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viernes, 19 de marzo de 2021

El juicio por narcotráfico contra Geovanny Fuentes Ramírez desnudo a los últimos tres presidentes de Honduras

   Las conexiones de Geovanny Fuentes Ramírez con presidentes y altos funcionarios de Honduras fueron expuestas en un proceso judicial que tiene lugar en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 


Por Maibort Petit


  De acuerdo al exlíder del cártel de Los Cachiros, el narcotraficante siempre ha procurado y conseguido amparo a sus actividades delictivas de varias administraciones de gobierno hondureño. Ante el juez y 12 jurados, aislados en un  cubículo  de madera debido a la pandemia, Devis Leonel Rivera Maradiaga describió los encuentros y momentos en que entregaron a los últimos tres mandatarios de Honduras, Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández  miles de dólares para garantizar que el poder político estuviera del lado de la gran industria del narcotráfico y protegiera a sus principales figuras y la valiosa mercancía.

   Durante su largo testimonio ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el exlíder del cártel de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testigo de la fiscalía en el juicio que en esa instancia judicial se le sigue a Geovanny Fuentes Ramírez, dio a conocer detalles de las relaciones que este último ha mantenido con presidentes y altos funcionarios de Honduras, a objeto de lograr la protección a sus actividades de narcotráfico.


  En este sentido, Rivera Maradiaga dijo que Fuentes Rivera coordinaba el envío de drogas con el tesorero del gobierno hondureño durante el régimen de Roberto Micheletti.


   Explicó que, en 2013, Geovanny Fuentes Rivera le pidió prestado USD un millón para un cargamento de 2.000 kilogramos de cocaína proveniente de Colombia.


   Aseguró que él y su hermano, Melvin Sanders (a) “Metro” y Geovanny Fuentes Rivera se reunieron en persona con Javier Hernández Mejía, también conocido como “Javier Choloma”, tesorero del gobierno hondureño en la administración de Micheletti, administrador de “Los Cachiros”, acusado de lavado de dinero en Honduras y preso desde 2018.


   Sobre el préstamo de dinero que le solicitó Fuentes Ramírez, Devis Rivera Maradiaga refirió que le respondió que lo pensaría y, posteriormente, conversó con Javier Hernández Mejía quien le informó que el hoy acusado había arreglado con el empresario Fuad Jarufe, los detalles sobre la recepción de las drogas provenientes de Colombia en Puerto Cortés. El secretario de gobierno le haría desaconsejado hacer negocios con Fuentes Ramírez.

  Del mismo modo, Rivera Ramírez informó que Javier Hernández Mejía le dijo que “Metro” estaba considerando transferirle los derechos de propiedad del club de fútbol Atlético Choloma, debido a los problemas que estaban teniendo con el laboratorio de drogas. Esto habría ocurrido luego del asesinato del policía involucrado en la investigación, por lo que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) —oficina hondureña encargada de combatir el narcotráfico— decidió ir tras “Metro”.


  Rivera Maradiaga le apuntó ante la corte que, para ese entonces, las relaciones de él y Geovanny Fuentes Ramírez no eran muy buenas, pues este último estaba disgustado porque no le había querido prestar el millón de dólares.


  Los sobornos a Juan Orlando Hernández, Manuel Zelaya y Ricardo Álvarez


  En su testimonio ante la Corte de Nueva York, Devis Rivera Maradiaga aseguró que el cartel de “Los Cachiros” sobornó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en 2012 con USD 250.000.


  El objeto de la coima era la protección del gobierno, la garantía de que los integrantes de Los Cachiros no serían extraditados, así como seguir recibiendo contratos del gobierno con fines de blanqueo de capitales.


   La entrega del dinero en efectivo se hizo a través de la hermana del mandatario, Hilda Hernández —muerta en 2017 en un sospechoso accidente de helicóptero— involucrada en varios casos de corrupción.


   Se conoció que los hermanos Rivera Hernández se reunieron en 2014 con Tony Hernández, hermano del presidente Hernández quien prometió pagar varios contratos de los primeros. A cambio de este favor, Tony Hernández recibió USD 50.000 en efectivo en el restaurante Denny's de Tegucigalpa.


  Las coimas de “Los Cachiros” también alcanzaron Juan Manuel Zelaya Rosales en 2006, a quien le pagaron USD 500.000, a cambio de nombrar a un primo de Rivera Maradiaga como ministro de Seguridad, pero esto no sucedió cuando Zelaya asumió el cargo.


   Entre otras revelaciones a la corte, Devis Rivera dijo que, en 2012, “Los Cachiros” pagaron USD 500.000 al actual vicepresidente, miembro del Partido Nacional, Ricardo Álvarez. Este prometió que no extraditaría a Los Cachiros a Estados Unidos y también seguir otorgándoles contratos a sus empresas fachada. Otro compromiso fue eliminar la ley de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Sin embargo, Álvarez, quien aspiraba a la presidencia hondureña, no ganó las elecciones.




lunes, 15 de febrero de 2021

Tarek William Saab: El 'garante' de la legalidad que está en deuda con la justicia

 Ante los múltiples señalamientos de supuestas irregularidades en negociaciones detrás de las cuales estaría su mano, el actual titular del Ministerio Público mantiene un silencio absoluto.

Por Maibort Petit

   Resulta incomprensible que quien tenga sobre sí la responsabilidad de 'garantizar' la supuesta 'legalidad' en el país, se encuentre en deuda con la justicia al no haber respondido a una serie de denuncias en su contra relativas a negociaciones irregulares y a los señalamientos que indican su presunta tendencia a esconderse tras la figura de testaferros. Se trata del fiscal general de la república designado por la ilegal asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, a quien su antecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz, lo relacionó con el otorgamiento de doce contratos a la empresa Constructora Conkor C.A.[1], cuyos dueños, supuestamente, serían prestanombres del actual representante del Ministerio Público[2].

 El asunto consiste en una enrevesada situación en la que los acusadores también son acusados y que, aun cuando lleva varios años de haberse develado, no se ha aclarado a la opinión pública la naturaleza de los irregulares hechos.

 Saab denunció el 31 de agosto de 2017, un supuesto desfalco millonario contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por más de USD 200 millones el cual se materializó mediante los contratos cedidos a las 12 empresas que operaban en la Faja Petrolífera del Orinoco. Ambos fiscales por lo menos coincidían en señalar a la FPO como eje neurálgico de la corrupción imperante en la que por años fue la principal industria del país. Sin embargo, Tarek Saab evitó hacer mención de Pedro León Rodríguez limitándose a acusar a Ortega Díaz por no haberle dado curso a las investigaciones. Algo que niega Ortega Díaz, quien asegura que durante su gestión ordenó la detención de Pedro León Rodríguez.

   Quien era conocido como el zar de la FPCO, fue uno de los hombres de confianza del finado expresidente, Hugo Chávez, quien lo puso al frente de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), encargada de la administración de los negocios en la Faja y de las negociaciones con las 21 empresas mixtas que operan alrededor del proyecto en los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro. De allí pasó al cargo de director ejecutivo de la FPO, donde habría dado rienda suelta a las irregularidades en contratos entregados a por lo menos 35 empresas. En su contra se emitió una orden de arresto el 4 de febrero del citado año, pero huyó del país rumbo a República Dominicana.

  ¿Por qué el silencio de Saab respecto a León Rodríguez? La respuesta estaría en los señalamientos iniciales de Luisa Ortega respecto a la propiedad de Constructora Conkor C.A., cuyos dueños titulares simplemente serían testaferros de Saab, según acusa la exfiscal. Vale recordar que la citada empresa ha estado vinculada a Tarek Saab desde sus tiempos como gobernador del estado Anzoátegui, posición desde la que habría ordenado o influido en ese tiempo en el otorgamiento de contratos por más de USD 2.000 millones en contratos de entes públicos, la mayoría en el área petrolera y de construcción de obras públicas. Las empresas beneficiarias supuestamente formarían parte del entorno del exgobernador y actual fiscal. Esta es la sospecha de investigadores tanto en Venezuela como en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia lo incluyó como objeto de sus averiguaciones.

   De acuerdo a lo recabado por las agencias federales estadounidenses, entre octubre de 2003 y julio de 2016, Constructora Conkor C.A. suscribió más de 40 contratos multimillonarios de empresas controladas por PDVSA que operan en la FPO y en otros proyectos conjuntos con la estatal petrolera venezolana que sumarían más de USD 2.000 millones. Se ha sabido que, en tiempos de Saab en la gobernación de anzoatiguense, la empresa fue beneficiaria de millonarios contratos tanto en bolívares como en dólares, que muchas veces fue denunciada por dejar las obras inconclusas.

  Los vínculos de Tarek Saab se extenderían también a otros empresarios acusados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el año 2012, a saber, Alejandro Josue Koury Guevara y Elías Ramón Ruiz Mazzeo[3] [4].

   Pedro León Rodríguez fue detenido el 2 de septiembre de 2017, en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de Porlamar, estado Nueva Esparta, tras arribar en vuelo al país procedente de República Dominicana[5]. Un arresto que Luis Ortega Díaz puso bajo sospecha, pues según aseguró fue el mismo gobierno el que mandó a buscar al funcionario en un avión privado propiedad de la empresa Líder Airlines e identificado con las siglas YV-3209. Para ella, el régimen negoció con el ex zar de la FPO y llegó a un acuerdo para que este dirija sus acusaciones en contra la ex-titular del ministerio público. Sostiene que Tarek William Saab "inventa delitos" y construye expedientes para inculparla.

  En esta guerra de acusaciones mutuas, Saab asegura que Ortega y su esposo, el ex-diputado, Germán Ferrer, dirigen una red de extorsión que se habría beneficiado de contrataciones públicas, de que habría encubierto a empresarios corruptos y de poseer cuentas bancarias en las Bahamas por unos USD 6 millones[6].

