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viernes, 19 de marzo de 2021

El juicio por narcotráfico contra Geovanny Fuentes Ramírez desnudo a los últimos tres presidentes de Honduras

   Las conexiones de Geovanny Fuentes Ramírez con presidentes y altos funcionarios de Honduras fueron expuestas en un proceso judicial que tiene lugar en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 


Por Maibort Petit


  De acuerdo al exlíder del cártel de Los Cachiros, el narcotraficante siempre ha procurado y conseguido amparo a sus actividades delictivas de varias administraciones de gobierno hondureño. Ante el juez y 12 jurados, aislados en un  cubículo  de madera debido a la pandemia, Devis Leonel Rivera Maradiaga describió los encuentros y momentos en que entregaron a los últimos tres mandatarios de Honduras, Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández  miles de dólares para garantizar que el poder político estuviera del lado de la gran industria del narcotráfico y protegiera a sus principales figuras y la valiosa mercancía.

   Durante su largo testimonio ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el exlíder del cártel de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testigo de la fiscalía en el juicio que en esa instancia judicial se le sigue a Geovanny Fuentes Ramírez, dio a conocer detalles de las relaciones que este último ha mantenido con presidentes y altos funcionarios de Honduras, a objeto de lograr la protección a sus actividades de narcotráfico.


  En este sentido, Rivera Maradiaga dijo que Fuentes Rivera coordinaba el envío de drogas con el tesorero del gobierno hondureño durante el régimen de Roberto Micheletti.


   Explicó que, en 2013, Geovanny Fuentes Rivera le pidió prestado USD un millón para un cargamento de 2.000 kilogramos de cocaína proveniente de Colombia.


   Aseguró que él y su hermano, Melvin Sanders (a) “Metro” y Geovanny Fuentes Rivera se reunieron en persona con Javier Hernández Mejía, también conocido como “Javier Choloma”, tesorero del gobierno hondureño en la administración de Micheletti, administrador de “Los Cachiros”, acusado de lavado de dinero en Honduras y preso desde 2018.


   Sobre el préstamo de dinero que le solicitó Fuentes Ramírez, Devis Rivera Maradiaga refirió que le respondió que lo pensaría y, posteriormente, conversó con Javier Hernández Mejía quien le informó que el hoy acusado había arreglado con el empresario Fuad Jarufe, los detalles sobre la recepción de las drogas provenientes de Colombia en Puerto Cortés. El secretario de gobierno le haría desaconsejado hacer negocios con Fuentes Ramírez.

  Del mismo modo, Rivera Ramírez informó que Javier Hernández Mejía le dijo que “Metro” estaba considerando transferirle los derechos de propiedad del club de fútbol Atlético Choloma, debido a los problemas que estaban teniendo con el laboratorio de drogas. Esto habría ocurrido luego del asesinato del policía involucrado en la investigación, por lo que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) —oficina hondureña encargada de combatir el narcotráfico— decidió ir tras “Metro”.


  Rivera Maradiaga le apuntó ante la corte que, para ese entonces, las relaciones de él y Geovanny Fuentes Ramírez no eran muy buenas, pues este último estaba disgustado porque no le había querido prestar el millón de dólares.


  Los sobornos a Juan Orlando Hernández, Manuel Zelaya y Ricardo Álvarez


  En su testimonio ante la Corte de Nueva York, Devis Rivera Maradiaga aseguró que el cartel de “Los Cachiros” sobornó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en 2012 con USD 250.000.


  El objeto de la coima era la protección del gobierno, la garantía de que los integrantes de Los Cachiros no serían extraditados, así como seguir recibiendo contratos del gobierno con fines de blanqueo de capitales.


   La entrega del dinero en efectivo se hizo a través de la hermana del mandatario, Hilda Hernández —muerta en 2017 en un sospechoso accidente de helicóptero— involucrada en varios casos de corrupción.


   Se conoció que los hermanos Rivera Hernández se reunieron en 2014 con Tony Hernández, hermano del presidente Hernández quien prometió pagar varios contratos de los primeros. A cambio de este favor, Tony Hernández recibió USD 50.000 en efectivo en el restaurante Denny's de Tegucigalpa.


  Las coimas de “Los Cachiros” también alcanzaron Juan Manuel Zelaya Rosales en 2006, a quien le pagaron USD 500.000, a cambio de nombrar a un primo de Rivera Maradiaga como ministro de Seguridad, pero esto no sucedió cuando Zelaya asumió el cargo.


   Entre otras revelaciones a la corte, Devis Rivera dijo que, en 2012, “Los Cachiros” pagaron USD 500.000 al actual vicepresidente, miembro del Partido Nacional, Ricardo Álvarez. Este prometió que no extraditaría a Los Cachiros a Estados Unidos y también seguir otorgándoles contratos a sus empresas fachada. Otro compromiso fue eliminar la ley de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Sin embargo, Álvarez, quien aspiraba a la presidencia hondureña, no ganó las elecciones.




martes, 9 de marzo de 2021

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández fue nombrado en la apertura del juicio del narcotráfico Geovanny Fuentes Ramírez en NYC

   La fiscalía informó al jurado sobre la reunión de un contador con el presidente Hernández y un narcotraficante en las que se planeaba enviar cocaína a Norteamérica. 

