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lunes, 30 de noviembre de 2020

Esposo de Zoraimy Araujo, procesada por el caso Solid Show, exige restitución de su casa y vehículo, incautados irregularmente

Por Maibort Petit
   Helton Alain Torres Conner, esposo de Zoraimy Araujo, imputada por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir en el caso Solid Show, exige la restitución de sus bienes, a saber, un apartamento que es residencia familiar y un vehículo, incautados por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), supuestamente bajo la presunción de que hubiesen sido adquiridos con fondos irregulares.

  Reitera, además, que en el proceso judicial contra su cónyuge —el cual tiene lugar en el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal de los Valles del Tuy, Estado Miranda— se siguen cometiendo irregularidades, vicios procesales y demoras sin que, hasta la fecha, las autoridades judiciales resuelvan la situación que mantiene a Zoraimy Araujo desde hace más de 5 años y medio, detenida injustamente, según su punto de vista.

  Refiere Torres Conner que el citado apartamento y vehículo constituyen su patrimonio familiar, en el caso del primero, el legado para su menor hijo, el cual fue adquirido con fondos lícitos como lo demuestra la documentación que a en esta entrega presentamos.

  Explica que el apartamento, adquirido en diciembre de 2007 a través de un crédito hipotecario, se terminó de pagar el 25 de agosto de 2018. Refiere que su esposa figura en el mismo porque como matrimonio adquirieron la responsabilidad ante el Banco Provincial y no, como pretenden hacer ver los acusadores, con la compra Zoraimy Araujo haya legitimado fondos irregulares. De hecho, indica que aun cuando el apartamento les fue incautado, él continuó cumpliendo con sus obligaciones de pago del crédito hipotecario, así como con la cancelación de las cuotas de condominio.
“El hecho de que mi esposa figure en el documento es porque juntos adquirimos la responsabilidad ante el banco por ser cónyuges, no porque mi esposa haya legítimado ningún dinero para la compra del mismo. Yo he sido quien ha cancelado, casi en su totalidad, ese apartamento que en definitiva le pertenece a mi hijo. Por eso he trabajado y luchado toda mi vida, para brindarle a mi familia estabilidad y seguridad”, expresó Torres Conner en esta mesa de redacción.

  Considera que con la incautación se vulneró su derecho a la propiedad, pues tanto el apartamento como el vehículo, fueron incautados desde el 8 de abril de 2015, sin que se hayan tomado en cuenta las pruebas presentadas para demostrar la compra lícita de dichas propiedades.

  Helton Torres informó que el apartamento fue incautado por el Servicio Nacional de Bienes (SNB), pero ignora el paradero de la camioneta.

El documento de compra

  El 18 de diciembre de 2007, Ediverto Eliseo Aguirre Meneses y Amarilys Coromoto Aguirre Meneses, representaron a Ediverto Eliseo Aguirre Saavedra, titular de la Cédula de Identidad número V-3.672.223, con el número de Registro de Información Fiscal (RIF) V-03672223-8, en la venta que este último hizo a Helton Alain Torres Conner y Zoraimy Mercedes Araujo Durán, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad V-12.918.030 y V-13.993.226, de un inmueble de su propiedad distinguido con las siglas C-07-A, situado en el Piso 7 de la Torre “C” del conjunto habitacional denominado “Residencias Bella Vista”, ubicado en la Calle Este del Sector Este de la Urbanización Manzanares, Municipio Baruta del estado Miranda.
El precio de la venta fue de Bs. 425.000.000 que los vendedores declararon recibir a su entera satisfacción.
  El pago, según declaración de Ediverto Eliseo Aguirre Meneses y Amarilys Coromoto Aguirre Meneses, en representación del vendedor Ediverto Eliseo Aguirre Saavedra, declararon aceptar la operación.

  Asimismo, el documento refiere que entre el Banco Provincial S.A. Banco Universal y Helton Alain Torres Conner y Zoraimy Mercedes Araujo Durán, se convino un contrato de préstamo a interés que convirtió a estos dos últimos en deudores hipotecarios, por Bs. 220.000.000.
Los cheques de pago

  El 16 de agosto de 2007, Helton Torres y Zoraimi Araujo Durán, giraron el cheque 00000012, de la cuenta 0108-0228-84-0100036215, del Banco Provincial, a favor de Ediverto Aguirre Saavedra, por Bs. 57.500.000.
   Hay otro cheque por Bs 45.000.000, número 48067201, de la cuenta de José Serrao en el Banco Mercantil, girado también el 16 de agosto de 2007 a favor de Ediverto Aguirre por Bs. 45.000.000.

  El 17 de agosto de 2007, se emitió un cheque de gerencia del Banco de Venezuela, identificado con el número 00005814, por Bs. 25.000.000, a favor de Ediverto Aguirre.

   El 17 de diciembre de 2007, Helton Alain Torres Cooner compró un cheque de gerencia del Banco Mercantil, identificado con el número 38089891, a favor de Ediverto Aguirre por Bs. 27.500.000.
   En la misma fecha, 17 de diciembre de 2007, Helton Torres compró otro cheque de gerencia, esta vez del Banco Provincial, identificado con el número 00109459, pagadero a la orden de Ediverto Aguirre, por Bs. 50.000.000.
  Este inmueble, se encuentra actualmente incautado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

La compra del vehículo

   El 6 de junio de 2013, la empresa mercantil El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. y helton Torres Conner, suscribieron un documento de venta en la que la primera vendió al segundo, una camioneta Pick-Up D/Cabina, marca Chevrolet, modelo Silverado LS 4X, año 2008, color negro, Placa A78BJ0A, por Bs. 350.000 que el comprado declaró recibir a su entera satisfacción.

  Por el documento de protocolización del documento de venta ante ante la Notaría Pública Cuarta del municipio Sucre del estado Miranda, el 11 de junio de 2013, se conoce que el director de la empresa vendedora, El Emporio de las Cajas Fuertes C.A., es el propio Helton Torres y la abogada que redactó el citado documento fue Zoraimy Araujo.

  El documento de crédito suscrito entre el concesionario Tecniauto C.A. y El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. el 15 de febrero de 2008, refiere que la segunda, representada por su presidente Helton Torres Conner y vicepresidenta Dorothy Cooner Centeno (esta última sirvió de fiador en la operación), compró a la primera la referida camioneta Silverado por BsF. 112.700,22, de los cuales se pagaron en efectivo BsF. 50.552,22, quedando un saldo de BsF. 62.148 que más intereses sumaban BsF. 101.422,08.

Este saldo se pagaría en 12 cuotas mensuales.

   El 3 de junio de 2013, Helton Torres y Zoraimy Araujo, emitieron el cheque número 00001199, de la cuenta 0108-0228-84-0100036215. Del Banco Provincial, a favor de “El Emporio de las Cajas Fuertes C.A.”, por Bs. 350.000.000.

   El 6 de junio de 2013, Helton Torres Conner declaró bajo juramento el origen y destino lícito del dinero proveniente de sus ahorros para la compra de un vehículo.
 El vehículo en cuestión era camioneta marca Chevrolet, modelo Silverado LS, placa 02SG8K, año 2008, cuyo certificado de origen refiere que este fue asignado al concesionario Tecniauto C.A. que lo vendió a El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. el 14 de enero de 2008.
  En tal sentido, El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. obtuvo su Certificado de Registro de Vehículo emitido por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el 18 de marzo de 2009.

Y que el 17 de septiembre de 2013, fue registrado a nombre de Helton Alain Torres Conner.

jueves, 5 de diciembre de 2019

Juicio a implicados en el caso Solid Show concluye el 15 de diciembre

 Por Maibort Petit
@maibortpetit  

    Erica Maraver C., abogada defensora de los implicados en el caso Solid Show informó que para el 15 de diciembre del presente año 2019, se estima que concluya el juicio, al tiempo que se mostró confiada de que sus representados quedarán en libertad plena por falta de evidencias, después de haberse evacuado más de cien órganos de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público que no lograron demostrar su culpabilidad.

   Igualmente dio a conocer que el caso se reactivó en República Dominicana el pasado 9 de noviembre cuando se dio continuidad al proceso judicial de los cinco venezolanos implicados, quienes han permanecido sin audiencia por más de cuatro años, entretanto los verdaderos culpables fueron declarados prófugos de la justicia y en rebeldía.