 El representante de Conkor en el contrato que a continuación presentamos como ejemplo de los muchos suscritos bajo supuestas condiciones de irregularidad,

 A continuación, presentamos uno de los contratos suscritos por Conkor y PDVSA Petróleo.

El contrato

 PDVSA Petróleo S.A., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), representada por Pedro León, director ejecutivo de Producción Faja Petrolífera del Orinoco, por una parte y, por la otra, Constructora Conkor C.A., representada por su director ejecutivo, Alejandro Ruiz Mazzeo, suscribieron el contrato de obra identificado con el número 4600060550.

  El contrato tenía por objeto el que la referida contratista ejecutaría con su propio personal, herramientas, materiales y equipos, una serie de trabajos relacionados con obras civiles, mecánicas, eléctricas y de instrumentación que se detallan en el Anexo A de acuerdo al pliego de contrataciones/especificaciones Nº 1300256789.

  Las obras se llevarían a cabo en el patio de tanques de Morichal y estarían dirigidas a la correcta instalación e interconexión de los equipos del mismo.

  Las obras debían ejecutarse, de acuerdo a lo que dicta la cláusula segunda, de acuerdo a lo previsto en el Anexo B, el cual estableció un plazo de 365 días calendario.

   El plazo se contaría desde la fecha de la firma del Acta de Inicio por los representantes autorizados de las partes, hasta la recepción provisional del contrato, aunque este consideraría vigente, hasta tanto no se produjera la recepción definitiva de la obra.

  El contrato podía prorrogarse por el tiempo que PDVSA Petróleo lo estimase conveniente. Igualmente podía ser renovado pro acuerdo de las partes.

 El referido anexo también fijó el precio del contrato, indicándose que PDVSA Petróleo S.A. pagaría a Constructora Conkor C.A. Bs. 4.112.702.281,06 y USD 707,853,37, para un monto global de Bs. 4.117.161757,29.

  Se escogió la modalidad de Precio Unitario, advirtiéndose que la petrolera solamente reconocería el pago de las porciones de la obra realmente terminadas y aceptadas.

  PDVSA Petróleo reconocería variaciones en el precio del contrato que fueran consecuencia de medidas legislativas y administrativas de las autoridades competentes, así como por aumentos de los costos de labor por convenciones colectivas.

REFERENCIAS

[1] Constructora Conkor. https://www.conkor.com/es/


[2] Venezuela Política. “Ortega Díaz denuncia esquema de corrupción: Constructora Conkor recibió 12 contratos para operar la Faja Petrolífera del Orinoco”. 5 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/09/ortega-diaz-confirma-que-constructora.html


 


[3] Venezuela Política. “PRIMERA PARTE: Denuncian red de empresas ligadas a Tarek William Saab”. 1 de mayo de 2017.  https://www.maibortpetit.info/2017/05/primera-parte-denuncian-red-de-empresas.html


[4] Venezuela Política. “SEGUNDA PARTE: Empresarios vinculados a Tarek William Saab acusados por EEUU de lavado de dinero proveniente del narcotráfico”. 2 de mayo de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/05/segunda-parte-empresarios-vinculados.html


[5] Efecto Cocuyo. “Detienen en aeropuerto de Porlamar a exjefe de la Faja Petrolífera del Orinoco”. 2 de septiembre de 2017. https://efectococuyo.com/sucesos/detienen-en-aeropuerto-de-porlamar-a-exjefe-de-la-faja-petrolifera-del-orinoco/  


[6] Vértice. “Los negocios secretos de Tarek William Saab”. 18 de diciembre de 2017. https://vertice.news/los-negocios-secretos-de-tarek-william-saab-e70290cd5de0


viernes, 4 de septiembre de 2020

El FARO: [Tal como lo hizo el FMLN] Gobierno de Bukele negocia con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral para su partido

 Por Maibort Petit

    El Faro, un medio de investigación periodístico de El Salvador, desató un escándalo en el pequeño país centroamericano al dar a conocer evidencias sólidas que prueban que el gobierno de Nayib Bukele negoció con los pandilleros asesinos de la Mara Salvatrucha 13, para reducir los homicidios a cambio de beneficios procesales. También se negoció apoyo electoral para el partido del actual jefe de Estado para lograr una mayoría parlamentaria en las elecciones previstas para el 2021. El Congreso ha servido como factor determinante ante la conducta autoritaria de Bukele, quien se atrevió a presentarse con los militares en el Parlamento para someter a los diputados para que aprobaran sus proyectos. 

   Un reportaje de los periodistas: Carlos Martínez, Óscar Martínez, Sergio Arauz y Efren Lemus deja ver cómo Bukele se deja arrastrar por cuestionables estrategias para lograr cumplir con su promesa de bajar los homicidios en El Salvador.  Lo mismo que hizo Mauricio Funes en 2012, lo hace Bukele en 2020, sin observar las graves consecuencias que trajo aquel intento de acabar con el crimen organizado, dejando de lado las reglas de ese país.

A continuación reproducimos el reportaje de El Faro titulado: Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral publicado el 3 de septiembre de 2020.

     Documentos oficiales del Ejecutivo registran desde junio de 2019 negociaciones del actual Gobierno con líderes encarcelados de la MS-13. A lo largo de los meses se pactó la reducción de homicidios y se discutieron beneficios carcelarios y apoyo electoral para Nuevas Ideas en 2021. El Faro obtuvo cientos de páginas de informes de inteligencia penitenciaria y libros de novedades de dos cárceles de Máxima Seguridad, que prueban encuentros del director de Tejido Social, Carlos Marroquín, y del director general de prisiones, Osiris Luna, con líderes pandilleros. En 14 de las visitas participaron encapuchados que entraron a cárceles sin identificarse. Al menos uno de esos visitantes era un líder pandillero en libertad. 

   Las pruebas de que el Gobierno de Nayib Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha 13 son documentos oficiales del propio Gobierno.

   El Faro tiene en su poder copias de cientos de reportes del sistema penitenciario que confirman decenas de reuniones secretas entre funcionarios y líderes pandilleros desde junio de 2019 e informes de inteligencia que explican lo pactado en esos encuentros. Los representantes del Ejecutivo y la MS-13 han negociado la reducción de homicidios, beneficios carcelarios y promesas de largo plazo vinculadas al resultado de las elecciones legislativas de 2021.

  El propio Gobierno –a través del sistema penitenciario– ha documentado con gran nivel de detalle algunas de las interioridades de su negociación con esa organización criminal. Las evidencias en poder de El Faro registran los recurrentes ingresos del director general de Centros Penales, Osiris Luna, y del director de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, acompañados por hombres encapuchados, para sostener encuentros con los principales cabecillas de la pandilla en Zacatecoluca e Izalco Fase III.

  Los registros penitenciarios, firmados y sellados, abundan en nombres de funcionarios y de pandilleros que participaron en los encuentros, horas de ingresos y salidas, apuntes de irregularidades que rayan en lo ilegal, placas de vehículos, detalles sobre la localización de las celdas o de los espacios donde han ocurrido las reuniones. También incluyen informes confidenciales de inteligencia penitenciaria, elaborados por los directores y subdirectores de las cárceles a partir de información proporcionada por reos que colaboran con las autoridades. A esa información, los agentes de inteligencia de esta administración la calificaron de “fidedigna” en memorandos oficiales.

  El informe que el Inspector Jairo Humberto Solís Molina remitió al director de Izalco fase III, fechado también el 12 de agosto en el que reporta una serie de “anomalías” entre miembros de la ranfla de la MS-13 y “personal del gobierno”, donde informa que el día 7 de agosto “vinieron nuevamente” gente del gobierno y “unos encapuchados que son ranfleros de la calle”, donde identifican al “Ay” de Iberias y que se reunieron con el Macaco de Stoner y el Baby de City. En el informe se consigna que el Ay les dijo que había ido a Zacatecoluca y que tengan paciencia porque “esto va a cambiar muy pronto”.

   El informe que el Inspector Jairo Humberto Solís Molina remitió al director de Izalco fase III, fechado también el 12 de agosto en el que reporta una serie de “anomalías” entre miembros de la ranfla de la MS-13 y “personal del gobierno”, donde informa que el día 7 de agosto “vinieron nuevamente” gente del gobierno y “unos encapuchados que son ranfleros de la calle”, donde identifican al “Ay” de Iberias y que se reunieron con el Macaco de Stoner y el Baby de City. En el informe se consigna que el Ay les dijo que había ido a Zacatecoluca y que tengan paciencia porque “esto va a cambiar muy pronto”.

  Esos documentos dejan registro de lo negociado a lo largo de los meses en visitas a las cárceles, que va desde pequeños beneficios cotidianos iniciales, como permitir en las cárceles de pandillas la venta de Pollo Campero, pizza, pupusas o golosinas; o trasladar a algunos custodios que los pandilleros consideraron muy agresivos; incluyó revertir a mediados de este año la decisión tomada en abril pasado de juntar a miembros de pandillas contrarias en las mismas celdas; y llega hasta la promesa hecha por los funcionarios del Ejecutivo de reblandecer el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y dar a los pandilleros “beneficios” en caso de que el Gobierno logre control del poder legislativo tras las elecciones de febrero de 2021.

  Los documentos oficiales confirman que algunos de esos acuerdos ya comenzaron a materializarse: en un memorando enviado por el subdirector del penal de Zacatecoluca al director de ese centro el ocho de agosto, se asegura que fue el propio Osiris Luna quien ordenó revertir la decisión de mezclar a pandilleros contrarios en las celdas, para volver a la modalidad de celdas exclusivas para cada pandilla. Una fuente de Centros Penales aseguró a este periódico que la medida se ha revertido en todas las cárceles de pandillas. 

