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jueves, 31 de marzo de 2022

“No darse por enterada”: La estrategia de Venezuela para evadir las demandas en su contra por impago

 Ahora Venezuela busca deponer a dos de los demandantes, los bonistas Rudi Giovanni Lovati y Alessandro Lucibello Piani.

Por Maibort Petit

   La repetición de la fórmula sugiere que Venezuela ha implementado como estrategia el no darse por enterada de las múltiples demandas que por incumplimiento de contrato se han entablado en su contra, al no haber honrado sus compromisos de pago y, de esta forma, evadir o por lo menos retrasar el desarrollo de las diversas causas entabladas en los tribunales de los Estados Unidos que buscan que la nación cumpla con sus compromisos.

  Tal es el caso de Sergio Lovati, Rudi Lovati, Alessandra Sarago Lovati y Alessandro Lucibello Piani, quienes demandaron a la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato el 23 de mayo de 2019. Reclaman que Venezuela no pagó los intereses estipulados contractualmente sobre los Bonos 2027 emitidos por la república. Desde entonces, bregan para cumplir con el requisito de notificar legalmente a Venezuela de la acción legal en su contra.

  El 20 de agosto de 2019, el secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York donde se libra la causa, notificó la entrada en rebeldía contra Venezuela de conformidad con la Norma Federal de Procedimiento Civil 55(a) y esta se movió para anular el Certificado de Incumplimiento y desestimar la demanda por falta de jurisdicción personal.

  El 20 de agosto de 2020, el Secretario del Tribunal notificó la declaración de incumplimiento contra Venezuela de conformidad con la Norma Federal de Procedimiento Civil 55(a). El 9 de diciembre de 2019, los demandantes solicitaron una sentencia en rebeldía y acto seguido, la demandada solicitó la nulidad del asiento de rebeldía y la desestimación de la demanda por falta de competencia personal.

  En esta entrega presentamos las acciones emprendidas por las partes respecto al servicio que los demandantes deben hacer a la República Bolivariana de Venezuela.

Desestimar FSIA

  El 27 de abril de 2020, Kent A. Yalowitz, de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, en representación de la República Bolivariana de Venezuela, remitió al juez Andrew L.Carter Jr., una solicitud para que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, programara argumentos orales sobre la Solicitud pendiente de su cliente para anular el certificado de rebeldía y desestimar por falta de jurisdicción personal.

   Refirió el abogado, que la moción de Venezuela planteaba una cuestión importante de interpretación legal que podría afectar las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Argumentaba que los estados soberanos extranjeros podían ser atendidos por métodos distintos a los que planteado en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), 28 U.S.C. §1608(a). Venezuela creía que el argumento oral facilitaría la resolución del asunto por parte de la Corte.

Tribunal niega desestimación por falta de jurisdicción

  El 11 de noviembre de 2020, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, Andrew L. Carter Jr., negó la moción de la República Bolivariana de Venezuela de desestimar por falta de jurisdicción personal y le concedió la moción de anular la entrada en rebeldía.

  Del mismo modo, el magistrado negó la moción de alegato oral de Venezuela por discutible.

 El juez ordenó que, tan pronto como sea posible, los demandantes sirvieran a la República Bolivariana de Venezuela en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en 28 U.S.C. §1608(a). Se indicó que a menos que la notificación se efectuara dentro de los 60 días, los demandantes debían presentar un informe de estado ante el Tribunal el 15 de enero de 2021 o antes, explicando por qué no se había realizado la notificación.

  Ante el argumento de Venezuela de que el referido tribunal carece de jurisdicción personal debido a una notificación indebida en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), mientras que los demandantes alegan que sirvieron a la República de conformidad con la Sección 1608(a)(1) de la FSIA.

  El juez Carter Jr. advirtió que si bien el servicio de los demandantes a Venezuela fue impropio, no se justifica el despido, por lo que el tribunal extenderá el tiempo para que Sergio Lovati, Rudi Lovati, Alessandra Sarago Lovati y Alessandro Lucibello Piani, sirvan debidamente a la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con las disposiciones de la Sección 1608(a).

  Se advierte en la decisión que el tribunal enfrentó en este caso una novedad en el contexto de la FSIA, dado que los demandantes celebraron un arreglo especial con Venezuela y esta no cumplió con dicho arreglo especial ni hizo otros arreglos para la notificación del proceso. El juez estableció que la Corte no permitirá que Venezuela use su incumplimiento del arreglo especial establecido en la FAA como espada y escudo.

  Por tales razones, el juez Carter Jr. negó la moción de Venezuela de sobreseimiento por falta de jurisdicción personal, pero dado que se determinó que los demandantes no notificaron correctamente a la República Bolivariana de Venezuela, se concedió la moción para anular la entrada de incumplimiento.

Petición de prórroga para completar el servicio

  El 15 de marzo de 2021, David T McTaggart en nombre de los demandantes, se comunicó con el juez Andrew L. Carter Jr., para informarle, de acuerdo a la orden del tribunal del 19 de enero de 2021, sobre las acciones de sus clientes para notificar a la República Bolivariana de Venezuela de la demanda en su contra, de conformidad con 28 USC § 1608(a)(4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

  Le manifestó al magistrado que Venezuela había incumplido sus obligaciones contractuales de aceptar notificaciones y precisó que el 11 de noviembre de 2020, la Corte había concluido que, dadas las infracciones de la demandada, los intentos de notificación anteriores de los demandantes no cumplieron estrictamente con los requisitos de ley. Por ello, se dirigió el servicio de la FSIA a través de otros medios.

  Se indicó que el 15 de enero de 2021, los demandantes informaron que habían tomado medidas para servir a Venezuela a través de canales diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero el 15 de marzo de 2021, ese despacho del Ejecutivo informó que no pudo ubicar los documentos e instruyó a los demandantes para que los retransmitieran a través de secretario del tribunal del Distrito Sur de conformidad con el protocolo FSIA. En este sentido, informó que el 17 de marzo de 2021, el Secretario presentó un Certificado de Envío por Correo confirmando que había retransmitido la documentación al Departamento de Estado para esa acción.

