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miércoles, 17 de junio de 2020

Hoy comenzaron los despidos en CITGO Petroleum Corporation

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Desde este miércoles se iniciaron los despidos de CITGO Petroleum Corporation, en el marco del plan de ajustes anunciado por la empresa, a raíz de los resultados negativos obtenidos en el primer trimestre de 2020.

 CITGO informó el 12 de junio que tuvo "pérdidas netas de 159 millones de dólares y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 38 millones de dólares, excluyendo el efecto de asuntos especiales".

 La corporación dijo que, debido al inicio de la pandemia del COVID-19, y a la destrucción de la demanda petrolera que afectaron a todo el sector energético, la empresa tuvo un resultado negativo durante el primer trimestre de la compañía. 

50 empleados

   Esta semana, CITGO despidió a menos de 50 personas de la compañía, nada significativo a lo esperado por un grupo interno de la empresa que aspira a que se produzcan cambios importantes, "que se focalicen en los ejecutivos, gerente que han participado en actos de corrupción e irregularidades que tuvieron lugar en varias gestiones del chavismo, en especial la de Nelson Martínez, Asdrúbal Chávez, José Pereira y otros, que hasta ahora conservan sus cargos".

  Fuentes internas informaron a Venezuela Política que "se evalúo implementar otras medidas de ahorro y cortar costos, pero que las mismas fueron rechazadas por los gerentes y directores ya que afectaban sus intereses y beneficios personales".

  Sostienen que ejecutivos y gerentes de varias áreas de la corporación, que se mantienen en sus cargos, "deberían ser investigadas y responsabilizadas por su rol en la estructura criminal que funcionó en CITGO bajo las corruptas administraciones de Martínez, Pereira y Chávez".

  Insistieron que "es urgente una investigación sobre las personas que han sido señaladas de haber violado las normas internas de la corporación que coludieron con Nelson Martínez para defraudar a CITGO y a PDVSA, y que tomaron represalias contra los empleados que denunciaron fraude y corrupción interna. La empresa tiene suficiente información sobre gerentes Rick Esser, Gina Coon, Judith Colbert, Brian Paulson, entre otros", sostuvieron las fuentes internas que declararon en calidad de anonimato debido al acoso que vive el personal.

A continuación reproducimos el comunicado de CITGO publicado en el portal de la empresa el 12 de junio de 2020.


HOUSTON, 12 de junio de 2020 – CITGO Petroleum Corporation (CITGO) publicó hoy los resultados de su desempeño en el primer trimestre de 2020, que incluyen pérdidas netas de 159 millones de dólares y ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 38 millones de dólares, excluyendo el efecto de asuntos especiales.

El inicio de la pandemia del COVID-19 combinado con la destrucción de la demanda petrolera afectaron a todo el sector energético y presionaron negativamente los resultados del primer trimestre de la compañía. La pérdida neta del primer trimestre se vio particularmente afectada por un menor ajuste de valoración de inventario al menor valor de costo o mercado ("LCM" por sus siglas en inglés), producto de la rápida caída de los precios del petróleo que ha afectado a las empresas de refinación en toda la industria.

"El ajuste de LCM resultó en una pérdida no monetaria que no tuvo impacto en la liquidez general de CITGO", dijo el Presidente Ejecutivo de CITGO, Carlos Jordá. "Nuestro equipo gerencial continuará monitoreando de cerca el entorno económico, utilizando la flexibilidad de nuestras refinerías y la diversificación de los mercados donde operamos para ajustar nuestra oferta de productos y las corridas de crudo, mientras seguimos evaluando reducciones de costos adicionales". 

Aspectos operativos y de rendimiento destacados del primer trimestre:

Actividades de paradas de plantas: se mantuvieron los planes existentes de paradas programadas de nuestras plantas para labores de mantenimiento.

Rendimiento de la refinería: el rendimiento total de la refinería en el primer trimestre fue de 764.000 barriles por día (bpd), incluyendo 114.000 bpd de materias primas intermedias, lo que resultó en una utilización total de crudo del 91%.

Exportaciones: las exportaciones de productos refinados del primer trimestre promediaron 181.000 bpd.

Excelencia operativa: las refinerías de CITGO continúan siendo reconocidas por su desempeño operacional sobresaliente. La refinería de Lemont recibió recientemente el Premio Élite en Seguridad Industrial Nivel Oro (Gold Safety Award) de los Fabricantes Americanos de Combustibles y Petroquímicos (AFPM por sus siglas en inglés) en reconocimiento a un desempeño superior en seguridad industrial y a su excelencia en innovación y liderazgo de programas. La refinería CITGO Corpus Christi obtuvo la designación Energy Star 2019 (Estrella Energética) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) de EE. UU, por sus programas de ahorro energético y protección ambiental.

Asuntos especiales: varios asuntos únicos o especiales afectaron nuestra pérdida neta en el primer trimestre de 2020. La pérdida neta se debió principalmente al ajuste de valoración de inventario al menor valor de costo o mercado ("LCM" por sus siglas en inglés), de aproximadamente 332 millones de dólares. Este impacto fue parcialmente compensado por una ganancia resultado de una recuperación de póliza de seguro de aproximadamente 172 millones de dólares relacionada con los costos incurridos anteriormente relacionados con el caso Athos y un beneficio fiscal de aproximadamente 48 millones de dólares como resultado de las provisiones de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (la Ley CARES por sus siglas en inglés).

Actualización estratégica del segundo trimestre:

CITGO está activamente respondiendo a las desafiantes condiciones económicas con las siguientes iniciativas estratégicas:

Refinanciación: el 9 de junio de 2020, CITGO refinanció con éxito su Préstamo a plazos B 2021 con bonos garantizados al 7,00% con vencimiento en 2025. La oferta tuvo un exceso de suscriptores, lo que permitió a CITGO aumentarla a 1.125 millones de dólares.

Se mantuvieron los planes de paradas programadas de nuestras plantas: CITGO continuó con sus planes de paradas programadas de planta para el mantenimiento en las refinerías de Lake Charles y Lemont después de desarrollar e implementar estrictos protocolos de seguridad en torno al COVID-19, lo que permitió aprovechar el entorno económico de baja demanda. 

Gestión de liquidez: CITGO apunta a una reducción del 10% de sus gastos de capital para 2020 y adicionalmente está tomando medidas para reducir los gastos operativos anuales planificados para 2020 en aproximadamente un 10% -15%.