  Maraver ha venido denunciando la comisión de una serie de irregularidades que han tenido lugar en el proceso judicial, tales como retardo procesal, falta de pruebas y violación de los derechos humanos de los imputados bajo su defensa[1]. La abogada considera como un hecho insólito que a estas personas, militares de oficio, se les haya concedido el beneficio de libertad condición con régimen de presentación cada 30 días. Aseguró que el Ministerio Público ha demostrado su incompetencia la cual ha sido dada a conocer por la prensa dominicana.

  Los medios de comunicación de República Dominicana informaron que el Ministerio Público de Santo Domingo Este alertó a distintos organismos de inteligencia, militares, policiales y migratorios, a objeto de que se activaran en la búsqueda y captura del ex-teniente coronel de la Policía Nacional y el ex segundo teniente del ejército, Wenders Lluberes Sánchez y Jesús Elías Pérez Vásquez, respectivamente, señalados de presuntamente integrar una red de narcotráfico internacional.

   Lluberes Sánchez y Pérez Vásquez fueron declarados prófugos de la justicia y en rebeldía al ser tenidos ambos como presuntos integrantes de la estructura criminal responsable de la operación de narcotráfico de la que se ha hecho referencia y tuvo lugar en marzo de 2015 en el Aeropuerto Internacional de las Américas.

   Los dos imputados no comparecieron en la audiencia del pasado 9 de noviembre, pese a que fueron debidamente citados por el Ministerio Público, aseguró esa institución que solicitó ante el Tribunal Colegiado de Santo Domingo, la declaratoria de prófugos en virtud de lo establecido en el artículo 100 del Código Procesal Penal dominicano. La petición fue acogida por el juez a cargo de la causa[2].

  El 10 de abril de 2015 a Wenders Lluberes Sánchez y Jesús Elías Pérez Vásquez, la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Santo Domingo Este les impuso tres meses de prisión preventiva como medida de presión, pero la medida les fue cambiada por presentación periódica los días 30 de cada mes e impedimento de salida, a solicitud de sus abogados.

   Sin embargo, el abogado defensor de estos hombres, Manuel Soto Lara, negó que los oficiales se encuentren prófugos pues, sencillamente, no fueron citados a la audiencia del 15 de noviembre como asegura el Ministerio Público y, por tanto, no se encuentran evadidos.

   “Mientras los dueños de esa droga andan en libertad por ahí, a los que de manera indirecta le están granjeando la impunidad, sobre lo cual también hay que hacer una investigación profunda para que los reales dueños de esa droga aparezcan”, dijo el abogado[3].

Así fueron los hechos

  En el Aeropuerto Internacional de las Américas “José Francisco Peña Gómez” de República Dominicana aterrizó el 17 de marzo de 2015 la aeronave modelo Leader Jet 25D con siglas YV544T, proveniente de Venezuela en la cual las autoridades decomisaron nueve maletas que contenían 454 kilos de cocaínas contenidos en 450 paquetes. La avioneta había despegado del aeropuerto Caracas ubicado en Charallave, estado Miranda.

  En Venezuela, en la misma fecha, el Ministerio Público acusó al teniente y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Sánchez Espinoza y Leandro Salcedo Gutiérrez, respectivamente, a quienes señaló de estar presuntamente vinculados al tráfico de la referida droga. Ambos fueron detenidos en la terminal aérea mirandina, junto a Joseph Viera Betancourt, quien era empleado de seguridad de la empresa ASEG. Después fue detenido en el estado Lara, por orden del Ministerio Público, el sargento segundo de apellido Junior Valera Arango, señalados por tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas.

   Las fiscales 3ª y 27ª nacional, así como la 19ª del estado Miranda, Eilyn Ruiz, Yemina Marcano y Gladys Valera, respectivamente, imputaron a Sánchez Espinoza por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir. Se solicitó al Tribunal 5° de Control de Miranda admitir la acusación, así como el enjuiciamiento de los efectivos castrenses, quienes fueron remitidos al Internado Judicial de El Rodeo II.

  Por este caso se imputó también a Juan Carlos Araujo Durán, propietario de la empresa de espectáculos Solid Show, quien fue aprehendido el 30 de marzo de 2015 en Caracas. Igualmente está detenido el comerciante Juan Jacinto González Contreras. Los dos están acusados de supuestamente haber cometido los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financistas.

  Igualmente han sido detenidos por este caso, Luís Alejandro Hurtado Arévalo (socio de Juan Araujo), Zoraimi Araujo de Torres (gerente de producciones, representante legal de Solid Show y hermana de Araujo), Carolina del Valle Pérez Barreto (gerente de publicidad), y Marille Manzanilla (gerente administrativa), a quienes se les acusa de legitimación de capitales.

  A estas nueve personas se les precalificó el delito de asociación para delinquir.

  Entretanto, en República Dominicana fueron detenidos los venezolanos Edmundo Medina, Francisco Velásquez, José Houtman, José Velásquez y Mirian Díaz. Tanto Medina Torrealba, como  Houtman aseguraron a Venezuela Política declaraciones grabadas, que se encuentran secuestrados en República Dominicana y sin haber sido interrogados, que han recibido amenazas de muerte, mientras que los verdaderos culpables, unos militares dominicanos se encuentran en libertad[4].

  Se aprehendió también a los dos pilotos venezolanos, Edmundo José Medina Torrealba (38 años), y  Francisco Javier Velazco Tory (34), así como tres pasajeros, a saber, José Manuel Houtmam, José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian De Jesús Díaz Marín; así como cinco militares dominicanos.

  Para el mes de octubre de 2016, el teniente de la Guardia Nacional, Richard Sánchez, fue condenado a 17 años de prisión después de admitir su culpa antes del inicio del juicio, por lo que el Ministerio Público procedió a la adjudicación de la pena.

Citas

[1] Venezuela Política. “Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show”. 8 de noviembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/11/familiares-y-abogada-de-detenidos.html

[2] You Tube. “Ex teniente coronel de la Policía Nacional y un ex segundo teniente del Ejército, profugos por droga”. https://www.youtube.com/watch?v=gGUKtT59kq4&feature=youtu.be

[3] You Tube. “Abogado niega oficiales vinculados a supuesta red de narcotráfico estén prófugos”. 25 de noviembre de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=_v0x6owurPQ&feature=youtu.be

[4] Venezuela Política. “Habla el piloto del caso Solid Show y un pasajero del avión presos en República Dominicana: Estamos secuestrados y hasta la fecha no hemos sido interrogados”. 18 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/habla-el-piloto-del-caso-solid-show-y.html

lunes, 18 de febrero de 2019

Habla el piloto del caso Solid Show y un pasajero del avión presos en República Dominicana: Estamos secuestrados y hasta la fecha no hemos sido interrogados

A nuestra manos llegaron los audios en los que Edmundo José Medina Torrealba y José Manuel Houtman exponen su situación y las irregularidades de su caso Solid Show y los sucesos extraños ocurridos en 2015. 

Por Maibort Petit
@maibortpeti


El piloto de la aeronave siglas YV544T, Edmundo José Medina Torrealba, detenido en República Dominicana por hechos relacionados con el narcotráfico y supuestamente vinculado al caso conocido como Solid Show, aseguró desde la prisión en donde se encuentra en la isla antillana que él y sus compañeros se encuentran secuestrados, toda vez que hasta la fecha no han sido interrogados, el proceso judicial ha sido demorado injustificadamente, se han producido amenazas de muerte para los funcionarios de la embajada venezolana cuando intentaron interceder por ellos y, en general, han sido víctimas de los verdaderos responsables de la acción criminal, unos militares que se encuentran en libertad, mientras ellos permanecen en la cárcel desde hace cuatro años siendo completamente inocentes.
En fecha 8 de noviembre de 2018, dimos a conocer a través de la nota titulada “Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show”, en la que se denunciaron retardo procesal, falta de pruebas y violación de los derechos humanos de los imputados, entre otras[1].

Ahora a nuestra mesa de redacción llegan los audios en los que Medina Torrealba y José Manuel Houtman exponen su situación y las irregularidades de su caso al verse motivados por la reseña dada a conocer a la opinión pública en estas páginas. “Leí el reportaje de Maibort Petit y por ahí logré ver que en Venezuela los empleados de Solid Show y los guardias nacionales están en la misma situación que nosotros”, argumenta el primero antes de dar su versión de los hechos.

El origen de esta situación

Todo ocurrió el 17 de marzo de 2015, cuando al arribo de la aeronave modelo Leader Jet 25D con siglas YV544T procedente de Venezuela al Aeropuerto Internacional de Las Américas “José Francisco Peña Gómez” en Santo Domingo, se produjo el decomiso de 450 panelas de cocaína. El avión había despegado del aeropuerto Caracas en Charallave, estado Miranda.
En República Dominicana las autoridades detuvieron a Edmundo Medina (piloto), Francisco Velásquez (copiloto), José Houtman (comerciante en Charallave), José Velásquez y Mirian Díaz (pasajeros), todos de nacionalidad venezolana.