  El abogado dijo al juez que desde su informe de enero, habían mantenido contacto con el personal del Departamento de Estado responsable de coordinar el envío de los documentos a Venezuela pero, estos le había advertido que no habían podido localizar los documentos que se habían presentado para una de las acciones, a saber, el Caso No. 19-cv-04793. Precisaron que, aunque los recibos de seguimiento de FedEx confirmaban la entrega de ambos paquetes al Departamento de Estado en la mañana del 5 de enero de 2021, este sólo había localizado los papeles de una de las acciones. El personal del Departamento de Estado citó el entorno de trabajo remoto como un factor en los documentos faltantes y solicitó que volvieran a presentar los documentos de servicio para esa acción a través del Distrito Sur siguiendo el mismo protocolo y se tomarían medidas para efectuar el servicio a Venezuela en ambas acciones.

  Los demandantes actuaron en consecuencia, según informó el abogado al tribunal, manifestando su esperanza de que ahora el Secretario enviaría los materiales al Departamento de Estado para que éste procediera a servir a Venezuela de conformidad con 28 U.S.C. § 1608(a)(4).

  David T McTaggart pidió al juez Andrew L. Carter Jr. 60 días adicionales para la finalización del servicio y que ordenara informar sobre el estado a más tardar el 14 de mayo de 2021.

Demandantes piden nueva prórroga

  El 14 de mayo de 2021, David T. McTaggart, de la firma Duane Morris, en representación de los demandantes, Sergio Lovati, Rudi Lovati, Alessandra Sarago Lovati y Alessandro Lucibello Piani, remitió una comunicación al juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Andrew L. Carter Jr., a objeto de notificar el proceso a la demandada, la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con 28 USC § 1608(a)(4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

   Se reiteró la información ofrecida a la Corte en la comunicación antes descrita y se agregó que habían mantenido contacto con el Departamento de Estado, el cual no pudo confirmar la recepción de los materiales adicionales el 22 de marzo de 2021, pero sugirió hacer un seguimiento a fines de abril, momento cuando esperaba "tener un sentido de tiempo más firme" con respecto al servicio de proceso en ambos asuntos. Se actuó en consecuencia, habiéndose hecho seguimiento en abril y mayo cuando su punto de contacto confirmó la custodia de los documentos requeridos en ambos asuntos y declaró que "actualmente están en proceso de transmisión". Sin embargo, refirió que el Departamento de Estado advirtió que el “COVID-19 ha afectado el procesamiento de las solicitudes de servicios, por lo que no tenían “una fecha/hora específica para la transmisión de los materiales”.

  Para el momento de la comunicación, el Departamento de Estado les informó que los documentos seguían ser entregados, pero que el proceso para organizar la transmisión a través de canales diplomáticos estaba en gran parte completo.

 Los demandantes pidieron al tribunal que autorizara 60 días adicionales para la finalización del servicio y ordenara que se informara a la Corte sobre el estado a más tardar el 13 de julio de 2021.

Venezuela busca deponer a dos demandantes

  El 1 de febrero de 2022, el abogado Kent A. Yalowitz, de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, dirigió una comunicación a la juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Debra Freeman, para, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y los demandantes, Sergio Lovati, Rudi Lovati, Alessandra Lovati y Alessandro Piani, proceder a presentar un informe conjunto en atención a la Orden de la Corte del 24 de enero de 2022.

   Yalowitz precisó que los abogados de ambas partes se reunieron y consultaron el 10 de diciembre de 2021 con respecto a la intención de Venezuela de deponer a los demandantes Rudi Giovanni Lovati y Alessandro Lucibello Piani y el abogado de los demandantes propuso que la acusada realizara declaraciones por escrito bajo Fed. R. Civ. P. 31, en lugar de por examen oral a lo que Venezuela estuvo de acuerdo.


  Refirió que el demandado entregó preguntas de declaración por escrito a ambos demandantes el 27 de diciembre de 2021 y, desde entonces, las partes han intercambiado varias comunicaciones con respecto a dichas preguntas, incluidas las objeciones de los demandantes al alcance y la propiedad de algunas de las preguntas, así como del cronograma para proporcionar respuestas.

  Se le dijo a la juez que las partes habían acordado que, sin renunciar a sus objeciones, los demandantes se esforzarían por responder a las preguntas de la deposición dentro de los 30 días posteriores a la presentación de esta carta al tribunal (es decir, antes del 3 de marzo de 2022) y que las partes presentarían un informe de estado conjunto al Tribunal dentro de los 15 días posteriores (es decir, antes del 18 de marzo de 2022).

  Por tal razón, Venezuela solicitó al Tribunal que mantenga abierto el descubrimiento hasta que se completen las declaraciones escritas de los demandantes y el informe de estado conjunto de las partes. Indicaron que ante cualquier disputa que surgiera, las partes buscarían de inmediato la asistencia de la corte. Los demandantes dieron su consentimiento a esta solicitud.

martes, 25 de enero de 2022

Casa Express: El historial judicial de la primera demanda contra Venezuela por el impago de bonos (II)

  Los bienes inmuebles a través de los que Casa Express fueron adquiridos por Raúl Gorrín a través de un grupo de empresas de la que es propietario o tiene el control sobre ellas.

Por Maibort Petit

   Para cobrar la sentencia que el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dictó a su favor por USD 43.360.535,15, Casa Express Corp. una empresa tenedora de bonos de Venezuela, ha dirigido su artillería a un conjunto de bienes inmuebles adquiridos por Raúl Gorrín con, supuestamente, fondos irregulares producto de la corrupción, los cuales se encuentran congelados por orden de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

    La compra se hizo a través de empresas propiedad o bajo el control de Gorrín, las cuales insisten en no tener vinculación en el asunto y alegan que la Corte carece de jurisdicción para ordenar cobrarse la sentencia con los inmuebles.

  Pero Casa Express no se da por vencida y, por ello, registró la sentencia en la Corte del Distrito Sur de la Florida dispuesta, contra viento y marea, a cobrar su deuda con los bienes supuestamente mal habidos del empresario venezolano.

En esta entrega presentamos el historial judicial de este caso.

Moción acelerada para embargar apartamentos de Gorrín

   El 10 de septiembre de 2021, Andrés Gamardo, de la firma Sánchez Fischer Levine LLP en representación del acreedor de la sentencia Casa Express Corp. como Síndico del Fideicomiso Casa Express Trust, presentó ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida-División Miami, una Moción acelerada ex parte para solicitar el inicio de un procedimiento complementario para ejecutar la Sentencia Final Modificada dictada a su favor contra la República Bolivariana de Venezuela.

