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jueves, 7 de mayo de 2020

Los riesgos para los compradores de los Bonos PDVSA 2020 y la estrategia de la defensa en la corte de NY

  Estrategia del 'gobierno interino' apunta a la declaratoria de nulidad del canje de los Bonos PDVSA 2020 y del préstamo de Rosneft a PDVSA con garantía de CITGO. Respaldados en la falta de aprobación de las operaciones por parte de la Asamblea Nacional, el interinato de Venezuela solicitó ante los tribunales de EE. UU. que se declaren nulos por ilegales esos bonos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La emisión de bonos por parte de Petróleos de Venezuela S.A. con el objetivo de lograr financiamiento, es una actividad normal en toda empresa. Sin embargo, una operación habida en 2016, cuando PDVSA convocó a los inversionistas para llevar a cabo una operación de canje de los denominados Bonos PDVSA 2017 que vencían en esta última fecha, por unos nuevos llamados Bonos PDVSA 2020, llamó la atención pues, para hacer atractiva la negociación en medio de un escenario en el que la estatal petrolera mostraba —y sigue mostrando— una grave crisis de iliquidez y de operatividad, se ofreció como respaldo una garantía prendaria de CITGO. Al parecer era tal el riesgo que suponía comprar papeles de una empresa prácticamente quebrada, que fue necesario comprometer el principal activo de Venezuela en los Estados Unidos.

   Fue así que el canje de bonos se respaldó con nada menos que el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc., la propietaria de CITGO Petroleum Corporation.

  No conforme con esto, el restante 49,9 por ciento de las de CITGO Holding, Inc., se usó para garantía prendaria para respaldar un préstamo que PDVSA, a través de su filial PDV Holding Inc., firmó con la estatal rusa Rosneft Trading S.A.

   Ninguna de estas operaciones contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, pues eran violatorias de lo establecido en la legislación venezolana. En tal sentido apunta la estrategia que el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó para defender y proteger CITGO ahora que los bonistas reclaman el pago por los papeles y se adelantan a cualquier acción legal que pudiera emprender Rosneft al momento de exigir la restitución de su dinero.

  Todo deja ver que el interinato de Guaidó busca sentar un precedente frente a este tipo de operaciones irregulares que el gobierno de Nicolás Maduro busca instituir, según lo deja ver un llamado de alarma que el muy criticado procurador especial de Venezuela, José Hernández, lanzó recientemente cuando alertó que el régimen tiene como propósito entregar activos de PDVSA a bonistas extranjeros, a cambio de nuevos préstamos.

  “Hoy se pretende repetir la misma estrategia entregando activos de PDVSA, incluyendo la Refinería de Amuay, a terceros y a gobiernos extranjeros, en una clara privatización de facto que resulta inconstitucional”, dijo Hernández en declaraciones que recoge una nota del Diario Las Américas

 Hernández agregó que “la entrega de activos de PDVSA a terceros, violando la Constitución no es idea nueva del régimen de Maduro. Por el contrario, esa entrega comenzó en 2016, cuando Maduro cedió en garantía a favor de bonistas extranjeros la mayoría accionaria de CITGO con el Bono PDVSA 2020”.

  Y entonces Hernández recordó el hecho de que el Poder Legislativo Nacional no ofreció su aval a estas operaciones, tal como lo exige la ley. “La Asamblea Nacional se opuso al colateral sobre CITGO a favor de bonistas extranjeros en Acuerdo del 27 de septiembre de 2016. La decisión sólo fue rechazada por los diputados del régimen de Maduro”[1].

Gobierno interino preservó CITGO

  El embajador de Venezuela en Estados Unidos designado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, corroboró esta posición y aseguró que todas las acciones emprendidas por el gobierno interino están dirigidas a preservar la propiedad de CITGO por parte de Venezuela.

  Advertido de que la defensa de los bonistas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde los tenedores de los papeles reclaman el pago de los bonos o la ejecución de la garantía, alegando que el gobierno de Juan Guaidó reconoció la legalidad de la operación de canje cuando en 2019 pagó USD 71 millones por concepto de intereses, el embajador aseguró que, por el contrario todo el accionar de la administración de la que forma parte, apunta a proteger a CITGO.

  Vecchio refiere que, efectivamente, “cuando se hizo ese pago se comunicó que se estaba haciendo por la emergencia, [pero se advirtió] que no implicaba ningún reconocimiento de la deuda, que lo estábamos haciendo porque no tuvimos otro mecanismo para proteger a CITGO sino ese, y lo hicimos. Pero luego, cuando tuvimos más tiempo y se correspondía el otro pago en noviembre, sí nos dio tiempo para, primero, trabajar en la protección de los activos de CITGO y hoy podemos decir que CITGO está totalmente protegida con una acción ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. Eso lo logramos”.

  Vecchio rebate la argumentación de los bonistas y recuerda que cuando el pago de los intereses en aquel entonces se hizo, se advirtió que Venezuela atravesaba por una circunstancia especial y el gobierno interino apenas se encontraba asumiendo el control de CITGO.

   Sostiene que el pago de intereses de los Bonos PDVSA 2020 en 2019 se hizo con la advertencia de que, por atravesar una circunstancia especial, el gobierno interino procedía al pago de los intereses sin que se reconociera con ello la legitimidad de la deuda y reservándose Venezuela, el derecho de demandar la nulidad de un bono que es ilegal.