Entretanto, en Venezuela, por el mismo hecho, el Ministerio Público imputó al teniente y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Sánchez Espinoza y Leandro Salcedo Gutiérrez, respectivamente, señalados de estar presuntamente vinculados al tráfico de la referida droga. También Joseph Viera Betancourt, quien se desempeñaba como agente de seguridad. Todos fueron detenidos en el Aeropuerto Caracas el mismo día que incautaron la droga en RD. Igualmente fueron allanadas las instalaciones de la agencia Solid Show y se determinó la supuesta vinculación de Zoraimy Araujo de Torres (gerente de producciones, representante legal de Solid Show y hermana de Araujo), Carolina Pérez Barreto (gerente de publicidad) y Marifelx Manzanilla (gerente administrativa)” a quienes se les privó de libertad por presuntamente incurrir en legitimación de capitales.

Del mismo modo, fue acusado Juan Carlos Araujo Durán, propietario de la empresa de espectáculos Solid Show. Juan Jacinto González Contreras fue igualmente detenido. A ambos se les acusa de supuestamente haber cometido los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financistas.

Los argumentos de Medina Torrealba

Edmundo José Medina Torrealba reitera su condición de secuestrado, toda vez que se encuentra en prisión “preventiva” desde hace cuatro años, una reclusión de larga data aun cuando no ha sido condenado.

Indica que en la República Dominicana detuvieron en la fecha de los hechos a dos militares a unos tres kilómetros del aeropuerto, de los cuales dos se encuentran en libertad bajo fianza. Subraya que uno de estos militares es familia de la primera esposa de un teniente coronel perteneciente a la policía nacional dominicana, quien supuestamente sería familia del presidente dominicano, Danilo Medina.

— Aquí la Embajada de Venezuela nos apoyó, pero tuvieron amenazas de muerte, igual que nosotros.

Agrega que el proceso judicial ha sido por demás atropellado en virtud de las múltiples demoras que ha sufrido, los reenvíos de que ha sido objeto, la recusación de jueces y hasta “infartan a un abogado”.

— Aquí yo llamé a los Derechos Humanos y recibieron una orden del Procurador General de la República [Jean A. Rodríguez] de este país y nos negaron todo tipo de ayuda, supuestamente por culpa de los narcosobrinos.

Medina Torrealba manifiesta que lo enrevesado a irregularidad de los hechos lo han convertido, a decir de todos los opinadores de oficio, en protagonista de cuanta actividad de narcotráfico se da a conocer. “En realidad a mí me han puesto a sonar y me han nombrado en todos esos casos [de narcotráfico]. En todos los casos de tráfico de drogas que salen me nombran a mí como si yo fuera ‘el señor de los cielos’”.

Medina Torrealba informa que entabló comunicación con la abogada, Érica Josefina Maraver Carpio, quien lleva la defensa ad honorem de Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez Barreto, Marifelx Manzanilla, Omerly Salcedo Gutiérrez y Pablo Silva Loyo, en Venezuela, con el fin de ponerla al tanto de su situación en la isla y poder lograr la asesoría de la profesional del derecho a quien le prometió toda su colaboración e información.

Refiere que en múltiples oportunidades ha intentado comunicarse con Juan Carlos Araujo y le ha enviado información, sin que este le haya respondido.

Estos intentos de comunicación también se han extendido al propietario de la aeronave, Antonio José Pino Hernández, quien en marzo de 2018 encargó al abogado José Luis Peguero reclamar la aeronave “porque yo supuestamente me la robé, [supuestamente] yo lo llamé a las 6 de la mañana [y le dije que] venía para República Dominicana, [específicamente le habría dicho, según él que] iba a la Romana y aterricé en [el aeropuerto de] Las Américas. Yo le tengo mensajes desde que caí preso a Antonio José Pino Hernández y él no me ha dado respuesta alguna, ni me ha dado la cara desde el principio de la situación. Yo le expliqué: ‘Antonio —mediante mensajes de What's App porque nunca me contestó las llamadas— yo le he dicho, Antonio, esta es una droga que encontraron fuera del aeropuerto a casi tres kilómetros fuera del aeropuerto’”.

Edmundo José Medina Torrealba explica que a través de la Embajada de Venezuela en República Dominicana se enteró de una de las tantas versiones que se han manejado de su caso, la cual indicaba que el día de los acontecimientos la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana (DNCD) lo esperaba desde las 6 de la mañana con una cantidad de droga indeterminada, algo que contradice la realidad, según refiere, pues su arribo al país antillano ocurrió a las 8 y media de la mañana. Recuerda que esa mañana al llegar puso combustible en dos oportunidades y así lo comprueban las facturas que posee. Luego procedió al encendido de los motores de la aeronave y pidió autorización para regresar a Venezuela mientras estaba a la espera de su copiloto. En ese momento las autoridades aeroportuarias lo fueron a buscar al avión para aclarar algo respecto a su licencia de piloto, “porque en realidad yo me vencía en diciembre de 2014 y renové a finales de enero de 2015, yo lo vi lógico porque a lo mejor podía salir en el sistema como vencido. Cuando me bajo y llego a las oficinas de donde se atienden la aviación ejecutiva, me ponen las esposas y me mencionan unas maletas, en el avión no estaban esas maletas”.

Agrega que según le había informado el dueño de la aeronave, el vuelo era para una compañía llamada de Graveuca Andrea Colantuoni Constructora, pero al ser detenido se entera que los pasajeros pertenecían a Solid Show. “Nosotros le hacíamos vuelos a Solid Show, pero qué pasa, el señor Juan Carlos Araujo le debía mucho dinero en vuelos al avión y yo no le quería seguir volando de gratis, yo me le negué a volar y, no sé, me habrán engañado en el aspecto de que era otro cliente y resulta que [el vuelo] era para ellos, porque al único que Antonio Del Pino tenía confianza de entregarle el avión era a mí”.

Hace referencia a la tragedia personal y familiar que esta situación ha significado para él y los suyos: “Hemos perdido todo, mi hijo va para cuatro años que no me habla, mi hija tenía dos años cuando caí preso, ya tiene 6 añitos [y no la he podido verlos crecer]”.

Medina Torrealba reitera que la aeronave fue objeto de todos los controles tanto al salir de Venezuela como al arribar a República Dominicana. “Nosotros no trajimos eso [la droga], nosotros no montamos eso, a nosotros nos chequearon el avión, nos hicieron todos los chequeos rutinarios, tanto en Venezuela como aquí. Aquí está el antidrogas preso con nosotros, quien dice en los tribunales que eso no llegó ahí, que él no vio eso, que eso no salió de la aeronave y bueno, aquí estamos”.

Refiere que el avión fue revisado en Venezuela con perros antidroga que montaron en la aeronave. “Yo en ningún momento vi maletas, ni subiendo ni bajando aquí. Eso lo agarran aquí en un vehículo a kilómetros del aeropuerto en una bomba de gasolina. Los tipos se entran a tiro y todo con la policía. Los agarran, después los sueltan porque eran puros militares, entonces los soltaron y a los pendejos, nosotros los venezolanos, nos dejan presos sin preguntarnos, sin interrogarnos, sin nada”.

Advierte que en el video que presentan como prueba sólo se observa unas maletas en el piso, “no se le ve el color de lo lejos que hicieron eso. No se ve ni siquiera que la bajan del avión, sino que la agarran del piso. No salimos nosotros, no salen los pilotos, nadie, porque donde yo salgo es sentado en la recepción esperando que me entreguen mi pasaporte para irme a mi hotel. A nosotros nos chequearon en Venezuela en inmigración, revisaron mi bolso, porque yo tengo un bolso de mano allá en Venezuela y aquí en República Dominicana también recibieron, nos chequearon nuevamente por inmigración con Rayos X, todo. Me sellaron mi pasaporte, todo. A todos nos hicieron todo lo legal correspondiente de un vuelo”.

Y agrega con contundencia: “Aquí estamos pagando cárcel por los responsables que se encuentran en libertad. Y en Venezuela, lamentándolo mucho, me consta, Antonio José Pino Hernández, con Alberto Ardila, otro piloto que pagó seis años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, armó todo ese espectáculo allá abajo porque aquí hubo una fiscal que mintió, Bianca Durán, que les dio una información a un abogado que envió Antonio, de que a nosotros nos había llevado la DEA para Federal. Y como él es un poco miedoso y falta de hombría me imagino que armó todo ese problema”.