Por Maibort Petit

  Este martes se realizó la apertura del juicio del presunto narcotraficante, Geovanny Fuentes Ramírez, acusado de traficar toneladas de cocaína a los Estados Unidos y de haber sobornado a policías, militares para lograr la seguridad de las drogas y evitar su extradición a EE. UU. En este caso, el juez Kevin Castel permitió que los fiscales incluyeran como argumentos de la acusación al presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández quien habría recibido dinero de las drogas para su campaña electoral. 

  En sus argumentos de apertura, la fiscalía dijo al jurado que Fuentes Ramírez había traficado a EE. UU. toneladas de cocaína. En su negocio, el acusado pagó "decenas de miles de dólares" en sobornos al presidente, Juan Orlando Hernández a cambio de una promesa de protección y apoyo militar para su negocio de narcotráfico en 2013, cuando éste era presidente del Congreso y candidato a la presidencia.

   El fiscal Jacob Gutwillig afirmó en su presentación que Fuentes Ramírez entre las pruebas que presentarán está el testimonio de un contador, José Sánchez quien manejaba un negocio de arroz a través del cual el acusado lavaba el dinero proveniente de las drogas. 

   Sánchez testificará sobre su experiencia con Fuentes Ramírez y sobre el shock que para él significó que el acusado se reuniera entre 2013 y 2014  con el mandatario hondureño para planificar enviar cocaína a los Estados Unidos.

  De acuerdo a la fiscalía, se identifica a Juan Orlando Hernández, de 52 años, como "CC-4" (co-conspirador 4) del acusado, y aseguró que ayudó a Fuentes Ramírez a enviar cocaína a Estados Unidos, usando como intermediario a su hermano menor, Juan Antonio "Tony" Hernández.

  "Tony" Hernández, de 42 años, fue hallado culpable de narcotráfico "a gran escala" en Nueva York en octubre de 2019, y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para el 23 de marzo. Puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua.

   En la acusación, se señala que en un encuentro con Fuentes Ramírez, "CC-4 dijo que quería hacer que la agencia antidrogas estadounidense (DEA) pensara que Honduras estaba combatiendo el narcotráfico, pero que en realidad eliminaría la extradición e iba a 'meter la droga en las narices de los gringos'".

"El acusado (Fuentes) estaba excitado de contar con la protección de CC-4 y acordaron trabajar con CC-4 y su hermano (Tony) para importar cocaína a Estados Unidos", dijo la fiscalía.

  Juan Orlando Hernández ha sido señalado en otra ocasión de haber recibido dinero del narcotráfico para pagar su campaña. Ocurrió durante el juicio de Tony Hernández, cuando un testigo contó que presenció una reunión en 2013 donde el exjefe del cártel de Sinaloa Joaquín "Chapo" Guzmán entregó un millón de dólares en efectivo a "Tony" para la campaña presidencial de su hermano José Orlando.

La defensa trata de descalificar a los testigos

  En la apertura del juicio, la defensa afirmó que Geovanny es inocente y que la fiscalía no tiene pruebas contundentes para acusarlo, salvo el testimonio de un narcotraficante asesino que lo está señalando para lograr rebajar su sentencia.

  El abogado, Eylan Shulman dijo que Geovanny está acusado de poseer armas, pero aclaró que es cierto que las tiene y las llevaba consigo para "defenderse en un país donde la violencia es muy alta" y obliga a los empresarios a tener incluso hasta guardaespaldas.

  Dijo que el gobierno quiere hacer creer a los miembros del jurado que por conocer varios narcotraficantes, "Geovanny es uno de ellos". Destacó que uno de los narcos es justamente, Devis Rivera Maradiaga a quien calificó como un asesino que ha reconocido frente a la corte que asesinó a más de 78 personas. 

 Sostuvo que el testigo del gobierno [Rivera] mató desde jueces, miembros de su propia familia, hasta generales hondureños que luchaban contra el narcotráfico. Rivera no debió haber sido promovido como testigo porque es un hombre que es capaz de mentir para lograr cualquiera de sus objetivos, incluyendo su libertad.

  La defensa aseguró que el gobierno no tiene pruebas para probar la culpabilidad del acusado "no hay fotos con las armas con Geovanny".

  Asimismo, advirtió que el gobierno mostrará fotos del teléfono del hijo de Fuentes Ramírez con supuestas imágenes de dinero y armas que pertenecen a Geovanny, argumentando que no deben ser tomadas en serio porque en la era de las redes sociales las fotos pueden venir de cualquier lugar.

    Shulman también desacreditó el testimonio del contador, José Sánchez diciendo que a cambio de su testimonio el gobierno de Estados Unidos le dará asilo político. En ese sentido, recalcó que $25 mil dólares era lo que necesitaban para sobornar al presidente de Honduras.

