Mostrando entradas con la etiqueta bonos 2020 PDVSA. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta bonos 2020 PDVSA. Mostrar todas las entradas

viernes, 16 de octubre de 2020

Juez de NY declara "válidos, legales y ejecutables" los Bonos PDVSA 2020, la decisión podría repercutir en la pérdida de CITGO

  La decisión de la juez aceleraría la venta de acciones de CITGO, que actualmente está protegida por una Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump hasta el 19 enero de 2021. Esto representa un duro revés para el gobierno del interino, Juan Guaidó, que a través de un comunicado informó que se apelaría la decisión que consideran injusta.

Por Maibort Petit



  La juez de Nueva York, Katherine Polk Failla negó la solicitud de juicio sumario solicitado por los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, en la demanda que solicitó al tribunal declarar la serie de Bonos PDVSA 2020 inválidos, ilegales y nulos.  La juez dejó claro que los instrumentos financieros "son válidos y ejecutables y que la República ha incurrido en un incumplimiento bajo los términos del contrato". Estas notas están garantizadas con las acciones de CITGO.

  En la orden de la juez Polk, se señala que los demandados pueden ejercitar los recursos en caso de incumplimiento de lo establecido en el contrato de emisión y el contrato de prenda.

  La empresa tenedora, MUFG Union Bank, por ser el fideicomisario tiene derecho a ordenar a GLAS  America LLC que venda la garantía que asegura los Bonos 2020 ( 50.1% de las acciones de CITGO) y  GLAS tiene derecho a venderlo para cumplir con las acreencias producto del incumplimiento del ente emisor.

  Con respecto a las reclamaciones por incumplimiento del contrato de los Demandados,  el Tribunal ordenó que MUFG tiene derecho a una sentencia por la cantidad de $ 1,683,764,500, así como todos los intereses devengados y no pagados, incluidos los intereses previos al juicio.

  Asimismo, la Corte concluyó que PDVSA y PDVSA Petróleo son responsables de las tarifas, los desembolsos y los gastos, incluidos los honorarios de abogados, en una cantidad por determinar por el mismo tribunal.

  La juez ordenó además que las reclamaciones de los Demandantes se desestimen sin prejuicio.

  El Tribunal falló a favor que los Demandados ( MUFG Y GLAS) se presenten a la corte dentro de los 45 días con una moción de honorarios y gastos, junto con documentación para dicha solicitud. 

  Igualmente, la juez decidió que los Demandados pueden presentar un juicio propuesto que proporcione un cálculo exacto de los intereses impagos, incluidos los intereses previos al juicio.

El caso 

  Los representantes del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por los Estados Unidos y más de 50 países como presidente Interino de Venezuela, presentaron en octubre de 2019, a la Corte del Distrito Sur de Nueva York una acción de alivio declaratorio y cautelar que buscaba que la corte declarara nulos, ilegales e inválidos los bonos de PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50.1 % de los bienes de PDV Holding, que a su vez es la propietaria del 100 % de las acciones de CITGO Petroleum Company.

 La acción legal pedía que el mandato del tribunal sea de carácter permanente.

 En el recurso de 31 páginas, los representantes de Guaidó argumentaron que Petróleos de Venezuela es una empresa propiedad de la República Bolivariana de Venezuela y que es la responsable de manejar las operaciones de gas y petróleo venezolano.

  Asimismo, señalaban que PDV Holding es la propietaria de CITGO Petroleum Corp. 

 Sostuvieron que PDVSA es la primera fuente de la economía venezolana que en los actuales momentos se encuentra completamente colapsada por las desastrosas políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha generado una crisis humanitaria de proporciones épicas.

“CITGO es críticamente importante para la recuperación de la economía del país y aliviar el sufrimiento de los venezolanos” dice el documento.

  Cuando los bonos 2020 fueron emitidos en 2016, PDVSA estaba controlada por Nicolás Maduro, quien se convirtió en presidente luego de la muerte de Chávez en 2013. Posteriormente, — sostienen — hubo unas elecciones en 2018 en las cuales Maduro reclamó al victoria ilegítimamente.

  Señalaron que a mediados de 2016, PDVSA no tenía el dinero para pagar las notas de PDVSA 2017, y para no declararse en default porque sería un desastre político de Maduro. El régimen, “de manera unilateral e ilegal orquestó una oferta de intercambio de las notas de PDVSA 2017 por notas 2020 que fueron emitidas en dólares”.

  PDV Holding no es parte del acuerdo que hizo el gobierno con los tenedores de los bonos 2020 y no tiene por tanto la obligación de pagarles a los titulares. PDV Holding es el principal activo CITGO y las notas que de manera ilegal emitió el régimen de Maduro están aseguradas con las acciones de CITGO.

  Argumentaron que los titulares de los bonos aceptaron la propuestas financiera de Maduro, quien políticamente tenía el tiempo contado. “Peor aún, los titulares sabían que el intercambio de los notas se hizo sin la autorización de la Asamblea Nacional”.

 Explicaron que cuando esa transacción fue anunciada y la Asamblea Nacional la declaró ilegal y llamó a una investigación de inmediato que fue desestimada por el Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que está controlado por Maduro.

  Según la constitución, las notas 2020 son instrumentos debens ser aprobados por la Asamblea Nacional por ser un asunto de interés nacional, asegura la demanda.

  En octubre 28 de 2019, PDVSA no pagó los $913 millones de dólares de capital principal más intereses conllevando a un default. En anticipación a ese evento, el Departamento de Tesoro emitió la Licencia General 5A que prohíbe a los tenedores de las notas ejecutar cualquier acción antes del 22 de enero de 2020.

   Debido a la decisión de la juez, CITGO se perderá ya que los fideicomisarios tienen la orden del juez para vender las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Los demandados MUFG Union Bank N.A y GLAS Americas LLC. actuaron en la operación como colateral de los instrumentos Law Debenture Trust Company of New York, como agente de registro y transferencia, y el principal agente pagador es el Banque Internacional de Luxembourg, Sociedad Anonyme. PDV Holding no es parte del acuerdo y no está obligado a pagar las notas 2020.

  Los abogados que actuaron en esta acción son: Kurt W. Hansson, James Bliss y James Worthington del bufete: Paul Hastings LLP representando a PDVSA Petróleo y Petróleos de Venezuela S.A. Y, Tariq Mundiya y Jeffrey Korn de Willkie Farr & Gallagher LLP por PDV Holding.

Habla el gobierno interino

  A través de un comunicado, el gobierno interino informó que dicha decisión "es de carácter parcial e injusta" por lo que anunciaron el apoyo al equipo legal designado por la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, en la realización de las evaluaciones necesarias para considerar todas las opciones legales, incluyendo la apelación.