Hace mención al hecho de que uno de los militares tiene registrada más de 70 llamadas y en ninguna de ella hace referencia a él. “A nosotros nos quitaron los teléfonos en el registro de personas, el teniente coronel tiene 78 llamadas y no menciona a nadie, no menciona si está esperando un avión, si me está esperando a mí, no menciona nada, él de lo que habla es de los problemas que tuvo fuera del aeropuerto y por  eso lo agarran dándose a la fuga, por el intercambió disparos con la misión entre comillas, porque fueron cuatro funcionarios por lo que cuenta que estaban afuera. Repito, yo estaba en la aeronave con los motores encendidos para regresar. A los tres días me hacen la traza, solicito que le hagan el barrido positivo a la aeronave el cual salió negativo y lo rompieron. Son muchas cosas”.

El piloto Medina Torrealba comenta un hecho del que se enteró luego de un año de estar encerrado, a través de unos compañeros. Lo referido tiene que ver —le narraron— con el día de los hechos, en la madrugada, a las 2:30 a. m., cuando despegó del Aeropuerto Caracas una aeronave Citation cargada de droga, la cual fue interceptada por la Fuerza Aérea Venezolana a 140 millas del norte de Maiquetía, obligándola a aterrizar en la Base Aérea Libertador (…) Bueno eso hay que investigarlo también”.

El testimonio de José Manuel Houtman

El otro testimonio que nos llega a través de la grabación, es el de José Manuel Houtman, uno de los pasajeros de la aeronave, quien al igual que Medina Torrealba, asegura que es víctima de un secuestro.

— Esto es un secuestro, no sé qué decirle, no sé qué es lo que quieren hacer con nosotros, por lo menos en mi caso, son cuatro años en que lo perdí todo, perdí mi negocio, perdí lo más importante que son mis hijos, la infancia, la inocencia, lo más bello de un niño que es su niñez, la perdí. Perdí mi esposa, mi negocio, mi casa, me la invadieron, me la desvalijaron totalmente. El vehículo que dejé estacionado en el aeropuerto lo agarró la ONA [Oficina Nacional Antidrogas] y no lo quisieron entregar, nada. Yo lo perdí todo. Perdí lo material y he perdido mi vida aquí sin saber por qué”.

Cuenta que viajaba en esa aeronave debido a que le pidió a Edmundo Medina Torrealba, quien es su amigo, que le diera “la cola” en el vuelo para ir a República Dominicana a comprar mercancía para su negocio en Venezuela. “Yo simplemente vine a este país a comprar mercancía para mi tienda en una cola que me dio el señor Edmundo a quien conocí años atrás, era cliente de mi tienda, practicábamos deporte juntos. Con la situación del país me vi obligado a salir a comprar mercancía, una vez lo hice en Panamá. Esta vez cuando me dijo que venía acá [República Dominicana] me dijo que si quería me daba la cola para comprar mercancía para mi tienda”.

Indica que aceptó el ofrecimiento de Medina Torrealba precisamente porque para esos días el Banco Exterior le había aprobado un crédito para comprar mercancía. “Eso era lo que venía a hacer, esa mi intención al venir a este país y vean el problema en el que estoy metido sin saber ni conocer a ninguna de las partes, ni a las partes en Venezuela, ni a las partes aquí en República Dominicana, ni siquiera a los pasajeros que eran quienes rentaron el avión, porque yo venía en una cola y mire donde estoy”.

Houtman informa que le ha dirigido comunicaciones al Procurador General de la República y a periodistas sin que haya obtenido respuestas.

— Aquí en cuatro años han hecho lo que les ha dado la gana con nosotros. Ya tenemos cinco meses del último reenvío que tuvimos y ni siquiera sabían dónde estaba el expediente de nosotros, ni fecha de audiencia, ni absolutamente nada. Y esto por el militar que está afuera libre que hace todo para suspender todo, ha enviado hasta fotos donde aparece abrazado con el presidente de aquí, amenazando que si metíamos a la embajada nos iba a pasar algo a nosotros, a nuestra familia, todo.

Dice que su deseo es que lo investiguen y certifiquen quién es, qué hace, sus relaciones, “porque desde que tengo uso de razón lo que he hecho es trabajar decente y honradamente, trabajar, trabajar. Yo soy hijo único, mi mamá, mi papá, mis dos hijos dependían de mí, de mi trabajo, de mi tienda que tuve regalar [vender a bajo precio] para pagarle a un abogado aquí que me robó, me quitó el dinero diciéndome que me podía sacar bajo fianza y diciendo que yo podía trabajar mientras se llevaba a cabo el proceso y lo que hizo fue robarme el dinero. Por último lo que puse fue un abogado público que ni siquiera el teléfono me lo ha querido dar y ya tengo seis o siete meses que no le veo la cara desde la última audiencia”.

Imputados por caso Solid Show denuncian que existe una violación de sus derechos fundamentales

Aun cuando han transcurrido cuatro años desde su detención, las personas imputadas tanto en Venezuela como en República Dominicana denuncian haber sido señalados como “culpables necesarios”, sólo para proteger a los verdaderos culpables de esta trama de narcotráfico que involucraría, supuestamente, a funcionarios militares en ambas naciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La abogada especialista en Derecho Procesal Constitucional y en Derechos Humanos, Erica Josefina Maraver Carpio, solicitó ante el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, su inmediata intervención a los fines de evitar que se continúen cometiendo violaciones de las garantías fundamentales por parte de los funcionarios que estuvieron adscritos a ese organismo en contra de sus clientes Omerly Leandro Salcedo Gutiérrez, Pablo José Silva Loyo, Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez Barreto y Marifellx Manzanilla, quienes se encuentran privados de libertad a la orden del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio, según expediente Nº MP21-P-2015-1139, relacionado con el caso que se conoce ante la opinión pública como Solid Show.
La comunicación que va con copia a las direcciones de Drogas, Derechos Humanos y de Legitimación de Capitales del Ministerio Público, manifiesta que los referidos funcionarios de la fiscalía olvidaron su responsabilidad y se apartaron del mandato constitucional que les impone el artículo 282 de la Constitución con el fin de imponer su criterio personal en perjuicio de los  defendidos de Maraver Carpio.

La abogada defensora le manifestó a Saab que en aras de que se cumpla el debido proceso de acuerdo a lo establecido en los artículos 26, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el titular del Ministerio Público debe nombrar un Fiscal Especial que revise las actuaciones de las fiscalías que actuaron en el juicio desde sus inicios, que a saber son la Fiscalía Decima Novena de Miranda, la Vigésima Séptima con Competencia Nacional en materia de Legitimación de Capitales y la Tercera con Competencia Nacional en Materia de Drogas, “por cuanto sus actuaciones son deficientes al desconocer principios fundamentales que debieron observar como representantes del Ministerio Público, en perjuicio de mis defendidos ya identificados, negándose a revisar el acto de imputación instruido por las Fiscales anteriores e insistir en imponer una investigación amañada, desproporcionada y grosera que rompe con todos los principios de la ley y la justicia”.

Advierte Maraver Carpio en este sentido, que se reserva en su condición de defensora de los derechos humanos, “todas las acciones civiles y penales que pudieran derivarse de tales actuaciones en el ejercicio de lo preceptuado en los artículos 25 y 30 de nuestra Constitución Nacional vigente”.

Igualmente, Erica Maraver Carpio solicitó a Tarek William Saab fijar una reunión con carácter de urgencia con la presencia de los familiares de todos sus defendidos y de los detenidos en República Dominicana, “a los fines de que a través de la Dirección de los Derechos Humanos puedan presentar la denuncia correspondiente de sus familiares quienes se encuentran privados de libertad sin derecho a la defensa y que se encuentran sometidos bajo amenaza desprovistos de una defensa que les garantice sus derechos en estos casi cuatro años de paralización de juicio”.

Los hechos

En el documento presentado ante la fiscalía, Maraver Carpio expone en primer lugar los hechos, refiriendo que el 28 de enero de 2019, después de más de seis meses de paralización y casi cuatro años del juicio de sus defendidos, fue diferida nuevamente la audiencia de apertura debido a la incomparecencia de uno de los encausados, quien goza de una medida cautelar de libertad bajo régimen de presentación.

Refiere que a dicho acto se presentó el Fiscal Vigésimo Séptimo con Competencia Nacional en el delito de Legitimación de Capitales y le manifestó a la defensa que la única manera de que los acusados pudieran beneficiarse de alguna medida, era asumir los hechos por los delitos imputados por el Ministerio Público en el año 2015.