  Vecchio calificó de irresponsable la acción de Nicolás Maduro de ofrecer CITGO como garantía de sus operaciones irregulares y del mil millonario endeudamiento a que ha sometido el país y a PDVSA. Destacó como inaudito que hasta se haya otorgado un Premium a quienes adquirieran por Bonos PDVSA 2020. Calificó todas estas operaciones de inconstitucionales.

“Nosotros lo que estamos haciendo es, uno, preservando CITGO, y dos, demandando la nulidad de una deuda que lo que hizo fue darle beneficios a unas personas que están detrás de los bonistas y a algunos bonistas que se aprovecharon de esa circunstancia para desangrar a Venezuela. Nosotros estamos manteniendo una posición de principios y hemos puesto en manos de un juez imparcial y que conoce el tema, esta decisión. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, defendiendo a CITGO, defendiendo los intereses de los venezolanos y señalando a los responsables del desangramiento que le hicieron a nuestro país”.

El informe de Chafardet

  El abogado e internacionalista residenciado en los Estados Unidos, Joaquín F. Chaffardet, en su “Informe sobre las operaciones ilegales de crédito público de PDVSA y su filial PDV Holding Inc.”, sostiene que las distintas operaciones llevadas a cabo por la estatal petrolera con los Bonos PDVSA 2017 y PDVSA 2020, así como del préstamo que la rusa Rostneft Trading a PDVSA, son ilegales, advirtió sobre una serie de riesgos que corren, tanto los responsables de tales negociaciones, como los inversionistas que se aventuren a adquirir tales papeles.


 En su análisis, Chaffardet pone al descubierto el consuetudinario irrespeto a la Constitución y las leyes que rige a las actuaciones gubernamentales venezolanas, dándole a las mismas un carácter de ilegalidad.

  Se refiere, en primer término, a la operación de canje de Bonos PDVSA 2017 por Bonos PDVSA 2020 llevada a cabo para evitar el default en el año 2017 al vencimiento en abril y noviembre de dichos papeles. Estos se cambiaron en el mercado por unos a vencimiento en 2020, de manera de extender el plazo de vencimiento.

  En razón de lo arriesgado que tal negociación resultaba, dado el deteriorado crédito e imagen de PDVSA, el gobierno venezolano procedió a garantizar la operación con 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. —propietaria de CITGO Petroleum Corporation, la filial de PDVSA en los EE. UU.— como “garantía prendaria de primer grado”.

  En segundo lugar, el informe cita el contrato de préstamo que PDVSA, a través de su filial PDV Holding Inc., firmó con la estatal rusa Rosneft Trading S.A con garantía prendaria del 49,9 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. Aunque oficialmente no se informó del monto del préstamo, fuentes ligadas a la petrolera refirieron que era por USD 1.500 millones.

   De tal manera, que en dos operaciones se comprometió el 100 por ciento de las acciones de CITGO Holding y, en consecuencia, de CITGO Petroleum Corporation.

  Chaffardet califica este negocio como una venta oculta de CITGO “a precio de gallina flaca” dirigida a “insolventar a la empresa en perjuicio de los acreedores de la República”.

   Por estas operaciones en tribunales de los Estados Unidos se han iniciado demandas por parte de otros acreedores de Venezuela que acusan la ilegalidad de esta transferencia fraudulenta de activos.

  El informe se remite al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que en su artículo 5 menciona los entes que conforman el sector público, incluyendo en los numerales 8 y 9 a “Las sociedades mercantiles en las cuales la República (…) [que] tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional. 9. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social”.

  De acuerdo a esto, PDVSA y sus filiales PDV Holding Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum Corporation —propiedad de la petrolera— son igualmente entes del sector público y, en consecuencia, están sujetas a las regulaciones de dicha ley.

  Cita también el reporte, el artículo 80 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que como “operaciones de crédito público” así: “1) La emisión y colocación de títulos valores, incluidas las letras del Tesoro, constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería, exceptuando los destinados al reintegro de tributos. (…) 5) La consolidación, conversión, unificación o cualquier forma de refinanciamiento o reestructuración de deuda pública existente”.

  Encajan, por tanto, en lo definido, la emisión de los Bonos PDVSA 2020, su canje por los Bonos PDVSA 2017 que, en la práctica son un refinanciamiento o restructuración de una deuda pública existente.

  Asimismo, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público en su artículo 105, prohíbe a PDVSA y sus filial PDV Holding Inc. “contratar operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estatales o municipales”.

   Advierte el informe de Joaquín Chaffardet, que aun lo expresado en la ley, PDVSA con la anuencia del Ejecutivo Nacional, “en su desesperado esfuerzo de obtener fondos y de paso evitar el default en 2017”, emitió los Bonos PDVSA 2020 con garantía prendaria de primer grado sobre bienes públicos nacionales, lo que también ocurre con la garantía del 49,9 por ciento de las acciones de CITGO que respaldan el préstamo de Rosneft a PDVSA.

  El reporte alerta que estas operaciones prohibidas por la ley pueden tener consecuencias nefastas para los intereses venezolanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos lugar de asiento de CITGO Petroleum.

   Se deja sentado que, si se estableciera un nuevo gobierno en Venezuela apegado a la letra de ley, podría desconocer la validez de la garantía ilegal otorgada y, hasta la validez de los mismos bonos, lo que representa un gran riesgo para los inversionistas involucrados.

