Juicio de Carlos Orense Azócar: Las relaciones entre el poder militar y el narcotráfico se exponen en una corte en NY

Por Maibort Petit

  En el marco del juicio del presunto narcotraficante venezolano, Carlos Orense Azócar, han salido a relucir elementos que confirman ―una vez más― que existe una amplia relación entre el crimen organizado transnacional y el régimen chavista. Van tres días de audiencias, desde este lunes cuando los fiscales federales de Estados Unidos y la defensa hicieron los argumentos de apertura frente al jurado en Nueva York.

  El 23 de abril de 2021, Carlos Orense Azócar, fue acusado mediante denuncia en el Distrito Sur de NY,  de la violación de las leyes de narcóticos y armas de fuego de Estados Unidos. El 13 de mayo de 2021, el acusado fue arrestado en Fronsinome, Italia. El 22 de junio de 2022  fue extraditado a Estados Unidos.

 Luego de haber entregado los argumentos de la acusación al jurado, se llamó al estrado al primer testigo: Romer José Boada González, narcotraficante convicto en Venezuela en 2006, y luego en Estados Unidos en 2016. Actualmente paga una condena de 135 meses de prisión en una cárcel de Miami. 

JUICIO DE CARLOS ORENSE AZÓCAR EN NYC

 Boada dijo que era pescador cuando empezó sus actividades en el narcotráfico. Le pagaban entre 15 mil a 20 mil dólares por cada envío que llevaba en una pequeña embarcación desde Venezuela a República Dominicana donde la entregaba a otros operadores. 

 El testigo de la fiscalía aseguró no tener conocimiento que la cocaína era enviada a Estados Unidos porque su rol era llevarla de Venezuela a República Dominicana. Este punto fue objeto de una moción de la defensa, y una disculpa pública en la sala de la corte porque cuando el abogado Eric J. Sarraga en una pregunta dijo que Boada había mentido en su acuerdo de culpabilidad en relación al destino final de la cocaína pero luego se aclaró que no ni fue así.

 Boada describió escenas cuando estaba en su embarcación y fueron arrestados por agentes de la guardia costera que los llevaron ante las autoridades de República Dominicana para ser procesados y enviados a Estados Unidos. Junto a Boada estaban en el barco que transportaba la cocaína un tal Nervis Rafael Suárez (venezolano), Hermán Arias Escobar (colombiano), entre otros. 

  Romel José Boada se declaró culpable en Miami y desde el 2016 paga condena. Durante la pandemia, los abogados del testigo intentaron lograr su liberación por razones humanitarias, alegando que estaba enfermo pero el tribunal negó la petición y fue entonces cuando logró acuerdos con la fiscalía.

  La defensa explicó en el contrainterrogatorio que Boada fue interceptado por dos sujetos cuando estaba en la cárcel, uno de ellos es, supuestamente un sobrino de Carlos Orense Azócar que habría sido el primero en hablarle del acusado, comentándole que estaba allí por su culpa. Un segundo individuo le habló sobre el mismo tema al poco tiempo.

 La defensa buscaba acabar con la credibilidad del testigo de la fiscalía ante el jurado, haciendo varias preguntas para que Boada cayera en varias contradicciones, incluyendo admitir que no tenía clara muchas de las aseveraciones que hacía el abogado defensor de Azócar. 

 Por su parte, la fiscalía empujó en todo momento los elementos que según los fiscales evidencian que Boada estuvo asociado con Azócar y que tenía conocimiento de las relaciones que tiene el acusado con los envíos de cocaína a los Estados Unidos y otras operaciones que violan las leyes norteamericanas.

  El segundo testigo de la fiscalía responde al nombre de Antonio Arvelaez, un narcotraficante que se declaró culpable y ahora colabora con los justicia. Arvelaez dijo tener una larga relación con Carlos Orense Azócar, ya que empezó como su conductor por años, lo que le permitió conocer las actividades del acusado, las relaciones y los movimientos, luego pasó a ser su guardaespalda con lo cual se acercó más al entorno del demandado y posteriormente pasó a formar parte de la organización criminal.

 Según Arvelaez, el acusado es responsable del envío de más de 100 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El tráfico no se limitaba a las drogas sino que incluía también rifles de asalto.

 Una de las más llamativas declaraciones del segundo testigo de los fiscales es la relación que presuntamente tiene el acusado con el exjefe de Inteligencia del régimen venezolano, Hugo Carvajal Barrios, un exgeneral que también está siendo procesado por delitos de narcoterrorismo en Nueva York.

 De acuerdo al testimonio, Hugo Carvajal Barrios le habría permitido a la organización criminal de Azócar  atravesar el territorio con los cargamentos, además de haberle vehículos para cubrir las actividades de trasiego de drogas.  

 Otro narcotraficante que fue mencionado por Arvelaez es Wilber Varela, alias Jabón, quien fue líder del cártel del Norte del Valle de Colombia y le dieron de baja en Mérida, Venezuela el 30 de enero de 2008. Los EE. UU. estaban buscando a Jabón y ofrecían una recompensa por su captura de $5 millones. 

 Arvelaez aseguró durante el interrogatorio de la fiscalía que el acusado tenía una finca en Zaraza, estado Guárico y otras propiedades que incluían un inmueble en Caracas. 

El dilema del iPhone negro

  Cuando Carlos Orense Azócar fue arrestado en Italia,  tenía bajo custodia y control un iPhone negro. Los agentes del orden italianos confiscaron y extrajeron información del iPhone sin orden judicial.

  La confiscación calificada por la defensa como ilegal ilegal ha sido objeto de una moción durante el juicio por parte de Orense Azócar que ha pedido que los hallazgos en ese teléfono no sean usados. Sin embargo, vale la pena destacar que el 24 de octubre de 2023, de conformidad con la Fed. R. Crim. P. 41, el agente especial Matthew S. Passmore de la DEA, presentó una solicitud para una orden de registro e incautación. 

  Los fiscales advirtieron que todos los hechos expuestos en la solicitud contenían eventos conocidos por las fuerzas del orden al recibir el iPhone de las autoridades italianas. 

  El 24 de octubre de 2023 el tribunal concedió la solicitud del gobierno de Estados Unidos y emitió una orden de registro (23 MAG 6930) que autorizó una extracción forense del iPhone el 7 de noviembre de 2023. 

  Los fiscales informaron a los abogados de Orense Azócar ese mismo 24 de octubre a las 21:31 horas, sobre el uso del dispositivo y el 17 de noviembre de 2023, el gobierno proporcionó una lista de pruebas que establece varios elementos extraídos del iPhone que intentan presentar como prueba durante el juicio.

  Los representantes legales de Orense Azócar pretende suprimir la extracción del teléfono del iPhone negro alegando  una demora irrazonable de la DEA antes de solicitar una orden judicial para registrar el iPhone violó la Cuarta Enmienda. 

Frente a esta moción, los fiscales pidieron al  Tribunal  celebrar una audiencia probatoria con el agente especial Passmore para determinar si la demora en la obtención de una orden de registro no fue razonable.

Expectativas sobre los días por venir

 Los fiscales han señalado en los argumentos de apertura que su trabajo se focalizará en demostrar que Orense Azócar  conspiró para llevar toneladas de cocaína a Estados Unidos, y esencialmente cómo el demandado pagó sobornos a los militares venezolanos de alto perfil a cambio de protección y seguridad para sus operaciones de narcotráfico.

  Los fiscales presentarán  testigos cooperantes, uno de los cuales ofreció a la justicia detalles sobre la participación de un ex director ejecutivo de  CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EE. UU. en una trama que permitió blanquear dinero.

  Orense se declaró inocente de tres cargos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión criminal de armas.

  En la sala 518 de la corte neoyorquina, donde se realizan las audiencias la defensa advierte que el juicio se basa en cuentos de narcos, y que la fiscalía no tiene pruebas para demostrar, más allá de la duda razonable. Los familiares del acusado van más allá y sostiene que todo parece una película de Hollywood, que los fiscales están asustados y que el caso se caerá. Los agentes del gobierno, obviamente, opinan lo contrario.