Maraver Carpio expresa que ante esta condición expuesta por el fiscal ella se opuso en razón de que sus defendidos son inocentes de tales delitos y llevan casi cuatro años privados de libertad sin que se haya concluido su juicio. La abogada apuntó que lo que procedía era el decaimiento de la medida para que sus representados continuaran el juicio en libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de la Constitución. La respuesta del fiscal 27 fue “que si llegare a dictar el Tribunal tal medida a favor de mis defendidos, el Ministerio Público apelaría con efectos suspensivos, tal como lo hizo con el ciudadano Luís Hurtado, cuando el Tribunal acordó su libertad condicional por razones humanitarias”.

Antecedentes del caso

Seguidamente, Erica Maraver le informa a Tarek William Saab los antecedentes del caso e indica, en primer lugar, que Omerly Leandro Salcedo Gutiérrez y Pablo José Silva Loyo, quienes para la fecha de su detención eran miembros activos de la Guardia Nacional Bolivariana destacados en el Aeropuerto Caracas, se encuentran privados de libertad en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I, en San Francisco de Yare del Estado Miranda desde el año 2015 cuando se produjo su detención.

Apunta que el 17 de marzo de 2015, el Teniente Frederick Ruiz Ruíz, procedió a investigar por noticia críminis respecto a una avioneta que llegó a la República Dominicana procedente del Aeropuerto Caracas con un cargamento de 450 kilogramos de droga. Se encargaron del caso la Fiscal Décima novena del Ministerio Público de Miranda, Gladys Varela, quien junto al Comando Antidroga de la Guardia Nacional, la Fiscalía Tercera Nacional y la Fiscalía 27 Nacional con competencia en legitimación de capitales y solicitaron la detención  preventiva a los funcionarios castrenses que se encontraban en labores ese día. Esta decisión la tomaron con base a la declaración de Junior José Valera Arango, un funcionario que fungía de guía en las instalaciones del aeropuerto, quien señaló a Salcedo Gutiérrez y a Silva Loyo como cooperadores del hecho.
Advierte Maraver Carpio que esta declaración del testigo delator se constituyó bajo la figura de prueba anticipada sin que se respetaran los principios fundamentales que deben garantizar la calidad de esa prueba para que sea considerada como lícita y constitucional, sobre todo si se toma en cuenta que para el momento de la declaración del testigo delator, no se encontraban presentes sus representados ni hubo presencia de un defensor público. Tal situación “muestra que mis defendidos dentro del proceso no son autores, sino víctimas de una simulación bien organizada por personas interesadas en vincularles al delito ejecutado, con el propósito de desviar la atención de la autoridades a quien le correspondía investigar adecuadamente lo sucedido para establecer las responsabilidades del caso, lo cual tampoco ocurrió”.

Subraya que la conducta desplegada por el funcionario castrense que instruyó el expediente por noticia criminis, quien es la misma persona que abre y dirige la investigación por parte del organismo militar. Precisa que esta persona no ha podido ser localizada pues dejó de pertenecer a la Guardia Nacional y, según información suministrada en el expediente por sus superiores, vive desde hace tres años en Ecuador.

En segundo término, la abogada hace mención a Carolina Pérez, Zoraimy Araujo y Marifelx Manzanilla, a quienes se les imputan los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir por el sólo hecho de haber constituido algunas compañías registradas bajo el mismo domicilio fiscal donde funcionaba la empresa Solid Show, cuyo presidente es Juan Carlos Araujo quien ha sido vinculado al delito de financiación de tráfico de droga.

Manifiesta la abogada que Solid Show desde hace más de dos años se encuentra sin desarrollar ninguna actividad debido a la imposibilidad de continuar trayendo artistas extranjeros por la situación país, lo que llevó a Pérez, Araujo y Manzanilla a —por iniciativa propia— constituir algunas empresas con diferentes actividades que les permitieran paliar la crisis económica que padecían. Destaca que las empresas formadas por estas personas no tuvieron ninguna actividad, como consta en el expediente.

Luego de explicar el mecanismo de aprehensión de sus defendidas, Maraver Carpio refiere que el Ministerio Público obvió llevar a cabo una investigación previa sobre la vinculación o no de las imputadas con el delito por el cual se les enjuicia.

En tal sentido se remite al origen de los fondos de sus defendidas mediante el seguimiento y estudio de las cuentas bancarias, la información suministrada a través de Sudeban y las respuestas obtenidas desde Panamá y República Dominicana sobre los bienes y cuentas bancarias que pudieran mantener en aquellas entidades, el resultado arrojó que, primero, Carolina Pérez Barreto, según investigación del Ministerio Público, mantiene deudas bancarias, sobregiro en tarjetas de crédito, no posee bienes inmuebles dentro ni fuera del país. Sus cuentas nóminas entre los años 2002 y 2015, percibieron como sueldo la cantidad de Bs. 622.527,70 en total y un promedio

Segundo, Marifelx Manzanilla sin bienes de ningún tipo, vivía alquilada en el inmueble donde fue realizado el allanamiento y su perfil financiero, según el Ministerio Público, refleja que sus cuentas nóminas acumularon entre 2002 y 2015, sólo dinero por concepto de sueldos.

Tercero, Zoraimy Araujo de Torres, hermana de Juan Carlos Araujo, de acuerdo al Ministerio Público, entre 2002 y 2015 tuvo ingresos en sus cuentas bancarias la cantidad de Bs. 650.000,00 por concepto de sueldos. A ella le incautaron su vivienda principal adquirida por su esposo, Helton Torres Conner, con el Banco Provincial y pagado con los ingresos de este, a quien sin ser parte de la investigación, el Ministerio Público le incautó su vehículo el cual hasta la fecha no se ha podido recuperar desconociéndose su destino.

Igualmente, Erica Maraver Carpio indica que el 7 de febrero de 2019 recibió en su cuenta de Whatsapp, unos audios de los venezolanos detenidos desde  el 17 de marzo de 2015 en República Dominicana, quienes aseguran ser el capitán, el copiloto y los pasajeros de la Avioneta Lear Jet 25YV44T, la cual salió del Aeropuerto Caracas “sin ningún cargamento de droga en su interior y que la misma fue incautada en una bomba de gasolina a dos kilómetros del aeropuerto Las Américas, sin que hasta la fecha hayan podido demostrar su inocencia, debido a que el responsable de la droga, es un alto exfuncionario de la Policía Nacional de Republica Dominicana, vinculado al expresidente de esa nación y quien, aseguran, solo estuvo 18 días preso”.

En los audios los detenidos venezolanos en República Dominicana sostienen que se encuentran secuestrados y sin derecho a tener un juicio justo, pues el mismo sufre constantes dilaciones por apelaciones interpuestas que retardan el proceso.

Para Maraver Carpio es sumamente grave que estas personas sean víctimas de las amenazas del funcionario dominicano.

Se remite a las actas recabadas por el Ministerio Público de República Dominicana, las cuales no demuestran que la avioneta llegó al aeropuerto con el cargamento que presuntamente transportaba desde Caracas. “Las declaraciones de quienes aseguran que presenciaron el chequeo de la misma antes de salir de Venezuela, son las mismas de quienes se encuentran acá en Venezuela por el mismo caso como imputados y como testigos promovidos por el propio Ministerio Publico”. 

La abogada defensora asegura que el Ministerio Público no ha podido determinar cómo ingresó la droga a la avioneta, ni quiénes la ingresaron y cargaron en la misma. Tampoco se ha establecido cómo se burlaron los sistemas de seguridad del aeropuerto en donde se supone existe un personal calificado en materia de seguridad. “La misma situación presenta la experticia enviada por la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo que señala actas que nunca se presentaron durante el proceso porque lo cierto es que estamos en presencia de un montaje en donde eran necesarios unos culpables que distrajeran a la opinión  pública y en donde quienes actuaron en la instrucción del expediente en Venezuela no están ubicables porque ya no se encuentran en el país”.

En tal sentido, Erica Maraver manifiesta en el escrito que se está en presencia de una simulación destinada a establecer un "culpable necesario" que distraiga la atención de los verdaderos y únicos responsables de haber enviado las nueve maletas encontradas a 2 kilómetros del Aeropuerto Las Américas de la Republica Dominicana y que seguramente arribó a ese país en otra aeronave que no es la Lear Jet 25YV44T. “Lo cierto es que, ni el Ministerio Público, ni el Comando Antidrogas realizaron una investigación seria, coherente y apegada a la Ley. Basta investigar los estados financieros de mis defendidos y su estilo de vida, su conducta antes y después de los hechos, para saber que son inocentes y que sólo son víctimas de una simulación que les vincula a un delito no cometido junto a otros cinco inocentes se encuentran prácticamente secuestrados en República Dominicana sin derecho a la defensa y expuestos a perder sus vidas por la irresponsable actuación de las fiscales que avalaron el procedimiento”.

