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miércoles, 30 de junio de 2021

Samark López Bello pidió a la corte que se anule su designación como narcotraficante y testaferro de Tareck El Aissami hecha por la OFAC, tras lo cual le confiscaron activos por un valor de $160 millones

 Por Maibort Petit

    Samark López Bello introdujo una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo designó como un narcotraficante por la Ley Kingpin, argumentando que es víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo junto al actual ministro de petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami. 

   La querella fue presentada el martes por los abogados de López Bello ante la corte federal del Distrito de Columbia. 

      En los documentos oficiales, el demandante señala que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y los demás acusados, ​​han ejercido ilegalmente sus autoridades en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros al sancionar a Samark López Bello, bloquear y confiscar sus propiedades en los Estados Unidos y devastar sus operaciones comerciales y su reputación internacional. 

  Sostiene que al emprender esa acción, "los Demandados han difundido información errónea y rumores sin fundamento para hacer alegatos perjudiciales sobre López Bello que, además de ser falsos, combinan criterios de designación separados". 

   La demanda dice que los acusados ​​"han hecho esto sin avisar con imparcialidad a López Bello sobre cómo y si los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de supuestos "hallazgos" que siguen ocultos para él".

    En la demanda se destaca que "el 13 de febrero de 2017, la OFAC designó a López Bello en virtud de la Ley Kingpin para brindar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos y actuar en nombre o en representación de un narcótico especialmente designado traficante (SDNT) o persona designada en virtud de la Ley Kingpin. Este SDNT fue identificado por la OFAC como Tareck Zaidan El Aissami, quien era, al momento de la designación, el Vicepresidente del Gobierno de Venezuela".

   Los abogados sostienen que "las acusaciones de la OFAC y las pruebas que las respaldan son falsas, si no totalmente inventadas. López Bello es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los Demandados". 

    López Bello niega que haya proporcionado asistencia material, apoyo financiero ni bienes o servicios de apoyo de las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de El Aissami ni de ningún otro individuo. 

   Asimismo, asegura que no actúa en representación de El Aissami. "A la fecha de hoy, López Bello no tiene conocimiento de que El Aissami esté involucrado en el tráfico de drogas y ciertamente es incapaz de brindar apoyo a actividades de las que no tenía conocimiento o en las que no estaba involucrado".

    La demanda dice que "los acusados ​​están actuando más allá del alcance de sus autoridades legales y en contradicción directa con el debido proceso constitucional. La razón es clara: el registro de respaldo de la OFAC no puede posiblemente, y mucho menos razonablemente, contener evidencia que demuestre que López Bello estaba brindando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, ni actuando para o en nombre de, un SDNT". 

   Asegura que El Aissami fue designado simultáneamente y como parte de la misma acción de designación dirigida a López Bello. "De hecho, la designación de El Aissami bajo la Ley Kingpin se anunció en el mismo comunicado de prensa que anunció la designación de López Bello, y tanto El Aissami como López Bello fueron propuestos para su designación en un memorando probatorio común". 

   Agrega que "El Aissami solo se convirtió en SDNT y persona designada en virtud de la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, es decir, la misma fecha en la que López Bello fue designado para brindar apoyo material a las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes y para actuar en nombre o representación de El Aissami".

  Argumenta que los Demandados designaron a López Bello "basándose en una creencia errónea de que brindó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional de, o actúa para o en nombre de, una persona que no era un SDNT durante el tiempo en el que supuestamente ocurrieron esas actividades". 

   "Al designar a López Bello de esta manera, los Demandados han actuado más allá de las autoridades estatutarias delegadas en ellos y de manera arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, 5 U.S.C. § 706. Por lo tanto, la designación de López Bello por parte de los acusados ​​en virtud de la Ley Kingpin es ilegal y debe anularse".

   Afirma que las consecuencias de las acciones ilegales de los demandados han sido inconmensurables y van más allá de las que tradicionalmente han sufrido otras partes designadas por los entes del gobierno de los Estados Unidos, entre las cuales mencionan las siguientes:

1) López Bello y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueados de conformidad con la Ley Kingpin, 

2) Se han bloqueado los bienes inmuebles y otros activos de López Bello con sede en Estados Unidos. 

