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martes, 10 de mayo de 2022

Expresidente de Honduras se declaró no culpable de cargos de narcotráfico ante un juez de NY, defensa denuncia que JOH es tratado como un terrorista

  La defensa denunció ante el juez que al exmandatario se le están violando los derechos, incluyendo la posibilidad de comprar comida en el comisariato, consultar correos electrónicos, llamar a su familia, hacer ejercicios una hora al día y hablar con sus abogados para preparar su juicio.

Por Maibort Petit

  Durante la primera audiencia presencial del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York., el ex-mandatario se declaró no culpable de los cargos interpuestos en su contra por el gobierno de los Estados Unidos que incluyen conspiración para narcotráfico y dos de uso de armas.

      El exmandatario llegó a la sala del juez Kevin Castel vistiendo un uniforme de presidiario color azul, una camiseta y zapatos deportivos naranja. Se le veía sereno, pálido y bastante delgado. Cuando el magistrado le preguntó si se declaraba culpable o no culpable, en español dijo: "No culpable su señoría".

     En el marco de la audiencia el abogado de Hernández, Raymond Colón denunció ante el juez lo que la defensa considera una violación de los derechos del ex-mandatario, al señalar que es tratado como un terrorista a pesar que en este caso no hay violencia. En ese sentido,  afirmó que no sabía por qué Hernández está en una celda aislado las 24 horas del día, no se le permite hacer ejercicios, el sistema rechaza el dinero que la defensa le deposita para que pueda comprar comida en el comisariato de la cárcel, no puede llamar a su familia como el resto de los recluidos en el Centro Metropolitano de Brooklyn, y no puede leer correos electrónicos ni reunirse con la defensa para prepararse para el juicio.

   El magistrado Castel ordenó a los fiscales tomar nota de toda la denuncia y presentar un reporte ante su despacho en 7 días, aclarando que las condiciones descritas por el abogado Colón no representan la esencia del sistema de justicia de Estados Unidos, ni del gobierno, prometiendo que todo acusado tiene derecho a los beneficios denunciados y a ser tratado con respeto, tal cual lo establecen las leyes del país.

   El juez también ordenó a los fiscales preparar las evidencias del caso que incluyen grabaciones de reuniones, documentos, datas extraída de aparatos electrónicos, información sobre redes sociales y otras evidencias fuertes. El descubrimiento (evidencias del caso) deben ser entregadas a la defensa en 60 días, y las mismas deben incluir pruebas que ayuden a exculpar al acusado.


 ya había comparecido virtualmente a la presentación inicial ante un juez accidental de Manhattan, cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Mañana, el juez del caso Kevin Castell leerá el expediente en el que se describen los detalles de la acusación contra Hernández, acusado de haber formado parte de una conspiración para enviar cocaína a suelo estadounidense, utilizando para ello su poder político como jefe de Estado.


    Una vez concluyó la audiencia, Hernández agradeció a sus abogados y saludó a los presentes en la sala levantando el brazo. De manera poco regular, algunos activistas que estaban en la sala gritaron insultos contra el exmandatario sin que hubiese un llamado de atención por parte de los alguaciles de la corte. 

     Una vez fuera de las instalaciones, el abogado de JOH, explicó que estaban realizando los trámites para solicitar una fianza ante el tribunal, para lo cual se requiere que se presenten los documentos de las propiedades de los garantes, que forman parte de la comunidad judía de Honduras y de Nueva York.

    La defensa de Hernández informó que "está preparada para desmontar las acusaciones de los fiscales federales, y que para ello están elaborando una investigación detallada de los testigos de la fiscalía, que en su mayoría son narcotraficantes extraditados cuando JOH era presidente".

La estrategia de la defensa

  Tan pronto el nombre de Juan Orlando Hernández surgió en anteriores procesos judiciales que tuvieron lugar en 2019 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, este comenzó a negar la veracidad de las afirmaciones que testigos del gobierno habían expresado en dichos juicios.

  JOH sostiene que los señalamientos en su contra no son más que una “venganza” de los narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos durante su gobierno.

