Mostrando entradas con la etiqueta bolichicos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta bolichicos. Mostrar todas las entradas

domingo, 19 de agosto de 2018

Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida

En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en julio de 2018 por acusaciones en este caso. No obstante, en el cronograma del tribunal aparece que el acusado será presentado ante el juez el miércoles 22 de agosto de 2018 para una audiencia en la cual deberá declararse culpable o no culpable de los cargos en su contra.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los nuevos documentos dados a conocer por la Corte del Distrito Sur de la Florida en el caso de contratistas y funcionarios del gobierno venezolano que habrían supuestamente malversado más de US$1.200 millones provenientes de la estatal  petrolera PDVSA (entre 2014 y 2018), revelan que los acusados habían adquirido más de 13 propiedades inmobiliarias en Miami, 11 en ciudad de Panamá, además de haber hecho inversiones millonarias en bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. Los bienes fueron incautados por las autoridades federales de los Estados Unidos.
Los acusados son los siguientes: Francisco Convit Guruceaga (contratista venezolano); Carmelo Urdaneta Aqui, (exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela); Abraham Eduardo Ortega, exdirector de finanzas de PDVSA; José Vicente Amparan Croquer, operador  venezolano;  Hugo Andrés Ramalho Gois (banquero portugués),  Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara (banquero uruguayo) y Mario Bonilla Valera.

En este caso fue arrestado el 24 de julio de 2018 en Miami,  el ciudadano alemán que vivió en Venezuela y quien es residente de Panamá, Matthias Krull.  Tras su presentación ante el juez el 27 de julio de 2018, la defensa del banquero solicitó libertad bajo fianza, la cual fue fijada por el juez de la causa en un millón de dólares (USD 1.000.000,00). 
La nueva audiencia de Matthias Krull se realizará el miércoles 22 de agosto de 2018 ante la jueza Cecilia M. Altonaga y la misma tiene como objeto que el acusado se declare culpable o no culpable de los cargos en su contra.

Krull firmó una autorización para un juicio acelerado, y en los documentos que aparecen en su expediente está una audiencia para los exámenes preliminares de este caso prevista realizarse el 8 de octubre de 2018.

La acusación de Krull dice que el demandado trabajó en la administración de las cuentas de la cúpula venezolana y que formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares provenientes de Pdvsa.

Otro detenido en espera de extradición

Otro de los sujetos acusados en la supuesta conspiración es un ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri. La fiscalía lo acusada de blanquear parte de los fondos a través de inversiones fraudulentas en fondos mutuos. Hernández Frieri fue detenido en Italia el 25 de julio de 2018 y está a la espera de su extradición a los Estados Unidos.

El caso

La acusación emanada del Gran Jurado establece que los acusados conspiraron para lavar unos US D 1.200 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera PDVSA,  y que a la vez idearon un esquema para lavar los fondos de origen ilegítimo en el sistema financiero norteamericano y europeo.

Dice la demanda que los acusados compraron una serie de propiedades inmobiliarias, bonos e instrumentos financieros durante las fechas de la conspiración (2014-2018). 

El gobierno acusa a Francisco Convit  Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Arteaga, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andrés Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara y a Mario Enrique Bonilla Valera de haber conspirado para lavar dinero en los Estados Unidos. 
Los demandados, Abraham Edgardo Arteaga y Gustavo Adolfo Hernández Frieri tienen dos cargos por lavar dinero con instrumentos financieros. El la acusación también se destaca que Hernández Frieri tiene un cargo por promoción de lavado de dinero internacional.

Incautaciones de propiedades en tres países

Documentos de la corte informan que el gobierno de los Estados Unidos incautó propiedades por el orden de los USD 45.585.667, 46El 19 de diciembre de 2017 se incautaron bienes por USD 5.999.710,00; en enero 8 de 2018 por el orden de US D 35.488.967,72 y el 17 de julio de 2018 por US D 4.096.989,74.

Se confiscó además una propiedad en la Torre Porsche ubicada en 18555 Collins Avenue #2205, Sunny Isles Beach, Florida 33160. 
Asimismo se congelaron todos los fondos depositados en la cuenta 1466054 Del City National Bank y los de la cuenta -portafolio 1303311-00 Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Las Bahamas; USD 5.000 Global Securities Trade Clase D-Serie D-1-15813-315 LU098615466 Fenice SICAV SIF Eagle Global. 

Otras incautaciones hechas por las autoridades federales fueron los fondos depositados en la cuenta 10608645 de Zarattini & Co Bank en Lugano, Suiza y los siguientes instrumentos financieros:

1)16.000 Fenice SICAV SIF SCA SICAV-SIF Eagle Global.

2)24,405,72 Fenice SICAV SIF SCA SICAV Blu.

Y todos los fondos depositados en la cuenta ZIULD767 en Valbury Capital LTD en Londrés.

Se confiscaron11 apartamentos ubicados en las Residencias Santa María Signature en ciudad de Panamá, con el mobiliario incluido.

Asimismo embargaron 11 propiedades inmobiliarias en el estado de la Florida.







jueves, 2 de agosto de 2018

Corrupción Petrozamora: Entregan contrato con sobreprecio a empresa ligada a los bolichicos, descubren un tinglado de corrupción y destituyen al presidente

En abril de 2018 se produjeron unas 'negociaciones' entre los socios de la empresa mixta que resultaron en la aprobación de dos adjudicaciones con sobreprecio que favorecieron a una empresa que tiene vínculos con los funcionarios negociantes. El 1° de agosto de 2018 destituyeron al presidente y nombraron en su lugar un hombre del ala dura del PSUV quien es un incondicional de Nicolás Maduro y el 'socialismo' que pregona. Hay negativa por parte de la gerencia, los socios internacionales y empleados por la nueva designación.


Por Maibort Petit

@maibortpetit


En la empresa mixta Petrozamora funciona un esquema de corrupción que ha permitido que las adjudicaciones de los contratos favorezcan a las compañías asociadas a los funcionarios y no a aquellas que presentan las mejores propuestas. Una decisión de la junta directiva tomada en el mes de abril de 2018, permitió que se hicieran dos adjudicaciones por USD 14.084.771,34 a la empresa IRM Global Supply LTD que fue la que presentó la oferta más costosa. "Esta no es la única asignación de este esquema de corrupción", asegura una fuente interna que pidió su anonimato por razones de seguridad.

Los representantes de la contratista, filial de una firma estadounidense, están presuntamente relacionados con el recién destituido presidente de Petrozamora quien —según la fuentetrabajó con dos directivos de esa empresa mixta, Christophe Gerard (Gazprombank) y Orlando José Alvarado Moreno (accionista de Derwick Associates), "para favorecer a Flexsteel, que presentó una oferta con un monto superior de USD. 4.000.000,00 a la de las dos primeras opciones ofertadas por las compañías chinas".


