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lunes, 6 de abril de 2020

Corte de Apelaciones niega recurso de apelación de los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro

  Está decisión no tiene incidencia, y los sobrinos presidenciales seguirán en la cárcel federal de la Florida pagando su condena. La defensa tiene la opción de ir al Tercer Circuito, donde por lo general no se discuten este tipo de casos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La Corte de Segundo Circuito negó un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas donde apelaron la decisión del juez Paul Crotty, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que les condenó a 18 años de cárcel tras haber sido hallados culpables por delitos de narcotráfico. 
  El recurso de apelación fue discutido por los jueces Amalya L. Kearse, Dennis Jacobs y Robert D. Sack y decidieron reafirmar el juicio que se realizó en el Primer Circuito que concluyó con una condena por conspiración para traficar más 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos, vía Honduras.

  La orden de la Corte de Apelaciones fue firmada el 1 de abril de 2020.

   Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, fueron condenados a 18 años de prisión por narcotráfico en noviembre de 2017.

  El juez de la causa, Paul Crotty, impuso una multa económica de 50.000 dólares. Los dos condenados están pagando su sentencia en el Centro Coleman, ubicada en el estado de Florida.

   En el marco de la causa, el fiscal Joon H. Kim reveló que el presidente chavista, Nicolás Maduro, fue quien dio “el visto bueno” a la actividad de los sobrinos de su esposa, Cilia Flores.

   Kim indicó, además, que los narcosobrinos mantenían conexiones de suministro de cocaína con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

   Los dos sobrinos fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015 por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que llevó a cabo operaciones encubiertas en Venezuela y Honduras para capturarlos.

  La Justicia  de Estados Unidos los vinculó con el asesinato y desmembramiento de un hombre. Esto se desprende de una conversación con fecha 20 de junio de 2015 entre los sobrinos de la pareja presidencial.

  

lunes, 8 de octubre de 2018

Otro revés para los narcosobrinos: Corte niega solicitud de la defensa de hacer público el expediente de los informantes de la DEA que testificaron en el juicio

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez federal Paul Crotty negó la solicitud hecha por los sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores de eliminar el sello a los expedientes de dos ex informantes cooperantes del gobierno de los Estados Unidos que testificaron en corte durante el juicio en el que los hoy convictos fueron hallados culpables de haber conspirado para introducir cocaína a los Estados Unidos.

Crotty argumentó para su decisión que los ex testigos cooperantes habían testificado abiertamente en corte durante un juicio, lo cual pone en peligro a sus familiares, razón por la cual se debe mantener en sello en dicho expediente. 

Los dos ex informantes de la DEA expusieron al juez razones convincentes para que el expediente de caso se mantuviera confidencial, dice la respuesta del magistrado a los abogados de los primos Flores.

En fecha 24 de abril de 2018, el juez Crotty, había aprobado una moción presentada por Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, el día 4 del citado mes y año, y ordenó a José Santos Peña y a su hijo, responder, si lo desean, a la solicitud de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela. No obstante, los ex testigos de la DEA expusieron que revelar públicamente el expediente expondría a sus familiares a un peligro inminente.
La moción de los Flores

La moción que Campo Flores y Flores de Freitas solicitaron a la corte planteaba, por una parte abrir el expediente criminal sellado de José Santos Peña y su hijo, quienes fungieron como informantes confidenciales en el proceso judicial que se siguió en su contra, o como alternativa, que se ordenara al gobierno compartir con ellos cualquier presentación relacionada con la sentencia de Santos Peña y su hijo.

El 19 de abril de 2018, la Fiscalía se opuso a la moción y sugirió que tanto Santos Peña como su hijo —también informante confidencial— deberían tener la oportunidad de responder también.

La respuesta 

El 4 de abril de 2018, los abogados Randall W. Jackson y John T. Zach, a cargo de la defensa de Campos Flores y Flores de Freitas solicitaron ante el juez Crotty abrir el expediente del testigo José Santos Pena identificado en el proceso contra sus defendidos como "CS-1".

Hacen referencia a que "José Santos Peña" es un seudónimo que se utilizó en todos los testimonios y documentos judiciales de conformidad con una orden de protección emitida por Crotty, por lo que en todas las revisiones del sistema de archivo de la corte, dicho nombre no aparece registrado públicamente.

En tal sentido, los abogados indican que en virtud de que la Fiscalía sostiene que ya Santos Peña no es testigo colaborador de ese despacho y de que ha transcurrido más de un año desde que el Gobierno manifestó que había roto su acuerdo de cooperación con el citado, en razón de que Santos Peña se encuentra detenido y, por admisión del gobierno, cometió perjurio, repitió falsas declaraciones y otras actividades impropias mientras se desempeñaba como empleado de la DEA, informante y testigo colaborador, no existe ninguna justificación en la actualidad para mantener el expediente con carácter secreto, protegiendo las presentaciones del caso del escrutinio público.

Jackson y Zach refieren que si la Corte disponía la apertura del expediente de Santos Peña, pedían se ordenara a la Fiscalía compartir inmediatamente con sus representados cualquier presentación relacionada con la sentencia de Santos Peña de que hubiera concluido su papel como testigo colaborador.

Considera la defensa que el gobierno viola las enmiendas primera y sexta de la Constitución de los Estados Unidos, así como la clara orientación de la Corte Suprema y el Segundo Circuito para mantener en secreto el expediente y las presentaciones de Santos Peña.

Sustentándose en jurisprudencia, los abogados de los Flores sostuvieron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que, tanto los demandados como el público en general, tienen el derecho de saber lo que sucedió entre 2016 y mediados de 2018, lo que no ocurre en razón de que el caso completo de Santos Peña está cerrado y su expediente permanece invisible para la colectividad. Igualmente alegan que Santos Peña aún no ha sido condenado y su caso ha sido transferido por el juez Kaplan al tribunal de Paul Crotty.

Reiteran que la insistencia de la fiscalía en mantener cerrado el expediente de Santos Peña viola el derecho de acceso de la Primera Enmienda (i) del público, (ii) derecho consuetudinario de acceso, y (iii) la garantía de la Sexta Enmienda de los juicios públicos.