 Se especuló que Hugo Carvajal Barrios aparecería en escena pero ese rumor se disipó de inmediato al recordar que el exjefe de espías está en un proceso que busca ir a un juicio con jurado, y si bien hay varios expertos que esperan que se declare culpable y coopere con la justicia, hasta el momento no se llegado a ninguna negociación, ni se hablar de ello en el expediente.

  Los fiscales dijeron en la apertura del juicio que el acusado que Orense trabajó con un exjefe de inteligencia procesado en EE. UU., y la descripción corresponde a Hugo Carvajal.

  Según documentos de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Orense, alias “El Gordo” trabajó conjuntamente con miembros del denominado Cartel de Los Soles y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para enviar aviones y embarcaciones cargadas de cocaína a Centroamérica y puntos de transbordo en El Caribe para luego llevar los cargamentos de droga hasta Estados Unidos.

“Durante más de una década, el acusado trabajó con otros narcotraficantes de gran escala en Venezuela y otros lugares para importar decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos”, dice una moción del gobierno. 

“Para consolidar una operación de distribución de cocaína de escala masiva, el acusado se asoció y sobornó a oficiales militares venezolanos de alto rango que protegieron y facilitaron el transporte de sus cargas de cocaína a través de Venezuela”.

 En la trama descrita por los fiscales, se señala que el acusado organizó el transporte por avión y barco de la cocaína a través de Centroamérica y México, así como por el Caribe, incluyendo República Dominicana, las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico, para que la cocaína pudiera ser llevada hasta Estados Unidos, con lo cual  violaron las leyes norteamericanas contra el tráfico de estupefacientes.

  De acuerdo a los fiscales, Orense Azócar también trabajó estrechamente con un funcionario de alto rango de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de Venezuela, que según las menciones es Pedro Luis Marín Olivares.

Juicio en NY contra el narcotraficante venezolano, Carlos Orense Azócar, alias "El Gordo", empezará el 27 de noviembre de 2023

  Los miembros del célebre cártel de los Soles, cuya existencia es negada por algunos operadores del régimen chavista, continúan siendo protagonistas de procesamientos judiciales en EE. UU. Desde Cliver Alcalá Cordones hasta el Pollo Carvajal, los narcos venezolanos se sientan en el banquillo de los acusados para dejar conocer sus historias en los tribunales norteamericanos.

Por Maibort Petit

  El cártel de Los Soles es una realidad. Está integrado por militares de alto rango de Venezuela que, durante años, han estado involucrados en el narcotráfico hacia Estados Unidos. Una de las piezas claves en su estructura logísticas será juzgado el 27 de noviembre de 2023 la Corte del Distrito Sur de Nueva York: Carlos Eduardo Orense Azócar, alias “El Gordo” será procesado por cuatro cargos de narcotráfico y posesión de armas.

  El caso de Orense Azócar tiene un calendario ratificado por el juez Vernon S. Broderick, quien ordenó que la audiencia previa a la sentencia se realice el 14 de noviembre, el 20  noviembre se entregarán los detalles y juicio con jurado se iniciará el 27 de ese mismo mes.

Detención del narcotraficante

  Luego de haber sido detenido en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone, Italia, en mayo de 2021, Orense Azócar fue extraditado en junio de 2022 atendiendo a un pedido del gobierno de EE. UU. formulado un año antes. Su primera comparecencia ante la justicia estadounidense fue el 23 de junio de este 2022 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se declaró inocente de cuatro cargos de narcotráfico.

  Específicamente, se le señala de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].

   Durante esta primera cita con la justicia de EE. UU., el acusado se declaró insolvente, por lo que la juez Valerie Figueredo, revisó su declaración financiera jurada y le designó un defensor público. Del mismo modo, el caso se remitió al juez de distrito Vernon S. Broderick[2].

  Según a la información que se maneja proveniente de fuentes policiales venezolanas, Carlos Orense Azócar dentro de la estructura del Cártel de los Soles estaba encargado de coordinar los envíos, de la logística del dinero, así como del envío de la droga al exterior. Este hombre habría manejado alrededor de 40 por ciento de las 40 toneladas que supuestamente moviliza el cartel.

Los antecedentes de “El Gordo”

  El historial de Carlos Eduardo Orense Azócar siempre ha estado ligado a lo irregular, por cuanto en su haber este hombre, quien trabajó en el Ministerio de Finanzas en 1989, enfrentó una demanda que le entabló un banco privado en enero de 2011 por el impago de una deuda por tarjetas de crédito. Por este hecho, el Juzgado del Área Metropolitana de Caracas le dictó prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble del que era propietario.

  Del mismo modo, fue al banquillo de los acusados por la muerte de quien era señalado como su socio, Carlos Ramón Cedeño. El hecho ocurrió el 20 de noviembre de 2011, en El Tigre, estado Anzoátegui, caso, cuando en medio de una riña “El Gordo” mató a Cedeño y luego alegó defensa propia. Consiguió beneficios procesales y no cumplió su condena completa.

 Se habría desempeñado como interventor de aduanas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y también habría trabajado bajo las órdenes del exdirector de contrainteligencia de la vieja Disip, Pedro Luis Martín Olivares, quien es señalado de la comisión hechos de narcotráfico[3].

 La acusación que Estados Unidos le formula sostiene que habría conspirado para importar droga a territorio estadounidense a través de una trama criminal que operó en Venezuela, Colombia, República Dominicana y México entre los años 2003 y 2021.

Su papel en el Cartel de los Soles

 Como se sabe, el Cártel de los Soles es una organización criminal integrada por militares y altos funcionarios gubernamentales del régimen chavista, teniendo entre sus cabecillas, a Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, como figuras principales. Según los datos que hasta la fecha se manejan en los órganos de investigación estadounidenses, el Cartel de los Soles estaría integrado por “17 generales venezolanos en activo y con altos cargos, cuatro exministros del chavismo, seis jueces, una larga lista de funcionarios de la administración pública y cinco acaudalados empresarios que se pusieron al servicio del narcotráfico”.

  Versiones de prensa señalan que Carlos Orense Azócar dentro del Cartel de los Soles trabajaría con Pedro Luis Martín Olivares y Hugo “El Pollo” Carvajal, el primero de ellos, responsable de la logística de la organización criminal. Por ello, su aprehensión y extradición a los EE. UU. supondría un gran peligro para Diosdado Cabello en razón de la información que maneja[4].

“El Gordo”, refieren las investigaciones, desde su posición como colaborador en las operaciones del cártel, habría ayudado a legitimar dinero de Tareck El Aissami en alianza con Samark López Bello, tenido como uno de sus testaferros.

  Carlos Orense Azócar supuestamente fue conectado con Tareck El Aissami cuando se desempeñaba como ministro del interior entre los años 2008 y 2012, a través del exjefe de inteligencia financiera de la policía política venezolana, Pedro Luis Martín Olivares, y del general Hugo Carvajal. Mediante esta conexión, “El Gordo” también estrechó su vínculo con Walid Makled.

  Toda esta estructura que lo ligaba a los servicios de inteligencia, le habría permitido a Carlos Orense Azócar, operar desde una oficina en la sede del Sebin ubicada en El Helicoide. Habría sido de esta manera como, presuntamente, trabajó con capos colombianos en el traslado de droga por vía terrestre al centro del territorio venezolano con protección del referido servicio de inteligencia y de la Guardia Nacional.

  Esta conexión con El Pollo Carvajal y Martín Olivares, le permitió a Carlos Orense Azócar manejar el envío de cocaína a República Dominicana a través de lanchas, así como el paso de la droga entre Colombia y Venezuela por aire y tierra. La finca “Los Garañones” en Guárico habría sido centro de despacho de por lo menos ocho cargamentos.

