresa.

  En el reporte se indica que un oficial de policía de Coral Gables contactó telefónicamente a Raúl Gorrín a Venezuela, y éste le indicó que J.D. tenía un poder de un abogado para representarlo en esas diligencias.

  Actualmente el Rolls Royce se encuentra en poder de la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, y el Ferrari, Porsche y Maserati están en manos de Auto Brokers USA Corp. ubicado en 29951 South Federal Highway, Homestead, Florida, 33022.

  El gobierno de los Estados Unidos está solicitando su confiscación de acuerdo a lo establecido en las leyes estadounidenses, según el documento firmado por la Fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshan.

Reclamo del Rolls Royce

  El 6 de enero de 2020,  Estados Unidos hizo un reclamo verificado del Rolls Royce. En el expediente, aparece el documento donde Raúl Gorrín declara que es el dueño del auto y que hace un reclamo de la propiedad. La comunicación está firmada por Gorrín y el abogado Howard Srebnick del bufete Black, Srebnick, Kornspan y Stumpf, cuyas oficinas se encuentran en 201 South Biscayne Boulevard, en Miami, FL 33131.


lunes, 1 de junio de 2020

En NYC: Profesor Bruce Bagley se declara culpable de lavado de dinero proveniente de la corrupción en Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El Profesor de la Universidad de la Florida y autor de un libro sobre Crimen Organizado, Bruce Bagley se declaró culpable ante un juez de Nueva York de haber participado en una trama de lavado de dinero internacional de más de $ 2 millones derivados del pago de soborno y de actividades relacionadas con la corrupción en Venezuela.
   El fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, anunció que Bruce Bagley R se declaró culpable este lunes ante el juez de distrito, Jed S. Rakoff por dos cargos de lavado de dinero. Bagley usó cuentas bancarias en su nombre y de una compañía que creó en Florida para lavar más de $ 2 millones en ganancias de un esquema de soborno y corrupción de Venezuela en los Estados Unidos.

  Berman dijo que Bagley, quien se desempeñaba como profesor universitario y autor de un libro sobre narcotráfico y crimen organizado, a cometer los delitos de corrupción y lavado de dinero.

  El fiscal sostuvo que el profesor Bagley admitió que lavaba dinero para ciudadanos extranjeros corruptos, que era producto del soborno y la corrupción. "Eran fondos robados a los ciudadanos de Venezuela", dijo Berman. 

Bagley ahora enfrenta la posibilidad de una larga permanencia en prisión.

La acusación

 En noviembre de 2016, Bruce Bagley, profesor de estudios internacionales y autor del libro 'Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas',  abrió una cuenta bancaria (1) en nombre de una empresa (1) de su propiedad. 

  Entre noviembre de 2016 o alrededor de noviembre de 2017, la Cuenta-1 tuvo una actividad mínima, pero alrededor de noviembre de 2017, comenzó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. 

  Cada mes, Bagley recibiría un depósito de aproximadamente $ 200,000 de una de las cuentas en el extranjero en la cuenta-1. Posteriormente, retiraría aproximadamente el 90 por ciento de los fondos en forma de cheque de caja, pagadero a una cuenta en poder de otra persona. 

  Bagley enviaba el resto de los fondos a su cuenta personal. Entre noviembre de 2017 y alrededor de octubre de 2018, la cuenta 1 recibió aproximadamente $ 2.5 millones de las cuentas en el extranjero.
  
  Las cuentas en el extranjero pertenecían a un individuo colombiano (Alex Saab). En diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha, la Persona-1 tuvo una conversación con Bagley sobre el hecho de que Bagley estaba trasladando los fondos de la Persona-2 a los Estados Unidos y que los fondos representaban los ingresos del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano. Sin embargo, en diciembre de 2018, Bagley creó una nueva cuenta bancaria ("Cuenta-2") para transferir dinero adicional perteneciente a Individual-2.

    Bagley continuó recibiendo cientos de miles de dólares de las cuentas en el extranjero después de abrir la cuenta 2. Bagley transfirió la mayoría de estos fondos al Individuo-1 pero retuvo una comisión por sus servicios.

    El comunicado de la fiscalía, se señala que el acusado, de 73 años y residente de Coral Gables, Florida, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. 

  Bagley será sentenciado por el juez Rakoff el 1 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m.



lunes, 11 de mayo de 2020

PDVSA quebrada: Ante Corte del Sur de la Florida le exigen el pago por suministros

        Una corporación de la Florida exige a Pequiven el pago de USD 16.702.732,62 más intereses, correspondientes a la compra de 2-etilhexanol que Isaac Industries Inc. entregó, pero no le fue cancelado.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La crisis de operatividad, financiera y de iliquidez de Petróleos de Venezuela S.A. se hace evidente ante el hecho de que la principal industria del país, otrora una de las principales petroleras del mundo, haya sido demandada ante un tribunal de los Estados Unidos, por no haber estado sus filiales en capacidad de pagar tres facturas correspondientes a órdenes de suministros que totalizaban USD 17.831.772,18.
   Ante Corte del Distrito Sur de la Florida, el 26 de julio de 2019, la empresa Isaac Industries Inc. representada por el despacho de abogados, Hall, Lamb, Hall & Leto, P.A. presentó una demanda contra Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven), Bariven S.A., PDVSA Services B.V. (PSBV), Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por incumplimiento de contrato al no haber cancelado USD 16.702.732,62 más intereses, además de todos los costos incurridos en el proceso judicial. Tal cantidad es el saldo se deriva de una operación de compra que en 2014 hicieron Bariven, PSBV y PDVSA a la demandante, de USD 17.831.772,18 en 2-etilhexanol, que Isaac Industries Inc. entregó según lo ordenado, pero que por cuyo despacho no recibió el pago correspondiente.

  La causa fue asignada al juez James Lawrence King.
    La demandante, una corporación del estado de la Florida que se dedica a la distribución al por mayor de productos químicos y afines, expone en la demanda que se vio afectada en razón de que Bariven, PDVSA y PDVSA Services hicieron compras a Isaac Industries Inc. que no canceló, mientras que Pequiven firmó un acuerdo mediante el cual se comprometió a cancelar la deuda y no cumplió con dicho compromiso.

