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martes, 1 de marzo de 2022

José Roberto Rincón Bravo: El hijo de Roberto Rincón en quien la trama de corrupción se perpetúa

 Fuentes de Venezuela Política sostienen que CITGO siguió manteniendo relaciones contractuales con el hijo de quien es señalado de esquilmar el patrimonio de PDVSA en más de mil millones de dólares.

Por Maibort Petit

  Creer que una de las más grandes estafas perpetradas contra Petróleos de Venezuela S.A., encabezada por el empresario Roberto Rincón terminó con su declaración de culpabilidad, procesamiento judicial de él y sus socios, así como su próximo dictado de sentencia, simplemente se equivoca. Pensar que tanto el empresario como su familia viven hoy día modestamente al haber sido confiscados todos los bienes y cuentas bancarias por ser estos un producto del delito, igualmente es un error. Pero suponer que los negocios irregulares con la estatal petrolera venezolana y sus filiales también llegó a su fin cuando el caso salió a la luz es, sencillamente, la más grande de las equivocaciones, pues cual dinastía monárquica el asunto cuenta con herederos. Así lo revelan fuentes de Venezuela Política que aseguran los contratos turbios continuaron en CITGO a través del hijo del empresario, José Roberto Rincón Bravo, cuestión de la que fue advertido José Pereira en tiempos en que ocupaba la dirección ejecutiva del complejo refinador, pero este habría procedido a protegerlo y negar la existencia de irregularidades.

Imagen cortesía de El Confidencial de España

   Una investigación desarrollada por “Chavismo Inc. Los engranajes del capitalismo bolivariano”, producción periodística trasnacional de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y Alianza Rebelde Investiga (ARI), determinó que un grupo de venezolanos relacionados con tramas de corrupción, exfuncionarios de PDVSA, contratistas del régimen, exintegrantes del gobierno, familiares de estos e, incluso, imputados de la justicia estadounidense, se encuentran entre los más grandes inversores inmobiliarios de la Florida.

  Un caso especialmente resaltado en el reportaje de investigación es el de María Lila Rincón, la esposa de Roberto Enrique Rincón Fernández, propietaria de un apartamento valorado en USD 17 millones, ubicado en la Gran Manzana identificado con el número 45-C del edificio One57 de la calle 57, en Manhattan, una zona que es conocida como el Billonaire Row, la avenida de los multimillonarios, refiere la nota.

  Pero esta no es la única propiedad en Estados Unidos de la esposa de Roberto Rincón, pues “la familia posee al menos dos apartamentos más en Brickell, el corazón financiero de la ciudad de Miami. Los inmuebles rondan en total los 19 millones de dólares”.

  Aunque nos centraremos en esta entrega en el caso de los familiares del empresario zuliano, la investigación periodística de Chavismo.inc incluye, además, a la esposa de Carlos Erick Malpica, el extesorero de la nación y exjefe de las finanzas de PDVSA, sobrino de Cilia Flores; a Alfonzo Gravina y Karina Núñez, exfuncionarios de la petrolera y relacionados con la trama de Rincón; a Naman Wakil, Ricardo Morón, Morela Hernández de Morón, Atahualpa Fernández Arbulu, Franz Müller y Amir Nassar Tayup, contratistas de alto perfil del chavismo y familiares de estos. Cuatro de ellos fueron encontrados culpables por la justicia de Estados Unidos y uno forma parte de la lista Clinton del Departamento del Tesoro.

 Estas personas son dueñas de 33 propiedades identificadas hasta ahora, las cuales están valoradas en conjunto en USD 60 millones, pero cuyos rangos individuales van de los USD 220 mil a los USD 17 millones.

  La nota refiere que el citado apartamento 45-C del edificio One57 es propiedad de la empresa Unit 45c Holding LLC, registrada en Texas el 8 de enero de 2013, de acuerdo a información suministrada por el portal OpenCorporates que indica que el número de registro es el 0801713660. Su dirección es el 3363 N Sam Houston PKWY W, Houston, Tx. El agente registrado es Andrea Ortiz con la misma dirección, mientras que en el directorio figura únicamente María L. Rincón como directora y gerente[1].

 Entretanto, el portal Realty Hop informa de la operación de compra del inmueble ocurrida el 26 de marzo de 2015 por USD 17.313.800[2].


   Se indica en la nota de Chavismo.inc que María Lila Rincón, a través de empresas también adquirió “al menos dos propiedades ubicadas en el mismo edificio en Brickell, el centro financiero de la ciudad de Miami. Ambas están registradas a nombre de empresas controladas por Rincón y cuyo elemento común entre las tres propiedades es su agente registrador”. Compras que se llevaron a cabo aun cuando el Departamento de Justicia sospecha de que ella y su hijo, José Roberto Rincón Bravo, colaboraron con Roberto Rincón en la trama de corrupción que lo llevó al banquillo de los acusados en una corte de Texas.

¿Quién es José Roberto Rincón?

  El portal Poderopedia describe a José Roberto Rincón Bravo como hijo del empresario Roberto Rincón y nacido en Maracaibo, estado Zulia.

  Se indica que es vicepresidente de la empresa Tradequip en Houston, al tiempo que figura como representante legal de Global Air Services Corp en Texas.

  Hace mención a un artículo de KonZapata.com, donde se refiere que “durante su boda en España, fueron invitados los artistas Franco De Vita, Oscar de León, Elvis Crespo, Diego El Cigala, Jorge Celedón y Rosario Flores”.

  Igualmente se informa de su arresto en España el 6 de junio de 2018  junto a su madre, María Lilia Bravo, así como allanamiento de su vivienda principal en una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, así como a su segunda residencia en el campo, a saber, la finca La Losilla, una propiedad ubicada en el término municipal de Villarejo de Salvanés, en el Parque Natural del Alto Tajo, por la que pagó 22 millones de euros procedentes del entramado societario de su padre, Roberto Rincón.

  También se habla en la nota de la confiscación de tres autos deportivos: un Ferrari blanco, un Mercedes AMG amarillo y un BMW i8 azul. A su madre se le decomisaron joyas valoradas en 12 millones de euros[3].

  Entretanto, Chavismo.inc lo identifica como banquero acusado en un tribunal de distrito de Florida, por supuestamente participar en una red de lavado de dinero obtenido mediante sobornos y fraudes de PDVSA.

  Se le identifica como agente de las empresas Grocery Distribution Holdings Inc. (Panamá), Tradequip Spain, Inspection and Logistics (España), Petróleos de Venezuela S.A. en Venezuela, Colombia, USA, Portugal, Alemania; y de Roberto Enrique Rincón Fernández (Venezuela)[4].

Arrestados en España

  Madre e hijo fueron arrestados en España el 6 de junio de 2018, por orden de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, bajo la acusación de blanqueo de capitales.

  La causa inicialmente estuvo cargo de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, quien “coordinó en junio de 2017 cinco registros en Madrid dentro de una investigación de la Justicia portuguesa sobre el presunto desvío de unos 6.000 millones de PDVSA” a directivos del Ministerio de Energía venezolano, “de los que varios millones supuestamente acabaron blanqueándose en España”.

  José Roberto Rincón Bravo figura como administrador único de cuatro sociedades en España desde 2014, de acuerdo a datos del Registro Mercantil: Global Maghas, asociada a la explotación de la producción agrícola y ganadera de la finca La Losilla, con un capital inmovilizado de 26,6 millones de euros. Asimismo, Cibaria Gourmet, Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda y Tradequip España Inspección y Logística. El paquete accionario de esta última pertenece a Tradequip Venezuela Compañía Anónima. El capital social de la filial española es de 61 millones de euros y se dedica a la importación y exportación de maquinaria[5].