Perspectivas generales para la industria:

En una reunión de mayo con el accionista último de las entidades de CITGO, la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, la presidenta de la Junta Directiva de CITGO, Luisa Palacios, detalló las fuerzas económicas y de mercado que han impactado el entorno económico del primer trimestre. El COVID-19 y su desarrollo en una pandemia en marzo de 2020 resultó en un colapso económico, que llevó a la caída de casi  5% en la actividad económica de EE.UU., los mercados de valores estadounidenses cayeron bruscamente, los precios del petróleo cayeron un 65% desde mediados de marzo hasta finales de mayo, y restricciones significativas de viajes y trabajo en oficinas afectaron severamente la demanda de gasolina, diésel y combustible para aviones. En abril se registró la mayor destrucción de demanda de productos refinados con una caída del 38,5% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El impacto económico de esta pandemia condujo a un colapso en los márgenes de ganancia para los productos derivados del petróleo y hasta se volvieron negativos, algo que no se había visto desde la crisis crediticia de 2008.

Esto condujo a un recorte significativo en la utilización de la capacidad de refinación a nivel mundial y en los Estados Unidos desde marzo. La utilización de las refinerías de EE.UU. cayó a un mínimo de 68% y desde entonces se ha recuperado un poco llegando a 72%. Con la fuerte caída de la demanda, los inventarios de productos refinados y crudo han aumentado drásticamente, y si bien la industria ha evitado alcanzar el nivel máximo en los tanques de almacenamiento, los inventarios ahora están en niveles históricamente altos. Esto significa que los márgenes de refinación posiblemente no alcancen niveles saludables hasta que no se reduzcan estos inventarios a niveles razonables. 

Los analistas pronostican que el sector de refinación experimentará la peor parte de la crisis en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, como recientemente todos los estados han empezado a levantar las órdenes de confinamiento, los analistas esperan una recuperación gradual de la demanda en la segunda mitad de 2020. En dicho entorno, se espera que la demanda de gasolina lidere la recuperación, la demanda de destilados dependerá de la recuperación del crecimiento del PIB, mientras que se anticipa que la recuperación de la demanda de combustible de aviación tomará un buen tiempo.

Las expectativas positivas sobre el segundo semestre de 2020 se basan en los supuestos de que una recuperación de la demanda debería mejorar los márgenes de ganancias de la refinería. Sin embargo, estas expectativas dependen de que no exista un resurgimiento significativo del COVID-19 a medida que disminuyen los requisitos de distanciamiento social.

Palacios señaló los pasos concretos y proactivos que ha tomado CITGO para garantizar un sólido posicionamiento para resistir las condiciones económicas actuales y aprovechar al máximo la eventual mejora de los mercados. "Creemos que CITGO se ha preparado de manera proactiva para un escenario de estrés al reducir los costos operativos y de capital, aprovechar los mercados para obtener liquidez adicional y continuar con las actividades de mantenimiento planificadas en el segundo trimestre, mientras que el costo de oportunidad y los niveles de demanda son bajos", dijo Palacios.










viernes, 15 de mayo de 2020

CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.

    La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de CITGO de la antigua administración y, que han sido premiados por la junta directiva nombrada por Juan Guaidó tienen amplia responsabilidad. La querella estaría plagada de imprecisiones que tienen como fondo "encubrir lo que realmente ocurrió en el seno de CITGO".  El caso, que involucra al político de la Florida se presentó hace 3 años ante las gerencias de CITGO, y desde Febrero 2019 a la directiva que preside Luisa Palacios, pero hasta la fecha no se habían tomado acciones. Muchos se preguntan ¿Por qué ahora?.
A continuación les contamos parte de esta historia de corrupción variopinta.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
  Una demanda por incumplimiento de contrato  interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, [encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y  Michael Gottlieb] fue publicada por primera vez por el New York Times el 13 de mayo de 2020 (1).  En la querella,  PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc, una empresa de maletín propiedad del excongresista cubano-americano, David Rivera devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 

¿Quién pagó los $15 millones a David Rivera?

   La demanda fue interpuesta por uno de abogados de CITGO, que ha trabajado para las administraciones del régimen chavista, y quien fue contratado nuevamente por la presidente de la Junta Directiva de CITGO, designada por el presidente interino, Juan Guaidó en 2019, Luisa Palacio. Michael Gottlieb quien también estuvo asociado al bufete que defendió a los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro ha jugado un rol crucial en las decisiones de Palacios. En Venezuela Política hemos escrito sobre la relación Palacios- Gottlieb y el acoso que ambos mantienen al personal de CITGO que ha denunciado las irregularidades dentro la corporación. (3).


El pago corrupto

  Una fuente interna, conocedora del caso, destaca lo siguiente: "la explicación de los hechos dada por el bufete de abogados no es del todo cierta". En marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que a decir de muchos eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (actualmente bajo arresto en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

Febrero de 2019

   Cuando asumió la nueva junta directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios, se les informó sobre las múltiples irregularidades cometidas por las anteriores administraciones de CITGO, y les entregaron informes sobre los ejecutivos que presuntamente habían cometido los delitos, tanto los venezolanos como los norteamericanos. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, los nuevos directivos no tomaron ninguna acción, sino que se dedicaron a evitar que la información trascendiera las paredes del edificio sede ubicado en 1293 Eldridge Pkwy, Houston, TX 77077. 

  La explicación de las fuentes consultadas para este reporte, refleja que detrás de la demanda hecha por el bufete Willkie Farr & Gallagher LLP "hay muchos hechos sin contar". Una de ellas señala: "Esto no es ni el 10% de la historia", a la vez que aseguró  que: "mucho de los hechos reportados por ambas partes no son ciertos". 

   Otra fuente de PDVSA, Caracas, confirmó a Venezuela Política que "los pagos a la empresa Interamerican Consulting Inc fueron hechos en un cien por ciento por el personal de CITGO, por orden de la junta directiva de PDVSA. Las operaciones fueron procesadas y ejecutadas por José Pereira ( bajo arresto en Venezuela) y Gina Coon (actual tesorera de CITGO) violando todos los controles y procedimientos internos de revisión". 

   Un elemento importante, que vale la pena destacar, es que los registros constitutivos de PDV USA muestran que la empresa demandante es un ente de la misma CITGO. "Para el momento que se realizaron los pagos corruptos a la empresa de maletín del excongresista David Rivera, CITGO estaba manejada, controlada y administrada por José Pereira, Gustavo Cárdenas, y Nelson Martínez", acota la fuente consultada en PDVSA, Casa Matriz .

  En la demanda se pretende establecer que PDV USA es una unidad de PDVSA, "pero dicho argumento es sólo para encubrir a CITGO", dijo una fuente interna familiarizada con el caso.