Los hechos

  Se refiere en la demanda que en 2014, Isaac Industries Inc. suscribió un contrato con Bariven, PDVSA Services y PDVSA a las que vendió 2-etilhexanol por un monto de USD 17.831.772,18.
  El producto fue entregado y, de acuerdo a los envíos, se expidieron tres facturas, la primera con fecha 6 de julio de 2014, identificada con el número 250122, por USD 5.941.928,83, que debía ser cancelada el 4 de septiembre de 2014.
  La segunda, con el número 25012, fechada el 6 de julio de 2014, por USD 5.950.000,00, que debía pagarse el 4 de septiembre de 2014.
   Y la tercera, número 25114, con fecha 19 de septiembre de 2014, por un monto de USD 5.939.843,35, con fecha de pago del 18 de noviembre de 2014.
  Se advierte que los demandados, Bariven, PSBV y PDVSA no pagaron ninguna de las facturas a la fecha de su vencimiento y, por tanto, Pequiven asumió la obligación de realizar los pagos adeudados a la empresa demandante.

  Narra la demanda que el 24 de septiembre de 2016, el Gerente de Planificación e Inteligencia de Mercado de Pequiven, Saúl Silva, pidió a Isaac Industries Inc. una reunión que se llevó a cabo en el Hotel Viceroy en Brickell Avenue en Miami, Florida, donde suscribieron un acuerdo de pago.
    En el referido acuerdo de pago, Pequiven acordó cancelar a Isaac Industries Inc. la deuda de Bariven con un monto de USD 17.831.772,18, con respecto al contrato de pago con subrogación de deuda firmado entre Bariven, PDVSA Services y la demandante.
  Las partes acordaron una tasa de interés de 6 por ciento y Pequiven se comprometió a pagar a Isaac Industries Inc., según el siguiente cronograma:

a. USD 2.947.541,93 al 31 de diciembre de 2016 o antes;

b. USD 3.030.897,76 el 31 de marzo de 2017 o antes;

c. USD 2.992.000,99 antes del 30 de junio de 2017;

d. USD 2.952.189,00 antes del 30 de septiembre de 2017;

e. USD 2.910.088,96 el 31 de diciembre de 2017 o antes;

f. USD 2.866.158,48 el 31 de marzo de 2018 o antes;

g. USD 2.825.431,27 antes del 30 de junio de 2018.
   Expone la demanda que Pequiven cumplió con el acuerdo y entregó a tiempo el primer pago requerido, es decir, USD 2.947.541,93, pero incumplió con el resto del cronograma de pago y, por lo tanto, infringió el acuerdo.

   Por otra parte, Bariven, PSBV y PDVSA no presentaron ofertas para ninguno de los pagos adeudados de conformidad con las órdenes de compra del 6 de julio de 2014 o el 19 de septiembre de 2014.

Incumplimiento de contrato escrito

  Al no haber cumplido sino con el primer pago acordado el 31 de diciembre de 2016, Pequiven infringió el acuerdo por escrito.

  En razón a este incumplimiento, Isaac Industries Inc. sufrió daños por el monto del saldo total pendiente de USD 16.702.732,62 más intereses adeudados y, por tanto, exige el pago de este saldo.

Incumplimiento de contrato escrito

  Dado que Isaac Industries Inc. y Pequiven suscribieron un acuerdo en el que la segunda se comprometió a pagar USD 17.831.772,18 en 7 cuotas, según cronograma antes descrito, y sólo canceló la primera de dichas cuotas, la demandantes exigió ante la Corte que dicte sentencia contra Petroquímica de Venezuela S.A. por la cantidad de USD 16.702.732,62 más intereses.

  Igualmente exige el pago de los costos incurridos en el proceso judicial.

Incumplimiento de contrato

  Ante el incumplimiento por parte de Bariven, PDVSA Services y PDVSA, al no cancelar ninguna de las facturas correspondientes al producto suministrado y en razón de que Pequiven solamente cumplió con un pago de los acordados, la demandante Isaac Industries Inc., exigió que los demandados, paguen USD 16.702.732,62 más intereses.

  También exige la cancelación de los costos judiciales.

  Luego de varios procedimientos, el 30 de marzo de 2020, el juez concedió una moción para prorrogar el lapso para que la demandante Isaac Industries Inc. presente un informe de estado del caso.

Sobre Isaac Industries Inc.

  De acuerdo al portal Sunbiz del departamento de estado de la Florida, Isaac Industries Inc. es una empresa registrada en esa entidad estadounidense el 22 de marzo de 1971, bajo el número 379256, FEI/EIN 59-1354220.

El agente registrador es David Avan.

  La compañía, cuyo estatus actual es activo, reporta como sede el 7330 N.W. 36TH Ave., Miami, FL 33147, que es igualmente la dirección que reporta el agente registrador y el presidente de la compañía.

  La dirección postal de la firma es P.O. BOX 414507, Miami Beach, FL 33141-4507, que también se reporta como dirección del secretario Molly Avan.

  El directorio de Isaac Industries Inc. lo constituyen David Avan como presidente, y Molly Avan como secretario[1].


CITAS

[1] Sunbiz. Division of Corporations. Isaac Industries Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=AVANDAVID%203792560&aggregateId=domp-379256-1501ff14-02ad-4bdd-b4685686048a4149&searchTerm=Avan%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20David&listNameOrder=AVANDAVID%203792560

jueves, 23 de abril de 2020

Los fondos que se previeron para recuperar el Parque termoeléctrico de PDVSA

  En 2016 se le advirtió al entonces presidente de la estatal petrolera que una inversión de USD 1.573,9 millones se requería para instalar y activar una serie de equipos y plantas termoeléctricas ya adquiridos, los cuales aportarían 2.227,3 MW de generación eléctrica al país.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un punto de cuenta emitido en junio de 2016, revela que el expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. y exministro del Poder Popular para el Petróleo, Eulogio Del Pino, aprobó buscar financiamiento por USD 1.573,9 millones para instalar parque termoeléctrico de PDVSA ya adquirido por PDVSA y que sólo aguarda por ser instalado. Se buscaba con esto culminar al denominado Plan de Autosuficiencia Eléctrica (PAE) de la petrolera y, de esta manera, apalancar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

  La propuesta presentada por la Dirección de Enlace del Sector Eléctrico destacaba que los 2.227,3 MW que estos equipos tenían capacidad de regenerar, podían incorporarse al SEN en un lapso de tres años. Desde el citado despacho se instó al ministro y presidente de PDVSA a buscar los recursos para proceder a la instalación e instruir a los entes de la empresa pertinentes, a que establecieran en sus presupuestos partidas dirigidas a la preservación de dichos equipos.