Las violaciones

Seguidamente, Erica Maraver Carpio se remite a establecer las violaciones a los derechos fundamentales en que se ha incurrido en el proceso que se les sigue a sus defendidos y a los detenidos en República Dominicana.

Indica que se ha violado la libertad y seguridad personal, el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, entre otros.


Advierte que el estado de derecho va más allá de simplemente recitar las garantías fundamentales, los códigos, las leyes especiales y los precedentes emanados del alto tribunal, sino un acto de soberanía que debe ejercer diariamente cada ciudadano investido o no de autoridad, tal como lo establece el artículo 333 de la Constitución.

Igualmente deja sentado que para que establezca la culpabilidad de alguna persona, “es necesario que haya ejecutado conscientemente una acción antijurídica la cual lo hace responsable de sus actos frente a la sociedad y corresponde al Ministerio Público, ordenar y dirigir la investigación penal por mandato expreso Constitucional del artículo 285 numerales 1,2 y 3;  es decir, es el Ministerio Público el llamado a ordenar y dirigir la investigación penal, dejando constancia de las circunstancias que pudieran haber influido en la calificación y responsabilidad de los autores y demás participantes. Igualmente, debe garantizar, en todo momento que dentro de un proceso judicial se cumpla con respeto a los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos, independientemente de la condición en que se encuentren dentro del mismo, bien como imputados o bien como víctimas, velando, con su intervención y presencia, la celeridad y la buena marcha de la administración de justicia dentro del debido proceso”.

Denuncia la angustiante práctica perversa y repetitiva que ocurre en los procesos judiciales en Venezuela por parte de quien está obligado a garantizar la legalidad y el orden, a saber, el Ministerio Publico que actúa promoviendo "la admisión de los hechos" como una fórmula alternativa para que un imputado se ahorre el tiempo que tarda un proceso judicial, que en la mayoría de los casos, para los imputados significa un verdadero suplicio”. 

Acusa que el fiscal 27 con competencia nacional ha dejado en claro que de otorgar el tribunal una medida sustitutiva que permita que sus defendidos puedan terminar su juicio en libertad, apelará con efectos suspensivos desconociendo lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal en virtud de que sus representados llevan casi cuatro años detenidos sin que hasta la fecha se haya podido concluir el juicio.  Esto es inaceptable, por constituir una amenaza a la dignidad de mis defendidos”.

Agrega que los fiscales 27 y tercero nacional insisten en desconocer los artículos señalados de la Ley Especial y de la Constitución, lo que constituye un riesgo para el proceso de sus defendidos pues muestran un interés “muy personal de no hacer justicia, sino de imponer una investigación deficiente en cuyas actas se demuestra la intención de mantener detenidas a personas inocentes no sabemos aún con cuál propósito”.

— Actuaciones como estas, constituyen violaciones a los derechos humanos los cuales denuncio en este acto, con la esperanza de que se tomen las medidas correctivas en forma inmediata a fin de garantizarles a mis defendidos todos los derechos y garantías que ofrece el estado social de derecho y de justicia establecidos en los artículos 2 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, en el escrito de Erica Maraver Carpio ante el fiscal Tarek William Saab, estima que los cuatro años que llevan sus defendidos privados de libertad constituyen una condena anticipada  por unos delitos que nunca fueron investigados con apego a la Ley, “manteniéndoles alejados de sus seres queridos, siendo sometidos a tratos crueles, humillantes y vejatorios en donde su salud mental y física se ha visto comprometida cada día, por lo que creemos que es tiempo suficiente como para pensar en la posibilidad de que continúen su juicio en libertad, como debe ser y como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 44.1 y el 230 del COPP ya referido, porque la norma es estar en libertad durante el juicio; por lo que la privativa de libertad constituye la excepción”.

Notas


[1] Venezuela Política. “Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show”. 8 de noviembre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/11/familiares-y-abogada-de-detenidos.html

jueves, 8 de noviembre de 2018

Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show

La representación legal y algunos familiares de los implicados en el caso Solid Show denunciaron un conjunto de irregularidades habidas en el proceso judicial que, entre otras anomalías, se ha caracterizado por el retardo procesal, falta de pruebas y violación de los derechos humanos de los imputados, entre otras.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A nuestra mesa de redacción llega una denuncia formulada por los familiares y la representación legal de Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez Barreto y Marifelx Manzanilla, imputadas por la supuesta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir en el caso que se conoce ante la opinión pública como Solid Show[1].

Acusan retardos procesales injustificados, manipulación del expediente y la falta de una investigación seria del caso.

Carolina Pérez Barreto se desempeñaba como gerente de publicidad de Solid Show; Marifelx Manzanilla ejercía como gerente administrativa; mientras que Zoraimy Araujo de Torres era la gerente de producciones, además de representante legal de la empresa y hermana del propietario Juan Carlos Araujo Durán.

Este último está señalado de supuestamente ser uno de los cabecillas de la red que se encargaba de las operaciones de narcotráfico en la que Venezuela, de acuerdo a la versión manejada por el Ministerio Público, se constituyó como el punto de exportación y la República Dominicana como el punto de importación de los estupefacientes.  

La causa está identificada con el número MP21-P-2015-001139, la cual está radicada en el Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Territorial de los Valles del Tuy, Tribunal Primero de Juicio.

Los hechos

El 17 de marzo de 2015 se produjo el decomiso de 450 panelas de cocaína a bordo de una aeronave que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas “José Francisco Peña Gómez” de República Dominicana, proveniente del aeropuerto Caracas ubicado en Charallave, estado Miranda.

Se trataría de un avión modelo Leader Jet 25D con siglas YV544T, de Venezuela[2].

Por este suceso el Ministerio Público acusó al teniente y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Sánchez Espinoza y Leandro Salcedo Gutiérrez, respectivamente, por estar presuntamente vinculados al tráfico de la referida droga. Estos miembros de la FAN, así como Joseph Viera Betancourt (empleado de seguridad), fueron detenidos en el Aeropuerto Caracas en la misma fecha en que se produjo la incautación de la droga.

Posteriormente, el sargento segundo Arango, fue detenido en virtud de una orden de aprehensión solicitada por las representantes del Ministerio Público y ejecutada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el estado Lara.
La acusación fue formulada por las fiscales 3ª y 27ª nacional, así como la 19ª del estado Miranda, Eilyn Ruiz, Yemina Marcano y Gladys Valera, respectivamente, quienes imputaron a Sánchez Espinoza por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir.

Los fiscales solicitaron al Tribunal 5° de Control de Miranda la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los efectivos castrenses, así como medida privativa de libertad contra señalados guardias nacionales, quienes fueron remitidos al Internado Judicial de El Rodeo II.

También por este caso fue imputado Juan Carlos Araujo Durán, propietario de la empresa de espectáculos Solid Show que tiene su sede en la calle Luis De Camoens, Edificio Centro Clover, piso 2, Oficina 2, Urbanización Zona Industrial La Trinidad, Caracas[3]. La página web de la compañía www.solidshow.com se encuentra desactivada. Los teléfonos que se conocen son (0212) 9410011, (0212) 9410122.

Araujo Durán fue detenido el 30 de marzo en Caracas.

Igualmente está detenido el comerciante Juan Jacinto González Contreras.

Ambos están acusados de supuestamente haber cometido los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financistas.

Del mismo modo, fueron detenidos “Luís Alejandro Hurtado Arévalo (socio de Juan Araujo), Zoraimi Araujo de Torres (gerente de producciones, representante legal de Solid Show y hermana de Araujo), Carolina del Valle Pérez Barreto (gerente de publicidad), y Marille Manzanilla (gerente administrativa)” a quienes se les privó de libertad por presuntamente incurrir en legitimación de capitales.

Además están acusados Joseph Viera Betancourt, quien labora en la empresa de seguridad ASEG; Pablo José Silva Loyo (sargento primero) y Junior Valera Arango (sargento segundo), señalados por tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas.

A las nueve personas detenidas se les precalificó el delito de asociación para delinquir.

En República Dominicana fueron detenidos Edmundo Medina, Francisco Velásquez, José Houtman, José Velásquez y Mirian Díaz, todos venezolanos.