Consideran injustificado que el expediente y las presentaciones de Santos Peña se mantengan sellados cuando el caso ya casi alcanza el tercer año calendario. “El gobierno no está autorizado a mantener el expediente completo de una persona sellado hasta el infinito debido a su vaga privacidad o inquietudes de seguridad. Como mínimo, el Tribunal debe ordenar de inmediato al Gobierno que presente todas las presentaciones relacionadas con la sentencia de Santos Peña, incluidas las presentaciones relacionadas con el estado de Santos Peña como testigo colaborador”, concluye la solicitud.

domingo, 17 de junio de 2018

Juez de NY niega relevar testimonio del narcotraficante que testificó contra los narcosobrinos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A pesar de que los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se encuentra pagando una condena de 18 años en una cárcel federal del estado de la Florida, la defensa de los llamados 'narcosobrinos'  sigue intentando revertir el veredicto del jurado y la decisión del juez Paul Crotty. En esta oportunidad, los abogados defensores pretendían que el tribunal divulgara documentos relacionados con los testimonios del exinformante de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, José Santos Peña actualmente a la espera de la sentencia. El juez Paul Crotty negó la solicitud.

El magistrado dijo a la defensa que la publicación del documento (que permaneció sellado a lo largo de todo el proceso criminal) expondría a las personas que sirvieron como testigo en el juicio de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro.

El magistrado hace hincapié al hecho que el tribunal debe mantener  en secreto dicha información, ya que de ser revelada los responsables de suministrarla podrían ser objeto de represalia.

El 4 de abril de 2018 la defensa de los Flores -pagada por el empresario ligado al gobierno venezolano Wilmer Ruperti- sometió a consideración del tribunal una moción donde pedía que se le levantara el sello [publicara] el testimonio de Santos Peña en contra de Campo Flores y Flores de Freitas y que -además- informara a los sobrinos presidenciales cualquier información relacionada con la sentencia del exinformante de la DEA y su hijo [CS-1 y CS-2] quienes se encuentran en una cárcel acusados de haber cometido perjurio contra el gobierno federal durante el tiempo que prestaba cooperación con los agencia antinarcóticos.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó que el documento relacionado con Santos Peña permaneciera sellado y que el tribunal negara la petición de Campo y Flores. 

La defensa de los Flores está a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, donde sometieron sendos recursos para apelar la sentencia de Campo Flores y Flores de Freitas. La petición se concluyó en el mes de abril pero el tribunal no ha emitido respuesta al respecto.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron procesados por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras. Fueron arrestados en noviembre de 2015 y sentenciado en diciembre de 2018 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

viernes, 15 de diciembre de 2017

Fiscal de NY sobre el caso de los narcosobrinos: "Por participar en un plan descarado de tráfico de cocaína pasarán muchos años en una prisión estadounidense"

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Tras conocerse la sentencia que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, el fiscal interino del Distrito Sur de Nueva York, John H. Kim dijo que los dos condenados pasarán muchos años en una cárcel de los Estados Unidos por haber participar en un "plan descarado de tráfico de cocaína".
Campo Flores y Flores de Freitas fueron condenados por conspiración para importar más de 800 kilogramos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos. Kim confirmó que el juez neoyorquino había dictado sentencia de 18 años de prisión a los familiares de la primera dama de Venezuela el 14 de diciembre de 2017. 

El fiscal destacó en su declaración que los dos hombres habían sido hallados culpables por un jurado el 18 de noviembre de 2016, tras un juicio de dos semanas ante el juez Paul Crotty.

Kim dijo que parte del dinero que se buscaba en la conspiración era para financiar la campaña electoral de la Primera Dama de Venezuela y tía de los implicados, Celia Flores. "Campo Flores y  Flores de Freitas diseñaron un plan para trabajar con la organización terrorista FARC para enviar -literalmente- toneladas de cocaína a los Estados Unidos". 

En el juicio celebrado en noviembre pasado, un jurado unánime vio su trama como lo que era: una conspiración masiva de distribución de drogas, afirmó Kim. 

El fiscal dijo que con la sentencia dictada por Crotty, "los familiares de la pareja presidencial venezolana pasarán muchos años en una prisión estadounidense, por participar en este descarado plan de tráfico de cocaína".

El funcionario del gobierno de los Estados Unidos hizo un recuento del caso y comentó que la evidencia presentada en el juicio probó que a partir de agosto de 2015 Campo Flores y Flores de Freitas trabajaron con otros sujetos en Venezuela, México, Honduras y otros lugares, para urdir un plan que buscaba traficar drogas a EEUU.

Dijo que la conspiración por la cual fueron condenados los dos hombres venezolanos "incluyó -al menos- un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización terrorista extranjera. Los sentenciados tenían como objetivo de despachar grandes cantidades de cocaína en aviones privados desde las instalaciones controladas por el presidente venezolano Nicolás Maduro en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela". 

Prosiguió señalando que la tía de los demandados, Cilia Flores, es la Primera Dama de Venezuela, y durante la investigación, Campo Flores y Flores de Freitas les dijeron a los informantes que actuaban bajo la dirección de la DEA,  que tenían la intención de usar parte del producto de su tráfico de drogas para financiar la campaña electoral de la esposa del presidente Maduro, quien era candidata a un escaño en la Asamblea Nacional de Venezuela en diciembre de 2015. 

Señaló que "las comunicaciones electrónicas incautadas en los teléfonos de los demandados también demostraron, entre otras cosas, que Campo Flores y  Flores de Freitas habían participado en un plan para solicitar sobornos a los deudores de la empresa estatal de petróleo y gas natural de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA , a cambio de promesas de que un primo, Carlos Erik Malpica-Flores, haría que PDVSA aprobara y pagar ciertas deudas".

__ A principios de octubre de 2015, un individuo que estaba cooperando con la DEA en Honduras ("CW-1 o El Sentado") informó a la DEA que un ciudadano hondureño había presentado al testigo cooperante a dos venezolanos, identificados posteriormente como los acusados, que estaban interesados ​​en enviar aviones cargados de cocaína con planes de vuelo de apariencia legítima desde Venezuela a Honduras. 