   Igualmente, Casa Express solicitó que se dictara una orden para implicar como demandados a Alejandro Andrade Cedeño, Raúl Gorrín Belisario, RIM Group Investments Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group Investments III Corp., Posh 8 Dynamic Inc. y Planet 2 Reaching Inc., y en consecuencia se emitieran los Avisos de Comparecencia reglamentarios.

   Casa Express procuraba embargar ocho inmuebles comprados en la Florida por Raúl Gorrín a través de entidades ficticias, con fondos venezolanos malversados obtenidos mediante un esquema de cambio de moneda extranjera ilícito y corrupto. Dichos inmuebles se encuentran bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

  En razón de que para la compra de los inmuebles se utilizaron fondos venezolanos malversados, las propiedades están sujetas a un fideicomiso constructivo a favor de Venezuela y están sujetas a ejecución por parte de Casa Express de conformidad con 28 U.S.C. § 1610(c) y Estatuto de Florida § 56.29.

   La solicitud de Casa Express obedecía al hecho de que el 12 de marzo de 2021, el socio comercial de Raúl Gorrín había vendido un inmueble ubicado en Coral Gables, Florida, por USD 3,6 millones, a pesar de encontrarse bloqueado por la OFAC. Además, se advertía a la corte que la mayoría de las propiedades tenían gravámenes por tasaciones impagas y estaban en riesgo de ejecución hipotecaria, por lo que para evitar que fueran vendidas, transferidas o fueran movidas de otro modo de manera similar, Casa Express pidió la revisión y reparación aceleradas antes del 24 de septiembre de 2021. De este modo o era posible acusar de inmediato a las partes que tenían el título de propiedad dichos bienes inmuebles.


   La OFAC determinó que Raúl Gorrín invirtió los fondos venezolanos malversados en “propiedad nacional e internacional” a través de una red de entidades y estructuras corporativas para ocultar que él era el beneficiario real de los activos.

  Dichas entidades son: RIM Group Investments Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp. y RIM Group Investments III Corp., las cuales son entidades de la Florida que son propiedad o están bajo el control de Gorrin y su esposa.

  Igualmente, Posh 8 Dynamic Inc. y Planet 2 Reaching Inc., entidades de Delaware que son propiedad o están bajo el control de Gorrin.

  Estas entidades que, de acuerdo a una investigación independiente realizada por un experto, sí adquirieron propiedades inmobiliarias en Florida desde 2008, son: 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146; 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160; y 7043 Fisher Island Dr., Unidad 7043, Fisher Island, Florida 33109.

   Debido a que Venezuela no cumplió con el pago de la Sentencia durante más de siete meses, el Distrito Sur de Nueva York autorizó a Casa Express a iniciar acciones de ejecución en los Estados Unidos. Entonces, Casa Express registró la sentencia a su favor en el estado de la Florida el 27 de agosto de 2021 de modo de poder actuar como si dicha sentencia hubiese sido dictada en la referida entidad federal.

  Hay que acotar que en el esquema de corrupción en el que supuestamente incurrió Raúl Gorrín, también intervino Alejandro Andrade Cedeño, quien fue responsable de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela. De este modo, con la asistencia de Andrade, Gorrín se apropió indebidamente de fondos venezolanos a través de un esquema ilícito de cambio de moneda extranjera.

   Gorrín fue acusado federalmente en el Distrito Sur de Florida el El 16 de agosto de 2018 y el 15 de diciembre de 2020 se emitió una acusación de reemplazo por su participación en el esquema de cambio de moneda extranjera ilícito y corrupto. Esta acusación de reemplazo enumera varias propiedades reales sustitutos que no contempla Sunny Isles Beach, Florida 33160; y 7043 Fisher Island Dr., Unidad 7043, Fisher Island, Florida 33109; pero agrega el 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143 (“140 Paloma Drive”), la que advertimos líneas arriba, fue vendida por el cuñado y socio comercial de Gorrín, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales.

  Siendo que se trata de propiedades que se encuentran en un fideicomiso a favor de Venezuela, Casa Express procura cobrar parte de su sentencia con estos inmuebles.

Citadas las empresas

  El Tribunal del Distrito Sur de Florida también citó a comparecer al abogado de la empresa Posh 8 Dynamic Inc.

Así como al abogado de Planet 2 Reaching Inc.

  Howard Srebnick de la firma Black, Srebnick, Kornspan & Stumpf, P.A. presentó una Moción conjunta entre Planet 2 Reaching, Inc. y Posh 8 Dynamic, Inc., para solicitar el tribunal una prórroga hasta el 12 de octubre de 2021, para presentar contestaciones a los avisos reglamentarios de comparecencia.

   Explicaron que fueron notificados el 17 de septiembre de 2021 por Casa Express de su intención de Iniciar Procedimientos Suplementarios, para Impugnar a los Acusados y para la Emisión de Avisos Estatutarios de Comparecencia y Avisos Legales Sellados de Comparecencia, lo cuales requieren que las entidades presenten una declaración jurada que indique por qué ciertos bienes inmuebles no deben aplicarse a la satisfacción de la sentencia obtenida por el Demandante contra Venezuela.

  Dijo que luego de conversar con el abogado de Casa Express, este no tenía inconveniente en extender hasta el 12 de octubre de 2021 el plazo para responder. La prórroga fue concedida por el juez Beth Bloom.

Nueva prórroga

   Nuevamente, Howard Srebnick, de Srebnick, Kornspan & Stumpf, P.A. en representación de Planet 2 Reaching, Inc. y Posh 8 Dynamic, Inc., solicitó una prórroga hasta el 4 de noviembre de 2021, para presentar respuestas a los avisos legales para comparecer.

Sustitución de abogados de Casa Express

  En la misma fecha, 26 de octubre de 2021, Fausto Sánchez, de la firma Sánchez Fischer Levine, en conjunto con Andrés Gamardo, de Gamardo, PA, solicitaron la emisión de una Orden que sustituya a SFL., firma que a partir de dicha fecha dejaría de representar los derechos de casa Express.

La respuesta de las empresas

  Howard Srebnick, de Black Srebnick Kornspan and Stumpf PA, en representación de RIM Group Investments Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group Investments III Corp., Posh 8 Dynamic Inc. y Planet 2 Reaching Inc., presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida un memorando en oposición a la moción para iniciar un proceso complementario en su contra por parte de Casa Express Corp.

