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viernes, 23 de julio de 2021

Conozca los detalles del caso EE. UU. vs. CITGO por daños a recursos naturales en Luisiana

  Un derrame petrolero desde su refinería en Lake Charles es la causa de la acción legal que culminó con la imposición de una multa de más de USD 19 millones.

Por Maibort Petit

   Entre el cúmulo de demandas que ya acumula la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en los Estados Unidos, una entablada conjuntamente por el gobierno federal y estado de Luisiana, castiga la negligencia de CITGO en el manejo de los residuos petroleros a raíz de un derrame ocurrido en 2006, con una multa que sobrepasa los USD 19 millones y que se suma a la amenaza que cierne sobre el principal activo de Venezuela fuera de sus fronteras, al enfrentar  múltiples reclamos de resarcimiento que ponen en riesgo la existencia misma de la estatal.

  Ante el Tribunal para el Distrito Oeste de Luisiana, los Estados Unidos y el estado de Luisiana presentaron una demanda en contra de CITGO Petroleum Corporation por daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de los recursos naturales a consecuencia de la descarga de petróleo de su refinería en Lake Charles, en dicha entidad federal, ocurrida el 18 y 19 de junio de 2006. Los demandantes piden compensación y restauración, así como también recuperar los costos no reembolsados de evaluar dichos daños.

  El 16 de junio de 2021, el Departamento de Justicia presentó una propuesta Decreto de consentimiento con el Tribunal para Distrito Oeste de Louisiana en la demanda que conjuntamente entablaron contra CITGO Petroleum Corp. en la acción civil identificada con el número 2: 21-cv-1705.

  La aprobación del Decreto de Consentimiento por el Tribunal, significó la sentencia final del caso entre las partes.

    El Decreto de Consentimiento constituye el acuerdo final, completo y exclusivo de entendimiento entre las partes y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos anteriores, ya sean orales o escritos.

  Se advierte que el Decreto de Consentimiento terminará automáticamente una vez que se complete el pago por parte de CITGO Petroleum Corporation de los montos requeridos en virtud de la Sección VI y el pago de las sanciones estipuladas aplicables en virtud de la Sección VII.

La demanda conjunta

   La Demanda en este caso de daños a recursos naturales se presentó simultáneamente con la presentación del Consentimiento propuesto Decreto. Por un lado, la Demanda alega que CITGO es responsable por daños y perjuicios bajo OPA y OSPRA por haber vertido residuos petroleros en el Canal de Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario de Calcasieu en junio de 2006 ocasionando graves daños a los recursos naturales. Por el otro, el Decreto de Consentimiento propuesto establecía que CITGO pagará un total de USD 19.688.149,83, de los cuales USD 19,16 millones se destinarán a la restauración de la zona por los daños ocasionados por el derrame petrolero, mientras los restantes USD 528.149.83 se reembolsarán a los fideicomisarios por todos los costos de evaluación no pagados.

  Anteriormente, un juez federal de Luisiana, atendiendo una demanda interpuesta por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., declaró la causa del derrame en 2006 como “negligencia grave” de CITGO en la operación y mantenimiento de su instalación de tratamiento en Lake Charles.

   La acción legal fue presentada por el Fiscal General de los Estados Unidos, actuando a solicitud de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio (NOAA) y el Departamento del Interior (DOI), a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) y el Estado de Luisiana, a través de la Oficina del Coordinador de Derrames de Petróleo, Departamento de Correcciones y Seguridad Pública (LOSCO), Departamento de Recursos Naturales (LDNR), Departamento de Calidad Ambiental (LDEQ), Departamento de Vida Silvestre y Pesca (LDWF) y Autoridad de Restauración y Protección Costera (CPRA).

  Los demandantes procuran que CITGO se sustentan para esta acción civil en las Secciones 1002 (a) y 1002 (b) (2) (A) de la Ley de contaminación por hidrocarburos (OPA), 33 USC §§ 2702 (a) y 2702 (b) (2) (A), y la Sección 2480 de la Ley de Prevención y Respuesta a Derrames de Hidrocarburos de Luisiana (OSPRA), La. R.S. 30: 2480.

El primer reclamo

  El primer reclamo de alivio de los Estados Unidos y el estado de Luisiana es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 1002 de OPA.

  Refieren que el 18 de junio de 2006 cuando ocurrió el derrame petrolero, CITGO era el propietario y operador de la refinería en Lake Charles, Luisiana, incluida la unidad de tratamiento de aguas residuales y los tanques de almacenamiento relacionados.

   Dicha refinería es una "instalación en tierra" según el significado de la Sección 1001 (24) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (24). Además, CITGO era la "parte responsable" de la instalación en tierra dentro del significado de la Sección 1001 (32) (B) de OPA, 33 U.S.C. Sección 2701 (32) (B).

  Sostiene la demanda que los días 18 y 19 de junio de 2006, CITGO descargó millones de galones de residuos petroleros de dos tanques de almacenamiento de aguas residuales en su unidad de tratamiento de aguas residuales. Los referidos tanques de diez millones de galones fueron diseñados para servir como tanques para tormentas, eran utilizados incorrectamente por CITGO durante años al destinarlos para acumular residuos petroleros, lodo y aguas residuales aceitosas en su unidad de tratamiento. Ocurrió que, durante una tormenta, el aceite se desbordó de los dos tanques y estando la berma de contención secundaria alrededor de los tanques defectuosa, el petróleo fluyó hacia la vía fluvial y las costas adyacentes de Indian Marais y luego hacia el río Calcasieu y el estuario y las costas adyacentes.

  Debido a esto, al menos 54.000 barriles de residuos petroleros e incontables millones de galones de aguas residuales aceitosas fluyeron hacia las vías fluviales durante el incidente.

  Después del juicio en una acción de aplicación de la Ley de Agua Limpia relacionada, el tribunal de distrito determinó que la causa de la descarga de petróleo fue la negligencia grave de CITGO en la operación y mantenimiento de su planta de tratamiento de aguas residuales y la falta de suficiente capacidad de almacenamiento y tratamiento. La corte determinó que el derrame de petróleo de CITGO fue "masivo, excesivo y una tragedia".

  El derrame de petróleo se interpreta como la "descarga" que describe la Sección 1001 (7) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (7), mientras que el petróleo liberado en el incidente fue "petróleo" según el significado de la Sección 1001 (23) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (23).

   La descarga se produjo en aguas navegables de los Estados Unidos y contaminó una parte significativa del Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario. Las vías fluviales y aproximadamente 150 millas de la costa se contaminaron con petróleo, incluidas áreas pantanosas, de playa, residenciales e industriales, y una amplia variedad de recursos naturales fueron dañados por el petróleo vertido.

   Esto afectó a las especies marinas y a las aves que hacen vida en la zona y contaminó hábitats acuáticos y costeros. Asimismo, el derrame petrolero interrumpió durante diez días el comercio y la navegación a lo largo del Canal de Navegación y el Canal Intracostero, y redujo el uso recreativo del río y el estuario afectados.

   El derrame petrolero de CITGO causó daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de “recursos naturales” pertenecientes a los Estados Unidos o el Estado dentro del significado de la Sección 1001 (20) de OPA, 33 USC § 2701 (20), incluidos los hábitats pantanosos, submareales e intermareales y una amplia variedad de vida acuática, aves y vida terrestre.

  Los Fideicomisarios de los Estados Unidos y el Estado están coordinando la evaluación de daños a los recursos naturales y los esfuerzos de restauración, además de haber incurrido en costos para ello.

