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miércoles, 7 de septiembre de 2022

Trafigura, la empresa ligada al chavismo y a la que la justicia de EE. UU. le otorga sus demandas

  Mientras por un lado es acusada por presunta corrupción, por el otro los tribunales le conceden sus demandas.

Por Maibort Petit

   Trafigura, una empresa que se dedica al comercio de productos básicos y logística” en todo el mundo que entre sus principales actividades negocia de manera independiente petróleo y productos derivados del petróleo y que ha sido ampliamente cuestionada por sus vínculos con el chavismo, exhibe avances no solamente en territorio venezolano con sus aliados en el régimen de Nicolás Maduro, sino también en el propio Estados Unidos. Allí, mantiene operaciones con CITGO Petroleum Corporation, pese a que compañías, agentes y países, de manera previsiva, han suspendidos sus negocios con ella. También, el sistema judicial ha concedido sus demandas. Tal es el caso de la sentencia de un tribunal de apelaciones que ratificó la decisión del tribunal de distrito que dispuso, tal como lo había demandado, el reembolso de impuestos cobrados a las exportaciones petrolera que habían estado en manos de la citada compañía.

La decisión

  El 24 de marzo de 2022, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito falló a favor de la empresa Trafigura Trading LLC y la devolución de los impuestos cobrados a la misma, al establecer que es la propia Constitución de los Estados Unidos prohíbe gravar las exportaciones, lo cual “resuelve este caso”, dijo categóricamente el magistrado ponente, James Ho.

  La decisión se tomó 2 a 1, habiendo el juez Jacques Wiener dado el visto bueno a la sentencia mas no a la opinión de Ho. Entretanto, el juez James Graves manifestó su disenso. De este modo se refutó la acción del gobierno federal que insistía en que Trafigura Trading debía pagar un impuesto sobre el petróleo crudo nacional que exporta de los Estados Unidos, a lo que el tribunal de distrito dijo que y el tribunal de apelaciones lo confirmó.

  Recordó que la Convención Constitucional comenzó en Filadelfia el 25 de mayo de 1787 y allí, Alexander Hamilton defendió la necesidad de que constituir un gobierno federal debía tener un amplio poder para impuestos que incluyera específicamente las exportaciones, un criterio al que se opusieron firmemente los delegados del sur del país, quienes advirtieron que no aprobarían una Constitución que no prohibiera explícitamente impuestos sobre las exportaciones. Negociaron los del norte y los del sur, entonces, intercambiando el poder de gravar las exportaciones para el poder de regular el comercio.

  Después de largas discusiones, la Convención finalmente adoptó el lenguaje que ahora aparece en el Artículo I, la Sección 9 de la Constitución: "No se establecerán impuestos o impuestos sobre los artículos exportados de cualquier Estado". Una cláusula cuya importancia ha resaltado la Corte Suprema en varias ocasiones.

 Expone la sentencia que Trafigura Trading es una empresa de comercio de productos básicos que compra y exporta petróleo crudo de los Estados Unidos, la cual, entre 2014 y 2017, exportó alrededor de 50 millones de barriles de petróleo crudo de campos petroleros en Texas, Louisiana y Dakota del Norte. La compañía pagó más de USD 4 millones al Servicio de Rentas Internas (IRS, por las siglas en inglés de Internal Revenue Service) por dichas exportaciones, como lo requieren 26 U.S.C. § 4611 (b), una disposición que impone un "impuesto", a una tasa de 8 o 9 centavos por barril, según el año, al petróleo crudo nacional "utilizado o exportado desde los Estados Unidos". Este dinero pagado fue al Fondo Fiduciario de Responsabilidad por Derrames de Petróleo.

  Trafigura Trading LLC denunció que la disposición § 4611 (b) impone un impuesto inconstitucional bajo la cláusula de exportación, por lo que buscó un reembolso por el monto pagado, pero el IRS negó la solicitud. La empresa entonces acusó la inconstitucionalidad de la norma y el Tribunal de Distrito estuvo de acuerdo y otorgó el reembolso en consecuencia. Ante esta decisión, Estados Unidos apeló.

  Refiere el fallo que cuando se trata de la potestad federal de gravar las exportaciones, el texto del Artículo I, Sección 9 de la Constitución es categórico: “No se impondrá ningún Impuesto o Tasa sobre los Artículos exportados de cualquier Estado”.

  Entretanto, en los estados la prohibición para gravar las exportaciones es menos radical y estipula que “ningún Estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, imponer impuestos o derechos sobre las importaciones o exportaciones, excepto lo que sea absolutamente necesario para ejecutar sus leyes de inspección”.