3) Las personas extranjeras corren el riesgo de ser objeto de sanciones por participar en transacciones con López Bello o sus empresas, cuyo efecto ha sido socavar la capacidad de López Bello para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos. 

4) López Bello ha sido injustamente investigado y acusado penalmente por delitos de que intentó hacer que personas estadounidenses comerciaran con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.

5) Finalmente, y lo que es más dañino, terceros han utilizado las acusaciones falsas de la OFAC para ejecutar contra los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos con los que López Bello no tiene relación o conexión. Esto tuvo el efecto de transformar la acción de bloqueo de la OFAC en un mecanismo para la incautación y decomiso de los activos estadounidenses de López Bello. 

   Advierten que al momento de la presentación de la demanda, a Samark López Bello se le ha confiscado activos por valor de aproximadamente $ 160 millones como resultado de una acción ilegal de la OFAC que lo ha difamado indebidamente y atacado ilegalmente y se negó a cualquier forma significativa de debido proceso para impugnar su designación. 

    En la demanda, López Bello se autodenomina "destacado empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, el comercio de materias primas y equipos y la logística para la industria del petróleo y el gas. Como su CEO y presidente, López Bello desarrolló Profit Corporation, C.A. que se convirtió en líder del mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, procura y construcción. 

   Igualmente sostiene que "López Bello dirige Yakima Trading Corporation, que brindó servicios profesionales para la industria venezolana de petróleo y gas, incluido el comercio de materiales ferrosos y en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar tripulaciones para la industria petrolera". 

   En los documentos, López Bello dice que creó "Postar, una empresa de logística que obtenía materiales de construcción y los enviaba a Venezuela en kits de vivienda que brindaban fácil acceso a una vivienda digna para las personas que vivían en la pobreza".

 En la demanda asegura que López Bello se dedica al trabajo humanitario dentro de Venezuela. "Por ejemplo, fundó The Profit Foundation, que brinda apoyo financiero regular para beneficiar a niños en riesgo, ayudó a financiar la construcción de una escuela y apoyó centros de salud rurales para mejorar la atención a los pacientes". 

    La demanda argumenta que la OFAC no cuenta con evidencias sólidas para acusarlo sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está‘ vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares ”.

   "En ninguna parte de las partes no redactadas del expediente administrativo la OFAC evalúa la credibilidad del artículo de julio de 2013 del Reportero24 ni la base de la confianza de la agencia en sus alegatos concluyentes sobre López Bello", advierte.

   Acota que "las partes no redactadas del expediente administrativo no evidencian la corroboración de la OFAC de las alegaciones del artículo de Reportero 24 de julio de 2013 sobre López Bello".

jueves, 2 de julio de 2020

Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El juez de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, aprobó la solicitud hecha por la defensa del militar (r) venezolano, Clíver Alcalá Cordones para que el tribunal le asignara un abogado de oficio "por no estar en capacidad financiera para pagar uno privado", pero antes, debe demostrar que, ciertamente, no tiene dinero para pagar el bufete que lo venía representando. 
  Los abogados Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo y de formar parte del Cártel de los Soles de Venezuela, enviaron una carta al juez Hellerstein donde pidieron que se asignara un abogado de oficio del panel de la Ley de Justicia Criminal (CJA). El representante legal del militar venezolano, Adam S. Kaufmann, asegura que los litigantes de su bufete, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss pllc, no forman parte del CJA.

    El fallo del juez Hellerstein sostiene que, el actual abogado Adam Kaufmann, debe retirarse del caso. "El acusado está obligado a presentar con la solicitud, una apropiada declaración jurada que acredite su incapacidad para pagar una representación adecuada" acota la orden. 

  Luego de que Alcalá Cordones pueda probar que no tiene dinero para pagar su defensa, el tribunal designará al abogado Cesar Castro,[sugerido por Kaufmann], quien trabaja con CJA, para representar al acusado. 