El segundo reclamo

  El segundo reclamo es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 2480 de OSPRA.

  Se explica que los fideicomisarios de Luisiana, LOSCO, LDNR, LDEQ, LDWF y CPRA actúan como Fideicomisarios estatales bajo OSPRA según La. R.S. 30: 2451, et seq. y LA. Código de Administración tit. 43, parte XXIX, et seq. De igual modo, CITGO era el propietario y operador de su refinería de Lake Charles y, como tal, es la "parte responsable" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (22).

   Se advierte que descarga no fue autorizada por un permiso federal o estatal y por lo tanto constituye una "descarga de petróleo no autorizada" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (29), ocasionando daños, destrucción o pérdida de recursos naturales administrados, mantenidos en fideicomiso y/o regulados por los Fideicomisarios estatales.

   Los Fideicomisarios del Estado han incurrido en costos para evaluar los daños a los recursos naturales resultantes de la descarga no autorizada de petróleo y de acuerdo a la ley, CITGO es responsable ante ellos por daños a los recursos naturales, incluido el costo razonable de evaluar dichos daños.



miércoles, 14 de julio de 2021

Carmelo Urdaneta Aquí, el corrupto exfuncionario de PDVSA que de declaró culpable de lavado de dinero, será sentenciado en septiembre de 2021

  El sujeto pagó una fianza de 1.5 millones de dólares. Permanecerá en libertad hasta que sea sentenciado en septiembre de 2021.

Por Maibort Petit

  El ex abogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que ayudó a las autoridades estadounidenses a profundizar en un caso de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares impulsado por la corrupción del gobierno venezolano, se declaró culpable este miércoles, casi un año después de su arresto y entrega en la corte federal de Miami.

   Carmelo Urdaneta Aquí, el ex-asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minas de Venezuela, y quien cruzó la frontera colombo-venezolana para llegar a Miami, es el cuarto imputado en declararse culpable en el masivo caso de corrupción y lavado de dinero. Hay cinco acusados ​​que siguen prófugos y algunos de ellos protegidos por el régimen de Nicolás Maduro.

  Urdaneta  Aquí, fue acusado de aceptar decenas de millones de dólares en sobornos con otros funcionarios de PDVSA pagados de contratistas petroleros a cambio de contratos entregados de manera fraudulenta.

    Urdaneta Aquí fue liberado con una fianza de 1,5 millones de dólares desde su rendición. 

  El sujeto enfrenta hasta 10 años de prisión, pero podría reducir sustancialmente su sentencia en septiembre debido a su colaboración con las autoridades.  La jueza de distrito Kathleen Williams es la única autoridad que tomará la decisión de  definir los años que el ex-funcionario corrupto de  PDVSA pasará en una cárcel estadounidense.

 Como parte de su declaración de culpabilidad por un solo cargo de conspiración de lavado de dinero, los fiscales federales confiscaron un condominio de $ 5.3 millones en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, así como dos departamentos en Miami Beach y todos los activos en una cuenta bancaria que Urdaneta  tenía en un banco suizo.

   Los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden informaron en un memorando que el gobierno de Estados Unidos, decidió confiscar más de $ 49 millones a Urdaneta, fondos que se atribuyen a su actividad delictiva de aceptar sobornos a cambio de acceso a lucrativos contratos del gobierno venezolano como préstamos comerciales y comercio de divisas.  

    Urdaneta Aquí es un abogado de 47 años que ocupó varios cargos en el Ministerio de Petróleo de Venezuela de 1997 a 2015. En la demanda en su contra, aparece señalado como un actor del gobierno central en el caso de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones presentado en Miami. Asimismo, se le señala de haber participado en otro programa de préstamos y divisas a principios de su carrera, según una declaración fáctica presentada con su acuerdo de culpabilidad.

El caso

  El esquema de corrupción y de lavado de dinero denunciado contrado Urdaneta Aquí, comenzó a fines de 2014 con un préstamo ficticio a PDVSA, que fue reembolsado a través de un programa de cambio de divisas del gobierno, desviando 600 millones de dólares de las arcas de la petrolera estatal, según la demanda de los fiscales. 

  Los acusados ​​utilizaron a un asociado para lavar parte de los fondos de PDVSA en Estados Unidos. Para 2015, el complot se había duplicado a $ 1.2 mil millones malversados ​​de la compañía petrolera nacional venezolana.

  El presunto líder de esta trama es el venezolano Francisco Convit Guruceaga, un miembro del clan conocido en Venezuela como los bolichicos que se enriquecieron con contratos fraudulentos del Estado venezolano a cambio del pago de millonarias coimas.  

  Francisco Convit Guruceaga fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar con Urdaneta Aquí, otros funcionarios de PDVSA y empresarios corruptos con acceso a los más altos niveles de gobierno.

   Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional han decidido congelar cientos de millones de dólares en activos bancarios e inmobiliarios pertenecientes a los nueve acusados ​​nombrados en la acusación de lavado de dinero de Miami y el caso relacionado. .

  El primero en declararse culpable en este caso fue el banquero Matthias Krüll, quien asumió la responsabilidad de haber conspirado para lavar parte del dinero de PDVSA escondido en cuentas bancarias europeas. 

   Krüll fue condenado a pagar $ 600,000 para satisfacer una sentencia de decomiso y tres años y medio de cárcel.

  En mayo de 2021, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, también fue sentenciado a dos años y cuatro meses tras admitir haber aceptado más de $ 12 millones en sobornos que había recibido en secreto. transferidos a instituciones financieras estadounidenses y otros.

  Ortega, quien fue el máximo funcionario financiero de PDVSA de 2014 a 2016, admitió haber conspirado con el jefe de la red de lavado de dinero, Francisco Convit Guruceaga.

  Ortega también dijo que trabajó con el corredor de inversiones Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, con sede en Miami. Hernández se declaró culpable de aceptar $ 12 millones de Ortega para invertir en fondos mutuos falsos en los Estados Unidos para que las transacciones parezcan legítimas, dijeron los fiscales. Hernández fue condenado a casi cuatro años.

  Ortega y Hernández enfrentan cada uno órdenes de confiscación de $ 12 millones, pero los registros judiciales indican que el exfuncionario de PDVSA solo se quedó con $ 3 millones de esa cantidad y Hernández se quedó con el resto. Los fiscales apuntan a la residencia de Hernández en Nueva York y una casa en Miami como activos de reemplazo para su orden de decomiso.

   En este caso también aparece vinculado, Raúl Gorrín, un hombre corrupto, el dueño del canal Globovisión y de otras empresas que fueron adquiridas con dinero de la industria criminal. Gorrín es un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos.

 


martes, 29 de junio de 2021

Daniel Comoretto: El exgerente de PDVSA que facilitó negocios de asfalto a cambio de sobornos

    El exfuncionario estaría involucrado en otros casos de corrupción.

Por Maibort Petit

   La corrupción imperante en el sistema venezolano se manifiesta en todos los niveles y en todas las instancias. Desde los más altos cargos hasta posiciones medias son utilizadas como nichos para esquilmar el patrimonio público, siendo Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una de las empresas estatales que ha servido como fondo para que muchos burócratas y funcionarios se enriquezcan con dinero públicos.
  Un ejemplo de esto último lo constituye Daniel Comoretto Gómez, exgerente comercial de la estatal petrolera que se vio involucrado en una trama corrupta en la que, junto a otros funcionarios y agentes de empresas privadas, obtuvo ganancias indebidas provenientes de sobornos que le canceló Sargeant Marine Inc. a cambio de la aprobación de contratos millonarios de suministro de asfalto con PDVSA.