__ El 3 de octubre de 2015,  Campo Flores y Flores de Freitas viajaron a San Pedro Sula, Honduras, en un avión privado para asistir a una reunión con CW-1 para discutir el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar al Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez en Roatán, Honduras. Dos días después de la reunión, Campo Flores envió mensajes de texto a CW-1 que decía: "Lo que quiero es comenzar a trabajar porque la campaña electoral ya casi está aquí y yo siempre contribuyo. . . [con] dinero si sabes lo que quiero decir es por eso que quiero comenzar a trabajar".

A fines de octubre de 2015, dos fuentes confidenciales que trabajaban bajo la dirección de la DEA ("CS-1" y "CS-2") viajaron a Caracas, Venezuela, para reunirse con los acusados. CS-1 pretendía ser el jefe mexicano de la organización de tráfico de drogas con la que CW-1 estaba afiliado, y CS-2 pretendía ser un asociado de CS-1. El 23 de octubre de 2015, durante una reunión grabada por los informantes de la DEA, Campo Flores explicó:"[M] y mamá, es decir, Cilia Flores, se postularán para las elecciones y yo necesito. . . $ 20 millones. . . . En otras palabras, la cuestión del dinero. . . lo necesitamos para diciembre de 2015". 
Durante la misma reunión, Campo Flores reiteró: "Deseamos tomar posesión nuevamente de la. . . Asamblea Nacional y. . . varios lugares con poder ", acota Kim en su declaración.

Más adelante, el fiscal recordó que en otra reunión registrada en Caracas el 26 de octubre de 2015, "Campo Flores describió el plan de los acusados ​​de usar parte de las ganancias del narcotráfico para sobornar a funcionarios venezolanos locales que anticiparon asistirían a Cilia Flores en relación con las próximas elecciones. Campo Flores también le dijo a CS-1 y CS-2 que había habido un "acuerdo" que involucraba al oficial venezolano Diosdado Cabello, quien también ha sido sancionado de conformidad con  la E.O. 13692 - que permitió a la familia de los acusados ​​"controlar el petróleo por completo en Venezuela". 


NOTA: En una segunda versión de la declaración enviada por La Oficina de prensa del fiscal este párrafo donde se menciona a Diosdado Cabello como sancionado fue eliminado.

Ver segunda versión aquí.

En una tercera reunión registrada en Caracas, el 27 de octubre de 2015, los demandados presentaron a los informantes CS-1 y CS-2 una muestra, es decir un kilogramo de cocaína, refiriéndose a ella como un "pequeño animal", para que puedan probar la calidad de las drogas, añadió el funcionario.

El 6 de noviembre de 2015, Flores de Freitas y un guardaespaldas viajaron a Honduras en avión privado para reunirse con personas que actuaban bajo la dirección de la DEA y con los conspiradores, incluido el coacusado Roberto de Jesús Soto García, para continuar discutir el envío de cocaína. Durante la reunión grabada, Soto García indicó que numerosos funcionarios en el aeropuerto de Roatán, incluidos militares y policías, participarían en la recepción de la carga de drogas de los acusados. 

Flores de Freitas y Soto García procedieron a hacer planes precisos para el envío de drogas durante la reunión, y  Flores de Freitas acordó enviar la primera carga de cocaína serían enviada el 15 de noviembre de 2015.

El 10 de noviembre de 2015, los demandados volaron en un avión privado a Haití con la intención de recoger un pago inicial multimillonario por la cocaína. Durante una reunión grabada, Campo Flores describió la conexión de los acusados ​​con un "comandante supuestamente de alto rango" de las FARC, y ambos demandados indicaron que el primer cargamento de droga, que constaba de 800 kilogramos, estaba preparado para despacharse desde Venezuela. Después de la reunión, los dos sujetos fueron arrestados por agentes de la policía antidrogas  de Haití, expulsados ​​de ese país y trasladados en avión de la DEA al aeropuerto internacional del condado de Westchester en White Plains, Nueva York.
  
Además de los términos de la prisión, Campo Flores, de 31 años, y Flores de Freitas de 33, recibieron la orden de pagar al gobierno de los Estados Unidos una multa de $ 50,000.

Kim elogió el destacado trabajo de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y la Fuerza de Ataque de Nueva York. Asimismo, el fiscal agradeció a la Oficina de la DEA de Puerto Príncipe, el Centro Nacional de Alcance de Aduanas y Patrulla Fronteriza, Airwing de la DEA, el Gobierno de la República de Haití, a la Policía Nacional de Haití, y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU. por su ayuda en esta operación que concluyó con una sentencia contra los culpables de delitos de narcotráfico.

Concluyó señalando que el caso había sido manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de su despacho y destacó el trabajo realizado por los abogados estadounidenses auxiliares Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley que estuvieron al frente de la acusación de los primos Flores.

martes, 31 de octubre de 2017

Ortega Díaz: Nicolás Maduro debió renunciar a su cargo ante el escándalo de los 'narcosobrinos'

La titular del Ministerio Público aseguró que fue objeto de todo tipo de presiones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, incluso intentaron sobornarla al ofrecerle, en dos oportunidades, grandes cantidades de dinero para que se separa de su cargo y desistiera de denunciar las irregularidades cometidas por el oficialismo.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Cualquier jefe de Estado que se vea comprometido en un caso tan escandaloso como el que la prensa internacional ha bautizado con el nombre de los "narcosobrinos", renuncia al cargo por lo bochornoso que es el hecho de que el presidente y la primera dama de un país tengan dos familiares vinculados al narcotráfico. En el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en lugar de renunciar a la primera magistratura, prefirieron decir que estaban siendo víctimas de ataques desde el imperio, lo cual es absolutamente inaceptable, aseguró la fiscal de Venezuela en exilio, Luisa Ortega Díaz.
Sí actuamos diligentemente en el caso de los sobrinos

Cuando le preguntamos por qué su despacho no había actuado en el caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, convictos por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos, la fiscal aseguró que no hubo inacción alguna, pues su despacho siguió los canales regulares para obtener la información del gobierno de Estados Unidos, pero el expediente remitido desde esa nación no llegó a sus manos a tiempo.

