El tribunal le asignó un abogado público. La próxima audiencia será el 10 de junio de 2022.
Por Maibort Petit
El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias "El Tigre" fue presentado este miércoles ante un juez de Nueva York para la lectura de cargos en una acusación federal en su contra que lo señala de haber abusado de su cargo oficial para proteger cargamentos de cocaína y asesinar a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de las instituciones de aplicación de la ley.
Bonillas Valladares fue extraditado de Honduras a Estados Unidos el martes 10 de mayo, llegó al aeropuerto de White Plane en las cercanías de la ciudad de Nueva York a las 8:40 PM en un vuelo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El exjefe de Policía hondureño fue trasladado al Centro Metropolitanos de Detención de Brooklyn (MDC) donde estará hasta que concluya su proceso.
El expolicía fue presentado hoy ante la juez federal Katharine H. Parker para la audiencia de arraigo. En el marco de la audiencia se le asignó un abogado público, luego que el acusado firmó un declaración jurada de incapacidad financiera para pagar su propia defensa.
En el marco de la audiencia, la magistrada Parker le dijo a Bonilla que tenía derecho a la asistencia de los representantes diplomáticos de su país. La próxima audiencia de Bonilla será el 10 de junio de 2022.
Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Anne Milgram, Administradora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron hoy en un comunicado la extradición de Bonilla Valladares, alias "El Tigre”, por cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Williams dijo: “En lugar de usar su posición de alto poder como Jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias 'El Tigre', explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a los organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar. Con su apoyo y protección, los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un conducto crítico para el tráfico de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos:.
El fiscal aseguró que la extradición de Bonilla Valladares demuestra que nadie está exento "en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros, de un proceso penal por contribuir a la avalancha de narcóticos ilegales en este país que causa tanto daño”.
En un comunicado de prensa de la fiscalía, la administradora de la DEA, Anne Milgram, aseguró que “El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos asociados, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros traficantes de drogas con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal".
Milgram afirmó que Bonilla Valladares "traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de policía para encubrir sus crímenes".
Agregó que "la extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus cargos".
"La DEA, en coordinación con nuestros socios estadounidenses e internacionales, no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses”, dijo la jefe de la Unidad en Nueva York.
Según las alegaciones contenidas en la Demanda contra BONILLA VALLADARES, las pruebas presentadas en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado (“Hernández Alvarado”) en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado[ 1]:
Los cargos
Según la acusación federal, aproximadamente entre 2003 y 2020, múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas desde Honduras a Estados Unidos.
El documento de la corte dice que la cocaína venía entre otros lugares, de Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas. Los narcotraficantes con la ayuda de políticos y policías, transportaban la droga desde el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos.
"Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal del Gobierno hondureño, de la Policía Nacional, incluido Bonilla Valladares".
La demanda dice que Bonilla Valladares fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1998 y aproximadamente 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el de Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el occidente de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y Jefe de Policía la Policía Nacional de Honduras para todo Honduras entre aproximadamente 2012 y aproximadamente 2013.
Asegura la acusación que Bonilla Valladares explotó de manera corrupta estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos ex el congresista hondureño Tony Hernández Alvarado y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien se hace referencia en la Demanda acusando a Bonilla Valladares como “CC-4”.
Agrega que "a cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla Valladares ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados.
Igualmente sostienen los fiscales que Bonilla Valladares, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluyendo información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.
Alrededor de 2010, Tony Hernández Alvarado le dijo a un testigo colaborador (CW-1) que los hermanos Hernández Alvarado ayudaron a Bonilla Valladares a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras, y que alias El Tigre, protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio de sus privilegios.
Hernández Alvarado también le dijo a CW-1 que Bonilla Valladares era un hombre muy violento, y que los Hernández Alvarado le confiaron a Bonilla tareas especiales, incluido el asesinato.
Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, Bonilla Valladares participó en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del occidente de Honduras cerca de la frontera con Guatemala.
El acusado ha negado todos los cargos y ha señalado que irá a juicio en Nueva York para demostrar que las acusaciones de los fiscales están basadas en los testimonios de narcotraficantes que fueron supuestamente perseguidos y arrestados por el mismo Bonilla.
La Demanda acusa a Bonilla Valladares, de 62 años, de los siguientes cargos:
(1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos,
(2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína; y
(3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína.
Si es declarado culpable, Bonilla Valladares enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y una término máximo de cadena perpetua en el Cargo Tres.
La fiscalía informó que el enjuiciamiento de Bonilla Valladares es parte de una operación de las Fuerzas de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia.
Este caso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía y la representación del gobierno está en manos de los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow.