  PDV USA es fondeada por las compras de petróleo y pagos que hace CITGO a PDVSA. "En vez de pagar a PDVSA, parte de ese dinero es/era transferido a las cuentas de PDV USA en Estados Unidos, para pagos [principalmente] a proveedores, que en realidad no eran tales, por ejemplo: 1) Proveedores usados en CITGO Aruba; 2) Gastos de propaganda política del régimen venezolano en los Estados Unidos; 3) Gastos de viaje de personajes del régimen, 
[Delsy Rodríguez y otros]; 4) Gastos de los consulados, fiestas en misiones de la ONU en NYC, [como fue el caso de Rafael Ramírez y María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez]; y 5) muchas otros pagos como donaciones no controladas. 

   Los reportes internos muestran que las cuentas bancarias de PDV USA son/eran manejadas por Gina Coon (Tesorera) bajo la dirección de José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez.

   El entramado de corrupción que se manejó desde CITGO envuelve muchos otros casos como el del ex congresista, David Rivera. "Hay operaciones fraudulentas vinculadas a abogados, congresistas, consultores, contratistas y empleados de CITGO que  colaboraron con las transacciones corruptas y apoyaron al régimen de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos", aseguró la fuente. 

  Contrario a lo que dice la demanda del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, "los detalles y hechos de este caso son varios y envuelven varias acciones ilegales que afectan principalmente a CITGO, comenzando por violaciones de políticas y procedimientos internos, así como posibles violaciones de leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos", acotó.

  Una de las fuentes consultadas señaló que la demanda "es una presunta estrategia de la actual junta directiva de CITGO que busca cubrirse las espaldas ante la investigación que realiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en CITGO". 

  Otro informante sostiene que "el abogado Michael Gottlieb, Luisa Palacio, Carlos Jordá y el resto de los actuales directivos saben que no va a recuperar los $15 millones de la demanda y que la única razón por la cual se interpuso la querella fue por la presión que existe por la investigación del DoJ". Se preguntan: ¿Por qué CITGO no demandó a Ernesto Guevara que supuestamente defraudó a CITGO por más de $300 millones?.

  Además de los ejecutivos mencionados, en los reportes internos de CITGO sobre este caso, aparecen señalados [por ser presuntamente cómplices o encubridores] Gina Coon, Rick Esser, Jennifer Moos (recientemente jubilada sin ser investigada) y Judith Colbert(4).

    Hasta la fecha, la junta directiva designada por Juan Guaidó y sus abogados, no habían tomado acciones significativas en contra de los proveedores y empleados que defraudaron a CITGO, "por el contrario, han soportado la retaliación en contra de los empleados/directores que reportaron casos de fraude internamente (incluyendo el de David Rivera), y han encubierto a empleados que presuntamente son cómplices en operaciones de lavado de dinero en CITGO", acotan. 

  Este caso fue reportado a Rick Esser y Jennifer Moos, porque estos dos ejecutivos de CITGO eran quienes manejaban el Comité de Cumplimiento "y no cumplieron con su deber de revisar y aplicar las leyes federales, que obligan a las empresas a investigar todas las demandas internas de empleados y asegurarse de actuar adecuadamente, tomar acciones correctivas, implementar controles necesarios, entre otras acciones".

La demanda describe hechos que nunca ocurrieron en CITGO

 En la demanda se señala que PDV USA se negó a pagar las facturas correspondientes a los meses siguientes, que sumaban $35 millones.  No obstante, dos fuentes internas de CITGO confirmaron a Venezuela Política que "durante el 2017 o el 2018, PDV USA (CITGO) no "se negó a pagar" las facturas de Interamerican Consulting, lo que ocurrió fue que dichas facturas y el contrato como tal no se canceló más por la intervención de tres directores que, al detectar que el contrato y los pagos eran ilegales se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez y detuvieron el esquema fraudulento, por lo que los pagos adicionales y cualquier relación futura entre CITGO/PDV USA y David Rivera quedaron al descubierto". 

  El directorio de PDVSA, conformado para aquel entonces por Guillermo Blanco, Eulogio Del Pino, Maribel Parra, Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa, José Pereira, y Edoardo Orsoni representado a CITGO aprobaron los servicios de consultoría legal internacional para “Asuntos estratégicos”. Y ordenaron la contratación de David Rivera y otros abogados

Corrupción generalizada

  Una de las fuentes internas de CITGO, consultadas para este reporte,  nos confirmó que a finales de abril 2017, en contra de la gerencia senior de CITGO (José Pereira y Nelson Martínez) y de las órdenes de los miembros de las juntas directivas de PDVSA y CITGO bajo un ambiente de corrupción y complicidad generalizada— tres directores de CITGO detectaron la transacción ilegal y lograron parar el contrato y pagos adicionales por $ 35 millones a Interamerican Consulting. Estos directores arriesgaron sus puestos de trabajo y se enfrentaron a retaliaciones posteriores por parte de José Pereira, Nelson Martínez, Gustavo Cárdenas, Rick Esser, Judith Colbert y otros directores cómplices, que todavía siguen en CITGO bajo la nueva administración.

La excusa del contrato de David Rivera 

  La excusa del contrato con Rivera para  realizar una Consultoría de Servicios Estratégicos (Strategic Consulting Services) "fue algo totalmente ilógico", sostiene la fuente. "Las transacciones fueron mantenidas en secreto por los directores de CITGO / PDVSA y los consultores y abogados estadounidenses que respaldaron este y otros acuerdos relacionados". 

  Agrega que "los directores de CITGO / PDVSA utilizaron a Interamerican Consulting, Inc./David Rivera y (su cuenta bancaria) como agente o intermediario para ocultar las transacciones, vínculos y objetivos trazados en los Estados Unidos con el régimen comunista de Nicolás Maduro". 
  

    Hasta ahora se desconoce el uso final de los 15 millones que consiguieron extraer de CITGO. Las investigaciones del DOJ/FBI están tras la pista de las transacciones bancarias para determinar el destino de los fondos robados al pueblo venezolano. Es necesario aclarar quién se beneficio o qué tipo de actividades ilegales se financiaron con este esquema.


Lo que dice la demanda

  La querella por incumplimiento de contrato interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York establece lo siguiente:


1.  El 21 de marzo de 2017, PDV USA e Interamerican Consulting Inc firmaron un acuerdo de consultoría según el cual la empresa recibiría $ 50 millones en seis cuotas durante un período de tres meses para proporcionar supuestos "servicios de consultoría estratégica" para PDV USA empresa matriz, Petróleos de Venezuela, SA. 

