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martes, 5 de julio de 2022

Tribunal de Delaware niega agrupar varias causas de demandas contra Venezuela que buscan cobrar con acciones de CITGO

 El juez Leonard Stark estima que tampoco es el momento para pronunciarse sobre el estado de alter ego de PDVSA.

Por Maibort Petit

    El 4 de mayo de 2022, Leonard P. Stark, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, negó agrupar las causas de OI Group European B.V. contra la República Bolivariana de Venezuela; Phillips Petroleum Company Venezuela Limited y Conocophillips Petrozuata B.V. contra Petróleos de Venezuela S.A., Corpo-guanipa S.A. y Pdvsa Petróleo S.A.; Northrop Grumman Ship Systems Inc. contra el Ministerio de Defensa de la República de Venezuela; ACL1 Investments Ltd., ACL2 Investments Ltd. Y LDO (Cayman) XVIII Ltd. contra la República Bolivariana de Venezuela; y Red Tree Investments LLC contra Petróleos de Venezuela S.A. y Pdvsa Petróleo S.A.; para realizar la revisión interlocutoria de las órdenes ejecutivas de la OFAC que mantienen bloqueadas las acciones de PDV Holding, propietaria de CITGO Petroleum Corporation.

  Se trata de causas que buscan el pago de acreencias por parte de Venezuela en las acciones de PDV Holding, propietaria de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, sustentándose en la tesis de que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela.

 Consideró el magistrado que si las órdenes ejecutivas y las regulaciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, bajo el cual las acciones de PDV-H se mantienen bloqueadas, impide que el Tribunal autorice la emisión eventual de una orden de apego con respecto dichas acciones, siempre que la emisión así lo establezca. La entrega y el servicio de dicha escritura no ocurrirá a menos que el acreedor de juicio obtenga una licencia específica de OFAC o se produzcan cambios en el régimen de sanciones venezolanas que desbloqueen las acciones de PDV-H.

  La decisión del juez tomó en cuenta una serie de circunstancias o considerandos, entre ellos que en fecha 2 de marzo de 2022, el Tribunal concluyó que el régimen de sanciones venezolanas implementado por la OFAC no impide que la Corte autorice la emisión eventual de los escritos de apego fieri facias procurados por OI European Group B.V. (OIEG); Phillips Petroleum Company Venezuela Limited y Conocophillips Petrozuata B.V. (juntos, "Conocophillips"); Northrop Grumman Ship Systems Inc. (ahora conocido como Huntington Ingalls Inc.); y ACL1 Investments Ltd., ACL2 Investments Ltd. y LDO Cayman XVIII Ltd. (colectivamente, ACL), siempre que dichos escritos no sean emitidos o entregados sólo en caso de que los acreedores de sentencia reciban licencias específicas de OFAC o el régimen de sanciones cambie materialmente.

  Tomó en cuenta, igualmente, que en una orden de memorándum fechada el 28 de abril de 2022, el tribunal aplicó su razonamiento de la opinión de marzo de 2022 con respecto al tema de la OFAC a los casos presentados por Red Tree Investments, LLC.

 También, el Tribunal explicó que está inclinado a certificar apelaciones interlocutorias con respecto al tema de la OFAC al Tercer Circuito y ordenó un informe de estado conjunto para dar a las partes la oportunidad de proporcionar sus puntos de vista sobre posibles apelaciones interlocutorias.

  Recordó que Oieg, Conocophillips, Huntington Ingalls, ACL, Petróleos de Venezuela, S.A., Corpoguanipa, S.A., PDVSA Petróleo S.A. y la República Bolivariana de Venezuela, presentaron un informe de estado conjunto en el que existe un estatus de estado conjunto establecido sobre sus puntos de vista sobre posibles apelaciones interlocutorias.

  Del mismo modo, Red Tree Investments LLC indicó por separado su posición con respecto a las apelaciones interlocutorias potenciales en un escrito.

