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miércoles, 15 de septiembre de 2021

Clíver Alcalá Cordones tendrá nueva audiencia del 27 de septiembre, el militar estudia declararse culpable de delitos de narcotráfico en Nueva York

 Por Maibort Petit

  Reciente información, dada a conocer por la defensa del mayor general, Clíver Alcalá Cordones indica que se estaría trabajando con los fiscales declararse culpable de algunos de los cargos de narcotráfico y terrorismo de los cuales lo acusa el gobierno de Estados Unidos.

   El expediente de Alcalá Cordones incluye a otros acusados, a saber: Hugo Armando Carvajal Barrios, Luciano Marín Arango, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Néstor Reverol y otros que según los fiscales estadounidenses forman parte del Cártel de los Soles y que trabajaron en una empresa criminal desde 1999 hasta 2019 para enviar cocaína a los Estados Unidos.

   En la última actualización del caso, aparecen documentos que relatan las diligencias que están haciendo los abogados de la defensa para llegar acuerdos con los fiscales para una declaración de culpabilidad del acusado de delitos de narcoterrorismo. En la audiencia, prevista para el 27 de septiembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se podría discutir el tema.

  De llegarse a declarar culpable y acordar colaborar con la justicia, Clíver Alcalá podría testificar en los casos contra Nicolás Maduro y otros de los acusados en la acusación federal que se dio a conocer en marzo de 2019 y que involucra a los cabecillas del régimen venezolano.

  El general Alcalá Cordones, cuyo hermano Carlos Alcalá Cordones es el embajador del régimen venezolano ante la República Islámica de Irán,  se retiró de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2013 y posteriormente se pronunció públicamente contra el régimen chavista. Posteriormente se escondió en Colombia y se declaró soldado del gobierno interino de Juan Guaidó. 

   Posteriormente, Alcalá Cordones se entregó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, luego de constatar que habría unos supuestos planes de bandas criminales para entregarlo a cambio del pago de la recompensa de 10 millones de dólares que el gobierno estadounidense había fijado por su cabeza.

   En los documentos del expediente, el fiscal neoyorquino, Kyle Wirshba informó  al juez federal de distrito, Alvin Hellerstein, que el general y los fiscales habían entablado conversaciones sobre una posible disposición previa al juicio.

   La audiencia del caso del general venezolano, Clíver Antonio Alcalá Cordones estaba programada para el 23 de agosto de 2021 a las 10:30 a.m. pero se aplazó para  el 27 de septiembre de 2021. 

 

martes, 14 de septiembre de 2021

El "Pollo" Carvajal tiene fecha de extradición a los Estados Unidos

Por Maibort Petit 

   El exjefe de inteligencia del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, general (r) Hugo Carvajal Barrios, alias "El Pollo" será extraditado esta misma semana a los Estados Unidos.  De acuerdo a fuentes cercanas al caso Carvajal, quien es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de narcotráfico y terrorismo, la extradición se realizará este miércoles 15 de septiembre.

  Venezuela Política logró confirmar que al acusado de haber enviado 5. 6 toneladas de cocaína desde Venezuela a México, con destino final a los Estados Unidos, será trasladado desde el aeropuerto Internacional de Barajas que sirve a la ciudad de Madrid, este miércoles 15 de septiembre en un vuelo de un avión que partirá a las 3PM rumbo a suelo estadounidense.

  La custodia del general está a cargo de 7 agentes norteamericanos, algunos de los cuales hablan español. 

  Uno de los aspectos claves del traslado es que Hugo Carvajal Barrios no tiene documento de identidad válido u oficial. Esto a pesar de que el acusado ha usado varios pasaportes con falsas identidades. 

  La Policía Nacional española detuvo el pasado jueves en Madrid a Carvajal, quien se encontraba en paradero desconocido desde noviembre de 2019. El militar chavista está reclamado por EEUU para ser juzgado por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC.


   

jueves, 12 de agosto de 2021

Continúan los aplazamientos en el proceso judicial contra Clíver Alcalá Cordones

  El 23 de agosto de 2021 es la nueva fecha para llevar a cabo la conferencia de estado entre las partes y el juez de la causa.

Por Maibort Petit

  Las distintas diligencias y, por ende, el juicio en contra de Clíver Alcalá Cordones, continúan difiriéndose en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el ex mayor general del ejército venezolano enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. En esta ocasión se extendió hasta el 23 de agosto de 2021 la realización de una conferencia de estado, al tiempo que se pide más tiempo para el proceso del descubrimiento.

  Alcalá Cordones fue acusado el 26 de marzo de 2020 por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego en violación del Título 21 del Código de los EE. UU., Secciones 960a y 963, y el Título 18 del Código de los EE. UU., Secciones 924 y 2.

   Se trató de una acusación formulada por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos[1], señalándose a Cliver Alcalá como uno de sus lugartenientes que procuraban “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”. Según la acusación, él, Maduro, Diosdado Cabello y Hugo Carvajal “actuaron como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles, o Cartel de los Soles”[2].

  Los cargos en su contra, en razón de la pandemia por Covid-19, se le dieron a conocer por vía telefónica el 31 de marzo de 2020 ante el juez accidental de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul E. Davison, declarándose no culpable, al tiempo que manifestó su disposición a colaborar con la justicia estadounidense, lo que dio inicio a su proceso judicial[3].

   En junio de ese año 2020, los fiscales solicitaron reprogramar la fecha de la audiencia de presentación de Alcalá Cordones, prevista para el 26 de junio del citado año[4]. En esa misma fecha, el militar venezolano pidió un abogado de oficio por no tener dinero para pagar una defensa privada[5] y el 2 de agosto el juez Hellerstein, aprobó la solicitud, pero le pidió demostrar que, ciertamente, no dispone de los medios económicos para pagar el bufete que lo venía representando[6].

   El 26 de agosto de 2020, el tribunal le otorgó mas tiempo para revisar su grueso expediente criminal, atendiendo así un pedido de los fiscales, quienes le argumentaron al juez que seguirían presentando pruebas en contra de Alcalá Cordones, por lo que debía disponer de un plazo más largo para revisar el material[7].

   El 8 de junio de 2021, el juez Alvin K. Hellerstein informó de un nuevo calendario procesal del juicio contra el general, Cliver Alcalá Cordones. El 7 de junio, la corte había autorizado a las partes para que presentaran dentro de los siguientes 60 días, las mociones del caso[8].

Ahora nuevamente, se modifican las fechas.

Orden de aplazamiento

   El 29 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó que una conferencia de estado, inicialmente programada para llevarse a cabo el 4 de agosto de 2021, se aplazara hasta el 23 de agosto de 2021 al mediodía.

   Giró instrucciones a las partes a objeto de que quienes efectúen las llamadas y no sean abogados silencien sus teléfonos. Además, se indica a todos los participantes que llamen 5 minutos antes del inicio de la conferencia.