  Sin embargo pocas o nulas son las noticias que acerca de la concreción de tales planes y, muestra de ello, es la grave crisis eléctrica que atraviesa en la actualidad Venezuela, sin que las medidas paliativas anunciadas por las autoridades competentes y el gobierno, vislumbren una solución definitiva a este problema que amenaza con agudizarse día a día.

   El informe final de la Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica en el país de la Asamblea Nacional[1] advierte que los proyectos contratados por PDVSA entre los años 2004 y 2016 para proveer el servicio responsabilidad de Corpoelec, así como los trabajos adelantados para cubrir las necesidades de energía propias de la empresa a través del PAE, no se reflejan con exactitud de costos  e inversión en los informes financieros de la estatal petrolera.

  El informe cita que el periodista César Batiz, quien presentó ante el Poder Legislativo Nacional los resultados de un trabajo de investigación que se publicó en el diario Últimas Noticias el 18 de septiembre de 2011 sobre la compra de equipos eléctricos por parte de Bariven, informó que PDVSA colocó órdenes de compra para la compra de equipos eléctricos por USD 767 millones “con claros indicios de sobreprecio”.

  Los parlamentarios, en virtud de la opacidad de los informes financieros de PDVSA y ante la presunción de la existencia de contratos con sobreprecios recomendó a la Comisión Permanente de Contraloría de la AN investigar exhaustivamente los contratos suscritos entre PDVSA y todas las empresas que suministraron equipamiento eléctrico en el lapso 2009-2016.

  En este blog hemos informamos que “las plantas termoeléctricas administradas por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con capacidad de generar nominalmente un total de 2.871 MW, solamente generan en la actualidad 775 MW, quedando indisponibles 2.096 MW. En manos de la empresa petrolera se encuentran 31 plantas, de las cuales sólo once tienen a la fecha capacidad de generación, quedando las restantes 20 indisponibles para prestar el servicio a la colectividad venezolana. La reactivación del parque termoeléctrico solamente en la región central del país conllevaría una inversión de USD 1.423 millones que permitirían recuperar 3.140 MW de generación eléctrica en cinco años”[2].

El punto de cuenta

El 27 de julio de 2016, Antón Castillo, director de Enlace del Sector Eléctrico Petróleos de Venezuela S.A. remitió al para la fecha ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de la corporación, Eulogio Del Pino, el punto de cuenta identificado con el N° DESE-PC-2016-006, para informarle acerca del parque de generación termoeléctrica adquirido por PDVSA, el cual requería de recursos financieros, bien para instalarse o para concluir su instalación, de manera de dar por concluido el Proyecto de Autosuficiencia Eléctrica de la empresa y así apalancar el Sistema Eléctrico Nacional.

Los antecedentes y la situación al momento

  En el documento se explica que PDVSA cuenta con un parque termoeléctrico de generación en ciclos combinados y ciclos abiertos que al momento de dirigir la comunicación, se encontraban unos en proceso de instalación y otros por instalar.

 Se indicó que la situación parálisis de dichos procesos de instalación se debía a la situación financiera que atravesaba la corporación debido a la caída de los precios del petróleo, requiriéndose gestionar el financiamiento necesario para su culminación.

  Castillo explicó a Del Pino que parte de estos equipos se habían utilizado como repuestos para mantener la operatividad de máquinas en PDVSA y de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec.

  Se recordó en el punto de cuenta que en el objetivo 3.1.13.2 del Plan de La Patria se establece "Diversificar la matriz de insumos para la Generación Eléctrica favoreciendo el uso del gas natural", mientras que en el 3.1.13.4 se llama a "Impulsar el uso de tecnologías más eficientes para la generación eléctrica, a través de los cierres de los ciclos combinados en las plantas térmicas".

  El documento expone la situación reinante al momento en que Antón Castillo se comunicaba con Eulogio Del Pino, detallando que no se había completado el Plan de Autosuficiencia Eléctrica de PDVSA en razón de la situación financiera antes descrita.

  Agregaba que, para la fecha, el país enfrentaba el peor periodo de sequía de los últimos años, llevando la cota del embalse del Guri de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” en el estado homónimo a su nivel mínimo histórico de 241,5 MSNM, llegando a 1,5 metros de la zona de colapso.

  En razón de que PDVSA poseía equipos con una capacidad generadora de 2.227,3 MW que solamente estaba pendiente por instalar y de que la recuperación del Guri tomaría entre dos y tres años dependiendo de la hidrología, de la administración del embalse, así como de la capacidad termoeléctrica disponible para el momento, se podía proceder a instalar en dicho periodo el parque termoeléctrico de la estatal.

 Se advertía que la “creciente demanda de energía eléctrica producto de la democratización de bienes y servicios, así como la creación de los 14 motores estratégicos para diversificar el aparato productivo”, debía ser servida.


Los proyectos en ejecución

  Se remitió a Del Pino una tabla que mostraban los proyectos en ejecución para la fecha y el estado en el que se encontraban, subrayándose una vez más que los mismos estaban en capacidad aportar, a través de las serie de turbogeneradores de que se disponía, 2.227,3 MW ISO al Sistema Eléctrico Nacional.

  Se especificó que la culminación de estos trabajos —instalación de los equipos— requería una inversión que se estimaba en USD 1.573,9 millones, es decir USD 0,707 MMUS$/MW.

  Así, para el Ciclo Combinado Alberto Lovera, ubicado en el estado Anzoátegui, con capacidad de generación de 150 MW ISO, la cual no requería combustible y cuyos trabajos presentaban un 29 por ciento de avance, se precisaba financiamiento para completar la Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), la cantidad de USD 220. Se estimaban 24 meses para culminar la obra.

  Para el Centro de Generación Jose, también en el estado Anzoátegui, con capacidad de generación de 232 MW ISO, que requería gas para su funcionamiento y que presentaba un 71 por ciento de avance, se necesitaba financiamiento por el orden de los USD 90 millones para completar el IPC. Se estimaban 24 meses para culminar la obra.

  Entretanto, el Centro de Generación Bare (Anzoátegui), con capacidad para generar 128 MW ISO a base de gas, la cual presentaba un 24 por ciento de avance, requería una inversión de USD 30 millones para completar el IPC. Se estimaban 24 meses para culminar la obra.

  Para la Planta Guanapa (Barinas 1), ubicada en el estado Barinas, con capacidad de generación de 50 MW ISO, la cual requiere para su funcionamiento combustible diésel, con un avance 96 por ciento, se necesitaba financiamiento para concluir actividades pendientes en paquete 2 por USD 12,2 millones. Se estimaban 4 meses para culminar los trabajos.