"Las negociaciones entre Romero, Gerard y Alvarado Moreno son ampliamente conocidas en Petrozamora", acotó el informante. La decisión a favor de IRM Global Supply LTD para el otorgamiento de contratos también fue denunciada a altas instancias de PDVSA, pero la estatal petrolera que es la dueña del 60 por ciento de la empresa mixta no tomó acciones frente a sus socios (40%) Gazprombank (Derwick Associates). De manera sorpresiva, sin embargo, el presidente Nicolás Maduro decidió destituir el 1 de agosto de 2018 a Romero de la presidencia y colocar en su lugar a un hombre comprometido con el 'madurismo', Windor Ramón Medina Araque quien ha defendido los postulados del mandatario y del PSUV a capa y espada y se ha dedicado a llevar el mensaje socialista a los trabajadores de Petrozamora

La fuente consultada sostiene que la designación de Medina Araque no fue bien recibida ni por los socios rusos ni por Alvarado Moreno quien advirtió a los empleados de El Menito desde Caracas que no hicieran entrega de ningún tipo de información al recién designado jefe. El informe afirma —inclusive— que el empresario asociado a Derwick Associates amenazó con despido a todos aquellos que cumplan las órdenes del nuevo presidente de Petrozamora


Las dudas de lo que va a ocurrir en la empresa mixta un futuro inmediato no se hicieron esperar.


Las adjudicaciones con sobreprecio


El acta de la reunión de la junta directiva revela cómo la empresa mixta decidió adjudicar en forma directa un contrato que afectó el patrimonio de la estatal petrolera en 4 millones de dólares en beneficio de una compañía que está vinculada a Derwick Associates.

La empresa mixta Petrozamora otorgó a la empresa IRM Global Supply LTD., representante del Consorcio norteamericano de Tubería Flexible Flexsteel[1], un contrato por adjudicación directa que supera a los competidores chinos en más 4 millones de dólares de sobreprecio.


El contrato directo es para la adquisición de tubería flexible de 2" y de 4" con sus accesorios, contemplado en el plan de compras 2018 para los pozos en el Campo Bachaquero Lago y Ceutatreco EM Petrozamora S.A.



En el acta de la junta directiva de Petrozamora en su reunión N° 229, celebrada el 5 de abril de 2018, en El Menito, Municipio Lagunillas del estado Zulia, aparece aprobada la adjudicación en el segundo punto de la agenda.

En el documento se hace referencia a la adjudicación del paquete N° 1 del procedimiento de contratación N° D-148-17-021/6600028153 a la empresa IRM Global Supply LTD (tecnología Flexsteel), por un monto de USD 7.230.496,62, con un tiempo de entrega de 16 semanas, al tiempo en que se hace mención a los hitos de pagos establecidos en las condiciones del contrato.

Asimismo, se reconsideró la oferta por parte de la misma empresa IRM Global Supply LTD para el paquete N° 2 del procedimiento de contratación N° D.148-17-021/6600028153 para la compra de  tuberías flexibles de 2" y 4"con sus accesorios, contemplados en el plan de compras 2018 para los campos Bachaquero Lago y Ceutatreco EM Petrozamora S.A. por un monto de USD 6.854.274,72 con un tiempo de entrega de 16 semanas. Los dos contratos suman un total de USD 14.084.771,34.


Por qué se favoreció a Flexsteel



Una denuncia en nuestro poder revela que el hoy expresidente de Petrozamora, Juan Carlos Romero, trabajó con dos directivos de esa empresa mixta, Christophe Gerard (Gazprombank) y Orlando José Alvarado Moreno (accionista de Derwick Associates), para favorecer a Flexsteel.



Flexsteel forma parte de la lista de proveedores de PDVSA Occidente por más de 15 años, de acuerdo a los récords de la empresa.



Los resultados de la licitación (por fabricante) fueron los siguientes:



Hotflex (China)  USD 10.000.000

Golsun (China)  USD 12.000.000
Flexsteel (EE. UU.) USD 14.084.771,34


En la reunión de la junta directiva de Petrozamora N° 229, realizada en El Menito el 5 de abril de 2018, se resolvió el procedimiento de contratación N° D-148-17-021/6600028153.



La denuncia asegura que el objetivo de las negociaciones sostenidas entre Romero, Alvarado y Gerard era favorecer a Flexsteel, cuya oferta tenía un precio superior a los competidores de USD 4.000.000.



El alegato argumentado para tomar la decisión que perjudica a la empresa petrolera venezolana, fue indicar que las ofertas de las empresas chinas tenían problemas de forma.



Anteriormente arrestado y liberado



Juan Carlos Romero ha sido señalado por estar vinculado a hechos de corrupción en la industria petrolera estatal. De hecho, el 4 de septiembre de 2017 fue detenido junto al director ejecutivo de Pdvsa Occidente y otros ocho ejecutivos de PDVSA[2].



El hasta hace pocos días presidente de Petrozamora, fue arrestado por un presunto desvío multimillonario de crudo a través del uso de emulsionantes y agua. La captura se realizó a las 4:45 pm del lunes 4 de septiembre en el edificio de El Menito, sede de la petrolera en Lagunillas, estado Zulia y puesto en libertad el 4 de septiembre de 2017.



Investigaciones desarrolladas por una comisión especial de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), llevó a ubicar a Romero entre los responsables, así como al gerente Juan Carrillo, subdirector de Producción Occidente; al gerente de Operación Integral de Plantas, Héctor Roque, con la complicidad de César Valera, gerente de Oportunidad de Negocios.



Además se confirmó la detención de Gustavo Malavé, director ejecutivo de Exploración y Producción Occidente; Juan Barreto, gerente de Coordinación Operacional; Adolfo Torres, gerente de DSI Occidente, José Marín, gerente de DSI Petrozamora, y Henry Sánchez, gerente de DSI COL.



De acuerdo a uno de los testimonios, Juan Carlos Romero habría sido obligado a firmar una acusación contra Gustavo Malavé, César Valera y Héctor Roque, tres funcionarios que supuestamente se negaban actuar a favor de la manipulación en los procesos licitatorios de la empresa.



Desde entonces — dice la fuente — Romero se cuadró con Christophe y Alvarado para permitirles omitir procesos en beneficio de las empresas de su conveniencia.


El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo que los funcionarios de PDVSA detenidos están involucrados en hechos de corrupción que afectaban a Petrozamora.



Saab agregó que “estas acciones forman parte del trabajo que adelanta la Fiscalía para combatir la corrupción en Pdvsa (…) Los daños patrimoniales por estos hechos son de millones de dólares, y se registraron desde hace casi dos años”[3].