  También ordenó que, a más tardar el 16 de agosto de 2021, a las 12:00 pm, las partes presenten conjuntamente al tribunal una lista de todos los abogados que se espera que aparezcan en el expediente, junto con su información de contacto.

Extender los lapsos

   El 4 de agosto de 2021, los fiscales federales auxiliares de la fiscal del Distrito Sur de Nueva York Audrey Strauss, Jason A. Richman, Benjamin Schrier y Kyle Wirshba, remitieron una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, solicitándole, en razón de la pandemia por el Covid-19, que el tribunal excluya hasta la fecha del juicio el tiempo de la nueva conferencia programada para el 23 de agosto de 2021, esto en interés de la justicia, de conformidad con 18 USC Sección 3161 (h) (7) (A). Informaron que la defensa accedía a esta solicitud.

  Explicaron los fiscales que este tiempo permitiría la revisión continua del descubrimiento por parte del acusado y a ambas partes continuar discutiendo una posible disposición de este asunto

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero”. 26 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/nicolas-maduro-moros-y-14-funcionarios.html


[2] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism


[3] Venezuela Política. “Se inicia en Nueva York el proceso judicial contra Cliver Alcalá Cordones, presentación inicial se hizo vía telefónica”. 31 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/se-inicia-en-nueva-york-el-proceso.html


[4] Venezuela Política. “Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/conoce-los-ultimos-detalles-del-caso-de.html


[5] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/cliver-alcala-cordones-pide-la-corte-un.html


[6] Venezuela Política. “Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa”. 2 de julio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/07/juez-de-nueva-york-ordena-cliver-alcala.html


[7] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/cliver-alcala-cordones-tendra-mas.html


[8] Venezuela Política. “Avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Cliver Alcalá Cordones”. 8 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/avanza-en-nueva-york-el-juicio-por.html


martes, 8 de junio de 2021

Avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Cliver Alcalá Cordones

   El militar venezolano fue acusado el 26 de marzo de 2020.  Su caso fue excluido de un juicio rápido. El cambio de abogados también ha retrasado el proceso.

Por Maibort Petit

   El juez estadounidense, Alvin K. Hellerstein dio a conocer un nuevo calendario procesal del juicio contra el general, Cliver Alcalá Cordones, un militar venezolano, acusado por el gobierno de los Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. En una audiencia realizada el lunes 7 de junio, la corte autorizó a la defensa y a la fiscalía para que presenten, dentro de los siguientes 60 días, las mociones del caso. 

   El gobierno de los Estados Unidos acusa al general (r) Clíver Alcalá Cordones de formar parte del Cártel de los Soles, y de haber participado en actividades vinculadas al narcoterrorismo por dos décadas, junto a funcionarios de alto nivel del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

    Durante la audiencia, el juez Hellerstein hizo referencia a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, destacando que la data que forma parte de las evidencias (descubrimiento) estarán protegidas y no podrán ser divulgadas por los abogados de la defensa. 
    
     El magistrado  Hellerstein fijó una nueva audiencia para el 14 de agosto en la mañana.  
       
       La defensa del general Cliver Alcalá Cordones ha reclamado al tribunal más tiempo para revisar el voluminoso expediente que el gobierno estadounidense tiene contra el militar venezolano. Los abogados dijeron que los fiscales continúan presentando pruebas contra el acusado, y que éste necesita tiempo para revisar los material con sus abogados. 

  Los fiscales Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba habían pedido con anterioridad un aplazamiento en el 2020, debido a las dificultades que generó la pandemia de COVID-19 en las cortes federales. 

  Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien".

 Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

  De acuerdo a los documentos federales, durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.

  Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004. 

viernes, 26 de marzo de 2021

Conozca las razones por las que la viuda de Fernando Albán acusa a Maduro y su empresa criminal del asesinato de su esposo

  ¿Qué alega Meudy Albán Osío para responsabilizar al dictador venezolano y socios, las FARC y el Cartel de los Soles de la muerte del concejal de Primero Justicia ocurrida bajo custodia del SEBIN?

Por Maibort Petit

   La viuda del concejal Fernando Albán, Meudy Albán Osío, demandó por daños y perjuicios a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La familia del dirigente de Primero Justicia responsabiliza al mandatario venezolano del asesinato de este cometido el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

   Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  En la demanda, los demandados recuerdan que Estados Unidos y el mundo han condenado al régimen de Nicolás Maduro por la tortura y asesinato de Fernando Albán y se cita, en primer lugar, a la portavoz de la Casa Blanca para la fecha de los hechos, Sarah Sanders, quien dijo: “Las autoridades venezolanas detuvieron a Albán el 5 de octubre, a su regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló al mundo sobre la importancia de devolver la democracia al pueblo de Venezuela. Murió tres días después mientras estaba bajo la custodia del servicio de inteligencia de Venezuela ".

  Asimismo, citan al portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, quien se hizo eco de los sentimientos de la Casa Blanca y afirmó que el asesinato de Fernando Albán "destaca un patrón continuo de abusos de derechos humanos en ese país, represión y uso excesivo de la fuerza".

  Del mismo modo hacen referencia a la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana y del secretario de la OEA, Luis Almagro,que responsabilizaron al régimen de Maduro de la muerte de Albán;  los representantes Carlos Curbelo (FL-26), Ileana Ros-Lehtinen (FL-27), Mario Díaz-Balart (FL-25) y Albio Sires (NJ-08), así como el senador Marco Rubio (FL), quienes exigieron una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de Fernando Albán y solicitaron sanciones contra los responsables.

El papel del cartel de los Soles

   Sostiene la demanda que un miembro del ejército venezolano, a través de sobornos, se involucró en el tráfico de drogas en la década de 1990, mientras que para 1992, Hugo Chávez formó integró el que para la fecha se denominaba "Cártel Bolivariano", nombre que cambió en 1993 a "Cártel de los Soles". Ya en la presidencia, Chávez hizo crecer el cártel, otorgando inmunidad a los funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas a cambio de su lealtad. En 2005, expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de Venezuela y el país se convirtió en una ruta más atractiva para el tráfico de drogas. El Cártel de los Soles comenzó a coordinarse con las FARC para traficar cocaína, mientras las bases de la fuerza aérea venezolana comenzaron a albergar aviones cargados de cocaína que llegaban de Colombia.

  Cuando Chávez murió en 2013, Nicolás Maduro se convirtió en uno de los líderes del Cártel en el que Néstor Reverol Torres y Vladimir Padrino López son figuras importantes. Entretanto, Tarek William Saab y Maikel José Moreno Pérez también apoyan las actividades del cartel.