  En aquel entonces escribió en su cuenta personal en la red social Twitter: "Ahora vean como delincuentes confesos que han cometido los peores crímenes, expolicías depurados, políticos buscando venganza, (los narcotraficantes) buscando que les rebajen sus penas dicen y dirán cualquier bajeza para sacarse clavos y obtener, entre otros, beneficios en sus sentencias".

  Durante el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado, el fiscal federal, Jason A. Richman, le dijo al jurado que JOH había recibido un millón de dólares como contribución de Joaquín “Chapo” Guzmán a su campaña electoral. La defensa de Hernández ha referido que el abogado de Guzmán negó esa afirmación del fiscal en unas declaraciones publicadas en The New York Post.

   De hecho, el defensor de Guzmán, Jeffrey Litchman calificó en 2019, en el marco del proceso contra su cliente que se desarrolló en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que la acusación contra JOH era mentira.

  “No hay ningún testimonio de que el Chapo Guzmán haya sobornado al presidente de Honduras”, dijo Lichtman. “En todo caso, lo hizo uno de los testigos del gobierno y su gran grupo de cooperadores”(1).

  Otro argumento que ha esgrimido a su favor JOH y que seguramente será un elemento usado por la defensa, es el hecho de que la Constitución Política de la República de Honduras de 1982, establecía en su artículo 102 que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”[7], siendo él durante su gestión como presidente del Congreso, quien promovió la reforma constitucional que permitió la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos. Asimismo, ya en el ejercicio de la presidencia de Honduras, JOH aprobó la extradición de 32 narcotraficantes, aunque efectivamente se extraditaron 31, pues uno deberá purgar primero condena en Honduras para luego ser entregado a la justicia de EE. UU. Esto podría haber sido simplemente un método de sacar de en medio a competidores y rivales, han alertado algunos analistas consultados.

  Voceros de la defensa de Hernández han señalado extraoficialmente que la Fiscalía estadounidense subirá, aproximadamente, 32 testigos al estrado para sustentar su acusación más allá de la duda razonable. Se adelantado además que los defensores del hondureño buscará enfrentarlas con la declaración de 16 testigos.

  Apuntar al descrédito de los testigos del gobierno sería el objetivo de los abogados Colón y Pérez, toda vez que el principal de los convocados de la fiscalía sería quien, igualmente, ha jugado un papel estelar en anteriores causas, a saber, Devis Rivera Maradiaga, exlíder de Cartel de Los Cachiros, como también lo serían los hermanos Valle Valle, quienes presentan un amplio prontuario criminal.

  Poner en duda ante el jurado tales testimonios recordando, por ejemplo, que el propio Rivera Maradiaga admitió en corte su participación en el asesinato de más de 75 personas, seguramente será la estrategia y el objetivo de los abogados cuando enfrenten en el estrado las afirmaciones de los testigos.

  Colón dijo a los periodistas a las afueras de la corte que la defensa estaba  lista para desmentir los señalamientos que en contra de JOH esgrimen los fiscales.

  Colón aseguró que "tienen todo preparado para tratar de desvirtuar frente a los jueces en una primera parte la acusación de los narcotraficantes contra Hernández indicando que se trata de una venganza".

Los testigos de las partes

  Uno de los testigos que presentará la fiscalía en este caso es el líder del violento cártel hondureño conocido como los Cachiros, Devis Rivera Maradiaga que ha participado como testigo cooperante del gobierno en los principales casos de narcotráfico de Honduras, incluyendo el de Fabio Lobo, hijo del expresidente, Pepe Lobo y Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente, Juan Orlando Hernández, ambos sentenciados en Nueva York por delitos de narcotráfico.

  Ángel Martínez, un investigador privado de Estados Unidos, contratado por el despacho de abogados defensores de Juan Orlando Hernández, para investigar a los testigos de la fiscalía, ha sorprendido con algunas afirmaciones. Este investigador sostiene que el gobierno ha levantado su caso únicamente con el testimonio de narcos, algo que podría hacer tambalear la acusación ante el jurado, toda vez que la defensa se enrumbará a descalificar a los exlíderes de los Cachiros y el Clan Valle Valle.