En conversación con la fiscal Luisa Ortega Díaz, la ex-funcionaria aseguró que habían intentado sobornarla para que abandonara su cargo sin hacer denuncias (Foto:PRamos)
Ortega Díaz precisó que tan pronto se conoció la noticia del arresto de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, ella en calidad de fiscal, solicitó a las autoridades de los Estados Unidos la información relacionada con el caso pero, lamentablemente, esta no llegó por los canales regulares o de manera oficial, “o de pronto no dio tiempo para que llegara”. 

Asegura haber solicitado todos los datos sobre esta situación a las autoridades judiciales estadounidenses en 2016 y hasta junio de 2017, cuando empezaron los conflictos que la llevaron a su salida del cargo, no le habían remitido la información solicitada.

Sostiene que lo que conoce sobre ese caso le llegó por canales irregulares, "No tengo el expediente completo".

Sin embargo, Luisa Ortega Díaz refiere que con la información que posee de este caso logró abrir una investigación que está adelantando desde Bogotá —lugar donde se encuentra asilada en estos momentos— y que incluye averiguaciones sobre los funcionarios del gobierno venezolano y personas que aparecen involucradas en la conspiración de narcotráfico por la cual los primos Flores resultaron convictos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

— Ojalá y la información oficial de los Estados Unidos llegara para poder procesar más rápidamente a los involucrados en este caso de narcotráfico —acotó la funcionaria.

Considera la representante del Ministerio Público venezolano que si bien ya se conoce que el veredicto del jurado fue condenatorio contra Campo Flores y Flores de Freitas, no se sabe aún la entidad de la pena. La funcionaria aseguró que espera que la sentencia contra los primos Flores sea "ejemplarizante".

Agregó que se siente esperanzada de que la condena que se dicte contra Campo Flores y Flores de Freitas se convierta en una advertencia para la delincuencia organizada, y que dicho castigo permita combatir este flagelo más enérgicamente, pues, como subrayó, el narcotráfico no es solamente un problema de los Estados Unidos y de Venezuela, sino de muchos países del mundo.

Sostiene que es imperativo hacer los más grandes esfuerzos para combatir la delincuencia organizada que opera en la estructura del Estado venezolano.

-¿Usted basó la solicitud de las evidencias del caso de Campo y Flores en el acuerdo entre los EEUU y Venezuela? ¿Conocía usted ese acuerdo?

-Si lo conocía pero no se activó. Ese fue un convenio firmado durante la gestión de Isaías Rodríguez en el año 2004 pero nunca se puso en funcionamiento. Cuando nosotros requeríamos pedir información a los Estados Unidos, lo hacíamos basados en los fundamentos del Convenio de Palermo que establece la bilateralidad y la colaboración en materia penal entre los países.

Este acuerdo al que se refiere Ortega Díaz firmado en 2004, fue la ratificación de un tratado establecido entre los Estados Unidos y Venezuela en el año 1997 que proporciona cooperación bilateral en materia penal.

Dicho tratado permite que ambos países puedan intercambiar expedientes e informaciones relativas a delitos de narcotráfico, legitimación de capitales, corrupción, crimen organizado, ilegalidades de inmigración, así como aquellos hechos que atenten contra los gobiernos de ambos países.

Para los dos países firmantes la autoridad central es el Fiscal General de la República aunque en el caso de los EEUU se agrega que puede ser una persona designada por el Ministerio Público.

El tratado de 1997 establece que es el Fiscal General del Estado requerido deberá procesar una solicitud directamente, a menos que sea apropiado para transmitir solicitud a otras autoridades competentes a los fines de su ejecución. La fiscal Ortega Díaz afirmó que hubo una reforma que establecía que las solicitudes de esta naturaleza se procesarán a través de la cancillería venezolana.

Otros acuerdos

Ortega Díaz precisó que existen otros convenios en materia de drogas suscritos por Venezuela, los cuales, de alguna manera, si bien no establecen los mismos aspectos contemplados en el citado acuerdo, de alguna manera permitían el intercambio de información en esta materia con los Estados Unidos.

La fiscal apuntó que los EE. UU. “también nos ha requerido información al gobierno de Venezuela” y en tal sentido, durante su gestión, todo lo solicitado por la administración estadounidense se le dio respuesta.

El arresto del exviceministro Nervis Villalobos

Al referirse al caso del exviceministro de energía, Nervis Villalobos, acusado por los Estados Unidos junto a otros ciudadanos venezolanos, de haber participado en una enorme red de corrupción y lavado de dinero a través de PDVSA y quien, en los actuales momentos, se encuentra bajo custodia de las autoridades españolas en espera de ser extraditado a Norteamérica, la fiscal Ortega recordó que su despacho puso a esa persona en alerta roja en la Interpol.

— Mi despacho adelantó muchos procesos relacionados con ese caso y desde el Ministerio Público se hicieron todas las gestiones pertinentes, pese a todos los obstáculos que hubo para concretar las acciones. Con la solicitud de interpol, los EE. UU. perfectamente habrían podido actuar.

El TSJ anuló la causa

Vale destacar que en el caso del ex viceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenó cerrar la causa definitivamente. La acusación contra Villalobos y al presidente de la Electricidad de Caracas Javier Alvarado en Venezuela fue impulsada por la Fiscalía de Caracas, a raíz de una supuesta información publicada en el diario El Mundo de España en 2015. La nota periodística del medio ibérico vinculaba al exviceministro de Chávez y a Alvarado con el supuesto blanqueo de capitales a través del Banco Madrid.

De acuerdo a información emanada del máximo tribunal venezolano con fecha 9 de diciembre de 2016, la alta instancia judicial falló a favor de Villalobos Cárdenas y de Alvarado.

Según documentos legales, el Ministerio Público consideró que había delito y procedió a dictar una medida de prisión preventiva en abril de 2015 contra Villalobos y Alvarado, por lo cual mal se le puede acusar de inacción en este sentido.

El Tribunal Supremo de Justicia decretó la “nulidad absoluta” de la orden de privación de libertad y del caso como tal. Ante esta medida, los fiscales recurrieron a la Corte de Apelaciones de Caracas. y más tarde, como último recurso, se interpuso un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo para lograr el arresto de los dos acusados, pero tres días después se desistió de la medida y el caso se archivó de manera definitiva.