  La decisión de mezclar pandilleros contrarios en las mismas celdas fue anunciada con bombo y platillo por el Gobierno. El 26 de abril, el mismo Luna escribió en su cuenta de Twitter: “Este día se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todos los @CentrosPenales de Seguridad. ¡El Estado se respeta!”. El mismo presidente Bukele alardeó la medida en su cuenta oficial un día después: “De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentros (sic), en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”. La reversión, por el contrario, no ha sido pública.

  En este memorando enviado por el subdirector del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca al director de ese centro el ocho de agosto, se asegura que fue el propio Osiris Luna quien ordenó revertir la decisión de mezclar a pandilleros contrarios en las celdas, para volver a la modalidad de celdas exclusivas para cada pandilla. Una fuente de Centros Penales aseguró a este periódico que la medida se ha aplicado en todos las cárceles de pandillas.

   En este memorando enviado por el subdirector del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca al director de ese centro el ocho de agosto, se asegura que fue el propio Osiris Luna quien ordenó revertir la decisión de mezclar a pandilleros contrarios en las celdas, para volver a la modalidad de celdas exclusivas para cada pandilla. Una fuente de Centros Penales aseguró a este periódico que la medida se ha aplicado en todos las cárceles de pandillas.

  A cambio de estas concesiones, la pandilla con más miembros en el país se comprometió desde un inicio a cerrar “las válvulas” de asesinatos y, más recientemente, a “apoyar”, según dicen textualmente documentos de inteligencia penitenciaria, en las elecciones venideras a Nuevas Ideas. “El otro año vienen elecciones y como Barrio (dicen los ranfleros) vienen a apoyar a este partido nuevo”, se lee en uno de los informes.

  Los documentos hablan de una negociación en curso, donde los acuerdos aún se están perfeccionando y algunas de las promesas del Gobierno son a futuro. Entre las comunicaciones interceptadas hay varias wilas donde los líderes encarcelados ordenan una y otra vez a los pandilleros en libertad que continúen “calmados”, que hay diálogo con el Gobierno. Los documentos y las fuentes que confirman su contenido describen un proceso con altibajos que incluye días de más homicidios o periodos de endurecimiento de medidas dentro de centros penales. 

  2020 está siendo el año menos homicida desde los Acuerdos de Paz, y se encamina a sustituir a 2019 como el año más pacífico. Entre enero y mayo del año pasado se cometieron 1,345 homicidios. En el mismo periodo de este año la cifra fue de 519. El actual Gobierno ha publicitado la reducción de homicidios como uno de sus principales logros.

  No es la primera vez que un acuerdo entre pandillas y Gobierno reduce drásticamente los homicidios. En 2012 El Faro dio a conocer cómo el Gobierno de Mauricio Funes, del FMLN, también intentó negociar en secreto y en diferentes etapas, primero una bajada de homicidios y luego apoyo electoral en las presidenciales de 2014. En aquella ocasión hubo reducciones drásticas en los asesinatos durante dos años, pero el fracaso de esos procesos hizo de 2015 el año más homicida del que el país tenga memoria, con una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes.

  El Faro ha entrevistado a dos fuentes que conocen el funcionamiento de Centros Penales, y que confirmaron la veracidad de los registros que ahora se publican. Ambas fuentes pidieron a este periódico no ser identificadas por temor a que sus vidas se vean en peligro. Tras revisar los documentos en poder de este periódico y reconocer firmas y anotaciones de agentes, una de esas fuentes sentenció: “Estas son copias de los libros de novedades, aquí están las firmas de los custodios que entregan y reciben los turnos”.

  Además, este medio conversó con un líder de la MS-13 que confirmó en varias ocasiones que hay una negociación en curso con el Gobierno actual desde sus primeros meses en el poder. El Faro no publicó antes estas informaciones porque no contaba con la prueba documental que les diera validez. 

   Los libros de novedades que El Faro ha analizado y que publica junto a este reportaje contienen información de reuniones sostenidas entre funcionarios del Gobierno y pandilleros entre el 18 de octubre de 2019, cuatro meses después de la toma de posesión de Bukele, y el viernes 7 de agosto de 2020. Otro documento interceptado por la inteligencia de penales habla de wilas pandilleras que dan cuenta de estas negociaciones desde junio de 2019. 

   Los documentos relatan los ingresos anómalos de personas encapuchadas, que se negaron a identificarse o a dejarse registrar por los custodios y cuya entrada a los centros más estrictos del país fue autorizada personalmente por el director Luna, quien los acompañaba; y confirman el ingreso de al menos un ranflero en libertad, que se hizo pasar por agente de inteligencia para entrar a las prisiones a dar información y a recibir órdenes de sus jefes encarcelados, todo con la anuencia de los directores Luna y Marroquín, quienes lo acompañaron en su ingreso documentado al penal de Izalco el 7 de agosto de 2020.

  Carlos Marroquín, director de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, durante la interpelación que le realizaron los diputados de Arena y FMLN, en una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Secretaría de la Presidencia. 

   Carlos Marroquín, director de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, durante la interpelación que le realizaron los diputados de Arena y FMLN, en una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Foto de El Faro: Secretaría de la Presidencia. 

Los emisarios del “partido nuevo”

  A las cuatro de la tarde del 7 de agosto de 2020, en el penal de máxima seguridad Izalco fase III, a unos 60 kilómetros de San Salvador, el agente Solís asumió su turno de vigilancia en el Centro de Operaciones y Monitoreo, desde el que se controlan las cámaras de seguridad del recinto y se lleva un registro de los eventos observados. A los pocos minutos, realizó la siguiente anotación en la página 10 del libro de novedades: “Visita de la DGCP (Dirección General de Centros Penales) a las 16:10 horas. Se observa mediante cámara el ingreso del director general Osiris Luna, acompañado con el director Marroquín de Tejido Social, con 6 acompañantes más que no dieron identificación, en los vehículos placa P894-393, P844-339, P842-331 y el vehículo del director que no tiene placa. Retirándose a las 18:40 horas.”

   La anotación en el libro de novedades del 7 de agosto, hecha por el agente Solís, no detalla los motivos por los que Luna, Marroquín y las otras seis personas que no se identificaron ingresaron a esa cárcel, ni a quiénes visitaron. Sin embargo, cinco días después, otros documentos oficiales de Centros Penales revelan que ese día la comitiva de encapuchados y funcionarios se reunió con dos poderosos líderes de la Mara Salvatrucha-13 y que algunos de ellos se presentaron ante los pandilleros como emisarios de “un partido nuevo” que velaría por su “bienestar”. Los informes de inteligencia penitenciaria muestran además que, entre los seis misteriosos personajes, entró al penal un líder nacional de la Mara.

White de Iberias

   El día 12 de agosto, el director del penal de máxima seguridad de Izalco Fase III, Rafael Antonio Jiménez Ramos, remitió al director Osiris Luna el oficio 202-DC-2020, dando cuenta de la información que le habían entregado fuentes a las que calificó de “fidedignas”. Ese documento es un informe de inteligencia recabado por el inspector Jairo Humberto Solís, auxiliar de la Subdirección de Seguridad de esa cárcel. En el escrito se alerta, entre otras cosas, que dentro de la comitiva encabezada por el propio Luna aquel 7 de agosto se encontraba un líder pandillero al que sus informantes dentro de la prisión identificaron como el “Ay” de la clica Iberias Locos Salvatrucha.

  Ramos sabía que su jefe, Luna, era parte de la comitiva que entró con los encapuchados ese día, pero aun así hizo el reporte. En el escrito, hace referencia al reporte del inspector Solís, y asegura que hay “unas wilas recibidas por fuentes fidedignas”. “Para tal efecto, se anexan la transcripción de las wilas y el informe en mención”. 

  El director del penal de Izalco fase III hace un oficio de remisión al director general Osiris Luna, fechado el 12 de agosto de 2020. Le dice que el inspector Jairo Humberto Solís Molina (Auxiliar de Subdirección de Seguridad de ese penal) ha elaborado un informe producto de unas wilas recibidas por fuentes “fidedignas”.

  El Faro tiene la cadena de documentos: desde los reportes que los informantes enviaron al inspector Jairo Solís, pasando por el reporte que éste envió al director del penal, hasta el oficio que el director remitió a su superior, Osiris Luna. 

  Los informes de inteligencia se basan en datos proporcionados por reos que han decidido colaborar con las autoridades penitenciarias a cambio de algunos beneficios. Los documentos en poder de El Faro detallan los nombres de esos informantes, pero en este reportaje se omiten para salvaguardar su seguridad. Este medio comprobó que esos informantes existen y están recluidos en el penal citado en los informes. 

  El inspector Solís escribió: “respetuosamente informo a usted de una información que se viene dando por parte de las fuentes fidedignas y en las cuales se refieren a una serie de anomalías (sic) según ellos con miembros de la ranfla de la estructura delincuencial MS-13 y personal del Gobierno que en días anteriores han visitado en este centro penal. Cabe mencionar que la que tiene más relevancia según la fuente es la visita del día 7 de este mes (agosto) en donde vinieron nuevamente personal gente (sic) del Gobierno y con ellos venían unos encapuchados que son ranfleros de la calle…”. 