  Reiteran que la emisión de los Bonos PDVSA 2020 –poniendo como colateral las acciones de PDVH, cuya única propiedad es CITGO– es absolutamente fraudulenta, tal como lo dictaminó la Asamblea Nacional el 27 de agosto de 2016, mediante la aprobación de un acuerdo que expresa de manera clara que esta condición del colateral es ilegal en vista de que no fue aprobada por el Parlamento Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    Advierten que la demanda de nulidad ante la Corte de Distrito de Nueva York en contra de los Bonos PDVSA 2020, "fue el resultado de un proceso de evaluación complejo en el que se determinó que esta era la única opción con la cual contaba PDVSA para proteger los activos de CITGO, luego de que las negociaciones con los tenedores fracasaran pocos días antes del vencimiento de la cuota del principal e intereses por cerca de un millardo de dólares".

   Sostiene que "Desde que el Presidente (E) Juan Guaidó asumió la Presidencia Interina de Venezuela, en enero de 2019, hemos logrado la protección de CITGO en todos los frentes abiertos irresponsablemente por la dictadura. En ese sentido, y a pesar de la decisión en la Corte de Nueva York, CITGO sigue protegida ya que existe una Orden Ejecutiva (GL5) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que impide la ejecución de cualquier acreencia por parte de los tenedores del Bono PDVSA 2020".

  Según el comunicado, "la protección brindada por el Departamento del Tesoro de EEUU fue renovada a principios del mes de octubre de 2020 y se mantendrá al menos hasta el 19 de enero de 2021, otorgando así un margen de tiempo adecuado para seguir avanzando en la estrategia procesal de defensa de CITGO".





lunes, 3 de agosto de 2020

Bonistas aseguran en la corte de NY que Francisco Rodríguez, y los diputados Rafael Guzmán y Julio Borges, aseguraron que la emisión de bonos PDVSA 2020 no requería de la autorización de la Asamblea Nacional

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Una declaración jurada del representante de uno de los fondos de inversión que participó en el intercambio de deuda de los bonos 2017 a los PDVSA 2020, sostiene que la decisión de participar en la operación [que se realizó en octubre de 2016], se basó en conclusiones derivadas de las opiniones favorables del economista, Francisco Rodríguez [Torino Capital], y los diputados de Primero Justicia, Rafael Guzmán y Julio Borges. La comunicación de Xin Xu, de Ashmore Group del Reino Unido, forma parte de los documentos presentados por los tenedores de las notas 2020, [garantizadas por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO], que fueron demandados por los representantes del gobierno interino de Venezuela, quienes pidieron al tribunal federal de Nueva York, declarar los referidos instrumentos financieros "inválidos, ilegales y nulos por no contar con la autorización de la Asamblea Nacional".
  En la declaración de Xin Xu, residenciado en Londres y empleados de Ashmore Group, que posee algunos bonos PDVSA 2020 desde el 2016, se agregan una serie de comunicaciones que prueban las diligencias que hizo el fondo antes de participar en la oferta de intercambio de deuda de los bonos 2017 por los Bonos PDVSA 2020, garantizado por las acciones de CITGO.

     Esta demanda fue interpuesta por el gobierno interino en octubre de 2019, contra MUFG Union Bank y GLAS American LLC.

   Xu, quien trabaja para Ashmore desde octubre 2008 y maneja la cartera de los bonos soberanos y deudas de PDVSA desde 2012,  sostiene que PDVSA no pagó los bonos  PDVSA 2020 desde mayo 2019.

  Entre las responsabilidades de Xu estaba monitorear la situación política, económica y social que experimentaba Venezuela al momento de hacer la operación, para lo cual visitó a Venezuela.

  Xu explica en su declaración que a principios  de septiembre 2016, como parte de su trabajo de monitoreo, visitó Venezuela con otros individuos que trabajan para fondos de manejos de inversiones. "el viaje fue organizado por Francisco Rodríguez, un analista de Torino Capital".

  Xu advierte que Francisco Rodríguez los acompañó en todo el viaje. Xu describe a Rodríguez "como un economista venezolano con un amplio conocimiento de lo que ocurre en Venezuela".

  Dijo que durante su estancia en Venezuela "se reunieron con oficiales del gobierno, figuras políticas de la oposición, abogados, economistas y expertos conocedores de la situación política, legal, de negocios y de economía del país".

  Al momento de ese viaje, dijo, Ashmore Funds era el tenedor beneficiario de los bonos 2017,  "no había ningún pronunciamiento oficial relacionado con el intento de PDVSA de ofrecer un intercambio de las notas. Aunque Xu dice que había una especulación sobre el posible cambio que podría envolver una nueva deuda asegurada por las acciones de CITGO Holding Inc".

  Xu argumentó que "cuando estaba en Caracas tuvo una reunión con Rafael Guzmán, abogado de la Asamblea Nacional y miembro de Primero Justicia. Para ese momento, Guzmán era el presidente de la Subcomisión de Finanzas y Políticas Públicas, luego pasó a ser presidente de la Comisión de Finanzas".

  Xu, y el resto de los representantes de los tenedores de bonos, conversaron con Guzmán acerca del posible cambio de la deuda. Según explica, "Guzmán declaró que de acuerdo a la ley venezolana la deuda de PDVSA no tenía que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Guzmán advirtió que PDVSA puede usar los activos en el exterior, incluyendo los de  CITGO Holding para garantizar la deuda sin aprobación del parlamento".

  "Guzmán declaró que era su opinión personal, y que sabía que era la interpretación mayoritaria, que Xu entendió, que era de la Asamblea Nacional".

  El testigo sostuvo que "en ninguna reunión en Venezuela, nadie sugirió que la nueva deuda  de PDVSA con la garantía de las acciones de CITGO era ilegal e inválida si no era aprobada por la Asamblea Nacional".

  Luego de su regreso a Londres, Xu dijo que "Francisco Rodríguez, el 16 de septiembre de 2016, dijo que representantes de la oposición aseguraban que no había dudas sobre la legalidad de los bonos de PDVSA eran intercambiados, no requerían de la autorización de la Asamblea Nacional".

  Sostiene que "el 16 de septiembre de 2016, PDVSA anunció el cambio de deuda que de las notas 2017 para ofertar las notas 2020 aseguradas por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Holding".

  En su declaración jurada, Xu sostiene que "en septiembre de 2016, se enteró que había una preocupación en el mercado sobre la posibilidad que PDVSA iba haber un default la deuda pendiente". 

  Ashmore consideró un default de la deuda  de las notas 2017. En ese tiempo, las notas 2017 estaban activas y fue cuando se tomó la decisión y entendió que las notas 2017 iban a ser pagadas.

  Xu supo que previo al cierre de la oferta de intercambio de las Notas, el 28 de octubre de 2016, algunos diputados opositores expresaron que las Bonos 2020 no debían estar asegurados con las acciones de CITGO, y otros, hablaban que la Asamblea Nacional debía aprobar dicha deuda.