La fiscal asegura que todas las investigaciones que se hicieron en el Ministerio Público se adelantaron cuando se tenía la presunción de un delito cometido por cualquier funcionario o exfuncionario. “Nosotros adelantamos las investigaciones e hicimos las diligencias necesarias para lograr las sanciones, incluyendo la recuperación del dinero”.

Narra que anteriormente el Ministerio Público era el encargado de hacer las solicitudes ante los gobiernos extranjeros, pero luego de una reforma que se hizo al procedimiento, a ella le resultaba imposible determinar el estado de las gestiones, pues se delegó en la Cancillería hacer tales diligencias.

—Ahora es que nos enteramos que mucha información de la que solicitamos llegó a la cancillería, pero nunca fue enviada al Ministerio Público para procesarla. Igualmente supimos que muchas solicitudes que hicimos a través de la cancillería llegaron a Venezuela pero la información nunca fue remitida a la Fiscalía. 

Caso Odebrecht 

Ortega Díaz reseñó que en una reciente solicitud que hizo su despacho ante las autoridades de España para obtener evidencias relacionadas con unas empresas que tienen los primos de Diosdado Cabello en Madrid y que habrían recibido millones de dólares en sobornos de Odebrecht las evidencias nunca llegaron a su despacho. "Nos enteramos más tarde, cuando tuve oportunidad de conversar con el fiscal general español y con otras autoridades del Ministerio Público de ese país que las evidencias habían sido enviadas, pero nosotros nunca las recibimos por lo que supongo que las hayan parado en la cancillería.

Ortega Díaz asegura que cuando se encontraba ejerciendo su cargo desde Venezuela se hicieron todas los procedimientos pertinentes de todos los escándalos internacionales, pero habían obstáculos que no permitieron concretar muchos de los casos. "Ahora lo que estoy haciendo desde el Ministerio Público legítimo, es recuperar toda esa información y procesarla para actuar con sentencias".

¿Es decir, hay un saboteo en las mismas instituciones del Estado venezolano para que no se aplique justicia ?
-Estoy segura que Venezuela no existe un saboteo por parte de las instituciones, sino que esa es la forma como funciona la delincuencia organizada. Esa es la estructura de funcionamiento de ellos.

La fiscal puso como ejemplo el caso de Pedro León, expresidente de la Faja Petrolífera del Orinoco que encabezó una red de corrupción enorme. Informó que sobre este asunto el Ministerio Público ordenó su captura, junto a otros de sus socios, y el funcionario huyó a República Dominicana "ahora resulta que pasó de ser acusado a víctima. “Por eso digo que yo no creo que sea un saboteo, así funciona la delincuencia organizada”.

Más adelante se refirió a la actuación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno Pérez, la cual catalogó como la caída definitiva del poder judicial en Venezuela. Considera inaudito que una instancia tan importante del Poder Público Nacional se encuentre en manos de quien es su titular en estos momentos.

“La elección como presidente de este personaje y del equipo que lo rodea es lamentable, porque los máximos tribunales de la República deberían estar investidos de majestad, de moralidad, de decoro, pero el nuestro carece de todo eso”.

Manifestó que en los tribunales venezolanos hay jueces que actúan por convicción, mientras que otros lo hacen por temor al castigo, porque necesitan el trabajo.

Narra que la cúpula del gobierno ejerce presión sobre los jueces a efecto de que tomen decisiones de acuerdo a los intereses de los poderosos o de quienes están incursos en las irregularidades. “Los someten y los obligan a tomar decisiones para favorecer y exculpar a los responsables de hechos de corrupción y narcotráfico, lavado de dinero”.

Comenta que esto ocurre por igual cuando se trata de delitos graves, como cuando se está en presencia de delitos pequeños. En este sentido, estima que es inconcebible lo que se ha hecho en el sistema judicial venezolano con los funcionarios violadores de los derechos humanos, pues todos los responsables de esos delitos son exonerados, "ni siquiera llegan a un proceso penal porque se limita la acción de la Fiscalía”. 

Ortega señala que “Ahora el Ministerio Público tiene la libertad de exonerar de responsabilidad a cuanto militar y policía esté involucrado en delitos contra los derechos humanos. Es tal la sumisión de Tarek William Saab, (el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente) que llama los militares mi coronel, mi general, como si él fuese militar”.

— ¿Cómo cree usted que se pueda poner fin a un gobierno dirigido por organizaciones criminales?

— Eso es parte de la reconstrucción del país, porque este es un problema de valores y de ética. En Venezuela hay una organización criminal que funciona desde el alto poder, porque es un estado delincuencial que ha permeado y comprometido a la Fuerza Armada, sobre todo a los altos mandos, porque en los mandos bajos hay gente muy valiosa, muy honorable y buena, que es la gente que necesita el país. Así ocurre en todas las instituciones, donde son las altas esferas las que constituyen ese estado delincuencial. No es el pueblo de Venezuela, sino la cúpula y es con ella que hay que acabar a través de la aplicación de sanciones ejemplarizantes. Se debe encarcelar a los responsables de los delitos en una verdadera cárcel, un preso debe estar en una celda, respetándosele sus derechos claro está pero no como hacen ellos que irrespetan los derechos de las personas privadas de libertad que son honorables. Sin embargo, los delincuentes están en la calle, por ejemplo, Wilmito. Se de un delincuente que gozó de libertad, fue el sujeto que mató a la periodista Adriana Urquiola, Yhonny Bolívar, alias "Capitán Bolívar".

Debe haber verdadera administración de justicia

Ortega Díaz se pronunció porque se establezca una verdadera justicia en Venezuela en la que se castigue a los delincuentes y estos -efectivamente- paguen sus condenas en la cárcel y no como ahora, donde muchos de los sentenciados se encuentran en la calle disfrutando de libertad y no en las celdas en las que deberían estar. “Deben darse sanciones ejemplarizantes y que se recupere lo que se han adquirido ilegalmente y se destine a los fondos del Estado. Eso constituiría un ejemplo para todos. Lamentablemente lo que pasa es que los delincuentes no pagan prisión y los bienes robados los continúan disfrutando los familiares -inclusive- usa el dinero mal habido para pagar su defensa, para sobornar y extorsionar. Hay que aplicar una justicia ejemplar en Venezuela, ya que las altas autoridades-definitivamente- no dan el ejemplo.