Las FARC

  Igualmente, se hace mención en la demanda a las FARC como una organización armada y violenta con sede principalmente en Colombia, de la cual varios de sus integrantes, luego de que esta guerrilla depusiera sus armas, desde pues del acuerdo de paz de 2016, se instalaron en Venezuela con la anuencia y apoyo de Nicolás Maduro. Estos en alianza, procuran descarrilar el proceso de paz y desestabilizar todos los niveles del gobierno colombiano mediante la violencia, asesinatos y toma de rehenes, terrorismo.

   Las FARC han sido y siguen siendo fuertemente antiamericanas, considerando a los estadunidenses como "objetivos militares". Para este grupo el narcotráfico en un medio de sustento, particularmente en la frontera con Venezuela.

   Desde el 8 de octubre de 1997 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, considera a las FARC como organización terrorista extranjera designada.

La empresa criminal de Maduro

  En la demanda de los Albán se indica que la Empresa Criminal Maduro es una asociación que incluye, entre otros, al propio Nicolás Maduro, su régimen, el Cartel de los Soles, las FARC y los individuos demandados (Saab, Moreno, Reverol).

  Sostiene que los miembros de la Empresa Criminal Maduro han conspirado y acordado cometer una amplia variedad de delitos interrelacionados entre ellos (a) el tráfico de estupefacientes; (b) actos de terrorismo que incluyen pero de ninguna manera se limitan al narcoterrorismo; (c) violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros, torturas y asesinatos; (d) delitos de corrupción pública; y (e) blanqueo de capitales.

   Cada una de estas actividades delictivas es intrínseca y necesaria para la funcionalidad de la empresa criminal en general, siendo un objetivo central de la empresa y la conspiración, retener el control autoritario sobre Venezuela. Al garantizar que Maduro controle ilegalmente el estado venezolano, la Empresa Criminal Maduro asegura que puede continuar cometiendo delitos rentables, como el tráfico de narcóticos y el saqueo del tesoro venezolano, con impunidad y sin interferencia de la aplicación de la ley legítima.

  Agrega que, a través de actos de terrorismo y abusos a los derechos humanos, la Empresa Criminal Maduro reprime la oposición a su narcotráfico, la corrupción pública y el control autoritario sobre Venezuela.

Las líneas clave de la Empresa Criminal Maduro

   El narcotráfico y el narcoterrorismo son parte fundamental de la Empresa Criminal Maduro, habiendo sus miembros —durante al menos 20 años hasta el día de hoy— actuado junto a las FARC en una vasta conspiración de narcoterrorismo y, a través de ella, ha inundado intencionalmente a Estados Unidos con cocaína, no solo para enriquecer al propio Maduro junto con los demás miembros de su organización, sino también para dañar a EE. UU.

   Cita que el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia reveló las acusaciones que imputan una miríada de delitos contra Maduro, otros líderes venezolanos y sus co-conspiradores de las FARC, por narcotráfico y narcoterrorismo. Luego la demanda hace un recuento de todos los pronunciamientos formulados desde distintas instancias del gobierno estadunidense en los que se describe la conducta criminal de Maduro, su empresa criminal y de sus co-conspiradores en conjunto con el grupo terrorista colombiano. Se indica cómo estos aprovecharon su poder autoritario en Venezuela para apoyar la conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico.

  Del mismo modo se hace referencia al hecho de que un grupo disidente de unos 2.500 miembros de las FARC se ha apoderado de la frontera entre Venezuela y Colombia con apoyo del régimen de Maduro para sus actividades narcoterroristas, permitiéndoles usar el país como un refugio seguro desde el cual pueden continuar conduciendo su tráfico de cocaína y su insurgencia armada.

  Entre otros, la demanda cita el caso de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores, condenados a 18 años de prisión por conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos y usar parte de las ganancias en la campaña electoral para la Primera Dama de Venezuela. Los condenados idearon un plan para trabajar con las FARC para enviar literalmente toneladas de cocaína a Estados Unidos.

   Agrega la demanda que un rasgo definitorio de la Empresa Criminal Maduro es la relación simbiótica entre sus principales miembros y el Cartel de los Soles y las FARC, trabajando mano a mano para perpetrar una conspiración narcoterrorista masiva, continua y altamente rentable dirigida contra Estados Unidos.

  Venezuela también proporciona un refugio seguro para las FARC y estas han asumido funciones estatales en regiones del país, teniendo un gran interés en apoyar al régimen de Maduro. La expansión a Venezuela ha permitido a las FARC llevar a cabo ataques en Colombia y resistir los golpes de las fuerzas de seguridad colombianas. Del mismo modo, refiere la demanda, Maduro proporciona a las FARC armas y municiones militares de alta gama, como armas antitanques lanzadas desde el hombro. A cambio, las FARC capacitan a las milicias y colectivos que funcionan como una unidad de las fuerzas armadas del Cartel de los Soles.

Los DDHH y el papel del SEBIN

   La demanda suma a las líneas de acción de la Empresa Criminal Maduro, los abusos contra los derechos humanos del régimen, siendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), uno de los brazos ejecutores de estas prácticas. Esta fuerza policial política es conocida por el hostigamiento, arresto, tortura y asesinato de presos políticos en Venezuela.

   Precisa que el SEBIN tortura habitualmente a detenidos y presos en su sede, un edificio de oficinas de 16 pisos en la Plaza Venezuela de Caracas. Este edificio también incluye cinco pisos subterráneos, apodados "La Tumba" por los funcionarios venezolanos. Allí, los presos políticos se mantienen en condiciones inhumanas a temperaturas bajo cero y sin ventilación, saneamiento ni luz natural. Las celdas son de dos por tres metros, con una cama de cemento, cámaras de seguridad y puertas enrejadas, cada celda alineada una al lado de la otra para que no haya interacciones entre los presos. Estas condiciones han provocado que los presos enfermen gravemente, a pesar de lo cual se les niega el tratamiento médico. El SEBIN también detiene a presos políticos en un segundo edificio, conocido como El Helicoide. La demanda describe toda la actividad criminal del SEBIN.

Cleptocracia y corrupción

  La demanda además describe al régimen de Nicolás Maduro como una cleptocracia que ha saqueado sistemáticamente a Venezuela, según lo ha afirmado la Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan.

  La Empresa Criminal Maduro blanqueó el producto de sus actividades delictivas a través de los Estados Unidos, especialmente el sur de Florida, indica la demanda.

La Empresa Criminal Maduro contra Albán

  Ante las denuncias que Fernando Albán formuló contra el régimen criminal de Nicolás Maduro, incluso en la asamblea de la ONU, la familia comenzó a recibir amenazas de muerte que llevaron a que la esposa del concejal y sus hijos tuvieran que huir a los Estados Unidos donde pidieron y obtuvieron asilo en julio de 2018.

  Tales denuncias, sostienen los demandantes que a razón de la persecución que el régimen de Maduro emprendió contra Albán y la delegación de su partido político, Primero Justicia en Nueva York, decidió arremeter contra el dirigente, capturarlo y luego asesinarlo.