  Sostenían las empresas que nada tenían que ver en el caso de los bonos venezolanos impagos. Refirieron que la petición no alega ninguna causa de acción por parte de Casa Express contra ninguno de los Demandados o las propiedades.

  Manifestaron al tribunal que no tienen nada que ver con los Demandados ni con las transacciones de cambio de moneda extranjera que Casa Express desea litigar. Advirtieron a la Corte que Casa Express busca ejecutar con base en un reclamo hipotético de fideicomiso constructivo venezolano contra sus bienes inmuebles. Alertaron que la condición de acreedor judicial no otorga a Casa Express legitimación para demandar por Venezuela.

   Sostienen que FSIA prohíbe la Moción porque, entre otras cosas, la ley establece una presunción judicial de inmunidad soberana extranjera tanto de juicio como de embargo y ejecución, que Casa Express no puede superar.

  Igualmente, recordaron que los activos sobre los que Casa Express busca ejecutar están bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y cualquier procedimiento contra los activos bloqueados está prohibido por la ley federal, privando al Tribunal de jurisdicción.

Pidieron al Tribunal negar la moción presentada por Casa Express.

El abogado de Gorrín

   En consonancia a lo anterior estuvo la declaración jurada que el abogado D.E. Wilson Jr., de la firma Venable LLP, presentó el el 4 de noviembre de 2021 ante la Corte del Distrito Sur de la Florida como representante autorizado de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, así como de los inmuebles de su propiedad, directa o indirectamente, según licencia emitida por la OFAC el 9 de diciembre de 2020 que vence el 31 de mayo de 2022.

  Sus facultades incluyen las propiedades son propiedad o están bajo control de RIM Group Investments, Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group Investments III Corp., Planet 2 Reaching Inc. y Posh 8 Dynamic Inc.

   Refirió que cuando las propiedades están bloqueadas  por la OFAC  el propietario mantiene el título de propiedad y “cualquier fondo que constituya o surja de la propiedad bloqueada debe colocarse en una cuenta bloqueada que genere intereses en una institución financiera de los EE. UU. El bloqueo impone de inmediato una prohibición general de realizar transferencias o tratos de cualquier tipo con respecto a la propiedad”.

  Advirtió al tribunal que hasta la fecha de su declaración “como licenciatario de la OFAC, no he tomado ni he aprobado que se tome ninguna transacción con respecto a los demás bienes en poder de las personas y entidades nombradas por el actor en el litigio en el que se presenta esta declaración”.

   Informó que con la aprobación de las empresas contrató “al bufete de abogados Black Srebnick para que represente a las Entidades notificadas en este asunto y para hacer valer las defensas de hecho y de derecho establecidas en la Respuesta a la petición acelerada ex parte del acreedor de la sentencia para iniciar el procedimiento. Complementario (la Respuesta”), notificada al mismo tiempo que la presente, y que por la presente adoptó”.

Casa Express responde

  El 11 de noviembre de 2021, Andrés Gamardo, en representación del demandante y acreedor del fallo, Casa Express Corp, como fideicomisario de Casa Express Trust, presentó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida un memorando en oposición a la moción acelerada ex parte para iniciar procedimientos complementarios, para acusar a los demandados y para la emisión de notificaciones legales para Comparecer presentado por Posh 8 Dynamic Inc., Planet 2 Reaching Inc., RIM Group Investments Inc., RIM Group Investments I Inc., RIM Group Investments II Inc., RIM Group Investments III Inc.

   En una exposición en la que primero advierte que su escrito de respuesta se formula por precaución pues no está obligado a replicar la moción de los demandados, alerta acerca de lo que considera errores y desconocimiento manifiesto, en el memorando de los demandados  de las leyes de la Florida, la doctrina del fideicomiso constructivo, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, las Reglas Federales de Procedimiento Civil y otras leyes aplicables.

 Refiere que los demandados en su memorando con fallas procedimiento y fondo en todo momento, buscan en todo momento desestimar el procedimiento de Casa Express de manera infundada.

  Sostienen que a pesar de la confusión de de los demandado acusados, el memorando “es en realidad su alegato de respuesta (es decir, Respuesta) a los Avisos de Comparecencia”.

  Asimismo, subrayan que una declaración jurada de respuesta debe presentar cualquier hecho o defensa que se oponga a la aplicación de la propiedad descrita en el Aviso de comparecencia para cumplir con el fallo, incluidas las defensas legales, como la falta de jurisdicción personal.

  Igualmente, destacan que lo que sí se admite en el memorando es que los ocho bienes inmuebles, contra los cuales Casa Express busca satisfacer su sentencia, son propiedad del Deudor de la Sentencia, la República Bolivariana de Venezuela.

  En tal sentido, “Casa Express se reserva el derecho de buscar la reparación adecuada en su debido momento, incluida una moción de juicio sobre los alegatos y un juicio sumario después de que se haya notificado el proceso a Venezuela”.

sábado, 7 de agosto de 2021

Venezuela se ahogada en demandas: La demanda colectiva de Daniel Retter

  Incumplimiento de contrato es el reiterado reclamo que los bonistas hacen a Venezuela en las cortes de Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   A Pharo Gaia Fund, Casa Express y Pharo Gaia Fund, entre otras a las que hemos hecho referencia en estas páginas, se suma Daniel Retter, quien extiende su acción a todas las personas afectadas con Bonos Internacionales del Gobierno de Venezuela 7.750 por ciento como el suyo, tanto en Estados Unidos como otras partes y presenta una demanda colectiva en reclamo a la República Bolivariana de Venezuela por la falta de pagos de capital e intereses de las citadas notas.
  El no darse por notificada parece ser una estrategia de Venezuela frente a las exigencia que los acreedores hacen en las instancias judiciales.

Notificación y petición de pago

  El 25 de septiembre de 2020, Daniel Retter, un ciudadano del estado de Nueva York y residente del condado de Bronx, remitió una comunicación a la República Bolivariana de Venezuela, a la atención del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, en Caracas, a objeto de para exigir el pago del capital e intereses de los bonos que posee y que no percibe desde el 13 de octubre de 2009.
   Retter le refiere al despacho de gobierno venezolano que el 5 de mayo de 2017, compró Bonos Internacionales del Gobierno de Venezuela 7.750 por ciento con un valor nominal total de USD 180.000.