  Aunque los informantes identificaron a ese pandillero por distintos nombres, como el “Ay” o el “Guay” de Iberias –probablemente debido a su impericia en la pronunciación de palabras en inglés– los agentes de inteligencia penitenciaria han perfilado a Michael Esteban Hernández Estrada como el pandillero que ingresó a Izalco Fase III ese 7 de agosto junto a funcionarios de Gobierno. Hernández Estrada es un hombre de 35 años de edad, identificado por las autoridades como ranflero de la MS-13 a nivel nacional y responsable, según el perfil que consta en los documentos obtenidos, como “encargado de la línea política” de la Mara Salvatrucha-13. Su taka, o apodo es White de Iberias. Cumplió cuatro años de cárcel entre abril de 2009 y abril de 2013 en el hoy clausurado penal de Chalatenango, por robo agravado en grado de tentativa, y no es la primera vez que aparece vinculado a funcionarios del Gobierno de Bukele.

  Hace más de cuatro años, el lunes 21 de diciembre de 2015, la Policía documentó un encuentro entre dos funcionarios de la Alcaldía de San Salvador, entonces liderada por Nayib Bukele, y miembros de la Mara Salvatrucha-13 en el local de la Pizza Hut del centro comercial Multiplaza, en la zona alta de la capital. Uno de los pandilleros en esa cita era un poderoso líder de la pandilla llamado Edwin Ernesto Cedillos Rodríguez, conocido como Renuente, con un amplio prontuario delictivo que incluía la compra ilegal de decenas de fusiles para su pandilla y la planificación del asesinato de funcionarios públicos. El otro pandillero en aquel encuentro era White de Iberias.

  En aquel momento, White no era miembro de la máxima estructura de dirección de la MS-13, pero al parecer había conseguido hacerse de los contactos correctos. La Policía, a través del sistema de intervenciones telefónicas, consiguió escuchar las llamadas con las que él planificó aquella reunión en la Pizza Hut. El Faro tiene copia de esos audios y en ellos se escucha al White, un día antes del encuentro, decir a Renuente en tono socarrón: “Ya te dije: lunes a las 10 en Multiplaza nos vamos a ver todos. Ya sabe el alcalde, culero, ya dijo que simón. ¿No sabés quién soy yo pues, culero?”. Al día siguiente, unos minutos antes de la cita, Renuente le apura para que llegue al encuentro: “Yo quería que ya estuvieras vos ahí. No vaya a ser que nos metan a algún jura ahí o gente que no conozcás vos”, y White, jactancioso, respondió: “N’hombre, si solo va el otro vato y mi contacto. Ahí no hay pedo. Esa gente no juega sucio”.

  El “otro vato” al que se refería White era el entonces concejal capitalino, Mario Durán; y el contacto en el que depositaba su confianza era Carlos Marroquín. La Policía los fotografió aquel día, y después de la reunión detuvo a los funcionarios capitalinos para identificarlos.

  Cinco años después de aquel episodio, que El Faro reveló en 2018, Renuente guarda prisión en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, White de Iberias ha ascendido a la ranfla de la pandilla, Durán es ministro de Gobernación y candidato a alcalde de la capital por el partido Nuevas Ideas, y Marroquín dirige Tejido Social, adscrito a Gobernación.

  El inspector Solís cerró su reporte dirigido al director de Izalco Fase III diciendo que los informantes “les comentaron que (White) había ido a Zacatecoluca y allá están bien y que tengan paciencia que esto va a cambiar muy pronto”. Al final, Solís explica que anexa las wilas originales y su transcripción.

“En Estados Unidos somos el terror”

   Los tres informantes del inspector Jairo Solís coinciden en relatar que la comitiva que ingresó a Izalco Fase III el 7 de agosto se reunió con dos de los principales cabecillas del penal: Macaco de Stoner, de nombre Walter Oswaldo Gómez Villalobos, miembro de la clica Stoner Locos Salvatrucha que opera en Santa Ana; y Baby de City, de nombre José Luis González, de la clica City Paraíso, que controla el Distrito Italia, una urbanización en el municipio de Tonacatepeque, cercano a San Salvador.

   Las fuentes del informe de inteligencia escucharon el contenido de la conversación y luego la remitieron al inspector por escrito. La voz cantante de la charla, dijeron, la llevó White de Iberias, quien ese día había entrado encapuchado en compañía de Luna y Marroquín. En la conversación reportada por los informantes quedó claro que aquello no era el inicio de una negociación con la pandilla, sino la continuación de un proceso que había comenzado mucho antes en el penal de Zacatecoluca, con dos de los líderes históricos de la Mara Salvatrucha 13  a nivel nacional: Borromeo Enrique Henríquez, Diablo de Hollywood, y Carlos Tiberio Valladares, Snyder de Pasadena.

  Según la información de inteligencia penitenciaria, White informó en Izalco a Macaco y a Baby que él ya se había reunido con ambos líderes en Zacatecoluca. 

  Los informes indican que White de Iberias también presumió ante Macaco y Baby de haberse reunido además con los ranfleros en un tercer penal, el de San Francisco Gotera: Guanaco y Mafioso, ambos de la clica City Paraíso. El Faro no tiene registros de esas reuniones.

  En la transcripción oficial de una de las wilas, remitida al director del penal por el inspector Solís, se lee: “También dijo (el delegado del Gobierno) que ahorita no esperemos la visita, porque todo iba a ir paso por paso, porque a ellos (funcionarios) los cargaban en la mira y no quieren que los vayan a tildar que ellos tienen un trato de una tregua porque a nosotros como pandilla MS-13 allá en Estados Unidos nos tildan de que somos el terror. Y estas transacciones solamente (son) como una tapadera, y ellos andan viendo que el otro año son las votaciones y ellos son de un partido nuevo y que andan viendo el bienestar de nosotros los homis”.


Transcripción de una de las wilas que hablan sobre lo ocurrido el día 7 de agosto en Izalco Fase III. La imagen corresponde a un documento de inteligencia penitenciaria que El Faro recibió junto al resto de documentos oficiales. 

 

Transcripción de una de las wilas que hablan sobre lo ocurrido el día 7 de agosto en Izalco Fase III. La imagen corresponde a un documento de inteligencia penitenciaria que El Faro recibió junto al resto de documentos oficiales. 

Lo que el delegado del Gobierno salvadoreño dijo a los pandilleros encarcelados en Izalco no era falso. El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha referido a la Mara Salvatrucha 13 con grandilocuencia. Les ha llamado “cártel MS-13” y también “animales”. “Son la gente más ruda que hayas conocido. Están matando y violando a todo mundo allá. Son ilegales”, dijo en diciembre de 2016.


El Gobierno de Bukele ha lucido en múltiples ocasiones su buena relación con el Gobierno estadounidense. De hecho, casi cuatro meses después de que Bukele asumiera, Trump lo recibió en Washington a finales de septiembre de 2019, e hizo un elogio al presidente salvadoreño: “El Salvador es grande para Estados Unidos, y estamos trabajamos muy bien por la gente y tenemos respeto por usted, y apreciamos lo que hace el presidente (Bukele). Él está haciendo un increíble trabajo contra la MS-13 y lo reconocemos como algo muy valioso”, dijo Trump sentado al lado de Bukele ante varios medios de comunicación.


Trump dijo eso el 25 de septiembre. Tres semanas después, el 18 de octubre, el director de centros penales Luna entraba a Zacatecoluca, según los documentos en poder de El Faro, con personas sin identificarse. Meses atrás, desde junio de 2019, la inteligencia penitenciaria del Gobierno de Bukele había interceptado wilas que mencionan de forma explícita una “negociación con el Gobierno”. 


En el encuentro del 7 de agosto, White dio a los dos pandilleros un mensaje que los informantes transcribieron así: “…Ya fue, ya habló, y el Diablo y Snyder que como barrio (pandilla) el otro año vienen las elecciones y como barrio vienen apoyar este partido nuevo porque ellos nos van a ayudar a derrocar el artículo para obtener el privilegio y con el Diablo y Snyder se van a estar entendiendo con la suma de dinero…(sic)”.


Carlos Tiberio Valladares (alias Snyder de Pasadena), durante actividades relacionadas a la tregua entre pandillas, el  24 de septiembre de 2012. Foto de El Faro: Pau Coll - Ruido Photo/ El Faro.

 

Carlos Tiberio Valladares (alias Snyder de Pasadena), durante actividades relacionadas a la tregua entre pandillas, el  24 de septiembre de 2012. Foto de El Faro: Pau Coll - Ruido Photo/ El Faro.

Durante esa reunión los pandilleros también se quejaron ante los funcionarios de que no recibían programas de formación, de que en las tiendas institucionales no estaban bien surtidas y de que algunos custodios los golpeaban. Uno de los representantes del Ejecutivo, al que en las wilas se refieren como “el viejo del Gobierno” tomó nota de los indicativos de los custodios y se comprometió a removerlos. Los informantes relataron esa solicitud en el documento que remitieron al inspector: “Los homeboys le hicieron ver de que aquí la jura siempre les estaba pegando y el viejo les dijo si teníamos unos indicativos (de) los juras que los golpeaban y los homies les dieron estos: Seco, Pelón, Marino, Corcel, Cafú, Coyote, Dómino y el viejo les dijo que uno por uno los iba a ir echando de este lugar porque dijo que estaba prohibido que los estuvieran maltratando (sic)”.


Al día siguiente del encuentro con Baby y Macaco, el sábado 8 de agosto, el inspector Isabel Martínez Sánchez, subdirector del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, remitió un memorando oficial –firmado y sellado– al director de esa misma cárcel, Rogelio Belarmino García, para informarle de la visita del subdirector general de Centros Penales, Carlos Aparicio, que había sido nombrado en el cargo once días antes. En el memorando deja constancia de que Aparicio llegó al penal a las 8:50 de la mañana con una misión: revertir la medida de mezclar a pandilleros enemigos en las mismas celdas y volver a dejar celdas en las que estuvieran sólo recluidos miembros de la misma organización criminal.