2. PDVSA es la compañía estatal de petróleo y gas natural de la República Bolivariana de Venezuela y, en ese momento, estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro. PDV USA recibió instrucciones de la empresa matriz (PDVSA) de su empresa matriz (PDV Holding, Inc.) para celebrar el Acuerdo con el propósito de mejorar la "reputación a largo plazo" de PDVSA en los Estados Unidos. (No se menciona a CITGO)

3. En enero de 2019, el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de Venezuela, desconociendo el régimen de Maduro y sancionó a PDVSA a través de la OFAC. Desde ese momento se requiere una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. para hacer negocios con la petrolera.

4. El Gobierno de Guaidó nombró una Junta de Directores Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las filiales de PDVSA en Estados Unidos, incluida PDV USA (No se nombra CITGO). En agosto de 2019, el Tribunal de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó a la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.

5. Según el Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación y posición de PDVSA, y construir relaciones con los formuladores de políticas, líderes de opinión, funcionarios públicos y partes interesadas específicas.

6. Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican proporcionara, al menos,  siete informes quincenales que detallen el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas. En cambio, el Demandado proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. Estos informes se refieren genéricamente a un "plan estratégico", "reuniones" y "recomendaciones", pero no describen un solo elemento del plan alegado, identifican a los participantes de la reunión o las discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién.

7. El Demandado no realizó servicios significativos según el Acuerdo, y ciertamente no realizó el nivel de servicios que razonablemente podría esperarse por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes.

8. PDV USA resultó lesionada por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado. PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por el Demandado, un total de $ 15 millones, pero no recibió evidencia de que algún servicio se haya realizado alguna vez en nombre de PDV USA o PDVSA.

9. Además, Interamerican Consulting Inc se comprometió explícitamente en el Acuerdo a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del contrato perpetrado por la empresa, incluido el pago de los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con la aplicación de los derechos de PDV USA.

10. En consecuencia, PDV USA interpone la acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya le ha pagado al Demandado, liberar a PDV USA de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo y recuperar cualquier otro daño compensatorio por un monto que se abonará en juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales.


 La demanda señala que Interamerican Consulting Inc es una compañía incorporada en el estado de Florida por el ex congresista estadounidense David Rivera. La dirección de la empresa es el hogar de Rivera, ubicado en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. En su descripción, Interamerican  Consulting Inc dice que proporciona "servicios de consultoría estratégica". Según la información disponible públicamente, la referida empresa tiene solo dos empleados: (1) David Rivera, quien se desempeña como Presidente y agente registrado; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), quien se desempeña como Vicepresidenta.

  La demanda sostiene que el objetivo principal del contrato era que el Demandado brindara servicios para PDVSA. El representante autorizado y el principal punto de contacto era Pio González, un empleado de PDVSA. 

  Lo único que se recibió fueron dos breves informes de progreso proporcionados por Interamerican que aclaran que los servicios de consultoría se estaban prestando a PDVSA. Dichos informes describieron que Interamerican había organizado reuniones que "permitían al Cliente proporcionar sus puntos de vista y perspectivas sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos".  Aunque "Cliente" se define en el informe de progreso como PDV USA, la referencia a eventos actuales en Venezuela deja en claro que los intereses de PDVSA eran el tema de los servicios de consultoría estratégica.

  Aseguran que Interamerican acordó desarrollar las siguientes estrategias :

1) Informarían a los responsables políticos y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros de PDVSA;

2) Reforzar la posición de PDVSA entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión"; y 

3) Mejorar la "reputación a largo plazo" de PDVSA y su "prestigio" con las "partes interesadas". 

  La empresa contratada acordó además "identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos". 

  El contrato establece que Interamerican debía proporcionar: 

(1) actualizaciones con respecto a sus servicios de consultoría estratégica con detalles adecuados y completos de los servicios prestados; 

(2) documentación de respaldo para todas las facturas presentadas; 

(3) informes quincenales que detallan sus actividades en virtud del Acuerdo; y 

(4) un informe final que integra todos los productos de trabajo desarrollados de conformidad con el contrato.

  El Acuerdo tenía un plazo de tres meses, comenzando en la fecha de ejecución, 21 de marzo de 2017, y terminando el 21 de junio de 2017.

  La querella sostiene que durante ese período, "Interamerican estaba obligada por contrato a proporcionar al menos siete informes quincenales que detallaban las actividades que había llevado a cabo durante el período de dos semanas aplicable y un informe final que resume todo el trabajo realizado en virtud del Acuerdo y proporciona recomendaciones para monitorear las estrategias implementadas".

  En lugar de proporcionar estos informes consistentes, Rivera presentó solo dos informes en total: un informe "quincenal" y un informe final. Los informes totalizaron no más de cinco páginas (colectivamente), gran parte de las cuales se duplicaron, y no pudieron describir ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionar ninguna evidencia de que el trabajo se haya realizado realmente.

  Los informes se refieren, dice la querella, genéricamente a reuniones y discusiones con "importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos", "funcionarios públicos clave", "partes interesadas objetivo", "partes interesadas del sector público" y "partes interesadas del sector privado", pero no describen el propósito de esas reuniones, quién asistió, qué se discutió o qué hace que cualquiera de estos líderes, funcionarios o partes interesadas sea importante para el "plan estratégico" de Interamerican.

  Del mismo modo, el supuesto informe final se refiere a recomendaciones, pero no explica cuáles son esas recomendaciones.

  El contrato requería además que Interamerican proporcionara "documentación de respaldo" y "detalles adecuados y completos de los Servicios prestados" con cada factura presentada a PDV USA.

  Sostiene que Interamerican no proporcionó documentación ni detalles de respaldo con las facturas enviadas para el pago.

  Alegan que Interamerican tenía que completar los servicios "para satisfacción exclusiva de PDV USA", pero el cliente nunca expresó satisfacción y no está satisfecho con los servicios de Interamerican.

  Asegura que PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se realizaron, a pesar de que la empresa no brindó los servicios contratados $ 15 millones.

   El Acuerdo estableció un cronograma de pagos, según el cual PDV USA debía pagar a Interamerican una "cuota de pago inicial" de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017.

  PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones el 21 de marzo de 2017, según lo establecido en el Acuerdo.

  El cronograma de pagos también indicó que, a partir del 4 de abril de 2017, se pagarán otros $ 20 millones en "Plazos de pago consecutivos" de $ 5 millones cada dos semanas y que se pagará un "Plazo de pago final" de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017 .

   PDV USA pagó a Interamerican $ 5 millones en cada uno de los días 4 de abril de 2017 y 18 de abril de 2017. Junto con el pago inicial realizado el 21 de marzo de 2017, PDV USA pagó un total de $ 15 millones.

  PDV USA se negó a pagar las últimas tres facturas que presentó David Rivera, que totalizaron $ 35 millones. "A pesar de que Interamerican no brindó los servicios requeridos por el contrato, y a pesar de la participación del régimen de Maduro y la extrema desproporción entre el precio del contrato y los servicios que se prestarían,  el demandado solicitó en repetidas ocasiones el pago de las facturas pendientes de PDV USA" .

