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miércoles, 26 de agosto de 2020

Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal

  El militar venezolano y su abogado tienen un mes adicional para revisar el extenso expediente de evidencias que la fiscalía usará para probar los cargos de narcotráfico por los cuales fue acusado el 26 de marzo de 2020. 

Por Maibort Petit

  Los fiscales federales solicitaron al juez, Alvin K. Hellerstein, un cambio de la audiencia antes del juicio de Cliver Antonio Alcalá Cordones que estaba prevista para el 2 de septiembre de 2020, alegando que el gobierno continúa presentando pruebas al acusado, y que éste necesita tiempo para revisar los material con sus abogados. 

   El gobierno de los Estados Unidos acusa al general (r) Clíver Alcalá Cordones de formar parte del Cártel de los Soles, y de haber participado en actividades vinculadas al narcoterrorismo por dos décadas, junto a funcionarios de alto nivel del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  Los fiscales Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba pidieron un aplazamiento de 30 días de la fecha de esta conferencia, lo que indica que la audiencia se realizará a principios del mes de octubre. 

  Acotan que en vista de la pandemia de COVID-19  y motivado a que necesitan más sesiones de trabajo para la evaluación de los materiales del descubrimiento,  solicitaron que la Corte excluya el tiempo hasta la fecha de la nueva conferencia, en interés de la justicia. 

  El abogado defensor aceptó las solicitudes.

  Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien".

 Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

  El gobierno estadounidense lo acusa, junto a 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, de cargos por narcoterrorismo.

  De acuerdo a los documentos federales, durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.


Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004.

jueves, 6 de agosto de 2020

Nuevas evidencias prueban que exsecretario mexicano, Genaro García Luna participó en una empresa criminal continua

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Nuevos elementos presentados por los fiscales de Nueva York apuntan a evidencias que el exsecretario de Seguridad Ciudadana de México durante el gobierno de Felipe Calderón, Genero García Luna participó abiertamente en una empresa criminal continua, según se desprende de los documentos federales.
   La información relata que dos altos funcionarios de las fuerzas del orden mexicanas, que trabajaron bajo el mando de García Luna, han ofrecido elementos probatorios contra el exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón y que han sido agregados la acusación que ya cursaba en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

    García Luna es acusado de haber recibido millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa "El Chapo" por ofrecerle protección para los narcotráficantes y la droga en territorio mexicano.

     Los delitos de narcotráfico por los que está acusado García Luna se cometieron desde 2006 a 2012.

   De acuerdo a los fiscales federales, en la empresa criminal continua de García Luna participaron Luis Cardenas Palomino y Ramón Pequeno García, ex oficiales de alto rango de la policía mexicana que
trabajaron bajo en mandato de García Luna, "ambos  están acusados de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína".

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  La acusación dice que a cambio de sobornos multimillonarios, los acusados ​​supuestamente permitieron el Cartel de Sinaloa operar con impunidad en México. 

   García Luna fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 por agentes  federales en Dallas, Texas, y actualmente está pendiente de un juicio en el Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos. 

    Por su lado, Cárdenas Palomino y Pequeño García son actualmente fugitivos de la justicia norteamericana.

    El Fiscal Federal interino del Distrito Este de Nueva York, Seth D. DuCharme, anunció la acusación de reemplazo y señaló que "Como se alega, durante casi dos décadas García Luna traicionó a aquellos a quienes había jurado proteger, aceptando sobornos de miembros del Cártel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y empoderar a su empresa criminal ".

  DuCharme. dijo que "Mediante la acusación de reemplazo, García Luna y sus co-conspiradores enfrentarán justicia por delitos relacionados con la importación y la distribución de cantidades masivas de drogas peligrosas a los Estados Unidos ". 

  DuCharme agradeció a las autoridades antidrogas, a las Oficinas de la Administración (DEA) en Nueva York y Houston por su trabajo en el caso.

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  Como se establece en la acusación de reemplazo y otras presentaciones judiciales, desde 2001 hasta 2012, mientras ocupaba altos cargos de aplicación de la ley en el gobierno mexicano, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de proporcionando protección para sus actividades de narcotráfico. 

    De 2001 a 2005, García Luna lideró Agencia Federal de Investigación de México, y de 2006 a 2012, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de México, controlando la Fuerza de Policía Federal de México. 

       Cárdenas Palomino y Pequeño García también fueron funcionarios mexicanos de alto nivel que trabajaron bajo García Luna, durante este tiempo. "Cada uno recibió millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa".

     A cambio del pago de sobornos, entre enero de 2001 y el presente, los acusados ​​abusaron de sus cargos públicos al permitir que el Cartel de Sinaloa obtuviera un paso seguro para sus envíos de drogas, y al proporcionar información sensible de la policía sobre investigaciones sobre ese organización criminal e información sobre carteles de drogas rivales, lo que facilitaba la importación de cantidades de toneladas múltiples de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos. 

   Entre 2002 y 2007, García Luna supuestamente ayudó a al menos seis envíos de cocaína por un total de más de 50,000 kilos de cocaína. 

     La acusación dice que los acusados ​​colocaron a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cartel de Sinaloa. En al menos dos ocasiones, el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines con millones de dolares.