  Comoretto Gómez fue arrestado el el 10 de septiembre de 2020 luego de una investigación emprendida por el FBI y las autoridades judiciales de Nueva York.
   Pero al indagar sobre el exfuncionario, es posible encontrar referencia a otros casos de corrupción en los que supuestamente estaría implicado. Por ejemplo, la cuenta “Corrupción al desnudo” en la red social Facebook del abogado dominicano, Rafael Antonio Guerrero, se hace mención a él en fecha 31 de diciembre de 2018, como “director de PDV Caribe en Haití, Venezolano, Casado, pasaporte No. 084534750, residente en Santo Domingo. Recibió junto a su esposa AL GHYS KARINA DE LOS RÍOS DELGADO, Venezolana, pasaporte No. 055918897, de manos de SANG MIN CHOI (SEMI CHOI), coreano, casado, cédula de Identidad personal No. 001-1267666-3 un lujoso apartamento en el exclusivo sector de Naco, valorado en USD$ 230,000; para favorecer a la empresa ESD Engineering & Services, SRL y/o a Sang Min Choi (Semi Choi) su presidente; con el otorgamiento de un contrato por más de 11 millones de dólares”.

Comoretto se declara culpable

   En el asunto que nos ocupa, Daniel Comoretto Gómez se declaró culpable ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York de un cargo de conspiración para comprometer dinero en el lavado de dinero en el contexto de un esquema para aceptar sobornos a cambio de ayudar a las empresas de asfalto a obtener y retener negocios con PDVSA. Esto ocurrió el 27 de enero del presente año 2021

  Admitió que entre 2011 y 2015, él y otro segundo empleado de PDVSA, a saber, Héctor Núñez Troyano, recibieron sobornos de Sargeant Marine Inc. y otra empresa de asfalto anónima, a cambio de asistir a dichas compañías en su propósito de obtener contratos para la compra de asfalto a PDVSA.
   La confesión de Comoretto Gómez hace referencia a que las citadas empresas de asfalto pagaron a un agente externo de nombre, David Díaz, una comisión de aproximadamente 45 centavos por cada barril de asfalto comprado a PDVSA.  A su vez, Díaz destinó una parte de su comisión para sobornar a Comoretto, Núñez y otros no identificados. Los pagos eran ocultados mediante el envío de los fondos a empresas fantasma pertenecientes a Díaz y Núñez.

  Antes que Daniel Comoretto, se había declarado culpable la empresa Sargeant Marine, por conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA. Sargeant Marine acordó pagar una multa penal de USD 16,6 millones[1].

  Desde septiembre de 2020, se encuentra en libertad bajo fianza, tal como lo revela una comunicación que su abogada defensora, Leticia M. Olivera, le formulara al juez Eric N. Vitaliano el 29 de abril de 2021.
  Olivera le refería al juez que formulaba el pedido de modificación de las condiciones de liberación de Daniel Comoretto, con consentimiento del gobierno y de los Servicios Previos al Juicio de EE. UU. Se pedía que se autorizara al acusado viajar dentro de Tennessee, Georgia y Alabama, en razón de vivir en Chattanooga, cerca de la frontera de Alabama y Georgia.

Los cargos

  El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Seth D. Ducharme, y el jefe de la División Penal de la Sección de Fraude del departamento de Justicia, Daniel S. Kahn, presentaron ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York, cargos contra Daniel Comoretto Gómez por Conspiración para cometer lavado de dinero.
   Para sustentar la acusación sobre lavado de dinero, de acuerdo a lo establecido en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 3551 et seq., entre 2011 y octubre de 2015, dentro del Distrito Este de Nueva York, así como en otros lugares, Daniel Comoretto Gómez , junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos en Estados Unidos desde un lugar fuera de este país con el objetivo de promover la realización de una o más actividades ilegales.

  Se indica que el acusado, sabiendo que el dinero era el producto de una actividad ilícita, ocultó y disfrazó su naturaleza, ubicación, fuente, propiedad, de acuerdo a lo estipulado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i) .
  Con respecto a la alegación de confusión penal, se informó al acusado de que Estados buscará el decomiso de sus propiedades, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (a) (1), cuando alguien resultare condenado por dicho delito.

  Se advierte que si alguna de las propiedades decomisadas no se puede localizar; ha sido transferida, vendida o depositado con un tercero; ha sido puesta fuera de la jurisdicción del tribunal; ha disminuido sustancialmente de valor; o se ha mezclado con otros bienes que no se pueden dividir sin dificultad; los Estados Unidos buscarán la confiscación de cualquier otra propiedad del demandado.

La admisión de Sargeant Marine

   Específicamente, el 20 de septiembre de 2020, Sargeant Marine Inc. reconoció ante las autoridades judiciales haber pagado sobornos a funcionarios de los gobiernos de Brasil, Ecuador y Venezuela, siendo en este último, Daniel Comoretto uno de estos. Su objetivo en este esquema de corrupción era la obtención de contratos estatales.
    La trama involucraría a un exoperador de petróleo de Vitol, con sede en Suiza, acusado de pagar USD 870.000 en sobornos a exfuncionarios ecuatorianos entre 2015 y 2020 a cambio de contratos de combustible. En la acusación no hay mención de Vitol, empresa que en 2015 compró la mitad de Sargeant Marine.

  De acuerdo a los fiscales del caso, Sargeant Marine y sus filiales pagaron sobornos entre 2010 y 2018 a cambio de contratos con petroleras estatales en los tres países sudamericanos, los cuales tenían gobiernos de izquierda en esa época. La compañía con sede en Boca Ratón, Florida, obtuvo más de USD 38 millones en ganancias por el pago de los sobornos.

  Daniel Sargeant exdirectivo de Sargeant Marine, se declaró culpable de asociación delictuosa para lavar dinero y de quebrantar la Ley de Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe a las empresas estadounidenses realizar pagos a funcionarios extranjeros a cambio de obtener negocios.

  Se conoció que en la trama se utilizaron contratos de consultoría falsos y facturas ficticias para remunerar a los intermediarios[2].

REFERENCIAS

[1] Willkie Compliance. “Former PDVSA manager pleads guilty to money laundering conspiracy in connection with foreign bribery scheme”. 27 de enero de 2021. https://complianceconcourse.willkie.com/articles/news-alerts-2021-01-january-20210127-former-pdvsa-manager-pleads-guilty



[2] AP. “Firma de EEUU admite que pagó sobornos en Brasil y Venezuela”. 23 de septiembre de 2020. https://apnews.com/article/finanzas-02b7d467706f19f531f365f9a73a8e9e


viernes, 18 de junio de 2021

CITGO pagará más de $ 19 millones por daños a los recursos naturales como resultado de su derrame de petróleo en su refinería en Lake Charles, Louisiana

Por Maibort Petit

   CITGO Petroleum Corporation, con sede en Houston, Texas, acordó pagar $19.69 millones para resolver reclamos federales y estatales por daños a recursos naturales bajo la Ley de Contaminación por Petróleo y la Ley de Prevención y Respuesta a Derrames de Petróleo de Louisiana, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

   Los Estados Unidos y Luisiana presentaron simultáneamente una demanda civil junto con el decreto de consentimiento propuesto contra la petrolera filial de PDVSA .

   La demanda buscaba daños monetarios bajo la Ley de Contaminación por Petróleo y la Ley de Prevención y Respuesta a Derrames de Petróleo de Louisiana por daños a los recursos naturales resultantes de la importante descarga de petróleo de CITGO en el río Calcasieu en junio de 2006 desde su instalación de tratamiento de aguas residuales en su refinería de Lake Charles. 