  El juez Stark refirió que el tribunal consideró cuidadosamente las posiciones de las partes y sus argumentos a favor y en contra de la certificación de apelaciones interlocutorias y ordenó que la orden del 2 de marzo de 2022 y el 28 de abril de 2022 se modifiquen para incorporar la discusión y las conclusiones de la Corte en la orden de memorándum instantánea.

La argumentación de la decisión

 En primer lugar, el juez Stark advirtió que el Tribunal tiene la discreción de certificar una orden de revisión interlocutoria cuando las "circunstancias excepcionales" merecen una desviación de la regla de juicio final.

  De igual modo, subraya que, en marzo de 2022, el Tribunal determinó definitivamente que las sanciones de OFAC no impiden que el tribunal autorice la emisión eventual de una orden de apego, condicionada a la recepción de una licencia específica de OFAC o una modificación material al régimen de sanciones y, después, también otorgó en parte las mociones de Red Tree por escritos similares de apego. Refiere que si el Tercer Circuito estuviera en desacuerdo con su Tribunal sobre el tema de la OFAC, los procedimientos en todas las acciones apeladas anteriormente se detendrían de manera efectiva a menos y hasta que los acreedores de sentencia obtengan licencias específicas de OFAC o el régimen de sanciones cambie materialmente.

 Indica que el tribunal "ha hecho todo lo posible para evaluar los argumentos competitivos de las partes y explicar su razonamiento para concluir que tiene la autoridad, de acuerdo con las sanciones", para autorizar la emisión eventual de una orden de apego.

  Leonard Stark alerta reconoce que PDVSA ha presentado argumentos coherentes y razonables que respaldan su interpretación de las sanciones de OFAC. En particular, aquellos que se centran en el texto plano de las órdenes ejecutivas relevantes y las regulaciones de OFAC. Sin embargo, la Corte no está de acuerdo con PDVSA cuando plantea nuevos problemas legales que no han sido resueltos por otros tribunales. En consecuencia, el Tribunal concluye que existe un terreno sustancial para la diferencia de opinión con respecto al tema de la OFAC.

  El tribunal estima la reversión del Tercer Circuito de la orden de marzo de 2022 podría evitar que este litigio proceda en este tribunal, pero si muestra su acuerdo con Stark "el Tribunal de Apelaciones podría proporcionar una mayor comodidad" en la legitimidad de estos procedimientos y ayudaría a empujarlos hacia su conclusión. Por lo tanto, el tribunal concluye que las apelaciones interlocutorias avanzarían materialmente en la terminación final de este litigio.

  El magistrado no deja de lado los argumentos contra la certificación de la emisión de OFAC, como es el caso de ConocoPhillips la cual se opone a la certificación de apelaciones interlocutorias porque, en su opinión, los "problemas de OFAC"… No cumple con los criterios para la certificación. El Tribunal no está de acuerdo con esta argumentación.

   El juez advierte también —esto en razón de una solicitud de OIEG y ACL de que se pronuncie sobre el estado de alter ego de PDVSA y les otorgue sus mociones para los escritos condicionales de apego— que no está preparado para hacer decidir de hecho con respecto al estado de alter ego de PDVSA en esta coyuntura. “Como explica PDVSA, ‘sería un desperdicio de recursos judiciales juzgar el problema del alter ego antes de la resolución de las apelaciones interlocutorias, cuando la resolución de las apelaciones puede obviar la necesidad o evitar la resolución de la cuestión del alter ego y dónde El problema del alter ego deberá ser revisado en una fecha posterior en cualquier caso’".



lunes, 28 de marzo de 2022

CITGO y PDV Holding objetan honorarios del Magistrado Especial que dirige el proceso de venta de sus acciones

 El auxiliar judicial presentó una factura por USD 3,2 millones como pago por sus servicios.