  Venezuela debía pagarle intereses semestralmente el 13 de octubre y 13 de abril de cada año, a partir de la fecha de emisión del 13 de octubre de 2009, a una tasa del 7.750 por ciento por año, pero incumpliendo el contrato, en ningún momento se ha hecho la cancelación de capital, intereses o de otro tipo.

La demanda

   El 12 de octubre de 2020, Gregory A. Nahas, de la firma Pardalis & Nohavicka LLP, en representación de Daniel Retter, individualmente y en nombre de todos los demás en situación similar, ante la Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para demandar a la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato en relación con su obligación de pagar el capital pendiente y los intereses acumulados actualmente adeudados sobre los bonos emitidos en poder del demandante y los miembros de la Clase.
  Se explica en la demanda que Daniel Retter, como miles de personas, posee bonos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con un Acuerdo de Agencia Fiscal de fecha 25 de julio de 2001, según la Enmienda Nº 1 del 19 de septiembre de 2003, la Enmienda Nº 2 del 25 de marzo de 2005, y la Enmienda Nº 3 del 17 de diciembre de 2007.

  De conformidad con el Acuerdo de Agencia Fiscal y el contrato del prospecto de los bonos, Venezuela debía pagar a los miembros de la Clase, intereses sobre los bonos semestralmente a una tasa fija, así como el capital pendiente adeudado sobre los bonos en su totalidad en la fecha de vencimiento de los mismos, pero incumplió con esta obligación.

   Retter busca la reparación por daños y reparaciones equitativas para él y los miembros de la Clase de la cual es miembro. Esta Clase putativa incluye personas que poseen uno o más bonos emitidos por Venezuela y no recibieron todos los pagos de intereses y capital adeudados.

Los hechos

  Daniel Retter compró Bonos Internacionales del Gobierno de Venezuela, Número de Garantía: P97475AN0 el 5 de mayo de 2017.

  Estas notas fueron emitidas por Venezuela con Deutsche Bank Trust Company Americas, anteriormente Bankers Trust Company, que actúa como agente fiscal.

  Los Bonos tienen un valor nominal total de USD 180.000, una tasa de cupón del 7,75% anual y vencieron el 13 de octubre de 2019.

   Los Bonos se emitieron de conformidad con el Acuerdo de Agencia Fiscal (FAA) y se rigen por él, estableciendo este que debía pagar intereses al semestralmente el 13 de octubre y el 13 de abril de cada año, a partir de la fecha de emisión del 13 de octubre de 2009, a una tasa del 7.750 por ciento anual, pero han incumplido el contrato y no han realizado pago alguno.

   El 25 de septiembre de 2020, el demandante envió por correo una notificación de incumplimiento y demanda de pago al Demandado por el capital y todos los intereses devengados sobre los Bonos a partir del 13 de octubre de 2009, exigiendo la cancelación del capital e intereses vencidos y adeudados hasta la fecha.

    El 8 de octubre de 2020, Daniel Retter envió por correo una segunda notificación de incumplimiento y demanda de pago al Demandado y al Agente Fiscal, pero estos no han respondido.

    Daniel Retter presenta la demanda en su nombre y en nombre de las siguientes Clases de conformidad con las Reglas Federales de Procedimiento Civil 23 (a), 23 (b) (2) y / o 23 (b) (3): Primero, Clase Nacional que comprende a todas las personas en los Estados Unidos que poseen uno o más bonos emitidos por la demandada y no recibieron todos los pagos de intereses y capital adeudados de conformidad con la FAA y/o el prospecto de los bonos desde el 12 de octubre de 2014, hasta el presente y continua; segundo, la Subclase de Nueva York, que comprende todas las personas en Nueva York que poseen uno o más bonos emitidos por el Demandado y no recibieron todos los pagos de intereses y capital adeudados de conformidad con la FAA y/o el prospecto de los bonos desde el 12 de octubre de 2014, hasta el presente y continua.
    La demanda comprende un cargo por incumplimiento de contrato en razón de que Venezuela no cumplido con sus obligaciones de pago de capital e intereses de acuerdo a los términos de la FAA y el contrato de prospecto de bonos.

   Daniel Retter pide al tribunal se le conceda una indemnización por daños, incluidos los reales, generales, especiales, incidentales, legales, punitivos, triples y consecuentes, en una cantidad que se determinará en el juicio; y pidió que se emita una orden judicial contra la República Bolivariana de Venezuela para que se le prohíba participar en prácticas, políticas y patrones ilícitos continuos como se establece en este documento.

  Asimismo, Retter pide que se le designe como representante de la Clase y a su abogado como abogado de la Clase.

  También pide se le cancelen los intereses previos y posteriores al juicio según lo disponga la ley; los honorarios, costos y desembolsos razonables de abogados; y cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa y adecuada.

Demanda enmendada

   El 23 de febrero de 2021, Daniel Retter, a través de sus abogados de Parfdalis & Nohavika LLP, introdujo en el tribunal una enmienda a la demanda en la que ahora se presenta como fideicomisario en nombre de las Oficinas de Derecho de Daniel Retter PC Fideicomiso de Jubilación, individualmente y en nombre de todos los demás en situación similar.

Asimismo, extiende la Clase que ahora será Nacional e Internacional.


jueves, 5 de agosto de 2021

Alexander Neuhauser notificará a Venezuela de demanda en su contra de acuerdo a la Convención de la Haya

  El demandante reclama el pago de capital e intereses de Bonos Globales 2018, 2020 y 2027.

Por Maibort Petit

   Dado que no ha podido hasta la fecha notificar formalmente a la República Bolivariana de Venezuela de la demanda interpuesta en su contra por incumplimiento de pago de capital e intereses de los títulos de la deuda de que es titular, Alexander Neuhanser procederá a cumplir con este trámite por medio de la Convención de La Haya, tal como lo establece la ley.
   El demandante reclama por el impago de Bonos Globales en su poder correspondientes a los años 2018, 2020 y 2027.

El informe al tribunal

  El 24 de marzo de 2021, Alexander Neuhauser, a través de sus abogados, remitió una comunicación a la juez Analisa Torres, para presentar un informe por ella solicitado el 9 de febrero de 2021, en el que expuso, en primer término, la imposibilidad que han afrontado para entregar la demanda al demandado de conformidad con 28 U.S.C. § 1608 (a) (1). Refirió que habían sido notificados de que la oficina del Consulado General de Venezuela en Nueva York se encontraba cerrada y no podía aceptar el servicio.