Los argumentos de PDVSA

  El informe alerta que si bien PDVSA aseguró el 23 de diciembre de 2016 que “PDVSA mantiene propiedad total sobre CITGO” bajo el argumento de que “cualquier empresa de clase mundial, como Petróleos de Venezuela, utiliza sus activos para el respaldo de sus transacciones y el apalancamiento de sus inversiones, razón por la cual es totalmente falso que se estén cediendo activos a terceros”, justificando de esta manera el que se haya puesto como garantía el 50,1 por ciento de CITGO para la operación de canje de bonos y el restante 49,9 por ciento  en el “levantamiento de nuevos financiamientos.

  Ante tal justificación de PDVSA, Joaquín Chaffardet señala, en primer lugar, que PDVSA hace años dejó de ser una “empresa de clase mundial” puesto que ha llegado al extremo de tener que ser financiada por el “Banco Central de Venezuela mediante operaciones financieras que lindan con el fraude contable”.

  A esto suma el hecho de que CITGO otorgue como garantía prendaría para una operación de bonos supere la mitad de las acciones de la compañía sin siquiera informar cuál es el monto en dólares que se está garantizando.

  Tampoco informa de cuánto es el financiamiento alcanzado que supuso una garantía de 49,9 por ciento de las restantes acciones de CITGO, ni tampoco de dónde proviene. En este sentido, Chafardet indica que, según fuentes independientes, el préstamo fue otorgado por la empresa rusa Rosneft Trading S.A., pero sin que exista certeza del monto del mismo.

Sobre PDVSA y sus filiales

  El reporte informa sobre la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) e indica que es una empresa estatal venezolana que, hasta la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República, se dedicaba ala a explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte del petróleo venezolano, la cual se constituyó luego de la nacionalización de la industria petrolera en 1975, por decreto del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez. El acta constitutiva-estatutaria se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 15 de septiembre de 1975, bajo el No 23, Tomo 99-A.

  La república de Venezuela es propietaria del 100 por ciento del capital de la sociedad, es la única accionista de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Sobre PDV Holding, Inc., el informe dice que es una compañía mercantil constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, donde fue registrada el 21 de abril de 1997 con el Nº 2742595. Se trata de una empresa filial de PDVSA cuya participación es el 100 por ciento del capital de la sociedad.

  A su vez, PDV Holding, Inc., es propietaria del 100% de las acciones que representa el capital de CITGO Holding, Inc.

  Por su parte, CITGO Holding, Inc. es una compañía mercantil constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, donde fue registrada el 14 de noviembre de 1986 con el Nº 2107402. El 100 por ciento del capital de CITGO Holding, Inc., es propiedad de PDV Holding, Inc.

  Entretanto, CITGO Holding, Inc. posee el 100 por ciento de las acciones que representan el capital social del CITGO Petroleum Corporation.

  CITGO Petroleum Corporation es una sociedad mercantil registrada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el 18 de marzo de 1983 con el Nº 2005114.

  CITGO Holding, Inc. es dueña del 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation.

  La oferta de canje de Bonos PDVSA 2017 por Bonos PDVSA 2020, petrolera deja sentado que se trata de una compañía “totalmente propiedad de Venezuela y somos la holding de un grupo de empresas de petróleo y gas (...)”, al tiempo que sobre sus filiales dijo: “A través de PDV Holding, una filial de propiedad total, poseemos indirectamente el 100% de CITGO Holding y CITGO Petroleum Corporation ("CITGO"), esta última una refinadora y comercializadora de combustibles para el transporte, productos petroquímicos y otros productos industriales a base de petróleo en los Estados Unidos."[2].

  Sostiene Chaffardet que las acciones de PDVSA y sus filiales son bienes públicos nacionales de acuerdo a lo estipulado en la legislación venezolana, la cual advierte que estos, así como las “rentas, derechos o acciones que formen parte del patrimonio de la república, no están sujetos a embargos, secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales y en general, a ninguna medida preventiva o ejecutiva y están exentos además, de contribuciones o gravámenes nacionales, estadales y/o municipales”.

  Explica el informe que tal disposición legal significa que los bienes propiedad de Venezuela no pueden ser dados en garantía.

Las operaciones

   Ante la grave crisis económica venezolana producto de las “absurdas” políticas económicas del gobierno —refiere el informe—, la caída de las reservas internacionales y  la merma de la producción petrolera que, según la OPEP, se ubicó al momento de la redacción del reporte en 1,997 barriles de diarios, la administración de Nicolás Maduro recurrió “de manera irresponsable” a realizar operaciones de crédito público expresamente prohibidas por la ley, como es el caso de la oferta de canje de bonos PDVSA 2017 por PDVSA 2020.

  En su sitio web, PDVSA publicó la oferta el 16 de septiembre de 2016,la cual rezaba que “la quinta la quinta compañía petrolera integrada verticalmente más grande del mundo” inició “las ofertas de intercambio (las ‘Ofertas de Canje’) de todos y cada uno de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en 2017 (los ‘bonos de abril de 2017’) y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en 2017 (‘los bonos de noviembre de 2017’), y en conjunto con los bonos de abril de 2017, los ‘Bonos Existentes’) por nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el año 2020 (los ‘Nuevos Bonos’)”.

   Y agregaba la oferta la información sobre la garantía prendaria que advertía que la misma sería de primer grado sobre el 50,1 por ciento de las acciones que conforman el capital social de CITGO Holding Inc. y serán “garantizados de manera incondicional e irrevocable por PDVSA Petróleo S.A.”. Se alertó de que los “Bonos Existentes no están ni estarán garantizados por la Garantía Prendaria que garantiza los Nuevos Bonos. Los pagos de capital de los Nuevos Bonos se pagarán anualmente en cuatro cuotas iguales, en cada aniversario de la fecha de liquidación de los Nuevos Bonos”[3].