  Sí es declarado culpable del cargo de empresa criminal continua, García Luna enfrenta un pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

  Cárdenas Palomino y Pequeno García enfrentan cada uno un
pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

TARECK EL AISSAMI: LOS SECRETOS QUE NO QUIERE QUE SEPAS



martes, 4 de agosto de 2020

Maduro asciende a Néstor Reverol a "General en Jefe en categoría de Efectivo de Comando"

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Por medio de una Resolución del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, firmada el 4 de agosto de 2020,  Nicolás Maduro Moros ascedió al actual Ministro de Interior y Justicia del régimen, Néstor Reverol al grado de General en Jefe en la categoría de Efectivo de Comando.
 Néstor Reverol  fue declarado figitivo de la justicia norteamericana. En agosto de 2016, Reverol fue acusado por delitos de narcotráfico  por el gobierno de los Estados Unidos, y se le señala de ser miembro del cártel de los Soles.

Ascendido   

  A través de la Resolución Número 036952, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Nicolás Maduro ascendió a General en Jefe en la categoría Efectivo de Comando a Néstor Luis Reverol Torres, C.I. N-7.844.507.  Hasta la fecha, Reverol tenía el grado de Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana.

Fugitivo de la justicia de EE. UU.

  El 25 de agosto de 2016, el gobierno estadounidense incluyó los nombres del mayor general Néstor Luis Reverol Torres y del general Edylberto Molina en la lista de fugitivos de la justicia estadounidense, de acuerdo con un documento que fue entregado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

  Las gestiones hechas por el equipo de Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, incluye la información de los dos militares acusados de conspirar para traficar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, entre enero 2008 y diciembre de 2010, de manera intencional y con conocimiento de que la droga que enviaban era ilegal y conllevaba acciones legales y criminales.

  Lynch envió una comunicación a los jueces de Distrito Este de Nueva York, Frederick Block y Allyne Ross, en la que da una explicación de los delitos de los cuales acusan a Reverol y a Molina, y advierte que ambos forman parte del mismo caso y son acusados del mismo delito: conspiración para traficar narcóticos a Estados Unidos.

  Lynch trabaj[o este caso con un equipo integrado por los fiscales Walter Norkin y Gina Parlovecchio.

  Congelación de bienes 

La acusación también informa que las propiedades de ambos acusados son objeto de confiscación de acuerdo con lo establecido en el código de Estados Unidos. El gobierno podrá confiscar toda propiedad que proceda y haya sido obtenida como resultado de la actividad criminal por la cual están siendo acusados.

  En este caso, asegura la documentación, las propiedades objeto de confiscación no podrán ser traspasadas, vendidas, depositadas o transferidas a terceros, colocarse bajo jurisdicción de la Corte, disminuirle el valor o ser divididas.

  En el expediente se señala que el ex comandante general de la GNB y director de la Oficina Nacional Antidrogas y el subdirector de esa misma dependencia oficial “recibían pagos de los narcotraficantes para recibir alertas de futuros operativos, los lugares donde los agentes iban hacer las requisas y el tiempo de las mismas de tal manera que tuviesen tiempo para mover la droga de lugar y buscar rutas alternativas para sacar el producto de Venezuela”.

  La acusación del Gran Jurado de Nueva York añade que gracias a la colaboración de los dos acusados los carteles de la droga lograron operar en Venezuela, recoger la cocaína en Colombia y llevarla a Estados Unidos vía México y Centroamérica. Los cargamentos que salían de Venezuela consistían en “cientos de kilos de cocaína, muchas veces excedían los miles de kilos en un solo envío”.

lunes, 20 de julio de 2020

Las cinco estructuras criminales que operan en Venezuela

  El territorio venezolano en tiempos del chavo-madurismo se ha convertido en tierra fértil para que las organizaciones criminales han tomado el país como base de operaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

  El criminalista y consultor penal venezolano, Iván Antonio Simonovis, identificó cinco grandes estructuras criminales que, según ha podido determinar, hacen vida en Venezuela y convergen de diferentes formas para poder llevar a cabo gran cantidad de actividades terroristas criminales.
  A través de una conferencia Zoom, el exsecretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital y actual coordinador especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó ante Estados Unidos, refirió que el crimen transnacional en Venezuela hoy en día existe y atenta, no solamente contra este país, sino también contra las economías de países aliados cercanos, como es el caso de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, por decir algunos.

Las 12 megabandas

  Al pasar a referirse a cada una de estas cinco estructuras criminales, hace mención, en primer lugar, a las doce mega bandas que operan en Venezuela.

  Las enumera y cita, primeramente, la de “Los 300”, en estado Miranda; “El Tren de Aragua”, que opera en Aragua, Zulia, Trujillo, Falcón; “El Tren del Zulia”, en el estado Zulia; “Los Meleán”, también el Zulia; “Los Leal”,  hoy en día protegidos por el gobernador Omar Prieto; la de “Carlos Bapal”, en estado Miranda, específicamente en los Valles del Tuy; la de “Bander”, ubicada en Delta Amacuro y Monagas.

  Estas, según Simonovis, son las más importantes megabandas que operan en el país.

Los colectivos

   Otra estructura criminal citada por el coordinador de seguridad, son los “colectivos”, haciendo la salvedad de que, si bien algunos de estos grupos se han dedicado a los temas sociales, existe un brazo armado de estas agrupaciones.

  Menciona en primer lugar, al fundado por Freddy Bernal denominado “Colectivo de seguridad y defensa fronteriza”, que se ha erigido como uno de los más importantes y de los que cuentan con mayor apoyo del régimen de Nicolás Maduro.

  Además, está el colectivo “Tres raíces”, “Frente 5 de marzo”, el ampliamente conocido Colectivo La Piedrita, dirigido por el delincuente Valentín Santana. Este último grupo es el que está a cargo de la protección y movilidad del guerrillero colombiano, Jesús Santrich, protegido del gobierno de Maduro.