“El Gordo” también está ligado a una empresa de energía con sede en Nueva York, la cual le permitió, de acuerdo a las investigaciones, obtener contratos de suministro para PDVSA y, al mismo tiempo, camuflar el dinero ilícito de las operaciones de narcotráfico entre 2004 y 2009. Se determinó que la asignación de contratos a la empresa energética ligada a Carlos Orense Azócar, fue posible gracias a su relación con el entonces presidente de CITGO, Luis Marín. El otro respaldo necesario para llevar a cabo estas operaciones y obtener los pagos de la filial de la estatal petrolera venezolana, habría sido Eudomario Carruyo, expresidente de finanzas de Petróleos de Venezuela.

 Otro apoyo necesario a Orense Azócar provino supuestamente de la oficina de identificación venezolana, Saime, donde se les suministraron pasaportes a los diversos grupos para legitimar el dinero del narcotráfico con colaboración del Banco Peravia de República Dominicana[5].

  Tocará ahora que la fiscalía de los Estados Unidos pruebe todas estas acusaciones contra Carlos Eduardo Orense Azócar en el proceso judicial que se le prosigue en los tribunales norteamericanos.

[1] Venezuela Política. “Narcotraficante venezolano alias ‘El Gordo’ se declara no culpable en un tribunal de Nueva York". 24 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/narcotraficante-venezolanos-alias-el.html

[2] https://cvvnews.com/the-fall-of-carlos-orense-azocar-the-drug-trafficker-linked-to-chavismo/ The fall of Carlos Orense Azocar, the drug trafficker linked to Chavismo

[3] Suprema Injusticia. “Presunto operador del Cártel de Los Soles está en manos de justicia de EEUU”. 13 de julio de 2022. https://supremainjusticia.org/presunto-operador-carte-de-los-soles/

[4] https://cvvnews.com/the-fall-of-carlos-orense-azocar-the-drug-trafficker-linked-to-chavismo/

[5] Diario Las Américas. “El imperio del narcotráfico estuvo al servicio de Hugo Chávez”. 8 de junio de 2018. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/el-imperio-del-narcotrafico-estuvo-al-servicio-hugo-chavez-n4152829/amp

 

¿ Por qué la justicia de los EE. UU. levantó los cargos de narcotráfico y terroristas al general, Clíver Alcalá Cordones?

Por Maibort Petit

    El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acordó retirar los cargos por delitos de terrorismo y narcotráfico al ex-general venezolano, Clíver Alcalá Cordones, acusado de ser parte del Cártel de los Soles y de haber tenido una carrera criminal por más de dos décadas. El militar chavista sólo se hizo responsable de delitos menores, y será sentenciado en los próximos meses.

  En una comunicación el gobierno de los Estados Unidos informó a la corte que la fiscalía renuncia a la acusación hecha en 2011 contra Cliver Alcalá Cordones, por los cargos de terrorismo y narcotráfico. Asimismo, se señala que habrá una audiencia donde el militar venezolano se declarará culpable de delitos menores, como resultado de una negociación que firmó con los fiscales federales de Nueva York.

  Fuentes cercanas al caso en Nueva York informaron a Venezuela Política que la defensa de Alcalá llegó a un acuerdo con los fiscales luego de años de negociación. El exgeneral chavista ya había colaborado con la justicia de EE. UU. luego del fallecimiento de Hugo Chávez, pero las colaboraciones no lograron llegar a una conciliación satisfactoria entre 2013-2014.

   La razón detrás de la decisión de los fiscales incluyen interés de la justicia y colaboración con los fiscales.

  La acusación contra el militar venezolano se produjo el 26 de marzo de 2020, cuando se le señaló de conspiración para cometer narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína; y cargos relacionados con armas de fuego.

  El caso contra Alcalá Cordones se enmarca dentro de una acusación que el gobierno de los Estados Unidos formuló contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos, entre ellos el referido oficial, de quien se dice fungía como uno de sus lugartenientes que actuaban para “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”.

 Además de Maduro y Alcalá Cordones, la acusación contempla a elementos emblemáticos del chavismo, tales como Diosdado Cabello y Hugo Carvajal, señalados de ser líderes del Cártel de los Soles.

 Los cargos por los cuales el 5 de marzo de 2020, un gran jurado acusó a Alcalá Cordones, son (1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, en violación de U.S.C. § 960a; (2) participar en una conspiración de importación de cocaína, en violación de 21 U.S.C. § 963; (3) posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, 18 U.S.C. §§ 924(c)(1)(A), 924(c)(1)(B)(ii), 2; y (4) conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924(o).

  Tras ser acusado en 2020, y que el gobierno de EE. UU. pusiera una recompensa por su captura de $10 millones de dólares, Alcalá Cordones se entregó a las autoridades estadounidenses en Bogotá, Colombia. Actualmente se encuentra en una prisión del Condado de Westchester en las afueras de la ciudad de Nueva York a la espera de su sentencia.

 

 En la comunicación de la corte, los fiscales señalan que renuncian a la acusación de los siguientes cargos:

1. Desde al menos el 2006, Cliver Alcalá Cordones fue acusado de ayudar, proporcionar e instigar la provisión de materiales a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) a sabiendas que era un delito castigado por las leyes de lo Estados Unidos. El delito fue iniciado y cometido fuera del jurisdicción de cualquier estado o distrito en particular de los Estados Unidos. Cliver Antonio Alcalá Cordones, el acusado, se encuentra arrestado en el Distrito Sur de Nueva York.

  El demandado cometió un delito establecido en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2339A(b), a saber, propiedad, servicios, armas, explosivos y personal a una organización terrorista extranjera, a saber, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designada por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, de conformidad con la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

  Alcalá Cordones cometió el delito a sabiendas que las FARC estaban designadas como una organización terrorista (como se define en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2339=B.

2) Cargo 2: Recepción y Transferencia de Armas de Fuego para Uso en un Delito Federal de Terrorismo

  El fiscal de los Estados Unidos acusó a Cliver Alcalá Cordones de recibir y transferir armas de fuego, sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que tales armas de fuego se utilizarían para cometer un delito federal de terrorismo, tal como se define en el Título 18, United States Código de los Estados Unidos, Sección 2332-b (g)(5)), a saber, la provisión de apoyo material y recursos a las FARC acusaron en el Primer Cargo de esta Información, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924(h).

  Según las fuentes consultadas, la negociación de Alcalá Cordones con los fiscales incluye información de hechos que ocurrieron en la primera década del siglo XXI.

  La defensa había alegado en 2022 que Alcalá Cordones había actuado en intentos de sacar del poder a Nicolás Maduro, en una acción que fue conocida por la prensa como Operación Gedeón. Asimismo, el exmilitar ofrecido información de eventos ocurridos durante la administración de Nicolás Maduro.

 Según ha manifestado Alcalá Cordones ante la corte, carece de fondos para pagar su defensa, por lo cual el juez aprobó un abogado de oficio para el proceso que enfrenta desde 2020.

  En Estados Unidos más de un 97 por ciento de las personas que son acusadas de delitos de narcotráfico se declaran culpables para obtener una condena menos severa. En el caso de decidir colaborar con los fiscales, los beneficios son mayores, incluyendo un estatus migratorio para permanecer en territorio norteamericano con su familia, con otra identidad, etc.

La Inmunidad

  Cliver Alcalá Cordones había pedido al tribunal que se reconociera la inmunidad de que supuestamente estaba investido cuando cometió de los delitos de narcoterrorismo que se le imputaron los fiscales.

  El 17 de marzo de 2022, Alvin K. Hellerstein, juez del Distrito Sur de Nueva York, negó una moción para desestimar la acusación en su contra bajo la doctrina de la inmunidad oficial extranjera presentada por Cliver Antonio Alcalá Cordones.

 Alcalá se hace responsable únicamente de los delitos relacionados con las armas. Hasta el momento no se puede determinar a cuántos años de prisión podría ser sentenciado el militar.