  Asimismo, el informe califica la operación préstamo como un “contrato de venta a futuro, prepagada, por PDVSA a través de su filial PDV Holding Inc., con la empresa rusa Rosneft Trading S.A., garatizado con garantía prendaria sobre el 49. 99% de las acciones de su filial CITGO Holding Inc.”, la cual tuvo lugar el 30 de noviembre de 2016.

  La negociación se mantuvo en secreto hasta que las agencias noticiosas la informaron el 23 de diciembre de 2016. Tampoco oficialmente se dio a conocer el monto del préstamo, pero extraoficialmente se supo que alcanzaría USD 1.500 millones.

Ilegales

  Sostiene Joaquín Chaffardet en su informe que estando PDVSA y sus empresas filiales PDV Holding, Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum, sujetas a las regulaciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y siendo la emisión y colocación de dichos bonos y el contrato de préstamo operaciones de crédito público garantizadas con garantías prendarias sobre acciones de PDVSA CITGO Holding Inc., califican dichas negociaciones como operaciones de crédito público.

  Por tanto, de acuerdo a las pautas de ley, son sujeto de las prohibiciones que en materia de operaciones de crédito público se establecen en la legislación venezolana. En tal sentido, tanto el canje de los bonos como el préstamo son ilegales.

Empeño ilegal de CITGO

   Se asegura en el reporte que dado que PDVSA emitió y colocó los Bonos PDVSA 2020 garantizados ilegalmente con el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding Inc. que equivalen al 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation y, además, comprometió el 49,9 por ciento restante de las acciones como garantía prendaria en el préstamo obtenido de Rosneft Trading S.A., se ha procedido a un empeño ilegal de la filial[4].

   Categóricamente se afirma en el informe que el 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation se dieron en garantía o, sencillamente, fueron “empeñadas”.

Las posibles consecuencias

  De acuerdo a lo expuesto, en el informe de Joaquín Chaffardet se alerta de que las operaciones ilegales de canje de bonos y el préstamo de Rosneft podrían traer una serie de consecuencias.

  En primer término, las que sufrirían los funcionarios el ente emisor de los Bonos PDVSA 2020, es decir PDVSA, así como los responsables de la contratación del préstamo con Rosneft Trading S.A., ambas operaciones con garantías prendarias de primer grado sobre acciones de CITGO, estarían sujetos a las sanciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

  El artículo 160 de la cita ley establece la obligación del funcionario o servidor público de indemnizar a la república o al ente del sector público afectado por los daños que le causaren en el desempeño de sus funciones por infracción del mismo. La obligación de indemnizar surge independientemente de que su actuación haya sido dolosa o culposa.

  Asimismo, en él se estipula la sanción de destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por tres años.

  Por otro lado, las consecuencias para los inversionistas derivan de que la Asamblea Nacional de Venezuela podría declarar la ilegalidad evidente de los nuevos bonos.

  Se precisa que en caso de un impago de dichos bonos, la república pudiera desconocer la validez, tanto de los bonos como de la garantía prendaria. Esto podría dar pie a costosos litigios internacionales para ambas partes.

  Se alerte que de producirse un cambio de gobierno en Venezuela antes de la fecha de vencimiento de los nuevos bonos, este podría desconocer la validez de los nuevos bonos y, en particular, de la garantía ilegal que los respalda.

  En tercer lugar, el reporte de Chaffardet refiere que podría haber consecuencias para la república y para PDVSA por la emisión ilegal de los “bonos y su colocación en el mercado contribuirá a un fuerte deterioro en el ya maltrecho crédito de la República y en el aumento del riesgo país. La situación de crédito de Petróleos de Venezuela S.A., es sencillamente catastrófica y aparentemente irreparable por ahora”.

CITAS

[1] Diario Las Américas. “Procurador denuncia que Maduro entrega activos de PDVSA a cambio de bonos”. 1 de mayo de 2020. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/procurador-denuncia-que-maduro-entrega-activos-pdvsa-cambio-bonos-n4198239

[2] Scribd. PDVSA 2017 into 2020 Exchange Offer - OC - 16 September 2016. https://es.scribd.com/document/324333858/PDVSA-2017-into-2020-Exchange-Offer-OC-16-September-2016

[3] PDVSA. “PDVSA anuncia la Oferta de Intercambio de Todos y Cada Uno de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en el 2017 y Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2017, por Nuevos Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2020”. 16 de septiembre de 2016. http://www.pdvsa.com/templates/pdvsa/img/bonos/bonopdvsa2017/Anuncio%20de%20Prensa%20(PDF).PDF


[4] Reuters. “Venezolana PDVSA usa el 49,9 pct de acciones de su filial Citgo para "nuevos financiamientos": comunicado”. 23 de diciembre de 2016. https://lta.reuters.com/articulo/domesticNews/idLTAKBN14C2AC

martes, 19 de noviembre de 2019

Representantes de Guaidó y tenedores de bonos acuerda ampliar cronograma del litigio de los Bonos PDVSA 2020 en tribunal de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La jueza estadounidense Katherine Polk Failla aceptó el acuerdo de indulgencia que se logró entre los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó y los titulares de los bonos PDVSA 2020 para que el cronograma del proceso de descubrimiento y las mociones del caso sean presentadas en el marco de los próximos seis meses.