 La inclusión de la excepción que permite a los estados imponer tarifas a las exportaciones que son "absolutamente necesarias para ejecutar sus leyes de inspección" y que plantea la pregunta de si puede el gobierno federal imponer tarifas similares a las exportaciones en virtud del Artículo I, Sección 9, la ponencia sostiene que la resuelve el Tribunal Supremo. Explica que dicha instancia judicial resolvió el asunto sosteniendo que un “impuesto” federal sobre las exportaciones puede ser recaracterizado —y confirmado— como una “tarifa de usuario”, si está “diseñado como compensación por servicios, instalaciones o beneficios proporcionados por el gobierno”.

¿Impuesto o tarifa de usuario?

  El juez Ho refiere que tocaba ahora resolver si la regla § 4611(b) impone un impuesto o una tarifa de usuario. En este sentido, indica que, a primera vista, el texto de la norma se refiere al cargo como un “impuesto”, pero “debemos considerar las cosas en lugar de los nombres” y considerar si el cargo funciona como “una tarifa de usuario de buena fe”.

  La jurisprudencia lleva al magistrado a establecer que, primero, hay que considerar si el cargo según § 4611(b) se basa en la cantidad o el valor del petróleo exportado y, de ser así, es más probable que se trate de un impuesto. En segundo lugar, hay que considerar la conexión entre los servicios del Fondo a los exportadores, si los hay, y lo que pagan los exportadores por esos servicios según § 4611(b). Esa conexión no necesita ser un ajuste perfecto, pero una tarifa de usuario debe "coincidir justamente" o "correlacionarse de manera confiable con" el uso de los servicios gubernamentales por parte de los exportadores. Finalmente, se debe aplicar un "escrutinio intensificado” y hacer cumplir estrictamente la prohibición de impuestos de la Cláusula de Exportación al "protegernos contra (…)  la imposición de un [impuesto] con el pretexto de fijar una tarifa”.

  Trafigura considera que el cargo no compensa el costo de ningún servicio que reciba del gobierno, desafía la analogía del seguro del gobierno y enfatiza que la regla § 4611(b) financia una amplia gama de iniciativas que no son “servicios” proporcionados a los exportadores en cualquier sentido razonable de la palabra. Este último punto es dispositivo, por lo que no hay necesidad de abordar la analogía del seguro del gobierno.

 Se subraya que las tarifas de usuario surgen en el contexto de "transacciones de valor por valor".

  Destaca que los exportadores de petróleo sujetos a § 4611(b) están obligados a pagar, entre otras cosas, reembolsos a fideicomisarios federales, estatales y de tribus indias por evaluar el daño a los recursos naturales; investigación y desarrollo de tecnología de contaminación por petróleo; estudios sobre los efectos de la contaminación por hidrocarburos; investigación de simulación marina; y becas de investigación a universidades y que ninguna de estas cosas puede concebirse plausiblemente como “servicios” prestados a los exportadores a cambio de su pago.

  Se indica que el Congreso elaboró un esquema en el que los exportadores de petróleo crudo se ven obligados a subsidiar actividades que no son "servicios utilizados o utilizables por el exportador". Se advierte que la sección 4611(b) carga a los exportadores con el costo de las medidas contra la contaminación que generalmente benefician a la sociedad en general, y no específicamente al exportador que paga el cargo.

Al disidente

  En la ponencia, el magistrado James Ho responde a su compañero, el juez Graves, quien manifestó su disidencia con la decisión.

 En este sentido, respecto al criterio de Graves, quien teoriza que la industria petrolera, en su conjunto, causa derrames de petróleo, contaminación por petróleo y daño ambiental, y que, por lo tanto, la industria debe ser considerada "responsable de sus propias acciones y prácticas comerciales", Ho le recuerda que muchos impuestos están diseñados con ese propósito, como es el caso de los impuestos a la gasolina.

 Explica Ho que se trata de medidas diseñadas para lograr fines importantes para la sociedad, los cuales están mucho más allá de simplemente sufragar los costos del gobierno que brinda un servicio o beneficio particular a los miembros del público. Eso es “precisamente lo que los convierte en un impuesto, en lugar de una tarifa”.

 Concluye subrayando que, “si la Constitución prohíbe los impuestos a la exportación diseñados para promover la política comercial, y claramente lo hace, entonces no existe una base de principios para permitir los impuestos a la exportación diseñados para promover la política ambiental. Eso desafiaría el texto simple, así como la comprensión de los Fundadores de los estatutos de nuestra nación”.

 Y sentencia: “Sostenemos que § 4611(b) impone un impuesto a las exportaciones en violación de la Cláusula de Exportación. Estados Unidos no puede hacer cumplir la § 4611(b) sobre el petróleo crudo ‘exportado de Estados Unidos’. Nosotros afirmamos”.

El voto disidente

  El juez James Graves sostiene que disiente de la decisión en razón de que existen cuestiones genuinas de hecho material en cuanto a si 26 U.S.C. § 4611 impone una tarifa de usuario legítima, dejaría sin efecto la concesión del juicio sumario de responsabilidad del tribunal de distrito a Trafigura Trading LLC y la devolución.