  La demanda alega que CITGO descargó millones de galones de aceite de desecho y aguas residuales aceitosas de dos tanques de aguas residuales y marejadas ciclónicas de diez millones de galones en su instalación de tratamiento en la refinería de Lake Charles. Aproximadamente, 150 millas de la costa se contaminaron con el petróleo de CITGO, incluidas áreas residenciales y pantanosas. El petróleo vertido mató aves, peces y otras formas de vida acuática, contaminó hábitats acuáticos y costeros, forzó el cierre del canal de navegación e interrumpió los usos recreativos del río y los lagos afectados.

"Las compañías petroleras tienen la responsabilidad de proteger nuestras aguas, personas, vida silvestre y diversos hábitats de los derrames de petróleo, y aquellos que violen ese deber serán responsables de los daños que causen", dijo el Fiscal General Adjunto Interino Jean E. Williams para la Justicia. División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento.

  "Nos complace trabajar con nuestros socios de recursos naturales federales y estatales en este gran esfuerzo para ayudar a restaurar y mejorar el medio ambiente en Louisiana".

  “Si bien los productores de petróleo y gas son una fuente importante de empleo en Luisiana, tienen la obligación sagrada de proteger nuestro medio ambiente y utilizar nuestros recursos con prudencia”, declaró el Fiscal Federal Alexander C. Van Hook para el Distrito Oeste de Luisiana. "Este acuerdo envía una clara señal de que quienes contaminan nuestro medio ambiente serán responsables".

   De los $19,688,149.83 que CITGO debe pagar bajo el decreto de consentimiento, $ 19.16 millones son para daños a recursos naturales por el derrame, que los fideicomisarios federales y estatales utilizarán conjuntamente para planificar, diseñar y realizar proyectos de restauración para compensar los daños causados ​​por el petróleo. derramar. 

    El decreto de consentimiento también asegura el pago de CITGO por los costos de evaluación de lesiones pendientes de pago de los fideicomisarios, que suman más de $ 528,000.

    La acción de hoy fue presentada por el Departamento de Justicia y el Estado en nombre de los fideicomisarios federales y estatales de los recursos naturales. Los fideicomisarios federales designados para los recursos naturales afectados por el derrame de petróleo de CITGO son la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de EE. UU. Y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre del Departamento del Interior de EE. UU. 

  Los fideicomisarios estatales designados son la Oficina del Coordinador de Derrames de Petróleo de Louisiana, el Departamento de Seguridad Pública y Correcciones, el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Louisiana, el Departamento de Recursos Naturales de Louisiana, el Departamento de Calidad Ambiental de Louisiana y la Autoridad de Restauración y Protección Costera de Louisiana. Los fideicomisarios federales y estatales han trabajado juntos para realizar un trabajo sustancial de evaluación de lesiones y están comprometidos en esfuerzos conjuntos de planificación de restauración.

   En un juicio anterior relacionado con la aplicación de la Ley de Agua Limpia encabezado por los Estados Unidos en nombre de la Agencia de Protección Ambiental, el tribunal de distrito determinó que la causa de este desastre evitable fue la negligencia grave de CITGO en la operación y mantenimiento de su planta de tratamiento de aguas residuales y la falta de de capacidad adecuada de almacenamiento y tratamiento. CITGO había estado usando indebidamente los tanques para acumular aceite, lodos y aguas residuales aceitosas en su planta de tratamiento durante años. 

   Debido a la falta de operaciones adecuadas y la capacidad inadecuada de almacenamiento y tratamiento en la instalación, los tanques se desbordaron durante una tormenta. Al menos 54.000 barriles de aceite residual (2.268.000 galones) e incontables millones de galones de aguas residuales aceitosas rompieron la berma de contención secundaria defectuosa alrededor de los tanques y fluyeron hacia las vías fluviales, incluida la vía fluvial adyacente Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario Calcasieu.

  El tribunal determinó que CITGO "no parece haber reconocido la importancia del cumplimiento, el control de la contaminación, la responsabilidad ambiental y el deber general impuesto a las empresas para operar de manera segura". 

  Asimismo, la corte determinó que el derrame de petróleo de CITGO fue "masivo, excesivo y una tragedia" y que CITGO "no informó a la Guardia Costera de la verdadera naturaleza del incidente". 

  Se ordenó a CITGO que realizara acciones correctivas sustanciales para mejorar la capacidad y las operaciones de almacenamiento y tratamiento de sus instalaciones de tratamiento de aguas residuales, para pagar una multa estatal de $3 millones al Departamento de Louisiana de Calidad ambiental por la descarga y violaciones crónicas del permiso de descarga de la compañía, y para pagar una multa civil federal de la Ley de Agua Limpia de $ 81 millones. 

    En virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad por separado, CITGO pagó una multa penal de 13 millones de dólares.

   El decreto de consentimiento propuesto está sujeto a un período de comentarios públicos de 30 días y a la revisión y aprobación del tribunal.

Sin prisa, pero sin pausa, avanza el Estado Comunal en Venezuela (I)

   Presentamos en esta ocasión, tanto lo planteado en las leyes vigentes y en los proyectos por aprobar, así como la defensa que de ellos se hace desde el oficialismo.

Por Maibort Petit

   En la consolidación del socialismo en Venezuela el Estado Comunal es vital y, aunque desde la aprobación de Ley Orgánica de las Comunas hace más de una década, otras instancias de la misma han ido estableciéndose a lo largo de los años. De hecho, para quienes pudieran creído que el asunto habría sido olvidado en una gaveta, es bueno certificar cómo hace tan sólo unos meses, en marzo del presente 2021, el tema fue nuevamente puesto sobre el tapete y la Asamblea Nacional recién electa en cuestionados comicios, aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales.

   Es de hacer notar que la aprobación de dicho proyecto, enfrenta a los dos Poderes Legislativos que hacen vida en Venezuela, el de reciente data y el vigente desde 2015 en manos de la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países en el mundo.

  Según el sitio web del Ministerio del Poder Popular para las Comunidades y los Movimientos Sociales[1], la comuna tiene su origen en la organización indígena, quienes vivían en conglomerado de familias en el que ejercían el poder social, económico y político, porque ellos hacían sus propias leyes al establecer sus normas de convivencia, las cuales, aunque no eran escritas, respetaban las reglas de dicha forma de organización social, política y económica popular de carácter local y participativo.

   Allí mismo se da a conocer el contexto legal que da fundamento a la organización comunal, enumerando en primer lugar la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley Orgánica del Poder Popular.

Sobre la Ley Orgánica de las Comunas

   La Ley Orgánica de las Comunas aprobada por la Asamblea Nacional, entonces presidida por Cilia Flores, el 13 de diciembre de 2010[2], estableciéndose en su primer artículo el objeto del instrumento legislativo el cual estaría dirigido a “desarrollar y fortalecer el Poder Popular, estableciendo las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de la Comuna, como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

  Igualmente, el artículo 5 define la Comuna como “un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.

   Entretanto, el propósito fundamental de la Comuna se estipula en el artículo 6, cuando habla de la “edificación del estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas, en la conformación y ejercicio del autogobierno por parte de las comunidades organizadas, a través de la planificación del desarrollo social y


económico, la formulación de proyectos, la elaboración y ejecución presupuestaria, la administración y gestión de las competencias y servicios que conforme al proceso de descentralización, le sean transferidos, así como la construcción de un sistema de producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad social, y la disposición de medios alternativos de justicia para la convivencia y la paz comunal, como tránsito hacia la sociedad socialista, democrática, de equidad y justicia social”.