El vínculo con Derwick



La relación con Derwick Oil & Gas fue claramente establecida después de una investigación desarrollada por las autoridades financieras de Suiza, las cuales determinaron la existencia de un esquema de legitimación de capitales a partir de evidencias aparecidas en los Papeles de Panamá, las cuales motivaron las sanciones emitidas contra Gazprombank por "serias deficiencias en los procesos contra el lavado de dinero".


Las alarmas se encendieron cuando los investigadores suizos descubrieron una operación atípica en la que Derwick entregó en calidad de préstamo USD 35 millones a Gazprombank en 2013. Como esta también se hallaron una serie de operaciones inexplicables entre ambas entidades.


Derwick Oil & Gas habría pagado sobornos a Petrozamora —empresa conjunta de PDVSA y Gazprombank— al tiempo en que la compañía de Francisco Convit, Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau y Gazprombank conformaron en 2011 en Amsterdam a Gazprombank Latin America Ventures BV.



Mientras esto sucedía el Europa, el vicepresidente de Gazprombank, Boris Ivanov, suscribía con el para entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, un acuerdo para la formación de Petrozamora[4].



Se trataba, a todas luces, del proceso de conformación de la red cuyas acciones han desembocado en las denuncias ahora reseñadas sobre el conjunto de irregularidades supuestamente cometidas por Juan Carlos Romero y los otros exfuncionarios arriba mencionados quienes, de acuerdo a denuncias recibidas por nosotros, operan en El Menito a discreción de la satisfacción de sus propios intereses en desmedro de la república. Nuestros informantes señalan que desde el gobierno central se dispuso la instalación de un destacamento de la DIGECIN en la zona el cual se encuentra a su completa disposición. El objetivo de esto no es otro que arremeter contra todo aquel que denuncie o advierta acerca de las irregularidades cometidas en los procesos administrativos y operacionales, siendo que quien así proceda inmediatamente es detenido y obligado a declarar hasta por 8 horas y es amenazado de ser acusado por traición a la patria y/o terrorismo.



Gazprombank Latin America Ventures B.V. es una entidad sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de los Estados Unidos, OFAC[5], al igual que su empresa matriz, Gazprombank, y su representante, Andrey Akimov, algo que en la práctica significa que también Boris Ivanov, Christophe Gerard, Orlando Alvarado y Francisco Convit, quienes son accionistas- directores en la primera, efectivamente están bajo sanción del Departamento del Tesoro.



Como se sabe, Derwick Associates es una empresa investigada criminalmente por las autoridades de los Estados Unidos, habiéndose declarado culpable hasta la fecha uno de sus principales directivos, a saber, César David Rincón Godoy. Otros exfuncionarios venezolanos y que están siendo procesados, como es el caso de Nervis Villalobos, fueron firmados por Derwick para obtener contratos de adquisición y otros, como Luis Carlos de León y Javier Alvarado Ochoa, firmaron contratos de adquisición con la citada empresa a cambio de sobornos.



En la actualidad, las autoridades de Suiza cruzan información con sus homólogos estadounidenses acerca de Derwick Associates y Gazprombank.



Sobre Petrozamora



Petrozamora es una empresa mixta creada en 2012 entre la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) que posee en 60 por ciento de las acciones y Gazprombank con el restante 40 por ciento.

De esta empresa en agosto de 2017 Eulogio Del Pino —presidente de PDVSA para la fecha— aseguró que producía 110 mil barriles diarios de petróleo, al tiempo en que destacó que con esta compañía se cumplía con lo establecido en la Constitución, toda vez que el estado venezolano era poseedor de la mayoría accionaria en aras de mantener la soberanía en materia de recursos naturales.
Gazprombank —la entidad bancaria más grande de Rusia— financia las actividades de Petrozamora al haber otorgado mil millones de dólares a esta empresa mixta que cuenta tiene con más de 2 mil kilómetros cuadrados en áreas de explotación.


“Como socios estamos en la mejor disposición de recibir estos financiamientos y canalizarlos para el bienestar de nuestros pueblos. Cada una de estas empresas tiene un compromiso con nuestra Patria”, dijo Del Pino en declaraciones recogidas por el portal de la estatal petrolera venezolana cuando visitaba la sede de la empresa en el Zulia[6].



Esa oportunidad fue aprovechada por Del Pino —quien para entonces aun disfrutaba de la simpatía oficialista— para advertir que ante el bloqueo estadounidense era preciso fortalecer las alianzas comerciales con grandes potencias como Rusia, China e Irán.  



Al momento de su constitución, Petrozamora operaba Bachaquero Tierra y Lagunilla Tierra para las actividades primarias de exploración y búsqueda de yacimiento de petróleo crudo y gas natural asociados por un período de 25 años. Posteriormente, la Asamblea Nacional aprobó en 2015 la incorporación de los campos Bachaquero Lago Bloque III Centro, Bloque III Bachaquero, Bloque VII Ceuta a Petrozamora, lo cual convirtió a la empresa mixta en la primera con operaciones lacustres y terrestres en el occidente venezolano.



Se estaba aprobando en ese entonces las operaciones que dan sustento a negociaciones como la señalada al inicio de estas páginas.



Seguiremos informando...









[1] Flexsteel. http://www.flexsteelpipe.com/



[2] Aporrea. “Zulia: Fue detenido el Director de Pdvsa Occidente junto a ocho altos ejecutivos petroleros regionales”. 5 de septiembre de 2017. https://www.aporrea.org/contraloria/n314022.html



[3] El Pitazo. “Petrozamora explota seis áreas petroleras en Zulia”. 7 de septiembre de 2017. http://elpitazo.info/ultimas-noticias/petrozamora-explota-seis-areas-petroleras-zulia/



[4] Infodio. “UPDATED: Gazprombank - Derwick corruption in Venezuela sets sanctions in Switzerland, U.S.”. Sin fecha. http://infodio.com/270418/gazprombank/derwick/sanctions/ofac/switzerland/venezuela



[5] U.S. Department of the Treasury. “Russia/Ukraine-related Designations and Identifications; Publication of Russia/Ukraine-related General License”. 1° de septiembre de 2016. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20160901.aspx