    

    

Fijan fecha del juicio contra Carlos Orense Azócar, alias "El Gordo", acusado de ser parte del Cártel de los Soles

Por Maibort Petit

  El juez Vernon S. Broderick, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que la selección del jurado para el juicio contra Carlos Orense Azócar, alias “El Gordo”, se realizará el 20 de noviembre de 2023 y el proceso se iniciará el 27 de ese mismo mes. El venezolano está acusado de delitos de narcotráfico por su supuesto papel en la logística de las operaciones del Cártel de los Soles.

  El juez Broderick advirtió que el tiempo otorgado busca que, por un lado, el gobierno proceda a la producción de documentos del descubrimiento y, por el otro, la defensa pueda proceder a analizarlos y estructurar el caso.

“El Gordo” es acusado de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].

  Carlos Orense Azócar fue extraditado a Estados Unidos en junio del presente año 2022, luego de permanecer durante un año detenido en Italia, donde fue aprehendido en mayo de 2021 cuando estaba en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone.

  De acuerdo a los fiscales norteamericanos, Orense Azócar participó en una empresa criminal desde 2003 hasta 2021, en Venezuela, Colombia, República Dominicana y México junto a otros conspiradores que violaron las leyes norteamericanas contra el tráfico de estupefacientes.

 La próxima cita es el 3 de noviembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es enjuiciado.

 Azócar enfrenta cadena perpetua si es hallado culpable de los cargos interpuestos en su contra por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

 

Continúa el contrapunteo entre Cliver Alcalá Cordones y la fiscalía por entrega de pruebas que supuestamente lo exculparían

  El gobierno sostiene que al militar venezolano se le han entregado todas las evidencias que ha pedido y aún más.

Por Maibort Petit

    En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Clíver Alcalá Cordones, acusado de crímenes de narcoterrorismo, sigue en la brega para que la fiscalía haga entrega de unas supuestas evidencias que, según su defensa, 'lo exculparían' de los delitos que se le imputan y, más aún, demostrarían su divorcio del régimen de Nicolás Maduro, su oposición al mismo y las acciones que ha llevado a cabo para que se concrete el fin de la dictadura venezolana.

  El 11 de octubre de 2022, el Fiscal de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, a través de sus fiscales auxiliares, Kaylan E. Lasky y Kyle A. Wirshba, remitió al juez, Alvin K. Hellerstein, las versiones redactadas de los memorandos de ley pertinentes para el expediente público del caso que se ventila en dicha instancia judicial entre los Estados Unidos y Clíver Antonio Alcalá Cordones.

  El gobierno refirió al magistrado que Alcalá Cordones presentó el 11 de mayo de 2022 una moción sellada cuya respuesta de la fiscalía en oposición, también sellada, fue entregada al tribunal el 15 de junio de 2022.

La moción sellada de Alcalá Cordones

  El 11 de mayo de 2022, los abogados de Clíver Alcalá Cordones, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, un Memorándum de ley en apoyo de la moción renovada por el solicitada para la producción de material de conformidad con Brady v. Maryland y la Regla Federal de Procedimiento Penal 5(F).

   El acusado insiste en que la Corte debe obligar a la fiscalía a cumplir con lo establecido en la norma. Refiere que es necesario que el gobierno presente la evidencia de demuestra la hostilidad y la rebelión armada del general Alcalá Cordones contra Nicolás Maduro y sus otros presuntos cómplices, pues el material, a juicio de la defensa, demostraría que el acusado se retiró de la conspiración acusada en 2014. Se trata de pruebas exculpatorias que la fiscalía debe entregar.

  Recuerdan que Alcalá Cordones se retiró del ejército en julio de 2013, tras 30 años de servicio y luego de que se produjera la muerte de Hugo Chávez en marzo de dicho año. Luego de eso, anunció públicamente su antipatía con el régimen de Maduro y, poco después, en 2014, se sumó a la sociedad civil que se oponía abiertamente al gobierno. En 2017, se comprometió en derrocar a Maduro mediante una insurrección armada y, entre ese año y 2020 mantuvo varias reuniones con oficiales de la CIA y oficiales de inteligencia colombianos para discutir la referida revuelta.

  Se indica en el memorándum que la acusación original de este caso fue presentada en 2011 únicamente contra Hugo Carvajal, a quien se señaló de participar en una conspiración de narcóticos. 

  En 2019, una acusación de reemplazo seguía solamente demandando a “El Pollo”. Entretanto, Alcalá Cordones seguía participando en complot contra Maduro. 

  El 5 de marzo de 2020, una segunda acusación de reemplazo incluye en la conspiración de narcotráfico y delitos conexos a Cliver Alcalá Cordones, junto a otros imputados. En esta segunda acusación se dice que el demandado participó en una conspiración de narcoterrorismo que contemplaba más de 20 años y lo señaló de formar parte del Cartel de los Soles. Sin embargo, a pesar de contemplar 21 años de conspiración, los abogados refieren que a su cliente sólo se menciona una vez en 2008, cuando junto a Diosdado Cabello y Hugo Carvajal, habría participado de una reunión en la que se le encomendaron labores adicionales de coordinación del referido Cartel de los Soles.

  Refiere en memorándum que el 30 de octubre de 2020, el tribunal ordenó la entrega de material según Brady, pero hasta la fecha solamente se ha hecho revelaciones parciales de hechos comprendidos entre 2016 y 2020 a la defensa.

 Se indica que el 22 de noviembre de 2021, el General Alcalá Cordones demandó del gobierno material Brady sobre testigos y miembros del gobierno de EE. UU. que conocían su participación en dos intentos de golpe, así como la planificación de un tercero, contra el gobierno de Maduro. 

  Luego, el 28 de enero de 2022 presentó mociones previas al juicio que incluían el material Brady y el 17 de marzo de 2022 la corte denegó la primera moción argumentando que no era necesaria una orden porque el gobierno parecía estar cumpliendo con sus obligaciones. 

  Después, el 29 de marzo de 2022 mantuvo una reunión con el tribunal ex parte  sobre la solicitud pendiente del gobierno de una orden de protección de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada. A raíz de esto, Alcalá Cordones presentó la actual moción renovada  para la divulgación del material Brady en posesión del gobierno el cual comprobaría su retiro, en caso de que así fuere, como resultado de su oposición al régimen de Nicolás Maduro.

  Entre otros materiales no divulgados, Cliver Alcalá Cordones exige a la fiscalía toda la documentación de la reunión del 13 de noviembre de 2013 entre el acusado y el agente de la DEA, Slade Searight, en Madrid; así como de la reunión del 23 de julio de 2014 con el fiscal Michael Lockard y los Agentes de la DEA Sandalio González y Gregg Mervis en Bogotá, Colombia.

La oposición del gobierno

  La fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, a través de los fiscales auxiliares, Kyle A. Wirshba y Kaylan E. Lasky, presentó un memorandum en oposición a la moción de Clíver Alcalá Cordones.

  El gobierno sostiene que el acusado está equivocado, primero, porque la conspiración de narcoterrorismo imputada tiene un plazo de prescripción de al menos ocho años y no de cinco años. Por ello, sostiene la fiscalía, aunque Alcalá se hubiera retirado de la conspiración en 2014, seguiría siendo culpable de de la conspiración de narcoterrorismo. 

  Asimismo, la fiscalía asegura que ha cumplido y superado sus obligaciones en lo atinente a la presentación de pruebas, tanto por la norma como Brady y otras, pues al demandado se le proporcionó material de varios casos acusados diferentes, de una investigación en curso por parte de la fiscalía para el Distrito Sur de Florida y de cada una de las reuniones del demandado con agentes de la DEA y fiscales.

  El gobierno advirtió que el material solicitado por Cliver Alcalá Cordones no está en posesión de los fiscales acusadores ni de ninguna agencia que haya participado en las investigaciones, por lo que el tribunal debe denegar la petición del acusado.

  El memorando de oposición refiere que los cargos de la acusación tienen que ver con hechos ocurridos en los que los acusado participaron entre 1999 y 2020 y en los que están involucrados el Cartel de los Soles y las FARC.