El memorando dice lo siguiente: “Respetuosamente informe a usted que a las 8:50 horas de este día (8 de agosto) ingresó a este centro penal el señor subdirector general de Centros Penales Carlos Aparecio, a bordo del vehículo P125717, quien sostuvo una reunión con el suscrito, la que consistió en preguntar si tenía conocimiento de algún agente que maltrate a los PDL’s (privados de libertad) o que ande en trance. Así mismo dijo que la misión de la Dirección General es apoyar a los programas y también venderles Pollo Campero, Campestre, pizza, pupusas y comida casera por medio de la tienda institucional. Posteriormente nos desplazamos hacia el interior del centro para realizar reubicación de PDL’s en los sectores 3 alta, 3 baja, sector 1 baja, 4 baja, sector 5, sector 6 nivel 1,2 y 3. No omito manifestar que dicha orden fue girada por el señor director general de centros penales de forma verbal, al subdirector general; dicha actividad consistió en dejar las celdas con PDL´s de una sola pandilla. Retirándose de estas instalaciones penbitenciarias a las 17:17 horas (sic)”.


Una medida que fue anunciada con pompa y fotografías por el presidente Bukele y otros funcionarios se ha revertido en secreto y a petición de los propios mareros. 


Carlos Aparicio durante su juramentación como subdirector de Centros Penales. Foto de El Faro: Secretaría de la Presidencia. 

 

Carlos Aparicio durante su juramentación como subdirector de Centros Penales. Foto de El Faro: Secretaría de la Presidencia. 

Estos relatos, documentados en informes oficiales, describen una negociación lenta y concebida por etapas, y coinciden con lo que una fuente de la MS.13 ya contó el 27 de agosto de 2019 a dos periodistas de El Faro: se trata de un pandillero de 38 años, del occidente del país, que era informante de unidades de inteligencia de la Policía y aceptó moverse a la capital para hablar sobre la relación entre la MS-13 y el Gobierno de Bukele, instalado apenas tres meses atrás. En aquella entrevista, el pandillero aseguró que se estaba construyendo un acuerdo con el Gobierno al mismo tiempo que en las calles se estaba reorganizando el mando de la pandilla, ante las complicaciones para comunicarse con la ranfla histórica, como se conoce en la pandilla a la cúpula que lideró el proceso de la tregua a partir de 2012 y fue enviada a máxima seguridad cuando el proceso murió.


El pandillero aseguró en aquel encuentro que su pandilla estaba atenta a los avances de las negociaciones y que de ello dependería que los homicidios se mantuvieran bajos, como en los meses anteriores. Se rehusó a dar más detalles y dijo que lo haría poco a poco, en conversaciones siguientes. El Faro decidió en aquel momento no publicar las afirmaciones de esa fuente por falta de elementos para confirmarlas.


Una de las páginas del libro de novedades de Zacatecoluca a la que este periódico tuvo acceso habla del ingreso de otra comitiva anónima para conversar con tres líderes del Barrio 18 Sureños, pero el documento no incluye la fecha. El resto de documentos en poder de El Faro se refieren exclusivamente a negociaciones de funcionarios con la MS-13.


La tarde del 3 de septiembre, El Faro hizo diferentes llamadas y envió mensajes a varias instituciones gubernamentales y teléfonos personales de quienes aparecen en este reportaje. Se llamó y dejó mensaje en el teléfono de Osiris Luna y también se conversó con su encargado de prensa, a quien se le pidió una reacción. Prometió devolver la llamada pero horas después no lo hizo. Se enviaron mensajes privados de Twitter a Carlos Marroquín y no hubo respuesta a pesar de que la aplicación confirma que vio los mensajes. También se le hicieron llamadas al teléfono personal, donde se le dejó un mensaje de voz.


El Faro llamó además a la secretaria de Comunicaciones de Presidencia, Sofía Medina, pero no atendió las llamadas. Se llamó al encargado de prensa de Gobernación, instancia que controla a la Dirección de Tejido Social, y no hubo respuesta. Se llamó y dejó mensaje en el teléfono personal de Carlos Aparicio, pero no hubo respuesta aunque recibió y abrió los mensajes de Whatsapp. Se llamó por último al teléfono personal de Xavier Zablah, presidente del partido Nuevas Ideas, dos de cuyos candidatos son mencionados en este material. También se le dejó mensaje en la cuenta institucional de Nuevas Ideas en Twitter. No hubo ninguna respuesta.


Los libros de novedades y los encapuchados


Los documentos analizados por El Faro incluyen 108 páginas de los libros de novedades de las cárceles de máxima seguridad de Zacatecoluca e Izalco Fase III durante el último año. Se trata de bitácoras en las que cada custodio de turno anota todo hecho que considera relevante: ingreso de comida, de abogados, de investigadores de la Policía, de ambulancias a recoger a algún interno. Los custodios anotan la hora de entrada y salida de cada visitante y breves descripciones. Los documentos incluyen reportes de relevos entre custodios, cuadros de conteo de reos, placas de vehículos que ingresan al recinto, y también las firmas de quienes rindieron esos reportes diarios.


El Faro ha hecho un análisis cuidadoso de esas páginas y ha omitido detalles que pudieran poner en riesgo a custodios, policías u otros empleados públicos que aparecen en ellas.


Las páginas en poder de este medio registran entre el 18 de octubre de 2019 y el 7 de agosto de 2020 al menos 12 ocasiones en las que el director Osiris Luna ingresó a Zacatecoluca o Izalco Fase III con personas que se negaron a identificarse o que, incluso, cubrieron su rostro con pasamontañas. En tres de esas visitas le acompañaba el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.


Tres de los 12 ingresos irregulares ocurrieron en Izalco, y nueve en Zacatecoluca. En cinco de estas visitas a Zacatecoluca, la comitiva se reunió con Diablo de Hollywood; en tres de esas cinco, también estuvo Snyder de Pasadena. En total se registró la entrada de 20 personas cubiertas con gorros navarone, aunque es posible que una misma persona haya entrado varias veces de esa forma.


Las páginas no explican los asuntos que se trataron al interior del penal, pero sí lo hacen las wilas y reportes de inteligencia que este periódico analizó y que se mencionan en este reportaje. La suma de todos los documentos permite, además, comprender la conexión entre hechos públicos o anuncios gubernamentales a lo largo de los últimos 15 meses, y el diálogo secreto que se sostenía entre el Gobierno y los pandilleros en las cárceles.


El 21 de junio de 2019, 20 días después de asumir la Presidencia, Bukele ordenó por Twitter que se aplicaran medidas extraordinarias en todos los penales del país durante dos semanas, hasta el 5 de julio, pero el 28 de junio supuestos pandilleros secuestraron un bus de la ruta 202 lleno de pasajeros en El Congo, Santa Ana, y violaron a dos mujeres. En respuesta, Bukele ordenó al director Osiris Luna ampliar las medidas extremas de forma indefinida: cierre de tiendas, encierro las 24 horas del día, prohibición de visitas y de programas educativos y recreativos.


Un grupo de custodios se alista para realizar el traslado de miembros de la MS-13, en el penal de máxima seguridad, en Zacatecoluca, el 9 de agosto de 2017. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

 

Un grupo de custodios se alista para realizar el traslado de miembros de la MS-13, en el penal de máxima seguridad, en Zacatecoluca, el 9 de agosto de 2017. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

El 2 de julio, el presidente lanzó la fase II de su plan Control Territorial, con el que prometía acabar con la delincuencia: “Vamos a disputarle la otra parte a las pandillas, siempre he dicho que si se capturan 50 pandilleros ellos terminan reclutando 100, eso debe cambiar, esta es la fase positiva de nuestro plan”, dijo Bukele en la presentación. A su lado estaba Carlos Marroquín, cuya Dirección de Reconstrucción del Tejido Social estaba a cargo de esa segunda fase, centrada oficialmente en trabajo preventivo y políticas para la juventud. Marroquín, oficialmente, se presentaba como pieza indispensable de la estrategia de seguridad pública del Gobierno. 


Dos meses después, el  dos de septiembre de 2019, el presidente Bukele tuiteó una nueva orden para Luna: “Luego de que nuestro país tuviera el mes con menos homicidios desde los Acuerdos de Paz, se ordena al Director @OsirisLunaMeza, levantar totalmente la emergencia en @CentrosPenales. La tendencia a la baja deberá de mantenerse en septiembre. El presidente debe cumplir su palabra”.


Solo tres días después, el 5 de septiembre, un periodista de El Faro escribió al pandillero de occidente del país que en agosto había hablado de que ya existía una negociación entre pandillas y Gobierno: “Mirá, el mes ha empezado violento”. El pandillero contestó con un mensaje de voz: “¿Si no yo le dije, pues? Yo ya le había hecho mención de todo esto”. El periodista escribió: “Solo ayer diez homicidios, dos de ellos por tu zona, en Ahuachapán”. “Les dije que se avecina esto y más. Falta lo mejor, pero yo quiero hablarlo en persona”. 


Se logró tener una reunión con él el 13 de septiembre, otra vez en San Salvador. De nuevo, el pandillero hizo énfasis en que los acuerdos con el Gobierno de Bukele se estaban dando poco a poco y en que, mientras, sería normal ver algunos días en los que los homicidios subieran, como una forma de presión de la pandilla. Aseguró, aun así, que en ese momento ya había una regla para toda la estructura de la MS-13: “pedir permiso al corredor de programa para cometer un homicidio” bajo pena de ser castigado por la pandilla, algo muy similar a lo que ocurrió en los inicios de la tregua de 2012, cuando incluso se creó un grupo interno de la Mara, autonombrado La Familia o La Federación, que era el único que podía autorizar un homicidio.


El pandillero era cauteloso e insistió en hacer sus revelaciones poco a poco, pero tras esa reunión El Faro no logró volver a hablar con él vía mensaje ni en persona.