  En 2020, José Roberto Rincón pidió al Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional anular la incautación de sus bienes en Madrid, los cuales estarían siendo utilizados por la policía.

   A la titular del referido tribunal, María Tardón, los apoderados de Rincón Bravo refirieron que el anterior magistrado de la causa “había autorizado a la policía el uso provisional de, al menos, un vehículo incautado durante el registro de su domicilio en Madrid, el 6 de junio de 2018, en la lujosa finca La Losilla. El coche en cuestión es un Range Rover Sport, que suele tener un precio de más de 80.000 euros”.

  Los otros bienes serían unos prismáticos marca Zeiss modelo Victory HT (con un precio cercano a los 1.000 euros); una cámara nocturna Red Digital Cinema Dragon; y un visor nocturno marca Nite Site. También dos drones, uno marca DJI, modelo Inspire (más de 3.000 euros), y otro de la misma marca, modelo Phantom 2 Vision+ (unos 300 euros)[6].

  Lo cierto es que la detención de los Rincón en España quedó a la vista el estilo lujoso de vida de estos, toda vez que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española y la Fiscalía Anticorrupción pudieron incautar vehículos de alta gama, obras de arte, vinos y joyas., requiriéndose 17 páginas para reflejar el inventario valorado en 12 millones de euros, aunque versiones de prensa aseguran que la esta cifra se triplica.

En el Credit Suisse

  Igualmente, una investigación del Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP, por las siglas en inglés de Organised Crime and Corruption Reporting Project)[7] determinó que el nombre de Roberto Rincón figura entre las dos docenas de venezolanos vinculados a cuatro tramas de corrupción en PDVSA que lograron acumular activos que sumaban, por lo menos, USD 273 millones en 25 cuentas en el Credit Suisse abiertas casi todas entre 2004 y 2015. En dicho período, el patrimonio de la estatal petrolera venezolana fue esquilmado en más de USD 11 mil millones mediante desfalcos, sobornos y fraudes monetarios.

  Al hacer la revisión de las cuentas, los periodistas encontraron que existían 16 con 162,9 millones de francos suizos propiedad de siete personas condenadas o acusadas por formar parte de tramas de corrupción de PDVSA.

  Es el caso de José Roberto Rincón Bravo, hijo de Roberto Rincón como ya hemos referido, quien admitió en un tribunal de los EE. UU. en 2016 que sobornó a funcionarios de PDVSA junto a Abraham Shiera Bastidas.

  A pesar de las averiguaciones de la justicia española que llevaron al arresto y confiscación de los bienes Rincón Bravo y su madre en 2018 por sospechas de lavado de dinero de PDVSA, este aún no ha sido imputado e insiste en negar públicamente que esté involucrado en los negocios corruptos de su padre.

  Pero una cosa es lo que José Roberto Rincón Bravo dice y otra lo que señalan los datos de Credit Suisse, los cuales padre e hijo eran titulares de cuatro cuentas conjuntas que concentraron, por lo menos, 93 millones de francos suizos —la mayor con 68,4 millones—, los cuales aún no figuran en los documentos judiciales que se manejan hasta la fecha. Precisa la nota de OCCRP que tres de las cuentas sumaron su máximo de tenencia en diciembre de 2015, solamente dos semanas antes de que Roberto Rincón fuera arrestado en EE. UU.

Todo es falso

  En una entrevista concedida al portal español El Confidencial, José Roberto Rincón Bravo negó una y otra vez que sus propiedades y bienes en España estén relacionados con los hechos de corrupción investigados en los Estados Unidos, como niega también que su padre, Roberto Rincón, se haya declarado culpable en Norteamérica. “La causa de mi padre sigue secreta. Sigue en secreto de sumario en Estados Unidos. Cuando eso se levante, se dirá lo que se tenga que saber”.

  Refiere que Roberto Rincón se declaró culpable de tres cargos “que es lo que se conoce. Pero ahí no se habla de comisiones, ni de embargos ni de nada de eso. Es algo que le compete a él, además. Es él quien tendrá que explicarlo”.

  Del mismo sostiene que no es cierto que la fortuna de su familia haya crecido durante el chavismo a través de prácticas corruptas, pues las empresas de su padre se fundaron en 1988 en Venezuela, “lógicamente, como todo negocio, tuvieron una curva de crecimiento. Uno fue el paro petrolero de 2002. El Gobierno nacionalizó la industria petrolera y, a partir de entonces, todas nuestras empresas, que se habían dedicado al petróleo, pasaron obligatoriamente a depender del Estado. Pero eso no quiere decir que nos volviéramos de un bando político. Fue PDVSA la que se convirtió en un músculo político. Nosotros teníamos que trabajar. En nuestro punto más álgido a nivel internacional, entre 2010 y 2012, llegamos a tener 1.500 trabajadores. Había 1.500 familias que dependían de nosotros directamente. Pero mi padre ya tenía una plataforma de servicios en 1994. La primera perforadora horizontal que llegó a Venezuela en el año 94 la llevó mi padre, por ejemplo. No es que a partir de 2002 todo explotara. Ya teníamos mucha actividad antes de que llegara Chávez”.

  Asevera que los bienes adquiridos por él en España fueron comprados con dinero obtenido con años de trabajo, del ahorro, de procedencia lícita. Sobre las joyas confiscadas a su madre, duda de la tasación establecida en 12 millones de euros y refiere que en un escrito presentado al tribunal demostraron que muchas de dichas joyas y objetos son heredados de su familia y otras son previas al periodo investigado. “Todo está documentado, con seguros, con facturas de compra del momento en que se compraron… Pero quiero ser prudente. No quiero emitir ningún juicio antes que la propia Justicia. Sé lo que soy. Lo que he hecho y lo que no he hecho. Todo se aclarará”.

  Por último, José Roberto Rincón Bravo aseguró que no participó en los hechos de que se acusa a su padre en Houston. “En ningún caso. Ni activa ni pasivamente”.

REFERENCIAS

[1] OpenCorporates. Unit 45C Holding, LLC. https://opencorporates.com/companies/us_tx/0801713660


[2] RealtyHop. Unit 45c Holding Llc. https://www.realtyhop.com/property-records/search/unit-45c-holding-llc


[3] Poderopedia. José Roberto Rincón. https://poderopediave.org/persona/jose-roberto-rincon/


[4] Chavismo.inc. “He is Roberto Rincon son”. S/F. https://chavismoinc.com/backend/agentes/839?listado=1&lang=en


[5] El Confidencial. “Detienen al hijo y la mujer del magnate venezolano Roberto Rincón por blanqueo”. 6 de junio de 2018. https://www.elconfidencial.com/espana/2018-06-06/detenido-blanqueo-hijo-empresario-roberto-rincon-venezuela_1574694/


[6] Voz Populi. “Coches de lujo, cámaras y drones: un magnate venezolano pide que la policía no use sus bienes incautados”. 10 de febrero de 2020. https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/coches-venezolano-investigado-espana-incautados_0_1325867797.html


[7] OCCRP. “Oro negro en cajas suizas: como las élites venezolanas ocultaron dineros robados del petróleo en Credit Suisse”. 20 de febrero de 2022. https://www.occrp.org/es/suisse-secrets/black-gold-in-swiss-vaults-venezuelan-elites-hid-stolen-oil-money-in-credit-suisse


miércoles, 24 de noviembre de 2021

Claves para entender el caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera protagonistas de una de las grandes estafas cometidas contra PDVSA

 Los empresarios manejaron irregularmente una suma que supera el billón de dólares.