— ¿A usted la han intentado sobornar?

— Muchas veces me han tratado de comprar, muchísimas veces a mí me ofrecieron dinero para que yo renunciara y me fuera. Así ocurrió en una primera oportunidad, y en una segunda me doblaron la cifra. En algún momento voy a decir el nombre, pero ellos saben quiénes son. Ellos me dijeron que me fuera sin hablar, sin decir nada por la calle del medio, incluso, me ofrecieron que me podían guardar el dinero, es decir, la oferta venía con testaferro incluido.

— Se rumora aquí en Canadá que el gobierno estaría dispuesto a ofrecerle asilo. ¿Se muda a Toronto?

— Por ahora me quedo en Bogotá. Colombia me ha brindado mucha hospitalidad, tanto las autoridades colombianas, como los colombianos. Ellos se parecen tanto a nosotros que me siento en casa. Obviamente yo quisiera estar en Venezuela, pero si no puedo estar en mi país -entonces- me quedo en Colombia.








lunes, 18 de septiembre de 2017

La larga conducta criminal de los 'narcosobrinos'

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York entregó a la Corte un informe donde aparecen una serie de chats en los cuales los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas conversaban con terceros, con quienes buscan "cuadrar" negocios ilegales tales como: cobro de coimas, extorsión, asesinatos para cobrar deudas, etc. 
Las comunicaciones forman parte de las evidencias que el gobierno de los EEUU está usando para demostrar que Campo Flores y Flores de Freitas era criminales antes de ser arrestados por la policía antinarcóticos de Haití.

Uso del poder político de su familia para delinquir

El gobierno de los EEUU señala que a comienzos del mes de agosto de 2015, Campo y Flores ​​trabajaron con un núcleo de conspiradores, entre ellos, un hombre al que se ha referido en varias ocasiones como "Pepero", "Ppr" y "Pepe". Los convictos usaron su poder político en Venezuela para enviar grandes cargas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar”, en Maiquetía, a otros países.

Según documentos oficiales, los acusados ​​y Pepe trabajaron por primera vez con un grupo de individuos llamados "Mayweather Jr.", "Elio" y "El Samurai", para liberar a un narcotraficante encarcelado en Venezuela llamado Hermágoras González Polanco, a cambio de un pago a los acusados entre aproximadamente uno y dos millones de dólares, y para enviar aviones cargados de cocaína desde Venezuela a narcotraficantes mexicanos conocidos como "taco people" basados ​​en "el sombrero".
Los acusados, Pepe y los miembros de la Organización Sombrero intentaron, pero aparentemente fallaron, utilizar aviones Cessna a hélice y, luego, un avión Gulfstream, para enviar hasta tres toneladas de cocaína desde el aeropuerto de Maiquetía. "Esto no fue un aguijón, y las fuentes confidenciales de la DEA no jugaron ningún papel en estas actividades", dice el fiscal.

Narcotraficantes antes de ser reconocidos por la DEA

Aproximadamente a finales de septiembre de 2015, un venezolano conocido como "Hamudi" presentó a los acusados ​​a un narcotraficante de Honduras llamado, Cesar Orlando Daza Cardona, a / k / a "Flaco", a / k / a "Negrito" k / a "Negrito Nico". Daza, que no actuaba bajo la dirección de la DEA, presentó a los acusados ​​a un narcotraficante y asociado, Carlos Amilcar Leva Cabrera, alias "El Sentado", que sin el conocimiento de los acusados ​​y Daza, estaba intentando cooperar con el Gobierno de los EE. UU. en ese momento.

Entre las evidencias no hay de que El Sentado —ya sea actuando solo o por medio de sus secuaces—, inició el crimen o estableció la participación de los demandados en la conspiración que estaba en movimiento. Daza y El Sentado se reunieron con los acusados ​​en Honduras el 3 de octubre de 2015 y discutieron el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el Aeropuerto de Maiquetía al Aeropuerto Internacional “Juan Manuel Gálvez” en Roatán, localidad del citado país centroamericano. 

Después de la reunión, los acusados ​​y Pepe cambiaron el enfoque de su conspiración de narcotráfico para enviar enormes cantidades de cocaína al aeropuerto de Roatán, que estaba controlado, entre otros, por dos de los coacusados, a saber, Roberto de Jesús Soto García y Carlos González —este último, más tarde, se convirtió en un testigo colaborador—para que CS-1 y su hijo CS-2 pudieran importar las drogas a los Estados Unidos.

Drogas de las FARC
Los acusados ​​negociaron el acuerdo y entregaron una muestra de cocaína a CS-1 y CS-2 durante las reuniones celebradas en Caracas los días 23, 26 y 27 de octubre de 2015. Flores viajó a Honduras el 6 de noviembre de 2015 para negociar los detalles finales del primer envío de 800 kilogramos de drogas que involucró a CS-1 y CS-2, y que Flores acordó en nombre de él y de su primo ​​para enviar a Honduras desde Venezuela el 15 de noviembre de 2015.

La evidencia mostró que los acusados ​​planeaban enviar múltiples cargas de cocaína de varios cientos de kilogramos desde el aeropuerto de Maiquetía para que las drogas pudieran ser importadas a los Estados Unidos. Campo declaró explícitamente, en grabaciones y en comunicaciones electrónicas, que los acusados ​​estaban motivados no sólo por la codicia personal, sino también por su deseo de usar el dinero de la droga para ayudar a financiar la campaña de la primera dama venezolana, Cilia Flores, para obtener una curul en la Asamblea Nacional venezolana.

Los acusados viajaron a Haití para recoger los millones que correspondían al primer envío de drogas desde el aeropuerto de Maiquetía a Honduras y de otros que estaban previsto. En su lugar fueron arrestados y expulsados de Haití. Ambos confesaron sus crímenes cuando fueron interrogados por los agentes de la DEA durante el vuelo que los trasladó desde Puerto Príncipe a Nueva York, donde fueron juzgados y hallados culpables por un jurado.