   Para ello, la Empresa Criminal Maduro secuestró, a través del SEBIN, a Fernando Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando regresó de Nueva York a Venezuela el 5 de octubre de 2018.

  La demanda describe todo lo que califica como un secuestro y cómo le fabricaron cargos para justificar su detención y cómo agentes del SEBIN lo trasladaron al Palacio de Justicia donde fue presentado a un tribunal que declinó competencia y lo remitió al Tribunal de Control de Terrorismo, una instancia judicial utilizada por el régimen de Maduro para atacar a los líderes de la oposición.

  Asegura la demanda que el régimen de Maduro torturó y asesinó a Fernando Albán.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN, luego de torturarlo y asesinarlo, arrojó el cadáver de Albán desde el décimo piso de su sede.

  El fiscal general, Tarek William Saab, anunció por teléfono durante una transmisión por la televisora estatal VTV, que Albán “se había suicidado”, una historia que no resistió el escrutinio por mucho tiempo porque los baños en desde los cuales se dijo que se había lanzado, no tienen ventanas.

  Más tarde, el ministro del Interior, Néstor Reverol, hizo una declaración diferente, según la cual, Albán se lanzó desde la sala de espera.

  La demanda describe todas las contradicciones en que el régimen incurrió al informar del caso.


 

miércoles, 23 de diciembre de 2020

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (II)

En esta entrega hacemos referencia a los estados Delta Amacuro, Barinas y Zulia.

Por Maibort Petit

   En Venezuela, el crimen organizado y la corrupción se posicionaron y actúan, al parecer, con total impunidad debido a que cuentan con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. Hemos venido mostrando cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente en Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   El informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela, al que hemos venido haciendo referencia en entregas anteriores se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.


CHILE: UNA VISIÓN SOBRE EL OTRORA PAÍS MODELO DE AMÉRICA LATINA

En Delta Amacuro

   La escasa población de esta entidad no es óbice para que exhiba la séptima tasa de asesinatos de Venezuela, a saber, 60 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Observatorio de la Violencia en su informe del año 2019. Para que esta estadística sea posible es determinante la violenta acción de los grupos delictivos organizados que se apoderaron de vastos sectores del territorio del estado Delta Amacuro.

 En Delta Amacuro opera una poderosa banda de delincuencia organizada, de llamada “El Evander” o “Frente de Liberación Deltana”, cuyo accionar se ha extendido a otros estados y fuera de Venezuela. Aunque su líder, Evander Miguel Barradas, murió en 2019 en un enfrentamiento con el ejército y el CICPC, sus lugartenientes y otros integrantes de la agrupación criminal continúan activos.

   La inacción de las autoridades ha sido fundamental para que los miembros de esta banda actúen a sus anchas, fuentes consultadas para el informe señalaron que hubo diferencias entre los delincuentes y representantes del poder regional. Por esta razón, los cuerpos de seguridad decidieron actuar después que fue amenazada de muerte la gobernadora (PSUV), Lizeta Hernández, por parte de la banda de “El Evander”.

   Tras la muerte de Evander Miguel Barrada, las riendas de la banda pasaron a manos de alias “El Culón”, pero este fue detenido en mayo de 2019 en Trinidad y Tobago junto a otros cómplices.

  La banda de “El Evander” se dedica a cometer extorsiones, robos a fincas o a embarcaciones, asesinatos, secuestros, tráfico de oro y de combustible y narcotráfico, entre otros delitos. Sus actividades se extienden al estado Monagas. También cobran “vacunas” a los productores agropecuarios y a los comerciantes de las zonas que controlan; extorsionan a los encargados o dueños de las embarcaciones que navegan por las vías fluviales de Delta Amacuro. Datos obtenidos para redactar el informe revelan que las embarcaciones que salen desde el puerto Volcán (municipio Tucupita) hasta San José de Amacuro, población fronteriza con Guyana, pasan por al menos cinco alcabalas fluviales, en las que deben pagar a funcionarios corruptos de la FANB y a bandas de delincuencia organizada que controlan la región, USD 5 por cada bidón o recipiente de gasolina contrabandeado a lo interno y llevado al vecino país.

   La cercanía de las costas de Delta Amacuro con Trinidad y Tobago hace a esta región propicia para el contrabando de bienes, la trata de personas y el narcotráfico, entre otros delitos.

   El informe cita a la periodista Sebastiana Barráez, especialista en temas de frontera y crimen organizado, quien señala que miembros de “El Evander” mantienen una alianza delictiva con grupos paramilitares, como Los Rastrojos para el traslado de cocaína desde la frontera colombo-venezolana en el Táchira, hasta Delta Amacuro y de allí hasta Trinidad y Tobago.

   Del mismo modo, el reporte manifiesta la preocupación existente dada la incorporación de indígenas Waraos a las actividades delictivas de contrabando de gasolina y narcotráfico, principalmente con rumbo a Guyana, impulsados por el hambre la y la pobreza que padecen.

  En Delta Amacuro también opera el denominado “Sindicato de Barrancas”, una organización criminal del estado Monagas que usa el río Orinoco, que conecta a las dos regiones, para cometer sus delitos. Cobran USD 300 a quienes quieren trasladarse ilegalmente a Trinidad y Tobago y para llevar a cabo esta actividad cuentan con la complicidad de funcionarios corruptos que cobran para dejar salir a las embarcaciones. Apunta el informe que en la isla caribeña pagan USD 1.00 por cada mujer joven que le entregan las organizaciones criminales de Delta Amacuro. Luego de esta transacción inicial, los delincuentes reciben cuotas mensuales.

   Otra actividad ilegal es la de las mafias que se dedican a la captura de especies animales, principalmente aves, que venden y trasladan a Trinidad y Tobago y, en menor medida, a Guyana.

En Barinas

   Sostiene el informe que en el estado Barinas, colindante con Táchira y Apure que son fronterizos con Colombia, que 83 por ciento de las fuentes consultadas consideró que el crimen organizado se ha incrementado en los últimos dos años en esta entidad.

   En Barinas operan con fuerte presencia las “Fuerzas Bolivarianas de Liberación”, conocidos como los “Boliches”, también denominados “Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional” (FPLN), guerrilla nacida en Venezuela en 1992 en Venezuela, la cual se fortaleció durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se dedican a la extorsión o cobro de vacunas a productores agropecuarios, al secuestro y a otras actividades ilícitas. Todo bajo el presunto amparo del poder político en el estado.

   Se refiere que este grupo guerrillero tiene una especie de ala política, denominada “Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora”.

   Del mismo modo, el informe apunta que existiría una alianza política entre el FBL y el partido oficialista PSUV.

   La alcaldesa del municipio Zamora, Maigualida Santana, conocida también como “La Doña”, supuestamente tiene una estrecha relación con el FBL, siendo, presuntamente esta funcionaria, la encargada de controlar el combustible, la distribución de alimentos, cemento, agua y otros bienes de origen oficial en la región. Igualmente se refiere que Santana sería quien encabeza las amenazas contra propietarios de fincas en la localidad.