  Los abogados de los demandados, Glas America y MUFG Union Bank habían pedido al tribunal que interviniera para que los demandantes aceptarán ampliar el calendario que originalmente los representantes de Guaidó habían fijado para desarrollarse en dos meses.

  La querella interpuesta por Petróleos de Venezuela y PDV Holding exige a la corte que declarare la emisión de los bonos PDVSA 2020 nulos e ilegales por no haber sido aprobados por la Asamblea Nacional, lo cual según los demandantes los hace inconstitucionales.

 Las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de las notas que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., reaccionaron en contra y descalificaron los argumentos de los demandantes al señalar que los instrumentos financieros fueron emitidos bajo las leyes del estado de Nueva York.

El acuerdo entre las partes permitió que se aprobara el siguiente cronograma que fue dado a conocer por la corte.


    Las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC informaron al tribunal la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio y aclararon que estaban en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó (quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento), ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostuvieron que dos meses  no eran suficientes para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. 

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 

   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

El acuerdo entre las partes ahora le da a la oposición más tiempo para buscar una estrategia que le permita salvar a CITGO que está comprometida como garantía de las notas.

martes, 12 de noviembre de 2019

Tenedores de bonos PDVSA 2020 aseguran que la Asamblea Nacional de Venezuela reconoció validez de las notas cuando pagó los intereses en abril de 2019

   La demanda de los representantes de Juan Guaidó ante un tribunal de  NY para que declare la nulidad e ilegalidad de las polémicos instrumentos financieros es considerada por los acusados como un argumento irrelevante porque hay hechos relevantes que prueban todo lo contrario.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Los titulares de los Bonos PDVSA 2020 afirmaron —en una comunicación dirigida a la Corte del Distrito Sur de Nueva York —que los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó no pueden argumentar que las notas son ilegales y nulas porque "ellos mismos fueron quienes reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de esos instrumentos financieros, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019". 
   La querella interpuesta por los representantes del presidente de la Asamblea Nacional en la cual solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York declarar los bonos PDVSA nulos e ilegales ha generado una abierta oposición por parte de las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de los bonos PDVSA 2020 que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., el activo más grande del Estado venezolano en el exterior.

    En una comunicación —enviada al jueza Katherine Polk Failla por los abogados de las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC— se informa la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio pero aclaran que están en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento, ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostienen que no son suficientes dos meses para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. Los representantes de Guaidó pidieron declarar nulos e inválidos los referidos instrumentos financieros.

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 


   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

    Los abogados sostienen que los demandantes buscan impedir que los acusados hagan cumplir cualquiera de los derechos de los Titulares de Bonos, incluyendo sus derechos bajo el Acuerdo de Compromiso que aseguró las Notas 2020, al argumentar que los bonos 2020 deben declararse ilegales, nulas e inválidos ab initio "según la ley venezolana aplicable".

   Aseguran que "es muy poco probable que los demandantes tengan los méritos para sus reclamos y que no podrían demostrar que tienen derecho a una orden judicial preliminar".

La legalidad de los Bonos 2020

     La defensa argumenta que la legalidad de las Notas 2020 se basa en en la Ley Sustantiva de Nueva York y no en la ley venezolana, por lo cual el argumento de los representantes de Guaidó de apelar a la ilegalidad bajo las leyes de Venezuela es irrelevante.
   Manifiestan que la negociación de las notas 2020 fue construida en base a un acuerdo gobernado por las leyes del estado de Nueva York, sin ninguna disposición de conflicto de otras leyes, exceptuando la sección 5-1401 de la Ley General de Obligaciones Generales  de NY.

  Afirman que "los contratos que rigen las notas 2020 son exclusivos del estado de Nueva York y tiene conexiones con las leyes de los Estados Unidos y dichos bonos están denominados en dólares estadounidenses, fueron comercializados en EE. UU. y garantizados por una prenda de acciones otorgadas por PDV Holding que es una sociedad registrada en Delaware".

   Las acciones que aseguran las Notas 2020 son acciones de CITGO Holding, una corporación de Delaware que es la empresa matriz de CITGO registrada también de Delaware con sede en Texas y con operaciones en muchos estados, incluyendo Nueva York. Todos los pagos de intereses y el capital principal de las Notas 2020 debe hacerse ante un Agente en Nueva York.

  Asimismo, señalan que "el Contrato y el Acuerdo de Compromiso  incluyeron representaciones expresas de PDVSA y de los otros entes demandantes que comprobaron que las Notas 2020 y los otros documentos de transacción fueron debidamente autorizados y representaban obligaciones válidas de los ahora demandantes".

Los demandantes reconocieron la validez de los bonos

  La defensa afirma que los representes de Juan Guaidó reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de las Notas 2020, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019 (que ciertos miembros del gobierno venezolano alineados con Guaidó declararon que se estaba haciendo "bajo protesta").

   En el documento entregado a la corte, los abogados de los titulares de los bonos sostienen que las acusaciones de los representantes de Guaidó de que las Notas 2020 y la promesa asociada a las mismas fueron impropias bajo La ley venezolana, ya que no cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela pero "este argumento  es contrario a la coherencia práctica histórica y actual", acotan. 

A nuestro entender, PDVSA ha incurrido reiteradamente en deudas a lo largo de muchos años sin buscar u obtener la aprobación de la Asamblea Nacional, incluso, al emitir las notas anteriores con vencimiento en 2017 por las cuales se intercambiaron las Notas 2020. También entendemos que Las subsidiarias de PDVSA tienen activos comprometidos de manera similar (incluidos los activos de CITGO) sin dicha aprobación.