  Asimismo, planteó que luego entendió que hubo una resolución de la Asamblea Nacional concerniente a la oferta de intercambio de deuda del 27 de septiembre de 2016. "La resolución parlamentaria incluyó un llamado al presidente de PDVSA para que testificara en el parlamento, en la misma se rechazaba categóricamente que se garantizaran con las acciones de CITGO Holding". 

  Argumentó que se le informó que "el Parlamento habían pedido a la Fiscalía General de Venezuela una investigación de la transacción y a PDVSA que presentara el Plan de Deuda de la Asamblea Nacional. Esa resolución no declaró el intercambio de deuda ilegal ni inválido".

  Un día después de la resolución, Xu dijo que había recibido un reporte de Francisco Rodríguez con consistentes explicaciones sobre la resolución. 

  En la comunicación de Rodríguez, éste sostenía que la Resolución no declaraba la operación no era ilegal, y no criticaba el plano legal. Sostuvo que la resolución no era vinculante. Además señaló que la operación es claramente legal de acuerdo a los términos de la ley venezolana, citando el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Ley de Financiamiento de la Administración Pública requiere que la Asamblea Nacional apruebe los bonos que usan los activos del estado como colateral, el artículo 101 de la misma ley expresa excepciones  de esos requerimientos para PDVSA.

  Rodríguez aseguró que había hablado con los líderes de la oposición un día antes, incluyendo a los senior y ellos estuvieron de acuerdo que la operación era legal y que no requería de la autorización de la Asamblea Nacional. 

  "Rodríguez dijo además que desde su punto de vista, no tenía sentido que un hipotético nuevo gobierno no podría repudiar la oferta de intercambio de deuda porque era legalmente binding en Estados Unidos".

 "Francisco Rodríguez sostuvo en un email separado que la Resolución de la Asamblea fue publicada y que Julio Borges confirmó su opinión que, la deuda de PDVSA, no requería la aprobación de la Asamblea Nacional. Esto cuando Borges, actual comisionado de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, era el presidente de la Asamblea Nacional en  2017".

  "La Resolución y los reportes de Francisco Rodríguez reafirmaron a Ashmore que la oferta de intercambio de deuda  no estaba sujeta a ser legitimada bajo la ley venezolana y basados en las conversaciones con los analistas, se acordó invertir en las notas" acota.

  Xu admitió que sabía que algunos analistas decían que había riesgo en las notas PDVSA 2020 pero no que eran inválidas.

  El 26 de octubre de 2016, comunicó que la deuda de PDVSA no requería la aprobación de la Asamblea Nacional al CEO de Ashmore y al CIO, Mark Coombs.

  Para ese momento, el intercambio de la deuda de las notas 2020 se haría por las leyes del Estado de Nueva York, y PDVSA informó que había un acuerdo.

  También hubo una circular de Hogan Lovells US LLP, que era el que iba a representar a PDVSA en la oferta en Nueva York.  "Esa circular no representaba riesgo y que la deuda era inválida por la ley de Venezuela".

  Xu supo que PDVSA, PDVSA Petróleo S,A y PDV Holding, INC, estaban representados en la operación de la oferta de intercambio de deuda, y que el bufete, Hogan Lovells no había identificado ningún riesgo legal, validez sobre la transacción.

  Igualmente, Ashmore hizo due diligence. "Como parte de la misma, Charlotte Henderson, abogado de Ashmore, habló con el consejero de PDVSA en Hogan Lovells sobre la operación, y Henderson no había investigado si los bonos 2020 cumplian con la ley venezolana".

  Incluye la declaración una referencia de una comunicación de Xu con Oscar Stephens de Hogan Lovells a Henderson, que dice que la transacción se regía bajo la ley de Nueva York, y el agente colateral se regía por la ley que hacía la operación legal.

  Basado en los elementos expuestos, Ashmore participó en el intercambio de deuda que fue cerrado el 28 de octubre de 2016. Advierte que Ashmore retuvo algunas bonos 2017 que no entraron en la oferta de los bonos 2020. Esas notas 2017 fueron pagadas en su totalidad.

  Xu aseguró que nadie en Ashmore creía que para el tiempo de la operación de los bonos, la transacción violaba ninguna provisión de la ley venezolana, y que había ningún riesgo sobre las notas o que eran inválidas. Si hubiesen sido advertidos por PDVSA o sus subsidiarias o por algún consejero legal que había un riesgo, o que eran  inválidas, no hubiesen participado en el intercambio.









jueves, 16 de julio de 2020

Piden a una juez de Nueva York que mantenga sellada la identidad de un experto que presentó la defensa de los tenedores de bonos PDVSA 2020

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Los abogados de los tenedores de los Bonos PDVSA-2020 pidieron a la juez del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, mantener el nombre de un experto en leyes venezolanas bajo reserva porque creen que "de revelarse su identidad, su integridad, la de su familia y sus estudiantes podrían estar comprometida". Esta petición surge a raíz de la solicitud de los abogados del gobierno interino de Venezuela ante ese tribunal para que se conozca quién es el profesional que testificó para así garantizar la transparencia y claridad del proceso.
 Los abogados defensores en la demanda de la República Bolivariana de Venezuela contra MUFG Union Bank, NA y GLAS Americas LLC., [las dos empresas que representan a los bonistas], pidieron a la juez rechazar la petición de divulgación del nombre del experto, debido a que existe una inestabilidad política y de seguridad en Venezuela y que el abogado que sirvió con su experticia a la defensa tiene preocupaciones si su nombre se conoce en público.

    El bufete de abogados Latham & Watkins LLp, Christopher J. Clark son los representantes de los bonistas en esta demanda.

   En su comunicación exponen que el experto y su familia podrían correr el riesgo de represalias y amenazas su seguridad personal. "No hay interés público en revelar la identidad del experto, donde sus opiniones completas  están disponibles en el expediente público del Tribunal".

   Dice la carta que los demandantes [gobierno interino] ignoran el contexto en el que surge esta disputa. 

  "Los representantes de la administración de Guaidó, que está dirigiendo este litigio para PDVSA y sus afiliados, se han involucrado en una campaña de retórica inflamatoria que duró meses, no solo contra el régimen de Maduro, sino también contra figuras independientes de gran prestigio que han criticado las políticas o acciones de la administración de Guaidó o la posición de los Demandantes en este caso. Como esta Corte sabe, la administración de Guaidó ha acusado públicamente que cualquier erudito legal venezolano que testifique para los Demandados estaría actuando "en contra de lo que ordena la Constitución" y estaría "tratando de justificar las acciones del régimen de Maduro", argumentan los abogados.

  Sostienen que "una situación similar se ha dirigido contra otros que han cuestionado la posición de litigio de la administración. La administración de Guaidó ha acusado falsa e infundadamente a los titulares de las Notas 2020 de conspirar con el régimen de Maduro para entregarles el control de CITGO, aunque, como la Corte sabe por las presentaciones de juicio sumario, esa acusación no está respaldada por una pizca de evidencia".