Conducta adicional relevante a la sentencia

Los teléfonos que poseían los acusados ​​en el momento de su detención en Haití contenían pruebas de conductas delictivas y corrupción adicionales, algunas de las cuales se describen a continuación. El Gobierno notificó a la defensa de estas pruebas durante el descubrimiento, de conformidad con la Regla 404 (b) por carta de fecha 12 de octubre de 2016.

A. La solicitud de Campo de un soborno de 1.5 millones de dólares para recuperar una aeronave de carga de drogas incautada alrededor del 6 de abril de 2015. Un individuo que usó una cuenta de WhatsApp Messenger con el nombre de pantalla "Jonathan Query" ("Jonathan") escribió a Campo sobre una oportunidad de hacer algo de dinero en relación con la recuperación de un avión que había sido incautado por las autoridades antinarcóticos.

Jonathan envió un enlace a un artículo en línea relacionado con el arresto y detención de Juan Carlos Araujo Durán el 30 de marzo de 2015. El artículo indicaba que Araujo Durán, un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana y otros 4 hombres, habían sido detenidos en relación con una investigación en curso relacionada con la incautación de aproximadamente 450 kilogramos de cocaína en la República Dominicana, alrededor del 17 de marzo de 2015 , de un jet privado que fue despachado desde Venezuela.

Varias horas después de que Jonathan enviara el artículo, Campo escribió que podía "prepararlo, pero sólo si hablaba directamente con la gente", y ordenó a Jonathan que "inmediatamente les dijera que había que pagar una gran cantidad de dinero y que este tenía que ser pre-pagado antes de tiempo.

Campo también instruyó a Jonathan para "ser claro cuando hablará con ellos  y explicara que están haciendo negocios con un sobrino de alguien…"(haciendo referencia a Cilia Flores).

El 7 de abril de 2015, o alrededor de ese año, Campo escribió a Jonathan: "Me están pidiendo 1,5 millones y hay una manera de sacarlo de allí". Los mensajes intercambiados entre Jonathan y Campo el 13 y 14 de abril sugieren que un asociado de Araujo Durán viajó a reunirse con Campo alrededor de ese tiempo. El 16 de abril, Campo informó a Jonathan que se le había ofrecido "una casa que vale 4 millones", pero la oferta era "pura mierda". Las comunicaciones subsecuentes indican que Araujo Durán no pagó el soborno a Campo.

B. La petición de los demandados de sobornos de deudores de PDVSA

Durante su declaración posterior a la detención, Campo informó a la DEA que su primo, Carlos Erick Malpica-Flores, había rechazado un acuerdo propuesto en el cual Campo buscaría recoger "comisiones", es decir, sobornos, de los deudores del petróleo estatal venezolano Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), a cambio de colaborar con Malpica-Flores para que PDVSA aprobara e hiciera pagos de ciertas deudas. Las comunicaciones incautadas de los teléfonos de los acusados ​​corroboran la declaración de Campo e indican que los acusados, ​​de hecho, persiguieron tal esquema.

El 6 de junio de 2015 aproximadamente, Flores envió a Campo una fotografía de un documento e intercambiaron las siguientes comunicaciones:

Flores: Esta es la empresa que tiene la deuda con pdvsa
Campo: ¿Cuánto es lo que deben?
Flores: Como 38 millones
Campo: ¿De quién es ese?
Flores: Es el tipo de fonseca
Campo: Un mm ok

Flores: Que el tipo va de viaje esta semana y quiere que le digamos algo para finalizarlo todo ahora

En o alrededor del 30 de julio de 2015, Jonathan informó a Campo que estaba en comunicación con una persona que buscaba cobrar deudas de PDVSA.
Campo respondió: "si es Pdvsa recuerda que mi primo está en el tablero, que él es el tesorero. . . . Asi que eso significa que trabajaré de cualquier manera para nosotros.".

El 8 de agosto de 2015, Campo comunicó a Jonathan que él "habló con el tipo" y que, a cambio de un "avance" de $ 2 millones -es decir, un soborno inicial- y un soborno adicional en un total de 8 % de la deuda, PDVSA pagaría el resto de la deuda en una serie de cuotas.

El 9 de agosto, Campo le explicó a Jonathan "la idea es que ese [$ 2 millones de soborno] sea pagado y establecer una reunión con Erick por ahora.

Después de que los deudores comunicaron a Jonathan que no podían pagar el soborno inicial, Campo respondió a Jonathan el 12 de agosto: "De ninguna manera hermano.. no hay vida sin pagar que los 2 millones de dólares… Eso es una pérdida de tiempo… Recuerda que te dije que jugaba sucio y que el tipo es serio, pero si no le pagas no va a empezar a trabajar.

Campo reiteró al día siguiente: "Están tratando con los únicos que pueden resolver" la deuda, y "no hay nadie más alto que Erick". Campo también dijo a Jonathan: "Estoy en medio de todo y el que ejecuta allí es Carlos Erick (Malpica Flores)… Que es mi primo hermano… Él es actualmente la máxima autoridad allí… Porque él es un Flores.

El 16 de agosto, Jonathan informó que los deudores no estaban dispuestos a pagar el soborno.

C. La participación de los demandados en los esfuerzos de cobranza de deudas violentas relacionadas con un acuerdo previo de fraude en materia de drogas.

Durante una reunión de octubre de 2015 en Caracas, Campo dijo a CS-1 y CS-2 sobre al menos una transacción fallida de drogas en la que los acusados ​​habían participado.

Campo explicó que él "consiguió una mala hora una vez" de alguien que le dijo él podría proporcionar "'Cosas muy sólidas, lo mejor que puedes conseguir'". Los mensajes de texto de los acusados ​​demuestran que estaban trabajando con otros para cobrar una deuda relacionada con un fracasado acuerdo de drogas ya en junio de 2015.

El 16 de junio de 2015, Flores y Campo intercambiaron mensajes sobre contactar a un "comisionado de policía" en relación con una reunión de narcotraficantes relacionada con una deuda pendiente. Campo señaló que uno de los traficantes había amenazado con que "estaban pagando un contrato de homicidio por ellos" y "había enviado a sus perros". Flores respondió que "tenía envidia" cuando la amenaza fue transmitida, y Campo dijo que los "rostros" de los deudores eran "graciosos" cuando "él le dijo eso". Campo criticó a otro participante en la reunión por haber "dejado que sus emociones asumieran el control", amenazando con que "incluso 5 años más tarde, todavía lo cortaremos".