Los carteles de droga

  La tercera estructura criminal citada por Iván Simonovis, son los carteles de la droga, entre los que citó el de la Guajira y el Cartel de Paraguaná.

  Destaca el Cártel de los Soles, de amplia difusión a través de los medios de comunicación, integrado por parte del alto militar venezolano, que se dedica al tráfico de drogas a escala internacional.

Los terroristas

  Refiere que en los Estados Unidos hasta principios del siglo 21 se focalizaron en el terrorismo islámico suní, básicamente con Al Qaeda.

  Sin embargo, en Latinoamérica, gracias a las investigaciones que llevó a cabo el fiscal argentino, Alberto Nisman, especialista en de la causa AMIA, se evidenció la presencia de grupos iraníes y de Hezbolá en Centroamérica y Suramérica. Estos crearon una red que opera, principalmente, en Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela. Se sospecha de su presencia en otros países, pero la certeza es respecto a estos aquí señalados.

  Subraya que una de las investigaciones del fiscal Nisman condujo a Mohsen Rabbani, ex-agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, quien es uno de los sindicados de haber participado en el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en julio de 1994 con un saldo de 85 personas muertas.

   Según sostiene Iván Simonovis, Rabbani conformó una estructura que, en principio la integraban 13 delegados en la embajada de Irán en Argentina, pero que al momento de su retiro constaba de 67 delegados operando en toda Latinoamérica.

  Recordó que la República Islámica de Irán, de tendencia Chií, inició sus operaciones en el año 2006 en Venezuela, lo cual fue público y comunicacional, habiéndose firmado convenios de diferente tipo en los años 2010, 2012. Más recientemente, el mundo ha sido testigo de la llegada de 17 vuelos a Venezuela de la aerolínea Mahan Air que está asociada al traslado de la Fuerza Quds, una unidad de Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, la cual hasta el día de su fallecimiento, estaba comandada por el general Qasem Soleimani.

  Además de estos vuelos, también se sabe de los buques que arribaron a Venezuela con gasolina, “pero de los cuales no sabemos qué se llevaron del país, pues es casi imposible verificarlo en razón de que en cada oportunidad en que han venido, bien los barcos o bien los aviones, se implementa un plan de seguridad con un cerco de protección de 300 o 400 metros acordonamiento de las zonas del arribo en el que no se permiten fotografías, se les quitan los teléfonos a los funcionarios, así que todo es absolutamente secreto”.

  Igualmente, informó que ya es un hecho confirmado que en la Península de San Román se está instalando una base de operaciones para monitorear todas las comunicaciones que se produzcan al norte de Venezuela. De este modo, en 600 millas náuticas por aire o tierra, todo lo que se transmita será monitoreado por este centro de operaciones que cuenta con la presencia de personal iraní y ruso.

  También hay que resaltar la presencia del ala militar del partico chiita libanés Hezbolá, un grupo que, en por lo menos 18 países, es considerada como una organización terrorista.

  En el plano nacional, se encuentra Ghazi Nasr al Din, conocido como Ghazi Atef Nassereddine, quien es mano derecha de Tareck El Aissami, habiendo construido ambos una red de personas con identificación venezolana que operan en Europa y en el Medio Oriente.

  Se refirió también al caso de Hakim Mohamed Alí Diab Fattah, involucrado en los hechos terroristas del 11 de septiembre de 2001, quien fue detenido en Jordania por participar en unos ataques terroristas en el año 2015, portando un pasaporte venezolano. Este señor quedó en libertad porque se alegó que sufría de demencia, habiendo sido pagados sus abogados por el régimen venezolano.

La guerrilla

 La quinta estructura criminal que opera en Venezuela es la guerrilla, en primer lugar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que, aunque ya no operan como guerrilla en la nación neogranadina, ha hallado terreno fértil en Venezuela para su actividad criminal. “Estas personas circulan a lo largo y ancho del territorio venezolano, muchos de ellos con escolta y protección de primer nivel, incluso, de la policía. Sus traslados son también aéreos dentro y fuera del país, pues van y vienen a Cuba u otros destinos, tal como ha sido corroborado por organismos de inteligencia”.

  Entre los líderes guerrilleros a que hace mención Simonovis, está Iván Márquez, Romaña, “John 40”, el “Comandante Lucas”, quien se ha apoderado de Elorza y, Jesús Santrich, quien está en Caracas, en el “23 de Enero”, en el Bloque 41, piso 14. “Cuando digo que está en el ‘23 de Enero’, es porque se trata del lugar en que se encuentra la mayor parte del tiempo, con la protección de Valentín Santana y el Colectivo La Piedrita, pero eso no significa que no se mueva de allí, pues va a Bolívar, se mueve a la frontera, se mueve para reunirse con diputados del régimen. Mantiene una vida bastante activa, inclusive, va a Cuba y regresa”.

  Asegura que las FARC-EP es una organización que tiene 600 miembros contabilizados hasta ahora operando en Venezuela. Aclara que estas personas no son solamente de nacionalidad colombiana, pues ya muchos de sus integrantes son venezolanos, quienes reciben como pago entre 200 y 300 dólares mensuales, además de un teléfono celular. “Increíble esto en contraste con el salario de los policías, quienes reciben USD 10 al mes. Pero la FARC-EP recluta venezolanos y les paga entre USD 200 y USD 300 mensuales”.