Por Maibort Petit

  El proceso de venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation en poder de PDV Holding Inc.(PDVH) que recientemente ordenó  Leonard Stark, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware de manera que Crystallex International Corporation pueda cobrar la sentencia por USD 1.200 millones dictada a su favor como indemnización por el despojo que sufrió cuando sus activos en Venezuela fueron expropiados por Hugo Chávez, atraviesa por múltiples procesos. Uno de ellos son las objeciones presentadas por las empresas venezolanas —CITGO y PDVH— a los honorarios que pretende cobrar el Magistrado Especial designado por la corte para diseñar, supervisar y ejecutar el proceso de venta.

  Queja por honorarios del Magistrado Especial

  El 28 de enero de 2022, Kenneth J. Nachbar, de la firma Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP, remitió una comunicación al juez, Leonard P. Stark, titular del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware para en representación CITGO Petroleum Corporation y PDV Holding Inc. (PDV-H) expresar su objeción a los honorarios del Magistrado Especial y sus Asesores de diciembre de 2021.

   Refirieron que continuaban objetando la magnitud de los honorarios del Maestro Especial y recordaron que CITGO y PDV-H acordaron un tope de USD 2 millones para el mismo, tal como se establece en la Orden del Tribunal del 27 de mayo de 2021.

  CITGO y PDV-H informaron al juez Nachbar que el Auxiliar Judicial ahora se encuentra cobrando USD 3.2 millones en honorarios y, como ya lo habían referido en ocasiones anteriores, ni el Magistrado Especial, ni sus asesores, han justificado suficientemente los gastos.

 Los abogados manifestaron al a la Corte de Delaware que, en la actualidad, CITGO y PDVH no solicitan más información sobre las solicitudes de tarifas pendientes, pero se reservan todos los derechos con respecto a dichas tarifas. Agradecieron la atención del tribunal a este asunto y expresaron la necesidad de dejar en claro sus posiciones con respecto a cada una de las presentaciones de honorarios del Maestro Especial.

El informe del Magistrado Especial

  El 26 de enero de 2022 en versión que se hizo pública el 2 de febrero de 2022, Robert B. Pincus, en su calidad de Magistrado Especial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, dirigió una comunicación al juez Leonard P. Stark, titular de la citada corte, para presentar el Informe Mensual correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2021 respecto a su gestión como del caso que en esa instancia judicial dirimieron Crystallex International Corporation y la República Bolivariana de Venezuela.

   Picus fue designado el 13 de abril de 2021 por el juez Stark para que diseñara, supervisara e implementara la venta de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) de PDV Holding Inc.

  Refirió en el informe a la corte que el 27 de mayo de 2021, el juez Stark emitió la Orden sobre Maestro Especial que establecía, entre otras cosas, varias obligaciones y deberes aplicables al Auxiliar Judicial, las Partes y ConocoPhillips, entre ellas su obligación de proporcionar al Tribunal un informe mensual sobre su progreso y esfuerzos.

  Indicó en este sentido, que su último informe correspondió al período terminado el 30 de noviembre de 2021 y que en esta nueva ocasión estaba procediendo a la entrega del Informe de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021.

  Precisó que, en ese periodo, junto a sus asesores, revisó y analizó el informe complementario relacionado con la OFAC presentado por las Partes del proceso de venta; revisó y analizó las declaraciones informativas entregadas por Rosneft Trading S.A. y PDVSA en virtud de la Orden de Consentimiento sobre Divulgación de Rosneft Trading S.A. y Petróleos de Venezuela, S.A. sobre CITGO Holding Pledge;  revisó y analizó la Respuesta de las partes de Venezuela a la Tercera Orden de Procedimientos de Venta Propuesta Revisada por él; y elaboró y archivó el Informe de Noviembre.

   Robert B. Pincus le manifestó al juez Stark que durante el período del 1 al 31 de diciembre de 2021, incurrió en un total de honorarios y gastos en relación con el desempeño de mis funciones como Auxiliar Especial por una cantidad que se omite en la versión que se dio a conocer, pero que advierte incluye los honorarios y gastos mensuales de los abogados en relación con los asuntos descritos anteriormente. En anexo desglosó dichos honorarios y gastos.

  Solicitó al juez que determinara si dichos honorarios y gastos eran regulares y razonables.