   La Comuna tendrá como finalidad (artículo 7) 1) Desarrollar y consolidar el estado comunal como expresión del Poder Popular y soporte para la construcción de la sociedad socialista; 2) Conformar el autogobierno para el ejercicio directo de funciones en la formulación, ejecución y control de la gestión pública; 3) Promover la integración y la articulación con otras comunas en el marco de las unidades de gestión territorial establecidas por el Consejo Federal de Gobierno; 4) Impulsar el desarrollo y consolidación de la propiedad social; 5) Garantizar la existencia efectiva de formas y mecanismos de participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la formulación, ejecución y control de planes y proyectos vinculados a los aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa; 6) Promover mecanismos para la formación e información en las comunidades; 7) Impulsar la defensa colectiva y popular de los derechos humanos; y 8) Todas aquellas determinadas en la Constitución de la República y en la Ley.

   El Parlamento Comunal (artículo 21), se erige como “la máxima instancia del autogobierno en la Comuna; y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria, coadyuvar con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos, así como en actos de gobierno sobre los aspectos de planificación, coordinación y ejecución de planes y proyectos en el ámbito de la Comuna”.

Avance sostenido y sin pausa

   El proyecto socialista venezolano par a nada puede catalogarse de improvisado y avanza sin prisas y sin pausas.

  Un paso más en este sentido se dio el 11 de marzo pasado, cuando la Asamblea Nacional —la electa bajo los parámetros oficialistas— aprobó en primera discusión la Ley de Ciudades Comunales.

  El instrumento legislativo que, a juicio de algunos expertos, constituye “una suerte de bypass para saltarse la transferencia de fondos a alcaldías y dirigir los recursos a las comunas”, esto en previsión de que el chavismo estaría preparándose para enfrentar una gran derrota en los comicios municipales que se encuentran en plena planificación.

  La Revista SIC advirtió en 2010 que el chavismo pretendía reducir los problemas del país a falsos dilemas y procuraba ponerle al país una camisa de fuerza a la discusión pública de la cual no siempre era posible zafarse. Se alertó de que el llamado “Estado Comunal” y el modelo de iniciativas de organizaciones sociales y comunitarias impulsadas desde el Estado y cooptadas por el poder político.

   “Discrepamos frontalmente en el modo como pretende llevarlo a cabo, es decir, a través del Estado como único sujeto social que secuestra la subjetividad de todos. Creemos que poner en el centro a las clases populares significa estimular su condición de sujetos (…) El Estado está para la gente y no la gente para el Estado. Ello significa, en primer lugar, que la gente tiene que controlar al Estado, lo cual implica la multiplicidad, la independencia y el balance de poderes, además de una genuina representación y de la participación, sobre todo a nivel municipal”, rezaba la advertencia de la publicación.

   Se señaló en aquel momento, a través del economista Ronald Balza Guanipa, que se restaba poder a la gente, se contradecía la letra constitucional, al restringir las comunas a “un enfoque social, político, económico y cultural para la construcción del Modelo Productivo Socialista”.

  También se dijo que el “socialismo comunal” adolecía de legitimidad, dado que debía darse entrada en Venezuela a una “democracia social de mercado” que mantuviera como centro al sujeto, a los ciudadanos, “considerados tanto individualmente como organizados”[3].

Rechazo parlamentario

   Sobre este proyecto de ley, la AN en manos de Juan Guaidó se pronunció y rechazó el proyecto a través de su Comisión Delegada al tiempo de que advirtió que la instauración del Estado Comuna solamente tiene como objetivo quitarle al pueblo la soberanía que en él reside intransferiblemente.

   Durante la discusión del asunto, se recordó que el estado comunal fue rechazado por los venezolanos en un referéndum constitucional en el año 2007.

  La diputada por el estado Barinas, Sandra Flores, dijo que con esta ley se viola la constitución que, en ninguno de sus artículos, contempla la creación de ciudades comunales y ningún tipo de estructura paralela a la división política territorial de Venezuela, como son los estados y municipios.

“Hay que estar alertas porque a través de esta figura comunal el régimen tiene fines perversos, pretende promover juicios populares, con el objeto de silenciar a todo aquel que alce su voz para denunciar la gran corrupción e incompetencia de la dictadura. Procuran instaurar la ideología comunista, así mismo quieren darles mayor poder a los colectivos disfrazándose de miembros de comunas, que han promovido invasiones de propiedades”, dejó sentado.

   Por su parte, el diputado por el estado Zulia, Omar Barboza, sostuvo que este proyecto de ley tiene un grave problema de origen al querer aprobarse un fraude rechazado por la mayoría del pueblo venezolano y desconocida por la comunidad internacional democrática.

  Subrayó que, desde el punto de vista constitucional, sería necesario derogar la Constitución para que la propuesta de un Estado Comunal, como poder originario, pueda tener alguna consideración[4].

¿Cómo defiende Maduro el proyecto?

  Entretanto, esto ocurre a nivel legislativo, desde el Ejecutivo Nacional se insiste en seguir por esta senda, toda vez que Nicolás Maduro sostiene que “Ley Orgánica de Ciudades Comunales impulsará el nuevo modelo de gestión de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana”.

  De acuerdo la visión de Maduro, el proyecto marcará una nueva pauta en la democracia venezolana “porque el pueblo va a poder manejar sus recursos y podrá asumir la solución de los problemas de su comunidad”.

  El cuestionado mandatario sostiene que la iniciativa articulará todos los “organismos del Poder Ejecutivo al Poder Popular, creando un canal directo de comunicación con el pueblo, una etapa nunca antes desarrollada en el país, porque las elites de extrema derecha durante la IV República negaron a las bases populares empoderarse del poder político y la autogestión de sus necesidades”[5].

Lo que dice el proyecto de ley

  En su artículo 1 se define el objeto de la ley, indicándose este será “establecer las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las Ciudades Comunales, como instancia territorial y política del sistema de agregación comunal, donde los ciudadanos y ciudadanas fomentan los valores necesarios para la construcción del socialismo, consolidan las instancias del Poder Popular para el desarrollo integral de todo el sistema de gobierno en el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, consolidando el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”.

   La Ciudad Comunal se define en el artículo 4 como “una instancia constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de Comunas en un ámbito territorial determinado a partir de las dinámicas funcionales y geohistóricas, con intereses y valores comunes, donde se ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

“A tales efectos se asumen en la Ciudad Comunal los procesos progresivos concretos, políticos, económicos, sociales, culturales y espaciales que fomenten políticas especiales de estímulo y soporte en cuanto a matriz de decisiones, competencias y recursos que podrían tener estas formas organizativas dentro de la estructura del Estado venezolano y sus distintas escalas de gobierno, vistas de forma integral y sistémica”.

   El proyecto advierte seguidamente en el artículo 6 que, en materia de organización político-territorial, “el ámbito geográfico donde se constituya la Ciudad Comunal, podrá coincidir o no con los límites político-territoriales establecidos dentro del ámbito de la República Bolivariana de Venezuela”.

  La ley encarga (artículo 7) a la Ciudad Comunal de la administración de sus bienes, recursos e inversión, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, Regional o Municipal.

   Al mismo tiempo establece como recursos de la Ciudad Comunal: a) Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes; b) Los recursos asignados a través de un presupuesto especial en el marco de la ley de transferencias; c) Los que formen parte de los ingresos adicionales del país o de planes y proyectos especiales que les sean asignados, de conformidad con la Ley; d) Una parte de los excedentes generados por las empresas de propiedad directa comunal, en las distintas actividades económicas que se existan en las Ciudades Comunales; e) Los demás que establezcan las leyes.