  Para el Ciclo Abierto de Planta del Este (3x32.6 MW), ubicada en el estado Carabobo, con capacidad para generar 97,8 MW ISO a base de gas, con un 40 por ciento de avance en las obras, se requerían USD 68 millones para culminar el contrato financiado por Bandes. Se calculaba que la obra podía ser terminada en 12 meses.

 Para el Ciclo Abierto Segunda Máquina de Ezequiel Zamora, ubicada en el estado Guárico, con capacidad generadora de 175 MW ISO a base de gas, con un 62 por ciento de avance en la obra, se requerían USD 60 millones. Se calculaba que la obra podía terminar en 16 meses.

  Para el Ciclo Abierto Juan Manuel Valdez en el estado Sucre, con capacidad para generar 350 MW ISO a base de gas, con un 80 por ciento de avance en los trabajos, se necesitaban USD 65 millones, Estos trabajos estaban requiriendo financiamiento parcial. Se estimaba que los trabajos podrían terminarse en 8 meses.

  Para el Ciclo Abierto de Bachaquero y la Red de Transmisión asociada, ubicado en el estado Zulia, con capacidad para generar 350 MW ISO, a base de gas, con 39 por ciento de avance en las obras, se requerían USD 285 millones. Esta era una obra otorgada pendiente por financiamiento que se estimaba podía culminarse en agosto de 2018.

  Para el Cierre del Ciclo Combinado de la Planta Bachaquero en el estado Zulia, con capacidad para generar 160 MW ISO, la cual no requería combustible para su funcionamiento, y que presentaba un 43 por ciento de avance en la obra, había que conseguir financiamiento por USD 200 millones. Se estimaban 24 meses para culminar la obra.

  Para las Turbinas de Gas en Punta Gorda (4 x 32,5 MW)   en el estado Zulia, con capacidad de generación de 130 MW ISO a base de gas, con 14 por ciento de avance en los trabajos, se requería conseguir financiamiento por USD 143,4 millones. Se estimaban 24 meses para terminar los trabajos.

Para las Turbinas de Gas en Pueblo Viejo (5 x 32,5 MW), ubicadas en el estado Zulia, con capacidad para generar 162,5 MW ISO a base de gas, con 19 por ciento de avance en los trabajos, se requería conseguir el financiamiento por USD 179,3 millones. Se estimaba que en 24 meses podía terminarse la obra.

Para la Ampliación de la Planta Bajo Grande (2x58 Mw) en el estado Zulia, con capacidad para generar 126 MW ISO, la cual requiere diésel para funcionar, con 18 por ciento de avance. Es una obra otorgada que está pendiente por un financiamiento de USD 115 millones. Se estimaba podía culminarse en 18 meses.

Para la ampliación de la Planta San Timoteo (2x58 Mw) en el estado Zulia, con capacidad para generar 126 MW ISO a partir de diésel, con 16 por ciento de avance en los trabajo. Obra otorgada pendiente por financiamiento por USD 106 millones. Se estimaba que podía culminarse en 18 meses.

Las conclusiones del punto de cuenta

  La exposición del punto de cuenta presentado a Eulogio Del Pino destacaba la disposición de PDVSA de equipos con capacidad para generar 2.227,3 MW que requieren de una inversión estimada de USD 1.573,9 millones para culminar la instalación de los mismos en un periodo estimado de 30 meses.

De estos equipos, una parte está en capacidad de generar 300 MW sin necesidad de consumir combustible, por cuanto utilizan los gases de escape de las turbinas de ciclo abierto. Esto representa un ahorro de 10.000,00 BD de diésel o de 80 MMPCND de gas.

De los equipos, otro grupo es capaz de generar  1.625,3 MW utilizado gas como combustible.

Otra parte de los equipo puede generar 302 MW utilizando Diésel como combustible para luego migrar a gas cuando esté disponible, por ser equipos de generación duales.

Se precisa que la instalación del equipamiento existente se complete el Plan de Autosuficiencia de PDVSA y el excedente apalancará el Sistema Eléctrico Nacional, con lo cual se minimiza el uso de la energía hidroeléctrica. Esto coadyuvaría a recuperación del embalse del Guri, el cual llegó en el año 2016 a la cota más baja en su historia como consecuencia del fenómeno climático El Niño.

Se le informó a Del Pino que se necesitaba elaborar un Plan de Ejecución Jerarquizado conjuntamente con los negocios, con un período de ejecución de tres años, cuya implementación sería ajustada de acuerdo a como concrete el financiamiento.

La propuesta presentada por Antón Castillo resultó aprobada por el presidente de PDVSA Eulogio Del Pino.

Insertar Imagen parque termoeléctrico PAE 4


[1] Transparencia. Asamblea Nacional. Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica en el país. Informe final. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf

[2] Venezuela Política. “Capacidad de generación de plantas termoeléctricas administradas por PDVSA es de 2.871 MW pero sólo se generan 775 MW”. 9 de octubre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/10/capacidad-de-generacion-de-plantas.html

jueves, 16 de abril de 2020

Los negocios de Alejandro Granado en CITGO: Compró inmuebles por millones de dólares en efectivo (II)

   Con tan sólo pocos meses en la presidencia de la filial de PDVSA en EE. UU., Alejandro Granado comenzó a comprar bienes inmuebles que el transcurso de 10 años, totalizaron USD 9.323.936.

Por Maibort Petit 
@maibortpetit

  El nombramiento de Alejandro Granado como presidente y CEO de CITGO Petroleum Corporation el 18 de mayo de 2007, coincidió con la racha experimentada por el alto funcionario, la cual estuvo caracterizada por un súbito enriquecimiento que le permitió acceder a millonarias propiedades inmobiliarias.
 Nuestras fuentes de información refieren que este inexplicable enriquecimiento de Granado, se hizo evidente cuando se asentó en la capital del estado de Texas y se residenció en el 3122 Bonnebridge Way Blvd, Houston TX, ubicado en el exclusivo desarrollo Royal Oaks Country Club. Se trata de una propiedad que al día de hoy tiene un valor estimado de USD 881.931, según el portal Zillow[1].
   Desde entonces, en un lapso de 10 años comprendidos entre 2008 y 2018, Alejandro Granado invirtió en bienes raíces en el sur de Florida y llegó a poseer, junto a su esposa, de siete propiedades en el sur del estado de la Florida por las que habría pagado, en efectivo, USD 9.323.936. Es de hacer notar que no se incluyen los costos de registro en este total.