   En vista del hecho de que el Demandado no había realizado y no contemplaba realizar ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA, las empresas contratantes solicitaron conjuntamente el consentimiento del Demandado para concluir el acuerdo, pero el acusado se negó a dar su consentimiento. En cambio, Rivera continuó exigiendo que PDV USA pagara los $ 35 millones supuestamente adeudados.

   Según el contrato, Interamerican acordó "indemnizar"  a PDV USA y PDVSA contra cualquier incumplimiento, incluidos todos esos gastos, costes judiciales y honorarios de abogados en la aplicación de los derechos de PDV USA.

  Sostiene la demanda que el demandante tiene derecho a recuperar los $ 15 millones (más intereses) que pagó al Demandado y a ser liberado de cualquier pago adicional en virtud del Acuerdo que fui violado por David Rivera.

CITAS

1)https://www.nytimes.com/2016/03/12/us/marco-rubio-david-rivera.html

2) https://www.miamiherald.com/news/local/article242707216.html

3) https://www.maibortpetit.info/search/label/abogados%20narcosbrinos?m=0

4)https://www.maibortpetit.info/2020/01/busca-citgo-silenciar-casos-de.html

5)https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-13/venezuela-s-pdvsa-paid-ex-congressman-15-million-suit-says



jueves, 7 de mayo de 2020

Los riesgos para los compradores de los Bonos PDVSA 2020 y la estrategia de la defensa en la corte de NY

  Estrategia del 'gobierno interino' apunta a la declaratoria de nulidad del canje de los Bonos PDVSA 2020 y del préstamo de Rosneft a PDVSA con garantía de CITGO. Respaldados en la falta de aprobación de las operaciones por parte de la Asamblea Nacional, el interinato de Venezuela solicitó ante los tribunales de EE. UU. que se declaren nulos por ilegales esos bonos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La emisión de bonos por parte de Petróleos de Venezuela S.A. con el objetivo de lograr financiamiento, es una actividad normal en toda empresa. Sin embargo, una operación habida en 2016, cuando PDVSA convocó a los inversionistas para llevar a cabo una operación de canje de los denominados Bonos PDVSA 2017 que vencían en esta última fecha, por unos nuevos llamados Bonos PDVSA 2020, llamó la atención pues, para hacer atractiva la negociación en medio de un escenario en el que la estatal petrolera mostraba —y sigue mostrando— una grave crisis de iliquidez y de operatividad, se ofreció como respaldo una garantía prendaria de CITGO. Al parecer era tal el riesgo que suponía comprar papeles de una empresa prácticamente quebrada, que fue necesario comprometer el principal activo de Venezuela en los Estados Unidos.

   Fue así que el canje de bonos se respaldó con nada menos que el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc., la propietaria de CITGO Petroleum Corporation.

  No conforme con esto, el restante 49,9 por ciento de las de CITGO Holding, Inc., se usó para garantía prendaria para respaldar un préstamo que PDVSA, a través de su filial PDV Holding Inc., firmó con la estatal rusa Rosneft Trading S.A.

   Ninguna de estas operaciones contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, pues eran violatorias de lo establecido en la legislación venezolana. En tal sentido apunta la estrategia que el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó para defender y proteger CITGO ahora que los bonistas reclaman el pago por los papeles y se adelantan a cualquier acción legal que pudiera emprender Rosneft al momento de exigir la restitución de su dinero.

  Todo deja ver que el interinato de Guaidó busca sentar un precedente frente a este tipo de operaciones irregulares que el gobierno de Nicolás Maduro busca instituir, según lo deja ver un llamado de alarma que el muy criticado procurador especial de Venezuela, José Hernández, lanzó recientemente cuando alertó que el régimen tiene como propósito entregar activos de PDVSA a bonistas extranjeros, a cambio de nuevos préstamos.

  “Hoy se pretende repetir la misma estrategia entregando activos de PDVSA, incluyendo la Refinería de Amuay, a terceros y a gobiernos extranjeros, en una clara privatización de facto que resulta inconstitucional”, dijo Hernández en declaraciones que recoge una nota del Diario Las Américas

 Hernández agregó que “la entrega de activos de PDVSA a terceros, violando la Constitución no es idea nueva del régimen de Maduro. Por el contrario, esa entrega comenzó en 2016, cuando Maduro cedió en garantía a favor de bonistas extranjeros la mayoría accionaria de CITGO con el Bono PDVSA 2020”.

  Y entonces Hernández recordó el hecho de que el Poder Legislativo Nacional no ofreció su aval a estas operaciones, tal como lo exige la ley. “La Asamblea Nacional se opuso al colateral sobre CITGO a favor de bonistas extranjeros en Acuerdo del 27 de septiembre de 2016. La decisión sólo fue rechazada por los diputados del régimen de Maduro”[1].

Gobierno interino preservó CITGO

  El embajador de Venezuela en Estados Unidos designado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, corroboró esta posición y aseguró que todas las acciones emprendidas por el gobierno interino están dirigidas a preservar la propiedad de CITGO por parte de Venezuela.

  Advertido de que la defensa de los bonistas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde los tenedores de los papeles reclaman el pago de los bonos o la ejecución de la garantía, alegando que el gobierno de Juan Guaidó reconoció la legalidad de la operación de canje cuando en 2019 pagó USD 71 millones por concepto de intereses, el embajador aseguró que, por el contrario todo el accionar de la administración de la que forma parte, apunta a proteger a CITGO.

  Vecchio refiere que, efectivamente, “cuando se hizo ese pago se comunicó que se estaba haciendo por la emergencia, [pero se advirtió] que no implicaba ningún reconocimiento de la deuda, que lo estábamos haciendo porque no tuvimos otro mecanismo para proteger a CITGO sino ese, y lo hicimos. Pero luego, cuando tuvimos más tiempo y se correspondía el otro pago en noviembre, sí nos dio tiempo para, primero, trabajar en la protección de los activos de CITGO y hoy podemos decir que CITGO está totalmente protegida con una acción ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. Eso lo logramos”.

  Vecchio rebate la argumentación de los bonistas y recuerda que cuando el pago de los intereses en aquel entonces se hizo, se advirtió que Venezuela atravesaba por una circunstancia especial y el gobierno interino apenas se encontraba asumiendo el control de CITGO.

   Sostiene que el pago de intereses de los Bonos PDVSA 2020 en 2019 se hizo con la advertencia de que, por atravesar una circunstancia especial, el gobierno interino procedía al pago de los intereses sin que se reconociera con ello la legitimidad de la deuda y reservándose Venezuela, el derecho de demandar la nulidad de un bono que es ilegal.