El 20 de junio, Flores envió a Campo fotografías de una cabeza humana cortada de un hombre y el tronco desmembrado. Flores también envió una fotografía de dos hombres y una mujer (todos vivos en el momento de la foto), y un intercambio de mensajes en el que le dijo a un asociado que Campo "quiere hablar para que no se metan con la niña" y el asociado accedió a "verse más tarde".

Campo respondió a Flores: "No me lo mande… Dígale que hablaré en persona y que si él no puede hacer nada para hablar con nosotros francamente y que yo me ocuparé de eso a través de otro lugar, pero no voy a dejarla morir así por ninguna razón". Al día siguiente, Flores envió a Campo mensajes de un asociado que escribió: "Ellos ya asesinaron a un tipo que sospechaban que también había contado sobre él. También lo cortaron [.].

El 30 de junio de 2015, aproximadamente, un individuo que usaba una cuenta de BlackBerry Messenger con el nombre de pantalla "Peter pan & campanita", preguntó a Campo si podían reunirse en persona. Campo respondió que Flores asistiría a la reunión e instruyó a Pedro: "no hablar de algo por teléfono… Absolutamente nada… Tenga cuidado con lo que habla sobre los teléfonos."

El 21 de julio de 2015, Campo escribió a Pedro: "El tipo que hicieron hizo las cosas más complicadas."
Campo elaboró ​​entonces: Tuve un gran problema con mi tío Vladimir, que es el Inspector General del CICPC.  Ellos sacaron a Daniel del caso y ahora Daniel está en problemas también, incluso el director de CICPC, José Gregorio Sierra Alta oyó hablar de él y se reunió con Daniel y mi tío y la mierda golpeó al abanico. Aunque les dije que no hicieran mierda ahora. Ahora mi tío quiere follar a todo el mundo que tiene algo que ver con eso, el tipo que maneja las cosas en el DIM  lo llamó, es un espectáculo de mierda ahora, y tengo la casa está en llamas y les dije no hacer eso.

Campo le dice a su interlocutor que está poniendo presión para evitar que las cosas empeoren, “pero el tipo que está consiguiendo Frank y yo es un tonto en problemas.. sólo nos dejó saber después que hizo las cosas. Ahora todo el mundo está hablando de nosotros y tú haces las cosas sin consultarnos y así no es cómo funciona, amigo, si ese fuera el caso, deberías haber hecho las cosas a tu manera y no involucrarnos. Amigo, estoy avanzando con todo, pero usted está metiendo a mi familia en problemas, estoy en muy malos términos con mi tío Vladimir ahora mismo y él tiene el caso ahora, todo lo relacionado con la granada, los rifles y la última cosa que pasó. Sólo sé que no puedo hacer nada más por ti, y no digas que no te advertí”.

Pedro respondió: Darn buddy es raro lo que me estás diciendo, esto porque después de que arrancamos la bomba nos dijiste que no pusiéramos en marcha más bombas y comenzáramos a matar y sabes que el dinero no es solo de nosotros cuatro, que el dinero tiene muchos dueños y de hecho somos los que hemos dejado muchas cosas y aún más estamos super quebrados y queremos recoger ese dinero y lo sabes.
Campo dijo entonces: Ningún tipo después de la gasolinera. Te dije que tomaras dos más abajo porque no podían morir ahora. Te dije antes de encender la bomba que esos tipos tenían que ser asesinados Te dije después -cuando la cosa en la gasolinera en Las Mercedes pasó- que no deberías hacer nada a esos chicos, ahora mismo no deberías hacerlo.

Te dije claramente que no pueden morir por ahora. No ahora, al menos espera un poco para que las cosas se calmen, pero ahora no porque el hecho está siendo investigado y es el DIM y esto atraería más atención, vamos a esperar un poco.

Peter entonces indicó que: "aquí no tomamos decisiones por nuestra cuenta", elaborando:

Recuerda lo complicado que es este negocio, solo fuimos a pedirte ayuda al final porque recuerdas que el plan inicial era hablar con Fernando para que pagara a mi hermano... todo el mundo aquí está quebrado y harto y me imagino que están enojados también todos  los que quieren conseguir su dinero.

Campo respondió, en parte: Entiendo que estés molesto, pero eso no es una excusa para tomar decisiones apresuradas porque cosas como ésta están obligadas a suceder ahora que el tipo está muerto, la familia está lanzando acusaciones y el tipo -cuyo nombre le envié es infierno doblado- colocó la denuncia en un momento, con la esperanza que no llegue a la fiscalía.

Peter continuó: Sí amigo. Yo entiendo pero sabes que este negocio es todo sobre honrar la palabra de uno y sabes cómo los colombianos recolectan su debido amigo de otra manera me dicen cómo se puede recoger algo de todos modos el tipo que murió fue un peligro para nosotros y para usted porque él pidió demasiados preguntas y era demasiado idiota.

Campo respondió: "pero este no fue el momento porque dijo un montón de cosas y ahora el tipo que te envié corre la boca por todo el lugar. . . . Debería haber esperado. .

Peter respondió: "Ningún tipo, no estoy preguntando por Efraín, confiamos en tu hermano [.]".

En comunicaciones separadas transmitidas a través de WhatsApp Messenger, Campo envió a Flores sustancialmente todo este intercambio con Peter, y Flores proporcionó información sobre lo que Campo debería escribir a Peter.

Posteriormente, el 31 de agosto de 2015, Campo hizo referencia al fracasado acuerdo de drogas que llevó a esta deuda de drogas en comunicaciones con Pepe. "La última vez que nos dejaron colgando y tuvimos que pagar un poco de dinero para que me entendieran las chuletas de cerdo, este era tu amigo Juan Carlos".

Refiriéndose a  González Polanco, Campo explicó que "el que está encerrado ha cortado a algunas personas para nosotros y al final fue sólo una tontería".

Al día siguiente, Campo le preguntó a Pepe por "el nombre del tipo encerrado", y Pepe respondió "Hermágoras González", es decir, Polanco, narcotraficante encarcelado involucrado en las negociaciones de los acusados ​​con la Organización Sombrero.