  Según Graves, la cláusula de exportación no descarta las tarifas de usuario si no tienen las condiciones de un impuesto o derecho y, por el contrario, están diseñadas para compensar al gobierno por servicios, instalaciones o beneficios.

  Considera que Trafigura no pudo demostrar que no existe una disputa genuina de hecho material o que tenía derecho a un juicio como cuestión de derecho y, por lo tanto, el juicio sumario fue impropio.

 Graves finalizó indicando que anularía la concesión del juicio sumario de responsabilidad a Trafigura por parte del tribunal de distrito y la prisión preventiva.

lunes, 15 de agosto de 2022

Otra vez se posterga la lectura de sentencia de José Manuel González Testino por la comisión de delitos de corrupción en CITGO y PDVSA

  Ya suman cinco las prórrogas del establecimiento de la pena a cumplir por el ex-contratista de PDVSA y CITGO.

Por Maibort Petit

  Una vez más, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, aplaza el dictado de sentencia en contra de José Manuel González Testino, ex-contratista de Petróleos de Venezuela S.A., quien se declaró culpable el 28 de mayo de 2019[1], de la comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero de fondos irregulares pagados a funcionarios de PDVSA para asegurar y mantener contratos millonarios de energía y logística con la estatal venezolana y su filial en EE. UU., CITGO Petroleum Corp. A pesar del tiempo transcurrido, no ha sido posible que se le establezca la pena a cumplir. Esta vez se fijó para el el12 de octubre de 2022. Con este nuevo retraso, ya suman cinco las prórrogas del dictado de sentencia.

  Los abogados de González Testino, también han logrado hábilmente obtener de la Corte algunas concesiones, como el sellado de los documentos que informan de los permisos otorgados a su esposa para viajar fuera del territorio estadounidense en varias oportunidades, alegando motivos de seguridad.

  Específicamente, González Testino, fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar los Estados Unidos[2], se declaró culpable en la citada fecha —28 de mayo de 2019— por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo por violar la ley FCPA y un cargo por no haber reportado sus cuentas bancarias extranjeras.

 Se esperaba que la sentencia la leyera el juez de la causa, Gray H. Miller, el pasado 10 de agosto del presente año 2022, sentenciara a quien controlaba varias empresas estadounidenses e internacionales que, a través de mecanismos corruptos, entre 2012 y 2018, obtuvieron contratos para proporcionar bienes y servicios a PDVSA, a cambio de sobornos pagados a funcionarios de la estatal venezolana[3].

  Antes de esta prórroga, la sentencia se dictaría el 19 de agosto de 2021 a las 10:00 a. m, fecha fijada luego de que la decisión no se produjera el 19 de febrero de 2020[4]. La primera de las lecturas de la sentencia tantas veces prorrogadas, estuvo fijada inicialmente para el 28 de agosto de 2019.

  Respecto al sellado de los documentos informativos tanto de la ciudad de residencia de José Manuel González Testino, como de los movimientos migratorios de su esposa, María Alejandra Díaz, la defensa maniobró para que el juez Miller concediera el sello en marzo de 2022. Los abogados del acusado alegaron que su representado estaba preocupado por su seguridad en razón de que Venezuela Política había dado a conocer liberar los pasaportes de la exesposa de González Testino, María Alejandra Díaz, para viajar a Madrid y a Londres.

  Ya con anterioridad, el tribunal había concedido otras mociones para sellar las entradas del expediente que contenían información privada, por ejemplo, DE 68, DE 86 y DE 107 con el mismo propósito[5].

  En junio de 2021, José Manuel González Testino, también logró que su esposa fuera beneficiada por la Corte con la concesión de una moción para liberar temporalmente sus pasaportes para viajar fuera de EE. UU. es de hacer notar que, María Alejandra Díaz, esposa del acusado, es titular de dos pasaportes, uno venezolano y otro estadounidense, los cuales se mantienen bajo custodia de la secretaría del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston[6].

Nueva orden de aplazamiento de sentencia

  El 18 de julio de 2022, Gray H. Miller, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, a cargo de la causa que se libra en dicha instancia judicial entre los Estados Unidos de América como acusador y José Manuel González Testino, como demandado, concedió la moción de aplazamiento de la sentencia presentada por la fiscalía.

  En tal sentido, el juez Miller ordenó aplazar el dictado de sentencia de González Testino hasta el 12 de octubre de 2022 a las 11:00 a. m.

 Explica la decisión que, igualmente, los plazos asociados a esta acción, estableciéndose la fecha del vencimiento para la preparación del Informe Preliminar para el 7 de septiembre de 2022; mientras las objeciones para el 21 de septiembre de 2022; y el Informe Preliminar final vencerá ahora el 5 de octubre de 2022.