  Y aunque luzca algo peregrina, Martínez ha dejado colar una tesis que asegura que la carta bajo la manga del gobierno sería Tony Hernández, a quien los fiscales estarían presionando para que acceda a testificar contra su propio hermano. “La clave de este juicio es convencer a ‘Tony’ Hernández porque si es el hermano que habla, el jurado lo va a ver desde otro ángulo, porque él puede salvarse o salvar a su hermano”[3].

   Por su parte, los abogados de Juan Orlando Hernández han indicado que mientras la fiscalía sentará en el estrado a testificar a delincuentes para poder respaldar su acusación, la defensa llamará a altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno estadounidense a objeto de que reiteren ante el jurado lo que muchas veces, en ocasiones anteriores, han asegurado acerca de su defendido.

  Y es que durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, se calificó al entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como un aliado de los EE. UU. y gran colaborador en materia de lucha contra el narcotráfico. La defensa, ha dicho, echará mano de información publicada por el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, que así lo certificarían.

Se juzgarán conductas y no opiniones

  Fuentes consultadas por Venezuela Política ven como un hecho muy poco probable el que la defensa pueda llamar a declarar en favor de JOH, a los expresidentes Obama y Trump, así como a los exsecretarios de estado, Hillary Clinton y Mike Pompeo, o al jefe del Comando Sur, quienes calificaron Hernández como un gran socio de los EE. UU. en materia de lucha contra el narcotráfico. Mucho menos al actual presidente, Joe Biden, quien ejerció como vicepresidente en gestión de Obama.

 Estas mismas fuentes advirtieron que aún cuando la defensa argumente que el propio gobierno estadounidense ha destacado el papel de JOH en la lucha contra el narcotráfico en otras ocasiones, y busque descalificar a los testigos del gobierno, será difícil que pueda rebatir los hechos y acciones en que habría incurrido el expresidente Hernández y que muy seguramente presentará la fiscalía como sustento del caso.

  No desestiman a rajatabla que el juez llame a los exaltos funcionario gubernamentales de EE. UU. a declarar, pero lo ven con muy poco probable. 

  La acusación contra JOH seguramente contendrá hechos concretos, específicos que son los que realmente conforman la base del caso contra con el expresidente hondureño. Es el comportamiento de Juan Orlando Hernández lo que se juzgará en el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, no las opiniones sobre él. Subrayan que, en todo caso, lo que quedaría en evidencia es la doble vida de Hernández, quien a modo de mampara habría exhibido una conducta ante sus homólogos y el gobierno de EE. UU., mientras que al mismo tiempo llevaba a cabo los actos por los cuales ahora se le juzgará.

  En todo caso, nuestras fuentes expertas advierten que esta no sería la primera vez que la justicia de EE. UU. siente en el banquillo de los acusados a antiguos aliados, tal fue el caso de Manuel Noriega, ex-dictador de Panamá.

  Lo que sí no descartan estas fuentes es que este juicio sirva para ponderar y censurar la poca previsión de las pasadas administraciones a la hora de emitir sus reconocimientos.

    El juez Castel fijó como probable fecha del juicio el 17 de enero de 2023. Pidió a las partes que dejarán el calendario abierto para que en la fecha por él seleccionada se inicie la selección del jurado que tendrá la responsabilidad de juzgar a un expresidente que jugó un rol protagónico en las alianzas de EE. UU. en los países del triángulo norte para la lucha contra el narcotráfico en la región. 

Cazador cazado.

[1] EFE. “Hernández atribuye a venganza la denuncia de que usó dinero del narcotráfico”. 4 de agosto de 2019. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/hernandez-atribuye-a-venganza-la-denuncia-de-que-uso-dinero-del-narcotrafico/10001-4036843

[2] Venezuela Política. “Fiscalía de EE. UU. asegura que el presidente de Honduras recibió un millón de dólares para su campaña de Joaquín El Chapo Guzmán”. 2 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/fiscalia-de-ee-uu-informa-que-el.html

[3] Justia Honduras. Constitución Política de la República de Honduras de 1982. https://honduras.justia.com/federales/constitucion-politica-de-la-republica-de-honduras-de-1982/titulo-iii/capitulo-ii/



viernes, 22 de abril de 2022

Conozca la acusación formal por narcotráfico presentada contra Juan Orlando Hernández en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York

 Conspiración de importación de cocaína; Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos; y Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos; son los tres cargos que se le imputan al expresidente hondureño.