  Entre otras consideraciones referidas a la organización y funcionamiento de las mismas, el proyecto de ley contempla en su Título V lo relativo a las transferencias de competencias y relaciones del poder público con la ciudad comunal.

  En este sentido, se establece en el artículo 53, que “Todos los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobierno obediencial y corresponsabilidad, en relación con los mandatos de los ciudadanos, ciudadanas y de las organizaciones de las Ciudades Comunales, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y leyes de la República”.

  Sobre las transferencias de competencias, el proyecto de ley refiere en el artículo 56 que “Los órganos y entes del Poder Público Nacional y las entidades político territoriales deberán impulsar el proceso de transferencia, de conformidad a la constitución y la ley, a las Comunas de las Ciudades Comunales, a través de Empresas Comunales bajo régimen de propiedad social directa, u otras formas legítimas de organización popular, la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos de acuerdo al marco legal y desarrollo del Plan de la Patria en la transformación popular y revolucionaria del Estado”.

  Igualmente, el artículo 57 dice que “El poder popular organizado podrá y deberá participar en la planificación, cogestión y contraloría social de todo el sistema de servicios públicos, infraestructura, equipamiento urbano y vivienda en una visión orgánica y sistémica. De la misma forma, podrán ser transferidas competencias específicas de servicios, obras y empresas públicas, dentro de una visión sistémica del Estado, garantizando la operatividad y sistema de recursos sostenibles. En este sentido, en los casos de transferencias de gestión deberá atenderse la integralidad de los sistemas, así como las estructuras de sostén, mantenimiento, insumos que garanticen el éxito del proceso.

REFERENCIAS

[1] Ministerio del Poder Popular para las Comunidades y los Movimientos Sociales. Conoce qué es la comuna. https://www.mpcomunas.gob.ve/2018/10/02/conoce-que-es-la-comuna/

[2] CNE. Ley Orgánica de las Comunas. http://www4.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_las_Comunas.pdf

[3] Política UCAB. “Desdemocratización en Venezuela (IX): El Estado comunal”. 17 de marzo de 2021. https://politikaucab.net/2021/03/17/desdemocratizacion-en-venezuela-ix-el-estado-comunal/

[4] Asamblea Nacional. “AN rechazó propuesta de un Estado Comunal que busca arrebatar el derecho soberano del pueblo”. 16 de marzo de 2021. https://asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-rechazo-propuesta-de-un-estado-comunal-que-busca-arrebatar-el-derecho-soberano-del-pueblo

[5] Sistema Nacional de Contrataciones. “Ley Orgánica de Ciudades Comunales impulsará nuevo modelo de gestión de la Revolución Bolivariana”. 8 de abril de 2021. http://www.snc.gob.ve/noticias/ley-organica-de-ciudades-comunales-impulsara-nuevo-modelo-de-gestion-de-la-revolucion 

lunes, 24 de mayo de 2021

¿Qué papel juegan las FARC-D y el ELN en la guerra asimétrica emprendida por Maduro contra Colombia?

  El caos y el deterioro institucional es el escenario perfecto para que la revolución bolivariana se cuele en territorio neogranadino.

Por Maibort Petit

  Tanto el ala disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D), como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), juegan un papel fundamental en la guerra asimétrica emprendida desde Venezuela en contra del gobierno de Colombia encabezado por Iván Duque.
  Así lo advierte el informe “Asalto asimétrico a Colombia”, elaborado por el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), Joseph Humire, el cual detalla la actuación que tienen en las protestas colombianas, el régimen de Nicolás Maduro y las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO), para debilitar y quebrantar la institucionalidad de Colombia y permitir la entrada de la revolución bolivariana a través de la puerta que abre el caos generado.

  El informe recuerda que luego de la firma del acuerdo de paz colombiano en 2016, facciones de las FARC en desacuerdo con el mismo, se negaron a deponer las armas y algunos de sus líderes se refugiaron en Venezuela, un grupo que se conoce como disidentes de las FARC o “FARC-D”. Así, entretanto Iván Márquez, ex-negociador de paz, cuyo nombre de pila es Luciano Marín Arrango, anunció en 2019 una nueva etapa de la lucha armada denominada II Marquetalia, por otro lado, las FARC-D, liderada por Gentil Duarte, continuó sus actividades ilícitas en Colombia.

  Joseph Humire refiere lo que, según algunos analistas, no es más que una lucha interna entre narcoterroristas e, incluso, asoman una fractura parcial de la relación entre las FARC y Nicolás Maduro. En específico, hablan del ataque que el 21 de marzo de 2021, la facción de Duarte emprendió contra el ejército del régimen venezolano, un hecho que provocó un encuentro armado en Apure, del lado de Venezuela.

  Tal análisis —destaca Humire— ignora los beneficios estratégicos que el régimen de Maduro obtiene del conflicto fronterizo en curso, el cual se convierte simplemente en un pretexto más para aumentar las zonas (ZODI) temporales recientemente establecidas de la estructura de defensa asimétrica de Venezuela con poder de combate adicional. Las nuevas acciones incluyen drones de fabricación rusa e infantería reforzada asesorada por Rusia. Es más, el experto recuerda que Nicolás Maduro anticipó el conflicto armado en la frontera hace meses, cuando creó un grupo de trabajo antidrogas, lo cual era la preparación del escenario para que el régimen acusara a Colombia de tráfico de drogas y para futuras operaciones transfronterizas del ejército venezolano.

Cómo entran en juego las guerrillas

  El experto explica que, por una parte, un conflicto armado permite al régimen de Maduro desplegar fuerzas de combate adicionales en la frontera colombo-venezolana, mientras, por otra parte, las protestas actuales en Colombia se constituyen como una nueva oportunidad para las FARC-D y el ELN.

   Indica que, en el suroeste de Colombia, el puerto de Buenaventura es un puerto estratégico para las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO), dada su ubicación a lo largo de la costa del Pacífico medio en Colombia, lo cual permite que los contenedores con productos ilícitos lleguen a casi cualquier parte del mundo con un riesgo mínimo de detección.

   Como ejemplo de esto, el informe cita que fue Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, el escenario donde comenzaron las protestas, una localidad ubicada a nada más dos horas del referido puerto de Buenaventura. Fue en esa ciudad donde se experimentaron los niveles más altos de violencia y vandalismo. Igualmente cita la revista Semana, la cual publicó un informe clasificado de la inteligencia colombiana, el cual alerta que Gentil Duarte e Iván Márquez se valen del aumento del flujo de narcóticos en Buenaventura para financiar una renovada misión de terrorismo urbano, la cual se inicia por dicha ciudad del departamento del Valle del Cauca.

  Otro hecho que demuestra estas aseveraciones, es la detención por parte de la policía colombiana de un terrorista urbano del ELN conocido como “Lerma” y un combatiente de las FARC-D alias “Jacobo” por organizar la violencia en Cali durante las protestas.

La gran oportunidad

  Joseph Humire subraya que, bien sea a través del terrorismo urbano o conflictos armados fronterizos, estos escenarios se erigen como una gran oportunidad para que Venezuela despliegue su estrategia de guerra asimétrica en territorio colombiano.

 Refiere que el régimen de Nicolás Maduro integró la estructura asimétrica de defensa de Venezuela con el ELN y las FARC-D, las cuales actúan como grupos narcoterroristas binacionales con presencia en ambos países.