[6] PDVSA. “Empresa mixta Petrozamora produce más de 110 mil barriles por día”. 18 de agosto de 2017. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7864:empresa-mixta-petrozamora-produce-mas-de-110-mil-barriles-por-dia&catid=10:noticias&Itemid=589&lang=es


miércoles, 1 de agosto de 2018

Lujosa torre Porsche Design, irresistible objeto de deseo de los boliburgueses

El gobierno de los Estados Unidos inició el embargo de un apartamento del edificio Porsche Desing Tower que forma parte de los bienes objeto de congelación de la demanda en el caso de lavado de dinero de más de USD 1.200 millones de dólares provenientes del tesoro venezolano que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de la Florida.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los récords de propiedad inmobiliaria del sur de la Florida certifican que al menos dos apartamentos de uno de los edificios más lujosos que existen en los Estados Unidos, Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, pertenece a personas vinculadas a la enorme red de corrupción que penetró las finanzas públicas del Estado venezolano. En esta historia presentamos parte de las evidencias.
Uno de los nombres, el deldel propietario venezolano de un condominio de la exclusiva torre, llegó a manos de las autoridades federales en el primer trimestre de 2018 tras la denuncia de una persona ligada al caso, en la que se confirmaba que el hijo de la exfuncionaria de Bandes, María de los Ángeles González de Hernández, Jorge Hernández (nacido el 22 de marzo de 1986,) compró la unidad #4205 de la mencionada torre ubicada en el 18555 Collins Avenue, en Sunny Isles Beach, Florida. El inmueble está registrado a nombre de JJMG Group, cuya cabeza es el joven de 32 años,  Jorge Alejando Hernández González. 

María de los Ángeles González de Hernández fue hallada culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de haber participado en un esquema de corrupción y cobro de sobornos cuando se desempeñaba como presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por el fallecido Hugo Chávez. La mujer pasó de ser una funcionaria del gobierno a operar en una red de corrupción, por lo cual fue enjuiciada, encarcelada en 2013 y posteriormente, perdonada por una juez federal, lo que le permitió salir de la cárcel antes de cumplir toda su condena que era de 4 años de prisión. La mujer pagó una multa de 5 millones de dólares, el estimado de las ganancias que obtuvo producto de la trama de corrupción. 

Desde entonces González de Hernández vive en Miami, desde donde exhibe un ostentoso modus vivendi, un tren de vida que en nada se corresponde con los ingresos de una exfuncionaria del gobierno chavista.

María de los Ángeles González Hernández está vinculada a la red de corrupción y lavado de dinero del extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, quien actualmente se encuentra colaborando con las autoridades del gobierno norteamericano, bajo libertad domiciliaria y con monitoreo 24 horas al día. 

La unidad que adquirió el hijo de María de los Ángeles González Hernández se encuentra en venta en la actualidad y su costo es calculado en unos USD 8.900.000.



Porsche, un objeto de deseo

El espectacular edificio volvió a ser noticia en Venezuela, un país con una condición de vida paupérrima, donde gran parte de la población sufre de desnutrición severa, falta de medicinas y de servicios públicos, a raíz del caso que involucra a los encargados de ejecutar un enorme esquema de corrupción por más de USD 1.200 millones de dólares provenientes de las arcas del tesoro. En el expediente aparecen acusados más de ocho de personas, incluyendo el dueño del lujoso condominio. Los papeles de la fiscalía de Miami dicen que el apartamento fue adquirido como parte de una cuota inicial que el beneficiario cobró por sus servicios de lavado de dinero a uno de los participantes de la red de blanqueo.

En la acusación, los fiscales sostienen que los demandados están usando propiedades inmobiliarias e inversiones falsas en Miami para lavar dinero proveniente del tesoro venezolano. Dicen los documentos que el exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, Carmelo Urdaneta Aquí utilizó un condominio en Porsche Design Tower, en Sunny Isles Beach, como pago por uno de los supuestos servicios de lavado de dinero. La unidad 2205 fue comprada por una empresa ficticia para ser transferida a José Vicente Amparán Croquer a través de su esposa, Carolina Croquer.
En el expediente de la corte aparecen los registros de propiedad donde se observa que la unidad 2205 de Porsche Design Tower fue adquirida por Paladium Real Estate Group en enero de 2017 por USD 5,3 millones. Los registros también muestran que Paladium se formó en mayo de 2016 con Croquer como propietaria.

De acuerdo a los registros inmobiliarios, el 23 de septiembre de 2016, Carolina Croquer (esposa de Amparan) fue agregada como gerente de Paladium Real Estate Group LLC, y el 15 de septiembre de 2017, después de que finalizó la compra del condominio, la mujer fue removida del registro. En los récords del estado de la Florida, Carolina Croquer aún aparece como gerente de la mencionada corporación.

Luego del escándalo que vinculó a uno de los compradores de la torre con lavado de dinero, los dueños del complejo, el grupo Dezer Development emitieron un comunicado informando que desconocían el hecho alegado por la fiscalía y que estaban dispuestos a cooperar con el gobierno aunque no habían sido contactados. El día 30 de julio de 2018, aparecieron varios artículos en diferentes países donde se publicita la torre cuyos dueños tienen el privilegio de estacionar en sus propias unidades sus vehículos. 

La corte actúa 

De acuerdo a la norma en estos casos, el tribunal procedió a publicar un aviso de hipoteca (garantía de deudas) a Paladium Real Estate Group LLC, donde pide a todas aquellas personas que puedan reclamar a través de, o bajo el demandado (Francisco Convit y otros), cualquier interés en la propiedades descrita en el documento Unidad 2205 del 18555 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, Florida para que se presenten a la corte para hacer sus reclamos. 

El tribunal procede de esta manera a la expropiación del bien inmobiliario adquirido con dinero criminal objetivo y discutido en la conspiración alegada en el caso contra los llamados bolichicos y sus asociados. 

Seguiremos informando...


domingo, 20 de mayo de 2018

Demandan por daños y perjuicios a los "Bolichicos" en una corte de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una nueva demanda, esta vez por daños y perjuicios, fue interpuesta en Nueva York contra los dueños de la empresa Derwick Associates Francisco D'Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López, todos de nacionalidad venezolana y conocidos en la prensa como los "Bolichicos". Asimismo, la querella incluye a dos norteamericanos, Glenn R. Simpson y Peter Fritsch.

La demanda fue presentada el 10 de mayo de 2018 en la Corte del Distrito Este de Nueva York de conformidad con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales', conocida como "RICO".  Este tribunal tiene jurisdicción en la totalidad de los condados de Long Island y Staten Island.

El demandante es el activista de derechos humanos, Thor Halvorssen quien acusa a los contratistas venezolanos de haber  incurrido en una conspiración para tomar represalias en su contra  por informar sobre una serie de delitos de corrupción y lavado de dinero cometidos por los propietarios de Derwick ante las autoridades federales. 

Según el documento legal, el objetivo de la conspiración fue desprestigiar a Halvorssen para que no pudiera ejercer como presidente de Human Rights Foundation. Dice que los acusados habrían creado una campaña contra el demandante, contando para ello con los servicios de la empresa Fusion GPS, que ha estado en el ojo del huracán por haber dado a conocer datos falsos sobre los supuestos vínculos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump con el Kremlin, pagados por el Partido Demócrata y la campaña de su ex candidata presidencial Hillary Clinton.