Por Maibort Petit

   Protagonistas de una de las más grandes estafas de que se tenga conocimiento en Petróleos de Venezuela S.A., el caso de Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, constituye una trama de corrupción de múltiples aristas que involucra a una gran cantidad de cómplices y funcionarios erigidos como testimonio de la descomposición imperante en la sociedad y el gobierno venezolano.

   Ambos empresarios, proveedores de PDVSA, fueron arrestados el 16 de diciembre de 2015 en Houston y Miami, respectivamente, luego de una investigación que les siguieran fiscales federales de Texas y Florida que los habían llevado a formular en su contra 18 cargos por la supuesta comisión de delitos de lavado de dinero, conspiración para blanquear dinero, fraude en transferencia electrónica de dinero y violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, una ley que castiga el soborno a empleados extranjeros desde los Estados Unidos.

  He aquí algunas claves que permitirán entender mejor la dimensión de este sonado caso de corrupción en Venezuela.

¿Quiénes son Roberto Rincón y Abraham Shiera?

   De acuerdo a la descripción que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace Roberto Enrique Rincón Fernández, nació el 14 de agosto de 1960. Es empresario oriundo del estado Zulia, residente en la localidad de The Woodlands, en el estado de Texas, Estados Unidos, dedicado al área petrolera, propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial.

  El portal Poderopedia refiere que Rincón Fernández que, hasta agosto de 2014, Rincón residió en Houston, fecha en la que se trasladó a Madrid. Su arresto el 19 de diciembre de 2015, luego de pasar un día en esa ciudad, fue detenido en Houston EE. UU. acusado de, supuestamente, haber cometido el delito de lavado de dólares, por el que fue presentado a la justicia el 21 de diciembre de 2015. En julio de 2016 se declaró culpable de dos de las cargos de que se le acusaba.

  Se indica que durante el paro petrolero que se llevó a cabo en Venezuela entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, Rincón Fernández se convirtió en uno de los proveedores confiables de PDVSA.

  En el año 2014 facilitó a Hugo Carvajal un avión de Global Air Services Corp, empresa en la que su hijo José Roberto Rincón era el gerente. Esa fue la aeronave que trasladó a El Pollo Carvajal a Aruba cuando fue arrestado para ser extraditado a Estados Unidos, acción que se frustró por se reconocimiento como diplomático.

  La Policía española, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrió que Roberto Rincón tenía una fortuna en la nación ibérica.

   Entretanto, Abraham José Shiera Bastidas es un empresario venezolano-estadounidense, socio de Roberto Rincón y al igual que este, está acusado en EE. UU. de conspiración, fraude, lavado de capitales a través de sobornos de al menos cinco personas ligadas a PDVSA.

  Según el Registro Nacional de Contratistas, Shiera preside en Venezuela la empresa Vertix Instrumentos, de la cual es propietario de 51 por ciento de las acciones. Se trata de una compañía dedicada a la distribución e importación de maquinaria para explotar hidrocarburos, la cual es contratista de PDVSA. Se determinó que de un total de seis contratos celebrados entre 2008 y 2012 con varias compañías, sólo uno llegó a completarse al 100 por ciento.

  Tal como ocurrió con Rincón Fernández, Shiera fue arrestado el 19 de diciembre de 2015 en Miami. Solicitó su libertad, pero un juez ordenó su traslado a Texas.

  Abraham Shiera se declaró culpable el 22 de marzo de 2016. Admitió la comisión de dos de los 18 cargos en su contra y además recibió libertad condicional mientras espera el inicio del juicio.

La acusación

   Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Roberto Rincón y Abraham Shiera Bastidas, sobre quienes formularon 18 cargos, relacionados con lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, fraude cometido en transferencia electrónica, violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA). Cabe destacar que esta ley castiga las operaciones de soborno cometidas desde Estados Unidos y dirigidas a funcionarios extranjeros.

  Fiscales del Departamento de Justicia de los Distritos Sur de Texas y de la Florida refirieron que Roberto Rincón utilizó empresas ubicadas en el sur de Texas, entretanto Abraham Shiera se valió de seis compañías en el sur de la Florida, para asegurarse contratos con PDVSA.

   Ambos, Rincón y Shiera, se asociaron para lograr los contratos por medio de sobornos pagados a empleados de PDVSA. De este modo, entre 2009 y 2014, sobornaron y llevaron a cabo acciones fraudulentas, a través de cinco empleados de PDVSA cuya identidad se resguarda en la acusación. Sólo se indica que estos empleados se desempeñaban en las áreas de compras y licitaciones, donde tenían poder de decisión en cuanto a la adjudicación de contratos.

  Los fiscales sustentaron sus acusaciones en correos electrónicos en los que se detallan las operaciones intercambiados entre Rincón, Shiera y los empleados de PDVSA.

  Rincón y Shiera habrían movido de esta manera irregular la astronómica suma de un billón de dólares entre los años 2009 y 2014. En específico, Rincón habría movilizados USD 750 millones.

  La fiscalía localizó tres cuentas bancarias por más de USD 100 millones en Suiza en las cuales Roberto Rincón estaba relacionado, habiéndose solicitado su expropiación de dominio. También determinaron que en las operaciones irregulares se usaron 730 cuentas bancarias, de las cuales 108 tienen que ver con Rincón.

  La acusación contra Rincón y Shiera ha derivado, además, en por lo menos dos decenas de acusaciones derivadas contra otras personas vinculadas con la trama.

La trama de corrupción de Rincón y Shiera

  Las actividades ilícitas llevadas a cabo por Rincón y Shiera a través de sus empresas se inscriben en lo previsto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA).

  Estos empresarios conspiraron entre 2009 y 2014 y producto de ello se enriquecieron de manera ilícita al obtener contratos con PDVSA, valiéndose de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana, quienes a cambio de ello ayudaban a las empresas de Rincón y Shiera a ganar los contratos al suministrarles información privilegiada.

  Igualmente, los funcionarios beneficiados con los sobornos ayudaron a Rincón y a Shiera a ocultar que controlaban más de una de las empresas incluidas en los listados de licitación con la petrolera, al tiempo que los apoyaban ante un comité interno de la petrolera para lograr contratos de suministro. Una vez obtenidos los contratos, los funcionarios seguían actuando en la agilización de los pagos.

  Pero aparte de los sobornos, los funcionarios de PDVSA recibían, según reza la acusación, objetos de valor, viajes, comidas y entretenimiento para que mantuvieran la vigencia de los contratos.

   Rincón y Shiera disfrazaban los sobornos bajo la figura de comisiones y pagos por falsas compras de equipos que nunca fueron entregados, mientras los funcionarios de PDVSA cómplices creaban la falsa apariencia de competencia entre varias empresas, cuando en realidad todas las que aparecían en los listados eran contratadas por dichos empresarios.

  Una serie de transferencias descubiertas por la fiscalía, ilustran la acusación contra Rincón y Shiera, mostrando cómo se realizaron los pagos corruptos

Las empresas

   Roberto Rincón es propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial, la primera se estableció el 21 de septiembre de 1988 en el estado Zulia, “como una empresa netamente familiar destinada a la compra, venta, distribución de equipos para la industria petrolera, marina, entre otras”.

  Domiciliada en Maracaibo, Tradequip tenía como actividad, ser “distribuidores exclusivos, representantes, importadores en las áreas de perforación, productos de seguridad industrial y personal, minero, metalúrgico, industrial, agropecuario, comercial, salvamento y rescate”.

 Tradequip figura en el Registro Nacional de Contratistas 1074244070409118149, certificada para contratar con el estado venezolano. El directorio lo conforman Roberto Enrique Rincón Fernández, como presidente; José Roberto Rincón Bravo, quien funge como vicepresidente; Alexandra Carolina Rincón Bravo, como segunda vicepresidenta.