  El demandante le dio a conocer a la juez Torres, que se encontraban procediendo con la notificación de la denuncia del acusado por medio de la Convención de La Haya, de conformidad con el U.S.C. Sección 1608 (a) (2).

  Por tal motivo, Neuhauser solicitó al tribunal una extensión de tiempo de 45 días para efectuar la notificación al demandado.

La demanda

   El 8 de diciembre de 2020, el abogado Joshua H. Epstein, de la firma Davis & Gilbert LLP, en representación de Alexander Neuhauser, un ciudadano belga, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una demanda en contra de la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento en el pago del capital e intereses de los bonos globales 2018, 2020 y 2027.

   Neuhauser hace tres reclamos a Venezuela, el primero de ellos de compensación, a objeto de que se le otorgue una sentencia monetaria por un monto que se determinará en el juicio, pero que no sea menor de USD 1.150.000, más los intereses devengados aplicables, junto con los intereses previos al juicio, y los costos y honorarios de abogados.

   El segundo reclamo de compensación es para que se otorgue una sentencia monetaria por un monto que se determinará en el juicio, pero que no debe ser menor de USD 500.000, más el interés acumulado aplicable, junto con los intereses previos al juicio, y los costos y honorarios de abogados incurridos por Neuhauser en esta acción; y

  El tercer reclamo de reparación, Neuhauser pide una sentencia monetaria por un monto que se determinará en el juicio, pero que no sea menor de USD 100.000, más los intereses devengados aplicables, junto con los intereses previos al juicio, los costos y honorarios de abogados.

  Por último, Neuhauser solicita cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa y apropiada.

Los bonos

  El demandante expone que es el beneficiario efectivo de las participaciones en tres títulos de deuda denominados en dólares emitidos por Venezuela.

   La primera Garantía de Deuda, son bonos globales al 6 por ciento con vencimiento en 2020, ISIN Nº USP97475AG56, CUSIP Nº P97475AG5, emitido en 2005 de conformidad con un Acuerdo de Agencia Fiscal con fecha del 25 de julio de 2001 entre Venezuela, Banco Central de Venezuela, Deutsche Bank AG y Deutsche Bank Trust Company Americas (antes Bankers Trust Company).

  La segunda Garantía de Deuda, son bonos globales al 13,625 por ciento con vencimiento en 2018, ISIN Nº USP922646AT10, CUSIP Nº P922646AT1 (los “Bonos Globales 2018”), emitido 1998 de conformidad con un Acuerdo de Agencia Fiscal con fecha del 8 de agosto de 1998 entre Venezuela y The Chase Manhattan Bank.

  La tercera Garantía de Deuda, son bonos globales al 9.25 por ciento con vencimiento en 2027, ISIN Nº US922646AS37, CUSIP Nº 922646AS3, emitido en 1997 de conformidad con un Acuerdo de Agencia Fiscal con fecha del 3 de septiembre de 1997 entre Venezuela y The Chase Manhattan Bank.

    Estos títulos de deuda obligaban a Venezuela a reembolsar el capital y los intereses no pagados en su totalidad a la fecha de vencimiento, por un monto, en total, de aproximadamente USD 6 seis millones.

    Se refiere en la demanda que hasta el pago total del capital, ya sea en la fecha de vencimiento, según lo requieran los términos de los Títulos de Deuda o posteriormente, estos obligaban a Venezuela a pagar intereses sobre el principal semestralmente vencidos, el 9 de junio y 9 de diciembre de cada año (con respecto a los Bonos Globales 2020), el 15 de febrero y 15 de agosto de cada año (con respecto a los Bonos Globales 2018), y el 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año (con respecto a los Bonos Globales 2027) Bonos), a las tasas señaladas anteriormente por año.

  Sin embargo, a partir del pago de intereses con vencimiento el 9 de diciembre de 2017 para los Bonos Globales 2020, Venezuela no ha realizado ninguno de los pagos de intereses y capital requeridos sobre todos los Títulos de Deuda y, por lo tanto, ha incumplido sus obligaciones.

  Aunque Neuhauser no es un tenedor directo de los valores de deuda, las FAA pertinentes contemplan que los beneficiarios reales como él, con la autorización de Cede, tendrán derecho a tomar cualquier acción a que esta última tuviera derecho como titular de la Garantía de Deuda correspondiente.

Incumplimiento en los bonos globales de 2018

  Se indica en la demanda que los términos y condiciones de los Bonos Globales 2018 requerían que Venezuela pagara intereses, semestralmente, el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada año, a una tasa equivalente al 13,625 por ciento anual.

  Venezuela no hizo el pago correspondiente de intereses que vencieron el 15 de febrero de 2018, tanto en dicha fecha como en cualquier momento posterior.

  Se establecía que Venezuela reembolsara todo el principal pendiente de los Bonos Globales de 2018 a su vencimiento el 15 de agosto de 2018, lo cual no ocurrió, ni en ese momento ni fecha posterior.

  Por tal razón, Neuhauser reclama daños y perjuicios de al menos USD 500.000 más los intereses devengados aplicables.

   Habiendo transcurrido el lapso establecido por ley sin que se haya producido el pago, se convierte en un evento de incumplimiento según los términos y condiciones aplicables que rigen los Bonos Globales de 2018.


Por ello, Neuhauser requiere que Venezuela le cancele todos los gastos razonables y documentados entre ellos honorarios de abogados y costos judiciales.


Incumplimiento en los bonos globales de 2020


Los términos y condiciones aplicables de los Bonos Globales 2020 establecían que Venezuela debía pagar intereses sobre el principal, semestralmente, el 9 de junio y el 9 de diciembre de cada año, a una tasa del 6 por ciento anual.


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Venezuela no hizo el pago correspondiente el 9 de diciembre de 2017, como tampoco lo hizo en fecha posterior. Igualmente se incumplió con el pago de intereses correspondiente al 9 de junio de 2018.


Además, Venezuela no reembolsó todo el capital a su vencimiento el 9 de diciembre de 2020 y, según información que posee el demandante, no tiene intención de hacerlo.


