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miércoles, 23 de diciembre de 2020

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (II)

En esta entrega hacemos referencia a los estados Delta Amacuro, Barinas y Zulia.

Por Maibort Petit

   En Venezuela, el crimen organizado y la corrupción se posicionaron y actúan, al parecer, con total impunidad debido a que cuentan con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. Hemos venido mostrando cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente en Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   El informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela, al que hemos venido haciendo referencia en entregas anteriores se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.


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En Delta Amacuro

   La escasa población de esta entidad no es óbice para que exhiba la séptima tasa de asesinatos de Venezuela, a saber, 60 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Observatorio de la Violencia en su informe del año 2019. Para que esta estadística sea posible es determinante la violenta acción de los grupos delictivos organizados que se apoderaron de vastos sectores del territorio del estado Delta Amacuro.

 En Delta Amacuro opera una poderosa banda de delincuencia organizada, de llamada “El Evander” o “Frente de Liberación Deltana”, cuyo accionar se ha extendido a otros estados y fuera de Venezuela. Aunque su líder, Evander Miguel Barradas, murió en 2019 en un enfrentamiento con el ejército y el CICPC, sus lugartenientes y otros integrantes de la agrupación criminal continúan activos.

   La inacción de las autoridades ha sido fundamental para que los miembros de esta banda actúen a sus anchas, fuentes consultadas para el informe señalaron que hubo diferencias entre los delincuentes y representantes del poder regional. Por esta razón, los cuerpos de seguridad decidieron actuar después que fue amenazada de muerte la gobernadora (PSUV), Lizeta Hernández, por parte de la banda de “El Evander”.

   Tras la muerte de Evander Miguel Barrada, las riendas de la banda pasaron a manos de alias “El Culón”, pero este fue detenido en mayo de 2019 en Trinidad y Tobago junto a otros cómplices.

  La banda de “El Evander” se dedica a cometer extorsiones, robos a fincas o a embarcaciones, asesinatos, secuestros, tráfico de oro y de combustible y narcotráfico, entre otros delitos. Sus actividades se extienden al estado Monagas. También cobran “vacunas” a los productores agropecuarios y a los comerciantes de las zonas que controlan; extorsionan a los encargados o dueños de las embarcaciones que navegan por las vías fluviales de Delta Amacuro. Datos obtenidos para redactar el informe revelan que las embarcaciones que salen desde el puerto Volcán (municipio Tucupita) hasta San José de Amacuro, población fronteriza con Guyana, pasan por al menos cinco alcabalas fluviales, en las que deben pagar a funcionarios corruptos de la FANB y a bandas de delincuencia organizada que controlan la región, USD 5 por cada bidón o recipiente de gasolina contrabandeado a lo interno y llevado al vecino país.

   La cercanía de las costas de Delta Amacuro con Trinidad y Tobago hace a esta región propicia para el contrabando de bienes, la trata de personas y el narcotráfico, entre otros delitos.

   El informe cita a la periodista Sebastiana Barráez, especialista en temas de frontera y crimen organizado, quien señala que miembros de “El Evander” mantienen una alianza delictiva con grupos paramilitares, como Los Rastrojos para el traslado de cocaína desde la frontera colombo-venezolana en el Táchira, hasta Delta Amacuro y de allí hasta Trinidad y Tobago.

   Del mismo modo, el reporte manifiesta la preocupación existente dada la incorporación de indígenas Waraos a las actividades delictivas de contrabando de gasolina y narcotráfico, principalmente con rumbo a Guyana, impulsados por el hambre la y la pobreza que padecen.

  En Delta Amacuro también opera el denominado “Sindicato de Barrancas”, una organización criminal del estado Monagas que usa el río Orinoco, que conecta a las dos regiones, para cometer sus delitos. Cobran USD 300 a quienes quieren trasladarse ilegalmente a Trinidad y Tobago y para llevar a cabo esta actividad cuentan con la complicidad de funcionarios corruptos que cobran para dejar salir a las embarcaciones. Apunta el informe que en la isla caribeña pagan USD 1.00 por cada mujer joven que le entregan las organizaciones criminales de Delta Amacuro. Luego de esta transacción inicial, los delincuentes reciben cuotas mensuales.

   Otra actividad ilegal es la de las mafias que se dedican a la captura de especies animales, principalmente aves, que venden y trasladan a Trinidad y Tobago y, en menor medida, a Guyana.

En Barinas

   Sostiene el informe que en el estado Barinas, colindante con Táchira y Apure que son fronterizos con Colombia, que 83 por ciento de las fuentes consultadas consideró que el crimen organizado se ha incrementado en los últimos dos años en esta entidad.

   En Barinas operan con fuerte presencia las “Fuerzas Bolivarianas de Liberación”, conocidos como los “Boliches”, también denominados “Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional” (FPLN), guerrilla nacida en Venezuela en 1992 en Venezuela, la cual se fortaleció durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se dedican a la extorsión o cobro de vacunas a productores agropecuarios, al secuestro y a otras actividades ilícitas. Todo bajo el presunto amparo del poder político en el estado.

   Se refiere que este grupo guerrillero tiene una especie de ala política, denominada “Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora”.

   Del mismo modo, el informe apunta que existiría una alianza política entre el FBL y el partido oficialista PSUV.

   La alcaldesa del municipio Zamora, Maigualida Santana, conocida también como “La Doña”, supuestamente tiene una estrecha relación con el FBL, siendo, presuntamente esta funcionaria, la encargada de controlar el combustible, la distribución de alimentos, cemento, agua y otros bienes de origen oficial en la región. Igualmente se refiere que Santana sería quien encabeza las amenazas contra propietarios de fincas en la localidad.

   Agrega el informe que, según fuentes consultadas, el FBL tiene control sobre buena parte de las estaciones de servicios en Barinas, por lo que tienen fácil acceso a la gasolina para su reventa y contrabando. También suelen colocar alcabalas improvisadas en las distintas vías para atacar a los conductores.

   Señala el informe que alias “Jesús Santrich”, líder de las FARC, tiene estadía en una unidad de producción ubicada en el Cantón, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Barinas, lugar donde habría grabado el video donde anunció su regreso a las armas en 2019.