  Por su parte, Ovarb Industrial junto a KCT Cumaná y Derwick Associates, es señalada de haber vendido con sobreprecio a la filial de PDVSA, Bariven, 17 unidades eléctricas “en un solo día, a un sobrecosto escandaloso de entre USD 350 y USD 404 millones”. A Ovarb y Derwick se les cataloga como empresas de maletín.

  Abraham Shiera Bastidas es presidente en Venezuela de Vertix Instrumentos, en la que tiene 51 por ciento de las acciones. Esta compañía se encarga de proveer “soluciones para la medición y control de procesos industriales (…) Nuestro éxito radica en poder ofrecer los productos del mayor fabricante mundial de equipos de instrumentación y control y contar con ingenieros y técnicos venezolanos capacitados para proveer asesoría, soluciones y mantenimiento de los mismos”.

   Vertix Instrumentos también tiene sede en Maracaibo y su directiva la conforman Abraham José Shiera Bastidas, como presidente; Ricardo José Ricardo Bravo, como director; mientras sin identificación de cargos también figuran en el cuerpo directivo, Fernando Ardila Rueda, y Noel Antonio Maestre González.

   Pero, aunque estas compañías son las empresas emblemáticas de Rincón y Shiera, diversas investigaciones revelaron que Roberto Rincón y su familia poseían 36 empresas inscritas en Venezuela, Aruba, España, Paraguay y Estados Unidos.

   Por lo menos 23 de estas empresas tenían sede en Estados Unidos. Entretanto, el Registro Nacional de Contratistas (RNC) refiere que los Rincón son propietarios de seis empresas en Venezuela, mientras que en España son dueños de cuatro.

  Shiera tiene registradas siete empresas en el estado de la Florida, las cuales se encuentran inactivas.

Tanto Roberto Rincón como Abraham Shiera esperan por sentencia para inicios del próximo año 2022.

viernes, 15 de octubre de 2021

Las razones de la fiscalía para oponerse a la libertad bajo fianza de Paulo Jorge Da Costa, artífice del esquema de corrupción de Rincón y Shiera

  El gobierno sostiene que el acusado carece de vínculos con los Estados Unidos, por lo que existe un claro riesgo de huida de su parte.

Por Maibort Petit

    Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta está señalado junto a Daisy Teresa Rafoi Bleuler, de ser artífice del esquema de corrupción mediante el cual los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) sobornaron a funcionarios de la compañía estatal para la obtención de contratos y acelerar el pago de facturas pendientes de contratos anteriores. Rincón y Shiera fueron acusados, junto a una veintena de funcionarios venezolanos de varios delitos de lavado de dinero y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Da Costa Casqueiro Murta y Rafoi Bleuler, gestores patrimoniales europeos activos, actuaron en conjunto con Javier Alvarado Ochoa, expresidente de Bariven, unidad de compras de PDVSA, para lavar el dinero proveniente del referido esquema de sobornos que alcanzó los USD 1.000 millones y se extendió entre 2011 y 2014.

   Por este caso, el gobierno estadounidense ha anunciado cargos contra 28 personas en relación con la investigación, 22 de los cuales se han declarado culpables.

    Además, Da Costa Casqueiro Murta ha sido investigado en Portugal por estar relacionado con la quiebra del Grupo Espírito Santo.

   La fiscalía acusó a Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1956 (h), un cargo de conspiración para violar la FCPA, en violación de 18 U.S.C. § 371, y dos cargos de lavado de dinero promocional internacional, en violación de 18 U.S.C. Sección 1956 (a) (2) (A).

   El 29 de abril de 2019, se emitió una orden de arresto en su contra fuera del Distrito Sur de Texas. En mayo de 2019, fue arrestado en Portugal y el gobierno inició formalmente un procedimiento de extradición, pero luego de un breve arresto, fue puesto en libertad, aunque las autoridades portuguesas le impusieron restricciones adicionales.

  Posteriormente, el acusado apeló su extradición a múltiples tribunales en Portugal y al menos a un tribunal en la Unión Europea. El 2 de junio de 2021, después de agotar todos sus recursos de apelación, fue nuevamente arrestado por las autoridades portuguesas y detenido en espera de su extradición.

  El 9 de julio de 2021, Paulo Da Costa Casqueiro Murta fue trasladado desde Portugal al Distrito Sur de Texas, donde tuvo su primera comparecencia en este asunto el 12 de julio de 2021. El gobierno solicitó su detención y el demandado solicitó tiempo adicional para prepararse para la audiencia de detención, la cual tuvo lugar los días 22 y 26 de julio de 2021. Allí, la Corte determinó que la fiscalía había demostrado con evidencia clara y convincente que ninguna condición podía asegurar razonablemente la comparecencia del acusado. Sin embargo, la Corte le brindó la oportunidad de presentar un escrito en el que expusiera las condiciones específicas de la liberación que solicitaba y para identificar un caso con hechos similares.

La respuesta de la Fiscalía

  El 12 de agosto de 2021, Sonali D. Patel, subjefe de la Sección de Fraudes de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, la respuesta del gobierno en oposición al escrito de Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta en apoyo de la fianza, bajo el alegato de que el acusado presenta un riesgo de fuga significativo al ser ciudadano de un país que no extradita y ser poseedor de activos importantes en el extranjero y sin no vínculos con los Estados Unidos.

   Da Costa Casqueiro Murta está acusado de participar en una conspiración internacional de lavado de dinero por su papel en la estructuración de transacciones para ocultar pagos de sobornos y ganancias delictivas, delitos de los cuales, la fiscalía asegura tener pruebas sólidas. De ser declarado culpable, enfrentaría una sentencia de prisión sustancial de 292 a 365 meses de prisión.

    El gobierno advirtió al tribunal que el acusado no ha identificado los casos solicitados en los que un acusado en una situación similar fuera puesto en libertad bajo fianza. En tal sentido, la fiscalía pidió a la Corte mantener detenido al acusado de conformidad con 18 U.S.C. Sección 3142 (e) (1).

   Estados Unidos solicitó que la Corte que imponga una orden de detención contra Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta y lo mantenga en custodia en espera de juicio.

Los argumentos

   En su escrito, la fiscalía luego de exponer lo que la Ley de reforma de la fianza establece, así como la jurisprudencia, advierten que el demandado está en riesgo de fuga y debe ser detenido.

   Recordaron que el Tribunal en fecha 26 de julio de 2021 estableció el riesgo de fuga por parte del acusado, quien no tiene vínculos con el Distrito Sur de Texas, ni con los Estados Unidos fuera de su actividad criminal. 

   Subraya que Da Costa Casqueiro Murta es natural de Suiza, un país que no extradita a sus ciudadanos a EE. UU., su familia vive en el extranjero, siendo que su esposa, hijos y hermanas viven en Portugal, mientras que los hijos de su esposa residen en Suiza. Anteriormente alquiló un apartamento en Dubai, otro lugar desde el que es poco probable que se produzca la extradición.

  Destacan la fiscalía que, habiendo el acusado conspirado para ejecutar un plan internacional de lavado de dinero y soborno, utilizando cuentas en Suiza y Dubai, es muy probable que tenga activos internacionales que el gobierno no ha podido identificar, rastrear o congelar.

   Indican que la naturaleza y las circunstancias de los delitos que se imputan al acusado en el auto de procesamiento sustitutivo pesan a favor de la detención y el posible castigo resultante proporcionan un amplio incentivo para huir.