Las propiedades

  A solamente 8 meses de su llegada a la presidencia de CITGO, Alejandro Granado Ravelo compró el 20 de enero de 2008 dos propiedades.

   Estos inmuebles fueron las Unidades 1502  por un valor de USD 1.555.236 y C3 a un costo de USD 190.000.

  Ambas propiedades estaban ubicadas en 18671 Collins Ave. Sunny Isles Beach FL 33160 en la sección Eastern Shores, por un precio total de USD 1.664.236[2].
  El 14 de mayo de 2008, los Granado-Delgado compraron al contado una nueva propiedad. Esto ocurrió a sólo 4 días de cumplir un año al frente de CITGO. Alejandro Granado compró una lujosa casa de playa ubicada en 3463 NE 171st St. North Miami Beach, FL.

   Esta casa en la sección Eastern Shores por USD 1.500.000, es una propiedad que en la actualidad se calcula que tiene un valor de USD 1.588.093[3].

   Así, con solamente un año de trabajo al frente de CITGO Petroleum Corporation, Alejandro Granado había logrado acumular una serie de inmuebles que totalizaban  USD 3.164.236.

  Transcurridos casi 7 años, el 19 de diciembre de 2013, los Granado-Delgado decidieron invertir en un nuevo bien inmueble.
   Hacía seis meses y dos días que Alejandro Granado había sido sustituido en la presidencia de CITGO. En esta ocasión la adquisición fue de una casa frente al mar.
  Esta casa se convirtió en su actual residencia en el 600 Sabal Palm Rd. Miami, FL, ubicada en la prestigiosa y costosa Subdivisión Bay Point y por ella pagó USD 4.425.000 en efectivo.

   Esta propiedad al día de hoy tiene un valor de USD 7.783.177, de acuerdo al portal Zillow.

   Para el año 2015 continuaron las inversiones inmobiliarias de los Granado-Delgado, esta vez lo hizo el 30 de junio, cuando adquirió dos apartamentos identificados con los números 1016 y 1017 en el condominio ubicado en 4250 Biscayne Blvd. Miami FL 33137.
   El precio que pagó por cada apartamento fue de USD 510.900, lo que totalizó USD 1.021.800.

   El 25 de abril de 2018, Alejandro Granado compró el apartamento 3506 en el condominio ubicado en 650 NE 32end St., Miami Fl 33137 por USD 712.900[4].
   Ha aquí el resumen de las compras de los Granado-Delgado entre 2008 y 2018, las cuales totalizaron USD 9.323.936:

CITAS

[1] Zillow. 3122 Bonnebridge Way Blvd, Houston, TX 77082. https://www.zillow.com/homedetails/3122-Bonnebridge-Way-Blvd-Houston-TX-77082/55478674_zpid/

[2] Miami Dade Property Appraiser. Millennium Condo. 8671 Collins Ave. Sunny Isles Beach FL 33160. https://www.miamidade.gov/Apps/PA/propertysearch/#/

[3] Zillow. 3463 NE 171st St, North Miami Beach, FL 33160. https://www.zillow.com/homedetails/3463-NE-171st-St-North-Miami-Beach-FL-33160/80792371_zpid/

[4] Zillow. 650 NE 32nd St UNIT 3506, Miami, FL 33137. https://www.zillow.com/homedetails/650-NE-32nd-St-UNIT-3506-Miami-FL-33137/306397419_zpid/

miércoles, 18 de marzo de 2020

El conglomerado de empresas de Carlos Gill Ramírez que desataron las acusaciones del senador boliviano Oscar Ortiez

   En esta entrega damos a conocer las empresas que el venezolano-paraguayo posee en Bolivia, las cuales le sirvieron para llevar a cabo una serie de negociaciones con el gobierno del expresidente Evo Morales, sobre las cuales hoy día está puesta la lupa, por las supuestas irregularidades que las envuelven.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La reciente denuncia formulada por el senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, encendió las alarmas y fijó la atención de la opinión pública sobre las empresas propiedad del venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, un hombre que habría amasado una gran fortuna a la sombra del chavismo y sus relaciones con el poder afín al llamado Socialismo del siglo XXI impulsado por el finado Hugo Chávez.
  En Venezuela Carlos Gill Ramírez se habría enriquecido a la luz de la crisis bancaria de finales del siglo XX, hecho que retrató el periodista César Batiz en un reportaje publicado en 2010 en el diario Últimas Noticias —en la actualidad borrada del historial del periódico—, el cual fue el resultado de una investigación que transparentó las operaciones llevadas a cabo en Banorte, cuando otorgó créditos a plazo a por lo menos cinco empresas fantasmas el 18 de agosto de 2009. La nota refirió que dicho banco fue objeto de medidas administrativas por parte de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), “órgano que también objetó el traspaso de acciones entre Carlos Gill Ramírez (Seguros Nuevo Mundo, Bancentro y hermano del dueño de Fondo Común Víctor Gill) y Zambrano, pues se desconocía el origen del capital utilizado para pagar $52 millones a mediados de 2008”[1].

   Batiz agregó en su reseña que Gill Ramírez supuestamente recibió USD 52 millones José Zambrano Lucero como pago por el Banco Banorte, una cantidad que llamó la atención de la Superintendencia de Bancos, la cual objetó el traspaso de acciones pues se estableció con claridad el origen del capital pagado. Por su parte, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) indagó con el comprador acerca del origen de los fondos y pidió a los órganos de inteligencia investigar esta situación, un mandato que sin explicación alguna fue desobedecido. Banorte fue intervenido por el gobierno de Hugo Chávez, año y medio después de que Gill Ramírez vendiera la institución financiera.

  En la actualidad preside el Grupo Corimón y forma parte de los accionistas del diario El Nacional.

Las empresas de Gill en Bolivia

  A la sombra de sus relaciones con el expresidente boliviano Evo Morales, Carlos Gill Ramírez constituyó una serie de empresas en la nación del altiplano, las cuales —de acuerdo a los señalamientos del senador Oscar Ortiz— habrían sido utilizadas para entablar negociaciones irregulares.

  La revista Economy 21 refirió en una nota publicada el 3 de julio de 2018 que Carlos Gill Ramírez es propietario de siete empresas en Bolivia, a las que se suma un fondo de inversiones, las cuales significaron una inversión de USD 320 millones de dólares, proyectando el empresario —para la fecha de la publicación —inversiones por USD 350 millones para los próximos 4 años.