  Vecchio calificó de irresponsable la acción de Nicolás Maduro de ofrecer CITGO como garantía de sus operaciones irregulares y del mil millonario endeudamiento a que ha sometido el país y a PDVSA. Destacó como inaudito que hasta se haya otorgado un Premium a quienes adquirieran por Bonos PDVSA 2020. Calificó todas estas operaciones de inconstitucionales.

“Nosotros lo que estamos haciendo es, uno, preservando CITGO, y dos, demandando la nulidad de una deuda que lo que hizo fue darle beneficios a unas personas que están detrás de los bonistas y a algunos bonistas que se aprovecharon de esa circunstancia para desangrar a Venezuela. Nosotros estamos manteniendo una posición de principios y hemos puesto en manos de un juez imparcial y que conoce el tema, esta decisión. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, defendiendo a CITGO, defendiendo los intereses de los venezolanos y señalando a los responsables del desangramiento que le hicieron a nuestro país”.

El informe de Chafardet

  El abogado e internacionalista residenciado en los Estados Unidos, Joaquín F. Chaffardet, en su “Informe sobre las operaciones ilegales de crédito público de PDVSA y su filial PDV Holding Inc.”, sostiene que las distintas operaciones llevadas a cabo por la estatal petrolera con los Bonos PDVSA 2017 y PDVSA 2020, así como del préstamo que la rusa Rostneft Trading a PDVSA, son ilegales, advirtió sobre una serie de riesgos que corren, tanto los responsables de tales negociaciones, como los inversionistas que se aventuren a adquirir tales papeles.


 En su análisis, Chaffardet pone al descubierto el consuetudinario irrespeto a la Constitución y las leyes que rige a las actuaciones gubernamentales venezolanas, dándole a las mismas un carácter de ilegalidad.

  Se refiere, en primer término, a la operación de canje de Bonos PDVSA 2017 por Bonos PDVSA 2020 llevada a cabo para evitar el default en el año 2017 al vencimiento en abril y noviembre de dichos papeles. Estos se cambiaron en el mercado por unos a vencimiento en 2020, de manera de extender el plazo de vencimiento.

  En razón de lo arriesgado que tal negociación resultaba, dado el deteriorado crédito e imagen de PDVSA, el gobierno venezolano procedió a garantizar la operación con 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. —propietaria de CITGO Petroleum Corporation, la filial de PDVSA en los EE. UU.— como “garantía prendaria de primer grado”.

  En segundo lugar, el informe cita el contrato de préstamo que PDVSA, a través de su filial PDV Holding Inc., firmó con la estatal rusa Rosneft Trading S.A con garantía prendaria del 49,9 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. Aunque oficialmente no se informó del monto del préstamo, fuentes ligadas a la petrolera refirieron que era por USD 1.500 millones.

   De tal manera, que en dos operaciones se comprometió el 100 por ciento de las acciones de CITGO Holding y, en consecuencia, de CITGO Petroleum Corporation.

  Chaffardet califica este negocio como una venta oculta de CITGO “a precio de gallina flaca” dirigida a “insolventar a la empresa en perjuicio de los acreedores de la República”.

   Por estas operaciones en tribunales de los Estados Unidos se han iniciado demandas por parte de otros acreedores de Venezuela que acusan la ilegalidad de esta transferencia fraudulenta de activos.

  El informe se remite al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que en su artículo 5 menciona los entes que conforman el sector público, incluyendo en los numerales 8 y 9 a “Las sociedades mercantiles en las cuales la República (…) [que] tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional. 9. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social”.

  De acuerdo a esto, PDVSA y sus filiales PDV Holding Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum Corporation —propiedad de la petrolera— son igualmente entes del sector público y, en consecuencia, están sujetas a las regulaciones de dicha ley.

  Cita también el reporte, el artículo 80 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que como “operaciones de crédito público” así: “1) La emisión y colocación de títulos valores, incluidas las letras del Tesoro, constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería, exceptuando los destinados al reintegro de tributos. (…) 5) La consolidación, conversión, unificación o cualquier forma de refinanciamiento o reestructuración de deuda pública existente”.

  Encajan, por tanto, en lo definido, la emisión de los Bonos PDVSA 2020, su canje por los Bonos PDVSA 2017 que, en la práctica son un refinanciamiento o restructuración de una deuda pública existente.

  Asimismo, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público en su artículo 105, prohíbe a PDVSA y sus filial PDV Holding Inc. “contratar operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estatales o municipales”.

   Advierte el informe de Joaquín Chaffardet, que aun lo expresado en la ley, PDVSA con la anuencia del Ejecutivo Nacional, “en su desesperado esfuerzo de obtener fondos y de paso evitar el default en 2017”, emitió los Bonos PDVSA 2020 con garantía prendaria de primer grado sobre bienes públicos nacionales, lo que también ocurre con la garantía del 49,9 por ciento de las acciones de CITGO que respaldan el préstamo de Rosneft a PDVSA.

  El reporte alerta que estas operaciones prohibidas por la ley pueden tener consecuencias nefastas para los intereses venezolanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos lugar de asiento de CITGO Petroleum.

   Se deja sentado que, si se estableciera un nuevo gobierno en Venezuela apegado a la letra de ley, podría desconocer la validez de la garantía ilegal otorgada y, hasta la validez de los mismos bonos, lo que representa un gran riesgo para los inversionistas involucrados.

Los argumentos de PDVSA

  El informe alerta que si bien PDVSA aseguró el 23 de diciembre de 2016 que “PDVSA mantiene propiedad total sobre CITGO” bajo el argumento de que “cualquier empresa de clase mundial, como Petróleos de Venezuela, utiliza sus activos para el respaldo de sus transacciones y el apalancamiento de sus inversiones, razón por la cual es totalmente falso que se estén cediendo activos a terceros”, justificando de esta manera el que se haya puesto como garantía el 50,1 por ciento de CITGO para la operación de canje de bonos y el restante 49,9 por ciento  en el “levantamiento de nuevos financiamientos.

  Ante tal justificación de PDVSA, Joaquín Chaffardet señala, en primer lugar, que PDVSA hace años dejó de ser una “empresa de clase mundial” puesto que ha llegado al extremo de tener que ser financiada por el “Banco Central de Venezuela mediante operaciones financieras que lindan con el fraude contable”.

  A esto suma el hecho de que CITGO otorgue como garantía prendaría para una operación de bonos supere la mitad de las acciones de la compañía sin siquiera informar cuál es el monto en dólares que se está garantizando.