   Agrega el informe que, según fuentes consultadas, el FBL tiene control sobre buena parte de las estaciones de servicios en Barinas, por lo que tienen fácil acceso a la gasolina para su reventa y contrabando. También suelen colocar alcabalas improvisadas en las distintas vías para atacar a los conductores.

   Señala el informe que alias “Jesús Santrich”, líder de las FARC, tiene estadía en una unidad de producción ubicada en el Cantón, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Barinas, lugar donde habría grabado el video donde anunció su regreso a las armas en 2019.

    También si indica en el reporte que, aunque el ELN y las FARC no tienen una presencia permanente en Barinas, si tienen incursiones o envían emisarios para extorsionar a los comerciantes, industriales y productores agropecuarios.

   La producción agrícola en Barinas es fuertemente afectada por la acción criminal. El robo y hurto de ganado, es una constante en este estado. Los productores agropecuarios denunciaron la impunidad existente, pues los organismos de seguridad muestran poco interés en el asunto.

   Se denuncia que muchas las fincas que son invadidas por individuos pertenecientes a supuestos grupos campesinos que en realidad son personas ligadas al poder político de la región. Fuentes indicaron que estas violaciones a la propiedad privada en ocasiones se ejecutan por retaliación política. “Algunos productores del estado Barinas han hecho referencia a la actuación de funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, como Luis Soteldo, Luis Mendoza y Mariela León. En enero de 2020, la madre del diputado barinés, Julio César Reyes, denunció a estas personas porque tomaron su finca, sin que mediara ningún procedimiento legal”.

  El informe de Transparencia Venezuela precisa que las invasiones de tierras en Barinas por parte de grupos irregulares abarcan 23,22 por ciento del territorio para uso agrícola de este estado.

En el Zulia

   Esta entidad occidental es, según lo afirmado en el informe de Transparencia Venezuela, la entrada y salida de materia prima y droga procesada.

    La zona norte, punto estratégico en la frontera entre Venezuela y Colombia, se ha convertido en una zona de disputa por parte de bandas criminales y grupos irregulares. 80 por ciento de los consultados para la redacción del reporte, considera que el crimen organizado se ha incrementado en su frontera, en los últimos cinco años. El gobernador Omar Prieto ha sido objeto de denuncias por excesos policiales y un discurso violento.

    El contrabando de combustible es el delito más recurrente, al que se suma el tráfico de mercancías, materiales estratégicos, armas, acompañados de abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción propia. “El tráfico de drogas es uno de los delitos que más aqueja a la población en esta región, como lo muestra el gran número de denuncias, casos descubiertos por las policías y las constantes informaciones sobre pistas clandestinas localizadas en La Guajira, utilizadas para el aterrizaje de avionetas de los carteles. En el camino a La Guajira la venta ilegal de gasolina y diésel en grandes cantidades se registra a la vista de todos”.

   La guerrilla con mayor presencia en el Zulia es el ELN, pero también operan paramilitares colombianos y carteles del narcotráfico. Hay también mafias que se disputan territorios, tal es el caso de “Mushana” o Tío de clanes wayúu y “Los Gavilanes”, cuyo capitán es de apellido Fernández, que opera en la vía entre Paraguaipoa, Guarero y Paraguachón.

   Una tercera mafia que actuaría con el aval de autoridades regionales, es la llamada “la Zona” que opera en la Guajira, supuestamente dirigida por Douglas Chacón, hermano del exalcalde de la Guajira, Hébert Chacón.

   Douglas Chacón habría violado un pacto tácito o código de conducta entre los grupos que allí operaban, dirigido a no victimizar a personas de la etnia wayúu. Desde mayo de 2018, según datos recogidos para el informe, 70 jóvenes wayúu fueron asesinados. “Este nuevo patrón de comportamiento ha crispado a los habitantes nativos de la Guajira, quienes históricamente han convivido con paramilitares, guerrillas, grupos parapoliciales sin ver amenazadas su vida y sus propiedades”.

    Subraya el informe que, aunque la presencia de grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana, la llegada de Hugo agravó esta realidad. Un factor determinante fue haber retirado a la DEA.

    Datos recogidos para la redacción del informe señalan que en el Zulia operan las FARC y Ejército Popular de Liberación (EPL), en zonas de Perijá, Machiques, El Cruce, Santa Bárbara, y su entorno; los Boliches o FBL, que ejercen control y dominio sobre los productores agropecuarios; el Colectivo del pueblo, el grupo colectivo MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), el cual se infiltra en todos los cuerpos policiales, creando nuevos grupos como el D.C.I. FAES (Dirección de Contrainteligencia del FAES), al mando del colectivo que se hace llamar Marcos Portillo.

   También opera la banda “El Cagón”, el rey del robo de vehículos en la Zona Lara-Zulia, con un área de trabajo extorsivo y actos -de terrorismo que se extiende desde el Estado Zulia hasta Trujillo, Mérida, Falcón y Carabobo.

   El informe hace mención a que la periodista Sebastiana Barráez reveló, en febrero de 2020, que el ELN impuso toque de queda en El Guayabo, mientras que Los Rastrojos instalaron minas explosivas en zonas aleñadas al Catatumbo venezolano.

   También se hace referencia a la denuncia que en septiembre de 2018 hizo la Defensoría del Pueblo de Colombia, sobre el alto riesgo para sus nacionales y los extranjeros que transiten por el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao, al noreste del departamento de La Guajira, debido a la presencia de grupos armados irregulares como “La Zona” y “Los Mercenarios” durante todo ese año.

“La Defensoría del Pueblo de Colombia identifica también la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de grupos ‘post-desmovilización’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos de delincuencia organizada liderados por “pranes” y colectivos oficialistas venezolanos”.

 El informe de la autoridad colombiana describe casos de reclutamiento forzado y utilización de niños y adolescentes –en su mayoría, indígenas y migrantes de Venezuela– en actividades delictivas, acciones ejecutadas principalmente por el ELN y bandas de “pranes” venezolanos.

   Sentencia el informe que la penetración del crimen organizado en el Zulia ha tenido un impacto directo sobre la etnia wayúu, tanto desde el punto de vista cultural, como desde la perspectiva de violación de derechos humanos.

   Agrega que hay complicidad de los órganos de seguridad con los hechos delictivos, apuntando que los percibidos como más corruptos son los cuerpos policiales, las FANB y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

    Subraya el informe la supuesta participación de la gobernación en la promoción de la mafia “La Zona”. 

miércoles, 26 de agosto de 2020

Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal

  El militar venezolano y su abogado tienen un mes adicional para revisar el extenso expediente de evidencias que la fiscalía usará para probar los cargos de narcotráfico por los cuales fue acusado el 26 de marzo de 2020. 