  Gill Ramírez hizo estas revelaciones a Economy en Paraguay en una de sus empresas en es país, donde precisó que el Grupo Carlos Gill Ramírez en Bolivia lo constituyen Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon). “En Bolivia hemos invertido unos $us 300 millones en nuestras empresas de logística y más de $us 20 millones en las demás”, aseguró[2].

  Entretanto, el portal Página Siete[3] presenta una cronología de sus adquisiciones en Bolivia desde su arribo en 2008, cuando fue introducido al gobierno de la mano del exembajador venezolano de entonces en el país, Julio Montes. Gill Ramírez compró las televisoras ATB, PAT y los diarios Extra y La Razón de La Paz, “y los vinculó editorialmente con el MAS (…) En junio de 2014, el empresario venezolano compró del grupo Genesse Wyoming de Estados Unidos el 50% de las acciones de la Ferroviaria Oriental, que presta servicios en Santa Cruz y Tarija con conexiones a Brasil y Argentina. 14 meses después, en septiembre de 2015, Gill compró del grupo chileno Luksic la mitad de las acciones de la Ferroviaria Andina de Bolivia, que opera en Oruro y Potosí y realiza la conexión con Chile. Ambas vías son fundamentales para el corredor bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico”.

Sobre Gravetal

  La publicación cita al periódico El Día, el cual informó que Gill también es dueño de Gravetal, la principal empresa de producción, logística y comercialización de aceite y otros derivados de soya de Bolivia. Según la nota, esta compra “tiene una curiosa historia que comenzó en el primer periodo de Morales” remitiéndose a una reseña del diario Los Tiempos del 22 de noviembre de 2009, donde se dice que el MAS planificó la compra de dicha empresa. De hecho, Juan Valdivia Almanza, exdiputado por el MAS, figura en el directorio de la compañía, detentando el 5 por ciento de las acciones.

  Página Siete agrega que Sebastián Rivero Guzmán, hermano de la diputada del MAS, Susana Rivero Guzmán, también aparece como tercer director titular de Gravetal. La publicación indica que el 10 de septiembre de 2015, Sebastián Rivero transfirió el 0,50 por ciento de las acciones —a saber, 1.506 acciones — a Katarina María Emilia Gumucio Stambuk, quien fue delegada presidencial en Cochabamba en el primer gobierno de Evo Morales.

  El portal Hoy Bolivia había dado esta información en una nota publicada el 17 de junio de 2008, cuando indicó que Gravetal había pasado a manos de capitales venezolanos al haber vendido Juan Manuel Osorno, socio mayoritario “su paquete accionario (77,5 por ciento) a Monómeros Colombo Venezolanos, un conglomerado industrial de propiedad de Petroquímica de Venezuela (Pequiven), a su vez filial de la millonaria Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). La empresa Monómeros es acusada en Colombia de llevar a cabo un trabajo ideológico a favor del chavismo[4].

¿Testaferrato?

  El senador Ortiz, quien ha acusado las supuestas operaciones irregulares de las empresas de Gill Ramírez con el estado boliviano en tiempos de la administración de Evo Morales, ya en diciembre de 2019 había dejado sobre el tapete sus sospechas acerca de quién es el verdadero propietario de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, se lee en una nota de Correo del Sur[5].

  Ante las insinuaciones de Ortiz salió al ruedo Evo Morales, quien negó mantener relación alguna con dichas empresas, respondiendo así al parlamentario, quien interrogó al exmandatario si sabía que los ejecutivos de estas compañías "reportaban" su gestión al exvicepresidente, Álvaro García Linera.

  La nota cita a Morales quien en su cuenta en la red social Twitter escribió: "Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso".

  La respuesta de Ortiz a Morales fue que "‘obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos’. El senador dijo que en toda esta relación hay un hombre clave: el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill, el ‘favorito’ del MAS, cuyo representante legal sería Hurtado”.

  Se refería al presidente del directorio de ATB, Marcelo Hurtado Sandoval, quien también se sumó a la polémica y negó ser representante legal de Gill y de sus operaciones e inversiones en Bolivia, así como tener alguna relación con García Linera y Morales. También “niega ser dueño o representante legal de Gravetal, La Razón y PAT, pero admite que es uno de los socios de ATB y dueño del 40% de las acciones de la empresa de seguros Provida, aunque en ninguno de los dos casos aclara desde cuándo es dueño ni a cuánto compró el paquete accionario”, refirió la nota de Correo del Sur.

  Pero el propio Carlos Gill niega la propiedad de la empresa en una entrevista concedida al portal El Deber: “Es fácil investigar, me preguntan todavía si soy dueño de Gravetal, la vendió el presidente de Cainco, entonces deben preguntarle a él. Es fácil investigar, cotizamos en la Bolsa Boliviana de Valores, donde todo es transparente”[6].

Ubicación privilegiada

  Oscar Ortiz manifiesta que los supuestos intereses de Gill Ramírez en Gravetal estarían dados por la ubicación privilegiada de su complejo agroindustrial a orillas de Arroyo Concepción, en el municipio Puerto Quijarro de la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, donde se beneficia de las ventajas que ofrece la Hidrovía Paraguay-Paraná, sobre la cual tiene montada gran parte de su operación logística y gran cantidad de proyectos a futuro.

   Refiere que en ese mismo sitio opera también la Sociedad Administradora de Puertos Continental (SAPCON), la cual es igualmente una empresa de su propiedad dedicada a prestar servicios portuarios, de transporte, manipulación de carga, depósito y/o almacenamiento en instalaciones portuarias.

  Cuando se produjo la compra de Gravetal, en Bolivia se volcaron las miradas hacia esta operación, pues se trataba de una compañía de capital privado con gran influencia en el sector agroindustrial aceitero de Santa Cruz, asociada con otra empresa de capitales públicos vinculados al gobierno en tiempos de Hugo Chávez. “Entre el empresariado cruceño la susceptibilidad se despertó principalmente a partir del hecho de que, si Gravetal estaba a la venta, y es una empresa vital para mantener el equilibrio de precios en la agroindustria aceitera nacional, ¿por qué no se manifestaron los inversionistas bolivianos?”, expresó el senador.

   Se hace eco de las interrogantes en la nota de Hoy Bolivia se formulan acerca de los supuestos intereses políticos que a Monómeros Colombo Venezolanos tendría en Colombia y que apuntarían al ámbito ideológico.