    También si indica en el reporte que, aunque el ELN y las FARC no tienen una presencia permanente en Barinas, si tienen incursiones o envían emisarios para extorsionar a los comerciantes, industriales y productores agropecuarios.

   La producción agrícola en Barinas es fuertemente afectada por la acción criminal. El robo y hurto de ganado, es una constante en este estado. Los productores agropecuarios denunciaron la impunidad existente, pues los organismos de seguridad muestran poco interés en el asunto.

   Se denuncia que muchas las fincas que son invadidas por individuos pertenecientes a supuestos grupos campesinos que en realidad son personas ligadas al poder político de la región. Fuentes indicaron que estas violaciones a la propiedad privada en ocasiones se ejecutan por retaliación política. “Algunos productores del estado Barinas han hecho referencia a la actuación de funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, como Luis Soteldo, Luis Mendoza y Mariela León. En enero de 2020, la madre del diputado barinés, Julio César Reyes, denunció a estas personas porque tomaron su finca, sin que mediara ningún procedimiento legal”.

  El informe de Transparencia Venezuela precisa que las invasiones de tierras en Barinas por parte de grupos irregulares abarcan 23,22 por ciento del territorio para uso agrícola de este estado.

En el Zulia

   Esta entidad occidental es, según lo afirmado en el informe de Transparencia Venezuela, la entrada y salida de materia prima y droga procesada.

    La zona norte, punto estratégico en la frontera entre Venezuela y Colombia, se ha convertido en una zona de disputa por parte de bandas criminales y grupos irregulares. 80 por ciento de los consultados para la redacción del reporte, considera que el crimen organizado se ha incrementado en su frontera, en los últimos cinco años. El gobernador Omar Prieto ha sido objeto de denuncias por excesos policiales y un discurso violento.

    El contrabando de combustible es el delito más recurrente, al que se suma el tráfico de mercancías, materiales estratégicos, armas, acompañados de abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción propia. “El tráfico de drogas es uno de los delitos que más aqueja a la población en esta región, como lo muestra el gran número de denuncias, casos descubiertos por las policías y las constantes informaciones sobre pistas clandestinas localizadas en La Guajira, utilizadas para el aterrizaje de avionetas de los carteles. En el camino a La Guajira la venta ilegal de gasolina y diésel en grandes cantidades se registra a la vista de todos”.

   La guerrilla con mayor presencia en el Zulia es el ELN, pero también operan paramilitares colombianos y carteles del narcotráfico. Hay también mafias que se disputan territorios, tal es el caso de “Mushana” o Tío de clanes wayúu y “Los Gavilanes”, cuyo capitán es de apellido Fernández, que opera en la vía entre Paraguaipoa, Guarero y Paraguachón.

   Una tercera mafia que actuaría con el aval de autoridades regionales, es la llamada “la Zona” que opera en la Guajira, supuestamente dirigida por Douglas Chacón, hermano del exalcalde de la Guajira, Hébert Chacón.

   Douglas Chacón habría violado un pacto tácito o código de conducta entre los grupos que allí operaban, dirigido a no victimizar a personas de la etnia wayúu. Desde mayo de 2018, según datos recogidos para el informe, 70 jóvenes wayúu fueron asesinados. “Este nuevo patrón de comportamiento ha crispado a los habitantes nativos de la Guajira, quienes históricamente han convivido con paramilitares, guerrillas, grupos parapoliciales sin ver amenazadas su vida y sus propiedades”.

    Subraya el informe que, aunque la presencia de grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana, la llegada de Hugo agravó esta realidad. Un factor determinante fue haber retirado a la DEA.

    Datos recogidos para la redacción del informe señalan que en el Zulia operan las FARC y Ejército Popular de Liberación (EPL), en zonas de Perijá, Machiques, El Cruce, Santa Bárbara, y su entorno; los Boliches o FBL, que ejercen control y dominio sobre los productores agropecuarios; el Colectivo del pueblo, el grupo colectivo MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), el cual se infiltra en todos los cuerpos policiales, creando nuevos grupos como el D.C.I. FAES (Dirección de Contrainteligencia del FAES), al mando del colectivo que se hace llamar Marcos Portillo.

   También opera la banda “El Cagón”, el rey del robo de vehículos en la Zona Lara-Zulia, con un área de trabajo extorsivo y actos -de terrorismo que se extiende desde el Estado Zulia hasta Trujillo, Mérida, Falcón y Carabobo.

   El informe hace mención a que la periodista Sebastiana Barráez reveló, en febrero de 2020, que el ELN impuso toque de queda en El Guayabo, mientras que Los Rastrojos instalaron minas explosivas en zonas aleñadas al Catatumbo venezolano.

   También se hace referencia a la denuncia que en septiembre de 2018 hizo la Defensoría del Pueblo de Colombia, sobre el alto riesgo para sus nacionales y los extranjeros que transiten por el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao, al noreste del departamento de La Guajira, debido a la presencia de grupos armados irregulares como “La Zona” y “Los Mercenarios” durante todo ese año.

“La Defensoría del Pueblo de Colombia identifica también la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de grupos ‘post-desmovilización’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos de delincuencia organizada liderados por “pranes” y colectivos oficialistas venezolanos”.

 El informe de la autoridad colombiana describe casos de reclutamiento forzado y utilización de niños y adolescentes –en su mayoría, indígenas y migrantes de Venezuela– en actividades delictivas, acciones ejecutadas principalmente por el ELN y bandas de “pranes” venezolanos.

   Sentencia el informe que la penetración del crimen organizado en el Zulia ha tenido un impacto directo sobre la etnia wayúu, tanto desde el punto de vista cultural, como desde la perspectiva de violación de derechos humanos.

   Agrega que hay complicidad de los órganos de seguridad con los hechos delictivos, apuntando que los percibidos como más corruptos son los cuerpos policiales, las FANB y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

    Subraya el informe la supuesta participación de la gobernación en la promoción de la mafia “La Zona”. 

miércoles, 26 de agosto de 2020

Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal

  El militar venezolano y su abogado tienen un mes adicional para revisar el extenso expediente de evidencias que la fiscalía usará para probar los cargos de narcotráfico por los cuales fue acusado el 26 de marzo de 2020. 