  Recuerda que Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, estuvo al frente de esta organización, pero desde 2019, es Iván Márquez quien tiene el control. Las FARC-EP tiene fuerte presencia y se ha establecido en seis estados país, a saber Zulia, Barinas, Apure, Bolívar, Táchira y Amazonas. También incursionan en otros estados del país, pero no con la contundencia que lo han hecho en los anteriormente nombrados.

   Precisó que “John 40” es el encargado de manejar la explotación minera, básicamente el oro y el coltán. Igualmente, está a cargo del manejo de todas las rutas fluviales que permiten transportar droga al mercado interno de Brasil, Europa y África.

  Recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a varios generales y otros militares de alto rango de la Fuerza Armada de Venezuela por sus vínculos con la guerrilla colombiana. Se sabe con certeza, dijo, que Hugo Chávez se comprometió con los guerrilleros a suministrar el transporte necesario para que estos grupos terroristas continuaran con sus actividades. También está comprobado que el enlace entre el gobierno y la guerrilla para establecer esas relaciones fue Hugo “El Pollo” Carvajal.

  Entonces, Iván Simonovis pasa a referirse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus líderes Gustavo Giraldo alias “Pablito, Eliecer Chamorro, Antonio García, Rafael Granado o “Ramiro Vargas”, quienes mantienen aproximadamente 1.500 hombres en Venezuela y, al igual que las FARC, reclutan venezolanos para incorporarlos a la agrupación.

  El ELN tiene fuerte presencia en ocho estados de Venezuela: Zulia, Táchira, Falcón, Lara, Apure, Guárico, Bolívar y Amazonas. “Se sabe que en otros cuatro estados el ELN también hacen vida”.

  Al igual que la FARC-EP, sus actividades criminales son la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, la minería ilegal.  Revela que están muy vinculados al CLAP, pues son las que tienen el control del programa de alimentación en algunos sitios, incluso, por encima de las fuerzas militares.

“Un afectivo militar me comentó que en una oportunidad se acercó un agente del ELN para decirle que serían ellos los que a partir de ese momento se iban a encargar de la distribución de la gasolina. A ese nivel de penetración y de control llega el ELN”, comenta Simonovis.

  Advierte de la gran capacidad de fuego del ELN, pues además de tener 1.500 hombres en el territorio venezolano, son una organización que, a diferencia de las FARC, dirimen sus problemas a la fuerza.

  “No tienen la diplomacia que posee la FARC, inclusive con el régimen. Prueba de ello es que, en 2018, tres efectivos militares de la Guardia Nacional fallecieron y otros diez resultaron heridos en una emboscada del ELN. Esto ocurrió porque se había detenido a un ciudadano de nombre Luis Felipe Ortega Bernal, quien era líder del ELN. Hay pruebas contundentes de que esto es así, aun cuando Vladimir Padrino López y Jorge Arreaza insistan en que no hay guerrilla en Venezuela”.

  Sostiene que, tanto las FARC como el ELN, son la fuerzas militares no convencionales con las que cuenta el régimen de Nicolás Maduro, pues “están conscientes de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), está en una condición de minusvalía, su apresto operacional no sirve o se ha venido a menos, la gente está desmotivada y, a la final, porque la FANB, en su núcleo más importante, es gente respetuosa de las leyes y no arremetería contra el ciudadano común, algo que no le importa absolutamente nada al ELN ni a las FARC”.

  Hay dos organizaciones más, el Ejército de Liberación Popular (ELP), liderado por Luis Clavijo, con aproximadamente 300 miembros, con presencia principalmente en el estado Zulia. Sus actividades criminales son el narcotráfico, el contrabando de combustible y de ganado.

  Están también, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), llamados “Boliches”, la cual se ha tenido que plegar al ELN y a las FARC, porque no cuentan con más de 50 miembros y no tienen la capacidad ni la experiencia que tienen las demás guerrillas.

“Así que, para resumir, diría que el régimen de Nicolás Maduro hoy en día se ha asociado internacionalmente con los criminales y terroristas más importantes que existen, a los que el planeta les tiene miedo, porque ellos necesitan aliados de ese tipo para blindarse. Eso a lo externo, mientras a lo interno se valen de la guerrilla, del ELN y las FARC, para poder protegerse. Venezuela y sus 916 mil kilómetros cuadrados se han convertido en el asidero de las organizaciones criminales más importantes del mundo”, concluyó.

jueves, 2 de julio de 2020

Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El juez de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, aprobó la solicitud hecha por la defensa del militar (r) venezolano, Clíver Alcalá Cordones para que el tribunal le asignara un abogado de oficio "por no estar en capacidad financiera para pagar uno privado", pero antes, debe demostrar que, ciertamente, no tiene dinero para pagar el bufete que lo venía representando. 
  Los abogados Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo y de formar parte del Cártel de los Soles de Venezuela, enviaron una carta al juez Hellerstein donde pidieron que se asignara un abogado de oficio del panel de la Ley de Justicia Criminal (CJA). El representante legal del militar venezolano, Adam S. Kaufmann, asegura que los litigantes de su bufete, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss pllc, no forman parte del CJA.

    El fallo del juez Hellerstein sostiene que, el actual abogado Adam Kaufmann, debe retirarse del caso. "El acusado está obligado a presentar con la solicitud, una apropiada declaración jurada que acredite su incapacidad para pagar una representación adecuada" acota la orden. 

  Luego de que Alcalá Cordones pueda probar que no tiene dinero para pagar su defensa, el tribunal designará al abogado Cesar Castro,[sugerido por Kaufmann], quien trabaja con CJA, para representar al acusado. 