  Subraya, además, la evidente relación existente entre Gravetal y funcionarios de la alta cúpula gubernamental de Evo Morales, transparentada en el hecho de que entre marzo de 2009 y julio de 2010, Sebastián Rivero Guzmán, hermano de la diputada del MAS y exministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Susana Rivero Guzmán, formó parte del directorio de la empresa y luego fue Gerente de Logística hasta el 17 de agosto de 2015, cuando renunció.

   Ortiz sostiene que, para el mes de junio del 2019, figuraban como accionistas de Gravetal, Inversoja S.A. con 298.262 acciones (99 por ciento del capital social), Katarina María Emilia Gumucio Stambuk (exdelegada presidencial de Evo Morales en Cochabamba) con 1.506 acciones (0,5 por ciento del capital social); y Juan Valdivia Almanza, exdiputado por el MAS, con 1.506 acciones (0,5 por ciento restante del capital).

  Juan Valdivia Almanza también figura como presidente del Directorio de Gravetal y Katarina María Emilia Gumucio Stambuk aparece como directora suplente.

Hombre de medios

  En julio de 2008 Carlos Gill Ramírez llegó a Bolivia luego de comprar el periódico La Razón, una decisión que adoptó, según él mismo informó, cuando sus socios del Grupo Prisa le hicieron el ofrecimiento.

  Otras versiones apuntan que, al llegar Gill a Bolivia, fue presentado al entonces vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, por el exembajador de Venezuela en Bolivia Julio Montes Prado[7].

   Por cierto, la compra de La Razón en Bolivia habría tenido eco en Venezuela donde, según una investigación de Armando.Info que cita Página Siete[8], Carlos Gill Ramírez estaría detrás de la compra masiva de El Universal y Últimas Noticias, cuya línea editorial cambió drásticamente a favor del chavismo después de pasar a las manos de sus nuevos propietarios, cuya identidad se ha mantenido blindada.

 “En una nota titulada ‘Citizen Gill’, haciendo eco de la afamada película de la década de los años 40 Citizen Kane, que retrata la vida de un empresario de la prensa, el periodista Alfredo Meza describe las operaciones de Gill. Meza recuerda que el flamante presidente de El Universal, nombrado después del traspaso de las acciones, es Jesús Abreu Anselmi, que es hermano gemelo del presidente del directorio de Ferroviaria Oriental, Enrique Abreu Anselmi, nombrado en ese cargo por Gill. Según el portal web venezolano, Enrique representa, como presidente del directorio de Ferroviaria Oriental, los intereses de Gill, de acuerdo con datos oficiales que recolectó de la ASFI”.

  El trabajo periodístico explica que se constituyeron dos empresas, a saber Latam Media Holding, en Inglaterra, y Epalisticia, en España, respectivamente, como camuflaje de los verdaderos compradores bajo una figura que esconde la identidad de los dueños. Son sociedades creadas para llevar a cabo determinadas operaciones, en este caso, la compra de los citados medios de comunicación.

   La nota subraya que esta fue la modalidad adoptada para la compra de La Razón y Extra en Bolivia, que fueron adquiridos por la empresa Akaishi, “también abierta en España unos meses antes de la operación y también constituida con 3.500 euros de capital, el mínimo exigido por las normas españolas. Al igual que Epalisticia, Akaishi no tenía página web, no tenía ejecutivos contratados, no daba servicios y tenía como domicilio legal un edificio en el que operan varias entidades similares. Se sabe que, a principios de 2013, Jaime Iturri, director de ATB, y Marcelo Hurtado, gerente general, se trasladaron a Barcelona para cambiar los nombres de los accionistas de Akaishi”.

  La nota recoge las afirmaciones del periodista Raúl Peñaranda Undurraga, las cuales son producto de su investigación vertidas en su libro “Control remoto”, donde relata estos procesos de adquisición de medios de comunicación , tanto en Venezuela como en Bolivia, presuntamente por parte de Gill Ramírez.

  Peñaranda Undurraga narra que el empresario constituyó a su llegada a Bolivia la Fundación S.XXI, la cual se encargaría de la exportación de textiles bolivianos a Venezuela. Este negocio serviría para paliar los efectos de la pérdida que Bolivia experimentaba por la aplicación de la “Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga”, (ATPDEA por sus siglas en inglés), con Estados Unidos. Gill Ramírez iba a ser el nexo del gobierno boliviano con la empresa Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA), encargada de promocionar la venta de los textiles.

  El libro de Peñaranda narra que con el arribo de Carlos Gill a Bolivia se destrabaron las negociaciones del Grupo PRISA para la venta de La Razón, acordándose que el empresario venezolano tomara el control del citado diario y de Extra.

Akaishi: la empresa vehículo

  Como ya se dijo líneas arriba, la compra de La Razón se llevó a través de la empresa Akaishi, la cual se convirtió en el vehículo de la operación con el Grupo Prisa, de tal manera de poder mantener la identidad de Carlos Gill en resguardo.

  Indica el periodista que la operación de venta se materializó el 1º de octubre de 2008 con la intermediación de la vicepresidencia boliviana, aunque sólo se hizo pública hasta enero de 2009. Para abril de 2010 comenzó a decirse que Gill Ramírez había comprado el periódico en medio de un intercambio de acciones de una red de TV norteamericana que poseía. Eso sí, agrega que las presiones del gobierno boliviano para con el Grupo Prisa para que vendiera el diario, comenzaron desde antes de la llegada de Gill Ramírez al país, mediante inspecciones técnicas, visitas de los agentes de impuestos, entre otras.

  El Grupo Prisa informó el 20 de enero de 2009 a la Comisión Nacional de Valores de España, que había transferido el 25 por ciento de sus acciones de ATB a una empresa domiciliada en Barcelona, denominada Akaishi Investments S.L.

  De acuerdo con el portal eInforma[9], Akaishi Investments S.L. es una empresa ya extinguida, inscrita el 28 de agosto de 2008 en el Registro mercantil de Barcelona, cuyo domicilio era Plaza Catalunya, 20, Piso 9, municipio Barcelona, provincia Barcelona. Su Código de Identificación Tributaria (CIF) era B64938350.

  El objetivo social de la compañía era la “adquisición, tenencia, disfrute y administración, dirección y gestión de títulos valores y/o acciones representativas de los fondos propios de sociedades salvo instituciones de inversión colectiva, etc. (…) La clase CNAE a la que pertenece es 6420 - Actividades de las sociedades holding (…) La cifra aproximada del capital social de esta empresa es De 0 a 3.100 €. La cantidad de actos existentes en el BORME es de 12 y aparece dada de alta en la provincia Barcelona del Registro Mercantil”.