Por Maibort Petit

  Los fiscales federales solicitaron al juez, Alvin K. Hellerstein, un cambio de la audiencia antes del juicio de Cliver Antonio Alcalá Cordones que estaba prevista para el 2 de septiembre de 2020, alegando que el gobierno continúa presentando pruebas al acusado, y que éste necesita tiempo para revisar los material con sus abogados. 

   El gobierno de los Estados Unidos acusa al general (r) Clíver Alcalá Cordones de formar parte del Cártel de los Soles, y de haber participado en actividades vinculadas al narcoterrorismo por dos décadas, junto a funcionarios de alto nivel del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  Los fiscales Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba pidieron un aplazamiento de 30 días de la fecha de esta conferencia, lo que indica que la audiencia se realizará a principios del mes de octubre. 

  Acotan que en vista de la pandemia de COVID-19  y motivado a que necesitan más sesiones de trabajo para la evaluación de los materiales del descubrimiento,  solicitaron que la Corte excluya el tiempo hasta la fecha de la nueva conferencia, en interés de la justicia. 

  El abogado defensor aceptó las solicitudes.

  Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien".

 Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

  El gobierno estadounidense lo acusa, junto a 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, de cargos por narcoterrorismo.

  De acuerdo a los documentos federales, durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.


Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004.

jueves, 6 de agosto de 2020

Nuevas evidencias prueban que exsecretario mexicano, Genaro García Luna participó en una empresa criminal continua

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Nuevos elementos presentados por los fiscales de Nueva York apuntan a evidencias que el exsecretario de Seguridad Ciudadana de México durante el gobierno de Felipe Calderón, Genero García Luna participó abiertamente en una empresa criminal continua, según se desprende de los documentos federales.
   La información relata que dos altos funcionarios de las fuerzas del orden mexicanas, que trabajaron bajo el mando de García Luna, han ofrecido elementos probatorios contra el exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón y que han sido agregados la acusación que ya cursaba en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

    García Luna es acusado de haber recibido millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa "El Chapo" por ofrecerle protección para los narcotráficantes y la droga en territorio mexicano.

     Los delitos de narcotráfico por los que está acusado García Luna se cometieron desde 2006 a 2012.

   De acuerdo a los fiscales federales, en la empresa criminal continua de García Luna participaron Luis Cardenas Palomino y Ramón Pequeno García, ex oficiales de alto rango de la policía mexicana que
trabajaron bajo en mandato de García Luna, "ambos  están acusados de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína".

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  La acusación dice que a cambio de sobornos multimillonarios, los acusados ​​supuestamente permitieron el Cartel de Sinaloa operar con impunidad en México. 

   García Luna fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 por agentes  federales en Dallas, Texas, y actualmente está pendiente de un juicio en el Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos. 

    Por su lado, Cárdenas Palomino y Pequeño García son actualmente fugitivos de la justicia norteamericana.

    El Fiscal Federal interino del Distrito Este de Nueva York, Seth D. DuCharme, anunció la acusación de reemplazo y señaló que "Como se alega, durante casi dos décadas García Luna traicionó a aquellos a quienes había jurado proteger, aceptando sobornos de miembros del Cártel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y empoderar a su empresa criminal ".

  DuCharme. dijo que "Mediante la acusación de reemplazo, García Luna y sus co-conspiradores enfrentarán justicia por delitos relacionados con la importación y la distribución de cantidades masivas de drogas peligrosas a los Estados Unidos ". 

  DuCharme agradeció a las autoridades antidrogas, a las Oficinas de la Administración (DEA) en Nueva York y Houston por su trabajo en el caso.

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  Como se establece en la acusación de reemplazo y otras presentaciones judiciales, desde 2001 hasta 2012, mientras ocupaba altos cargos de aplicación de la ley en el gobierno mexicano, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de proporcionando protección para sus actividades de narcotráfico. 

    De 2001 a 2005, García Luna lideró Agencia Federal de Investigación de México, y de 2006 a 2012, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de México, controlando la Fuerza de Policía Federal de México. 

       Cárdenas Palomino y Pequeño García también fueron funcionarios mexicanos de alto nivel que trabajaron bajo García Luna, durante este tiempo. "Cada uno recibió millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa".

     A cambio del pago de sobornos, entre enero de 2001 y el presente, los acusados ​​abusaron de sus cargos públicos al permitir que el Cartel de Sinaloa obtuviera un paso seguro para sus envíos de drogas, y al proporcionar información sensible de la policía sobre investigaciones sobre ese organización criminal e información sobre carteles de drogas rivales, lo que facilitaba la importación de cantidades de toneladas múltiples de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos. 

   Entre 2002 y 2007, García Luna supuestamente ayudó a al menos seis envíos de cocaína por un total de más de 50,000 kilos de cocaína. 

     La acusación dice que los acusados ​​colocaron a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cartel de Sinaloa. En al menos dos ocasiones, el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines con millones de dolares.

  Sí es declarado culpable del cargo de empresa criminal continua, García Luna enfrenta un pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

  Cárdenas Palomino y Pequeno García enfrentan cada uno un
pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

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martes, 4 de agosto de 2020

Maduro asciende a Néstor Reverol a "General en Jefe en categoría de Efectivo de Comando"

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Por medio de una Resolución del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, firmada el 4 de agosto de 2020,  Nicolás Maduro Moros ascedió al actual Ministro de Interior y Justicia del régimen, Néstor Reverol al grado de General en Jefe en la categoría de Efectivo de Comando.
 Néstor Reverol  fue declarado figitivo de la justicia norteamericana. En agosto de 2016, Reverol fue acusado por delitos de narcotráfico  por el gobierno de los Estados Unidos, y se le señala de ser miembro del cártel de los Soles.

Ascendido   

  A través de la Resolución Número 036952, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Nicolás Maduro ascendió a General en Jefe en la categoría Efectivo de Comando a Néstor Luis Reverol Torres, C.I. N-7.844.507.  Hasta la fecha, Reverol tenía el grado de Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana.

Fugitivo de la justicia de EE. UU.

  El 25 de agosto de 2016, el gobierno estadounidense incluyó los nombres del mayor general Néstor Luis Reverol Torres y del general Edylberto Molina en la lista de fugitivos de la justicia estadounidense, de acuerdo con un documento que fue entregado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

  Las gestiones hechas por el equipo de Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, incluye la información de los dos militares acusados de conspirar para traficar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, entre enero 2008 y diciembre de 2010, de manera intencional y con conocimiento de que la droga que enviaban era ilegal y conllevaba acciones legales y criminales.