Por Maibort Petit 

    Ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el fiscal por el distrito homónimo, Damian Williams, presentó la acusación formal dictada por un Gran Jurado en contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también conocido como “JOH”, la cual comprende tres cargos.

   Conspiración de importación de cocaína, es el primero de los cargos, el cual establece que Hernández es un exmiembro del Congreso de Honduras y expresidente de la referida nación centroamericana, quien entre 2004 y 2022 participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Por ello JOH habría recibido millones de dólares de parte de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, entre ellos, el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

  Se indica que Juan Orlando Hernández habría usado las ganancias del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, específicamente en los comicios presidenciales de Honduras de 2013 y 2017. A cambio, JOH protegió a los narcotraficantes, incluido su hermano y ex-diputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández".

 Juan Orlando Hernández facilitó información delicada a los traficantes de drogas relativa a las fuerzas del orden público y militares, ayudándolos de este modo en sus actividades delictivas. También dispuso que miembros de la Policía Nacional y militares de Honduras protegieran cargamentos de droga en ese país, al tiempo que permitió una violencia brutal sin consecuencias.

  Sostiene la acusación que JOH abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, esto con el fin de enriquecerse, obtener y mantener el poder de manera corrupta. Asimismo, corrompió las instituciones legítimas de Honduras y al tiempo que se presentaba públicamente como un aliado de los Estados Unidos, contribuía con sus cómplices a que su país se convirtiera en uno de los puntos de transbordo más grandes del mundo para la cocaína destinada a los Estados Unidos.

Los medios de la conspiración

  Al explicar los medios y métodos utilizados por JOH para la presunta comisión de la Conspiración de narcotráfico, la acusación explica que desde 2004, varias organizaciones de narcotraficantes en Honduras y otros lugares trabajaron juntas para recibir varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, a través de rutas marítimas y aéreas. Los envíos marítimos se enviaron hacia el norte desde la costa de Venezuela utilizando lanchas rápidas, barcos de pesca y portacontenedores, mientras los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente hechas de tierra o hierba, en Colombia y Venezuela, y se recibían en pistas de aterrizaje clandestinas similares en Honduras. Desde Honduras, los narcotraficantes la transportaban hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, a los EE. UU.

 Agrega que desde 2004, los miembros de la conspiración transportaron a través de Honduras más de 500.000 kilos de cocaína con destino a Estados Unidos, para lo cual los narcotraficantes consiguieron el apoyo, protección y participación directa de JOH y otros destacados funcionarios públicos hondureños. A estos, las organizaciones de narcotráfico les pagaron sobornos a cambio de que les proporcionaran protección contra investigaciones y el arresto.

  Hernández y otros destacados funcionarios públicos, supuestamente coordinaron con narcotraficantes en apoyo de la conspiración para transportar y distribuir estos grandes cargamentos de cocaína, al tiempo que hacía que otros brindaran seguridad fuertemente armada para proteger a los miembros de la conspiración y sus cargamentos de cocaína.

 JOH supuestamente interfirió con las investigaciones de narcotráfico, impidió la extradición a Estados Unidos de narcotraficantes; se enriqueció mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada; y obtuvo y mantuvo el poder político a través de sobornos a otros, con ganancias del narcotráfico para asegurar su elección, incluso a través del fraude electoral.

Los hechos

  Juan Orlando Hernández, de acuerdo a la acusación, junto a otros miembros de la conspiración, en tiempos cuando se despeñaba como congresista y se postulaba a la reelección, en 2005, presuntamente aceptó USD 40.000 en ganancias del narcotráfico de Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo", el exlíder de una organización de narcotraficantes con base en Honduras y Guatemala, cuyo soborno fue pagado a través de Juan Antonio Hernández Alvarado. A cambio, la organización de Díaz Morales recibió información y protección de la policía hondureña en las operaciones de transporte de grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras y Guatemala.