  Los abogados hacen mención a ataques que hacen a profesionales, entre quienes nombran al economista Alejandro Grisanti. 

  Dicen que "el patrón de ataque profesional también ha resultado en la renuncia de Alejandro Grisanti de la Junta Ad Hoc de PDVSA de los Directores, luego del "menosprecio constante tanto público como privado" por parte del entonces Procurador Especial "contra todo lo que está en contra de sí mismo". Grisanti que había expresado su oposición a esta demanda y calificó la estrategia de los Demandantes como "equivocada".

      Vale destacar que Grisanti dijo en su Alejandro Grisanti en su cuenta de Twitter @agrisanti aclaró a la @lathamwatkins "que si bien es cierto que no estoy de acuerdo con llevar el caso de fianza PDVSA- 2020 a juicio, es totalmente falso que mi renuncia a la Junta Ad-Hoc de PDVSA se deba a esto. Los motivos de mi renuncia se pueden encontrar en una carta que publiqué el 15/5". 
    Argumentan que el ex-procurador "continuó participando en una conducta tan hostil hacia los opositores de este litigio después de que las amonestaciones de este Tribunal hacen que el sellar la identidad del experto de los Demandados sea aún más razonable".

  Aseguran que "las preocupaciones legítimas del experto también se extienden a posibles represalias del régimen de Maduro", ya que es quien "retiene el control de facto de las operaciones venezolanas de PDVSA y los activos petroleros de Venezuela en ese país. Se beneficiaría financieramente, y buscaría beneficiarse políticamente, de una victoria de los Demandantes que libera a PDVSA de una obligación multimillonaria. El régimen de Maduro, como reconocen los Demandantes, "tiene un historial bien documentado de persecución". 

  En estas circunstancias, las garantías insípidas de los abogados estadounidenses de los Demandantes de que "no hay una razón creíble para pensar que el experto de los Demandados estaría bajo amenaza" son de poco consuelo y no se les debe dar ningún peso.

  En la comunicación se señala que "el experto en derecho venezolano de los acusados ​​es un residente permanente de Caracas, donde este tiene su hogar y práctica la ley". 

  "Si bien el experto recientemente pudo abandonar Venezuela temporalmente para ir a un país de Europa, los miembros de su familia, sus estudiantes y colegas permanecen allí. El experto tiene todos los motivos para preocuparse por posibles represalias (incluso de la administración de Guaidó, en caso de que llegue al poder) si su identidad se divulgara públicamente. De hecho, en las conversaciones con la defensa, el abogado de los Demandantes inicialmente estuvo de acuerdo con la propuesta de eliminar su nombre de cualquier presentación pública, solo que ahora revierte el curso (sin justificación) y alega que dicha divulgación pública es imprescindible".

  Finalmente sostienen que los demandantes afirman que el "interés público respalda la divulgación de la identidad del experto", y argumentan que "el interés público en la divulgación no es absoluto porque como los tribunales han reconocido, existen 'razones convincentes' suficientes para superar el interés del público en la divulgación y justificar el sellado de los registros de la corte"







miércoles, 15 de julio de 2020

OFAC extiende prohibición para ciertas transacciones con los bonos PDVSA 2020

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos renovó este miércoles una Licencia General, a través de la cual extiende, hasta el 20 de octubre de 2020, la prohibición impuesta a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 para que puedan hacer transacciones y ejercer acciones legales para cobrar la deuda vencida, garantizadas con el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation.
  La emisión de bonos PDVSA 2020, ejecutada por el gobierno de Nicolás Maduro, no fue aprobada por la Asamblea Nacional tal cual lo establece la Constitución venezolana. En 2019, los representantes del gobierno interino interpusieron una acción ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para que el tribunal los declare nulos e ilegales.

    La licencia general de la OFAC extendió hasta el 20 de octubre de 2020 las normas a través de las cuales se realizan las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de CITGO en relación con el bono de 8,5% PDVSA 2020. Este tipo de operaciones permanecen prohibidas por el gobierno de EE. UU. Aquellas personas o entidades que deseen hacer operaciones con ese tipo de instrumentos financieros deben tramitar una licencia ante la OFAC. 

 A partir de hoy, 15 de julio de 2020, la Licencia General No. 5C, fechada el 10 de abril de 2020, queda reemplazada en su totalidad por esta Licencia General No. 5D.


jueves, 7 de mayo de 2020

Los riesgos para los compradores de los Bonos PDVSA 2020 y la estrategia de la defensa en la corte de NY

  Estrategia del 'gobierno interino' apunta a la declaratoria de nulidad del canje de los Bonos PDVSA 2020 y del préstamo de Rosneft a PDVSA con garantía de CITGO. Respaldados en la falta de aprobación de las operaciones por parte de la Asamblea Nacional, el interinato de Venezuela solicitó ante los tribunales de EE. UU. que se declaren nulos por ilegales esos bonos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La emisión de bonos por parte de Petróleos de Venezuela S.A. con el objetivo de lograr financiamiento, es una actividad normal en toda empresa. Sin embargo, una operación habida en 2016, cuando PDVSA convocó a los inversionistas para llevar a cabo una operación de canje de los denominados Bonos PDVSA 2017 que vencían en esta última fecha, por unos nuevos llamados Bonos PDVSA 2020, llamó la atención pues, para hacer atractiva la negociación en medio de un escenario en el que la estatal petrolera mostraba —y sigue mostrando— una grave crisis de iliquidez y de operatividad, se ofreció como respaldo una garantía prendaria de CITGO. Al parecer era tal el riesgo que suponía comprar papeles de una empresa prácticamente quebrada, que fue necesario comprometer el principal activo de Venezuela en los Estados Unidos.

   Fue así que el canje de bonos se respaldó con nada menos que el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc., la propietaria de CITGO Petroleum Corporation.

  No conforme con esto, el restante 49,9 por ciento de las de CITGO Holding, Inc., se usó para garantía prendaria para respaldar un préstamo que PDVSA, a través de su filial PDV Holding Inc., firmó con la estatal rusa Rosneft Trading S.A.

   Ninguna de estas operaciones contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, pues eran violatorias de lo establecido en la legislación venezolana. En tal sentido apunta la estrategia que el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó para defender y proteger CITGO ahora que los bonistas reclaman el pago por los papeles y se adelantan a cualquier acción legal que pudiera emprender Rosneft al momento de exigir la restitución de su dinero.

  Todo deja ver que el interinato de Guaidó busca sentar un precedente frente a este tipo de operaciones irregulares que el gobierno de Nicolás Maduro busca instituir, según lo deja ver un llamado de alarma que el muy criticado procurador especial de Venezuela, José Hernández, lanzó recientemente cuando alertó que el régimen tiene como propósito entregar activos de PDVSA a bonistas extranjeros, a cambio de nuevos préstamos.