  El financiamiento y el impulso que la estructura asimétrica tiene proviene de dos de los productos básicos más importantes del mundo, a saber, el petróleo y el oro, los cuales se combinan con otros mecanismos de financiamiento ilícito como el narcotráfico.

  El experto en temas de seguridad rememora el mensaje que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) emitió el 5 de mayo, por la red social Twitter, en medio de las protestas en Colombia, el cual contenía una imagen del mapa de la Capitanía General de Venezuela, una manera, de acuerdo a Humire, de asegurar que parte de Colombia es considerado territorio de la revolución bolivariana.

  Nada, de acuerdo a Joseph Humire, es accidental, pues el régimen venezolano se ha venido preparando durante años décadas para este momento exacto en el cual el Estado colombiano presenta una mayor vulnerabilidad y colarse a través de la estrategia asimétrica. Un cometido en el cual las redes ilícitas son vitales para conquistar más territorio colombiano. Para ello, “la revolución bolivariana necesita capitalizar el malestar actual en Colombia amplificando la desinformación y la desinformación que causan confusión y siembran divisiones sociales dentro de la sociedad colombiana”.

miércoles, 12 de mayo de 2021

Red Tree reclama que un error administrativo del tribunal afecta su posibilidad de obtener resarcimiento en su demanda contra PDVSA

  La demandante estima injustificado que por un error no imputable a ella no pueda cobrar lo que PDVSA le adeuda con activos de la petrolera en EE. UU.

Por Maibort Petit

    Para Red Tree Investments LLC es injustificable que por un error no imputable a ella no pueda verse compensada en su reclamo por la deuda que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y PDVSA Petróleo S.A. mantienen con ella, mientras que otras causas que se ventilan en distintos tribunales de Estados Unidos avanzan en este sentido.



  La estatal petrolera venezolana fue demandada por USD 118,4 millones por el incumplimiento de pagos de préstamos que, originalmente, fueron otorgados por General Electric Capital en 2015 y 2016 a PDVSA.

  Red Tree Investments LLC compró los préstamos de GE Capital en enero de 2019, de acuerdo a documentos judiciales[1].

   PDVSA fue demandada el 22 de febrero de 2019 por incumplimiento de un contrato de préstamos y Red Tree Investments LLC compró los compromisos de deuda y presentó dos demandas en el tribunal de Manhattan contra PDVSA y el garante PDVSA el 15 de febrero de 2019. La juez le dio el visto bueno a la demanda pese a las objeciones presentadas al respecto por PDVSA[2]

Red reclama compensación con CITGO y error de la Corte

  El 18 de marzo de 2021, Steven F. Molo, de la firma MoloLamken LLP que representa a Red Tree Investments LLC en la demanda que mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, remitió una comunicación vía electrónica a la juez del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison J. Nathan, para informar acerca del “desarrollo significativo sobre las mociones de los Demandados bajo la Regla 56 (d)”.

   Refirió en la comunicación que por información de la secretaría del tribunal se enteró que las mociones de los Demandados se marcaron incorrectamente en los registros internos de la corte como "rescindidas", la cual es una notación que no está disponible públicamente, por lo que pidió que se comunicaran con esa instancia judicial.

  El abogado dedujo que dicha notación incorrecta tal vez haya sido la razón por la cual las mociones de los Demandados no incluyeron en el informe más reciente de la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE. UU. de mociones pendientes durante seis meses, a pesar de que dichas mociones han estado pendientes durante trece meses. Advirtió que la notación incorrecta de "rescindido" sigue a un error de procesamiento anterior en el que estos casos se habían marcado incorrectamente como "suspendidos".

  En segundo lugar, Steven F. Molo le advirtió a la juez Nathan que estos errores de procesamiento han perjudicado a Red Tree, por lo que los mismos se incrementan a la luz de los desarrollos en casos relacionados. En este sentido destacó que, durante el año pasado, otros acreedores de PDVSA y PDVSA Petróleo han procedido o recibido sentencias contra estos o la República. Subrayó que, como ha señalado Estados Unidos, el principal activo disponible para satisfacer esa deuda incumplida es el interés indirecto de PDVSA a través de su compañía controladora, PDVH, en CITGO. 

  Recordó que el Distrito de Delaware ordenó recientemente que “procederá a realizar la venta de las acciones de PDVSA en PDVH por un monto suficiente para satisfacer la sentencia que Venezuela debe” a otro acreedor y también denegó la solicitud de PDVSA de suspender ese proceso de venta en espera de una apelación.

  Red Tree reclama que el no ser igualmente compensado con la venta del principal activo de PDVSA en Estados Unidos por culpa de un error no imputable a ella, a la administración del tribunal y no a una decisión judicial.

  El abogado, como una medida para remediar el problema, le solicitó a la juez Nathan que el Tribunal corrija la designación errónea de las mociones de la Regla 56 (d) de los Demandados como “rescindidas” y resuelva esas mociones tan pronto como sea posible. “Además, solicitamos que el Tribunal establezca un calendario acelerado para completar la sesión informativa del juicio sumario. Estamos disponibles para una conferencia de estado en la primera conveniencia de la Corte para discutir estos asuntos si es necesario”.

Red Tree Investments reitera el reclamo

   El 6 de abril de 2021, Steven F. Molo, en representación de su cliente, Red Tree Investments LLC, se remitió una comunicación a la juez Alison J. Nathan a cargo de la causa que esta mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, para recordarle que el tribunal no se había pronunciado acerca las mociones que hizo referencia en su escrito del 18 de marzo de 2021.

  Refiere Molo que se comunicaron con el secretario del tribunal para comprender qué causó ese error y cómo se puede solucionar y este les informó que esas mociones fueron marcadas como "rescindidas" por orden de las cámaras el 29 de septiembre de 2020.

 Recordó que ese día, Red Tree informó al Tribunal que había discutido las mociones de los Demandados al realizar ciertas producciones de documentos y que estos respondieron en octubre de 2020 argumentando que las mociones no eran discutibles porque ellos supuestamente tenían derecho a un descubrimiento adicional de terceros. A esto, Red Tree se opuso en una carta informativa presentada en octubre de 2020.

  Indican que el secretario del Tribunal les informó que no puede eliminar la notación de "rescindido" sin instrucciones de las cámaras, y que se ha comunicado con estas para abordar este asunto. “Entonces, de acuerdo con el secretario, todo lo que se necesita es una simple comunicación de las cámaras a la oficina del secretario. Solicitamos respetuosamente que ocurra”.

   Red Tree considera que los imputados no deben gozar de lo que equivale a otra suspensión indefinida del caso contraria a la orden del Tribunal, simplemente por un error administrativo.

[1] Banca y Negocios. “Demandan a Pdvsa en Estados Unidos por $118,4 millones”. 26 de febrero de 2019. https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1261569-330/pdvsa-demandada-en-eeuu-por-pr%C3%A9stamos-de-ge-capital


[2] El Planeta. “Juez de Nueva York permite a acreedor de PDVSA continuar demanda para cobrar deuda por $118 millones”. 24 de enero de 2020. http://elplaneta.com/news/2020/jan/24/juez-de-nueva-york-permite-acreedor-de-pdvsa-conti/


 

Tenedores de Bonos reclaman pago de sentencia en NYC mientras Venezuela alega que no paga por la crisis humanitaria que vive el país

  Desde que la corte falló a su favor, los demandantes bregan para que el fallo sea ejecutado.
Por Maibort Petit

  En octubre de 2020 el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó a Venezuela a pagar a Pharo Gaia Fund Ltd. y a Pharo Macro Fund Ltd., una suma que superaba los USD 387.085.592 más los retrasos que pudieran producirse.
   Desde entonces, los demandantes y la demandada han llevado a cabo diversas acciones, los unos para que la sentencia sea ejecutiva, la otra, para ser eximida del pago.