  Geovanny Fuentes Ramírez, de 50 años, fue arrestado cuando intentaba salir de Miami en 2020 y se declaró "no culpable" de los cargos de conspiración para contrabandear cocaína a los Estados Unidos y cargos relacionados con armas.

  El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández ha negado repetidamente la acusación, según la cual  había aceptado millones en sobornos de narcotraficantes. 

   Los fiscales federales acusaron a Hernández, quien ha sido presidente desde 2014, de utilizar a oficiales del orden público y militares hondureños para proteger a los narcotraficantes.

     Hernández fue un aliado clave de los Estados Unidos tanto durante las administraciones de Barack Obama como la de Donald Trump.

  

  

lunes, 26 de noviembre de 2018

Conoce por qué la DEA arrestó al hermano del presidente de Honduras por cargos de narcotráfico

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández", excongresista y hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue apresado bajo acusaciones de tráfico de drogas, cargos de armas y declaraciones falsas ante un tribunal federal. La información la dio a conocer la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y fiscales federales.
El caso de Hernández Alvarado tiene asiento en el tribunal federal de Manhattan, pero al haber sido arrestado el pasado 23 de noviembre de 2018 en Miami, le correspondió rendir declaración este lunes 26 de noviembre en la Corte del Distrito Sur de la Florida ante un juez de primera instancia.

El agente especial de la DEA, Raymond Donovan, refirió que "El tráfico de drogas y la corrupción en todo el mundo amenazan el estado de derecho, alimenta la violencia y la inestabilidad, y perjudica a familias y comunidades inocentes (…) Hernández y sus asociados criminales supuestamente conspiraron con algunas de las redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia para inundar las calles de Estados Unidos con drogas mortales. La DEA espera que Hernández se enfrente a la justicia estadounidense y responda por sus presuntos delitos".

Entretanto, el fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, informó que “el excongresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a los EE. UU.", al tiempo que agregó que el hermano del mandatario hondureño “supuestamente organizó la seguridad para los envíos de cocaína, sobornó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información sensible para proteger los envíos de drogas y solicitó grandes sobornos a los principales narcotraficantes. Gracias al trabajo en curso de la DEA, Hernández está ahora bajo custodia en territorio estadounidense y enfrentando a la justicia en las cortes estadounidenses”.

La acusación no sellada producto de la investigación de la DEA indica que desde alrededor de 2004, hasta aproximadamente 2016, múltiples organizaciones de narcotraficantes trabajaron juntas en Honduras y en otros lugares con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes. Se trataría de políticos hondureños y oficiales de la ley, quienes recibieron cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde Colombia —entre otros lugares— a través de rutas aéreas y marítimas, para entonces proceder a su traslado hacia el oeste de Honduras y de allí a la frontera con Guatemala hasta llegar a los Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación de la DEA, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, entre ellos a miembros del Congreso Nacional de Honduras, con el objeto de que los protegieran de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro a través del territorio hondureño de cientos de kilos de cocaína.

Los cargos también refieren a Hernández como excongresista, hermano del presidente de Honduras y como un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros agentes del narcotráfico en Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a los Estados Unidos, hecho que jabría ocurrido aproximadamente desde 2004, hasta alrededor de 2016.

Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado —de acuerdo a la averiguación— con el procesamiento, recepción, transporte y la distribución de cargas de cocaína de toneladas múltiples que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y, al menos en una ocasión, en un submarino. El acusado tuvo acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de la cocaína estaba marcada con el símbolo "TH", es decir, las iniciales de "Tony Hernández", el alias con el que también se le conoce. Igualmente habría coordinado y, a veces, participó en proporcionar seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de la nación centroamericana y con narcotraficantes armados con —entre otras armas— ametralladoras.

Hernández y sus coconspiradores igualmente habrían sobornado a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el objetivo de obtener información sensible que permitiera proteger los envíos de drogas y, supuestamente, solicitaron grandes sobornos a los principales narcotraficantes.

Se indica que Hernández Alvarado, alrededor de febrero de 2014, habría tenido una reunión en  Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de una violenta organización de narcotraficantes hondureña conocida como los “Cachiros”. Audios y videos grabados de este encuentro mostrarían a Hernández aceptando ayudar a Rivera Maradiaga al hacer que las entidades del gobierno hondureño pagaran el dinero adeudado a una o más compañías de lavado de dinero de los “Cachiros”, a cambio de pagos ilícitos de Rivera Maradiaga. Se conoció que este último supuestamente habría pagado a Hernández Alvarado aproximadamente USD 50.000 durante la reunión.

Los cargos que se le imputan a Juan Antonio Hernández Alvarado en específico son: 1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; 2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína de la conspiración; 3) conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína; y 4) hacer declaraciones falsas a agentes federales.

En caso de que el proceso judicial que se le va a seguir a Hernández Alvarado resultara en una declaración de culpabilidad, este se enfrentaría a una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una vida máxima en prisión en el recuento uno; una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una vida máxima en prisión en el recuento dos; un plazo máximo de la vida en prisión en el recuento tres; y un plazo máximo de cinco años en prisión en el recuento cuatro.