    El gobierno hace una exposición acerca de los co-conspiradores y los coacusados del acusado, quienes han sido detenidos en el distrito sur de Texas a pesar de tener bases más sólidas para su liberación que las que tiene en este caso Paulo Da Costa.

Sustento legal poco convincente

   El gobierno alerta al tribunal que Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta no ofreció en la audiencia del 26 de julio de 2021 un solo caso que responda a la pregunta que se le planteó y, en cambio, hizo mención a seis casos fuera del circuito que son inapropiados y distinguibles. Agregan que al demandado tampoco menciona a los coacusados en situación similar que fueron detenidos a pesar de tener vínculos mucho más amplios con el distrito, haber renunciado a la extradición y comparecer voluntariamente en los Estados Unidos.



     Recordó la fiscalía que el demandado apeló su extradición a todos los niveles del sistema legal portugués y a un tribunal de la Unión Europea, y el gobierno de Suiza no ha garantizado ni garantizará su comparecencia en el tribunal del distrito sur de Texas.

Argumentos fallidos del acusado

   El gobierno le refiere al tribunal que Paulo Da Costa Casqueiro Murta argumenta, entre otras cosas, que debido a que no huyó de Portugal a Suiza, no debe considerarse un riesgo de fuga de los Estados Unidos, pero obvia mencionar que mantiene amplios vínculos con Portugal, donde vivía con su esposa. En territorio luso, el demandado posee tres propiedades, incluida su residencia principal, un apartamento y un rancho. Recuerdan que los portugueses “congelaron” estas propiedades, valoradas en aproximadamente USD 3,5 millones, así que huir de esa nación habría implicado el abandono de esos importantes activos. Además, el acusado debió pagar una fianza de € 750,000 (aproximadamente USD 875.000). “En resumen, si el Demandado se fuera de Portugal, abandonaría la comunidad en la que vivía, junto con activos sustanciales y una fianza significativa. Estos son precisamente el tipo de vínculos comunitarios y activos significativos de los que carece en Estados Unidos”.

   Respecto al problema médico que el acusado indica que padece de colesteatoma y por ello debe ser liberado, que requiere su liberación. Identificación. En este sentido, aunque la fiscalía reconoce la condición médica del demandado, alerta que esto no mitiga el riesgo de que huya ni justifica su liberación. “El Demandado no ha proporcionado ninguna prueba de que la Oficina de Prisiones no pueda brindarle la atención médica adecuada mientras espera el juicio”.

martes, 21 de septiembre de 2021

Corte reestablece fecha de la sentencia de Luis Carlos de León Pérez

     Ahora será en noviembre cuando se conozca la pena que deberá pagar el exgerente funcional de asuntos legales de la Electricidad de Caracas.

Por Maibort Petit

   El Juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Kenneth M. Hoyt, dio a conocer el nuevo cronograma que regirá para el resto del proceso judicial que se le sigue a Luis Carlos De León-Pérez, el exgerente funcional de asuntos legales de la Electricidad de Caracas, quien se declaró culpable por la comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero.

   En julio de 2018, De León Pérez admitió ante el tribunal los hechos que se le imputaban por su participación en un esquema corrupto mediante el cual cobraban millonarios sobornos a las empresas que procuraban contratos de la empresa pública de servicio eléctrico, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tras el pago de una fianza de USD 250.000 obtuvo el beneficio de casa por cárcel.

  Luis Carlos De León-Pérez, quien además de la nacionalidad venezolana es ciudadano estadunidense, reconoció que se valió de su poder para exigir el pago de comisiones a las empresas contratistas de la Electricidad de Caracas entre los años de 2011 al 2013, para aprobar negociaciones y contratos. En tales actividades, actuaba junto a otros altos cargos en la empresa estatal, entre ellos el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos Cárdenas; y César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven.

   Pérez De León admitió haber participado en el esquema corrupto que encabezaron los empresarios Roberto Rincón y Abraham José Shiera[1].

   El exfuncionario venezolano, en un principio iba a ser sentenciado el 24 de septiembre de 2018. Otra fecha que se manejó el 7 de octubre de 2019[2]. Recientemente, el juez Kenneth M Hoyt formuló una reprogramación y fijó la finalización del Informe Previo a la Sentencia de De Leon-Perez, para el 4 de octubre de 2021, al tiempo que dio hasta el 18 de octubre como la fecha tope para que se presenten las objeciones al mismo. Se restableció la sentencia para el 8 de noviembre de 2021 a las 10:00 a. m. en la Sala 11A.

Los cargos y los acusados

   Luis Carlos De León-Pérez, arrestado en España, país en el que residía, en octubre de 2017, fue extraditado a Estados Unidos donde fue imputado junto a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, a César David Rincón Godoy, a Alejandro Isturiz-Chiesa y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, “de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Cada uno de los acusados está acusado de uno o más cargos de lavado de dinero, de la siguiente manera: De León, César Rincón y Reiter, cuatro cargos cada uno; Villalobos, un recuento; e Isturiz, cinco cargos. De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA”, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

  Los cinco acusados —eran todos funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o exfuncionarios de otras agencias o instrumentalidades del gobierno venezolano— fungían con altos cargos con gran influencia en la estatal y conspiraron entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de Pla petrolera, incluidos algunos residentes de los Estados, sobornos y comisiones ilegales por brindarles asistencia en relación con su negocio de PDVSA. “La acusación formal alega además que los co-conspiradores luego lavaron el producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas, incluso hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos y, en algunos casos, lavaron el producto del soborno en la forma de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en los Estados Unidos”.


  
   Igualmente, la acusación formal señala a dos proveedores de PDVSA, a saber, Roberto Enrique Rincón Fernández y a Abraham José Shiera Bastidas, quienes enviaron más de USD 27 millones en pagos de sobornos a una cuenta en Suiza de la que De León era un beneficiario efectivo y junto a Villalobos, tenían firma autorizada[3].

El papel de León-Pérez en la trama

   Luis Carlos De León-Pérez figura en el cargo número uno de la acusación, Conspiración para cometer lavado de dinero, junto a Nervis Villalobos, César David Rincón, Alejandro Istúriz Chiesa y Rafael Reiter Múñoz, señalados de actual a sabiendas de “que la propiedad involucrada en una transacción financiera representó el producto de alguna forma de actividad ilegal, para realizar o intentar llevar a cabo dicha transacción financiera que de hecho representó el producto de una actividad ilegal específica, sabiendo que la transacción está diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA”.

   También los imputa de tener “la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA”.

   Específicamente se indica que, De León, Villalobos, Rincón, Istúriz y Reiter, con sus co-conspiradores le prometieron a Roberto Rincón, Abraham Shiera y otros, asistencia para recibir el pago de las facturas pendientes de los contratos de PDVSA, así como asistencia para obtener nuevos contratos de la petrolera, a cambio para pagos de sobornos.

   Luis Carlos De León, Nervis Villalobos, César David Rincón y Alejandro Istúriz pidieron asistencia y, a su vez, Roberto Rincón, Abraham Shiera y Swiss Banker 1 (persona cuya identidad es conocida por el Gran Jurado, socio de la Compañía Suiza A, una firma de administración de patrimonios, igualmente identificada sólo por el Gran Jurado), ayudaron a los funcionarios de PDVSA a abrir cuentas bancarias, incluidas cuentas bancarias en Suiza, para ellos y sus co-conspiradores para recibir pagos de sobornos. También ordenaron que los sobornos se enviaran a varios destinatarios distintos a ellos, incluidas empresas, intermediarios, familiares, amigos, acreedores y asociados personales, con el propósito de ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente y propiedad de los pagos.