  La decisión del magistrado establece que el abogado César Castro,  "puede emplear, socios, asociados y paralegales del bufete de Adam S. Kaufman para realizar servicios, bajo la supervisión de Castro, para promover la economía y la efectividad de la defensa".

   La decisión del juez dice que "Castro puede incluir los gastos atribuibles a tales empleos, a tarifas y horas aprobadas por el presupuesto apropiado administrado por la  CJA".

   Hellerstein denegó la solicitud hecha por la defensa de Clíver Alcalá Cordones de pago nunc pro tunc [pagos retroactivos].

   La defensa de Alcalá Cordones pidió que la corte asignara a Castro como el representante legal,[ por ser este miembro del panel de la CJA] como abogado principal del juicio, pero solicitaron que el juez permita que los miembros de su bufete permanezcan en el caso como co-abogados. 

  "Las complejidades y la gravedad de este caso y los intereses de la justicia justifican la aprobación de dicho acuerdo", dice la petición de Alcalá Cordones.

    Kaufmann dijo en su carta que ha representado al general Alcalá en sus tratos con las fuerzas del orden público en los Estados Unidos desde 2013. 

   En la misiva enviada al juez Hellerstein, Kaufmann asegura que durante el tiempo que representó a Alcalá Cordones "se relacionó con las negociaciones con el gobierno sobre su investigación en la relación del general Alcalá con las FARC y su designación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos".

    Afirma que ha representado al General Alcalá de manera gratuita desde 2014 o 2015. "Que yo sepa, el Sr. Alcalá hoy no tiene activos apreciables y no puede permitirse una representación privada". 

    Según Kaufmann, desde finales de 2014, "la representación de su bufete con el general Alcalá consistió principalmente en conversaciones intermitentes con funcionarios del gobierno de los EE. UU". 

   Con respecto a su estatus como nacional especialmente designado y nuestros esfuerzos para eliminar esa designación. Durante este tiempo, hablé con el general Alcalá sólo esporádicamente. 

lunes, 29 de junio de 2020

Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados

  En una carta enviada al juez Hellerstein, el abogado Adam S. Kaufmann asegura que aunque su bufete tiene amplia experiencia en representación de juicios penales, ninguno de los abogados tiene licencia del panel SDNY CJA.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Los abogados del general (r) Cliver Antonio Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo, enviaron una carta al juez estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein donde solicita que se asigne un abogado de oficio del panel de la Ley de Justicia Criminal (CJA). El representante legal del militar venezolano, Adam S. Kaufmann, asegura que los litigantes de su bufete, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss pllc, no forman parte del CJA.
   En la misiva de 5 páginas, pide que la Corte le asigne a Alcalá Cordones  un representante legal del panel de la CJA o de los Defensores Federales como abogado principal del juicio, pero solicitan que el juez permita que los miembros de su bufete permanezcan en el caso como co-abogados. "Las complejidades y la gravedad de este caso y los intereses de la justicia justifican la aprobación de dicho acuerdo".

Kaufmann: Alcalá ejerció el mando sobre la mitad del ejército venezolano

  Según Kaufmann:"El general Alcalá fue un general al mando muy respetado en el ejército venezolano hasta 2013, alcanzando el rango de mayor general y ejerciendo el mando sobre la mitad del ejército de su país. En 2013 ocurrieron dos eventos que hicieron que el general Alcalá se retirara de su carrera. El primero fue la muerte del presidente Hugo Chávez y el posterior nombramiento de Nicolás Maduro como presidente". 

  Agrega Kaufmann que "El general Alcalá consideraba al señor Maduro un hackista oportunista y político. No era un líder político a quien el general Alcalá estaba dispuesto a seguir, y de hecho, el general Alcalá era un opositor firme y muy público al señor Maduro desde los primeros días en el cargo de Maduro". 

   Sostiene que "En el verano de 2013, el general Alcalá logró 30 años de servicio en su país. Dado el cambio en el liderazgo político y su cumplimiento de 30 años de servicio, el general Alcalá decidió que era hora de retirarse del ejército".

    Kaufmann sostiene que ha representado al general Alcalá en sus tratos con las fuerzas del orden público en los Estados Unidos desde 2013. 

    Adam Kaufmann asegura que ha desarrollado "una estrecha relación de trabajo con el general Alcalá y está extremadamente familiarizado con los hechos y asuntos legales relacionados con este caso". 

  Explica Kaufmann en la misiva enviada al juez Hellerstein que, su representación a lo largo de los años se relacionó con las negociaciones con el gobierno sobre su investigación en la relación del general Alcalá con las FARC y su designación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

    Sostiene que ha representado al General Alcalá de manera gratuita desde 2014 o 2015. "Que yo sepa, el Sr. Alcalá hoy no tiene activos apreciables y no puede permitirse una representación privada". 

  Según Kaufmann, desde finales de 2014, "la representación de su bufete con el general Alcalá consistió principalmente en conversaciones intermitentes con funcionarios del gobierno de los EE. UU". 

   Con respecto a su estatus como nacional especialmente designado y nuestros esfuerzos para eliminar esa designación. Durante este tiempo, hablé con el general Alcalá sólo esporádicamente. 