  El portal Axesor agrega que “Su último depósito de cuentas disponible es el de 2014 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 22/11/2016, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 222, Referencia 470478. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 14/11/2016, Tomo 40747, Folio 40, Sección 8, Hoja 373603, Inscripción 5. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Akashi Investments SL ha sido Nueva información de crédito, el 24/11/2016”[10].

  La Comisión Nacional de Valores de España informó que la venta fue por USD 4,1 millones de dólares. El restante 75 por ciento de las acciones estaba en manos de La Razón, adquiriendo también sobre ellas, Akaishi Investments S.L., la opción de compra, así como del diario Extra.  

  Akaishi Investments S.L. carecía de página web, ni tampoco tenía ejecutivos contratados, no ofrecía servicios y su dirección también lo era de varias entidades similares.  

  A inicios de 2013, el director de ATB, Jimmy Iturri Salmón, así como Marcelo Hurtado Sandoval, gerente general, fueron a Barcelona para cambiar los nombres de los accionistas de Akaishi Investments S.L., cuenta Peñaranda Undurraga en su libro, donde agrega que el 29 de octubre del año 2015 Iturri Salmón anunció que compraría La Razón por USD 4,5 millones. Subraya el periodista que Carlos Gill Ramírez niega ser propietario de ATB, aunque admite la propiedad de La Razón y Extra.

   Hace referencia a una investigación que adelantó con el senador Arturo Murillo Prijic, en la que establecieron la estructura accionaria de La Razón y de los socios de las empresas accionistas de Comunicaciones El País S.A., propietaria del periódico La Razón, las cuales conducen directamente a Carlos Gill Ramírez.
   Tal estructura fue construida a partir de las actas de las asambleas de accionistas de Comunicaciones El País S.A. en la que figuran una red de empresas, a saber, Inversiones Grupo de Prensa IGMC S.A., Inversiones en Radiodifusión S.A., Informaciones Extra S.A., Kimarcus S.R.L, en la que los nombres de Alejandro Antezana Salvatierra, Rafael Enrique Abreu Anselmi, Carlos Rodolfo Gill Márquez y Josefa María Gómez de Gill, son los denominadores comunes.

  Entretanto, las actas de asamblea de accionistas de la empresa Illimani de Comunicaciones S.A., dan cuenta de que esta es propietaria de la Cadena de Televisión ATB. Mientras tanto, Comunicaciones El País S.A. posee a Inversiones en Radiodifusión S.A. y esta es dueña de 25 por ciento del capital social de Akaishi Investments S.L. y de74,99 por ciento de Inversiones L.G. S.A. Marcelo Hurtado Sandoval posee 0,01 por ciento y figura como apoderado y representante de tanto de Akaishi como de Inversiones L.G., con lo que, aun teniendo una participación accionaria mínima, controla la sociedad y representa a socios corporativos.

   La investigación estableció que detrás de las empresas propietarias de ATB, estaba Akaishi Investments, S.L. con 99,98 por ciento por ciento del capital social, representada por Marcelo Hurtado Sandoval en calidad de persona natural como propietario de una acción y Walter Zuleta Buitrago también con una acción.
   Si bien las actas de accionistas de Illimani de Comunicación S.A. no muestran a Carlos Gill Ramírez, sí refieren la participación de Inversiones en Radiodifusión S.A. con 0,2238 por ciento del capital social de Comunicaciones El País S.A.

   Marcelo Hurtado Sandoval juega un papel central en las empresas involucradas, Inversiones en Radiodifusión S.A., Akaishi Investment, S.L. e Inversiones L.G. S.A.
  Sobre esta negociación, la periodista Lupe Cajías de la Vega, expresidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz, descalificó la operación en una columna de opinión publicada en Los Tiempos el 13 de octubre de 2017 que reproduce el blog Casos de Corrupción, en la que refiere que “Carlos Gill, esposo de una comunicadora, compró y hundió uno de los más sólidos periódicos paceños al ponerlo al servicio del oficialismo, a pesar del capital inyectado, a pesar de la publicidad estatal, a pesar de heredar un producto diverso y profesional. Lo hizo en silencio, escondido”[11].

Otros medios de Carlos Gill Ramírez

  Además de La Razón y Extra, en Bolivia, Carlos Gill Ramírez es propietario del canal español Vme Tv, la revista Hola de Venezuela y el diario digital venezolano ALnavío. La familia de su esposa es propietaria de El Nacional.

  Como también se informó anteriormente, Gill Ramírez forma parte del Grupo Prisa, propietario del diario El País de España, entre otros.


[1] Noticias Candela. “Con empresas fantasmas guisaron a Banorte”. 26 de octubre de 2012. https://www.noticiascandela.informe25.com/2012/10/banorte-habria-entregado-creditos.html

[2] Economy 21. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-us-320-millones

[3] Página Siete. “Gill y Zapata, empresarios proMAS con negocios millonarios”. 7 de febrero de 2016. https://www.paginasiete.bo/opinion/andres-gomez-vela/2016/2/7/gill-zapata-empresarios-promas-negocios-millonarios-85955.html



[4] Hoy Bolivia. “¡Vendida!: Gravetal se queda en manos de capitales venezolanos”. 17 de junio de 2008. https://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=3060

[5] Correo del Sur. “Elevan la polémica sobre la propiedad de cinco empresas”. 16 de diciembre de 2019. https://correodelsur.com/politica/20191216_elevan-la-polemica-sobre-la-propiedad-de-cinco-empresas.html



[6] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. Sin fecha. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico



[7] Rimay Pampa. “¿Tráfico de influencias? Zapata y Gill, dos empresarios proMAS con negocios millonarios”. 6 de febrero de 2016. https://rimaypampa.blogspot.com/2016/02/trafico-de-influencias-gill-y-zapata.html

[8] Página Siete. “Carlos Gill, detrás de la compra de El Universal”. 20 de diciembre de 2014. https://www.paginasiete.bo/ideas/2014/12/21/carlos-gill-detras-compra-universal-41913.html



[9] eInforma. Akaishi Investments S.L. (Extinguida) https://www.einforma.com/informacion-empresa/akaishi-investments

[10] Axesor. Akaishi Investments S.L. Barcelona. https://www.axesor.es/Informes-Empresas/5487208/AKAISHI_INVESTMENTS_SL.html



[11] Los Tiempos. “Gill no es un Gil” en Casos de Corrupción. 13 de octubre de 2017. http://casosdecorruptos.blogspot.com/2017/10/adecuado-el-titulo-gill-no-es-ningun.html