Según informaron las autoridades, con el allanamiento de Solid Show se determinó la supuesta vinculación de Hurtado Arévalo, Araujo de Torres, Pérez Barreto y Manzanilla con el hecho[4].

Por el caso fueron aprehendidos los dos pilotos venezolanos, así como tres pasajeros (dos hombres y una mujer), y cinco militares dominicanos.

Los pilotos son Edmundo José Medina Torrealba (38 años), y  Francisco Javier Velazco Tory (34). Medina es del municipio Caroní, estado Bolívar, mientras a Velazco Tory se le ubica en Mérida.

Uno de los pasajeros es José Manuel Houtmam, de 38 años, comerciante establecido en la ciudad de Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda. Los otros pasajeros son José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian De Jesús Díaz Marín.

Ante los hechos ocurridos, Solid Show emitió un comunicado el 23 de abril de 2015 para informar al público la cancelación de los eventos programados para esa fecha en varias ciudades de Venezuela, en razón de que estaba abocada “a las gestiones pertinentes que efectúa la empresa ante los tribunales por el juicio que se lleva a cabo y mantiene cerrada la empresa”[5].

En octubre de 2016, el teniente de la Guardia Nacional, Richard Sánchez, fue condenado a cumplir 17 años de prisión, luego de haber admitido su culpa antes del inicio del juicio, por lo que el Ministerio Público procedió a la adjudicación de la pena.

Según lo manejado en esa ocasión, al oficial  y a los sargentos Gil Loyo y Salcedo, les habría correspondido dentro de la operación, la revisión de la aeronave que partió de Charallave con destino al país caribeño con el alijo de drogas. A Richard Sánchez se le asignó como lugar de reclusión el Internado Judicial de El Rodeo II[6].

Los argumentos de la defensa

La abogada Érica Josefina Maraver Carpio, quien lleva la defensa ad honorem “porque soy defensora de los derechos humanos” —desde el 22 de diciembre de 2017—de Araujo de Torres, Pérez y Manzanilla, asegura, ante todo, que sus representados son inocentes. Estas personas prestaban sus servicios en la administración de la empresa de espectáculos. Los otros defendidos de la abogada son dos guardias nacionales, a saber, Omerly Salcedo Gutiérrez y Pablo Silva Loyo.

Todas estas personas, sostiene, se encuentran bajo arresto de manera injustificada desde hace tres años y seis meses, “acusados de delitos que no han cometido y que no se han terminado de probar en vista de las terribles irregularidades que se han cometido en el caso desde sus inicios”.

Una y otra vez, Maraver Carpio, pregona la inocencia de sus representados y asegura que fueron vinculados magistralmente por los fiscales que conocieron del caso desde sus inicios, “por el simple hecho de haber constituido el domicilio de varias empresas que prestaban servicio a Solid Show y a otras empresas que pertenecen  al mismo grupo”.

Asevera que los auténticos responsables de los hechos, son el propietario de la avioneta y los guardias nacionales que armaron el expediente. Todas estas personas, indica, se encuentra fuera del país.
Al respecto, una investigación del portal Primicias 24 indica que las empresas Interstate Supply Corp, GMS Global Management , Real Broker Int , Medisec LLC y Pinhos Group Corp serían las propietarias del avión. De estas compañías figuran como directivos: Antonio José De Pinho Hernández, José G De Pinho Hernández, Lourdes Johnston y Ramón Arcay.

Inter State Supply C.A, Rif J3010824266 opera desde Venezuela y las otras en Estados Unidos. De Inter es directivo Víctor A Cairos, además de De Pinho Hernández. Su plataforma de operaciones es un PH en la Avenida Principal de Bello Campo, Edificio El Carmen PH-A Chacao, de acuerdo al portal.

“Inter State Supply, C.A le habría comprado la nave a la corporación ADP Aviation of Delaware INC en USA durante el año 2012. Este estaba registrado anteriormente bajo las siglas, N62DK, pero al ser nacionalizado en Venezuela pasó a  YV544T”[7].

Siguiendo con Maraver Carpio, esta refiere que el pasado 11 de octubre lograron la destitución del quien hasta ese momento figuró como juez de la causa, Jesús Eduardo Rodríguez Millán, quien —asegura— por más de dos años paralizó el expediente a través de la solicitud permisos y la presentación de frecuentes reposos médicos.

Explica que el 16 de julio de este año 2018, “cuando ya estábamos bastante adelantados en cuanto a la evacuación de las pruebas, después que de que mi persona y el abogado Eddy Rosales, exfiscal nacional quien es parte ahora de la defensa privada, organizáramos el voluminoso expediente (trescientas carpetas de anexos y 22 piezas), el juez de la causa suspendió nuevamente el juicio para iniciarlo de nuevo por tercera vez”. Fue entonces cuando ante este nuevo intento de dilación, procedió a elevar sus denuncias ante todas las instancias, entre ellas, la Asamblea Nacional, acciones estas con las que logró la remoción del juez “por retardo perjudicial”.

La abogada defensora insiste en que el Ministerio Público se centró en el señalamiento de supuestos culpables sin que para ello mediará una investigación seria.

Precisa que Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez y Marifelx Manzanilla acusadas por el delito de legitimación de capitales carecen de bienes de fortuna que justifiquen la imputación y agrega que muy por el contrario, se encuentran endeudadas en virtud de que al momento de producirse su arresto la empresa Solid Show “estaba prácticamente quebrada”.

Sobre Omerly Salcedo Gutiérrez y Pablo Silva Loyo —los guardias nacionales— dice que se trata de dos personas de condición humilde, cuyas cuentas bancarias no exhiben ningún movimiento que pueda considerarse sospechoso o que haya algo extraño en el manejo de sus cuentas, incluso, refiere que ella debe ayudarlos con sus artículos personales y comida debido a que “sus familias son muy pobres y viven en Táchira y Lara”.   

Sostiene que ni Silva Loyo ni Salcedo Gutiérrez participaron en la salida de la avioneta, puesto que el primero estaba de vacaciones y acudió al aeropuerto a visitar a sus compañeros y fue en ese momento en que recibió la llamada del testigo delator, mientras que Salcedo Gutiérrez, de guardia ese día, se mantenía en funciones bien definidas no vinculadas a la carga y salida de la avioneta. “Por el contrario, el acta de revisión de la avioneta fue levantada y falsificada las firmas después de que la avioneta salió del aeropuerto Caracas, fue montada por los superiores para librarse del caso, cuando ya estaban detenidos los tripulantes y pasajeros en República Dominicana y al estar lejos era imposible que pudieran reconocer sus firmas”.

Érica Josefina Maraver Carpio informa que los fiscales del caso son nuevos en la averiguación, toda vez que las primeras salieron del país junto a Luisa Ortega, mientras que a Marifer Arrechadera pasó a ocupar el cargo de Consultora Jurídica de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA. Sobre esta última denuncia la irregularidad de haber exhibido parte de la ropa incautada a la esposa de Juan Carlos Araujo, mostrándola en la red social Instagram.

Lo que sostiene la familia de Araujo de Torres

El esposo de Zoraimy Araujo de Torres, Helton Alaín Torres Conner, narra que el día del arresto de su cónyuge —el 8 de abril de 2015— se enteraron a través de las redes sociales de que se iba a producir un allanamiento en el urbanismo donde reside con su familia —él, su mujer y su hijo quien para entonces contaba con 8 años— y al encontrarse ellos fuera del mismo se dirigieron al sitio para indagar de qué se trataba. Al llegar al lugar, refiere que le preguntaron a un par de guardias nacionales cuál apartamento sobre el cual recaía la medida de allanamiento y la respuesta fue preguntarle a su esposa su nombre quien enseguida lo suministró. De inmediato, los GN procedieron a llamar a la fiscal Yemina Marcano —ahora exfiscal asilada en Colombia— quien posteriormente le manifestó a Araujo de Torres que la jueza de Angélica María Velázquez —igualmente habría huido posteriormente a los Estados Unidos— había ordenado por teléfono la privativa de libertad porque, supuestamente, existían suficientes elementos de convicción  para dictar tal medida.

Torres Conner denuncia que durante el allanamiento quienes lo ejecutaron, además de llevarse papeles y carpetas, cargaron con teléfonos celulares y fijos inalámbricos, 60 mil bolívares en efectivo destinados al pago del personal que lo acompaña en las labores de transporte a que se dedica. “También se llevaron la Tablet de mi hijo“.