 - El 26 de marzo de 2020, me llamó desde Colombia para informarme que un representante de la Embajada de los EE. UU. en Bogotá lo había contactado para informarle que al día siguiente se revelaría una acusación formal y una orden de arresto provisional en su contra. El gobierno de los EE. UU. informó al general Alcalá que podía entregarse voluntariamente a la DEA, o podría quedarse en una cárcel colombiana y disputar la extradición. Después de una conversación privilegiada conmigo, el general Alcalá indicó su intención de abordar un avión privado fletado por la DEA para entregarse a las autoridades estadounidenses en Nueva York y pidió a mi firma que lo representara, indicando que era posible que un primo lejano pudiera tener fondos para pagar la representación. 

  Kaufmann reveló que el general Alcalá llegó a los Estados Unidos, aproximadamente, el 28 de marzo de 2020 y fue procesado en la acusación instantánea el 30 de marzo de 2020.

    "Después de la llegada del general Alcalá a los Estados Unidos, mi empresa investigó si el Sr. Alcalá o su familia podrían pagar nuestras tarifas. Supimos rápidamente que sería imposible. El primo lejano del general Alcalá no tenía la capacidad financiera para pagar cerca de los tipos de tarifas asociadas con un caso de esta naturaleza y alcance", admitió. 

     Kaufmann dijo que el primo de Alcalá Cordones "Ofreció un pequeño pago de $ 5,000 pero explicó que incluso ese pago sería difícil". 

    _"El propio general Alcalá prácticamente no tiene dinero: su esposa e hija viven en Colombia y dependen de la ayuda de sus familiares para satisfacer sus necesidades diarias básicas. Además, los escasos recursos que el general Alcalá poseía en Venezuela (que dejó atrás cuando se vio obligado a huir de su país en marzo de 2018) han sido tomados por el gobierno venezolano, que también ha encarcelado a varios miembros de la familia en respuesta a informes de que el general Alcalá era involucrado en un intento de intervención militar en Venezuela a principios de este año". 

  Kauffmann afirmó que su bufete de abogados "no ha recibido honorarios en relación con la representación del General Alcalá en la acusación".

 Afirma que Alcalá está acusado en una acusación, extraordinariamente amplia, que contiene cargos que, si es condenado, conllevan una posible sentencia de cadena perpetua. 

   Los otros coacusados  ​​incluyen al presidente (o ex presidente) de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el ex jefe del servicio de inteligencia militar de Venezuela. "Mi firma tiene un conocimiento particular de la historia personal del general Alcalá como general de alto rango en el ejército venezolano, sus interacciones con fiscales y agentes en 2013-2015, y sus esfuerzos activos de 2013-2020 para oponerse y luego derrocar al corrupto régimen de Maduro. . Mi firma ha pasado los últimos tres meses reuniéndose información sobre este asunto e investigación de las posibles defensas del general Alcalá. Su historia con el gobierno de los Estados Unidos jugará un papel en su defensa". 

   Finalmente, Kaufmann acotó que su firma de abogados tiene una gran experiencia en el manejo de asuntos relacionados con Venezuela, incluida la familiaridad con la política venezolana y la participación del gobierno de los EE. UU. en asuntos venezolanos.    
   "En este momento, no deseamos presagiar nuestra defensa, pero creemos que este conocimiento institucional, junto con nuestro conocimiento específico de la historia del general Alcalá, será crucial para su defensa", adelantó el abogado estadounidense.

   Kauffman dijo que aunado a la familiaridad que tienen con Alcalá y los detalles de su caso, los abogados están identificados en este documento poseen las siguientes calificaciones para la cita solicitada:

1) Anthony Capozzolo fue fiscal federal en el Distrito Este de Nueva York durante seis años y fiscal asistente de distrito en Manhattan durante catorce años antes de eso. Ha juzgado más de 35 casos en tribunales federales y estatales, incluidos cargos por la Ley RICO. Como abogado defensor juzgó un asunto de fraude de valores federales en el Distrito Sur de Nueva York. Como abogado defensor, ha representado a numerosos acusados ​​en un tribunal federal. Si se aprueba, se desempeñará como abogado principal del juicio en este asunto.

 En la misma carta, Kauffman informa al juez que fue fiscal en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan durante 19 años, "donde juzgué numerosos casos de delitos graves. Serví como jefe de la Oficina de Delitos Económicos Internacionales para el Fiscal de Distrito Robert Morgenthau y el Jefe de la División de Investigación del Fiscal de Distrito Cyrus Vance. He trabajado en muchos asuntos federales tanto como fiscal (investigaciones conjuntas en asuntos de cuello blanco, narcóticos, sanciones y terrorismo) y como abogado defensor retenido, pero no he juzgado un caso en un tribunal federal".

   Menciona a Cristián Francos, un abogado argentino que también es admitido en el colegio de abogados de Nueva York. Nativo de habla hispana, ha sido el principal punto de contacto para el general Alcalá desde que se rindió en marzo. El general Alcalá no habla inglés; Hablo algo de español pero no al nivel de fluidez. El Sr. Francos también tiene una amplia experiencia trabajando con clientes latinoamericanos involucrados en casos penales en los Estados Unidos. También tiene un amplio conocimiento sobre Venezuela.

   Kaufmann sostiene que su bufete está preparado para avanzar en la defensa de este asunto. "Hemos discutido con el Gobierno la producción de descubrimientos y hemos revisado las estipulaciones de descubrimiento proporcionadas por el Gobierno. Estamos preparados para ejecutarlos y avanzar con el caso en caso de que el Tribunal apruebe esta solicitud".

  Advierte que "será difícil para un nuevo abogado absorber la compleja historia asociada con este caso por su cuenta. Es una historia detallada y crucial para los aspectos de las defensas que pueden estar disponibles para el general Alcalá. Dichas dificultades se verán exacerbadas por la incapacidad general de los abogados para reunirse con clientes encarcelados ocasionados por la pandemia de Covid-19". 