   Asimismo, Luis Carlos De Léon y Nervis Villalobos, participaron en transacciones monetarias entre sus diversas cuentas, de manera de ocultar la naturaleza, fuente y propiedad del producto de la actividad ilegal.

   Con el fin de facilitar los pagos de sobornos y ocultar su naturaleza y propiedad, Luis Carlos De León, Nervis Villalobos y sus co-conspiradores contrataron a la Compañía Suiza A para que abriera cuentas bancarias suizas en las que pudieran recibirse pagos de sobornos.

  Se determinó la utilización de varias cuentas en Suiza y en otros lugares, para canalizar los sobornos desde, hacia y a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final.

   La “Cuenta Suiza 1”, cuya identidad es conocida por el Gran Jurado, tenía como beneficiario efectivo a De León Pérez. En la misma estaban autorizados para firmar, él y Nervis Villalobos.

  Los demandados, entre ellos Del León Pérez, establecieron una compleja red de cuentas bancarias a través de las cuales realizar las transacciones financieras en relación con el esquema y ocultar la naturaleza y propiedad de los ingresos. El 16 de septiembre de 2011, Swiss Banker 1 escribió a Shiera, Villalobos y De León, para informar que la empresa suiza A había abierto cuatro cuentas bancarias: Swiss Account 1, que se identificó para Villalobos, mientras la cuenta suiza 3, se identificó para De León. El Swiss Banker 1 concluyó el correo electrónico diciendo: "Le enviaremos por correo electrónico la próxima semana los nuevos números de cuenta y las instrucciones de transferencia para comenzar la transferencia de fondos al aire acondicionado principal ([Cuenta Suiza 1]) para su distribución en las 3 cuentas".

  Entre otras negociaciones, la acusación específica en los cargo del 5 al 7, relativos a Lavado de dinero, que Luis Carlos De León Pérez llevó a cabo las siguientes transacciones destinadas a ocultar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de dicha actividad ilícita especificada, es decir, una infracción grave de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2.



[1] Venezuela Política. “Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel”. 16 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/tras-declararse-culpable-y-pagar-una.html


[2] Venezuela Política. “Exfuncionario chavista será sentenciado en Houston en octubre por cargos de corrupción y lavado de dinero”. 18 de abril de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/04/exfuncionario-chavista-sera-sentenciado.html


[3] Departamento de Justicia. “Five Former Venezuelan Government Officials Charged in Money Laundering Scheme Involving Foreign Bribery”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0 

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Los delitos de César David Rincón Godoy en PDVSA y la nueva fecha de su sentencia

   El magistrado del tribunal del Distrito Sur de Texas impondrá la pena el 8 de noviembre del presente 2021.

Por Maibort Petit

   La sentencia que deberá pagar César David Rincón Godoy por la comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero, se conocerá en noviembre del presenta año 2021, se acuerdo al cronograma que estableció el juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Kenneth M. Hoyt
   El magistrado dijo, específicamente el 8 de noviembre a las 10 de la mañana, como la fecha en que se determinará la condena que deberá cumplir el exgerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El acto tendrá lugar en la Sala 11A del tribunal.

   Rincón Godoy formó parte de un esquema internacional de lavado de dinero[1]mediante el cual se buscaba la legitimación de sobornos pagados para asegurar de manera corrupta contratos de PDVSA. Los cabecillas de la trama eran los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera.

  El 19 de abril de 2018, César David Rincón Godoy se declaró culpable de haber integrado la trama de lavado de dinero de fondos provenientes de sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano con el propósito de asegurar de manera corrupta contratos de energía y priorizar el pago de facturas pendientes.

  Al momento de declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, Rincón Godoy fue impuesto de una sentencia monetaria personal de USD 7.033.504,71 la cual aceptó pagar a través de dicte una orden de decomiso.

  En aquel entonces se fijó el dictado de la sentencia para el 9 de julio de 2018 y, desde entonces, ha visto prorrogándose.

  El juez Hoyt, además, fijó para el 11 de enero de 2021, para la presentación del Informe Previo de la Sentencia (PSI), mientras que será el 18 de octubre el día para que se presenten objeciones al PSI.

Los cargos

  Junto a Luis Carlos De León-Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz-Chiesa y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, César David Rincón conformaron el grupo élite que comandó una de las más grandes estafas cometidas con la estatal petrolera venezolana. Fue arrestado en octubre de 2017 en España donde residía con base a una acusación de 20 cargos que cursa en el Tribunal del distrito Sur de Texas-División Houston. Fue extraditado a EE. UU. el 9 de febrero de 2018.

  Se declaró culpable el 19 de abril de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le impuso una sentencia monetaria personal por la cantidad de USD 7.033.504,71 y este accedió a que se dicte una orden de decomiso[2].

   En específico, la acusación refiere que César David Rincón y el resto de los imputados, solicitaron a los proveedores de PDVSA los sobornos y comisiones entre 2011 y 2013. A cambio de estos pagos, ellos lograban la aprobación de millonarios contratos y la agilización de la cancelación de las facturas pendientes de pago. Estos dineros obtenidos irregularmente, luego eran lavados mediante un esquema que comprendía numerosas transacciones financieras nacionales e internacionales para encubrir la naturaleza corrupta de los fondos.

  Sobre el cargo de Conspiración para cometer lavado de dinero, la acusación señala que César David Rincón Godoy “conspiró, se confederó y estuvo de acuerdo (…) sabiendo que la propiedad involucrada en una transacción financiera representó el producto de alguna forma de actividad ilegal, para realizar o intentar llevar a cabo dicha transacción financiera que de hecho representó el producto de una actividad ilegal específica, sabiendo que la transacción está diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA (…).

  En tal sentido, se especifica que Rincón Godoy prometió al Empresario 3 —un residente de Florida que controlaba, junto con otros, una serie de empresas, incluidas varias empresas de EE. UU. que se utilizaron para asegurar contratos con PDVSA— asistencia para recibir el pago de las facturas pendientes de los contratos de PDVSA, así como asistencia para obtener nuevos contratos de PDVSA, a cambio de pagos de sobornos.

  Igualmente, se indica que ordenó que los pagos de sobornos se enviaran a varios destinatarios distintos a él, incluidas empresas, intermediarios, parientes, amigos y asociados personales cercanos, con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente y propiedad de los pagos irregulares.

   Del mismo modo se dice que Rincón Godoy creó justificaciones falsas para algunos de los sobornos, incluidas facturas por servicios que nunca se prestaron, para ocultar su naturaleza delictiva.

Las acciones de Rincón Godoy

   La acusación precisa que el 29 de febrero de 2012, César David Rincón envió al empresario 3 un correo electrónico en el que decía, traducido al inglés, “Allí me preguntan si envió el dulce a [César Rincón, pariente 1]”, haciendo referencia a los pagos de sobornos. El empresario 3 respondió, traducido al inglés: "Ese dulce se enviará hoy a la casa de [César Rincón Pariente 1]". Más tarde ese día, el empresario 3 volvió a escribirle a Rincón Godoy, diciendo, traducido al inglés: “Tengo un pequeño problema con enviar todos los dulces hoy. Necesito sacarlo de la tienda principal para enviarlo a la sucursal y sabes que tenemos que tener cuidado con eso aquí, pero puedo enviar una buena carga hoy ".

   En la misma fecha, una empresa controlada por el Empresario 3 transfirió USD 150.710 a una cuenta a nombre de César Rincón Pariente 1. El Empresario 3 envió la confirmación: “Señor, Fue enviado. Gracias por todo…".