Según el documento legal, Halvorssen tiene una trayectoria como activista de derechos humanos y como defensor de la transparencia en el gobierno y contra la corrupción, es especial en su natal Venezuela. Debido a su posición, ha denunciado los negocios ilícitos de Derwick Associates, una empresa contratista supuestamente dedicada a la construcción de plantas de energía eléctrica. 

Dice la demanda que Derwick es propiedad de Francisco D'Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López y que dichos individuos tomaron represalias contra Harvorssen luego que éste denunciara que los venezolanos habían  supuestamente cometido numerosos crímenes federales junto con Derwick.

Destaca la querella que los demandados contrataron a los directores de Fusion GPS, Glenn Simpson y Peter Fritsch para producir un  expediente falso y una campaña mediática (que incluyó las redes sociales) para describir a Halvorssen como un pedófilo, adicto a la heroína y malversador del dinero de la Fundación Human Rights  con sede en Nueva York.  Defenderse de tales acusaciones le habría costado a Halvorssen millones de dólares que ahora demanda por daños a los demandados bajo la Ley RICO.

La acusación argumenta que el tribunal neoyorquino tiene jurisdicción general sobre Simpson y Fritsch como ciudadanos de los EE. UU. y que la conspiración demandada se inició y se llevó a cabo en el distrito este de Nueva York. Asimismo, alega que la corte también tiene jurisdicción específica sobre los venezolanos en base a que todos poseen contactos significativos con los EE. UU.
En la demanda contra la contratista eléctrica venezolana, Halvorssen asegura que posee una grabación donde Francisco D’Agostino-Casado asegura que es accionista de Derwick.

En lo que respecta a GPS Fusion, el demandante sostiene que D’Agostino contrató a esta empresa perteneciente a Glenn R. Simpson y Peter Fristch, para que desarrollaran una campaña de desprestigio en perjuicio de Thor Halvorseen en razón de que este había dado a conocer informaciones relacionadas a los hechos de corrupción supuestamente cometidos por los directivos de Derwick.
Pero la campaña de desprestigio supuestamente orquestada por Derwick y puesta en marcha por GPS Fusion, no solamente estaría dirigida afectar al presidente de Human Rights Foundation, sino también al comunicador Alek Boyd  , ampliamente conocido por sus denuncias de casos de corrupción. 

En el libelo judicial, Thor Halvorseen exige ser una indemnización de, al menos, USD 15 millones. También demanda que contra Francisco D’Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López se emita orden judicial dirigida a evitar que continúen violando la Ley Rico. Y es que Halvorssen considera que estar involucrado Boyd, quien está radicado en el Reino Unido, los acusados incurren en la violación de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas) al estar en presencia de una confabulación entre empresas internacionales con una compañía estadounidense orquestando así un esquema criminal.

Expone Thor Halvorseen que los dirigentes políticos venezolanos, Diosdado Cabello y Henry Ramos Allup —quien es cuñado de Francisco D’Agostino— habrían sido informados por los demandados para que estos también le atacaran desde Venezuela a través de los medios de comunicación. 

La intención de los acusados habría sido evitar que Halvorseen continuara denunciando las supuestas prácticas y esquemas de corrupción en que son señalados los primeros.

Halvorseen aseguró el gobierno de Venezuela supuestamente pagó 2 mil millones de dólares los propietarios de Derwick por unas plantas eléctricas que solamente resultaron ser chatarra obtenida en varios países. Los equipos se habrían comprado entonces, no solamente con sobreprecio, sino siendo estos inservibles.

El caso de los llamados “bolichicos” involucró la suscripción de doce contratos con empresas públicas venezolanas —PDVSA, Sidor, Corpoelec— sin que la empresa contratada, Derwick, tuviera experiencia alguna en el ramo eléctrico. La milmillonaria inversión en nada contribuyó, por tanto, a mejorar la grave crisis eléctrica que padece Venezuela y cuya atención, en aquel momento,  llevó al gobierno a decretar la emergencia y, con ello, permitió la contratación por vía de adjudicación directa sin que se recurriera a procesos de licitación como exige la ley. Hallvorseen dijo que tal inexperiencia quedó en evidencia cuando Derwick recurrió a la subcontratación de la empresa ProEnergy.

Todos estos elementos son utilizados por Halvorseen en la demanda en la que señala que los sujetos objeto de su acusación se valieron de sus influencias y conexiones políticas para la obtención de los contratos para los que no estaban calificados, los cuales les permitieron hacerse de la noche a la mañana de una gran fortuna. 
Según Halvorseen, los empresarios venezolanos supuestamente estructuraron su riqueza a través de ventas con sobreprecio al estado venezolano y lograron hacerse de los referidos contratos mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno responsables de las empresas estatales.

Otras demandas contra los acusados

En 2013,  el exembajador Otto Reich acusó a tres de los empresarios demandados en esta nueva querella por Harvorssen, a saber, Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y Francisco D'Agostino, por haber pagado coimas a funcionarios venezolanos. A cambio, dice la demanda, obtuvieron al menos una decena de contratos en el sector eléctrico valorados en unos USD 1.000 millones. Luego de una larga batalla legal, en 2017, tanto un juez de primera instancia en el Distrito Sur de Manhattan, como la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, desestimaron la demanda alegando que el tribunal carecía de jurisdicción para tomar el caso. Ver detalles aquí y en este otro enlace.

Esta nueva querella, cuenta un equipo de abogados expertos en la conocida Ley RICO. Fuentes de la corte neoyorquina informaron a esta reportera que el caso es asesorado por quien fuera el autor de la  mencionada legislación y quien actuara como asesor del Comité de Operaciones Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, G. Robert Blakey.

miércoles, 6 de diciembre de 2017

INH: Una mina de corrupción que pasa inadvertido a los ojos del Ministerio Público

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La corrupción parece ser una característica inmanente a la administración pública venezolana, toda vez que se mantiene campante sin que los órganos jurisdiccionales, entre ellos el Ministerio Público, logren inmutarse ante ella, a no sea en aquellos casos movidos por la venganza política y la guerra de intereses. 
El súbito ataque por combatir la corrupción imperante en el país, manifestado selectivamente en el Ministerio Público, debería extenderse a todos los despachos e instituciones de la administración pública que hasta la fecha parecen invisibilizados a los ojos de la justicia. Un ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Hipódromos, INH, organismo administrador de las actividades hípicas en Venezuela en el que se mueven grandes cantidades de dinero sin el más mínimo control, oportunidad que aprovecha la rapiña para hacer de las suyas, según denuncias llegadas a esta página, superando con creces los métodos y hechos irregulares ocurridos durante la acusada cuarta república, a lo largo de las casi dos décadas que el chavismo lleva ostentando el poder.