   Reconoce que "si bien no es típico nombrar a un abogado privado a precios CJA, existe un precedente para tal decisión, que es el caso de Estados Unidos vs. Daniel Bonentre, frente al cual, el Juez Swain permitió el nombramiento de dos abogados y sus asociados como abogados de la CJA para representar a un acusado para quien previamente habían sido retenidos en privado. 
  
   En ese caso, los abogados tenían una relación de larga data con el acusado y familiaridad con el caso, y el tribunal permitió el nombramiento de CJA después de la incautación por parte del gobierno de los bienes del acusado le impidió poder seguir pagando por un abogado privado.

  Igualmente agrega que sus socios Eric Lewis, Jeffrey Robinson y Waleed Nassar fueron nombrados para representar a Ahmad Abu Khatallah en un caso capital en el Tribunal del Distrito de Columbia, junto con un Defensor Público Federal

   "En el caso que nos ocupa, disfrutamos de una larga relación con este acusado que nos deja en una posición única para ayudarlo en su representación"


 Pidió que se otorgue a la designación de un abogado público nunc pro tunc a partir del 28 de marzo de 2020. "Si es nombrado, trabajaremos con el Administrador del panel de la CJA para preparar un presupuesto y asistiremos a la capacitación administrativa tal como lo indique el administrador y el Tribunal".

Licencia OFAC

Asimismo, Kaufmann informó al tribunal que su despacho solicitó una licencia de la OFAC que autorizaría el recibo del pago de la representación. "La solicitud está pendiente".

Una solicitud de fianza para Alcalá

   Kaufmann dijo a la Corte, que Alcalá ha sido detenido sin derecho a fianza en este asunto. "Nos gustaría reservar cualquier argumento de fianza para una fecha posterior". S

  Pidió que la Fiscalía les informó que el Servicio Federal de Defensa está en conflicto fuera de este caso debido a una representación previa.

   "Como se señaló, si el Tribunal se inclina a asignar un abogado que ya esté en el panel de CJA, respetuosamente solicitamos que permanezcamos en el caso". 

   Igualmente, Kaufmann informó a la Corte que durante el período en que pensaron que Alcalá podría pagar un abogado privado, contactaron al abogado César Castro, quien también es miembro del panel de SDNY CJA. 

    Castro también participó en una llamada con Alcalá. "En ese momento, esperábamos traer Castro como miembro del equipo de defensa para que fuera contratado por el general Alcalá. Como hispanohablante fluido y abogado litigante experimentado, Castro habría sido una parte importante del equipo. Por supuesto, la situación financiera de Alcalá hizo que la propuesta fuera discutible". 

     Kaufmann dijo que si el tribunal acepta la solicitud, Castro sería  el abogado viable con credenciales de CJA y fluidez en español, para atender el caso. 

    Pidieron que Cliver Alcalá siga arrestado en las cárcel del Condado de Putnam en Nueva York, ya que dicha instalación ha hecho un buen trabajo al mantener los estándares de salud durante la crisis de Covid-19 y  también les ha resultado relativamente fácil comunicarse con el general Alcalá por teléfono.



lunes, 6 de abril de 2020

Corte de Apelaciones niega recurso de apelación de los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro

  Está decisión no tiene incidencia, y los sobrinos presidenciales seguirán en la cárcel federal de la Florida pagando su condena. La defensa tiene la opción de ir al Tercer Circuito, donde por lo general no se discuten este tipo de casos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La Corte de Segundo Circuito negó un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas donde apelaron la decisión del juez Paul Crotty, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que les condenó a 18 años de cárcel tras haber sido hallados culpables por delitos de narcotráfico. 
  El recurso de apelación fue discutido por los jueces Amalya L. Kearse, Dennis Jacobs y Robert D. Sack y decidieron reafirmar el juicio que se realizó en el Primer Circuito que concluyó con una condena por conspiración para traficar más 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos, vía Honduras.

  La orden de la Corte de Apelaciones fue firmada el 1 de abril de 2020.

   Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, fueron condenados a 18 años de prisión por narcotráfico en noviembre de 2017.

  El juez de la causa, Paul Crotty, impuso una multa económica de 50.000 dólares. Los dos condenados están pagando su sentencia en el Centro Coleman, ubicada en el estado de Florida.

   En el marco de la causa, el fiscal Joon H. Kim reveló que el presidente chavista, Nicolás Maduro, fue quien dio “el visto bueno” a la actividad de los sobrinos de su esposa, Cilia Flores.

   Kim indicó, además, que los narcosobrinos mantenían conexiones de suministro de cocaína con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

   Los dos sobrinos fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015 por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que llevó a cabo operaciones encubiertas en Venezuela y Honduras para capturarlos.

  La Justicia  de Estados Unidos los vinculó con el asesinato y desmembramiento de un hombre. Esto se desprende de una conversación con fecha 20 de junio de 2015 entre los sobrinos de la pareja presidencial.

  

jueves, 26 de marzo de 2020

Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero

  El Departamento de Justicia norteamericano acusó a Nicolás Maduro Moros y a 14 funcionarios de alto rango del régimen venezolano de haberse asociado con el grupo terrorista de las FARC para usar la cocaína como arma para "inundar" a los Estados Unidos. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El Departamento de Justicia de EEUU anunció este jueves cargos por narcotráfico, terrorismo, corrupción y lavado de dinero contra las principales figuras del régimen de Venezuela, y ofreció una recompensa de USD 15 millones a las personas que ayuden a la captura  y enjuiciamiento de Nicolás Maduro.