   Entre estas acciones se inscribe el pedido de Venezuela para que se deniegue la moción de reparación de los demandantes y para que el tribunal solicite la opinión del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los intereses de política exterior implicados por la moción. Por su parte, Venezuela estima que no es apropiado, dada la grave crisis humanitaria que padece, que se ejecute la sentencia en estos momentos.
  En enero 2019 se conoció que Pharo Gaia Fund Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd., dos fondos registrados en Islas Caimán, presentaron ante la Corte Suprema de Nueva York, una demanda contra Venezuela en reclamo a la falta de pago de un monto que en ese entonces se ubicaba en USD 26 millones. Dichos fondos están controlados por Pharo Management LLC en Nueva York[1].
La sentencia pendiente

  El 16 de octubre de 2020, Analisa Torres, juez del Distrito Sur de Nueva York, sentenció a favor de Pharo Gaia Fund Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd. y en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

  Determinó la magistrada que por los incumplimientos de Venezuela de los Bonos de 2019 al 7.75% (ISIN USP97475AN08), Pharo Gaia Fund, Ltd. tiene derecho a recuperar de Venezuela: a) USD 114.000.000 por capital impago; b) USD 30.824.333 por intereses contractuales acumulados y no pagados sobre el principal hasta el 9 de octubre de 2020; c) USD 4.155.476 en intereses legales previos al juicio sobre los intereses contractuales impagos, a una tasa del 9% anual acumulada desde el día después de cada pago de intereses atrasado hasta el 9 de octubre de 2020; d) Si el Fallo Final ingresara el 13 de octubre de 2020 o antes, USD 31.077 adicionales por cada día calendario siguiente al 9 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; e) Si el Fallo Final se ingresa después del 13 de octubre de 2020, USD 32.166 adicionales por cada día calendario siguiente al 13 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingresa en el expediente del Tribunal; y los intereses posteriores al juicio según lo establecido en 28 U.S.C. § 1961(a).

  Para los incumplimientos de Venezuela de los Bonos de 2018 al 13,625% (ISIN USP9395PAA95) y los Bonos de 2019 al 7,75% (ISIN USP97475AN08), Pharo Macro Fund, Ltd.tiene derecho a recuperar de Venezuela: a) USD 182.000.000 por capital impago; b) USD 49.448.976 por intereses contractuales acumulados y no pagados sobre el principal hasta el 9 de octubre de 2020; c) USD 6.656.807 en intereses legales previos al juicio sobre los intereses contractuales impagos, a una tasa del 9% anual acumulada desde el día después de cada pago de intereses atrasado hasta el 9 de octubre de 2020; d) si este Fallo Final se ingresa el 13 de octubre de 2020 o antes, USD 49.924 adicionales por cada día calendario siguiente al 9 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; e) si este Fallo Final se ingresa después del 13 de octubre de 2020, USD 51.649 adicionales por cada día calendario siguiente al 13 de octubre de 2020 hasta la fecha en que el Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; f) Honorarios y costos de abogados por un monto por determinar; y g) intereses posteriores al juicio según lo establecido en 28 U.S.C. § 1961 (a).

El pedido de Venezuela

  El 2 de marzo de 2021, los abogados de la firma Arnold & Porter Scholer LLP que representan a la República Bolivariana de Venezuela, pidieron al tribunal denegar la moción de reparación de los demandantes de conformidad con 28 U.S.C. § 1610 (c) y, como alternativa, solicitaron que la Corte procurara la opinión de los Estados Unidos bajo 28 U.S.C. § 517 con respecto a los intereses de política exterior implicados por la presente moción.

   Para Venezuela ha transcurrido un tiempo razonable desde la orden de Sentencia Definitiva del Tribunal contra la República el 16 de octubre de 2020, de modo que los demandantes puedan buscar hacer cumplir la sentencia contra los bienes de la República.
 
   Expusieron que el gobierno interino y la comunidad internacional han trabajado diligentemente para abordar las obligaciones de deuda heredadas, como parte de sus planes para restaurar la prosperidad económica de Venezuela. Pero advierte que no tienen acceso total a todas las instancias de poder en este momento. Recordaron que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro usurpa ilegalmente un control sustancial del funcionamiento del gobierno dentro del territorio de Venezuela y se ha negado a reconocer la autoridad constitucional de Guaidó.

   Refiere la moción que Juan Guaidó ha tomado medidas importantes para abordar los reclamos de legado contra el gobierno venezolano y proteger los intereses del pueblo venezolano y, en este sentido, desarrolla un proceso ordenado y consensuado de reestructuración de la deuda en virtud del cual todos los reclamos en situaciones similares serán tratados de manera justa y equitativa. Un plan que se prepara en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

  Venezuela argumenta que a la luz de la crisis que padece el país, no sería apropiado permitir procedimientos de ejecución contra la república y para ellos se sustenta en lo establecido en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés) la cual estipula que “ningún embargo o ejecución (…) se permitirá hasta que el tribunal lo haya hecho (…) determinó que ha transcurrido un período de tiempo razonable después de la emisión del fallo".

  Insiste en que en virtud de la abrumadora crisis humanitaria que padece Venezuela no se puede esperar razonablemente que el gobierno interino realice pagos del fisco público en la actualidad.

  Agregan que no es razonable en estos momentos el tribunal permita la ejecución cuando los demandantes carecen de las licencias necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para hacer efectiva la sentencia contra los bienes de Venezuela.

  Finalmente, Venezuela considera que las sentencias de dos tribunales de distrito de Estados Unidos que dictaminaron que períodos de cinco meses y dos meses eran razonables, no tuvieron plenamente en cuenta la crisis única y devastadora que enfrenta el país.

Pharo Gaia: Tiempo suficiente

  El de marzo de 2021, la representación legal de los demandantes Pharo Gaia Fund, Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd., pidió al tribunal otorgarle una moción de alivio en razón de que, en su opinión, ha transcurrido un tiempo suficientemente razonable desde la orden de Sentencia Definitiva emitida por la Corte el 16 de octubre de 2020 en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

  Contrario a la sugerencia de Venezuela, los demandantes consideran que los intereses de política exterior de los Estados Unidos no están implicados por la determinación de la Corte sobre si ha transcurrido un período de tiempo razonable.

   Según lo establecido en la norma, el período de tiempo razonable que gira en torno a los esfuerzos de Venezuela para satisfacer la sentencia, no está relacionado con ningún interés político que favorezca o milite en contra de la incautación de activos. Tampoco hay ninguna razón para exigir que Pharo obtenga una licencia OFAC antes de buscar una determinación bajo la ley. Subraya que ningún acreedor de Venezuela ha obtenido aún una licencia de este tipo para vender activos de Venezuela y satisfacer una sentencia.

  Por último, los demandantes creen que solicitar la aportación innecesaria de los Estados Unidos solo retrasará aún más la capacidad de Pharo para buscar la satisfacción de su juicio contra Venezuela.


[1] Contexto Diario. “Fondos de Islas Caimán presentan demanda contra el Gobierno de Maduro”. 17 de enero de 2019. https://contextodiario.com/venezuela/fondos-de-islas-caiman-presentan-demanda-contra-el-gobierno-de-maduro/