  En 2009, JOH hizo campaña para convertirse en presidente del Congreso Nacional de Honduras, tiempo en el que Díaz Morales le entregó aproximadamente USD 100.000 en ganancias del narcotráfico y a cambio ofreció que funcionarios amigos del narcotraficante serían colocados en los principales puestos policiales y brindarían información que les permitiera contrarrestar sus actividades delictivas.

  Del mismo modo, refiere la acusación que entre 2004 y 2016, Díaz Morales recibió información confidencial a cambio de los sobornos pagados a JOH, sobre las actividades en contra del narcotráfico emprendidas por las fuerzas del orden público y el ejército en Honduras. En ese mismo período, Díaz Morales y Tony Hernández trabajaron para transportar a través de Honduras aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos.

Aparece en escena Porfirio Lobo

  La acusación refiere que, en 2009, Porfirio Lobo, aliado político de JOH, comenzó una campaña para convertirse en presidente de Honduras y, en ese tiempo, trabajaron juntos para obtener aproximadamente USD 2.000.000 en ganancias del narcotráfico de Amílcar Alexander Ardon Soriano, alias "Chande", un ex-narcotraficante hondureño y, por entonces, alcalde de El Paraíso en Honduras.

  Hernández y Lobo Sosa le prometieron a Ardón Soriano, protegerlo del arresto y extradición a los Estados Unidos, así como también nombrarían a un pariente y co-conspirador (CC-1) de Ardón Soriano en un puesto en el gobierno nacional hondureño.

  En noviembre de 2009, Porfirio Lobo Sosa fue elegido presidente de Honduras y en enero de 2010, JOH se convirtió en presidente del Congreso Nacional. Posteriormente, y a cambio del soborno de USD 2.000.000 antes mencionado de Ardón Soriano, JOH y Lobo designaron a CC-1 como jefe de una agencia del gobierno hondureño y le otorgaron contratos gubernamentales a través de compañías de fachada controladas por narcotraficantes.

   En enero de 2010, con JOH como presidente del Poder Legislativo hondureño, Tony Hernández y Ardón Soriano participaron en múltiples envíos de cocaína por mes, para lo cual utilizaron varios medios de transporte. Juan Antonio Hernández Alvarado y Ardón Soriano trabajaron juntos para transportar a través de Honduras más de 30.000 kilogramos de cocaína con destino a EE. UU. Para ello contaron con el apoyo de JOH y miembros de la Policía Nacional de Honduras.

  En 2012, JOH apoyó públicamente una enmienda a la Constitución de Honduras que autorizó la extradición de ciudadanos hondureños a los Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Sin embargo, durante reuniones privadas, JOH, Tony Hernández Alvarado y otros funcionarios públicos prominentes en Honduras, prometieron proteger a sus aliados del narcotráfico a cambio de grandes pagos de ganancias del narcotráfico y apoyo en las próximas elecciones.

  En 2013, JOH comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras y presuntamente habría aceptado USD 1.000.000 en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera que llegaron a sus manos a través de su hermano Tony Hernández Alvarado quien, para la época, trabajaba en coordinación con Ardón Soriano y otra organización narcotraficante liderada por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Antonio Valle Valle para proporcionar al Cártel de Sinaloa cantidades masivas de cocaína y seguridad armada para el transporte de esos cargamentos a través de Honduras. JOH envió a Tony Hernández Alvarado y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el millón de dólares de Guzmán Loera.

El Cártel de Sinaloa en Honduras

  La acusación explica que, en 2013, previo a las elecciones presidenciales, JOH ordenó a CC-1 y a otros que sobornaran a ciertos políticos y funcionarios electorales utilizando los fondos de la campaña financiados con las ganancias del narcotráfico. Esto con el objetivo de asegurar que Juan Orlando Hernández ganara las elecciones.

  En 2013 y 2014, cuando JOH fue elegido presidente de Honduras, como parte de su participación continua en la conspiración de tráfico de cocaína se asoció con Geovanny Fuentes Ramírez y este le proporcionó USD 25.000 a cambio de protección. JOH quería acceder a un laboratorio de cocaína controlado por Fuentes Ramírez debido a su proximidad a un puerto en Honduras y acordó con éste el uso de personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad para sus actividades de narcotráfico. JOH instruyó a Fuentes Ramírez acerca de que Tony Hernández Alvarado estaba manejando actividades de narcotráfico en Honduras y que a él debía reportarle directamente.