  Lynch envió una comunicación a los jueces de Distrito Este de Nueva York, Frederick Block y Allyne Ross, en la que da una explicación de los delitos de los cuales acusan a Reverol y a Molina, y advierte que ambos forman parte del mismo caso y son acusados del mismo delito: conspiración para traficar narcóticos a Estados Unidos.

  Lynch trabaj[o este caso con un equipo integrado por los fiscales Walter Norkin y Gina Parlovecchio.

  Congelación de bienes 

La acusación también informa que las propiedades de ambos acusados son objeto de confiscación de acuerdo con lo establecido en el código de Estados Unidos. El gobierno podrá confiscar toda propiedad que proceda y haya sido obtenida como resultado de la actividad criminal por la cual están siendo acusados.

  En este caso, asegura la documentación, las propiedades objeto de confiscación no podrán ser traspasadas, vendidas, depositadas o transferidas a terceros, colocarse bajo jurisdicción de la Corte, disminuirle el valor o ser divididas.

  En el expediente se señala que el ex comandante general de la GNB y director de la Oficina Nacional Antidrogas y el subdirector de esa misma dependencia oficial “recibían pagos de los narcotraficantes para recibir alertas de futuros operativos, los lugares donde los agentes iban hacer las requisas y el tiempo de las mismas de tal manera que tuviesen tiempo para mover la droga de lugar y buscar rutas alternativas para sacar el producto de Venezuela”.

  La acusación del Gran Jurado de Nueva York añade que gracias a la colaboración de los dos acusados los carteles de la droga lograron operar en Venezuela, recoger la cocaína en Colombia y llevarla a Estados Unidos vía México y Centroamérica. Los cargamentos que salían de Venezuela consistían en “cientos de kilos de cocaína, muchas veces excedían los miles de kilos en un solo envío”.

lunes, 20 de julio de 2020

Las cinco estructuras criminales que operan en Venezuela

  El territorio venezolano en tiempos del chavo-madurismo se ha convertido en tierra fértil para que las organizaciones criminales han tomado el país como base de operaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

  El criminalista y consultor penal venezolano, Iván Antonio Simonovis, identificó cinco grandes estructuras criminales que, según ha podido determinar, hacen vida en Venezuela y convergen de diferentes formas para poder llevar a cabo gran cantidad de actividades terroristas criminales.
  A través de una conferencia Zoom, el exsecretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital y actual coordinador especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó ante Estados Unidos, refirió que el crimen transnacional en Venezuela hoy en día existe y atenta, no solamente contra este país, sino también contra las economías de países aliados cercanos, como es el caso de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, por decir algunos.

Las 12 megabandas

  Al pasar a referirse a cada una de estas cinco estructuras criminales, hace mención, en primer lugar, a las doce mega bandas que operan en Venezuela.

  Las enumera y cita, primeramente, la de “Los 300”, en estado Miranda; “El Tren de Aragua”, que opera en Aragua, Zulia, Trujillo, Falcón; “El Tren del Zulia”, en el estado Zulia; “Los Meleán”, también el Zulia; “Los Leal”,  hoy en día protegidos por el gobernador Omar Prieto; la de “Carlos Bapal”, en estado Miranda, específicamente en los Valles del Tuy; la de “Bander”, ubicada en Delta Amacuro y Monagas.

  Estas, según Simonovis, son las más importantes megabandas que operan en el país.

Los colectivos

   Otra estructura criminal citada por el coordinador de seguridad, son los “colectivos”, haciendo la salvedad de que, si bien algunos de estos grupos se han dedicado a los temas sociales, existe un brazo armado de estas agrupaciones.

  Menciona en primer lugar, al fundado por Freddy Bernal denominado “Colectivo de seguridad y defensa fronteriza”, que se ha erigido como uno de los más importantes y de los que cuentan con mayor apoyo del régimen de Nicolás Maduro.

  Además, está el colectivo “Tres raíces”, “Frente 5 de marzo”, el ampliamente conocido Colectivo La Piedrita, dirigido por el delincuente Valentín Santana. Este último grupo es el que está a cargo de la protección y movilidad del guerrillero colombiano, Jesús Santrich, protegido del gobierno de Maduro.

Los carteles de droga

  La tercera estructura criminal citada por Iván Simonovis, son los carteles de la droga, entre los que citó el de la Guajira y el Cartel de Paraguaná.

  Destaca el Cártel de los Soles, de amplia difusión a través de los medios de comunicación, integrado por parte del alto militar venezolano, que se dedica al tráfico de drogas a escala internacional.

Los terroristas

  Refiere que en los Estados Unidos hasta principios del siglo 21 se focalizaron en el terrorismo islámico suní, básicamente con Al Qaeda.

  Sin embargo, en Latinoamérica, gracias a las investigaciones que llevó a cabo el fiscal argentino, Alberto Nisman, especialista en de la causa AMIA, se evidenció la presencia de grupos iraníes y de Hezbolá en Centroamérica y Suramérica. Estos crearon una red que opera, principalmente, en Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela. Se sospecha de su presencia en otros países, pero la certeza es respecto a estos aquí señalados.

  Subraya que una de las investigaciones del fiscal Nisman condujo a Mohsen Rabbani, ex-agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, quien es uno de los sindicados de haber participado en el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en julio de 1994 con un saldo de 85 personas muertas.

   Según sostiene Iván Simonovis, Rabbani conformó una estructura que, en principio la integraban 13 delegados en la embajada de Irán en Argentina, pero que al momento de su retiro constaba de 67 delegados operando en toda Latinoamérica.

  Recordó que la República Islámica de Irán, de tendencia Chií, inició sus operaciones en el año 2006 en Venezuela, lo cual fue público y comunicacional, habiéndose firmado convenios de diferente tipo en los años 2010, 2012. Más recientemente, el mundo ha sido testigo de la llegada de 17 vuelos a Venezuela de la aerolínea Mahan Air que está asociada al traslado de la Fuerza Quds, una unidad de Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, la cual hasta el día de su fallecimiento, estaba comandada por el general Qasem Soleimani.