  Argumentan que no se debe permitir que los demandantes impidan a los acusados ​​obtener un descubrimiento sobre estos y otros asuntos relevantes. 

  Explica que los representantes de Guaidó ​​no creen que el descubrimiento para el juicio deba ser extenso y que debe basarse exclusivamente en la información que actualmente tienen disponible. No obstante, los acusados ​​creen que el descubrimiento debe ser apropiado sobre, entre otros temas: 

(a) las circunstancias del intercambio de Notas de 2016
(b) las emisiones anteriores de deuda y otras transacciones por PDVSA, incluidas las promesas de activos de CITGO y las acciones de sus empresas madres, y si al entrar en esas transacciones los demandantes buscaron o recibieron Aprobación de la Asamblea Nacional; y, 
(c) conexiones entre los Bonos 2020 y las transacciones de intercambio en Nueva York (u otras jurisdicciones de EE. UU.). 

  "Creemos que este descubrimiento puede completarse (asumiendo una cooperación razonable y de buena fe por todas las partes) dentro de aproximadamente tres meses", añaden.

   La defensa considera que con un cronograma de seis meses para el descubrimiento de hechos, exposiciones de expertos y argumentos sobre mociones de juicio sumario, "el litigio no estaría completado para el 22 de enero de 2020", que es la fecha de vigencia de la Licencia General 5A emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde se protege las acciones de CITGO. 

  Manifiestan su rechazo a la decisión de los demandantes de retrasar el inicio de la querella hasta finales de octubre de 2019 —después de que ya se había producido un impago predeterminado de aproximadamente $ 913.5 millones—porque los demandantes no pueden afirmar que fue sólo ahora se dieron cuenta de sus afirmaciones.

  En este punto traen a colación que los demandantes, han alegado que han estado al tanto de sus reclamos por años. De hecho —advierten "el mismo asesor de la administración de Juan Guaidó admitió que los querellantes decidieron no iniciar un litigio cuando PDVSA realizó el pago de intereses más reciente en abril 2019 porque creían que era una ventaja esperar".
Tweet del Dr. Ricardo Hausman(15 de octubre de 2019, 8:13 a.m.)

   Los abogados de los titulares de los bonos afirman que "las limitaciones de tiempo impuestas por la decisión de los demandantes de esperar para llevar este caso hasta finales de octubre, no puede justificar la privación de los acusados ​​de una oportunidad plena y justa para litigar la querella".

   En este caso, Petróleos de Venezuela S.A y PDVSA Petróleos S.A están representados por los abogados James Robert Bliss, James B. Worthington y Kurt Wayne Hansson; PDV Holding Inc. por Jeffrey B. Korn y Tariq Mundiya.

  Los representantes legales de los acusados son: Luke Sobota, Kimberly Larkin, Jonathan H. Hurwitz y Walter Rieman. 

martes, 29 de octubre de 2019

Representantes de Guaidó piden a la Corte de Nueva York declarar nulos los bonos PDVSA 2020

El recurso legal es contra MUFG Union Bank N.A y Glas Americas LLC. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Los representantes del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por los Estados Unidos y más de 50 países como presidente Interino de Venezuela, presentaron este martes a la Corte del Distrito Sur de Nueva York una acción de alivio declaratorio  y cautelar que busca  que la corte declare nulos, ilegales e inválidos los bonos de PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50.1 % de los bienes de PDV Holding, que a su vez es la propietaria del 100 % de las acciones de CITGO Petroleum Company.  

      La acción legal pide que la corte declare el acuerdo de los bonos 2020 inválido, ilegal, nulo y nulo y que el mandato del tribunal sea  de carácter permanente.

   Explican —en el recurso de 31 páginas que Petróleos de Venezuela es una empresa propiedad de la República Bolivariana de Venezuela y que es la responsable de manejar las operaciones de gas y petróleo venezolano.
 
     Asimismo, señalan que PDV Holding es la propietaria de CITGO Petroleum Corp. Sostienen que PDVSA es la primera fuente de la economía venezolana que en los actuales momentos se encuentra completamente colapsada  por las desastrosas políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha generado una crisis humanitaria de proporciones épicas. 

"CITGO es críticamente importante para la recuperación de la economía del país y aliviar el sufrimiento de los venezolanos" dice el documento.

   Cuando los bonos 2020 fueron emitidos en 2016, PDVSA estaba controlada por Nicolás Maduro, quien se convirtió en presidente luego de la muerte de Chávez en 2013. Posteriormente, —sostienen— hubo unas elecciones en 2018 en las cuales Maduro reclamó al victoria ilegítimamente. 
     Señalan que a mediados de 2016, PDVSA no tenía el dinero para pagar las notas de PDVSA 2017, y para no declararse en default porque sería un desastre político de Maduro. El régimen, "de manera unilateral e ilegal orquestó una oferta de intercambio de las notas de PDVSA 2017 por notas 2020 que fueron emitidas en dólares". 

     PDV Holding no es parte del acuerdo que hizo el gobierno con los tenedores de los bonos 2020 y no tiene por tanto la obligación de pagarles a los titulares. PDV Holding es el principal activo CITGO  y las notas que de manera ilegal emitió el régimen de Maduro están aseguradas con las acciones de CITGO.

   Argumentan que los titulares de los bonos aceptaron la propuestas  financiera de Maduro, quien políticamente tenía el tiempo contado. "Peor aún, los titulares sabían que el intercambio de los notas se hizo sin la autorización de la Asamblea Nacional".