   En 2014, con JOH en la presidencia, se reunió con Tony Hernández Alvarado, Ardón Soriano y CC-1, entre otros, para discutir las extradiciones pendientes de Miguel Valle y Luis Valle a los Estados Unidos. JOH había decidido extraditarlos en respuesta a los informes de que estos planeaban asesinarlo.

  En 2017, mientras JOH estaba en campaña para la reelección, se reunió con Ardón Soriano en Copán, Honduras y manifestó su preocupación ante la posibilidad de perder las próximas elecciones y le pidió que financiara su campaña en Copán y Lempira, a cambio de seguir protegiéndolo de arresto y extradición. Ardón Soriano destinó USD 1.500.000 provenientes del narcotráfico para sobornar a otros políticos y funcionarios electorales.

  En 2018, Tony Hernández Alvarado fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York en relación con su participación en la conspiración de tráfico de cocaína, y posteriormente fue condenado después de un juicio, el 18 de octubre de 2019 por delitos de narcotráfico.

  Mientras el caso de Hernández Alvarado estaba pendiente, JOH continuó coordinando con narcotraficantes la promoción de la conspiración. Durante el juicio de Tony Hernández Alvarado, se presentó como evidencia una fotografía recuperada del teléfono celular de este que mostraba una ametralladora inscrita con el nombre de JOH, así como los registros de drogas pertenecientes a otro narcotraficante hondureño (CC-2) que contenían anotaciones con el nombre de Juan Antonio Hernández Alvarado y las iniciales de "JOH", junto con las entradas correspondientes que reflejaban grandes pagos a estos. Aproximadamente una semana después de la condena de Tony Hernández Alvarado, el 26 de octubre de 2019, CC-2 fue asesinado en la cárcel.

Las armas

  El segundo cargo que contiene la acusación formal contra Juan Orlando Hernández es por Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos, habiendo determinado el Gran Jurado que desde 2004 hasta 2022, en Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, México y en otros lugares, en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, el acusado, quien  puede ser procesado en un tribunal de los estadounidense por la conspiración de importación de cocaína imputada en el Primer Cargo, usó y portó armas de fuego en apoyo de dicho delito y ayudó e instigó a su uso, porte y posesión.

 El tercer cargo contra JOH es por Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, estableciendo la acusación que este y otros, confabularon durante la comisión del delito del primer cargo, para usar y portar armas de fuego para promover dicho delito.

Alegación de decomiso

  Finalmente, la acusación formal contra Juan Orlando Hernández, contempla que este perderá en favor de los Estados Unidos todas las armas de fuego y municiones involucradas y utilizadas en la comisión de los delitos imputados en los Cargos Dos y Tres.

  Se prevé que si cualquiera de los bienes decomisables antes descritos, como resultado de cualquier acto u omisión de el acusado no puede ser localizado en el ejercicio de la debida diligencia; ha sido transferido o vendido a, o depositado con, una tercera persona; ha sido colocado fuera de la jurisdicción de la Corte; ha disminuido sustancialmente su valor; o se ha mezclado con otros bienes que no pueden subdividirse sin dificultad, Estados Unidos solicitará el decomiso de cualquier otra propiedad del demandado hasta el valor de los bienes confiscables antes mencionados.


martes, 19 de abril de 2022

Este miércoles: Juan Orlando Hernández podría ser extraditado a EE. UU.

Por Maibort Petit 

  Este miércoles 20 de abril será entregado a las autoridades de los Estados Unidos, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), según informaciones recibidas por fuentes ligadas al caso en Tegucigalpa. El exmandatario es requerido por la justicia norteamericana que lo juzgará por delitos de narcotráfico.

    Juan Orlando Hernández será juzgado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico, al igual que su hermano, Juan Antonio Hernández que fue condenado a dos cadenas perpetuas tras ser hallado culpable de delitos de tráfico de drogas y de mentir a la justicia de EE. UU., entre otros delitos.
 