  Además de estos vuelos, también se sabe de los buques que arribaron a Venezuela con gasolina, “pero de los cuales no sabemos qué se llevaron del país, pues es casi imposible verificarlo en razón de que en cada oportunidad en que han venido, bien los barcos o bien los aviones, se implementa un plan de seguridad con un cerco de protección de 300 o 400 metros acordonamiento de las zonas del arribo en el que no se permiten fotografías, se les quitan los teléfonos a los funcionarios, así que todo es absolutamente secreto”.

  Igualmente, informó que ya es un hecho confirmado que en la Península de San Román se está instalando una base de operaciones para monitorear todas las comunicaciones que se produzcan al norte de Venezuela. De este modo, en 600 millas náuticas por aire o tierra, todo lo que se transmita será monitoreado por este centro de operaciones que cuenta con la presencia de personal iraní y ruso.

  También hay que resaltar la presencia del ala militar del partico chiita libanés Hezbolá, un grupo que, en por lo menos 18 países, es considerada como una organización terrorista.

  En el plano nacional, se encuentra Ghazi Nasr al Din, conocido como Ghazi Atef Nassereddine, quien es mano derecha de Tareck El Aissami, habiendo construido ambos una red de personas con identificación venezolana que operan en Europa y en el Medio Oriente.

  Se refirió también al caso de Hakim Mohamed Alí Diab Fattah, involucrado en los hechos terroristas del 11 de septiembre de 2001, quien fue detenido en Jordania por participar en unos ataques terroristas en el año 2015, portando un pasaporte venezolano. Este señor quedó en libertad porque se alegó que sufría de demencia, habiendo sido pagados sus abogados por el régimen venezolano.

La guerrilla

 La quinta estructura criminal que opera en Venezuela es la guerrilla, en primer lugar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que, aunque ya no operan como guerrilla en la nación neogranadina, ha hallado terreno fértil en Venezuela para su actividad criminal. “Estas personas circulan a lo largo y ancho del territorio venezolano, muchos de ellos con escolta y protección de primer nivel, incluso, de la policía. Sus traslados son también aéreos dentro y fuera del país, pues van y vienen a Cuba u otros destinos, tal como ha sido corroborado por organismos de inteligencia”.

  Entre los líderes guerrilleros a que hace mención Simonovis, está Iván Márquez, Romaña, “John 40”, el “Comandante Lucas”, quien se ha apoderado de Elorza y, Jesús Santrich, quien está en Caracas, en el “23 de Enero”, en el Bloque 41, piso 14. “Cuando digo que está en el ‘23 de Enero’, es porque se trata del lugar en que se encuentra la mayor parte del tiempo, con la protección de Valentín Santana y el Colectivo La Piedrita, pero eso no significa que no se mueva de allí, pues va a Bolívar, se mueve a la frontera, se mueve para reunirse con diputados del régimen. Mantiene una vida bastante activa, inclusive, va a Cuba y regresa”.

  Asegura que las FARC-EP es una organización que tiene 600 miembros contabilizados hasta ahora operando en Venezuela. Aclara que estas personas no son solamente de nacionalidad colombiana, pues ya muchos de sus integrantes son venezolanos, quienes reciben como pago entre 200 y 300 dólares mensuales, además de un teléfono celular. “Increíble esto en contraste con el salario de los policías, quienes reciben USD 10 al mes. Pero la FARC-EP recluta venezolanos y les paga entre USD 200 y USD 300 mensuales”.

  Recuerda que Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, estuvo al frente de esta organización, pero desde 2019, es Iván Márquez quien tiene el control. Las FARC-EP tiene fuerte presencia y se ha establecido en seis estados país, a saber Zulia, Barinas, Apure, Bolívar, Táchira y Amazonas. También incursionan en otros estados del país, pero no con la contundencia que lo han hecho en los anteriormente nombrados.

   Precisó que “John 40” es el encargado de manejar la explotación minera, básicamente el oro y el coltán. Igualmente, está a cargo del manejo de todas las rutas fluviales que permiten transportar droga al mercado interno de Brasil, Europa y África.

  Recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a varios generales y otros militares de alto rango de la Fuerza Armada de Venezuela por sus vínculos con la guerrilla colombiana. Se sabe con certeza, dijo, que Hugo Chávez se comprometió con los guerrilleros a suministrar el transporte necesario para que estos grupos terroristas continuaran con sus actividades. También está comprobado que el enlace entre el gobierno y la guerrilla para establecer esas relaciones fue Hugo “El Pollo” Carvajal.

  Entonces, Iván Simonovis pasa a referirse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus líderes Gustavo Giraldo alias “Pablito, Eliecer Chamorro, Antonio García, Rafael Granado o “Ramiro Vargas”, quienes mantienen aproximadamente 1.500 hombres en Venezuela y, al igual que las FARC, reclutan venezolanos para incorporarlos a la agrupación.

  El ELN tiene fuerte presencia en ocho estados de Venezuela: Zulia, Táchira, Falcón, Lara, Apure, Guárico, Bolívar y Amazonas. “Se sabe que en otros cuatro estados el ELN también hacen vida”.

  Al igual que la FARC-EP, sus actividades criminales son la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, la minería ilegal.  Revela que están muy vinculados al CLAP, pues son las que tienen el control del programa de alimentación en algunos sitios, incluso, por encima de las fuerzas militares.

“Un afectivo militar me comentó que en una oportunidad se acercó un agente del ELN para decirle que serían ellos los que a partir de ese momento se iban a encargar de la distribución de la gasolina. A ese nivel de penetración y de control llega el ELN”, comenta Simonovis.

  Advierte de la gran capacidad de fuego del ELN, pues además de tener 1.500 hombres en el territorio venezolano, son una organización que, a diferencia de las FARC, dirimen sus problemas a la fuerza.

  “No tienen la diplomacia que posee la FARC, inclusive con el régimen. Prueba de ello es que, en 2018, tres efectivos militares de la Guardia Nacional fallecieron y otros diez resultaron heridos en una emboscada del ELN. Esto ocurrió porque se había detenido a un ciudadano de nombre Luis Felipe Ortega Bernal, quien era líder del ELN. Hay pruebas contundentes de que esto es así, aun cuando Vladimir Padrino López y Jorge Arreaza insistan en que no hay guerrilla en Venezuela”.