  Tampoco informa de cuánto es el financiamiento alcanzado que supuso una garantía de 49,9 por ciento de las restantes acciones de CITGO, ni tampoco de dónde proviene. En este sentido, Chafardet indica que, según fuentes independientes, el préstamo fue otorgado por la empresa rusa Rosneft Trading S.A., pero sin que exista certeza del monto del mismo.

Sobre PDVSA y sus filiales

  El reporte informa sobre la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) e indica que es una empresa estatal venezolana que, hasta la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República, se dedicaba ala a explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte del petróleo venezolano, la cual se constituyó luego de la nacionalización de la industria petrolera en 1975, por decreto del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez. El acta constitutiva-estatutaria se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 15 de septiembre de 1975, bajo el No 23, Tomo 99-A.

  La república de Venezuela es propietaria del 100 por ciento del capital de la sociedad, es la única accionista de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Sobre PDV Holding, Inc., el informe dice que es una compañía mercantil constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, donde fue registrada el 21 de abril de 1997 con el Nº 2742595. Se trata de una empresa filial de PDVSA cuya participación es el 100 por ciento del capital de la sociedad.

  A su vez, PDV Holding, Inc., es propietaria del 100% de las acciones que representa el capital de CITGO Holding, Inc.

  Por su parte, CITGO Holding, Inc. es una compañía mercantil constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, donde fue registrada el 14 de noviembre de 1986 con el Nº 2107402. El 100 por ciento del capital de CITGO Holding, Inc., es propiedad de PDV Holding, Inc.

  Entretanto, CITGO Holding, Inc. posee el 100 por ciento de las acciones que representan el capital social del CITGO Petroleum Corporation.

  CITGO Petroleum Corporation es una sociedad mercantil registrada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el 18 de marzo de 1983 con el Nº 2005114.

  CITGO Holding, Inc. es dueña del 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation.

  La oferta de canje de Bonos PDVSA 2017 por Bonos PDVSA 2020, petrolera deja sentado que se trata de una compañía “totalmente propiedad de Venezuela y somos la holding de un grupo de empresas de petróleo y gas (...)”, al tiempo que sobre sus filiales dijo: “A través de PDV Holding, una filial de propiedad total, poseemos indirectamente el 100% de CITGO Holding y CITGO Petroleum Corporation ("CITGO"), esta última una refinadora y comercializadora de combustibles para el transporte, productos petroquímicos y otros productos industriales a base de petróleo en los Estados Unidos."[2].

  Sostiene Chaffardet que las acciones de PDVSA y sus filiales son bienes públicos nacionales de acuerdo a lo estipulado en la legislación venezolana, la cual advierte que estos, así como las “rentas, derechos o acciones que formen parte del patrimonio de la república, no están sujetos a embargos, secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales y en general, a ninguna medida preventiva o ejecutiva y están exentos además, de contribuciones o gravámenes nacionales, estadales y/o municipales”.

  Explica el informe que tal disposición legal significa que los bienes propiedad de Venezuela no pueden ser dados en garantía.

Las operaciones

   Ante la grave crisis económica venezolana producto de las “absurdas” políticas económicas del gobierno —refiere el informe—, la caída de las reservas internacionales y  la merma de la producción petrolera que, según la OPEP, se ubicó al momento de la redacción del reporte en 1,997 barriles de diarios, la administración de Nicolás Maduro recurrió “de manera irresponsable” a realizar operaciones de crédito público expresamente prohibidas por la ley, como es el caso de la oferta de canje de bonos PDVSA 2017 por PDVSA 2020.

  En su sitio web, PDVSA publicó la oferta el 16 de septiembre de 2016,la cual rezaba que “la quinta la quinta compañía petrolera integrada verticalmente más grande del mundo” inició “las ofertas de intercambio (las ‘Ofertas de Canje’) de todos y cada uno de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en 2017 (los ‘bonos de abril de 2017’) y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en 2017 (‘los bonos de noviembre de 2017’), y en conjunto con los bonos de abril de 2017, los ‘Bonos Existentes’) por nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el año 2020 (los ‘Nuevos Bonos’)”.

   Y agregaba la oferta la información sobre la garantía prendaria que advertía que la misma sería de primer grado sobre el 50,1 por ciento de las acciones que conforman el capital social de CITGO Holding Inc. y serán “garantizados de manera incondicional e irrevocable por PDVSA Petróleo S.A.”. Se alertó de que los “Bonos Existentes no están ni estarán garantizados por la Garantía Prendaria que garantiza los Nuevos Bonos. Los pagos de capital de los Nuevos Bonos se pagarán anualmente en cuatro cuotas iguales, en cada aniversario de la fecha de liquidación de los Nuevos Bonos”[3].

  Asimismo, el informe califica la operación préstamo como un “contrato de venta a futuro, prepagada, por PDVSA a través de su filial PDV Holding Inc., con la empresa rusa Rosneft Trading S.A., garatizado con garantía prendaria sobre el 49. 99% de las acciones de su filial CITGO Holding Inc.”, la cual tuvo lugar el 30 de noviembre de 2016.

  La negociación se mantuvo en secreto hasta que las agencias noticiosas la informaron el 23 de diciembre de 2016. Tampoco oficialmente se dio a conocer el monto del préstamo, pero extraoficialmente se supo que alcanzaría USD 1.500 millones.

Ilegales

  Sostiene Joaquín Chaffardet en su informe que estando PDVSA y sus empresas filiales PDV Holding, Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum, sujetas a las regulaciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y siendo la emisión y colocación de dichos bonos y el contrato de préstamo operaciones de crédito público garantizadas con garantías prendarias sobre acciones de PDVSA CITGO Holding Inc., califican dichas negociaciones como operaciones de crédito público.

  Por tanto, de acuerdo a las pautas de ley, son sujeto de las prohibiciones que en materia de operaciones de crédito público se establecen en la legislación venezolana. En tal sentido, tanto el canje de los bonos como el préstamo son ilegales.

Empeño ilegal de CITGO

   Se asegura en el reporte que dado que PDVSA emitió y colocó los Bonos PDVSA 2020 garantizados ilegalmente con el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding Inc. que equivalen al 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation y, además, comprometió el 49,9 por ciento restante de las acciones como garantía prendaria en el préstamo obtenido de Rosneft Trading S.A., se ha procedido a un empeño ilegal de la filial[4].

   Categóricamente se afirma en el informe que el 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation se dieron en garantía o, sencillamente, fueron “empeñadas”.

Las posibles consecuencias

  De acuerdo a lo expuesto, en el informe de Joaquín Chaffardet se alerta de que las operaciones ilegales de canje de bonos y el préstamo de Rosneft podrían traer una serie de consecuencias.