Ante esta circunstancia, Neuhauser reclama por daños y perjuicios por USD 1.150.000 más los intereses devengados aplicables.


Tratándose de un evento de incumplimiento, de acuerdo a los términos del contrato, se requiere que Venezuela pague todos los gastos, incluidos honorarios.


Incumplimientos en los bonos globales de 2027


Los Bonos Globales 2027 requerían que Venezuela pagara intereses, semestralmente, el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año, a una tasa equivalente al 9.25 por ciento anual.


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Venezuela no realizó el pago correspondiente al 15 de marzo de 2018, ni en ese momento ni a la fecha de la demanda. Tampoco ha realizado los pagos del 15 de septiembre de 2018 hasta el 15 de septiembre de 2020 inclusive.


Por ello, Neuhauser reclama por daños y perjuicios al menos USD 100.000 más los intereses devengados aplicables como resultado del impago de interés y principal.


El demandante igualmente requiere que Venezuela pague todos los gastos, incluidos honorarios de abogados y costos judiciales.


Intereses acumulados


Refiere la demanda que, de acuerdo a los términos y condiciones aplicables de los Títulos de Deuda, los intereses sobre el principal continuarán devengándose a sus respectivas tasas de interés por año hasta que sea reembolsado en su totalidad.


Según información manejada por el demandante, el Ministro de Finanzas de Venezuela no ha autorizado el pago con respecto a los Bonos Globales 2020, los Bonos Globales de 2018 ni los Bonos Globales 2027.


En virtud de esta situación, Alexander Neuhauser sostiene que tiene derecho a recuperar daños hasta la fecha por un monto de, al menos, USD 1.750.000 más los intereses devengados aplicables, sobre el capital impago y los intereses de los Títulos de Deuda propiedad beneficiaria del demandante.


Resolución rápida


El 11 de diciembre de 2020, la juez Analisa Torres ordenó a las partes a discutir la posibilidad de lograr una resolución rápida de la disputa, según 28 U.S.C. § 636 (c), para llevar a cabo todos los procedimientos posteriores ante el Juez Magistrado asignado.


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Si Neuhauser y Venezuela consentían en ello, debían enviar un correo electrónico antes del 1 de febrero de 2021 con el formulario de Notificación, Consentimiento y Referencia de Acción Civil a un Juez Magistrado.


De ser aprobado por el tribunal todos los procedimientos posteriores se llevarían a cabo ante el Juez Magistrado asignado. Cualquier apelación se llevaría directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, como lo sería si el formulario de consentimiento no estuviera firmado y ordenado.


En caso de no estar de acuerdo, una o las dos partes, debían remitir una carta conjunta, antes del 1 de febrero de 2021, notificando al Tribunal que las partes no dan su consentimiento, pero sin revelar la identidad o la parte o partes que no dan su consentimiento.

lunes, 2 de agosto de 2021

Venezuela se da por notificada en demanda por impago de bonos entablada por Chickpen S.A.

   Venezuela debió reembolsar el capital de los Bonos Globales en su totalidad el 15 de agosto de 2018, cuando era su fecha de vencimiento, pero hasta la fecha no ha cumplido con los pagos.

Por Maibort Petit

  Luego de haberse dado por notificada, la República Bolivariana de Venezuela debe enfrentar una nueva demanda que, por incumplimiento de pago de Bonos Globales, la sentará nuevamente en el banquillo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para responder por el reclamo que le hace Chickpen S.A.

 Chickpen S.A., de acuerdo a información que ofrece el portal Open Corporates, es una empresa activa registrada en Panamá el 26 de septiembre de 2007 bajo el número 584867.

  El agente es Arias, Fabrega & Fabrega, mientras que en el directorio figura como presidente y director, Feliciano Ortiz; como directores, Nancy Eliette Cossu de Grisolia (igualmente, secretaria) y Hermes Oriel Vargas, este último también funge como tesorero; como suscriptores, José Eugenio Silva Ritter, Dianeth Isabel Matos de Ospino; el apoderado es Tomás Ignacio Polanco Fernández[1].

Venezuela notificada

  El 22 de junio de 2021, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó que para el 28 de julio del presente año, tanto el demandante Chickpen S.A., como la demandada República Bolivariana de Venezuela, debían presentar una carta conjunta y un plan de manejo de caso propuesto por ambos.

  Tal decisión de la magistrada se produjo luego de conocer que la parte demandada había sido notificada de la acción judicial por parte de Chickpen S.A.

  La orden de la juez se había producido el 11 de marzo de 2021, cuando la juez Analisa Torres, en atención a una comunicación de Chickpen S.A. del esa misma fecha, ECF Nº 21, ordenó que la conferencia programada para el 24 de marzo de 2021 y los plazos asociados se aplazaran sine die. Los demandantes debían informar de inmediato al Tribunal cuando se completara la notificación del proceso. Si el servicio no se completaba en dichos 60 días posteriores a la fecha de esta Orden, el Demandante presentará una carta de estado ante el Tribunal.

La demanda

  El 22 de enero de 2021, la firma Sánchez Fischer Levine LLP, en representación de Chickpen S.A., presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en contra de la República Bolivariana de Venezuela por Incumplimiento de Contrato de Bonos Globales.

   La demandante Chickpen exige juicio contra Venezuela de manera que, en primer lugar, se otorgue una sentencia monetaria con relación a su primer reclamo de compensación (Incumplimiento de Contrato de Bonos Globales), por una cantidad que se determinará en el juicio que no sea menor a USD 1.890.002,99, junto con los intereses previos y posteriores a la sentencia, así como los costos y honorarios de abogados incurridos en esta acción.

  Igualmente, Chickpen pide otra sentencia monetaria con respecto a su segunda reclamación de exención (incumplimiento de contrato en la nota global) por una cantidad que se determinará en el juicio, pero no menos de USD 14.567.055,22, junto con los intereses previos y posteriores a la sentencia, así como los costos y honorarios de abogados.

  Asimismo, Chickpen pide cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa y apropiada.

La acción

  Chickpen es el beneficiario efectivo de las participaciones en títulos de deuda denominados en dos dólares emitidos por Venezuela.

  En primer lugar, están los Bonos Globales, al 13,625 por ciento con vencimiento en 2018, emitidos en 1998, ISIN No. US922646AT10, CUSIP Nº 922646AT1, con una oferta de continuación en 2004, de conformidad con una Agencia Fiscal Acuerdo de fecha 6 de agosto de 1998 entre Venezuela, Banco Central de Venezuela y The Chase Manhattan Bank.