  Sostiene que, tanto las FARC como el ELN, son la fuerzas militares no convencionales con las que cuenta el régimen de Nicolás Maduro, pues “están conscientes de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), está en una condición de minusvalía, su apresto operacional no sirve o se ha venido a menos, la gente está desmotivada y, a la final, porque la FANB, en su núcleo más importante, es gente respetuosa de las leyes y no arremetería contra el ciudadano común, algo que no le importa absolutamente nada al ELN ni a las FARC”.

  Hay dos organizaciones más, el Ejército de Liberación Popular (ELP), liderado por Luis Clavijo, con aproximadamente 300 miembros, con presencia principalmente en el estado Zulia. Sus actividades criminales son el narcotráfico, el contrabando de combustible y de ganado.

  Están también, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), llamados “Boliches”, la cual se ha tenido que plegar al ELN y a las FARC, porque no cuentan con más de 50 miembros y no tienen la capacidad ni la experiencia que tienen las demás guerrillas.

“Así que, para resumir, diría que el régimen de Nicolás Maduro hoy en día se ha asociado internacionalmente con los criminales y terroristas más importantes que existen, a los que el planeta les tiene miedo, porque ellos necesitan aliados de ese tipo para blindarse. Eso a lo externo, mientras a lo interno se valen de la guerrilla, del ELN y las FARC, para poder protegerse. Venezuela y sus 916 mil kilómetros cuadrados se han convertido en el asidero de las organizaciones criminales más importantes del mundo”, concluyó.

jueves, 2 de julio de 2020

Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El juez de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, aprobó la solicitud hecha por la defensa del militar (r) venezolano, Clíver Alcalá Cordones para que el tribunal le asignara un abogado de oficio "por no estar en capacidad financiera para pagar uno privado", pero antes, debe demostrar que, ciertamente, no tiene dinero para pagar el bufete que lo venía representando. 
  Los abogados Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo y de formar parte del Cártel de los Soles de Venezuela, enviaron una carta al juez Hellerstein donde pidieron que se asignara un abogado de oficio del panel de la Ley de Justicia Criminal (CJA). El representante legal del militar venezolano, Adam S. Kaufmann, asegura que los litigantes de su bufete, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss pllc, no forman parte del CJA.

    El fallo del juez Hellerstein sostiene que, el actual abogado Adam Kaufmann, debe retirarse del caso. "El acusado está obligado a presentar con la solicitud, una apropiada declaración jurada que acredite su incapacidad para pagar una representación adecuada" acota la orden. 

  Luego de que Alcalá Cordones pueda probar que no tiene dinero para pagar su defensa, el tribunal designará al abogado Cesar Castro,[sugerido por Kaufmann], quien trabaja con CJA, para representar al acusado. 

  La decisión del magistrado establece que el abogado César Castro,  "puede emplear, socios, asociados y paralegales del bufete de Adam S. Kaufman para realizar servicios, bajo la supervisión de Castro, para promover la economía y la efectividad de la defensa".

   La decisión del juez dice que "Castro puede incluir los gastos atribuibles a tales empleos, a tarifas y horas aprobadas por el presupuesto apropiado administrado por la  CJA".

   Hellerstein denegó la solicitud hecha por la defensa de Clíver Alcalá Cordones de pago nunc pro tunc [pagos retroactivos].

   La defensa de Alcalá Cordones pidió que la corte asignara a Castro como el representante legal,[ por ser este miembro del panel de la CJA] como abogado principal del juicio, pero solicitaron que el juez permita que los miembros de su bufete permanezcan en el caso como co-abogados. 

  "Las complejidades y la gravedad de este caso y los intereses de la justicia justifican la aprobación de dicho acuerdo", dice la petición de Alcalá Cordones.

    Kaufmann dijo en su carta que ha representado al general Alcalá en sus tratos con las fuerzas del orden público en los Estados Unidos desde 2013. 

   En la misiva enviada al juez Hellerstein, Kaufmann asegura que durante el tiempo que representó a Alcalá Cordones "se relacionó con las negociaciones con el gobierno sobre su investigación en la relación del general Alcalá con las FARC y su designación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos".

    Afirma que ha representado al General Alcalá de manera gratuita desde 2014 o 2015. "Que yo sepa, el Sr. Alcalá hoy no tiene activos apreciables y no puede permitirse una representación privada". 

    Según Kaufmann, desde finales de 2014, "la representación de su bufete con el general Alcalá consistió principalmente en conversaciones intermitentes con funcionarios del gobierno de los EE. UU". 

   Con respecto a su estatus como nacional especialmente designado y nuestros esfuerzos para eliminar esa designación. Durante este tiempo, hablé con el general Alcalá sólo esporádicamente. 

lunes, 29 de junio de 2020

Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados

  En una carta enviada al juez Hellerstein, el abogado Adam S. Kaufmann asegura que aunque su bufete tiene amplia experiencia en representación de juicios penales, ninguno de los abogados tiene licencia del panel SDNY CJA.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Los abogados del general (r) Cliver Antonio Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo, enviaron una carta al juez estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein donde solicita que se asigne un abogado de oficio del panel de la Ley de Justicia Criminal (CJA). El representante legal del militar venezolano, Adam S. Kaufmann, asegura que los litigantes de su bufete, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss pllc, no forman parte del CJA.
   En la misiva de 5 páginas, pide que la Corte le asigne a Alcalá Cordones  un representante legal del panel de la CJA o de los Defensores Federales como abogado principal del juicio, pero solicitan que el juez permita que los miembros de su bufete permanezcan en el caso como co-abogados. "Las complejidades y la gravedad de este caso y los intereses de la justicia justifican la aprobación de dicho acuerdo".

Kaufmann: Alcalá ejerció el mando sobre la mitad del ejército venezolano

  Según Kaufmann:"El general Alcalá fue un general al mando muy respetado en el ejército venezolano hasta 2013, alcanzando el rango de mayor general y ejerciendo el mando sobre la mitad del ejército de su país. En 2013 ocurrieron dos eventos que hicieron que el general Alcalá se retirara de su carrera. El primero fue la muerte del presidente Hugo Chávez y el posterior nombramiento de Nicolás Maduro como presidente". 