Un mes después, el libro de novedades del penal de Zacatecoluca registra un ingreso irregular a las 12:40 del 18 de octubre de 2019. Había pasado mes y medio desde la relajación de medidas y el director general Osiris Luna ingresó, según el registro, acompañado del director de Zacatecoluca, Iván Orlando Rivas, y de “los señores Rodríguez, López y Campos”. Dijeron ir a “diligencias oficiales, acceso hasta el sector 2”. El custodio anotó lo siguiente: “Solo se identificaron con un apellido los señores, porque el director general Osiris Luna así se los permitió. De igual forma, les dijo verbalmente que no firmaran protocolo”. El motorista que los llevaba tampoco se identificó. La comitiva se retiró una hora después, a la 1:40.   


Dos meses después, el 12 de diciembre, la inteligencia penitenciaria logró interceptar unas wilas que salían del penal de Izalco Fase III. Iban dirigidas a los homeboys de la calle, y les pedían mantener las cosas calmadas porque “ellos en las calles ya se reunieron y hablaron que teníamos que respetar lo que se había hablado con la gente del Gobierno”. Se decía también que si el Gobierno no cumplía, se iba a “abrir toda la válvula a los homicidios”.


Reducir los homicidios a través de negociaciones secretas con pandillas no es algo novedoso en El Salvador. Tampoco lo es que las pandillas administren -eleven, bajen- las cifras de homicidios como moneda de cambio en esas negociaciones. Ni lo es que en esas conversaciones una de las partes busque beneficios electorales.


En marzo de 2012 el Gobierno, entonces en manos del FMLN, sacó sin anunciarlo a una treintena de líderes de la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18 de la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca y los llevó  a penales ordinarios, desde donde la comunicación con el exterior es más sencilla y podían controlar con menos obstáculos a sus estructuras en las calles. El Faro reveló pocos días después esa negociación, que se conoció como “la tregua” y estaba orquestada por David Munguía Payés, ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de Mauricio Funes. Los resultados, en tanto homicidios, fueron extraordinarios: de 4,371 en 2011 se pasó a 2,594 en 2012. El intercambio de vidas por beneficios carcelarios rindió resultados.


El Faro reveló también en 2016 que a inicios de 2014, pocos meses antes de la elección presidencial que ganó el efemelenista Salvador Sánchez Cerén, tanto el FMLN como Arena trataron de renegociar los acuerdos previos a cambio de apoyo de las pandillas a sus candidatos. Los encuentros de dirigentes de ambos partidos con líderes pandilleros quedaron registrados en video. En esas reuniones no se negociaban vidas, sino votos. Las grabaciones muestran también pagos en metálico a los pandilleros, y promesas de beneficios económicos.


Pero tras las elecciones presidenciales, Sánchez Cerén desmanteló esos acuerdos, y el resultado fue notable: 6,656 homicidios en 2015, el primer año calendario de gobierno del nuevo presidente de izquierda fue el año más violento del que el país tenga registro. Durante los años de diálogo con el Estado, las pandillas conservaron toda su capacidad homicida.


Varios políticos enfrentan procesos judiciales por aquellos ofrecimientos. Entre ellos, Arístides Valencia y Benito Lara, miembros del FMLN, o Munguía Payés, exministro de Seguridad y de Defensa. También Ernesto Muyshondt, actual alcalde de la capital y candidato por Arena a la reelección en 2021. Norman Quijano, actual diputado arenero, logró evitar ser juzgado gracias a que no hubo los votos necesarios para desaforarlo. Sin embargo, pronto terminará su período como legislador y con ello su inmunidad. Todos los anteriores están siendo juzgados años después de que ocurrieran sus negociaciones.


Bukele se ha referido a aquellas negociaciones en su cuenta de Twitter. El 1 de febrero de 2020, tras conocerse nuevos requerimientos fiscales en contra de políticos del FMLN y Arena, el presidente tuiteó: “Arena y FMLN son una basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos”.


Cuando el presidente Bukele tuiteó eso, su director de penales, Osiris Luna, ya había entrado al menos cuatro veces al penal de Zacatecoluca con personas encapuchadas o que no se identificaron, según los documentos que El Faro ahora publica. En una de esas ocasiones, como registran los libros de novedades, Luna llegó con tres anónimos a entrevistarse con Diablo y Snyder, líderes de la MS-13 que también participaron en aquellas negociaciones a las que Bukele se refirió en su tuit.  


El 20 de diciembre de 2019, a las 8:15 de la mañana, siempre en compañía del director Luna, aparecen los primeros enmascarados en los documentos analizados por El Faro. Junto al funcionario, ingresan a Zacatecoluca “3 personas con gorro navarone, las cuales no se identifican, no pasan máquina scaner de cuerpo completo, no pasan registro palpado”, según el libro. Llegaron a bordo del pick up Hilux blanco con placas P803-956 y argumentaron ir a “un recorrido en el centro penal”. Se retiraron a las 9:25, según el registro del custodio.


En toda la normativa penitenciaria, recogida principalmente en la Ley Penitenciaria y Reglamento General de la Ley Penitenciaria,  no hay artículo o excepción que avale el ingreso de personas sin identificarse a las prisiones del país. El artículo ocho del reglamento general establece que para ingresar a un centro penitenciario, “el visitante deberá identificarse plenamente con un documento que contenga fotografía, emitido por autoridades pertinentes”.  


El 20 de diciembre, de 8:15 a 9:25 de la mañana, según libro de novedades, estuvieron en el penal de Zacatecoluca el director de Centros Penales Osiris Luna con tres compañantes con navarone que no pasan scaner de cuerpo entero ni registro palpado. Llegaron en los carros P337-539 y el Hilux P803-956.

 

El 20 de diciembre, de 8:15 a 9:25 de la mañana, según libro de novedades, estuvieron en el penal de Zacatecoluca el director de Centros Penales Osiris Luna con tres compañantes con navarone que no pasan scaner de cuerpo entero ni registro palpado. Llegaron en los carros P337-539 y el Hilux P803-956.

De hecho, el inciso cuatro del artículo 14 A de la Ley Penitenciaria obliga a los funcionarios de los centros penitenciarios a informar a la Fiscalía “de cualquier visitante que pertenezca a alguna organización proscrita por la Ley, que tome parte en actividades vinculadas con hechos delictivos, al interior o fuera del centro penitenciario”. Una fuente del sistema  penitenciario explicó a El Faro que este artículo obliga a los custodios, encargados de centros de monitoreos o del registro de novedades de las prisiones, a elaborar informes y presentarlos a la Fiscalía.


Carlos Rodríguez, jefe del departamento de verificación penitenciaria de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, explica que a ellos se les obliga a cumplir con estrictas medidas de seguridad para el ingreso a las cárceles. “Absolutamente. Tenemos que cumplir con las normas, identificarnos, someternos al escáner y al chequeo físico que algunas veces es incómodo. No hemos encontrado una forma alterna para ingresar sin los protocolos de seguridad. Hasta hemos recibido denuncias del mismo personal penitenciario porque cada vez que salen y entran del penal tienen que someterse a esos controles”. 


Una negociación ilegal


En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional declaró organizaciones terroristas a la Mara Salvatrucha 13 y al Barrio 18, en una resolución que obliga a los jueces a aplicar uniformemente la Ley Contra Actos de Terrorismo a los miembros de estos grupos y también a sus apologistas y financistas. La Sala, además, declaró “inadmisible” cualquier negociación con estas organizaciones u otras similares y precisó qué actividades se considerarán terroristas y cuáles no.


La Sala declaró inaceptables los mecanismos extralegales de búsqueda de acuerdos con pandilleros para otorgarles beneficios carcelarios. “No resulta admisible desde las bases del estado constitucional de derecho el uso de mecanismos parajurídicos que impliquen negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado, bajo las condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios que no encajan en el marco normativo penitenciario que informa la finalidad de la pena –art. 27 Cn.–; o a cambio de dejar sin efecto la vigencia y aplicación de la legislación penal'”, reza la sentencia.


Uno de los magistrados que firmó esta sentencia explicó a El Faro qué significa lo inadmisible: “Los gobiernos no pueden legitimar estos grupos ni discutir cosas fuera de la ley. Cualquier negociación al margen de la ley puede ser pactar la baja de homicidios a cambio de asuntos como las fiestas que hacían los internos, por ejemplo”.


A quién visitaba en Zacatecoluca la comisión conducida por Osiris Luna queda registrado por primera vez, según los documentos que obtuvo El Faro, en su siguiente visita: el 9 de enero de 2020. Ese día, a las 10 de la mañana, ingresó Luna en su “camioneta personal” con “tres acompañantes más sin identificarse, a entrevistar a dos pdl (privados de libertad), Borromeo (Diablo) y Tiberio (Snyder)”, dice el libro de novedades. Se retiraron a las 11:40.


El siguiente día, el 10 de enero, un motorista, dos custodios y una enfermera trasladaron en un carro institucional a Snyder hacia el hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, “a consulta médica de emergencia”, a las 4:40 de la tarde. El libro de novedades lo reporta: “Sale por orden del director general de Centros Penales, Osiris Luna, y el director del penal, Insp. Juan José Ramírez. El pdl queda ingresado por el diagnóstico de ácido péptico e hipertensión arterial”.  


Cuatro días después, el 14 de enero, Luna y el director de Zacatecoluca volvieron al penal con otras “cuatro personas con gorros navarone, sin identificar”. El libro de novedades dejó registro de que a las 4:15 de la tarde, en el carro P842-331, entraron “el director y los tres engorrados”, y en el P638-554 llegó “otro engorrado”. Argumentaron ir a “entrevistar a pdl de diferentes sectores” y se retiraron a las 5:30 de la tarde. El vehículo P842-331 es el que, según documento de compraventa, pertenece a Dennis Fernando Salinas Bermúdez, subdirector de Tejido Social.