Prosigue su narración e indica que ante el anuncio de la fiscal decidieron no oponer resistencia y los acompañaron hasta el destacamento antidrogas ubicado en la avenida Victoria de Caracas donde, además, los guardias nacionales le dijeron que debía entregar su camioneta por órdenes de la fiscal. Refiere que luego de haber transcurrido tres años y siete meses de ello y de haber demostrado que había sido adquirida de manera lícita, no le han devuelto el vehículo.

“Los atropellos han sido aberrantes. Por medio de la Lopna, el tribunal del menor sentenció a mi favor y ordenó la entrega por seis meses de mi apartamento adquirido por vía de crédito inmobiliario a 15 años de los cuales al momento de su incautación habían transcurrido siete años. Ni a la fiscalía, ni al tribunal ni a la Oficina Nacional Antidrogas les importó que en el apartamento viviera un niño de ocho años de edad. Lo lógico que era que el tribunal dictara sobre el mismo una orden de prohibición de enajenarlo y gravarlo”.

Refiere que por información de sus vecinos se enteró que dicho apartamento ha sufrido remodelaciones y que, pese a lo ocurrido, él continuó pagando todos los servicios y las cuotas del banco, habiendo incluso logrado la cancelación total de la hipoteca en 2017. “El día 30 de octubre de 2018 el banco me firmó el finiquito de mi apartamento”.

De igual forma, Helton Alaín Torres Conner, denuncia una serie de irregularidades en el proceso judicial que se le sigue a Zoraimy Araujo de Torres, tales como más de treinta diferimientos de las audiencias, reposos del juez, traslados injustificados a distintos penales, entre otras.

También denuncia atropellos, maltratos, vejaciones, violaciones a los derechos humanos y tortura sicológica en contra de su esposa, cometidos tanto en la ONA como en el Inof.

Atroz injusticia

Por su parte, Adriana Pérez Barreto, hermana de Carolina Del Valle Pérez Barreto, sostiene que contra su familiar se ha cometido una “atroz injusticia”, por cuanto los delitos que se le imputan no han podido ser demostrados.

Indicó que cuando el 8 de abril de 2015 se allanaron las oficinas de Solid Show en el centro Clover, fueron encontrados los registros mercantiles, Rif y libros de varias compañías donde su hermana figuraba como socia. Posteriormente, en horas de la noche, el Cuerpo de Investigaciones, Científicas y Criminalísticas, CICPC, procedió a allanar la vivienda de Medea Margot Barreto Román —madre de ambas— a solicitud de la fiscal auxiliar 3° del Ministerio Público a nivel nacional con competencia plena, Marifé Arrechedera; de Yemina Marcano, fiscal 27º del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en materia de Legitimación de Capitales; de Danger Fuentes, Fiscal Auxiliar 19º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; de Eylin C. Ruiz V, Fiscal Provisoria en la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico a Nivel Nacional con Competencia Plena; y de Gladys Valera, Fiscal Provisoria en la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Publico del Estado Miranda.

La juez Angélica María Velásquez Jiménez habría emitido por vía telefónica la orden para la aprehensión de Carolina del Valle Pérez Barreto en la misma fecha. La captura se produjo en su residencia donde Pérez Barreto se encontraba con su hija de un año de nacida y su madre, la ya citada, Medea Barreto. Los delitos imputados fueron legitimación de capitales y asociación para delinquir, “solo por tener compañías registradas bajo el mismo domicilio fiscal”.

Asegura que en las investigaciones que se hicieron luego de estos hechos —pues, según refirió, no hubo una averiguación previa que confirmara los delitos imputados— no se le descubrieron movimientos bancarios fuera de lugar, así como tampoco se consiguieron drogas, dinero o joyas en los allanamientos. Agrega que, incluso, los fiscales del caso pudieron comprobar que, por el contrario, posee deudas bancarias y sobregiro en tarjetas de crédito. Tampoco pudieron incautarle bienes pues no los posee, siendo su lugar de residencia la vivienda de su madre.

Adriana Pérez Barreto refiere que el perfil financiero que se le practicó a sus cuentas nómina, indica que de 2002 a 2015 percibió ingresos por la cantidad de Bs. 622.527,70, es decir un promedio de Bs. 3.990,56 mensuales. De este periodo, los años comprendidos entre 2002 y 2004 corresponden a salarios devengados en otras empresas, por cuanto que para ese tiempo no pertenecía a la nómina ni de Mundo del Entretenimiento C.A., ni de Solid Show C.A.

Refiere que su hermana ha sido víctima de constantes violaciones a sus derechos humanos, como también lo ha sido su sobrina, Valentina del Valle Pérez Barreto —ahora de 4 años y seis meses—, quien solamente puede ver a su madre una vez al mes por solamente cinco horas. La menor, informa, sufre de ataques de ansiedad y lo único que recuerda de su madre es que “siempre viste de fucsia y tiene el cabello largo. Durante 3 años y 6 meses después de cada visita al INOF llega llorando preguntando qué cuanto falta para que su mamá deje de trabajar, pues se le ha dicho que ella trabaja allí haciendo carteras, que debe arreglar también unos papeles, etc.”.

Por todo esto la niña ha tenido que ser sometida a tratamiento sicológico y a terapias para controlar la ansiedad.

Como los familiares de Zoraimy Araujo de Torres, Adriana Pérez Barreto Barreto denuncia paralización del juicio, retardos procesales, más de 37 audiencias diferidas, cuatro reposos médicos consecutivos del juez de la causa, problemas de traslado de los penales, falta de luz, etc.

Manifiesta que toda la familia ha sufrido las consecuencias de esta esta cruel situación, toda vez que su madre, Medea Barreto también presenta un severo episodio depresivo generado por todo este drama que les ha tocado padecer.

Asimismo, Adriana Pérez Barreto reveló que la familia entera ha sido víctima del sistema judicial en razón de que han tenido que vender todos sus bienes para hacerle frente a los gastos que el proceso y el presidio de su hermana conllevan. “¿Quién nos devuelve estos años de agonía y dolor? ¿Quién es el responsable de que se haga justicia?”. 

Pérez Barreto asegura que tanto la fiscal, Yemina Marcano, como la jueza de control, Angélica María Velázquez Jiménez, han admitido la inocencia de los acusados pero descaradamente han manifestado que les tocará demostrarlo en el juicio, dejando de lado la presunción de la inocencia a que obliga el sistema penal venezolano.

Finalmente, Adriana Pérez Barreto expresó que en virtud de que las autoridades competentes han hecho oídos sordos de todas las demandas por ellos formuladas prosiguiendo adelante con este juicio al que no dudan en catalogar de viciado y vacío de pruebas, decidieron acudir a los medios de comunicación para hacer pública su denuncia. “Ya perdimos el miedo. Ese miedo se convirtió en ímpetu para ya esclarecer esta situación”, concluyó.

Notas citadas

[1] Globovisión. “Privan de libertad a empleados de Solid Show por tráfico de drogas”. 11 de abril de 2015. http://archivo.globovision.com/privan-de-libertad-a-empleados-de-solid-show-por-trafico-de-drogas/

[2] La Tabla. “Presos otro accionista y ejecutivas de Solid Show por caso de droga decomisada en República Dominicana”. Sin fecha. http://la-tabla.blogspot.com/2015/04/presos-otro-accionista-y-ejecutivas-de.html

[3] Planet Venezuela. Producciones Solid Show en Caracas Distrito Capital. https://www.planetavenezuela.com.ve/producciones-solid-show-F1606C9071C

[4] El Impulso. “MP acusó a dos GNB tras decomiso de 450 panelas de cocaína en República Dominicana”. 1° de mayo de 2015. https://www.elimpulso.com/2015/05/01/mp-acuso-a-dos-gnb-tras-decomiso-de-450-panelas-de-cocaina-en-republica-dominicana/

[5] MSC Noticias. “Comunicado de Prensa Oficial de la empresa SOLID SHOW”. 24 de abril de 2015. https://www.mscnoticias.com.ve/2015/04/comunicado-de-prensa-oficial-de-la-empresa-solid-show/

[6] La Verdad. “Cárcel para teniente de la GNB por tráfico de drogas”. 11 de octubre de 2016. http://www.laverdad.com/sucesos/107040-carcel-para-teniente-de-la-gnb-por-trafico-de-drogas.html

[7] Primicias 24. “Conozca los propietarios del avión que transportó droga a República Dominicana “Caso Solid Show“. 6 de mayo de 2015. https://www.primicias24.com/primicias-nacionales/conozca-los-propietarios-del-avion-que-transporto-droga-a-republica-dominicana-caso-solid-show/