El Poliedro de Caracas y la Maternidad Concepción Palacios se cuentan entre las obras que se materializaron durante le época democrática con dineros provenientes de la jugada hípica, cumpliendo así con el objetivo de beneficencia pública que las actividades oficiales de envite y azar tienen en todo país. Se preguntan nuestras fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, ¿Cuántos hospitales y sitios de interés público se han construido con los dividendos que generan las carreras de caballos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro?

Desde que el 25 de octubre de 1999, el fallecido expresidente de la república, Hugo Chávez Frías,  por vía de Ley Habilitante emitió el Decreto con Fuerza de Ley que suprime y liquida el Instituto Nacional de Hipódromos y regula las actividades hípicas[1], la crisis del sector, lejos de haberse solucionado, se ha profundizado.

La prensa venezolana ha advertido que desde que se promulgó el Decreto N° 422, en el INH solamente se ha instaurado la pillería mafiosa a través de mecanismos que van desde la asociación para delinquir, juegos ilícitos, malversación de fondos, peculado doloso, peculado de uso, piratería e irregularidades de toda naturaleza.

En el portal Poderopedia se da cuenta que desde “el 25 de octubre de 1999, el presidente Hugo Chávez Frías creó la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, que tendría a tres representantes nombrados por los ministerios de Producción y Comercio y Finanzas; y otro por el Fondo de Inversiones de Venezuela. En 15 años, la junta liquidadora tuvo al menos nueve presidentes sin concretarse el objetivo de su creación. En noviembre de 2011, el Ministerio de Turismo asumió las riendas del ente liquidador que en ese entonces estaba en poder del Ministerio para el Despacho de la Presidencia. Luego, en agosto de 2013 pasó a ser manejada por el Ministerio de Deporte”[2].
Hasta ahora todas estas “juntas liquidadoras” instaladas desde entonces durante las administraciones de Chávez y Maduro, solamente han dado como resultado el cierre de los hipódromos de Valencia y Maracaibo (Santa Rita), quedando solamente “La Rinconada” en Caracas, sin que en él se vean los efectos de las reestructuraciones implementadas y sin que la Superintendencia Nacional de la Actividad Hípica (SINAHIP), haya tomado cartas en el asunto.

Así tenemos, un Instituto encargado del hipismo en Venezuela sin contraloría ni cuentas claras y en el que ha ido mermando la actividad, afectando la reconocida internacionalmente cría de purasangres venezolana, hoy disminuida y significativamente en manos de un grupo de nuevos millonarios, enriquecidos a la sombra de negocios públicos de muy dudosa probidad. Y es que desde 1998, gente que mantenía una vida modesta ha pasado a ser propietaria de haras y de cuadras de caballos, cuyo mantenimiento por ejemplar tiene un alto costo mensual.

¿En manos de quién está el INH?

Nuestras fuentes indican que desde que el INH fue entregado en concesión  a la empresa privada IP Tote, propiedad de José Ángel Silva, el descontrol y la inauditabilidad se han decretado en la que durante años fue una institución de carácter público en Venezuela. Nos refieren que la jugada hípica semanal, cuyos montos son un misterio total, es manejada con opacidad y discrecionalidad por los dueños de “IP Tote, C. A.” desde Barquisimeto, estado Lara, donde curiosamente no existe actividad hípica.

DE esta empresa, la página Pymes Venezuela dice que su Razón Social es IP Tote Venezuela, C.A., con sede en la Urbanización El Rosal, avenida Francisco de Miranda, Edificio Centro Seguros Sudamerica, Pent House PH-C, en el Municipio Chacao del Estado Mirada, que cuenta con 15 trabajadores y sus teléfonos son 0212-953.41.13 y 0416-635-46-54. 

Allí también se lee que “el objeto principal de la compañía será la operación, administración y explotación de juegos y la apuesta hípica dentro y fuera de los hipódromos, así como la distribución, venta, control y administración de todo tipo de juegos de envite y azar permitidos por la Ley, en especial la creación, organización y asesoramiento de estructuras para el funcionamiento de empresas dedicadas a estos fines. En general, la compañía podrá realizar cualquier otro acto de lícito comercio que contribuya a la consecución de su objeto social”[3].

Se conoció que los propietarios de IP Tote, a razón de 60 y 40 por ciento accionario respectivamente, son Raúl Artigas Ramírez (Datos Integrados DINSA S.A.) y José Ángel Silva, quienes de acuerdo a informaciones confidenciales, habrían comprado el hipódromo privado “Rancho Alegre” de Ciudad Bolívar, el cual permanecía inactivo y repentinamente reinició carreras mientras los de Valencia y Maracaibo continúan cerrados y el de Caracas se mantiene en terapia intensiva.

José Ángel Silva habría comprado el 50 por ciento de las acciones al propietario original de “Rancho Alegre”, a saber, el médico venezolano Mateo Meo Pollino, quien administra la manutención de unos 600 purasangres y mantiene especial relación con la hípica de República Dominicana. Lo que no pudo saberse fue el monto de la negociación, ni si cómo ni dónde fue pagado. Es decir, se desconoce si la compra se efectuó en bolívares como lo dictan las leyes venezolanas, o en dólares mediante transferencia bancaria en el exterior, una práctica ilegal de saqueo de la economía y legitimación de capitales a nivel internacional que ha terminado institucionalizándose en el país. Todo esto ha ocurrido sin que se haya dado un pronunciamiento de la Superintendencia de la Actividad Hípica.

Datos Integrados Dinsa, S.A. es, de acuerdo a la citada página Pymes Venezuela, una empresa domiciliada en Barquisimeto, específicamente en la Zona Industrial I, Carrera 5 entre Calle 28 y 30, Edificio No. 71, a una cuadra del Banco Provincial, en el Estado Lara. El Registro de la Información Fiscal es J-310072787, cuenta con 10 trabajadores y sus teléfonos son 0251-710731 /7107312 y 0414 – 5300448.

El objeto de Dinsa, S.A. es “la creación, diseño, fabricación, promoción y comercialización al mayor de productos de loterías y de otros juegos lícitos, ya fueren estos impresos, mecánicos, electrónicos o computarizados, así como la asesoría, la representación y la administración de empresas nacionales o extranjeras especializadas en las instalaciones y operaciones de sistemas de juegos de loterías”[4].

Privatización enmascarada

Se trata, a criterio de nuestra fuente, de una privatización enmascarada que ha dejado en manos de las citadas Dinsa, S.A. e IP Tote, C.A., el manejo de la jugada hípica en el país, no solamente la legal, sino también ilegal, que son administradas desde Barquisimeto.