Por Maibort Petit

  Los fiscales federales solicitaron al juez, Alvin K. Hellerstein, un cambio de la audiencia antes del juicio de Cliver Antonio Alcalá Cordones que estaba prevista para el 2 de septiembre de 2020, alegando que el gobierno continúa presentando pruebas al acusado, y que éste necesita tiempo para revisar los material con sus abogados. 

   El gobierno de los Estados Unidos acusa al general (r) Clíver Alcalá Cordones de formar parte del Cártel de los Soles, y de haber participado en actividades vinculadas al narcoterrorismo por dos décadas, junto a funcionarios de alto nivel del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  Los fiscales Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba pidieron un aplazamiento de 30 días de la fecha de esta conferencia, lo que indica que la audiencia se realizará a principios del mes de octubre. 

  Acotan que en vista de la pandemia de COVID-19  y motivado a que necesitan más sesiones de trabajo para la evaluación de los materiales del descubrimiento,  solicitaron que la Corte excluya el tiempo hasta la fecha de la nueva conferencia, en interés de la justicia. 

  El abogado defensor aceptó las solicitudes.

  Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien".

 Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

  El gobierno estadounidense lo acusa, junto a 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, de cargos por narcoterrorismo.

  De acuerdo a los documentos federales, durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.


Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004.

jueves, 6 de agosto de 2020

Nuevas evidencias prueban que exsecretario mexicano, Genaro García Luna participó en una empresa criminal continua

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Nuevos elementos presentados por los fiscales de Nueva York apuntan a evidencias que el exsecretario de Seguridad Ciudadana de México durante el gobierno de Felipe Calderón, Genero García Luna participó abiertamente en una empresa criminal continua, según se desprende de los documentos federales.
   La información relata que dos altos funcionarios de las fuerzas del orden mexicanas, que trabajaron bajo el mando de García Luna, han ofrecido elementos probatorios contra el exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón y que han sido agregados la acusación que ya cursaba en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

    García Luna es acusado de haber recibido millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa "El Chapo" por ofrecerle protección para los narcotráficantes y la droga en territorio mexicano.

     Los delitos de narcotráfico por los que está acusado García Luna se cometieron desde 2006 a 2012.

   De acuerdo a los fiscales federales, en la empresa criminal continua de García Luna participaron Luis Cardenas Palomino y Ramón Pequeno García, ex oficiales de alto rango de la policía mexicana que
trabajaron bajo en mandato de García Luna, "ambos  están acusados de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína".

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  La acusación dice que a cambio de sobornos multimillonarios, los acusados ​​supuestamente permitieron el Cartel de Sinaloa operar con impunidad en México. 

   García Luna fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 por agentes  federales en Dallas, Texas, y actualmente está pendiente de un juicio en el Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos. 

    Por su lado, Cárdenas Palomino y Pequeño García son actualmente fugitivos de la justicia norteamericana.

    El Fiscal Federal interino del Distrito Este de Nueva York, Seth D. DuCharme, anunció la acusación de reemplazo y señaló que "Como se alega, durante casi dos décadas García Luna traicionó a aquellos a quienes había jurado proteger, aceptando sobornos de miembros del Cártel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y empoderar a su empresa criminal ".

  DuCharme. dijo que "Mediante la acusación de reemplazo, García Luna y sus co-conspiradores enfrentarán justicia por delitos relacionados con la importación y la distribución de cantidades masivas de drogas peligrosas a los Estados Unidos ". 

  DuCharme agradeció a las autoridades antidrogas, a las Oficinas de la Administración (DEA) en Nueva York y Houston por su trabajo en el caso.

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  Como se establece en la acusación de reemplazo y otras presentaciones judiciales, desde 2001 hasta 2012, mientras ocupaba altos cargos de aplicación de la ley en el gobierno mexicano, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de proporcionando protección para sus actividades de narcotráfico. 

    De 2001 a 2005, García Luna lideró Agencia Federal de Investigación de México, y de 2006 a 2012, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de México, controlando la Fuerza de Policía Federal de México. 

       Cárdenas Palomino y Pequeño García también fueron funcionarios mexicanos de alto nivel que trabajaron bajo García Luna, durante este tiempo. "Cada uno recibió millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa".

     A cambio del pago de sobornos, entre enero de 2001 y el presente, los acusados ​​abusaron de sus cargos públicos al permitir que el Cartel de Sinaloa obtuviera un paso seguro para sus envíos de drogas, y al proporcionar información sensible de la policía sobre investigaciones sobre ese organización criminal e información sobre carteles de drogas rivales, lo que facilitaba la importación de cantidades de toneladas múltiples de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos. 

   Entre 2002 y 2007, García Luna supuestamente ayudó a al menos seis envíos de cocaína por un total de más de 50,000 kilos de cocaína. 

     La acusación dice que los acusados ​​colocaron a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cartel de Sinaloa. En al menos dos ocasiones, el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines con millones de dolares.

  Sí es declarado culpable del cargo de empresa criminal continua, García Luna enfrenta un pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

  Cárdenas Palomino y Pequeno García enfrentan cada uno un
pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

TARECK EL AISSAMI: LOS SECRETOS QUE NO QUIERE QUE SEPAS



martes, 4 de agosto de 2020

Maduro asciende a Néstor Reverol a "General en Jefe en categoría de Efectivo de Comando"

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Por medio de una Resolución del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, firmada el 4 de agosto de 2020,  Nicolás Maduro Moros ascedió al actual Ministro de Interior y Justicia del régimen, Néstor Reverol al grado de General en Jefe en la categoría de Efectivo de Comando.
 Néstor Reverol  fue declarado figitivo de la justicia norteamericana. En agosto de 2016, Reverol fue acusado por delitos de narcotráfico  por el gobierno de los Estados Unidos, y se le señala de ser miembro del cártel de los Soles.

Ascendido   

  A través de la Resolución Número 036952, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Nicolás Maduro ascendió a General en Jefe en la categoría Efectivo de Comando a Néstor Luis Reverol Torres, C.I. N-7.844.507.  Hasta la fecha, Reverol tenía el grado de Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana.

Fugitivo de la justicia de EE. UU.

  El 25 de agosto de 2016, el gobierno estadounidense incluyó los nombres del mayor general Néstor Luis Reverol Torres y del general Edylberto Molina en la lista de fugitivos de la justicia estadounidense, de acuerdo con un documento que fue entregado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

  Las gestiones hechas por el equipo de Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, incluye la información de los dos militares acusados de conspirar para traficar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, entre enero 2008 y diciembre de 2010, de manera intencional y con conocimiento de que la droga que enviaban era ilegal y conllevaba acciones legales y criminales.