14 de enero de 2020: de 16:15 a 17:30 en Zacatecoluca. Luna y el director de Zacatecoluca volvieron a ese penal con otras “cuatro personas con gorros navarone, sin identificar”. El libro de novedades dejó registro de que a las 4:15 de la tarde, en el carro P842-331, entraron “el director y los tres engorrados”, y en el P638-554 llegó “otro engorrado”. Argumentaron ir a “entrevistar a pdl de diferentes sectores” y se retiraron a las 5:30 de la tarde. El Faro pudo constatar que el vehículo P842-331 fue comprado por Dennis Fernando Salinas Bermúdez el 23 de febrero de 2019 a $14,000. Salinas Bermúdez es subdirector de Tejido Social, la oficina de gobierno dirigida por Carlos Marroquín. Bermúdez fue portero de diferentes equipos de fútbol, como Alianza, FAS, Balboa, Firpo y Marte, y ahora es candidato a diputado por San Salvador bajo la bandera de Nuevas Ideas para las elecciones de 2021, después de ser el cuarto pre candidato más votado en los comicios internos.

 

14 de enero de 2020: de 16:15 a 17:30 en Zacatecoluca. Luna y el director de Zacatecoluca volvieron a ese penal con otras “cuatro personas con gorros navarone, sin identificar”. El libro de novedades dejó registro de que a las 4:15 de la tarde, en el carro P842-331, entraron “el director y los tres engorrados”, y en el P638-554 llegó “otro engorrado”. Argumentaron ir a “entrevistar a pdl de diferentes sectores” y se retiraron a las 5:30 de la tarde. El Faro pudo constatar que el vehículo P842-331 fue comprado por Dennis Fernando Salinas Bermúdez el 23 de febrero de 2019 a $14,000. Salinas Bermúdez es subdirector de Tejido Social, la oficina de gobierno dirigida por Carlos Marroquín. Bermúdez fue portero de diferentes equipos de fútbol, como Alianza, FAS, Balboa, Firpo y Marte, y ahora es candidato a diputado por San Salvador bajo la bandera de Nuevas Ideas para las elecciones de 2021, después de ser el cuarto pre candidato más votado en los comicios internos.

Bermúdez fue portero de diferentes equipos de fútbol en El Salvador, como Alianza, FAS, Balboa, Firpo y Marte, y ahora es candidato a diputado por San Salvador bajo la bandera de Nuevas Ideas para las elecciones de 2021.


En una de las páginas analizadas por El Faro aparece la fotografía del subdirector Salinas Bermúdez sobre la de White de Iberias y bajo la de Fernando Alberto Rivera Durán “Fercho”, actualmente candidato a alcalde de Cuscatancingo bajo la bandera de Nuevas Ideas. El documento no aporta nada más, pero es obvio que a la inteligencia de Centros Penales le llamó la atención el candidato a diputado lo suficiente como para incluirlo en uno de sus reportes. 


El 4 de febrero a las 6:30 de la tarde, Osiris Luna ingresó de nuevo a Zacatecoluca con alguien que ocultó su identidad. En el carro P841-810, un motorista llevaba a Luna y a “un individuo más con gorro navarone, no se identifica”. Se retiraron a las 7:35 de la noche.


Seis días después, el 10 de febrero, apareció de nuevo el subdirector de Tejido Social, Bermúdez. Se infiere, por la forma en que está redactado el informe en el libro de novedades, que el custodio reconoció al funcionario a pesar de que este vestía un gorro navarone. Ingresaron a las 8:45 de la mañana en el vehículo P337-539, conducido por Luna. Luego, se lee: “con el subdirector del Tejido Social y acompañante de este, ambos con gorro navarone y no se identifican. Vienen a recorrido en centro penal”. Se retiraron a las 10:00 de la mañana.


10 de febrero de 2020: de 08:45 a 10:00 en Zacatecoluca. Apareció de nuevo el subdirector de Tejido Social, Bermúdez. Se infiere, por la forma en que está redactado el informe en el libro de novedades, que el custodio reconoció al funcionario a pesar de que este utilizó navarone. Ingresaron a las 8:45 de la mañana en el vehículo P337-539, conducido por Luna. Luego, se lee: “con el subdirector del Tejido Social y acompañante de este, ambos con gorro navarone y no se identifican. Vienen a recorrido en centro penal”.

 

10 de febrero de 2020: de 08:45 a 10:00 en Zacatecoluca. Apareció de nuevo el subdirector de Tejido Social, Bermúdez. Se infiere, por la forma en que está redactado el informe en el libro de novedades, que el custodio reconoció al funcionario a pesar de que este utilizó navarone. Ingresaron a las 8:45 de la mañana en el vehículo P337-539, conducido por Luna. Luego, se lee: “con el subdirector del Tejido Social y acompañante de este, ambos con gorro navarone y no se identifican. Vienen a recorrido en centro penal”.

En marzo hubo tres visitas con personas que no se identificaron. En todas las comitivas iba el director Luna, en dos de ellas visitó al Diablo de Hollywood, la figura más pública de la ranfla desde hace más de 20 años, y en una le acompañó otro pandillero de la clica Iberias, a la que también pertenece White. El 4 de marzo, a la una de la tarde, Luna entró a Zacatecoluca acompañado con cuatro policías sin identificarse a entrevistar a Diablo. Se consigna que el marero regresó a su sector a las 2:40 de la tarde. Siete días después, el 11 de marzo, entre las 3:35 y las 5:55 de la tarde, Luna estuvo dentro del penal de Zacatecoluca con una nueva comitiva en la que también iba el entonces subdirector de Centros Penales, Élmer Mira, removido a finales de julio sin explicación pública. Su cargo lo ocupa ahora Carlos Aparicio.


Aparicio es otro hombre de confianza de Carlos Marroquín. Trabajaba como coordinador de Reintegración Social en la Dirección del Tejido Social.


Según el artículo 20 de la Ley Penitenciaria vigente,  los subdirectores generales deberán reunir los requisitos siguientes: “ser salvadoreño por nacimiento; poseer un grado universitario afín al trabajo penitenciario o conocimiento en administración de prisiones”, entre otros.Según su hoja de vida, Aparicio no posee título universitario, salvo un diploma emitido en 2013 por el Instituto Bíblico Betel Asambleas de Dios que lo acredita como “graduado en teología”.  


El Gobierno de Nayib Bukele sustituyó a Mira, que según  su currículum, reproducido por la página de Centro Penales, es egresado de una Licenciatura en Ciencias Jurídicas” y tiene cursos sobre manejo de internos y control de llaves en las prisiones, Administración Penitenciaria y Criminología, o un Curso Superior de Gestión Penitenciaria”, por Aparicio, un hombre del entorno de Marroquín que ni siquiera llena los mínimos de ley. 


Luna y Mira llegaron el 11 de marzo en un carro de Centros Penales, mientras que “cuatro personas sin identificarse” entraron en un vehículo sin placas. Los libros registran que en esa ocasión la comitiva ingresó a la sala de videoaudiencias a conversar con Diablo, Snyder y un tercer interno: Pablo Renderos. El Faro constató en archivos penitenciarios que en Zacatecoluca guarda prisión Pablo Antonio Renderos Cruz, el Bad Spirit o Gato, de la clica de Iberias, condenado a 35 años en 2007 por el Juzgado Cuarto de Sentencia en un caso de agrupaciones ilícitas y homicidio simple.  


11 de marzo de 2020: de 15:35 a 17:55 en Zacatecoluca. Luna estuvo dentro del penal de Zacatecoluca con una nueva comitiva donde también iba el entonces subdirector Élmer Mira, removido a finales de julio sin que se diera ninguna justificación pública de su despido. Luna y Mira llegaron en un carro de Centros Penales, mientras que “cuatro personas sin identificarse” entraron en un vehículo sin placas. Los libros registran que en esa ocasión la comitiva ingresó a la sala de videoaudiencias a conversar con Diablito, Snyder y Pablo Renderos. El Faro constató en archivos penitenciarios que en Zacatecoluca guarda prisión Pablo Antonio Renderos Cruz, el Bad Spirit o Gato de la clica de Iberias, condenado a 35 años en 2007 por el Juzgado Cuarto de Sentencia en un caso de agrupaciones ilícitas y homicidio simple.

 

11 de marzo de 2020: de 15:35 a 17:55 en Zacatecoluca. Luna estuvo dentro del penal de Zacatecoluca con una nueva comitiva donde también iba el entonces subdirector Élmer Mira, removido a finales de julio sin que se diera ninguna justificación pública de su despido. Luna y Mira llegaron en un carro de Centros Penales, mientras que “cuatro personas sin identificarse” entraron en un vehículo sin placas. Los libros registran que en esa ocasión la comitiva ingresó a la sala de videoaudiencias a conversar con Diablito, Snyder y Pablo Renderos. El Faro constató en archivos penitenciarios que en Zacatecoluca guarda prisión Pablo Antonio Renderos Cruz, el Bad Spirit o Gato de la clica de Iberias, condenado a 35 años en 2007 por el Juzgado Cuarto de Sentencia en un caso de agrupaciones ilícitas y homicidio simple.