  “Hoy se pretende repetir la misma estrategia entregando activos de PDVSA, incluyendo la Refinería de Amuay, a terceros y a gobiernos extranjeros, en una clara privatización de facto que resulta inconstitucional”, dijo Hernández en declaraciones que recoge una nota del Diario Las Américas

 Hernández agregó que “la entrega de activos de PDVSA a terceros, violando la Constitución no es idea nueva del régimen de Maduro. Por el contrario, esa entrega comenzó en 2016, cuando Maduro cedió en garantía a favor de bonistas extranjeros la mayoría accionaria de CITGO con el Bono PDVSA 2020”.

  Y entonces Hernández recordó el hecho de que el Poder Legislativo Nacional no ofreció su aval a estas operaciones, tal como lo exige la ley. “La Asamblea Nacional se opuso al colateral sobre CITGO a favor de bonistas extranjeros en Acuerdo del 27 de septiembre de 2016. La decisión sólo fue rechazada por los diputados del régimen de Maduro”[1].

Gobierno interino preservó CITGO

  El embajador de Venezuela en Estados Unidos designado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, corroboró esta posición y aseguró que todas las acciones emprendidas por el gobierno interino están dirigidas a preservar la propiedad de CITGO por parte de Venezuela.

  Advertido de que la defensa de los bonistas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde los tenedores de los papeles reclaman el pago de los bonos o la ejecución de la garantía, alegando que el gobierno de Juan Guaidó reconoció la legalidad de la operación de canje cuando en 2019 pagó USD 71 millones por concepto de intereses, el embajador aseguró que, por el contrario todo el accionar de la administración de la que forma parte, apunta a proteger a CITGO.

  Vecchio refiere que, efectivamente, “cuando se hizo ese pago se comunicó que se estaba haciendo por la emergencia, [pero se advirtió] que no implicaba ningún reconocimiento de la deuda, que lo estábamos haciendo porque no tuvimos otro mecanismo para proteger a CITGO sino ese, y lo hicimos. Pero luego, cuando tuvimos más tiempo y se correspondía el otro pago en noviembre, sí nos dio tiempo para, primero, trabajar en la protección de los activos de CITGO y hoy podemos decir que CITGO está totalmente protegida con una acción ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. Eso lo logramos”.

  Vecchio rebate la argumentación de los bonistas y recuerda que cuando el pago de los intereses en aquel entonces se hizo, se advirtió que Venezuela atravesaba por una circunstancia especial y el gobierno interino apenas se encontraba asumiendo el control de CITGO.

   Sostiene que el pago de intereses de los Bonos PDVSA 2020 en 2019 se hizo con la advertencia de que, por atravesar una circunstancia especial, el gobierno interino procedía al pago de los intereses sin que se reconociera con ello la legitimidad de la deuda y reservándose Venezuela, el derecho de demandar la nulidad de un bono que es ilegal.

  Vecchio calificó de irresponsable la acción de Nicolás Maduro de ofrecer CITGO como garantía de sus operaciones irregulares y del mil millonario endeudamiento a que ha sometido el país y a PDVSA. Destacó como inaudito que hasta se haya otorgado un Premium a quienes adquirieran por Bonos PDVSA 2020. Calificó todas estas operaciones de inconstitucionales.

“Nosotros lo que estamos haciendo es, uno, preservando CITGO, y dos, demandando la nulidad de una deuda que lo que hizo fue darle beneficios a unas personas que están detrás de los bonistas y a algunos bonistas que se aprovecharon de esa circunstancia para desangrar a Venezuela. Nosotros estamos manteniendo una posición de principios y hemos puesto en manos de un juez imparcial y que conoce el tema, esta decisión. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, defendiendo a CITGO, defendiendo los intereses de los venezolanos y señalando a los responsables del desangramiento que le hicieron a nuestro país”.

El informe de Chafardet

  El abogado e internacionalista residenciado en los Estados Unidos, Joaquín F. Chaffardet, en su “Informe sobre las operaciones ilegales de crédito público de PDVSA y su filial PDV Holding Inc.”, sostiene que las distintas operaciones llevadas a cabo por la estatal petrolera con los Bonos PDVSA 2017 y PDVSA 2020, así como del préstamo que la rusa Rostneft Trading a PDVSA, son ilegales, advirtió sobre una serie de riesgos que corren, tanto los responsables de tales negociaciones, como los inversionistas que se aventuren a adquirir tales papeles.


 En su análisis, Chaffardet pone al descubierto el consuetudinario irrespeto a la Constitución y las leyes que rige a las actuaciones gubernamentales venezolanas, dándole a las mismas un carácter de ilegalidad.

  Se refiere, en primer término, a la operación de canje de Bonos PDVSA 2017 por Bonos PDVSA 2020 llevada a cabo para evitar el default en el año 2017 al vencimiento en abril y noviembre de dichos papeles. Estos se cambiaron en el mercado por unos a vencimiento en 2020, de manera de extender el plazo de vencimiento.

  En razón de lo arriesgado que tal negociación resultaba, dado el deteriorado crédito e imagen de PDVSA, el gobierno venezolano procedió a garantizar la operación con 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. —propietaria de CITGO Petroleum Corporation, la filial de PDVSA en los EE. UU.— como “garantía prendaria de primer grado”.

  En segundo lugar, el informe cita el contrato de préstamo que PDVSA, a través de su filial PDV Holding Inc., firmó con la estatal rusa Rosneft Trading S.A con garantía prendaria del 49,9 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. Aunque oficialmente no se informó del monto del préstamo, fuentes ligadas a la petrolera refirieron que era por USD 1.500 millones.

   De tal manera, que en dos operaciones se comprometió el 100 por ciento de las acciones de CITGO Holding y, en consecuencia, de CITGO Petroleum Corporation.

  Chaffardet califica este negocio como una venta oculta de CITGO “a precio de gallina flaca” dirigida a “insolventar a la empresa en perjuicio de los acreedores de la República”.

   Por estas operaciones en tribunales de los Estados Unidos se han iniciado demandas por parte de otros acreedores de Venezuela que acusan la ilegalidad de esta transferencia fraudulenta de activos.

  El informe se remite al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que en su artículo 5 menciona los entes que conforman el sector público, incluyendo en los numerales 8 y 9 a “Las sociedades mercantiles en las cuales la República (…) [que] tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional. 9. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social”.

  De acuerdo a esto, PDVSA y sus filiales PDV Holding Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum Corporation —propiedad de la petrolera— son igualmente entes del sector público y, en consecuencia, están sujetas a las regulaciones de dicha ley.

  Cita también el reporte, el artículo 80 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que como “operaciones de crédito público” así: “1) La emisión y colocación de títulos valores, incluidas las letras del Tesoro, constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería, exceptuando los destinados al reintegro de tributos. (…) 5) La consolidación, conversión, unificación o cualquier forma de refinanciamiento o reestructuración de deuda pública existente”.