Orden de sellado

  El juez, Gray Miller, concedió la moción sin oposición para presentar bajo sello para la liberación temporal de los pasaportes de María Alejandra Díaz y para permitirle viajar.

  Miller ordenó al secretario de la Corte sellar la petición sellada sin oposición del acusado José Manuel González-Testino para la liberación temporal de los pasaportes de María Alejandra Díaz y que le permitiera viajar.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “José Manuel González Testino se declaró culpable por delitos de corrupción relacionados con PDVSA y CITGO”. 29 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/jose-gonzalez-testino-se-declaro-por.html

[2] Venezuela Política. “(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA”. 1 de agosto de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/08/ee-uu-arresta-jose-manuel-gonzalez.html

[3] Venezuela Política. “Tribunal aplaza nuevamente la sentencia del contratista corrupto de CITGO-PDVSA, José Manuel González Testino”. 7 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/tribunal-aplaza-nuevamente-la-sentencia.html

[4] Venezuela Política. “Tribunal prorroga el dictado de la sentencia de González Testino hasta febrero de 2022”. 12 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/tribunal-prorroga-el-dictado-de-la.html

[5] Venezuela Política. “Corrupción CITGO-PDVSA: El procesado, José Manuel González Testino logra sellar en la corte dónde vive y con quién ‘por temor’ a su seguridad”. 2 de marzo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/03/corrupcion-citgo-pdvsa-el-procesado.html

[6] Venezuela Política. “Corte concede permiso de viaje a esposa de José González Testino y ordena sellar información sobre su destino”. 30 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/corte-concede-permiso-de-viaje-esposa.html


 

jueves, 11 de agosto de 2022

El extraño caso de cuatro iraquíes (o iraníes) arrestados en Argentina con pasaportes franceses falsos y señalados de tener supuestos sus vínculos con terroristas

  Cada pasaporte francés falso 'cuesta unos $1500'. ¿Quién, por qué y cómo los pagaron?, se pregunta una fuente de inteligencia consultada.   

Por Maibort Petit

   El caso de los cuatro 'iraquíes' arrestados en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina con pasaportes falsos franceses que intentaban viajar a Europa, ha dejado muchas interrogantes y pocas respuestas. Si bien, los detenidos dijeron que 'eran perseguidos del Estado islámico' y supuestamente buscaban refugio, fuentes de inteligencia señalan el evento es muy sospechoso y que debe ser investigado por las agencias internacionales, "porque las pesquisas hasta ahora arrojan un cruce de información que no coincide en su totalidad con lo que se conoce públicamente hasta este miércoles". 

  Según los reportes de prensa argentinos, los cuatro pasajeros tenía previsto abordar un avión de KLM con destino a Amsterdam, para luego ir a Alemania. Todos portaban pasaportes falsos.

 Cuando los detenidos, dos hombres y dos mujeres, fueron sorprendidos por las autoridades migratorias argentinas, y puesto a la orden de la justicia, señalaron que eran 'iraquíes kurdos'.

   El diario Clarín reportó que, "después de comparecer ante el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, se informó que se trata de dos parejas de hombre y mujer, los cuatro jóvenes que practican el yazidismo, una religión preislámica de Oriente Medio de remoto origen, perseguida sobre todo por el grupo terrorista Estado Islámico".

   El portal dijo que "los detenidos en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tienen previsto pedir refugio político porque, supuestamente son perseguidos. La defensa afirmó que se están haciendo los trámites ante la Comisión Nacional para los Refugiados". 

   Por su parte la agencia Total News afirmó que sus informantes aseguraron que todos los detenidos "son de nacionalidad iraní" y que tendrían presunta relación con "la Unidad 840/10 de la Guardia Revolucionaria Iraní (QUDS)". Pero Clarín contradijo esta versión al señalar que fuentes judiciales "negaron las versiones de que serían "iraníes" miembros de la Guardia de la Revolución Islámica de Irán". Y señalaron que no se los encontró en "ninguna lista del FBI" o de otras bases de grupos terroristas. 

  "Los cuatros buscaban embarcarse en el vuelo 702 de la aerolínea KLM que tenía como destino la ciudad de Amsterdam, en los Países Bajos. Pero las fuentes dijeron a Clarín que su destino final era Alemania, donde vive una comunidad de 200.000 yazidíes", apuntó el medio. 

   El juez a cargo del expediente, Federico Villena, también está al frente de la investigación sobre el avión venezolano-iraní que está retenido en Ezeiza con la tripulación de iraníes y venezolanos.

    Clarín aseguró que "tras secuestrar la documentación, se realizó una compulsa con el Registro Nacional de Reincidencia y de Interpol para determinar si tenían antecedentes, eran buscados por las fuerzas policiales o figuraban en algún registro internacional de ilícitos". 

    Una fuente de inteligencia consultada por Total News dijo que "los rastreos hechos por su agencia señalan que existe una  presunta vinculación entre los detenidos y el Comando de Hamid Reza Danshmandi, cuyo nombre de guerra es Reza Amiri".