   Este martes, en horas de la tarde, se realizaron los últimos protocolos para la entrega de Hernández a la representación de la Agencia Antidrogas de EE. UU. en el país centroamericano. 

    La fuente sostuvo que el expresidente será llevado éste 20 de abril, en un helicóptero de la Policía Nacional, escoltado por helicópteros de la Fuerza Aérea desde su centro de detención, en el Cuartel General de las Fuerzas Especiales de la PN, a la base Aérea hondureña, Coronel, Hernán Acosta Mejías de Tegucigalpa, donde será entregado a las autoridades de los EE. UU.

   Los agentes federales estadounidenses serán quienes trasladen al exmandatario a la Base Aérea, José Enrique Soto Cano, Palmerola [que comparten la Fuerza Aérea Hondureña con los Estados Unidos]. Desde ese centro, Juan Orlando Hernández será trasladado a Nueva York, en un avión del gobierno norteamericano (US. Marshals) a cargo del Servicio de Alguaciles de EE. UU.

La carrera judicial

  Un total de 15 magistrados, que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  de Honduras firmaron un fallo que ratificó la decisión de extraditar a Juan Orlando Hernández, adoptada por un juez de primera instancia el 16 de marzo de 2022.

  Luego de cumplir con la normativa, un juez ordenó la entrega inmediata del ciudadano Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, en colaboración con la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa y también Cancillería", informó hace una semana la CSJ.

  El 14 de febrero, Estados Unidos solicitó al gobierno de Honduras  la extradición de Hernández, acusado de "conspiración violenta de narcotráfico, para transportar aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos", incluso antes de que fuera presidente, entre 2014 y 2022.

  Desde su arresto, el 15 de febrero, Juan Orlando Hernández ha permanecido en la prisión de un cuartel policial conocido como "Los Cobras", en el este de Tegucigalpa. Sus abogados apelaron, sin éxito,, la decisión judicial de extradición ante la Corte Suprema y luego intentó impedirla con un recurso de amparo, que también fue rechazado.

  El proceso concluye casi un mes después que el pasado 7 de febrero del presente año 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informara de la desclasificación y publicitación de la inclusión del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de los EE. UU. desde el 1 de julio de 2021, en razón de que múltiples informes creíbles daban cuenta de la supuesta participación del exmandatario en hechos de corrupción y narcotráfico, así como en la utilización de las ganancias de dichas actividades ilícitas en la facilitación de campañas políticas[1].

Actividades criminales

  Sobre JOH existían sospechas desde el año 2004, de acuerdo a lo que revelan documentos que fueron desclasificados que indican que “participó en una conspiración violenta de narcotráfico” en esa época en que ejercía como diputado del Congreso Nacional del que, incluso, era directivo.

  Para la defensa de JOH es fundamental que el expresidente permanezca en Honduras y en ese sentido giran sus actuaciones, entre ellas, el haber sacado a relucir los supuestos 32 casos que su representado tiene abiertos en instancias de su país. Los abogados, buscaron frenar la extradición advirtiendo que era necesario que antes se investiguen las denuncias y sea juzgado en la nación centroamericana.

  Juan Orlando Hernández se enfrenta a una experiencia similar a la de su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, condenado a cadena perpetua por delitos similares.

  El primero de los cargos imputado a JOH es por conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada a ese país. El segundo cargo, es por usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa en el cargo uno. En tercer lugar, se le señala de conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.

  Juan Orlando Hernández ha negado insistentemente los cargos en su contra, personalmente, y a través de sus abogados o por intermedio de su esposa, Ana García de Hernández, quien sostiene que JOH es víctima de una venganza orquestada por parte de narcotraficantes hondureños que fueron extraditados a los EE. UU. y buscan bajar sus penas.

   García advirtió que el convenio suscrito entre EE. UU. y Honduras no es una normativa que, de acuerdo al derecho, permita la extradición de nacionales hondureños. Debe aplicarse la ley hondureña y recordó que el país centroamericano es suscriptor de tratados internacionales que protegen a los conciudadanos de ser víctimas de penas inhumanas y degradantes.