   Explican que cuando esa transacción fue anunciada y la Asamblea Nacional la declaró ilegal y llamó a una investigación de inmediato que fue desestimada por el Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que está controlado por Maduro.

      Según la constitución, las notas 2020 son instrumentos  debens ser aprobados por la Asamblea Nacional por ser un asunto de interés nacional, asegura la demanda.

     En octubre 28 de 2019, PDVSA no pagó los $913 millones de dólares de capital principal más intereses conllevando a un default. En anticipación a ese evento, el Departamento de Tesoro emitió la Licencia General 5A que prohíbe a los tenedores de las notas ejecutar cualquier acción antes del 22 de enero de 2020. 

     Al menos que la corte apruebe el alivio de lo buscado en esta acción a tiempo, CITGO se perderá, así como también los esfuerzos del gobierno de Guaidó de restaurar la democracia y el Estado de derecho, de reconstruir la economía, y de aminorar la crisis humanitaria que causa devastación en el pueblo venezolano.


      Los demandados son MUFG Union Bank N.A y GLAS Americas LLC. Actuaron en la operación como colateral de los instrumentos Law Debenture Trust Company of New York como agente de registro y transferencia, y el principal agente pagador es el Banque Internacional de Luxembourg, Sociedad Anonyme. PDV Holding no es parte del acuerdo y no está obligado a pagar las notas 2020.

    Los abogados que actuaron en esta acción son: Kurt W. Hansson, James Bliss y James Worthington del bufete: Paul Hastings LLP representando a PDVSA Petróleo y Petróleos de Venezuela S.A. Y, Tariq Mundiya y Jeffrey Korn de Willkie Farr & Gallagher LLP por PDV Holding.





martes, 22 de octubre de 2019

Joaquín Chaffardet: Canje de bonos de PDVSA viola legislación referente a bienes nacionales y operaciones de crédito público

   Es especialista alertó que un nuevo gobierno en Venezuela podría, actuando con apego a la ley, desconocer tanto los papeles, como la garantía ilegalmente otorgada en torno a ellos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  A criterio del abogado e internacionalista, Joaquín F. Chaffardet R., son ilegales las operaciones financieras llevadas a cabo por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mediante las cuales su filial PDV Holding Inc. realizó el canje de los Bonos PDVSA 2017 por los Bonos PDVSA 2020. De acuerdo al especialista dichas operaciones violan lo establecido en las leyes venezolanas referidas a los bienes nacionales y operaciones de crédito público. 
   A través de un informe, Chaffardet recordó que el canje se efectuó en razón de la crisis económica y financiera de Venezuela y, en particular, de la crítica situación financiera y operacional de PDVSA que llevaron a las autoridades venezolanas a tomar una decisión que evitara que el país entrara en un default en 2017 —específicamente en los meses de abril y noviembre— fecha en que se vencían los bonos PDVSA 2017.

El canje de los bonos

   Fue así como PDVSA emitió y colocó en el mercado los Bonos PDVSA 2020 con el objetivo de ser canjeados por los Bonos 2017, alargando de esta manera el plazo de vencimiento y evitar el impago que se temía.

   Pero la oferta resultó en fracaso, ello por el deteriorado crédito de PDVSA que mantuvo alejados a los compradores de los papeles.

  Las autoridades de la petrolera estatal decidieron entonces modificar la oferta e incrementaron la tasa de interés, pero los resultados siguieron siendo desalentadores.

     Fue así como para hacer los bonos apetecibles, la junta directiva de PDVSA decidió, con la anuencia del gobierno nacional, garantizar los nuevos bonos PDVSA 2020 con una “garantía prendaria de primer grado” sobre el 50,1 por ciento de las acciones de su empresa filial CITGO Holding Inc., propietaria de CITGO Petroleum Corporation, la filial de la petrolera venezolana en los Estados Unidos.

    La estimación de esta operación es que de USD 7.200 millones en Bonos PDVSA 2017, únicamente se canjearon USD 2.800 millones en Bonos PDVSA 2020. 

Venta prepagada de crudo con Rosneft

   A la par que se llevaba a cabo la operación anteriormente descrita, PDVSA contrató una venta prepagada de petróleo con la empresa estatal rusa Rosneft Trading S.A., la cual se llevó a cabo a través de su filial PDV Holding Inc.

   Esta operación ofreció como garantía prendaria el 49,9 por ciento de las acciones de CITGO Holding Inc., propietaria como ya hemos dicho del 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation.

   Al momento de emitir este análisis, Joaquín Chaffardet alertó que PDVSA no había hecho público el monto de recibido de Rosneft Trading S.A. por la venta prepagada, como tampoco dio a conocer las condiciones de dicho contrato.

   Chaffardet refiere que, según fuentes bien informadas, se estima que el préstamo haya sido de USD 1.500 millones.

   Es que de acuerdo al especialista este contrato no es otra cosa que un préstamo que hace Rosneft Trading S.A. a PDVSA, el cual debe pagarse en especies, a saber petróleo.

  De tal manera que con esta operación se prendó lo que quedaba de acciones de CITGO.
Venta oculta

   Joaquín Chaffardet sostiene con estas dos operaciones el 100 por ciento de las acciones de CITGO Holding y, en consecuencia, el 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, se encuentran gravadas.