Este es el último registro de Reza Amiri

  El tribunal solicitó la siguiente información de los cuatro detenidos:

1) ¿Cómo entraron a Brasil y desde dónde llegaron?

2) ¿Cuánto tiempo estuvieron en Brasil?

3) ¿Quién es el marido de la viuda? 

4) Bases de datos de Inteligencia de Brasil, FBI, Europol, Interpol, etc.

5) Pasaron por Europa para ir a Brasil ¿Por qué no apelaron al Estatus de refugiados?

6) ¿Cuándo pasaron o pasarán por Europa?

  De acuerdo a la pesquisa, "un refugiado Kurdo es un individuo que busca protección legal de inmediato y no atenta contra la ley, comprando un pasaporte falso".

  Advierte una fuente de inteligencia, consultada por Venezuela Política, que 'adquirir un pasaporte falso atenta contra la ley y es un obstáculo para lograr obtener un asilo político'. 

  Señala que 'un pasaporte falso francés en la dark web  tiene un valor de $1500'.

¿Quién, cuándo, por qué y para qué financió la compra de los pasaportes?.

  La misma fuente se hace las siguientes preguntas sobre los detenidos:

1) Los cuatro viajaban con pasaportes falsos franceses ¿Por qué están asustados?

2) Fueron detenidos en Argentina, unos días después del escándalo de la investigación de la aeronave iraní -venezolana con bandera de Emtrasur, y que el régimen de Nicolás Maduro está tratando de recuperar, a pesar de la orden de confiscación dictada por las autoridades de los Estados Unidos. ¿Casualidad?

3) Los detenidos alegan ser perseguidos por el Estado Islámico por practicar el yazidismo, una religión preislámica de Oriente Medio de remoto origen. Entonces ¿Por qué no recorren y activan el Estado Internacional de Protección?

4) ¿Desde dónde viajaron a Brasil, y cómo se trasladaron a Argentina para ir a los Países Bajos?

5) ¿Por qué llegaron a Brasil? ¿Por qué no pidieron refugio en Brasil?

¿Por qué escogieron Brasil para llegar? ¿Viajaron desde Irak a Brasil?

6) Los cuatro son jóvenes con pasaportes falsos ¿ Con qué pasaporte entraron a Brasil? 

7) ¿Cómo es posible que un tribunal en Argentina, en pocas horas y sin referirse a la investigación en curso, decide que son iraquíes y no se da tiempo a probar que las cuatro personas son iraníes?

8) Si realmente son perseguidos, por qué se trasladan desde Brasil a Argentina, y de allí intentan irse a Europa ¿Por qué no activaron el Estatuto de Protección de Refugiados en Brasil? ¿No es más simple y seguro hacerlo en Brasil? ¿Por qué querían pedir refugio en Europa?.

    La sala del tribunal a cargo del juez Villena está a la espera más información para definir la situación de los cuatro detenidos, quienes permanecen incomunicados y bajo investigación.





miércoles, 20 de julio de 2022

Constructor beneficiario de los pagos de Interamerican Consulting se negó a declarar en el juicio de PDV USA contra la empresa de David Rivera

   A cada pregunta relacionada con los pagos del contrato suscrito entre la la filial de PDVSA en EE. UU. y la empresa del excongresista, David Rivera, la respuesta fue una negativa.

Por Maibort Petit

   En una deposición que tuvo lugar el 8 de marzo de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Hugo Perera, propietario de PG & Associates, se acogió a lo establecido en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y evitó responder todas las preguntas que se le formularon en torno al caso que se ventila en dicha instancia judicial, donde PDV USA Inc. demanda a Interamerican Consulting Inc., por incumplimiento de contrato.

  Perera, según rezan documentos judiciales, habría sido uno de los destinatarios de los USD 20 millones que David Rivera, a través de su compañía, Interamerican Consulting Inc., recibió de CITGO Petroleum Corporation a raíz del contrato suscrito con PDV USA Inc. Hugo Perera es un desarrollador urbanístico con antecedentes penales por haber estado incurso en actividades de narcotráfico en el Sur de Florida.

  Los documentos revelan que Rivera destinó el dinero al pago de los servicios de tres subcontratistas, entre ellas, PG & Associates y Agronomics, propiedad de Perera. Las citadas firmas de acuerdo a la reseña, recibieron seis pagos por USD 625.000, uno de USD 1.1 millones, que totalizaron USD 4.85 millones entre marzo y noviembre del 2017.

  Los otros pagos estuvieron dirigidos Communications Solutions Inc., empresa de la operadora política Esther Nuhfer, la cual fue beneficiaria de tres pagos de USD 750.000, dos por USD 625.000 y uno por USD 1 millón que sumaron USD 4.5 millones. Raúl Gorrín habría sido el tercero de los receptores, es específico, USD 3.75 millones, los cuales recibió a través de su empresa Interglobal Yacht.