  Lynch envió una comunicación a los jueces de Distrito Este de Nueva York, Frederick Block y Allyne Ross, en la que da una explicación de los delitos de los cuales acusan a Reverol y a Molina, y advierte que ambos forman parte del mismo caso y son acusados del mismo delito: conspiración para traficar narcóticos a Estados Unidos.

  Lynch trabaj[o este caso con un equipo integrado por los fiscales Walter Norkin y Gina Parlovecchio.

  Congelación de bienes 

La acusación también informa que las propiedades de ambos acusados son objeto de confiscación de acuerdo con lo establecido en el código de Estados Unidos. El gobierno podrá confiscar toda propiedad que proceda y haya sido obtenida como resultado de la actividad criminal por la cual están siendo acusados.

  En este caso, asegura la documentación, las propiedades objeto de confiscación no podrán ser traspasadas, vendidas, depositadas o transferidas a terceros, colocarse bajo jurisdicción de la Corte, disminuirle el valor o ser divididas.

  En el expediente se señala que el ex comandante general de la GNB y director de la Oficina Nacional Antidrogas y el subdirector de esa misma dependencia oficial “recibían pagos de los narcotraficantes para recibir alertas de futuros operativos, los lugares donde los agentes iban hacer las requisas y el tiempo de las mismas de tal manera que tuviesen tiempo para mover la droga de lugar y buscar rutas alternativas para sacar el producto de Venezuela”.

  La acusación del Gran Jurado de Nueva York añade que gracias a la colaboración de los dos acusados los carteles de la droga lograron operar en Venezuela, recoger la cocaína en Colombia y llevarla a Estados Unidos vía México y Centroamérica. Los cargamentos que salían de Venezuela consistían en “cientos de kilos de cocaína, muchas veces excedían los miles de kilos en un solo envío”.

lunes, 20 de julio de 2020

Las cinco estructuras criminales que operan en Venezuela

  El territorio venezolano en tiempos del chavo-madurismo se ha convertido en tierra fértil para que las organizaciones criminales han tomado el país como base de operaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

  El criminalista y consultor penal venezolano, Iván Antonio Simonovis, identificó cinco grandes estructuras criminales que, según ha podido determinar, hacen vida en Venezuela y convergen de diferentes formas para poder llevar a cabo gran cantidad de actividades terroristas criminales.
  A través de una conferencia Zoom, el exsecretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital y actual coordinador especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó ante Estados Unidos, refirió que el crimen transnacional en Venezuela hoy en día existe y atenta, no solamente contra este país, sino también contra las economías de países aliados cercanos, como es el caso de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, por decir algunos.

Las 12 megabandas

  Al pasar a referirse a cada una de estas cinco estructuras criminales, hace mención, en primer lugar, a las doce mega bandas que operan en Venezuela.

  Las enumera y cita, primeramente, la de “Los 300”, en estado Miranda; “El Tren de Aragua”, que opera en Aragua, Zulia, Trujillo, Falcón; “El Tren del Zulia”, en el estado Zulia; “Los Meleán”, también el Zulia; “Los Leal”,  hoy en día protegidos por el gobernador Omar Prieto; la de “Carlos Bapal”, en estado Miranda, específicamente en los Valles del Tuy; la de “Bander”, ubicada en Delta Amacuro y Monagas.

  Estas, según Simonovis, son las más importantes megabandas que operan en el país.

Los colectivos

   Otra estructura criminal citada por el coordinador de seguridad, son los “colectivos”, haciendo la salvedad de que, si bien algunos de estos grupos se han dedicado a los temas sociales, existe un brazo armado de estas agrupaciones.

  Menciona en primer lugar, al fundado por Freddy Bernal denominado “Colectivo de seguridad y defensa fronteriza”, que se ha erigido como uno de los más importantes y de los que cuentan con mayor apoyo del régimen de Nicolás Maduro.

  Además, está el colectivo “Tres raíces”, “Frente 5 de marzo”, el ampliamente conocido Colectivo La Piedrita, dirigido por el delincuente Valentín Santana. Este último grupo es el que está a cargo de la protección y movilidad del guerrillero colombiano, Jesús Santrich, protegido del gobierno de Maduro.

Los carteles de droga

  La tercera estructura criminal citada por Iván Simonovis, son los carteles de la droga, entre los que citó el de la Guajira y el Cartel de Paraguaná.

  Destaca el Cártel de los Soles, de amplia difusión a través de los medios de comunicación, integrado por parte del alto militar venezolano, que se dedica al tráfico de drogas a escala internacional.

Los terroristas

  Refiere que en los Estados Unidos hasta principios del siglo 21 se focalizaron en el terrorismo islámico suní, básicamente con Al Qaeda.

  Sin embargo, en Latinoamérica, gracias a las investigaciones que llevó a cabo el fiscal argentino, Alberto Nisman, especialista en de la causa AMIA, se evidenció la presencia de grupos iraníes y de Hezbolá en Centroamérica y Suramérica. Estos crearon una red que opera, principalmente, en Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela. Se sospecha de su presencia en otros países, pero la certeza es respecto a estos aquí señalados.

  Subraya que una de las investigaciones del fiscal Nisman condujo a Mohsen Rabbani, ex-agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, quien es uno de los sindicados de haber participado en el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en julio de 1994 con un saldo de 85 personas muertas.

   Según sostiene Iván Simonovis, Rabbani conformó una estructura que, en principio la integraban 13 delegados en la embajada de Irán en Argentina, pero que al momento de su retiro constaba de 67 delegados operando en toda Latinoamérica.

  Recordó que la República Islámica de Irán, de tendencia Chií, inició sus operaciones en el año 2006 en Venezuela, lo cual fue público y comunicacional, habiéndose firmado convenios de diferente tipo en los años 2010, 2012. Más recientemente, el mundo ha sido testigo de la llegada de 17 vuelos a Venezuela de la aerolínea Mahan Air que está asociada al traslado de la Fuerza Quds, una unidad de Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, la cual hasta el día de su fallecimiento, estaba comandada por el general Qasem Soleimani.

  Además de estos vuelos, también se sabe de los buques que arribaron a Venezuela con gasolina, “pero de los cuales no sabemos qué se llevaron del país, pues es casi imposible verificarlo en razón de que en cada oportunidad en que han venido, bien los barcos o bien los aviones, se implementa un plan de seguridad con un cerco de protección de 300 o 400 metros acordonamiento de las zonas del arribo en el que no se permiten fotografías, se les quitan los teléfonos a los funcionarios, así que todo es absolutamente secreto”.

  Igualmente, informó que ya es un hecho confirmado que en la Península de San Román se está instalando una base de operaciones para monitorear todas las comunicaciones que se produzcan al norte de Venezuela. De este modo, en 600 millas náuticas por aire o tierra, todo lo que se transmita será monitoreado por este centro de operaciones que cuenta con la presencia de personal iraní y ruso.