  La decisión del magistrado establece que el abogado César Castro,  "puede emplear, socios, asociados y paralegales del bufete de Adam S. Kaufman para realizar servicios, bajo la supervisión de Castro, para promover la economía y la efectividad de la defensa".

   La decisión del juez dice que "Castro puede incluir los gastos atribuibles a tales empleos, a tarifas y horas aprobadas por el presupuesto apropiado administrado por la  CJA".

   Hellerstein denegó la solicitud hecha por la defensa de Clíver Alcalá Cordones de pago nunc pro tunc [pagos retroactivos].

   La defensa de Alcalá Cordones pidió que la corte asignara a Castro como el representante legal,[ por ser este miembro del panel de la CJA] como abogado principal del juicio, pero solicitaron que el juez permita que los miembros de su bufete permanezcan en el caso como co-abogados. 

  "Las complejidades y la gravedad de este caso y los intereses de la justicia justifican la aprobación de dicho acuerdo", dice la petición de Alcalá Cordones.

    Kaufmann dijo en su carta que ha representado al general Alcalá en sus tratos con las fuerzas del orden público en los Estados Unidos desde 2013. 

   En la misiva enviada al juez Hellerstein, Kaufmann asegura que durante el tiempo que representó a Alcalá Cordones "se relacionó con las negociaciones con el gobierno sobre su investigación en la relación del general Alcalá con las FARC y su designación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos".

    Afirma que ha representado al General Alcalá de manera gratuita desde 2014 o 2015. "Que yo sepa, el Sr. Alcalá hoy no tiene activos apreciables y no puede permitirse una representación privada". 

    Según Kaufmann, desde finales de 2014, "la representación de su bufete con el general Alcalá consistió principalmente en conversaciones intermitentes con funcionarios del gobierno de los EE. UU". 

   Con respecto a su estatus como nacional especialmente designado y nuestros esfuerzos para eliminar esa designación. Durante este tiempo, hablé con el general Alcalá sólo esporádicamente. 

miércoles, 10 de junio de 2020

DEA, DOD, DHS y la Guardia Costera de EE. UU. incautaron un alijo de cocaína y marihuana con un valor de $438 millones en las aguas del Pacífico Oriental y el Mar Caribe

Por Maibort Petit
@maibortpetit


   La DEA, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de los Estados Unidos  incautaron un alijo de más de 33 mil libras de cocaína y marihuana con un valor estimado de $438.5 millones.
Foto cortesía DEA.
    La incautación fue hecha en aguas internacionales en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe. Los agentes de la DEA y la tripulación del USCG Cutter James descargaron la droga en Port Everglades en Fort Lauderdale.

   El anuncio fue hecho por el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea, junto con el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf; Almirante Karl Schultz, Comandante de la Guardia Costera; Almirante Craig Faller, Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos; y el Capitán Jeffrey Randal, Comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, James Cutter.
  "Hoy presenciamos otro golpe a las organizaciones de narcotraficantes que intentan pasar de contrabando sus venenos a nuestro país", dijo el administrador interino Shea. “Esta descarga representa cientos de millones de dólares en ganancias que de otro modo se destinarían a impulsar estas organizaciones y continuar el ciclo mortal de la adicción a las drogas y la violencia que promueven. La DEA, junto con nuestros socios, se compromete a llevar ante la justicia a los narcotraficantes y desmantelar sus organizaciones en todo el país y en todo el mundo ".

  "Numerosas agencias estadounidenses de los Departamentos de Justicia, Defensa y Seguridad Nacional cooperan en el esfuerzo por combatir el crimen organizado transnacional. La DEA, el FBI, USCG, la Armada, la CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, junto con agencias asociadas aliadas e internacionales, juegan un papel importante en las operaciones antidrogas", dice el comunicado.

  "Los esfuerzos marítimos para combatir los carteles de la droga requieren la unidad de esfuerzo en todas las fases, desde la detección, el control y las interdicciones, hasta el enjuiciamiento penal por parte de las Oficinas del Fiscal de los EE. UU. en distritos de todo el país", sostiene.