El interrogatorio

   Durante la sesión ocurrida en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 8 de marzo de 2022, el abogado de PDV USA Inc., Brady M. Sullivan, preguntó una y otra vez a Hugo Perera pormenores del presunto esquema de lavado de dinero en el que estarían involucrados, él, David Rivera, Raúl Gorrín y Esther Nuhfer, entre otros.

  La respuesta a esta y todas las interrogantes siempre fue la misma: “Con base en el consejo del abogado, invoco mi Quinta”.

  Del mismo modo, Jason Ward Johnson, abogado de Interamerican Consulting Inc., repitió a cada pregunta de Sullivan “Objeción a la forma”, para exponer su inconformidad con la manera en que el representante del demandante formulaba sus interrogantes.

  Brady M. Sullivan inquirió a Perera sobre su conocimiento de alguna comunicación entre David Rivera y Randy Ebner en relación con el acuerdo de consultoría; si alguna vez se comunicó con Darren Woods, el director ejecutivo de ExxonMobil; si conocía alguna comunicación entre David Rivera y Darren Woods en relación con el acuerdo de servicios de consultoría; si alguna vez se comunicó con el excongresista de los Estados Unidos Sam Johnson; si conoció alguna comunicación entre David Rivera y Sam Johnson en relación con el acuerdo de consultoría.

 Cada una de estas interrogantes era rematada con: “hasta donde usted sabe, nunca se produjeron tales comunicaciones; ¿Correcto?”.

  Y Hugo Perera  invocaba nuevamente la Quinta Enmienda.

  Sullivan le preguntó a Perera si se había comunicado con con el político venezolano Henry Ramos Allup y el testigo se negó a contestar nuevamente.

“¿Sabes quién es?”, repreguntó Sullivan cómo también le requirió referir si tenía conocimiento si David Rivera había tenido comunicación con Henry Ramos Allup en relación con el acuerdo de consultoría.

 También le preguntó si se había comunicado con político venezolano Oliver Blanco y si sabía de alguna comunicación entre Rivera y Blanco.

“Con base en el consejo de un abogado, invoco mi Quinta”, volvió a ser la respuesta de Perera.

 Sullivan insistió: “Nuevamente, centrándome en el acuerdo de consultoría aquí en el Anexo 1, que comienza en la página PGA 0055, mi pregunta, señor, es, ¿está al tanto de algún lavado de dinero que haya ocurrido en relación con este contrato?”.

  Y volvió con las preguntas “¿Estuvo involucrado en el lavado de dinero en relación con este contrato?” y “¿Sabe quién más estuvo involucrado en el lavado de dinero en relación con el acuerdo de consultoría?”, así como también: “¿No es cierto que Raúl Gorrín participó en el blanqueo de capitales en relación con este contrato?”.

  Y entonces Brady M. Sullivan se enfiló a requerir de Hugo Perera sí sabía que los pagos realizados en virtud del contrato se utilizaron para sobornar a funcionarios del gobierno; si sabía de quién era el dinero que se utilizó para sobornar a funcionarios gubernamentales en relación con este contrato; si estuvo involucrado en orquestar sobornos a funcionarios gubernamentales en relación con el contrato; si sabía quién más estuvo involucrado en orquestar sobornos a funcionarios gubernamentales en relación con el contrato; y si no era cierto que Raúl Gorrín estuvo involucrado en orquestar sobornos a funcionarios del gobierno en relación con el contrato.

  Y como en todo el interrogatio, la respuesta volvió a ser la misma, acogerse a su derecho de no autoincriminarse garantizado en el Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La Quinta Enmienda

  Con la invocación de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, Hugo Perera se acogía a su derecho de no autoincriminarse.

  La Quinta Enmienda es parte de la Declaración de Derechos y la misma garantiza algunas protecciones a la persona acusada de un delito o que participa en un procedimiento legal. También se refiere al derecho contra la autoincriminación, lo cual se extiende a las jurisdicciones estatales y locales.

 Textualmente, la Quinta Enmienda reza: “Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le obligará a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización”

[1] PG & Associates. https://pgandassociatesinc.com/


miércoles, 13 de julio de 2022

Así ayudó Luis Fernando Vuteff a los Bolichicos a la lavar el dinero proveniente de la corrupción en PDVSA

 Steinmann, Vuteff y sus co-conspiradores fueron contratados para lavar una parte de las ganancias de los fondos irregulares obtenidos por las vías ilícitas en la petrolera estatal.