  Encajan, por tanto, en lo definido, la emisión de los Bonos PDVSA 2020, su canje por los Bonos PDVSA 2017 que, en la práctica son un refinanciamiento o restructuración de una deuda pública existente.

  Asimismo, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público en su artículo 105, prohíbe a PDVSA y sus filial PDV Holding Inc. “contratar operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estatales o municipales”.

   Advierte el informe de Joaquín Chaffardet, que aun lo expresado en la ley, PDVSA con la anuencia del Ejecutivo Nacional, “en su desesperado esfuerzo de obtener fondos y de paso evitar el default en 2017”, emitió los Bonos PDVSA 2020 con garantía prendaria de primer grado sobre bienes públicos nacionales, lo que también ocurre con la garantía del 49,9 por ciento de las acciones de CITGO que respaldan el préstamo de Rosneft a PDVSA.

  El reporte alerta que estas operaciones prohibidas por la ley pueden tener consecuencias nefastas para los intereses venezolanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos lugar de asiento de CITGO Petroleum.

   Se deja sentado que, si se estableciera un nuevo gobierno en Venezuela apegado a la letra de ley, podría desconocer la validez de la garantía ilegal otorgada y, hasta la validez de los mismos bonos, lo que representa un gran riesgo para los inversionistas involucrados.

Los argumentos de PDVSA

  El informe alerta que si bien PDVSA aseguró el 23 de diciembre de 2016 que “PDVSA mantiene propiedad total sobre CITGO” bajo el argumento de que “cualquier empresa de clase mundial, como Petróleos de Venezuela, utiliza sus activos para el respaldo de sus transacciones y el apalancamiento de sus inversiones, razón por la cual es totalmente falso que se estén cediendo activos a terceros”, justificando de esta manera el que se haya puesto como garantía el 50,1 por ciento de CITGO para la operación de canje de bonos y el restante 49,9 por ciento  en el “levantamiento de nuevos financiamientos.

  Ante tal justificación de PDVSA, Joaquín Chaffardet señala, en primer lugar, que PDVSA hace años dejó de ser una “empresa de clase mundial” puesto que ha llegado al extremo de tener que ser financiada por el “Banco Central de Venezuela mediante operaciones financieras que lindan con el fraude contable”.

  A esto suma el hecho de que CITGO otorgue como garantía prendaría para una operación de bonos supere la mitad de las acciones de la compañía sin siquiera informar cuál es el monto en dólares que se está garantizando.

  Tampoco informa de cuánto es el financiamiento alcanzado que supuso una garantía de 49,9 por ciento de las restantes acciones de CITGO, ni tampoco de dónde proviene. En este sentido, Chafardet indica que, según fuentes independientes, el préstamo fue otorgado por la empresa rusa Rosneft Trading S.A., pero sin que exista certeza del monto del mismo.

Sobre PDVSA y sus filiales

  El reporte informa sobre la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) e indica que es una empresa estatal venezolana que, hasta la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República, se dedicaba ala a explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte del petróleo venezolano, la cual se constituyó luego de la nacionalización de la industria petrolera en 1975, por decreto del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez. El acta constitutiva-estatutaria se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 15 de septiembre de 1975, bajo el No 23, Tomo 99-A.

  La república de Venezuela es propietaria del 100 por ciento del capital de la sociedad, es la única accionista de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Sobre PDV Holding, Inc., el informe dice que es una compañía mercantil constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, donde fue registrada el 21 de abril de 1997 con el Nº 2742595. Se trata de una empresa filial de PDVSA cuya participación es el 100 por ciento del capital de la sociedad.

  A su vez, PDV Holding, Inc., es propietaria del 100% de las acciones que representa el capital de CITGO Holding, Inc.

  Por su parte, CITGO Holding, Inc. es una compañía mercantil constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, donde fue registrada el 14 de noviembre de 1986 con el Nº 2107402. El 100 por ciento del capital de CITGO Holding, Inc., es propiedad de PDV Holding, Inc.

  Entretanto, CITGO Holding, Inc. posee el 100 por ciento de las acciones que representan el capital social del CITGO Petroleum Corporation.

  CITGO Petroleum Corporation es una sociedad mercantil registrada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el 18 de marzo de 1983 con el Nº 2005114.

  CITGO Holding, Inc. es dueña del 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation.

  La oferta de canje de Bonos PDVSA 2017 por Bonos PDVSA 2020, petrolera deja sentado que se trata de una compañía “totalmente propiedad de Venezuela y somos la holding de un grupo de empresas de petróleo y gas (...)”, al tiempo que sobre sus filiales dijo: “A través de PDV Holding, una filial de propiedad total, poseemos indirectamente el 100% de CITGO Holding y CITGO Petroleum Corporation ("CITGO"), esta última una refinadora y comercializadora de combustibles para el transporte, productos petroquímicos y otros productos industriales a base de petróleo en los Estados Unidos."[2].

  Sostiene Chaffardet que las acciones de PDVSA y sus filiales son bienes públicos nacionales de acuerdo a lo estipulado en la legislación venezolana, la cual advierte que estos, así como las “rentas, derechos o acciones que formen parte del patrimonio de la república, no están sujetos a embargos, secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales y en general, a ninguna medida preventiva o ejecutiva y están exentos además, de contribuciones o gravámenes nacionales, estadales y/o municipales”.

  Explica el informe que tal disposición legal significa que los bienes propiedad de Venezuela no pueden ser dados en garantía.

Las operaciones

   Ante la grave crisis económica venezolana producto de las “absurdas” políticas económicas del gobierno —refiere el informe—, la caída de las reservas internacionales y  la merma de la producción petrolera que, según la OPEP, se ubicó al momento de la redacción del reporte en 1,997 barriles de diarios, la administración de Nicolás Maduro recurrió “de manera irresponsable” a realizar operaciones de crédito público expresamente prohibidas por la ley, como es el caso de la oferta de canje de bonos PDVSA 2017 por PDVSA 2020.

  En su sitio web, PDVSA publicó la oferta el 16 de septiembre de 2016,la cual rezaba que “la quinta la quinta compañía petrolera integrada verticalmente más grande del mundo” inició “las ofertas de intercambio (las ‘Ofertas de Canje’) de todos y cada uno de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en 2017 (los ‘bonos de abril de 2017’) y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en 2017 (‘los bonos de noviembre de 2017’), y en conjunto con los bonos de abril de 2017, los ‘Bonos Existentes’) por nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el año 2020 (los ‘Nuevos Bonos’)”.

   Y agregaba la oferta la información sobre la garantía prendaria que advertía que la misma sería de primer grado sobre el 50,1 por ciento de las acciones que conforman el capital social de CITGO Holding Inc. y serán “garantizados de manera incondicional e irrevocable por PDVSA Petróleo S.A.”. Se alertó de que los “Bonos Existentes no están ni estarán garantizados por la Garantía Prendaria que garantiza los Nuevos Bonos. Los pagos de capital de los Nuevos Bonos se pagarán anualmente en cuatro cuotas iguales, en cada aniversario de la fecha de liquidación de los Nuevos Bonos”[3].