  Agrega Kaufmann que "El general Alcalá consideraba al señor Maduro un hackista oportunista y político. No era un líder político a quien el general Alcalá estaba dispuesto a seguir, y de hecho, el general Alcalá era un opositor firme y muy público al señor Maduro desde los primeros días en el cargo de Maduro". 

   Sostiene que "En el verano de 2013, el general Alcalá logró 30 años de servicio en su país. Dado el cambio en el liderazgo político y su cumplimiento de 30 años de servicio, el general Alcalá decidió que era hora de retirarse del ejército".

    Kaufmann sostiene que ha representado al general Alcalá en sus tratos con las fuerzas del orden público en los Estados Unidos desde 2013. 

    Adam Kaufmann asegura que ha desarrollado "una estrecha relación de trabajo con el general Alcalá y está extremadamente familiarizado con los hechos y asuntos legales relacionados con este caso". 

  Explica Kaufmann en la misiva enviada al juez Hellerstein que, su representación a lo largo de los años se relacionó con las negociaciones con el gobierno sobre su investigación en la relación del general Alcalá con las FARC y su designación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

    Sostiene que ha representado al General Alcalá de manera gratuita desde 2014 o 2015. "Que yo sepa, el Sr. Alcalá hoy no tiene activos apreciables y no puede permitirse una representación privada". 

  Según Kaufmann, desde finales de 2014, "la representación de su bufete con el general Alcalá consistió principalmente en conversaciones intermitentes con funcionarios del gobierno de los EE. UU". 

   Con respecto a su estatus como nacional especialmente designado y nuestros esfuerzos para eliminar esa designación. Durante este tiempo, hablé con el general Alcalá sólo esporádicamente. 

 - El 26 de marzo de 2020, me llamó desde Colombia para informarme que un representante de la Embajada de los EE. UU. en Bogotá lo había contactado para informarle que al día siguiente se revelaría una acusación formal y una orden de arresto provisional en su contra. El gobierno de los EE. UU. informó al general Alcalá que podía entregarse voluntariamente a la DEA, o podría quedarse en una cárcel colombiana y disputar la extradición. Después de una conversación privilegiada conmigo, el general Alcalá indicó su intención de abordar un avión privado fletado por la DEA para entregarse a las autoridades estadounidenses en Nueva York y pidió a mi firma que lo representara, indicando que era posible que un primo lejano pudiera tener fondos para pagar la representación. 

  Kaufmann reveló que el general Alcalá llegó a los Estados Unidos, aproximadamente, el 28 de marzo de 2020 y fue procesado en la acusación instantánea el 30 de marzo de 2020.

    "Después de la llegada del general Alcalá a los Estados Unidos, mi empresa investigó si el Sr. Alcalá o su familia podrían pagar nuestras tarifas. Supimos rápidamente que sería imposible. El primo lejano del general Alcalá no tenía la capacidad financiera para pagar cerca de los tipos de tarifas asociadas con un caso de esta naturaleza y alcance", admitió. 

     Kaufmann dijo que el primo de Alcalá Cordones "Ofreció un pequeño pago de $ 5,000 pero explicó que incluso ese pago sería difícil". 

    _"El propio general Alcalá prácticamente no tiene dinero: su esposa e hija viven en Colombia y dependen de la ayuda de sus familiares para satisfacer sus necesidades diarias básicas. Además, los escasos recursos que el general Alcalá poseía en Venezuela (que dejó atrás cuando se vio obligado a huir de su país en marzo de 2018) han sido tomados por el gobierno venezolano, que también ha encarcelado a varios miembros de la familia en respuesta a informes de que el general Alcalá era involucrado en un intento de intervención militar en Venezuela a principios de este año". 

  Kauffmann afirmó que su bufete de abogados "no ha recibido honorarios en relación con la representación del General Alcalá en la acusación".

 Afirma que Alcalá está acusado en una acusación, extraordinariamente amplia, que contiene cargos que, si es condenado, conllevan una posible sentencia de cadena perpetua. 

   Los otros coacusados  ​​incluyen al presidente (o ex presidente) de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el ex jefe del servicio de inteligencia militar de Venezuela. "Mi firma tiene un conocimiento particular de la historia personal del general Alcalá como general de alto rango en el ejército venezolano, sus interacciones con fiscales y agentes en 2013-2015, y sus esfuerzos activos de 2013-2020 para oponerse y luego derrocar al corrupto régimen de Maduro. . Mi firma ha pasado los últimos tres meses reuniéndose información sobre este asunto e investigación de las posibles defensas del general Alcalá. Su historia con el gobierno de los Estados Unidos jugará un papel en su defensa". 

   Finalmente, Kaufmann acotó que su firma de abogados tiene una gran experiencia en el manejo de asuntos relacionados con Venezuela, incluida la familiaridad con la política venezolana y la participación del gobierno de los EE. UU. en asuntos venezolanos.    
   "En este momento, no deseamos presagiar nuestra defensa, pero creemos que este conocimiento institucional, junto con nuestro conocimiento específico de la historia del general Alcalá, será crucial para su defensa", adelantó el abogado estadounidense.

   Kauffman dijo que aunado a la familiaridad que tienen con Alcalá y los detalles de su caso, los abogados están identificados en este documento poseen las siguientes calificaciones para la cita solicitada:

1) Anthony Capozzolo fue fiscal federal en el Distrito Este de Nueva York durante seis años y fiscal asistente de distrito en Manhattan durante catorce años antes de eso. Ha juzgado más de 35 casos en tribunales federales y estatales, incluidos cargos por la Ley RICO. Como abogado defensor juzgó un asunto de fraude de valores federales en el Distrito Sur de Nueva York. Como abogado defensor, ha representado a numerosos acusados ​​en un tribunal federal. Si se aprueba, se desempeñará como abogado principal del juicio en este asunto.

 En la misma carta, Kauffman informa al juez que fue fiscal en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan durante 19 años, "donde juzgué numerosos casos de delitos graves. Serví como jefe de la Oficina de Delitos Económicos Internacionales para el Fiscal de Distrito Robert Morgenthau y el Jefe de la División de Investigación del Fiscal de Distrito Cyrus Vance. He trabajado en muchos asuntos federales tanto como fiscal (investigaciones conjuntas en asuntos de cuello blanco, narcóticos, sanciones y terrorismo) y como abogado defensor retenido, pero no he juzgado un caso en un tribunal federal".