Por Maibort Petit

    La declaración jurada de un agente de Seguridad Nacional de los EE. UU. da sustento a la acusación contra Ralph Steinman y Luis Fernando Vuteff por su colaboración en las operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por Francisco Convit Guruceaga, Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Hugo André Ramalho Gois, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí y Abraham Edgardo Ortega, para ocultar la naturaleza de los fondos ilícitos provenientes de negociaciones irregulares con Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Certificación del denunciante

  Alan G. Vega, Agente Especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS), ratificó su denuncia contra Ralph Steinman y Luis Fernando Vuteff, por Conspiración para cometer lavado de dinero, en violación a lo dispuesto en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956(h).


La declaración jurada

  El 12 de junio de 2022, Alan G. Vega, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, presentó una declaración jurada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que preside la juez magistrado, Alice M. Otazo Reyes, por medio de la cual acusa a contra Ralph Steinman y Luis Fernando Vuteff del delito de Conspiración para cometer lavado de dinero.

  Esta declaración jurada se realiza en apoyo de una denuncia penal que acusa a Ralph Steinmann y Luis Fernando Vuteff de conspiración para realizar a sabiendas una operación financiera que afecta el comercio interestatal y extranjero, la cual involucró el producto de una actividad ilícita específica y sabiendo que dicha transacción fue diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de actividades ilícitas específicas actividad, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956(a)(1)(B); todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956(h) y 1956(f). Además, se alega que la actividad ilegal especificada es (a) un delito grave de violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en violación del Título 15, Código de los Estados Unidos, sección 78dd-3, y (b) un delito contra una nación extranjera que involucra soborno de un funcionario público, y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público.

La conspiración

  La declaración jurada de Alan G. Vega describe la que conspiración de lavado de dinero que supuestamente habrían cometido los acusados y que constituye la causa probable de su acusación.

  Refiere que la conspiración tuvo lugar alrededor de diciembre de 2014 y se extendió hasta alrededor de 2018, desarrollando un esquema de cambio de divisas que involucró aproximadamente USD 600 millones de PDVSA, obtenidos a través de sobornos y corrupción. Steinmann, Vuteff y sus co-conspiradores fueron contratados para lavar una parte de las ganancias de ese ardid, incluso mediante la coordinación del movimiento de fondos con una persona que trabajaba como fuente confidencial (CS).

   Se explica que Venezuela mantenía un sistema de cambio de moneda extranjera bajo el cual el gobierno cambiaba la moneda local (bolívares) a una tasa fija por dólares estadounidenses, la cual estaba muy por debajo de la verdadera tasa económica. Esto se mantuvo durante varios años. La diferencia entre la tasa fija y la verdadera tasa económica creaba oportunidades para el fraude y el abuso.

  Se informa que, en diciembre de 2014, Convit y Urdaneta Aqui se acercaron a la fuente confidencial (CS), antes de que esta trabajara con las fuerzas del orden público, con una oferta para que reembolsara 100 millones de dólares estadounidenses a un bolívar favorable con el tipo de cambio fijado por el gobierno venezolano, y sin que la CS tuviera que adelantar los bolívares para la transacción. La fuente confidencial esperaba recibir un contrato simple de compraventa de divisas (forex) para conmemorar el acuerdo con Convit y Urdaneta Aquí.

  En enero de 2015, Convit, Urdaneta Aquí y la fuente confidencial continuaron discutiendo y facilitando la transacción forex propuesta, a menudo a través de chats de BlackBerry Messenger y mientras Convit estaba presente en la Distrito sur de Florida, según registros de viajes y otros registros de EE. UU. 

  La fuente confidencial ordenó a Convit que transfiriera los fondos de la Institución Financiera Europea 1 en Malta a una cuenta perteneciente a un fideicomiso en las Bahamas, de la cual era el beneficiario final. Convit estuvo de acuerdo e informó a la CS que los fondos llegarían en euros y no en dólares estadounidenses.

 Para febrero de 2015, la fuente confidencial había recibido aproximadamente 78,8 millones de euros en el fideicomiso de la Institución Financiera Europea 1 en cuatro transferencias electrónicas separadas a partir del 14 de enero de 2015. Para febrero de 2015, a pedido de la fuente confidencial, Convit le envió un documento (PDF) para justificar las transferencias entre la Institución Financiera Europea 1 y el fideicomiso de la fuente confidencial. Se trataba de un contrato de empresa conjunta entre una empresa fantasma de Hong Kong, Eaton Global Services Limited y el fideicomiso de CS, supuestamente firmado por el síndico de CS.

 La fuente confidencial solicitó los contratos de intercambio subyacentes originales y Convit respondió que Urdaneta Aqui tenía copias físicas y las entregaría. Días después en Venezuela, CS recibió los documentos en persona y Urdaneta Aquí le explicó que los obtuvo del Conspirador 1, quien como funcionario de PDVSA era responsable, en parte, de aprobar los documentos.