  Asimismo, el informe califica la operación préstamo como un “contrato de venta a futuro, prepagada, por PDVSA a través de su filial PDV Holding Inc., con la empresa rusa Rosneft Trading S.A., garatizado con garantía prendaria sobre el 49. 99% de las acciones de su filial CITGO Holding Inc.”, la cual tuvo lugar el 30 de noviembre de 2016.

  La negociación se mantuvo en secreto hasta que las agencias noticiosas la informaron el 23 de diciembre de 2016. Tampoco oficialmente se dio a conocer el monto del préstamo, pero extraoficialmente se supo que alcanzaría USD 1.500 millones.

Ilegales

  Sostiene Joaquín Chaffardet en su informe que estando PDVSA y sus empresas filiales PDV Holding, Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum, sujetas a las regulaciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y siendo la emisión y colocación de dichos bonos y el contrato de préstamo operaciones de crédito público garantizadas con garantías prendarias sobre acciones de PDVSA CITGO Holding Inc., califican dichas negociaciones como operaciones de crédito público.

  Por tanto, de acuerdo a las pautas de ley, son sujeto de las prohibiciones que en materia de operaciones de crédito público se establecen en la legislación venezolana. En tal sentido, tanto el canje de los bonos como el préstamo son ilegales.

Empeño ilegal de CITGO

   Se asegura en el reporte que dado que PDVSA emitió y colocó los Bonos PDVSA 2020 garantizados ilegalmente con el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding Inc. que equivalen al 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation y, además, comprometió el 49,9 por ciento restante de las acciones como garantía prendaria en el préstamo obtenido de Rosneft Trading S.A., se ha procedido a un empeño ilegal de la filial[4].

   Categóricamente se afirma en el informe que el 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation se dieron en garantía o, sencillamente, fueron “empeñadas”.

Las posibles consecuencias

  De acuerdo a lo expuesto, en el informe de Joaquín Chaffardet se alerta de que las operaciones ilegales de canje de bonos y el préstamo de Rosneft podrían traer una serie de consecuencias.

  En primer término, las que sufrirían los funcionarios el ente emisor de los Bonos PDVSA 2020, es decir PDVSA, así como los responsables de la contratación del préstamo con Rosneft Trading S.A., ambas operaciones con garantías prendarias de primer grado sobre acciones de CITGO, estarían sujetos a las sanciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

  El artículo 160 de la cita ley establece la obligación del funcionario o servidor público de indemnizar a la república o al ente del sector público afectado por los daños que le causaren en el desempeño de sus funciones por infracción del mismo. La obligación de indemnizar surge independientemente de que su actuación haya sido dolosa o culposa.

  Asimismo, en él se estipula la sanción de destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por tres años.

  Por otro lado, las consecuencias para los inversionistas derivan de que la Asamblea Nacional de Venezuela podría declarar la ilegalidad evidente de los nuevos bonos.

  Se precisa que en caso de un impago de dichos bonos, la república pudiera desconocer la validez, tanto de los bonos como de la garantía prendaria. Esto podría dar pie a costosos litigios internacionales para ambas partes.

  Se alerte que de producirse un cambio de gobierno en Venezuela antes de la fecha de vencimiento de los nuevos bonos, este podría desconocer la validez de los nuevos bonos y, en particular, de la garantía ilegal que los respalda.

  En tercer lugar, el reporte de Chaffardet refiere que podría haber consecuencias para la república y para PDVSA por la emisión ilegal de los “bonos y su colocación en el mercado contribuirá a un fuerte deterioro en el ya maltrecho crédito de la República y en el aumento del riesgo país. La situación de crédito de Petróleos de Venezuela S.A., es sencillamente catastrófica y aparentemente irreparable por ahora”.

CITAS

[1] Diario Las Américas. “Procurador denuncia que Maduro entrega activos de PDVSA a cambio de bonos”. 1 de mayo de 2020. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/procurador-denuncia-que-maduro-entrega-activos-pdvsa-cambio-bonos-n4198239

[2] Scribd. PDVSA 2017 into 2020 Exchange Offer - OC - 16 September 2016. https://es.scribd.com/document/324333858/PDVSA-2017-into-2020-Exchange-Offer-OC-16-September-2016

[3] PDVSA. “PDVSA anuncia la Oferta de Intercambio de Todos y Cada Uno de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en el 2017 y Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2017, por Nuevos Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2020”. 16 de septiembre de 2016. http://www.pdvsa.com/templates/pdvsa/img/bonos/bonopdvsa2017/Anuncio%20de%20Prensa%20(PDF).PDF


[4] Reuters. “Venezolana PDVSA usa el 49,9 pct de acciones de su filial Citgo para "nuevos financiamientos": comunicado”. 23 de diciembre de 2016. https://lta.reuters.com/articulo/domesticNews/idLTAKBN14C2AC

martes, 19 de noviembre de 2019

Representantes de Guaidó y tenedores de bonos acuerda ampliar cronograma del litigio de los Bonos PDVSA 2020 en tribunal de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La jueza estadounidense Katherine Polk Failla aceptó el acuerdo de indulgencia que se logró entre los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó y los titulares de los bonos PDVSA 2020 para que el cronograma del proceso de descubrimiento y las mociones del caso sean presentadas en el marco de los próximos seis meses.

  Los abogados de los demandados, Glas America y MUFG Union Bank habían pedido al tribunal que interviniera para que los demandantes aceptarán ampliar el calendario que originalmente los representantes de Guaidó habían fijado para desarrollarse en dos meses.

  La querella interpuesta por Petróleos de Venezuela y PDV Holding exige a la corte que declarare la emisión de los bonos PDVSA 2020 nulos e ilegales por no haber sido aprobados por la Asamblea Nacional, lo cual según los demandantes los hace inconstitucionales.

 Las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de las notas que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., reaccionaron en contra y descalificaron los argumentos de los demandantes al señalar que los instrumentos financieros fueron emitidos bajo las leyes del estado de Nueva York.

El acuerdo entre las partes permitió que se aprobara el siguiente cronograma que fue dado a conocer por la corte.


    Las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC informaron al tribunal la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio y aclararon que estaban en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó (quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento), ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostuvieron que dos meses  no eran suficientes para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. 