Dos días después, ocurrió otro hecho con gente que ocultó su identidad amparada en el manto del director Luna. El 13 de marzo, a las 7:40 de la mañana, ingresó Luna y “dos personas más sin identificación y sin registro” a bordo de un Land Cruiser color beige sin placa. Aseguraron ir a “un recorrido”. Salieron a almorzar a la 1:45 y se retiraron finalmente a las 2:30 de la tarde. Al día siguiente, el 14 de marzo, a pesar de que no sería nombrado subdirector de Penales hasta el 29 de julio, los libros de novedades registran una entrada de Carlos Aparicio al penal de Izalco, a supervisar “medidas de higiene” y “celdas”. En ese momento, aún trabajaba en la Dirección de Tejido Social.


Repunte de muertes


El 25 de abril ocurrió otro hecho importante que escapa a este recuento de novedades en los libros de los penales de máxima seguridad: Bukele ordenó un nuevo estado de emergencia carcelario, tras un alza de homicidios que, en plena pandemia, dejó más de 50 cadáveres en tres días. Abril, con 145 homicidios, ha sido el mes más violento de 2020. La orden hizo eco en sus subordinados, y el domingo 26 de abril el director Luna tuiteó: “Se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todos los centros penales de seguridad. ¡El Estado se respeta!”. Ese mismo día, Bukele volvió a poner un mensaje polémico en su red social: “El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”.


Diferentes medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch se pronunciaron en contra de las imágenes difundidas por el gobierno, en las que se veía a cientos de reos en calzoncillos sentados con las piernas entrelazadas uno con otro, sin ninguna distancia de seguridad. Ante las críticas, el 30 de abril, Bukele tuiteó: “Es increíble el apoyo internacional que tienen las maras. Organizaciones que callan al ver cómo descuartizan salvadoreños, ponen el grito en el cielo porque les quitamos privilegios. No nos equivocamos cuando dijimos que eran una organización criminal internacional”.


Sin embargo, apenas dos semanas después de aquella algarabía en redes, el 13 de mayo, los misteriosos visitantes conducidos por funcionarios del Gobierno de Bukele volvieron a prisiones.


El libro registra que en la Fase III de Izalco “se observa mediante cámaras” el ingreso de Osiris Luna a las 4:25 de la tarde, acompañado del “señor Marroquín” y “ocho personas más”. El libro deja constancia de que “ingresaron por sus medios”, sin revelar sus identidades, y que dijeron ir a “registro de módulos”. No hay nada en los protocolos de la Dirección de Tejido Social que permita concluir que registrar módulos en penales de máxima seguridad es una de las funciones de Marroquín, ni tampoco nada en los reglamentos de penales que justifique el ingreso sin registro de personas para ese propósito.


El día siguiente, 14 de mayo, y con el mismo argumento de “supervisión de módulos”, a las 8:42 de la mañana “se observa mediante cámaras” que ingresan dos vehículos sin placa al penal de Izalco. El libro consigna que en ellos llegaron Luna y “siete acompañantes sin identificación que ingresan al centro penal”. Se retiraron dos horas después, a las 10:41.


El Faro no tiene registro de ingresos con encapuchados en junio ni julio, sino hasta la visita del  7 de agosto, la que quedó consignada en informes de inteligencia validados por la propia Dirección General de Centros Penales.


Sin fecha. Zacatecoluca en 2020. Reubicaciones y entrega de ropa .A las 16 horas se ha presentado Osiris Luna se presenta para distintas actividades. Una comitiva de “agentes camaleón” entregan ropa al PDL Tiberio Ramirez y Borromeo Enrique Henríquez. Luego registra una serie reubicaciones por orden del director general: Elmer Canales Ribera MS13.

 

Sin fecha. Zacatecoluca en 2020. Reubicaciones y entrega de ropa .A las 16 horas se ha presentado Osiris Luna se presenta para distintas actividades. Una comitiva de “agentes camaleón” entregan ropa al PDL Tiberio Ramirez y Borromeo Enrique Henríquez. Luego registra una serie reubicaciones por orden del director general: Elmer Canales Ribera MS13.

En los libros hay registro de tres ingresos más que involucran a personas sin identificarse cuando acompañaban a Luna. Todas las visitas ocurrieron en Zacatecoluca, pero en las imágenes que este periódico tiene no se lee la fecha. En una entran cinco personas con pasamontaña. En otra, a las 12:20 del mediodía, de nuevo entran cinco personas que no se identificaron. En esa ocasión, los custodios anotaron: “Es importante mencionar que ingresan dos celulares institucionales”. 


Hay una más donde Luna llega con tres personas que no se identifican y van a conversar con Diablo y Snyder. Se reporta también que otro día entran agentes penitenciarios a dejar ropa y sábanas a Diablo y Snyder, “por órdenes superiores”, así como a reubicar, “por órdenes del director”, a Élmer Canales Rivera, alias Crook, otro de los líderes visibles de la ranfla histórica de la MS-13 en la tregua de 2012.


Una visita más rompe el esquema de lo relatado por el resto de documentos. Tampoco tiene fecha, pero una página del libro de novedades consigna que a las 4:25 de la tarde se presentó en Zacatecoluca el director del centro junto a Luna y “cuatro acompañantes sin identificar, los cuales vienen a entrevistar a pdl”: Carlos Alberto Rivas Barahona (Chino Tres Colas de la pandilla 18 Sureños), Douglas Geovany Velásquez Navas (Payaso de la 18 Sureños) y Carlos Ernesto Mojica Lechuga (Viejo Lin de la 18 Sureños). Los documentos consignan que la conversación ocurrió en la “sala #6” y duró una hora, pero no se revela nada sobre el contenido.


martes, 7 de julio de 2020

Hijastro del narco Rafael Caro Quintero transfirió propiedad a su nombre y evadió las sanciones

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un hijastro del célebre narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero transfirió la propiedad en su nombre para evadir el programa de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, según una demanda revelada este martes en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

    El gobierno acusa a Bryant Espinoza Aguilar, el hijastro del líder del cártel de Sinaloa y el famoso fugitivo Rafael Caro Quintero, de conspiración para cometer violaciones de la Ley Kingpin, una sanción económica del programa contra narcotraficantes administrado y aplicado por la Oficina de Asuntos Exteriores de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 


   Espinoza es acusado de ayudar a Caro Quintero y a su esposa de derecho consuetudinario, poniendo sus activos en su nombre, violando así la prohibición de la OFAC de que los ciudadanos de los Estados Unidos realicen actividades financieras y transacciones con narcotraficantes especialmente designados.

    La denuncia fue anunciada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue. 

   Según los documentos presentados ante el tribunal, la OFAC designó a Caro Quintero como traficante de narcóticos en 2000, y  a la esposa de Caro Quintero en 2016. Las designaciones de la OFAC provienen de los antecedentes penales de Caro Quintero como líder de la organización de narcotráfico el Cártel de Sinaloa. 

    Entre enero de 1980 y enero de 2017, Caro Quintero dirigió una empresa criminal continua responsable de importar cocaína a Estados Unidos. Es responsable de haber distribuido  cantidades masivas de narcóticos ilegales y conspirando para asesinar personas que representaban una amenaza para su empresa de narcóticos. 

  La conspiración del asesinato incluye a Caro el secuestro y asesinato de Quintero del agente especial de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en Guadalajara, Jalisco, México en febrero de 1985.

   El 9 de agosto de 2013, un tribunal mexicano dictaminó que Caro Quintero podría ser puesto en libertad de la custodia porque había sido juzgado indebidamente en un tribunal federal, en lugar de un estado tribunal. El hallazgo del tribunal mexicano fue anulado más tarde, pero Caro Quintero permanece como un prófugo de la justicia mexicana y estadounidense.

  La denuncia acusa a Espinoza Aguilar de transferir bienes propiedad de su madre a su propio nombre y de sobornar a un funcionario público para cambiar el nombre del dueño en documentos de registro público para proteger los bienes de ser restringidos como resultado su designación OFAC de su progenitora.

  "Como se alega, el acusado actuó como un testaferro para proteger la propiedad comprada con las ganancias ilícitas y manchadas de sangre del imperio del narcotráfico de su padrastro incautados por el gobierno ", declaró el fiscal de los Estados Unidos Donoghue. 

El fiscal dijo que "Esta oficina y la de la DEA están utilizando todas las medidas legales a nuestra disposición para responsabilizar a los facilitadores de Caro Quintero y llevarlos ante la justicia". 

 Donoghue expresó su agradecimiento a la Oficina de la División Raleigh de la DEA por su asistencia en el caso.

  "El 7 de febrero de 1985, la DEA cambió para siempre cuando el Agente Especial Enrique "Kiki" Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara, México", declaró el vocero de la DEA, Timothy J.  Shea.

 "Nunca olvidaremos su sacrificio y permaneceremos firmes en nuestro persecución del hombre responsable de su muerte, Rafael Caro Quintero, y los que continúan protegiendo y habilitando sus actividades criminales. Que la acción de hoy sea un mensaje claro para Caro Quintero, su familia y sus asociados criminales: no nos detendremos ante nada en nuestra búsqueda de justicia para SA Camarena ".

   "Mientras que su padrastro, un líder del Cártel de Sinaloa, fue designado especialmente por la OFAC como traficante de narcóticos hace veinte años, se afirma que Espinoza Aguilar violó la Ley Kingpin transfiriendo los activos de su padrastro a su nombre, buscando evadir las sanciones programa", declaró Fitzhugh, agente a cargo especial de HSI.

   "La asociación de HSI con la DEA y Strike Force es uno en el que la colaboración es clave, y continuará enfocándose en arrestar a aquellos quienes buscan formas de eludir la ley y ocultar sus actos criminales ".

  Elogió el papel jugado por el equipo de la New York Strike Force, que fue instrumental en el trabajo para llevar a este sospechoso ante la justicia. "Este acusado intentó proteger y ocultar las ganancias de narcóticos peligrosos que eran nuestras comunidades, ganancias obtenidas a expensas de la seguridad de nuestra sociedad".