  Venezuela debió reembolsar el capital de los Bonos Globales en su totalidad el 15 de agosto de 2018, cuando era su fecha de vencimiento.

  Bien hasta el pago total del capital o a la fecha de su vencimiento, los Bonos Globales debían pagar intereses sobre el principal semestralmente vencidos, a saber, el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada año, a una tasa del 13,625 por ciento anual. Sin embargo, desde el 15 de febrero de 2018, Venezuela no ha realizado ninguno de los pagos de intereses y capital requeridos sobre los Bonos Globales, lo que se traduce en incumplimiento de sus obligaciones en virtud de los Bonos Globales.

  Entretanto, la nota global, la segunda Garantía de Deuda, pagaré global al 7.00 por ciento con vencimiento en 2018, ISIN No. USP97475AD26, CUSIP Nº P97475AD2, emitido en 2001 y modificado el 1 de septiembre de 2003, de conformidad con el Acuerdo de Agencia Fiscal de fecha 25 de julio de 2001 entre Venezuela, Banco Central de Venezuela, Deutsche Bank AG y Deutsche Bank Trust Company.

  El Pagaré global obligaba a Venezuela a reembolsar el capital en su totalidad el 1 de diciembre de 2018 y, hasta el pago total del principal, ya sea al vencimiento del Bono Global, según se requiera, o más tarde, Venezuela estaba obligada a pagar intereses sobre el capital semestralmente vencidos, el 1 de diciembre y el 1 de junio de cada año, en una tasa del 7,00 por ciento anual hasta el reembolso total del pagaré.

  A partir de los pagos de intereses que vencen el 1 de diciembre de 2017, Venezuela no ha pagado los intereses y capital requeridos y, por lo tanto, está incumpliendo sus obligaciones en virtud del Pagaré global.

  Con la acción legal ante la corte, Chickpen busca recuperar de Venezuela sus daños, como beneficiario efectivo de intereses en los dos Títulos de Deuda resultantes de los incumplimientos de Venezuela.

Los alegatos

  Chickpen S.A. no es un tenedor directo de los valores de deuda, sino que es un inversor que tiene intereses beneficiosos en dichos valores registrados en cuenta a través de las instituciones financieras participantes.

  Los Títulos de Deuda son “títulos de anotaciones en cuenta” registrados a nombre de Cede & Co., como representante de la Depository Trust Company (DTC). Las instituciones financieras, denominadas “participantes”, mantienen cuentas con el DTC a través de las cuales mantienen intereses en dichos valores registrados en cuenta.

  Chickpen, con la autorización de Cede, tendrán derecho a tomar cualquier acción que Cede pudiera tomar.

Primer reclamo de alivio

  Chickpen S.A. presenta un primer reclamo contra Venezuela por Incumplimiento de Contrato de Bonos Globales, por cuanto el capital de los mismos venció el 15 de agosto de 2018 y, hasta el momento, Venezuela no no ha hecho el pago respectivo, como tampoco ha cancelado los intereses adeudados sobre estos.

  En razón de esto, Venezuela ha incumplido sus obligaciones contractuales en virtud de los Bonos Globales y es responsable ante Chickpen, como propietario de un interés beneficiario de dichos bonos por un monto de capital de USD 1.285.000, por daños por un monto a determinar en el juicio, pero no menos de USD 1.890.002,99 que representan la participación proporcional de Chickpen en el principal impago y los intereses de los Bonos Globales hasta la fecha de este alegato, junto con los intereses previos al juicio y los costos y honorarios de abogados de Chickpen incurridos en esta acción.

Segundo reclamo de alivio

 Chickpen S.A. presenta una segunda reclamación de alivio por incumplimiento de contrato en la nota global, por cuento el Pagaré Global venció el 1 de diciembre de 2018, sin que hasta la fecha Venezuela haya redimido el Bono Global a la par, como correspondía.  Venezuela tampoco ha pagado los intereses respectivos.

  Por tal incumplimiento, Chickpen, propietario de un interés beneficioso en de la Nota Global por un monto principal de USD 11.599.000, por daños por un monto que se determinará en el juicio, pero no menos de USD 14.567.055,22 que representa la parte proporcional de Chickpen de capital e intereses impagos en el Bono Global hasta la fecha del alegato, junto con los intereses previos al juicio, y los costos y honorarios de abogados de Chickpen incurridos en esta acción.

Propuesta de resolución

  El 28 de enero de 2021, la juez Analisa Torres, ordenó a Chickpen S.A. y a la República Bolivariana de Venezuela discutir si están dispuestas a lograr una resolución más rápida de la disputa entre ambas, de acuerdo a lo establecido en 28 U.S.C. § 636 (c).

  Si así lo consentían, el abogado de Venezuela debía enviar por correo electrónico un formulario de Notificación, Consentimiento y Referencia de Acción Civil a un Juez Magistrado, antes del 17 de marzo de 2021.

  Si el Tribunal aprobaba el formulario, todos los procedimientos posteriores se llevarán a cabo ante el Juez Magistrado asignado en lugar de de la jueza Torres.

  También se les informó que cualquier apelación se llevaría directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, como lo sería si el formulario de consentimiento no estuviera firmado y ordenado.

  Se advirtió que si alguna de las partes no consentía los procedimientos propuestos, las partes debían presentar una carta conjunta, antes del 17 de marzo de 2021, notificando al Tribunal la decisión, pero sin revelar la identidad o la parte o partes que no dan su consentimiento.

Procedimientos remotos

  El 28 de enero de 2021, la juez Torres, conforme con las Reglas 30 (b) (3) y 30 (b) (4) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, ordenó que todas las declaraciones en el caso Chickpen S.A. contra Venezuela, puedan tomarse por teléfono, videoconferencia u otros medios remotos.

  Además, ordenó de conformidad con la Regla 30 (b) (5) que se considerará que la deposición pudiera igualmente llevarse a cabo a través de procedimientos remotos “ante un funcionario designado o designado de conformidad con la Regla 28”. Conminó a las partes llevara a cabo el  descubrimiento mediante este procedimiento en la oportunidad disponible.

[1] Open Corporates Chickpen S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/584867