Es que desde las tribunas de La Rinconada los “remates de caballos” son cosa cotidiana a cargo de un conjunto de mujeres que se mueven por las mismas bajo el control de las mafias que actúan bajo la mirada cómplice de la Junta Administradora. Los montos de la apuesta ilegal son un absoluto misterio, pero se asegura que se trata de millones que van y vienen sin control alguno. Los “remates de caballos” que no son otra cosa que jugadas ilegales están en manos de mafias que cuentan con respaldo de las autoridades hípicas y un entramado gigantesco a nivel nacional que incluye la protección a los mafiosos por parte de policías corruptos de los cuerpos de seguridad municipales, regionales y nacionales, así como la Policía Nacional Bolivariana, la policía científica (CICPC), el SEBIN, la DGCIM, la Guardia Nacional y en general,  oficiales de la FANB, burócratas del Estado y sus redes de testaferros.

La empresa IP Tote, C.A. mantiene vínculos de conchupancia con burócratas corrompidos y codiciosos, así como con agente de la nueva boliburguesía financista del PSUV, como es el caso de José Ángel Silva, y Raúl Artigas Ramírez, aseguran las fuentes.

En nota publicada en la prensa venezolana el 16 de noviembre de 2015, se refiere que también el presidente de la Asociación de Propietarios de La Rinconada (Asoprorin), Hugo Albarrán, se hizo eco del criterio de que el INH habría sido privatizado al expresar  —en lo que no puede catalogarse como un “comentario ingenuo”—su agradecimiento a la “empresa mixta” por las labores de remozamiento del hipódromo capitalino.

“Ahora, ¿qué es una ‘Empresa mixta’? En teoría una asociación entre el capital público con el privado. No es cogestión, no es comuna, no es autogestión. Es una semiprivatización, donde el Estado, según trascendió, conservaría el 51% y los empresarios, 49%. La empresa privada manejaría las jugadas, centros hípicos y circuito interno. Al gobierno, le quedaría el hueso de ese lomito: el personal, los pasivos, el mantenimiento y los premios directos e indirectos de los gremios. A los ojos de muchos venezolanos, no es mala la inserción de la empresa privada en el hipismo, y en otras áreas de sectores productivos. Toda vez que desde 1999 existe un decreto para la supresión del INH, y dar cabida a otro órgano, nuevo, renovado, saneado de vicios administrativos o jurídicos. Todo lo anterior es entendible si no viniese de la mano del actual gobierno, cuyo sello particular ha sido ponderar al Estado por encima del libre mercado o prácticas neoliberales. No hubo licitación pública, como ordenan los procedimientos administrativos. No hubo debates. No hubo gaceta oficial. No hubo ruedas de prensa, ni información a los medios. No se conocieron otras ofertas o grupos interesados en el 49%. No se sabe cómo es la comunión o repartición de funciones entre ambas organizaciones. Todo fue a dedo, y con mucho celo y sigilo, como si fuese un trato entre particulares y no una institución del Estado venezolano, cuyos destinos públicos son de todos. Son la nueva camada de hípicos, que sueltan sin chistar 10 y 15 mil millones de los viejos por un caballo, compran haras, son testaferros y se fotografían como magnates. José Ángel Silva y Alejandro Ceballos fueron de esto muy beneficiados”[5], se lee en en el portal NC.

La expresión del presidente de Asoprorin vendría a colación porque cuando Antonio “El Potro” Álvarez, se desempeñó como ministro del Deporte habría negociado con Alejandro Ceballos, —presidente del Grupo 7C, cuya bandera es Alfamaq, dedicada especialmente a la construcción— la privatización del 50 por ciento de los hipódromos venezolanos. A este grupo se le entregó la remodelación de las tribunas del Hipódromo La Rinconada para la celebración de la Serie Hípica del Caribe.

Según el blog de Ceballos[6], el grupo incursionó en los últimos años en la hípica estadounidense, especialmente en el área de la Florida donde posee el Stud “Grupo 7C Racing Stable”, dedicado a la compra de caballos con pedigrí “destacados para hacer campaña en los Estados Unidos y posteriormente ser llevados a Venezuela a para cumplir función reproductora en el haras ‘Urama’[7], plantel de cría ubicado en el estado Yaracuy” y que igualmente pertenece a la familia Ceballos.

La negociación no se habría dado y nuestra fuente comenta que tal vez esto haya obedecido a trabas de tipo legal que habrían hecho desistir al gobierno de tal objetivo, pero que de todas maneras, las empresas de Ceballos habrían logrado obtener grandes sumas de dinero por el referido contrato de remodelación otorgado sin licitación alguna.

El Diario Meridiano, sin embargo, en nota sin fecha, da cuenta de unas declaraciones de Alejandro Ceballos en las que desmiente que el Grupo 7C se encuentre interesado la compra del hipódromo de Santa Rita ni en licitar el proceso de privatización del INH.

“Nosotros no hemos comprado hipódromos, ni tenemos participación en la jugada, porque ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es la construcción, somos hípicos de toda la vida, yo tengo más de 36 años como propietario, pero ni siquiera soy jugador, jamás he estado interesado en negocios relacionados con apuestas, no porque tenga algo de malo, de hecho no lo critico, pero simplemente ese no es nuestro ramo, para nosotros los caballos son una pasión”[8], le dijo enfáticamente Ceballos a Meridiano.

Pero el periodista Casto Ocando sostiene lo contrario y en su cuenta personal en la red social Twitter, emitió un comentario que fue recogido en una nota de Noticias Candela el 19 de agosto de 2016, en la que dice que Ceballos, aparte de haber comprado tres caballos por 1,2 millones de dólares en una subasta en Saratoga, Nueva York, “cuenta con el Stud Grupo 7C en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, ‘y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq… Según el RNC, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras para el gobierno, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda’”[9].

Otra nota de Noticias Candela también desmiente que el Grupo 7C no se dedique a las apuestas, pues refiere que la familia Ceballos es propietaria del Casino Marbella, inaugurado en Panamá en 2013[10].

A Alejandro Ceballos también se le señala de haber cobrado en dólares los trabajos realizados por su empresa Afamaq para la Misión Vivienda, cuya calidad habría dejado mucho que desear. Igualmente estaría relacionado a los denominados Bolichicos, al ser Alejandro Betancourt López , de Derwick Associates, uno de sus operadores, según lo refiere una nota de “Las armas del Coronel”, aparecida el 10 de febrero de 2016 y que reseña que ambos “participaron en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano, de acuerdo con una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el dirigente sindical Manuel Díaz, en abril de 2011. La cuenta era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, por su pariente Jorge Rojas Montero y el operador financiero Alejandro Ceballos (…) Los compradores a futuro transfirieron por instrucciones del ex ministro, Rodolfo Sanz, los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax (facsímil emitido desde la oficina de Betancourt) … Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de éste, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”[11].