  Del mismo modo, el gobierno advierte que en la Oposición del Gobierno a las Mociones Previa al Juicio queda establecido el papel de líder de Cliver Alcalá Cordones en el Cartel de los Soles, lo que contemplaba el brindarle seguridad a Luciano Marín Arango alias  “Iván Márquez”, uno de los más altos cargos de las FARC. 

 Además, los fiscales dicen que la evidencia deja clara la participación de Alcalá en varias reuniones con otros integrantes del referido cartel y con narcotraficantes asociados al grupo terrorista colombiano. En esos encuentros se planificó cómo el Cartel de los Soles cooperaría con las FARC en las actividades de narcotráfico y, además, conspiraron para suministrar armas a dichos terroristas.

  El gobierno hizo un largo recuento de la entrega del descubrimiento a la defensa y de las distintas diligencias que se han desarrollado en el proceso judicial.

  La fiscalía especificó, respecto al material solicitado por la defensa, que el 4 de septiembre de 2020, presentó notas de una reunión del 16 de julio de 2014 entre Alcalá, sus abogados, agentes de la DEA y fiscales de Nueva York; el 13 de junio de 2020, entregó notas de la reunión del 13 de noviembre de 2013 con agentes de la DEA en Madrid. También se produjo un informe de la DEA de una reunión de Alcalá y la DEA el 7 de abril de 2014.

 En esos encuentros el acusado negó su participación en el narcotráfico, pero los registros muestran su admisión de tener relación con las FARC y de asistir a una reunión de Marín y Hugo Carvajal. Allí Carvajal ofreció lanzacohetes a las FARC y unos 15 días después de esto, Carvajal entregó lanzacohetes a Alcalá, quien a su vez los entregó a las FARC.

  La fiscalía pidió que el tribunal desestime el pedido de Cliver Alcalá Cordones.

 

Aplazan para octubre la conferencia de estado de la causa contra el narcotraficante Carlos Orense Azócar, alias “El Gordo”, ligado al cártel de los Soles

  El juez de la causa aprobó la prórroga a objeto de que el gobierno produzca el descubrimiento y la defensa pueda instrumentar el caso.

Por Maibort Petit

  El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York prorrogó hasta el 5 de octubre de 2022, la conferencia de estado de la causa en la que la Fiscalía acusa a Carlos Eduardo Orense Azócar, alias “El Gordo”, de delitos de narcotráfico por su supuesto papel en la logística de las operaciones del Cártel de los Soles. El tiempo otorgado busca que, por un lado, el gobierno proceda a la producción de documentos del descubrimiento y, por el otro, la defensa pueda proceder a analizarlos y estructurar el caso.

  “El Gordo” es acusado de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].

  Carlos Orense Azócar fue extraditado a Estados Unidos en junio del presente año 2022, luego de permanecer durante un año detenido en Italia, donde fue aprehendido en mayo de 2021 cuando estaba en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone.

 A continuación, presentamos las últimas diligencias judiciales del caso.

Suministro de evidencias

  El 8 de junio de 2021, Benjamín Woodside Schrier, asistente de la para entonces Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Kevin Nathaniel Fox, emitir una orden de apertura limitada que le permitiera al gobierno entregar documentos a fuerzas del orden extranjero y otras autoridades gubernamentales relacionadas con la extradición de Carlos Orense Azócar.

   Tal como lo solicitó el fiscal, así lo ordenó el juez Fox.

 Tribunal ordena entregar evidencia a la defensa

  El 23 de junio del presente 2022, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Valerie Figueredo, ordenó a la fiscalía revelar a la defensa de Carlos Orense Azócar —sea demandada por esta o no— a objeto de que pueda hacer uso de ella para la preparación del caso.

La orden contempla tanto la información manejada por el gobierno para el momento de emitida la decisión, como a futuro, advirtiendo que la divulgación debe llevarse a cabo tan pronto se tenga conocimiento de la misma.

  La juez hizo la salvedad de que en caso de que la fiscalía estime que la divulgación de alguna información en virtud de esta orden, comprometa la seguridad de los testigos, los derechos de las víctimas o la seguridad nacional, se deberá solicitar al tribunal la revisión en cámara o la retención o sometimiento a una orden de protección, bien de toda la información o de parte de ella.

  Recordó que el gobierno está obligado a buscar toda la información del caso entre los fiscales federales, estatales o locales, así como de cualquier agencia que haya estado relacionado con la investigación que llevó al enjuiciamiento de Carlos Orense Azócar.

  Valerie Figueredo advirtió que el no cumplimiento de la orden podría conllevar a que la Corte establezca los términos y condiciones de la producción de la información; imponer sanciones probatorias; declarar desacato u otra sanción a cualquier responsable; desestimar los cargos antes del juicio o anular la condena después del juicio.

Pedido suspensión de conferencia previa al juicio

  El 18 de agosto de 2022, Kaylan E. Lasky y Kyle A. Wirshba, asistentes del fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, solicitaron al juez del distrito homónimo, Vernon S. Broderick, pidieron la suspensión por 45 días de la conferencia previa al juicio de la causa en la que los Estados Unidos demandan a Carlos Orense Azócar que estaba programada para el 22 de agosto del referido 2022.

  El pedido respondía al propósito de que las partes sigan discutiendo una posible disposición previa al juicio y asistir al descubrimiento antes de la comparecencia.

  Al día siguiente, 19 de agosto de 2022, aplazó la conferencia de estado para el 5 de octubre de 2022 a las 3 de la tarde, otorgando así a las partes el tiempo que requieren para producir y revisar el descubrimiento.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Narcotraficante venezolano alias ‘El Gordo’ se declara no culpable en un tribunal de Nueva York". 24 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/narcotraficante-venezolanos-alias-el.html

El caso de Clíver Alcalá Cordones pretende ser usado para desprestigiar el sistema de justicia de EE. UU., fiscales entregan a la defensa 105 gigabytes de evidencias contra el militar

   La Fiscalía neoyorquina advierte que se protege la información de seguridad nacional que no involucra a Clíver Alcalá Cordones en los delitos que se le imputan. 

Por Maibort Petit

   El laboratorio de propaganda del régimen venezolano continúan usando las mociones de la defensa del caso del militar retirado, Clíver Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo, para atacar al sistema de justicia de los Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos que han hechos varios agentes en los medios, los fiscales federales han anunciado en la corte que el caso contra el presunto miembro del cártel de los Soles está blindado con voluminosa información y que hasta al momento han entregados a la defensa unos 105 gigabytes de evidencias con las que buscarán probar, más allá de la duda razonable la culpabilidad del acusado.

  El gobierno de Estados Unidos le recordó a la defensa que en el voluminoso descubriendo entregado de acuerdo a lo establecido en el tribunal y las leyes norteamericanas hay de datos en información suficiente para conocer los cargos en su contra” y “evitar sorpresas perjudiciales”.

    La defensa de Clíver Alcalá Cordones expresó su desacuerdo ante la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y el juez Alvin K. Hellerstein de ordenar la no divulgación del material clasificado manejado en el proceso judicial del exmilitar. Vale la pena destacar que el sello de evidencias y material clasificado es un procedimiento ordinario en expedientes de narcotráfico y terrorismo, y siempre se aplica para proteger a la información, los testigos y las pruebas y evitar que las mismas caigan en manos de las  organizaciones criminales a las que pertenecen los acusados, en este caso del Cártel de los Soles.

 La defensa insistió en que existen datos en este material que pudiera favorecer al acusado, pero la fiscalía consiguió que el juez aprobara la moción basada en la ley que protege la información clasificada de seguridad nacional que involucra situaciones más allá de las señaladas al imputado.