    El 16 de noviembre de 2012, César Rincón envió al empresario 3 un correo electrónico en el que decía, "Adjunto las facturas de las transferencias de [César Rincón Pariente 1]". Se adjuntaba una factura por un monto de USD 110.000 de una compañía controlada por César Rincón Pariente 1 y otra de una compañía controlada por el Empresario 3 supuestamente por “Asistencia técnica” en un proyecto de mantenimiento.

   El 14 de febrero de 2013, el empresario 3 firmó un cheque por USD 110.000 de una compañía controlaba por él, a una compañía controlada por César Rincón Pariente 1 y otro pariente. La línea de nota del cheque hacía referencia a un número de factura que coincidía con el número de la factura que César Rincón envió al empresario 3 el 16 de noviembre de 2012, referida anteriormente. Este cheque se presentó para su pago el 15 de febrero de 2013.

   En los cargos de la acusación comprendidos del ocho al once, relacionados con Lavado de dinero, se refiere que César David Rincón llevó a cabo una serie de transacciones financieras, a sabiendas de que las mismas afectaban el comercio interestatal y extranjero y que involucraron el producto de una actividad ilegal.

   Se señala que estas operaciones que representaban el producto de una actividad ilícita, fueron diseñadas, en su totalidad y en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de dicha actividad ilícita.

   Las referidas transacciones se definen en la acusación de la siguiente manera:



REFERENCIAS

[1] Departamento de Justicia. “Former Venezuelan Official Pleads Guilty to Money Laundering Charge in Connection with Bribery Scheme”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme

[2] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme

 

sábado, 12 de septiembre de 2020

Así fue como Abraham Shiera Bastidas defalcó a PDVSA

  Una serie de documentos que aquí presentamos ilustran el esquema corrupto con el cual se expoliaron millones de dólares a la estatal petrolera.

Por Maibort Petit

   Documentos comprueban cómo Abraham José Shiera Bastidas, a través de su empresa Vertix Instrumentos S.A., la cual tenía la representación de la marca Rosemount en Venezuela, vendía con sobreprecios a PDVSA los transmisores de temperatura diferencial y presión manométrica, para lo cual contaba con la presunta complicidad de Gustavo Enrique Oses Gutiérrez, a cargo para la época de la Gerencia de Servicios Técnicos de Bariven, departamento encargado del registro de proveedores internacionales a través del sistema SAP.

 Shiera Bastidas, socio del magnate petrolero Roberto Rincón, procesado en la Corte del Distrito Sur de Texas donde se declararon culpables haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros, aguarda por la sentencia al haber participado en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero[1].

  Vertix es una empresa ampliamente cuestionada en cuya junta directiva figuraban Abraham José Shiera Bastidas (presidente),  Ricardo José Ricardo Bravo (Director), Fernando Ardila Rueda y Noel Antonio Maestre González, la cual está inhabilitada para contratar con el estado venezolano, pero hasta 2014 su certificado fue el N° 0000102300733718[2].

  Entretanto, Gustavo Oses está señalado de presuntamente participar en un esquema de corrupción que operó en Bariven y que habría permitido favorecer a determinadas empresas con el otorgamiento a discreción de jugosas órdenes de compra y contratos. La manipulación del sistema SAP habría servido a Oses alterar, según sus intereses, el registro de los proveedores internacionales de la estatal petrolera. Su aval en las era crucial[3].  

  En el caso que nos ocupa, de acuerdo a nuestras fuentes, se observa cómo se daban estas manipulaciones del SAP para favorecer a la empresa de Sheira, particularmente con la asignación de contratos para la adquisición de transmisores (de presión, temperatura, nivel, flujo, etc.), relacionados a la marca estadounidense Rosemount, la cual estaba representada en Venezuela por Vetrix Instrumentos S.A. En esta entrega mostramos dos comunicaciones y una serie de documentos que ilustran el esquema corrupto implementado que permitió el desfalco de millones de dólares a PDVSA. En ellos, aunque Oses apenas es mencionado, su figura silente es vital para el funcionamiento del esquema.

La advertencia de 2007

  El 27 de junio de 2007, Enrique Davis, de Soporte Operacional de Automatización de Plantas de la Gerencia de AIT de PDVSA Occidente, reenvió a Vanessa Rivera y a Pedro Martínez, un mensaje que ya había remitido el 6 de marzo de 2007 a Jacqueline Almarza, Víctor Cohen, Gustavo Oses, Tito José Osorio, Luis Prieto, Pedro Valdez y Danny Caicedo, cuyo asunto y contenido eran las “Observaciones sobre codificación SAP-Caso transmisores de temperatura diferencial y presión manométrica”.

  La comunicación refería una conversación previa sostenida con Tito Osorio de Bariven en La Salina, donde se planteaba el problema que se presentaba debido a los números SAP asignados a los transmisores de temperatura, presión diferencial y presión manométrica, los cuales tenían una "descripción de material" que incluía una mención explícita al fabricante estadounidense Rosemount (Emerson), además de incluir códigos de modelos específicos de esta marca (Rosemount de Emerson).

  Enrique Davis advertía que los números SAP de equipos completos debían darse, según especificaciones técnicas, sin mencionar marca alguna. Igualmente, subrayó que solamente en casos de repuestos específicos de equipos de determinados fabricantes, se podrían hacer referencia a una marca.

  También alertó que un convenio de partes y repuestos como el descrito referido a transmisores, “no debería utilizarse para adquirir los transmisores completos, sino sólo algunas ‘partes’ que sirvan como ‘repuestos’ para reparar los transmisores existentes en una instalación dada. También es de suponer que los precios dados en el marco de un ‘convenio’ deberían de ser más económicos para PDVSA que los dados por la misma empresa sin dicho ‘convenio’".

  El correo ejemplificó que, en el caso de los transmisores, podían comprarse partes de una marca y de otra en algunos de sus componentes. Subrayó que no es necesario reparar averías usando partes de la misma marca y modelo.

  En específico, Enrique Davis refirió que había asistido el 1º de marzo, a una presentación el Comité Técnico Permanente de ingeniería y Automatización (CTPIA), en la que José Argüello, de la empresa Sincotec, la cual representa al fabricante de transmisores marca Yokogawa (Japón), alertó que los precios en dólares de los transmisores Rosemount se estaban ofreciendo a PDVSA, se habían triplicado en 2006 respecto a 2002.

   Subrayó Davis de Argüello había trabajado hasta 2006 con la empresa Vertix, la cual representa a los transmisores marca Rosemount, por lo que los datos y documentos presentados por este era muy probable que fueran fiables.

  La comunicación destacó que los precios dados a PDVSA para transmisores Yokogawa, eran casi la mitad de los ofertados por Rosemount.  Una observación que igualmente aplicaba en el caso de los transmisores SMAR (Brasil), de acuerdo a información suministrada por la Empresa Eleinca. La cual era representante del fabricante de los citados transmisores SMAR que, para la fecha, ensamblaba algunos modelos en Barquisimeto.

  Del mismo modo, Enrique Davis señaló que habían suscrito “Contratos Marco para el Suministro de Partes y Repuestos", en los que se incluían los equipos, a saber, los transmisores, completos, además de los sensores. El monto de algunos de estos contratos oscilaba los Bs. 16 millardos.

   La comunicación de Davis concluyó con la petición de que se realizara una revisión y se cambiaran las especificaciones dadas en los campos "‘descripción de materiales’ para los distintos números SAP correspondientes a los Transmisores y Sensores de variables comúnmente usadas (temperatura, presión, flujo, entre otros), de tal manera que no aparezca mención explícita de marcas y modelos de fabricantes específicos”.