   Menciona a Cristián Francos, un abogado argentino que también es admitido en el colegio de abogados de Nueva York. Nativo de habla hispana, ha sido el principal punto de contacto para el general Alcalá desde que se rindió en marzo. El general Alcalá no habla inglés; Hablo algo de español pero no al nivel de fluidez. El Sr. Francos también tiene una amplia experiencia trabajando con clientes latinoamericanos involucrados en casos penales en los Estados Unidos. También tiene un amplio conocimiento sobre Venezuela.

   Kaufmann sostiene que su bufete está preparado para avanzar en la defensa de este asunto. "Hemos discutido con el Gobierno la producción de descubrimientos y hemos revisado las estipulaciones de descubrimiento proporcionadas por el Gobierno. Estamos preparados para ejecutarlos y avanzar con el caso en caso de que el Tribunal apruebe esta solicitud".

  Advierte que "será difícil para un nuevo abogado absorber la compleja historia asociada con este caso por su cuenta. Es una historia detallada y crucial para los aspectos de las defensas que pueden estar disponibles para el general Alcalá. Dichas dificultades se verán exacerbadas por la incapacidad general de los abogados para reunirse con clientes encarcelados ocasionados por la pandemia de Covid-19". 

   Reconoce que "si bien no es típico nombrar a un abogado privado a precios CJA, existe un precedente para tal decisión, que es el caso de Estados Unidos vs. Daniel Bonentre, frente al cual, el Juez Swain permitió el nombramiento de dos abogados y sus asociados como abogados de la CJA para representar a un acusado para quien previamente habían sido retenidos en privado. 
  
   En ese caso, los abogados tenían una relación de larga data con el acusado y familiaridad con el caso, y el tribunal permitió el nombramiento de CJA después de la incautación por parte del gobierno de los bienes del acusado le impidió poder seguir pagando por un abogado privado.

  Igualmente agrega que sus socios Eric Lewis, Jeffrey Robinson y Waleed Nassar fueron nombrados para representar a Ahmad Abu Khatallah en un caso capital en el Tribunal del Distrito de Columbia, junto con un Defensor Público Federal

   "En el caso que nos ocupa, disfrutamos de una larga relación con este acusado que nos deja en una posición única para ayudarlo en su representación"


 Pidió que se otorgue a la designación de un abogado público nunc pro tunc a partir del 28 de marzo de 2020. "Si es nombrado, trabajaremos con el Administrador del panel de la CJA para preparar un presupuesto y asistiremos a la capacitación administrativa tal como lo indique el administrador y el Tribunal".

Licencia OFAC

Asimismo, Kaufmann informó al tribunal que su despacho solicitó una licencia de la OFAC que autorizaría el recibo del pago de la representación. "La solicitud está pendiente".

Una solicitud de fianza para Alcalá

   Kaufmann dijo a la Corte, que Alcalá ha sido detenido sin derecho a fianza en este asunto. "Nos gustaría reservar cualquier argumento de fianza para una fecha posterior". S

  Pidió que la Fiscalía les informó que el Servicio Federal de Defensa está en conflicto fuera de este caso debido a una representación previa.

   "Como se señaló, si el Tribunal se inclina a asignar un abogado que ya esté en el panel de CJA, respetuosamente solicitamos que permanezcamos en el caso". 

   Igualmente, Kaufmann informó a la Corte que durante el período en que pensaron que Alcalá podría pagar un abogado privado, contactaron al abogado César Castro, quien también es miembro del panel de SDNY CJA. 

    Castro también participó en una llamada con Alcalá. "En ese momento, esperábamos traer Castro como miembro del equipo de defensa para que fuera contratado por el general Alcalá. Como hispanohablante fluido y abogado litigante experimentado, Castro habría sido una parte importante del equipo. Por supuesto, la situación financiera de Alcalá hizo que la propuesta fuera discutible". 

     Kaufmann dijo que si el tribunal acepta la solicitud, Castro sería  el abogado viable con credenciales de CJA y fluidez en español, para atender el caso. 

    Pidieron que Cliver Alcalá siga arrestado en las cárcel del Condado de Putnam en Nueva York, ya que dicha instalación ha hecho un buen trabajo al mantener los estándares de salud durante la crisis de Covid-19 y  también les ha resultado relativamente fácil comunicarse con el general Alcalá por teléfono.



lunes, 6 de abril de 2020

Corte de Apelaciones niega recurso de apelación de los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro

  Está decisión no tiene incidencia, y los sobrinos presidenciales seguirán en la cárcel federal de la Florida pagando su condena. La defensa tiene la opción de ir al Tercer Circuito, donde por lo general no se discuten este tipo de casos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La Corte de Segundo Circuito negó un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas donde apelaron la decisión del juez Paul Crotty, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que les condenó a 18 años de cárcel tras haber sido hallados culpables por delitos de narcotráfico. 
  El recurso de apelación fue discutido por los jueces Amalya L. Kearse, Dennis Jacobs y Robert D. Sack y decidieron reafirmar el juicio que se realizó en el Primer Circuito que concluyó con una condena por conspiración para traficar más 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos, vía Honduras.

  La orden de la Corte de Apelaciones fue firmada el 1 de abril de 2020.

   Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, fueron condenados a 18 años de prisión por narcotráfico en noviembre de 2017.

  El juez de la causa, Paul Crotty, impuso una multa económica de 50.000 dólares. Los dos condenados están pagando su sentencia en el Centro Coleman, ubicada en el estado de Florida.

   En el marco de la causa, el fiscal Joon H. Kim reveló que el presidente chavista, Nicolás Maduro, fue quien dio “el visto bueno” a la actividad de los sobrinos de su esposa, Cilia Flores.

   Kim indicó, además, que los narcosobrinos mantenían conexiones de suministro de cocaína con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

   Los dos sobrinos fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015 por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que llevó a cabo operaciones encubiertas en Venezuela y Honduras para capturarlos.

  La Justicia  de Estados Unidos los vinculó con el asesinato y desmembramiento de un hombre. Esto se desprende de una conversación con fecha 20 de junio de 2015 entre los sobrinos de la pareja presidencial.