 El abogado e internacionalista refiere que, de acuerdo a los analistas, lo que ocurrió en la práctica con estas operaciones financieras, fue una venta oculta y “a precio vil” de CITGO Petroleum Corporation, con el objetivo de obtener fondos y, fundamentalmente, hacer insolvente a la empresa en perjuicio de otros acreedores de la República.

  Las operaciones antes descritas, así como otras negociaciones emprendidas por PDVSA y sus filiales, han dado pie a un conjunto de acciones en los tribunales de los Estados Unidos que han emprendido potenciales acreedores de Venezuela que alegan que se trata de una transferencia fraudulenta de activos.

Análisis legal

   Joaquín Chaffardet echa mano, en primer lugar, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, el cual en su artículo 5º, lista los entes que conforman el sector público.

   Cita en específico los numerales 8 y 9 del citado artículo que incluyen como entes del sector público, sujetos a las regulaciones de esa ley, a las “sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere este artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán comprendidas, además, las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional”.

   También comprende a las “sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social”.

   El análisis de Chaffardet indica que de conformidad con estas disposiciones de la ley, PDVSA —de acuerdo al numeral 8— es un ente del sector público y las filiales PDV Holding Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum Corporation, por ser propiedad de la petrolera —de acuerdo al numeral 9— son igualmente entes del sector público y, en consecuencia, están sujetas a las regulaciones de la referida ley.

   En segundo término se remite al artículo 80 del mismo Decreto-Ley, el cual define las “operaciones de crédito público” en sus numerales 1, 5 y 6, indicando primero, la “emisión y colocación de títulos valores, incluidas las letras del Tesoro, constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería, exceptuando los destinados al reintegro de tributos”.
   También, “La consolidación, conversión, unificación o cualquier forma de refinanciamiento o reestructuración de deuda pública existente” y “Las demás operaciones destinadas a obtener recursos que impliquen financiamiento reembolsable”.

    En tal sentido, Chaffardet considera que la emisión de los Bonos PDVSA 2020, así como el canje de los Bonos PDVSA 2017 por esos nuevos papeles, no son otra cosa que una forma de refinanciamiento o restructuración de una deuda pública existente, lo cual está previsto en los numerales 1 y 5 de la ley en cuestión.

   Por tanto, el abogado considera que el préstamo pagadero en petróleo contratado con Rosneft Trading S.A. forma parte de la clase de operaciones de crédito público contempladas en el numeral 6 del instrumento legislativo.

   Pasa a considerar entonces, en el contexto del mismo Decreto-Ley, el capítulo IV referido a las prohibiciones en materia de operaciones de crédito público, que en el artículo 105, prohíbe llevar a cabo operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales. Esta prohibición “ha sido flagrantemente violada por Petróleos de Venezuela S.A. y sus filial PDV Holding Inc.”
— A pesar de esta prohibición de la ley, PDVSA con la anuencia del Ejecutivo Nacional, en su desesperado esfuerzo de obtener fondos y de paso evitar el default en 2017, en abierta violación de las disposiciones legales señaladas, emitió dichos bonos con garantía prendaria de primer grado sobre bienes públicos nacionales: el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. que equivalen al 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation.

    Asimismo, Joaquín Chaffardet cree que igualmente el contrato de venta prepagada de petróleo suscrito con Rosneft, “no es otra cosa que un préstamo cuyo cumplimiento está igualmente garantizado ilegalmente con garantía prendaria sobre bienes públicos nacionales: el 49,9 por ciento de las acciones CITGO Holding Inc. que equivalen al 49,9 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation”.

   Subraya que las acciones de PDV Holding Inc., de CITGO Holding Inc. y de CITGO Petroleum Corporation, son bienes nacionales de conformidad con las disposiciones del Decreto-Ley que dispone en el artículo 5º que “Se consideran Bienes Públicos: 1. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan (…) Dentro de los Bienes Públicos, se establecen las siguientes categorías: a. Bienes Nacionales: Son Bienes Nacionales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de la República, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50 por ciento del capital social y de las consideradas fundaciones del Estado”.
    Joaquín Chaffardet recordó que estas operaciones realizadas por PDVSA están expresamente prohibidas por la ley y pueden tener consecuencias nefastas para los intereses nacionales en el extranjero, en particular en los Estados Unidos donde Venezuela posee a CITGO Petroleum Corporation.

    Estima que habiendo sido CITGO hasta hace poco tiempo una empresa relativamente sana y solvente, se encuentra en la actualidad al borde de la quiebra dada la voracidad, la irresponsabilidad y la insolvencia del régimen que ha obrado para exponiéndola exprofeso para evitar el default y, fundamentalmente, vaciarla de activos de manera que otros potenciales acreedores no puedan hacer efectivas sus acreencias sobre los bienes de la empresa.

     Chaffardet advirtió que Decreto-Ley en su artículo 166 establece la sanción de destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por tres años a quienes celebren o autoricen operaciones de crédito en contravención de las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

    Igualmente el artículo 160 indica que, independientemente de las responsabilidades penales, administrativas o disciplinarias en que incurran, “los funcionarios estarán obligados a indemnizar a la República o al ente del sector público afectado por los daños y perjuicios que causen en el desempeño de sus funciones, por infracción de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, independientemente de que su actuación haya sido dolosa o culposa”.

   Finalmente, Joaquín Chaffardet alertó que los inversionistas corren el riesgo de que un nuevo gobierno venezolano, actuando con apego a la ley, desconozca no solamente la validez de la garantía ilegalmente otorgada, sino la validez de los bonos mismos. “Un riesgo bastante alto y costoso”.