Entretanto todos estos movimientos se dan tras bastidores, en La Rinconada, a ojos populi imperan los conflictos laborales con caballericeros, traqueadores, entrenadores y jinetes, que son un asunto cotidiano. Igualmente, ya es común que los propietarios de caballos no reciban los pagos de las premiaciones. Entretanto, los pagos pendientes de los hipódromos de Santa Rita y Valencia, parecen ser un asunto que quedó en el olvido para las autoridades del INH.

Además, el sistema de “vendepagas” del INH está penetrado por mafias delictivas entre los cuales figuran desde empresarios corruptos propietarios de locales y concesionarios, hasta los “banqueros” que operan con redes de “mujeres rematadoras de caballos” de las que hablamos líneas arriba.

Estas “vendepagas” tienen su ámbito legal bajo concesión del INH, pero la mayoría opera ilegalmente al vender apuestas en taquillas distintas a las oficiales, algo que ocurre con la tolerancia del INH, la SUNAHIP y el SENIAT, cuyos funcionarios recibirían sus comisiones y coimas semanalmente; la otra vía es el remate de caballos el cual se realiza de mesa en mesa, sin control ni recibo alguno.

Se trata de una actividad que cuenta con la protección de policías y militares que igualmente ven engordados sus bolsillos con estas actividades fraudulentas.

Se suma Francisco Convit a los negocios

Otro advenedizo en el mundo hípico sería Francisco Convit Guruceaga, nieto del célebre científico venezolano Jacinto Convit y quien figura entre los accionistas de la empresa Derwick Associates, la misma que en varias oportunidades ha sido señalada de obtener contratos en el sector energético sin contar con la debida experiencia, así como por la poca transparencia que exhibe en las contrataciones suscritas con el estado. 


La esposa de Covit, Patricia Ferrando, pertenece a la selección nacional de equitación, mientras él junto a los hermanos Carlos Luis y José Antonio Uzcátegui y otros dos socios  en mayo de 2015, compraron un potro de carreras de nombre Glory or Nothing, por dos millones de dólares en una subasta realizada en Saratoga, Nueva York[12]. Los cinco, refiere el Portal Poderopedia, son dueños del consorcio El Capi Racing, con sede en Florida, Estados Unidos, el cual está dedicado a la carrera de caballos. A través de esta empresa compraron por 400 mil dólares por otra potranca de la misma raza[13].

Nuestra fuente señala que Francisco Convit junto a Antonio “El Potro” Álvarez, luego del fracaso del primer intento por privatizar el INH y los hipódromos del país, comenzaron a otra vez a insistir en esta iniciativa hace aproximadamente un año y unos pocos meses.

En este ocasión la jugada intentaron hacerla a través de la misma empresa privada a la que se le otorgó la concesión a dedo en contra los intereses de la república, dirigida por José Ángel Silva pero en una nueva sociedad con Francisco Convit, El Potro Alvares y las autoridades del INH.

Este grupo presentó su propuesta —refiere nuestra fuente— ante la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y sobre el asunto se habrían realizado varias reuniones en tiempos en que Aristóbulo Istúriz ocupaba en despacho de Carmelitas. El asunto volvió a fracasar cuando se hizo público y estalló un gran escándalo que motivó que, nuevamente se le negara al Potro Álvarez este negocio en el que lleva varios años insistiendo.

Los tentáculos de Diosdado Cabello

Durante su gestión como ministro del Deporte, Antonio “Potro” Álvarez, designó a Fernando Valentino Monsantos como Director General del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), luego de haber removido a quien hasta ese entonces ostentaba el cargo, Roberto Idrobo, una información que reseña el Líder en Deportes el 6 de mayo de 2014[14], decisión que fue publicada en la Gaceta Oficial N°40.404[15]. Valentino, en paralelo, asumió las riendas de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, Sunahip. Venía de desempeñarse en la Gerencia de Tributos Internos de la Región Central del Seniat.  

De esta manera Diosdado Cabello lograba hacerse del control del INH, toda vez que tanto Álvarez, como Valentino, forma parte del equipo colaboradores del hoy constituyente. Hay que recordar que Antonio “Potro” Álvarez también director de deportes del Seniat que encabeza José David Cabello Rondón.

La relación de Valentino con los Cabello es de larga data, un vínculo que se inició cuando este se desempeñaba en el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) “Simón Bolívar”, desde la gestión de José Gregorio Vielma Mora, quien entregó la presidencia a José David Cabello, ascendido a esta posición por el difunto presidente Hugo Chávez.

Cabello Rondón luego pasó a la jefatura del Seniat y para allá se llevó a Fernando Valentino Monsantos, a quien ubicó en las oficinas de Mata de Coco como intendente de Tributos Internos. Su enriquecimiento ha sido rutilante, como el de toda la plana de aliados de los Cabello en el Seniat.

Ahora, Valentino pasó a ser experto en “caballos” con su incursión en la hípica nacional que se mantenido apenas respirando en los gobiernos de Chávez y Maduro. El grado de expoliación del INH es gigantesco y buena parte de la actividad hípica, como la cría de purasangres, ha pasado a manos de los advenedizos del oficialismo, sólo hay que echar un vistazo a la lista de nuevos “propietarios hípicos” multimillonarios.

Valentino nombró como administrador a uno de sus incondicionales, Damián González, con quien habría maniobrado en el intento por lograr la privatización del organismo y para lo cual fueron adelantando terreno bajo la figura de las concesiones otorgadas a dedo, añade la fuente.

Los manejos financieros

De las finanzas se encarga en Venezuela, Vicente Rubino Arriaga, quien de acuerdo a información suministrada por nuestra fuente, estuvo prófugo de la justicia por el caso del Banco del Sol[16]. Rubino en la actualidad es directivo y principal vocero de Asoprorin y está relacionado al Banco Nacional de Crédito, BNC.

Nuestra fuente refiere que Rubino Arriaga es el encargado de movilizar el dinero del negocio hípico de quienes de forma irregular administran el INH y la actividad deportiva.

Agrega el informante, que tanto a Convit, Silva, El Potro Álvarez y a los directores del Instituto Nacional de Hipódromos, será posible encontrarlos el próximo 9 de diciembre en el Hipódromo de Gulftream Park, Florida, Estados Unidos, donde se disputará la serie del Caribe.

Para finalizar, el informante asegura que tanto los Uzcátegui, como Fernando Valentino y Damián González, son propietarios de oficinas de apuestas mil millonarias y tienen exclusividad en concesión de la página tuoficinahipica.com en la que se hacen apuestas, incluso, de carreras que tienen lugar fuera de Venezuela, sin ningún control.

¿Enfilarán también sus baterías el Ministerio Público para investigar estos asuntos con la misma pasión con la que actúa en el caso de PDVSA?