La solicitud del fiscal

  El 8 de febrero de 2022, Damián Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a través de los fiscales auxiliares Jason Richman, Benjamín Woodside Schrier y Kyle A. Wirshba, remitió una comunicación a César de Castro, abogado de oficio de Clíver Alcalá Cordones para informarle que en esa misma fecha entregaron una presentación ex parte clasificada al juez de la causa, Alvin Hellerstein, de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada y la Regla Federal de Procedimiento Penal 16 (d), con respecto al descubrimiento clasificado del caso.

Le refirió que habían solicitado al magistrado una orden de protección de dicho material.

La decisión del juez

  El 9 de febrero, 2022, el juez de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, concedió la moción presentada por el gobierno a objeto de que la Corte conceda protección a la información que entregó con relación al caso que mantiene contra Clíver Alcalá Cordones.

   Se trata, como explica la decisión del magistrado, de la prueba documental y las declaraciones de varios funcionarios del gobierno que fue presentada ex parte, a puerta cerrada y a través del Oficial de Seguridad de la Información Clasificada el pasado 8 de febrero de 2022.

  La corte determinó que el escrito del gobierno contiene y describe información clasificada que requiere protección contra divulgación no autorizada. Igualmente, el juez encontró que se trata de secreto de estado.

  Por ello, Alvin K. Hellerstein acogió el criterio de la fiscalía de restringir lo que calificó como “Materiales clasificados eliminados”, dado que su divulgación causaría un daño grave a la seguridad nacional, además de que estimó que no necesitan ser revelados a la defensa.

  Igualmente, el juez determinó que el gobierno presente a la defensa material clasificado sustituto, como propuso la fiscalía, el cual, sustancialmente, brindará al acusado la misma información para su defensa que la divulgación de los Materiales clasificados.

Defensa pide reconsideración de la decisión

  El 11 de febrero de 2022, César de Castro, Valerie A. Gotlib, Adam S. Kaufmann y Cristián Francos, abogados de Clíver Alcalá Cordones, dirigieron una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein para pedirle una reconsideración de su decisión de “conceder la moción ex parte del gobierno para una orden de protección de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA) y la Regla 16 (d) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal (Moción de la Sección 4) hasta que la defensa haya presentado su oposición a esa moción”.

  Se explica que luego de varias modificaciones a las fechas inicialmente establecidas por la corte, se estableció que el 8 de febrero de 2022 sería la fecha límite para que la fiscalía presentara la Moción de la Sección 4 a la Corte; mientras que el 15 de febrero de 2022 se fijó para cualquier oposición por parte del defensa.

   En razón de que habiendo cumplido el gobierno con su presentación el pasado 8 de febrero y de que el juez concedió la moción presentada por ellos al día siguiente, es decir, el 9 de febrero, ahora la defensa hace la solicitud de que se le permita responder antes de que se conceda la moción a la fiscalía.

  Por ello, los abogados de Cliver Alcalá Cordones pidieron al juez Hellerstein que “revoque su decisión de conceder la Moción de la Sección 4 y brinde una oportunidad para que la defensa presente una oposición a la moción del gobierno”.

 Pidieron plazo hasta el 18 de febrero de 2022 para presentar su contestación y explicó que por encontrarse en medio de una emergencia médica familiar desde el 6 de febrero, requiere unos días adicionales para completar la respuesta.

La moción del gobierno

  El 11 de febrero de 2022, Damián Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York a través de los fiscales auxiliares Jason Richman, Benjamin Woodside Schrier y Kyle A. Wirshba, pidió al tribunal a cargo de Alvin Hellerstein, desestimar las mociones presentadas por la defensa de Clíver Antonio Alcalá Cordones para, primero, desestimar la acusación operativa bajo la doctrina de la inmunidad oficial extranjera; segundo, para que se obligue al gobierno a que proporcione a la defensa un proyecto de ley de detalles; y tercero, para ordenar al gobierno a divulgar la información que posee sobre la supuesta “participación del acusado en actividades anti-Maduro, así como las identidades de los testigos que no han indicado la participación [del acusado] en la supuesta conspiración”.

   Estima la fiscalía que el Cliver Alcalá Cordones no tiene derecho a la inmunidad oficial extranjera dado que por los actos delictivos que subyacen a los cargos en su contra, porque actuó fuera de su capacidad oficial cuando cometió esos actos. Igualmente se alega que Venezuela no ha solicitado dicha inmunidad oficial extranjera en su nombre, razón por la cual el Tribunal debe ceder ante la opinión del Poder Ejecutivo de que carecen de ese derecho.

  Respecto a la solicitud de una lista de detalles, el gobierno sostiene que Clíver Alcalá Cordones no tiene derecho a ella, porque la Acusación verbal, así como el voluminoso descubrimiento, la información adicional sobre la participación del acusado en los delitos imputados y el compromiso del gobierno de proporcionar material de la Ley Jencks al menos 30 días antes del juicio, “son colectivamente información más que suficiente para permitir que el acusado cumpla con los cargos en su contra y evitar sorpresas perjudiciales, de modo que una lista de detalles no se justifica bajo el estándar legal aplicable”.

  La fiscalía advierte que ya ha producido un descubrimiento sustancial con respecto a la supuesta "participación en actividades contra Maduro" del acusado y también aclara que no ha identificado ninguna declaración de testigo en su posesión en la que un testigo afirmara afirmativamente que Clíver Alcalá Cordones no estaba involucrado en una conspiración de narcotráfico y/o no estaba involucrado en una conspiración para brindar apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

   El gobierno hace una amplia exposición sobre la acusación que un Gran Jurado dictó el 5 de marzo de 2020 contra el acusado y Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios, a/k/a “ El Pollo”, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Paucis Hernández Solarte, señalándolos de la comisión de los delitos de (1 ) conspiración de narcoterrorismo; (2) conspiración para importar cocaína; (3) posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y (4) conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Se refiere allí que los cargos se derivan de la participación de los acusados en una conspiración corrupta y violenta que involucra al Cártel de Los Soles y las FARC, desde 1999 hasta 2020.

  En dicha acusación, refiere el gobierno, quedó perfectamente clara la participación de Clíver Alcalá Cordones, junto a Maduro, Cabello y Carvajal, en los delitos que se le imputan.

  Además, la fiscalía recuerda que desde el 22 de julio de 2020, luego de que el tribunal ordenara la protección del material de descubrimiento no clasificado en este caso, el gobierno ha presentado al acusado un voluminoso descubrimiento sin clasificar que excede los requisitos estipulados en la norma legal, habiéndose realizado hasta la fecha siete entregas de material de descubrimiento que suman más de 105 gigabytes de datos.

Los alegatos

   Se alerta que cuando un caso involucra a un funcionario extranjero, a diferencia de un estado extranjero, “la cuestión de la inmunidad se rige por el derecho consuetudinario, no por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras”.

  El gobierno asegura que los delitos imputados a Clíver Alcalá de traficar toneladas-cantidades de cocaína y armar a un grupo terrorista, no estaban “concebiblemente” dentro de sus deberes oficiales. Por lo tanto, cuando cometió dichos delitos estaba actuando en su carácter privado y no oficial, en nombre propio y de sus cómplices y no de Venezuela. El acusado, subraya, violó no solamente la ley de Estados Unidos, sino también la de Venezuela.

  Por otra parte, la fiscalía destaca el hecho de que Venezuela ni siquiera intentó intervenir en nombre del acusado, lo cual “pesa fuertemente en contra de la inmunidad”.

  Estima el gobierno que se debe rechazar la pretensión del acusado de politizar su participación en una conspiración para importar cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos y armar a los insurgentes con armas de grado militar.

  Además de la información voluminosa entregada por la fiscalía a la defensa en el descubrimiento, el gobierno recuerda que se comprometió a proporcionar material de la Ley Jencks al menos 30 días antes del juicio. Por tanto, todo ello es información suficiente para conocer los cargos en su contra” y “evitar sorpresas perjudiciales”. Tal información, asevera el gobierno, describe ampliamente los delitos imputados al acusado.