La Minuta de CTPIA

  La minuta de la reunión en la que Enrique Davis refiere que José Arguello (Sincotec) advirtió del incremento del precio de los transmisores de Rosemount, recoge el citado gerente de ventas de la empresa ofertante, que representa al fabricante Yokogana, en su presentación “de las características técnicas y económicas de los equipos de instrumentación y control que fabrican y que son distribuidos a nivel nacional por la empresa Sincotec. Los equipos son: transmisores de nivel y presión, medidores de flujo, etc. Asimismo, presentó una tabla comparativa de precios de fabricantes de equipos similares, en las cuales se observó desviaciones de dos a tres veces por encima a los precios de Yokogawa. De esto se ha informado al personal de PDVSA que tiene que ver con el proceso de selección y procura de los equipos, para que analicen tales desviaciones con los equipos de Yokogawa que cumplen con los requisitos técnicos exigidos por PDVSA”.

  Se acordó remitir esta presentación a la gerencia general de PDVSA Occidente y a la gerencia de Bariven.



La presentación de Argüello

  El gerente de ventas de Sincotec, José Argüello, en una sección de su presentación ante el Comité Técnico Permanente de ingeniería y Automatización (CTPIA), refirió que en la licitación general Nº 660008234, referida al contrato marco para el suministro de Transmisores de presión estática diferencial y temperatura convocada el 26 de junio de 2001, se otorgó la buena pro a la empresa Vertix Instrumentos el 3 de diciembre de 2001.

  En dicho proceso, la empresa Eleinca fue descalificada en la evaluación técnica, quedando en la competencia la empresa Honeywell cuya oferta fue de Bs. 2.333.210.612,34, mientras que la de Vertix fue de Bs. 2.097.623.968,00.


   Argüello se remitió a otros contratos marcos de la fecha, a saber 2001, cuyos montos variaban entre Bs. 1.500.000.000 y Bs. 3.000.000.000.




  En la comparación que Argüello hace los precios de 2002 con los de 2006, subrayó los significativos incrementos de los mismos en sus montos en dólares, los cuales se triplicaban como puede verse a continuación:

  La presentación estableció una comparación entre los precios ofrecidos por la empresa Yokogawa y los de la empresa Rosemount, representada en Venezuela Vertix, cuaya diferencia oscilaba entre el 14,82 por ciento y el 33,90 por ciento.

  José Argüello advirtió sobre la inconveniencia de los convenios que PDVSA había suscrito con la empresa proveedora de Rosemount en Venezuela, toda vez que no se contemplaba el suministro de partes y piezas, sino de equipos completos, lo cual era perjudicial para la petrolera estatal.

  Reconocía que cuando se tratara de equipos de instrumentación completos, sí era recomendable para PDVSA proceder con contratos marcos basados en licitaciones generales.

Sobre Eleinca

  La empresa Eleinca, representante de los transmisores marcar SMAR (Brasil) descalificada en la licitación, por supuestamente no reunir los requerimientos técnicos, había sido contratada por el estado venezolano para trabajos y suministros similares en Barquisimeto.

  De hecho, la Comisión Presidencial de Compras del Estado fechada el 14 de abril de 2005, certificó a Eleinca C.A. dado que satisfacía los criterios técnicos y ambientales exigidos por Venezuela.

Eleinca contaba con la certificación bajo la Norma ISO 9001:2000.



  Eleinca fue descalificada a pesar de conclusiones y recomendaciones emitidas en un informe de evaluación del Programa de Sustitución Selectiva de Importaciones y Rueda de Negocios, identificado con el código CCSCAIT0601-IIE0800, fechado el 9 de noviembre de 2006, relativo al proyecto “Transmisores de presión y temperatura marca SMAR ensamblados en Venezuela por Eleinca C.A.”.

  Allí se estableció que los “resultados de las pruebas y observaciones realizadas a la muestra de transmisores de presión marca SMAR modelo LCD301 y de temperatura marca SMAR modelo TT301, ambos ensamblados en Venezuela por la empresa venezolana ELEINCA C.A., son satisfactorias e indican que los mencionados equipos cumplen con las características técnicas, funcionales y de seguridad que les permiten ser usados en los procesos de la industria petrolera y petroquímica nacional”.

  Se recomendó avalar “el uso en la industria petrolera y petroquímica nacional de los transmisores de presión marca SMAR modelo LD301 y de temperatura marca SMAR modelo TT301, ambos ensamblados en Venezuela por la empresa ELEINCA C.A.”.

Otra advertencia de Davis

  El 30 de enero de 2012, Enrique Davis, de AIT PDVSA Occidente, remitió otro correo a Andreina Reyes, en el que reenviaba una comunicación que el 24 de enero de ese mismo año 2012 había remitido a Fabiola Soriano, Alexander Pirela, Alexis Briceño, y Gerardo Queipo, cuyo asunto tenía que ver con una serie de observaciones sobre la lista de empresas de Bariven.

  En la comunicación, nuevamente Davis advertía sobre irregularidades en los procesos de compras.

  Específicamente, reportaba que Bariven PSI estaba convocando a empresas de las que solamente dos fabricantes de hasdware PLC eran reconocidos, a saber, Invesys (Triconex) y Honeywell.

  Se preguntaba Davis el porqué de esta situación, sobre todo cuando había “cantidad de conocidos y tradicionales fabricantes, por no hablar de los nuevos que se están conociendo, no entiendo qué es lo que está ocurriendo en Bariven PSI”.

  Igualmente se interrogaba: “¿Cuál es el criterio para elegir a las empresas? ¿Por qué no toman en cuenta a TODAS las empresas que se sugiere, además de incluir cualquiera adicional que considere Bariven PSI?”.

  Puntualizaba que a Bariven se le habían sugerido los proveedores Invensys (PLC Triconex); Siemens; Rockwell Automation (Perú); Schneider (PLC Modicon); y HIMA (PLC HIMAX).

  Subrayó que para la fecha en que remitía el correo, solamente Inveys (triconex), había presentado una oferta para evaluación técnica. Igualmente refirió que, en un proceso anterior muy similar, HA63014541, concursaron tres empresas, de las cuales las dos ofertas válidas para evaluación eran de los fabricantes Rockwell y HIMA, habiendo ganado la primera la licitación.

  A esta comunicación, Fabiola Soriano contestó el 24 de enero de 2012, remitiéndole a Enrique Davis la lista de los acreedores invitados a participar en el proceso.


  Davis había remitido otro correo a Soriano con fecha errada del 1º de agosto de 2011, que corrigió en otro mensaje, siendo la fecha correcta 23 de enero de 2012, en el que pedía verificar si existía un solo ofertante, “dado que todos los archivos así lo indican (todos son de INVENSYS, Triconex). De ser así, y existir un sólo ofertante, por favor verificar que en efecto se llamó a varios fabricantes, indicando a cuáles por favor”.


 

CITAS

[1] El Tiempo Latino. “Posponen sentencia de contratistas de PDVSA y CITGO, acusados de corrupción por EE.UU.”. 28 de enero de 2020. http://eltiempolatino.com/news/2020/jan/28/posponen-sentencia-de-contratistas-de-pdvsa-y-citg/

[2] Venezuela Política. “Abraham Shiera: Socio necesario de Roberto Rincón para obtener fraudulentamente contratos de PDVSA”. 24 de septiembre de 2016. https://www.maibortpetit.info/2016/09/abraham-shiera-socio-necesario-de.html


[3] El Pitazo. “Una oficina paralela a Bariven-Holanda funcionó desde Caracas para otorgar contratos millonarios”. 7 de agosto de 2016. https://archivo.elpitazo.net/sucesos/una-oficina-paralela-a-bariven-holanda-funciono-desde-caracas-para-otorgar-contratos-millonarios/