  En primer término, las que sufrirían los funcionarios el ente emisor de los Bonos PDVSA 2020, es decir PDVSA, así como los responsables de la contratación del préstamo con Rosneft Trading S.A., ambas operaciones con garantías prendarias de primer grado sobre acciones de CITGO, estarían sujetos a las sanciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

  El artículo 160 de la cita ley establece la obligación del funcionario o servidor público de indemnizar a la república o al ente del sector público afectado por los daños que le causaren en el desempeño de sus funciones por infracción del mismo. La obligación de indemnizar surge independientemente de que su actuación haya sido dolosa o culposa.

  Asimismo, en él se estipula la sanción de destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por tres años.

  Por otro lado, las consecuencias para los inversionistas derivan de que la Asamblea Nacional de Venezuela podría declarar la ilegalidad evidente de los nuevos bonos.

  Se precisa que en caso de un impago de dichos bonos, la república pudiera desconocer la validez, tanto de los bonos como de la garantía prendaria. Esto podría dar pie a costosos litigios internacionales para ambas partes.

  Se alerte que de producirse un cambio de gobierno en Venezuela antes de la fecha de vencimiento de los nuevos bonos, este podría desconocer la validez de los nuevos bonos y, en particular, de la garantía ilegal que los respalda.

  En tercer lugar, el reporte de Chaffardet refiere que podría haber consecuencias para la república y para PDVSA por la emisión ilegal de los “bonos y su colocación en el mercado contribuirá a un fuerte deterioro en el ya maltrecho crédito de la República y en el aumento del riesgo país. La situación de crédito de Petróleos de Venezuela S.A., es sencillamente catastrófica y aparentemente irreparable por ahora”.

CITAS

[1] Diario Las Américas. “Procurador denuncia que Maduro entrega activos de PDVSA a cambio de bonos”. 1 de mayo de 2020. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/procurador-denuncia-que-maduro-entrega-activos-pdvsa-cambio-bonos-n4198239

[2] Scribd. PDVSA 2017 into 2020 Exchange Offer - OC - 16 September 2016. https://es.scribd.com/document/324333858/PDVSA-2017-into-2020-Exchange-Offer-OC-16-September-2016

[3] PDVSA. “PDVSA anuncia la Oferta de Intercambio de Todos y Cada Uno de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en el 2017 y Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2017, por Nuevos Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2020”. 16 de septiembre de 2016. http://www.pdvsa.com/templates/pdvsa/img/bonos/bonopdvsa2017/Anuncio%20de%20Prensa%20(PDF).PDF


[4] Reuters. “Venezolana PDVSA usa el 49,9 pct de acciones de su filial Citgo para "nuevos financiamientos": comunicado”. 23 de diciembre de 2016. https://lta.reuters.com/articulo/domesticNews/idLTAKBN14C2AC

viernes, 13 de diciembre de 2019

Juez de EE. UU. ordena suspender temporalmente esfuerzos para vender acciones de CITGO mientras la Corte Suprema emite decisión sobre el caso

  Los representantes de Juan Guaidó esperaban una suspensión prolongada para la subasta de las acciones de CITGO, pero el tribunal detuvo los procedimientos solo el tiempo suficiente para que la Corte Suprema de Justicia revise el asunto. La decisión del juez Stark busca detener en incremento de las mociones de los múltiples acreedores a la corte".

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Una corte federal emitió este jueves una orden que frena temporalmente los esfuerzos para vender acciones de la CITGO Petroleum Corp. para satisfacer las deudas de los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela.

   Crystallex, ConocoPhillips y otros acreedores deberán esperar a que Venezuela agote las apelaciones que cursan actualmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos antes de continuar el proceso para subastar las acciones de CITGO, el activo extranjero más valioso de Venezuela en el extranjero, decidió hoy el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.
    La orden del juez Leonard Stark señala que otras empresas que buscan unirse a la demanda para vender las acciones de CITGO para cobrar sus deudas con la república tienen que probar que Venezuela usó a sus compañías petroleras como un alter ego del gobierno, en lugar de confiar en ese hallazgo del litigio anterior de la empresa canadiense Crystallex, quien logró que el tribunal aceptara la tesis del alter ego.

   Las órdenes emitidas por el juez Stark fueron celebradas por los representantes de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, quien tiene el control de CITGO la refinería de PDVSA en los Estados Unidos.  

  Con las decisiones del tribunal los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela tienen que esperar que la Corte Suprema de Justicia cuya fecha aún no se conoce.
    La decisión de Stark sostiene que una suspensión por más tiempo del que está ingresando el tribunal no está justificada, por ello ordenó esperar hasta que el máximo tribunal decida al respecto para reiniciar las acciones.

     En el documento de 25 páginas, el juez toca todos los casos de las empresas que han buscando cobrar las deudas y los laudos arbitrales con la venta de las acciones de CITGO. Asimismo, destacó que el Departamento del Tesoro de EE. UU. había advertido que una venta de acciones de la filial de PDVSA en los Estados Unidos no podría realizarse sin una licencia emitida por el poder ejecutivo. 

  El juez Stark dijo que  su tribunal había pedido más orientación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el asunto de las medidas de protección a favor de CITGO.
   
  Asimismo,  el magistrado argumentó en su escrito que proceder con la venta de las acciones legales que envuelven a CITGO podría dañar la corporación, por lo cual se debe esperar que la Corte Suprema emita su veredicto para continuar con la causa.

    El juez dejó claro que la decisión no podía ser interpretada como un abuso de discreción del tribunal. Explicó que la orden tribunalicia es un intento de buscar un balance de los intereses de los diferentes actores que luchan en un conjunto de circunstancias internacionales sensibles. 


   Stark advirtió que si Crystallex considera que la decisión tomada por el tribunal es incorrecta o un abuso de discreción, "puede introducir mociones para levantar la suspensión, o buscar apelar la orden en un tribunal superior".

    Además de Crystallex y Conoco, hay una docena de empresas, incluyendo a los titulares de las notas PDVSA 2020 y los bonos soberanos que han presentado varias acciones en los tribunales estadounidenses con el ánimo de cobrar las deudas generadas por la expropiación de sus activos en Venezuela, o por ruptura de contratos internacionales.

     En agosto de 2018,  los representantes legales de Crystallex lograron convencer al juez Stark que la república Bolivariana de Venezuela usaba a sus compañías petroleras como un alter ego del estado, y que CITGO era un objetivo justo para satisfacer las deudas. Una vez aprobada esa tesis, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos confirmó la decisión de la Corte de Distrito y rechazó una solicitud hecha por los abogados que representan a Venezuela para una nueva audiencia donde se discutiera el caso.