  También hay que resaltar la presencia del ala militar del partico chiita libanés Hezbolá, un grupo que, en por lo menos 18 países, es considerada como una organización terrorista.

  En el plano nacional, se encuentra Ghazi Nasr al Din, conocido como Ghazi Atef Nassereddine, quien es mano derecha de Tareck El Aissami, habiendo construido ambos una red de personas con identificación venezolana que operan en Europa y en el Medio Oriente.

  Se refirió también al caso de Hakim Mohamed Alí Diab Fattah, involucrado en los hechos terroristas del 11 de septiembre de 2001, quien fue detenido en Jordania por participar en unos ataques terroristas en el año 2015, portando un pasaporte venezolano. Este señor quedó en libertad porque se alegó que sufría de demencia, habiendo sido pagados sus abogados por el régimen venezolano.

La guerrilla

 La quinta estructura criminal que opera en Venezuela es la guerrilla, en primer lugar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que, aunque ya no operan como guerrilla en la nación neogranadina, ha hallado terreno fértil en Venezuela para su actividad criminal. “Estas personas circulan a lo largo y ancho del territorio venezolano, muchos de ellos con escolta y protección de primer nivel, incluso, de la policía. Sus traslados son también aéreos dentro y fuera del país, pues van y vienen a Cuba u otros destinos, tal como ha sido corroborado por organismos de inteligencia”.

  Entre los líderes guerrilleros a que hace mención Simonovis, está Iván Márquez, Romaña, “John 40”, el “Comandante Lucas”, quien se ha apoderado de Elorza y, Jesús Santrich, quien está en Caracas, en el “23 de Enero”, en el Bloque 41, piso 14. “Cuando digo que está en el ‘23 de Enero’, es porque se trata del lugar en que se encuentra la mayor parte del tiempo, con la protección de Valentín Santana y el Colectivo La Piedrita, pero eso no significa que no se mueva de allí, pues va a Bolívar, se mueve a la frontera, se mueve para reunirse con diputados del régimen. Mantiene una vida bastante activa, inclusive, va a Cuba y regresa”.

  Asegura que las FARC-EP es una organización que tiene 600 miembros contabilizados hasta ahora operando en Venezuela. Aclara que estas personas no son solamente de nacionalidad colombiana, pues ya muchos de sus integrantes son venezolanos, quienes reciben como pago entre 200 y 300 dólares mensuales, además de un teléfono celular. “Increíble esto en contraste con el salario de los policías, quienes reciben USD 10 al mes. Pero la FARC-EP recluta venezolanos y les paga entre USD 200 y USD 300 mensuales”.

  Recuerda que Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, estuvo al frente de esta organización, pero desde 2019, es Iván Márquez quien tiene el control. Las FARC-EP tiene fuerte presencia y se ha establecido en seis estados país, a saber Zulia, Barinas, Apure, Bolívar, Táchira y Amazonas. También incursionan en otros estados del país, pero no con la contundencia que lo han hecho en los anteriormente nombrados.

   Precisó que “John 40” es el encargado de manejar la explotación minera, básicamente el oro y el coltán. Igualmente, está a cargo del manejo de todas las rutas fluviales que permiten transportar droga al mercado interno de Brasil, Europa y África.

  Recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a varios generales y otros militares de alto rango de la Fuerza Armada de Venezuela por sus vínculos con la guerrilla colombiana. Se sabe con certeza, dijo, que Hugo Chávez se comprometió con los guerrilleros a suministrar el transporte necesario para que estos grupos terroristas continuaran con sus actividades. También está comprobado que el enlace entre el gobierno y la guerrilla para establecer esas relaciones fue Hugo “El Pollo” Carvajal.

  Entonces, Iván Simonovis pasa a referirse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus líderes Gustavo Giraldo alias “Pablito, Eliecer Chamorro, Antonio García, Rafael Granado o “Ramiro Vargas”, quienes mantienen aproximadamente 1.500 hombres en Venezuela y, al igual que las FARC, reclutan venezolanos para incorporarlos a la agrupación.

  El ELN tiene fuerte presencia en ocho estados de Venezuela: Zulia, Táchira, Falcón, Lara, Apure, Guárico, Bolívar y Amazonas. “Se sabe que en otros cuatro estados el ELN también hacen vida”.

  Al igual que la FARC-EP, sus actividades criminales son la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, la minería ilegal.  Revela que están muy vinculados al CLAP, pues son las que tienen el control del programa de alimentación en algunos sitios, incluso, por encima de las fuerzas militares.

“Un afectivo militar me comentó que en una oportunidad se acercó un agente del ELN para decirle que serían ellos los que a partir de ese momento se iban a encargar de la distribución de la gasolina. A ese nivel de penetración y de control llega el ELN”, comenta Simonovis.

  Advierte de la gran capacidad de fuego del ELN, pues además de tener 1.500 hombres en el territorio venezolano, son una organización que, a diferencia de las FARC, dirimen sus problemas a la fuerza.

  “No tienen la diplomacia que posee la FARC, inclusive con el régimen. Prueba de ello es que, en 2018, tres efectivos militares de la Guardia Nacional fallecieron y otros diez resultaron heridos en una emboscada del ELN. Esto ocurrió porque se había detenido a un ciudadano de nombre Luis Felipe Ortega Bernal, quien era líder del ELN. Hay pruebas contundentes de que esto es así, aun cuando Vladimir Padrino López y Jorge Arreaza insistan en que no hay guerrilla en Venezuela”.

  Sostiene que, tanto las FARC como el ELN, son la fuerzas militares no convencionales con las que cuenta el régimen de Nicolás Maduro, pues “están conscientes de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), está en una condición de minusvalía, su apresto operacional no sirve o se ha venido a menos, la gente está desmotivada y, a la final, porque la FANB, en su núcleo más importante, es gente respetuosa de las leyes y no arremetería contra el ciudadano común, algo que no le importa absolutamente nada al ELN ni a las FARC”.

  Hay dos organizaciones más, el Ejército de Liberación Popular (ELP), liderado por Luis Clavijo, con aproximadamente 300 miembros, con presencia principalmente en el estado Zulia. Sus actividades criminales son el narcotráfico, el contrabando de combustible y de ganado.

  Están también, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), llamados “Boliches”, la cual se ha tenido que plegar al ELN y a las FARC, porque no cuentan con más de 50 miembros y no tienen la capacidad ni la experiencia que tienen las demás guerrillas.

“Así que, para resumir, diría que el régimen de Nicolás Maduro hoy en día se ha asociado internacionalmente con los criminales y terroristas más importantes que existen, a los que el planeta les tiene miedo, porque ellos necesitan aliados de ese tipo para blindarse. Eso a lo externo, mientras a lo interno se valen de la guerrilla, del ELN y las FARC, para poder protegerse. Venezuela y sus 916 mil kilómetros cuadrados se han convertido en el asidero de las organizaciones criminales más importantes del mundo”, concluyó.