  La fiscalía niega que haya en su poder alguna declaración de testigo en que este afirmara que el acusado no estaba involucrado en una conspiración de narcotráfico y/o no estaba involucrado en un conspiración para brindar apoyo a las FARC y advierte que si identifica tales declaraciones, las producirá.

  Sin embargo, el Gobierno señala no es su obligación proporcionar todas las declaraciones de los testigos cuando estos no identifican al acusado como miembro de las conspiraciones. En tal sentido aclara que la investigación sobre el Cartel de los Soles y las FARC es significativamente más amplia que la del acusado y ha incluido numerosas entrevistas de personas involucradas en diferentes aspectos de las actividades de ese grupo. Como resultado, se ha entrevistado a un número considerable de testigos que no tenían ninguna base para conocer al acusado y, por lo tanto, no se les preguntó sobre este, de modo que el hecho de que no lo identificaran afirmativamente como participante en los delitos imputados, no es probatorio ni exculpatorio.

  De cualquier modo, se indica que el gobierno continuará trabajando con el abogado defensor para intentar identificar al testigo, de modo que pueda revisar cualquier declaración y determinar si esta se encuentra dentro de sus obligaciones de descubrimiento.

Accidentado proceso judicial de Clíver Alcalá Cordones experimenta un nuevo aplazamiento

  Los diferimientos han sido una constante en la causa del aliado incondicional del chavismo y hoy que según la propaganda oficial ahora sería un traidor del sistema.

Por Maibort Petit

  Tal como ha ocurrido desde su inicio, el proceso judicial que en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York se le sigue al mayor general en situación de retiro, Clíver Alcalá Cordones por la comisión del supuesto delito de tráfico de drogas, ha experimentado un nuevo retraso.

  El juicio juicio contra Clíver Alcalá Cordones en la referida corte ha sufrido múltiples demoras y aplazamientos desde su inicio, pues en no pocas oportunidades se ha anunciado la reprogramación de las conferencias de estado en que las partes deben comparecer ante el juez de la causa, así como las fechas en que deben presentar sus respectivos recursos.

   En esta ocasión, por solicitud de la oficina de Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York a través de sus asistentes Jason A. Richman, Benjamin Woodside Schrier y Kyle A. Wirshba, quienes el pasado 31 de enero del corriente año 2022, solicitaron al juez del distrito homónimo, Alvin K. Hellerstein, un aplazamiento de una semana para preparar la respuesta de oposición a las mociones presentadas por Alcalá Cordones. La respuesta del gobierno debía producirse el 4 de febrero de 2022.

   Ya anteriormente, específicamente el 28 de enero, presentó una serie de recursos luego de haber pedido a la corte un aplazamiento, toda vez que estos debían haberse presentado originalmente el 21 de enero de 2022.

  La fiscalía formula su solicitud para asegurarse dos semanas para responder a las mociones del demandado, tal como lo tenía previsto la Corte originalmente cuando fijó el cronograma de mociones. Advierten los fiscales que el demandado no se opone a la prórroga solicitada por el gobierno. El juez Hellerstein otorgó la solicitud del gobierno.

Agentes del chavismo trabajan para desacreditar las causas criminales que se libran en los tribunales de EE. UU. contra narcotraficantes relacionados con el régimen venezolano

  El caso contra Clíver Alcalá Cordones, como el de otros acusados de narcotráfico, estaría siendo presentado como inconsistente y como producto de una campaña emprendida por el gobierno estadounidense contra funcionarios venezolanos.

Por Maibort Petit

   A través de diversos agentes, el régimen de Nicolás Maduro estaría obrando para hacer ver que el gobierno y la justicia de los Estados Unidos recurren al expediente de presentar a funcionarios de la administración venezolana como narcotraficantes, sin que para ello cuenten con las pruebas necesarias que sustenten sus acusaciones. Se trataría de personeros que resultan insospechados, pues, en apariencia, actuarían en favor de la causa opositora. Igualmente, estos actores pretenderían vender la tesis de que el chavismo y el madurismo son diferentes con el avieso objetivo de deslindar a algunos de estos funcionarios de las actividades criminales que la justicia de los EE. UU. ha venido dando a conocer en los últimos años.

 Tal aseveración proviene de fuentes judiciales, las cuales han advertido cómo, por ejemplo, en el caso de Clíver Alcalá Cordones —causa que se libra en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York— se ha desplegado todo un aparato propagandístico en procura de dar a conocer una serie de supuestas falencias de los expedientes levantados desde el Departamento de Justicia. Se trataría, alertan, de una estrategia y campaña por parte del chavismo, dirigida a desprestigiar el sistema judicial estadounidense y, por tanto, las causas contra los funcionarios venezolanos inmersos de diversas causas criminales que cursan el los tribunales de la nación norteamericana.

  Parte del método implementado, sería la sonoridad excesiva de aspectos de las distintas mociones presentadas en los tribunales por parte de la defensa de los actores involucrados en causas de narcotráfico y el silenciamiento de los alegatos y pruebas presentados por la fiscalía.

  A continuación, presentamos las últimas diligencias del caso de Alcalá Cordones.

El pedido de desestimación del caso

  El 28 de enero de 2022, César de Castro, Valerie Gotlib de la firma The Law Firm of César de Castro P.C., así como Adam S. Kaufmann, Cristián Francos, Tara J. Plochocki, Diane M. Camacho del despacho Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC, abogados de Clíver Antonio Alcalá Cordones, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York un memorando de ley en apoyo a la moción de su representado para desestimar la acusación en su contra.

   Los abogados consideran que el tribunal debe desestimar la acusación contra el general Alcalá Cordones por inmunidad de funcionario extranjero y alerta de que en caso de denegarla para que la defensa se prepare adecuadamente y evite sorpresas en el juicio, se debe ordenar al gobierno que presente una lista detallada con los nombres de los co-conspiradores anónimos y los testigos.

  Asimismo, de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Penal 5(f), creen que la corte debe ordenar a la fiscalía  gobierno que presente todos los materiales relacionados con la planificación y los intentos de golpe de estado de su representado contra el régimen de Nicolás Maduro, así como identificar a todos los testigos que participaron en esta conspiración y han declarado que Clíver Alcalá Cordones no estuvo involucrado en la misma o han declarado que no tienen conocimiento de la participación de este cuando se les preguntó específicamente.

  El memorando de la defensa en su declaración preliminar advierte que el caso contra su cliente surge de una serie de las alegaciones “asombrosamente amplias, vagas y radicales” por parte de la fiscalía acerca de una conspiración narcoterrorista de gran alcance que involucra a funcionarios en los niveles más altos del gobierno venezolano, líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al acusado, Cliver Antonio Alcalá Cordones, mayor general retirado del ejército venezolano.

  Refieren que la conspiración global de narcoterrorismo descrita por el gobierno dura más de dos décadas y no se ofrece ningún detalle sobre los actos realizados por Alcalá Cordones en apoyo de esta conspiración expansiva. “No hay alegaciones de pagos ilícitos o lavado de fondos, ninguna evidencia que demuestre la propiedad de activos o cuentas extraterritoriales, y ni siquiera una acusación de que dio una orden o realizó un acto realizado en relación con un cargamento de narcóticos”. Igualmente califican de asombroso que se acuse a un miembro uniformado de un ejército extranjero por poseer armas en su propio país como un acto criminal en los Estados Unidos.

  Al tiempo que rechaza rotundamente las acusaciones en su contra, Clíver Alcalá —a través de sus abogados— conmina al tribunal a desestimar la acusación, por cuanto los alegatos de la misma caen de lleno dentro de las protecciones que ofrece la doctrina de la inmunidad oficial extranjera. Refieren que dicha doctrina restringe la jurisdicción de los tribunales para conocer de casos en los que la conducta en cuestión haya sido llevada a cabo por funcionarios extranjeros en apoyo de la política soberana exterior. “En este caso, la conducta imputada al General Alcalá Cordones fue realizada en el ejercicio de sus funciones oficiales, por lo que se encuentra inmune a este proceso”.