  El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Nicolás Maduro. Por esas razones, acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”. 

  El fiscal Barr dijo que se estima que la organización criminal del cártel de los Soles que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales.

  Por su parte, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, dijo: “Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada sólo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”. Además, Berman sostuvo que la cúpula chavista presionó a otros gobiernos para que permitan el despliegue de la trama criminal.

  El fiscal mostró un cuadro donde aparecen dos tipos de recompensas para quienes ayuden a capturar y procesar a los miembros de la empresa criminal. Por la cabeza de Nicolás Maduro se ofrecen USD 15 millones y por las de Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá y Tareck El Aissami USD 10 millones por cada uno y hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Marín Arango.
   En el cuadro aparece Nicolás Maduro Moros, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno en primera plana, y posteriormente 11 funcionarios (y exfuncionarios) civiles y militares. 

  Los acusados serán procesados, de llegarse a capturar, en tres distritos: Nueva York; Washington DC y Miami. En la acusación aparecen también dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  "Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares", dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan. 

  “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran las caricaturas recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de Florida se extienden incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. En el sur de Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente $ 450 millones de dólares ”

  "Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro", dijo el administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon. 

 “Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense", sostuvo Dhillon. 

 Aseguró además que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan ".

  "La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias internacionales de aplicación de la ley realizan cada día, a menudo detrás de escena y desconocido para el público, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y libres de corrupción", dijo el Director Asociado Ejecutivo Interino de HSI Alysa D. Erichs. 

  "El anuncio de hoy destaca el alcance y el compromiso global de HSI para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los EE. UU., Explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita". 

Los acusados son los siguientes:

En el Distrito Sur de Nueva York (SDNY):

Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, 56, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, 59, ex director de inteligencia militar; Cliver Antonio Alcalá Cordones, 58, ex general de las fuerzas armadas venezolanas; Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", 64, miembro de la Secretaría de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, también conocido como "Jesús Santrich", de 53 años, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC. El caso está pendiente ante el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein.

  Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados ​​de: 

(1) participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. prisión, 

(2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; 

(3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión; y 

(4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión. 

La acusación

  De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación sustituta, otras presentaciones judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:

  Desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes de Cártel de Los Soles. El nombre del cártel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. 

  Maduro Moros y los otros miembros del Cartel acusados  en la presente conspiración ​​abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. 

  "El Cártel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos", dice el documento del gobierno.

  Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cartel. Posteriormente, las FARC y el Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. 

  Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de EE. UU. estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año. Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. 

  Según el Departamento de Estado de EE. UU., aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

  En su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció múltiples envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

  La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. 

  Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.

Vladimir Padrino López

   Asimismo, el comunicado del Departamento de Justicia refiere una acusación presentada hoy en el Distrito de Columbia que alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Vladimir Padrino López, actual Ministro de Defensa de Venezuela, conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

  Padrino López, quien tiene el rango de General en las fuerzas armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones—muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central. 

  En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al ejército venezolano a obligar a aterrizar o derribar el avión. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaban sobornos  transitaran con seguridad por el espacio aéreo venezolano.

  Recuerda que el 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Padrino López en su Lista de nacionales especialmente designados. De conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y que a los estadounidenses generalmente se les prohíbe realizar transacciones financieras con Padrino López.

  La Oficina de Distrito de la DEA en Orlando dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Aplicación de la División Criminal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando el caso.

Maikel José Moreno Pérez

   Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
  La demanda señala que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. 

  Del mismo modo, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el despido de dibujos animados o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.

   De acuerdo con la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez le dijo a las autoridades estadounidenses una solicitud de visa donde señalaba que ganaba aproximadamente el equivalente a aproximadamente $ 12,000 por año de su trabajo en Venezuela. 

  De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE. UU. muestran entradas de aproximadamente $ 3 millones en las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas.

Tareck Zaidan EL Aissami
  En una acusación sustituta separada revelada por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, se señala que fueron acusados: 
 1) Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, actual el vicepresidente de economía de Venezuela
  2) Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, el superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip) y, 
  3) Samark López Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.
  La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los EE. UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Cabello Rondón.

  El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Programa de recompensas de narcóticos, ofrece una recompensa de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de El Aissami Maddah.

   La Oficina de Campo de Nueva York de HSI realizó la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.

Otras acusaciones separadas

   Luis Motta Domínguez, de 67 años, ex ministro de Energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con su presunto recibo de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec. a empresas con sede en los Estados Unidos.
Néstor Reverol Torres, 55, ex Director General de La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela y Edylberto José Molina Molina, 57, ex Subdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela a Alemania, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York con la participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos.
Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias "Mauro" y "Ángel", 47, ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en una tercera acusación en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero. , 2004 y 1 de diciembre de 2009.
Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009. Según el tribunal documentos, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación final a los Estados Unidos.

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, de 52 años, ex viceministro de Energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes.
Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, ex oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado en el Distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas. 

  Supuestamente conspiró con otros, incluidos individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para contrabandear desde Estados Unidos. a los motores de aviones militares T-76 de Venezuela utilizados en los aviones OV-10 Bronco a personas en Venezuela y supuestamente hicieron declaraciones falsas y engañosas en los documentos de control de envío y exportación para ocultar las actividades y transacciones prohibidas de la detección del gobierno de los EE. UU.