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 

   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

El acuerdo entre las partes ahora le da a la oposición más tiempo para buscar una estrategia que le permita salvar a CITGO que está comprometida como garantía de las notas.

martes, 12 de noviembre de 2019

Tenedores de bonos PDVSA 2020 aseguran que la Asamblea Nacional de Venezuela reconoció validez de las notas cuando pagó los intereses en abril de 2019

   La demanda de los representantes de Juan Guaidó ante un tribunal de  NY para que declare la nulidad e ilegalidad de las polémicos instrumentos financieros es considerada por los acusados como un argumento irrelevante porque hay hechos relevantes que prueban todo lo contrario.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Los titulares de los Bonos PDVSA 2020 afirmaron —en una comunicación dirigida a la Corte del Distrito Sur de Nueva York —que los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó no pueden argumentar que las notas son ilegales y nulas porque "ellos mismos fueron quienes reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de esos instrumentos financieros, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019". 
   La querella interpuesta por los representantes del presidente de la Asamblea Nacional en la cual solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York declarar los bonos PDVSA nulos e ilegales ha generado una abierta oposición por parte de las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de los bonos PDVSA 2020 que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., el activo más grande del Estado venezolano en el exterior.

    En una comunicación —enviada al jueza Katherine Polk Failla por los abogados de las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC— se informa la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio pero aclaran que están en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento, ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostienen que no son suficientes dos meses para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. Los representantes de Guaidó pidieron declarar nulos e inválidos los referidos instrumentos financieros.

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 


   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

    Los abogados sostienen que los demandantes buscan impedir que los acusados hagan cumplir cualquiera de los derechos de los Titulares de Bonos, incluyendo sus derechos bajo el Acuerdo de Compromiso que aseguró las Notas 2020, al argumentar que los bonos 2020 deben declararse ilegales, nulas e inválidos ab initio "según la ley venezolana aplicable".

   Aseguran que "es muy poco probable que los demandantes tengan los méritos para sus reclamos y que no podrían demostrar que tienen derecho a una orden judicial preliminar".

La legalidad de los Bonos 2020

     La defensa argumenta que la legalidad de las Notas 2020 se basa en en la Ley Sustantiva de Nueva York y no en la ley venezolana, por lo cual el argumento de los representantes de Guaidó de apelar a la ilegalidad bajo las leyes de Venezuela es irrelevante.
   Manifiestan que la negociación de las notas 2020 fue construida en base a un acuerdo gobernado por las leyes del estado de Nueva York, sin ninguna disposición de conflicto de otras leyes, exceptuando la sección 5-1401 de la Ley General de Obligaciones Generales  de NY.

  Afirman que "los contratos que rigen las notas 2020 son exclusivos del estado de Nueva York y tiene conexiones con las leyes de los Estados Unidos y dichos bonos están denominados en dólares estadounidenses, fueron comercializados en EE. UU. y garantizados por una prenda de acciones otorgadas por PDV Holding que es una sociedad registrada en Delaware".

   Las acciones que aseguran las Notas 2020 son acciones de CITGO Holding, una corporación de Delaware que es la empresa matriz de CITGO registrada también de Delaware con sede en Texas y con operaciones en muchos estados, incluyendo Nueva York. Todos los pagos de intereses y el capital principal de las Notas 2020 debe hacerse ante un Agente en Nueva York.

  Asimismo, señalan que "el Contrato y el Acuerdo de Compromiso  incluyeron representaciones expresas de PDVSA y de los otros entes demandantes que comprobaron que las Notas 2020 y los otros documentos de transacción fueron debidamente autorizados y representaban obligaciones válidas de los ahora demandantes".

Los demandantes reconocieron la validez de los bonos

  La defensa afirma que los representes de Juan Guaidó reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de las Notas 2020, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019 (que ciertos miembros del gobierno venezolano alineados con Guaidó declararon que se estaba haciendo "bajo protesta").

   En el documento entregado a la corte, los abogados de los titulares de los bonos sostienen que las acusaciones de los representantes de Guaidó de que las Notas 2020 y la promesa asociada a las mismas fueron impropias bajo La ley venezolana, ya que no cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela pero "este argumento  es contrario a la coherencia práctica histórica y actual", acotan. 

A nuestro entender, PDVSA ha incurrido reiteradamente en deudas a lo largo de muchos años sin buscar u obtener la aprobación de la Asamblea Nacional, incluso, al emitir las notas anteriores con vencimiento en 2017 por las cuales se intercambiaron las Notas 2020. También entendemos que Las subsidiarias de PDVSA tienen activos comprometidos de manera similar (incluidos los activos de CITGO) sin dicha aprobación.

  Argumentan que no se debe permitir que los demandantes impidan a los acusados ​​obtener un descubrimiento sobre estos y otros asuntos relevantes. 

  Explica que los representantes de Guaidó ​​no creen que el descubrimiento para el juicio deba ser extenso y que debe basarse exclusivamente en la información que actualmente tienen disponible. No obstante, los acusados ​​creen que el descubrimiento debe ser apropiado sobre, entre otros temas: 

(a) las circunstancias del intercambio de Notas de 2016
(b) las emisiones anteriores de deuda y otras transacciones por PDVSA, incluidas las promesas de activos de CITGO y las acciones de sus empresas madres, y si al entrar en esas transacciones los demandantes buscaron o recibieron Aprobación de la Asamblea Nacional; y, 
(c) conexiones entre los Bonos 2020 y las transacciones de intercambio en Nueva York (u otras jurisdicciones de EE. UU.). 

  "Creemos que este descubrimiento puede completarse (asumiendo una cooperación razonable y de buena fe por todas las partes) dentro de aproximadamente tres meses", añaden.

   La defensa considera que con un cronograma de seis meses para el descubrimiento de hechos, exposiciones de expertos y argumentos sobre mociones de juicio sumario, "el litigio no estaría completado para el 22 de enero de 2020", que es la fecha de vigencia de la Licencia General 5A emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde se protege las acciones de CITGO. 

  Manifiestan su rechazo a la decisión de los demandantes de retrasar el inicio de la querella hasta finales de octubre de 2019 —después de que ya se había producido un impago predeterminado de aproximadamente $ 913.5 millones—porque los demandantes no pueden afirmar que fue sólo ahora se dieron cuenta de sus afirmaciones.

  En este punto traen a colación que los demandantes, han alegado que han estado al tanto de sus reclamos por años. De hecho —advierten "el mismo asesor de la administración de Juan Guaidó admitió que los querellantes decidieron no iniciar un litigio cuando PDVSA realizó el pago de intereses más reciente en abril 2019 porque creían que era una ventaja esperar".
Tweet del Dr. Ricardo Hausman(15 de octubre de 2019, 8:13 a.m.)

   Los abogados de los titulares de los bonos afirman que "las limitaciones de tiempo impuestas por la decisión de los demandantes de esperar para llevar este caso hasta finales de octubre, no puede justificar la privación de los acusados ​​de una oportunidad plena y justa para litigar la querella".

   En este caso, Petróleos de Venezuela S.A y PDVSA Petróleos S.A están representados por los abogados James Robert Bliss, James B. Worthington y Kurt Wayne Hansson; PDV Holding Inc. por Jeffrey B. Korn y Tariq Mundiya.

  Los representantes legales de los acusados son: Luke Sobota, Kimberly Larkin, Jonathan H. Hurwitz y Walter Rieman.