  Se indica que el único acto detallado en la acusación atribuida a Alcalá Cordones es una reunión de 2008 con Hugo Carvajal —su oficial superior en rango y jefe de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela— y Diosdado Cabello pretendiendo con ello vincularlo a la supuesta conspiración criminal, cuando tal encuentro formaba parte de sus funciones oficiales.

  Agregan que “su supuesta posesión de armas y su supuesta provisión de armas a las FARC eran parte de sus deberes oficiales. Este no es un caso en el que se acusa a un traficante ilícito de armas (…) más bien, cualquier suministro de armas fue un acto oficial en cumplimiento de la política oficial del gobierno y no puede ser procesado aquí”. Por otra parte, los abogados sostienen que las decisiones de política soberana de Venezuela en sus tratos con las FARC no están sujetas a revisión de la Corte.

  Advierten que en las revisiones realizadas a los documentos, videos y grabaciones de la acusación y no se encuentra en ellos evidencia de la supuesta participación de Clíver Alcalá Cordones en la conspiración acusada.

Enemigo de Maduro

  El documento de la defensa hace referencia a que la fiscalía presentó una segunda acusación de reemplazo contra Clíver Alcalá Cordones el 5 de marzo de 2020 señalándolo de participar en una conspiración de narcotráfico de narcotráfico y delitos relacionados.

  Destacan que se jubiló de la carrera militar en la que “mantuvo firme e inquebrantable en su oposición al narcotráfico y otras formas de comercio ilícito, incluidas las operaciones de minería ilegal y el contrabando de gemas”; que sirvió al expresidente Hugo Chávez hasta su muerte en el cargo en marzo de 2013, momento en que Nicolás Maduro asumió la presidencia y en cuyo gobierno Alcalá Cordones no tenía ningún interés en participar.

  Sostienen los abogados que Clíver Alcalá Cordones ha sido un enemigo público y notorio de Maduro y sus aliados gubernamentales durante muchos años, convirtiéndose, después de jubilarse, “en un crítico abierto y vocal” de este, habiendo participado actividades para derrocarlo, debiendo huir a Colombia.

  Subrayan que, aunque Estados Unidos estaba al tanto de los continuos esfuerzos de Alcalá Cordones para expulsar a Maduro del poder, la acusación formal lo acusa de participar en una conspiración de narcoterrorismo con Maduro y varios miembros de alto rango de su régimen.

Derecho a inmunidad

  La defensa de Clíver Alcalá Cordones sostiene que su cliente, según la doctrina de inmunidad oficial extranjera, posee inmunidad y, por tanto, la acusación debe ser desestimada. Este mismo argumento lo usan otros acusados vinculados al régimen de Venezuela, como por ejemplo, Álex Saab Morán.

 Indican que en su condición de funcionario público en el momento que indican los hechos de la acusación y que a los oficiales militares se les suele considerar como agentes de un gobierno extranjero por lo que satisface el primer factor en el análisis de inmunidad.

  Por otra parte, recuerdan que Alcalá Cordones actuó en todo momento en su capacidad oficial en nombre del estado soberano de Venezuela, y tal conducta no puede constituir la base para un enjuiciamiento sin hacer cumplir efectivamente las leyes penales de los Estados Unidos contra un estado soberano extranjero. Este argumento, por cierto, también es usado por los abogados de Álex Saab, y se ha repetido en otros casos de delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Preparar la defensa

  Quieren los abogados de Clíver Alcalá que la fiscalía proporcione una lista de los nombres de los presuntos co-conspiradores no acusados para poder preparar su defensa.

  Es así que instan al tribunal a que ordene al gobierno a presentar un proyecto de ley de detalles “que incluya una lista de cómplices anónimos/no acusados, para esclarecer las escasas acusaciones contra el general Alcalá Cordones en la acusación”.

Identidad de los testigos

  También quieren los abogados de Alcalá Cordones que la corte obligue al gobierno a revelar las pruebas materiales favorables al acusado e identificar a los testigos que hayan declarado que el general no estuvo involucrado en la conspiración acusada.

Otras solicitudes

  No es la primera vez que los abogados de Clíver Alcalá Cordones piden al tribunal o a la fiscalía la información antes descrita. Este pedimento suele ser repetido en muchos casos, en los que la defensa quiere dictar pauta y hacer ver que la fiscalía no posee evidencias para probar, más allá de la duda razonable, al acusado. Se ha visto en juicio de alto nivel como el de Joaquín el Chapo Guzmán, como el de la misma Ghislaine Maxwell, convicta por delitos de tráfico sexual de menores.

  El 11 de noviembre de 2021, César de Castro, Adam Kaufmann, Cristian Francos y Valerie A. Gotlib, pidieron a la fiscalía “(1) detalles sobre los cargos alegados en la Acusación en relación con el General Alcalá Cordones; y (2) materiales favorables a la defensa conforme a Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963) y Norma Federal de Procedimiento Penal 5(f). La Acusación en este caso alega una conspiración de veintiún años que se remonta a 1999 y, a pesar de su extensión, proporciona poco o ningún detalle sobre los actos que presuntamente cometió el General Alcalá Cordones”.

  Subrayaron que “el voluminoso descubrimiento producido por el gobierno de conformidad con la Regla 16 ha brindado poca o ninguna ayuda para identificar la conducta específica en la que se alega que participó el General Alcalá. Solicitamos respetuosamente que el gobierno dirija la defensa al descubrimiento relevante ya producido y proporcione más detalles como se identificó anteriormente”.

  Del mismo modo destacan ante el juez que el fiscal Michael Lockard le había referido a la defensa en 2018, que no acusarían a Clíver Alcalá de ciertos delitos en razón de que las pruebas eran “equivocadas”.

 La defensa ha hecho circular un correo electrónico fechado en 2014, en el que Adam Kaufmann le refiere al fiscal Lockard que el testimonio de un testigo beneficiaría a su cliente.

  Pidieron los documentos que demostrarían "la inocencia" de su defendido entre ellos los que hicieran referencia a Elliott Abrams, Mike Pompeo, Will Barr, Marshall Billingslea, Mauricio Claver Carone, Michael Fitzpatrick, Lester Toledo, Jorge Betancourt y Juan José (“JJ”) Rendón.

  Asimismo, el 20 de enero de 2022, la defensa pidió al juez Alvin K. Hellerstein el aplazamiento de las mociones de Clíver Alcalá Cordones que vencían el 21 de enero de 2022 pues requerían más tiempo para finalizarlas en razón de que el gobierno había emitido una producción de descubrimiento adicional.

  El 28 de enero de 2022, los abogados defensores de Clíver Alcalá Cordones le remitieron al juez Alvin K. Hellerstein un resumen con las diligencias practicadas ante la corte.

  Así, le refirieron que pidieron desestimar la Acusación del General contra su cliente bajo la doctrina de la inmunidad oficial extranjera; que se solicitara al gobierno proporcionar a la defensa una lista de detalles, incluidos los nombres de los presuntos co-conspiradores no acusados, para permitir preparar la defensa y evitar sorpresas en el juicio; que la fiscalía revelara la información en su poder sobre la participación de Alcalá Cordones en actividades contra Nicolás Maduro, así como las identidades de los testigos que hayan negado afirmativamente y los que no hayan indicado la participación de su cliente en la supuesta conspiración; y permitir que su representado presente otras mociones y reparaciones.

  En la misma fecha, 28 de enero de 2022, el fiscal Damian Williams le comunicó al juez Alvin K. Hellerstein, que la presentación anticipada de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada del Gobierno en este caso vencía originalmente el 1 de diciembre de 2021, pero ha sido aplazado por una solicitud de la misma fiscalía del 18 de noviembre de 2021, que la difirió hasta el 1 de febrero de 2022 y ahora, el Departamento de Justicia les ordenó buscar un nuevo aplazamiento hasta el 8 de febrero.

 Dado que el demandado no se opone, pidieron conjuntamente se les concediera dicho aplazamiento.