 Estos documentos muestran que la transacción se disfrazó como un arreglo de “financiamiento”, utilizando los siguientes tres documentos:

 a. Un contrato de préstamo, de fecha 17 de diciembre de 2014, entre PDVSA y Rantor Capital C.A. donde esta última acordó prestar 7.200 millones de bolívares a PDVSA. El contrato de préstamo fue suscrito por el “Funcionario 1 de Venezuela” como vicepresidente de PDVSA y se le colocó el sello de la Oficina del Abogado General de PDVSA;

b. Un contrato de cesión, de fecha 23 de diciembre de 2014, entre Rantor y Eaton, en el cual la primera cede sus derechos como acreedor de PDVSA bajo el contrato de préstamo a Eaton y en el cual PDVSA tiene el derecho de cancelar la deuda dentro de 180 días pagando 600 millones de dólares estadounidenses; y

c. Una carta de notificación de cesión, fechada el 23 de diciembre de 2014, en la que Eaton informa a PDVSA (a través del Oficial venezolano 1) de la cesión y sugiere que PDVSA reembolse el préstamo de 7.200 millones de bolívares en euros equivalente a 600 millones de dólares estadounidenses. La carta incluía instrucciones para que PDVSA transfiriera los fondos a cuentas en la Institución Financiera Europea 1 en beneficio de Eaton.

 A través de estos contratos, Eaton obtuvo el derecho a pagar a PDVSA aproximadamente 7.200 millones de bolívares (con un valor aproximado de 35 millones de euros en el mercado cambiario no gubernamental) y recibir aproximadamente 510 millones de euros, de los cuales aproximadamente 78,8 millones de euros fueron enviados a la fuente confidencial. La información proporcionada por testigos cooperantes reveló que una parte de los 78,8 millones de euros se iba a distribuir a Urdaneta Aquí, Conspirador 1 y al Oficial venezolano 1 como pagos de soborno por su papel en la aprobación del contrato de préstamo. El conspirador 1 recibiría aproximadamente 15 millones de dólares estadounidenses por su papel como funcionario de PDVSA en la aprobación del contrato de préstamo.

  En abril de 2015, la fuente confidencial comenzó a realizar pagos en efectivo en Venezuela bajo la dirección de Urdaneta Aqui y Conspirator 1, incluso a Urdaneta Aquí, Conspirator 1 y Oficial Venezolano 1, que en última instancia ascenderían a más de 1 millón de dólares estadounidenses.

  En total, la fuente confidencial realizó transacciones por un total de 15 millones de euros durante el verano de 2015, incluidas varias transacciones electrónicas en dólares estadounidenses en la dirección del Conspirador 1 y de los conspiradores.

CS graba a los conspiradores

  Se describe en la declaración jurada que, a partir de febrero de 2016, la fuente confidencial grabó conversaciones con Conspirador 1 y otros conspiradores, incluido Steinmann, pero excluyendo a Vuteff. En dichas conversaciones, reconocieron explícitamente la conspiración de lavado de dinero y la corrupción subyacente. Durante este tiempo, la fuente confidencial trabajó con Urdaneta Aqui, Ortega y Conspirator 1 para dar cuenta y distribuir las ganancias del soborno entre ellos mismos y a otros y para asegurarse de que Amparan proporcionara los contratos falsos adicionales necesarios.

  El registro de una reunión llevada a cabo el19 de febrero de 2016 con Urdaneta Aquí, la fuente confidencial se quejó de que necesitaba documentos adicionales de Amparan, en lo que Urdaneta Aqui estuvo de acuerdo y dijo que le escribiría (a Amparan), Convit y “Conspirador 2” para “molestarlos” con los contratos.

  Una grabación de una reunión sostenida con Ortega el 22 de febrero de 2016, muestra que este y la fuente confidencial discutieron cómo mover el dinero de la fuente confidencial (CS) a Ortega. El conspirador 1 acordó transferir una parte de sus ganancias ilícitas de los fondos de Eaton-Rantor a Ortega como pago de soborno por su cooperación en un plan de empresa conjunta anterior y por separado. La fuente confidencial explicó que mover el producto del soborno de Ortega no era sencillo.

 Finalmente, la fuente confidencial y Ortega revisaron algunos formularios de apertura de cuenta y discutieron cómo Ortega podría evitar declararse como una persona políticamente expuesta  en el banco KYC.

  En una conversación grabada del 23 de febrero de 2016 con el “Conspirador 3” (pariente del Conspirador 1), la fuente confidencial explicó que existía el riesgo de que el síndico verificara la operación” y encontrara que “los muchachos hicieron un trato falso, falsificando las firmas de estos muchachos que están allí”.

 En una reunión grabada del 7 de marzo de 2016 con Urdaneta Aqui en Panamá, la fuente confidencial relataron la recepción y el gasto de las Ganancias del Soborno hasta la fecha, más de 78 millones para el momento.

 En esta reunión, Urdaneta Aquí y Conspirator 1 revisaron una hoja de cálculo de todos los pagos y gastos en efectivo creados por la fuente confidencial; cada uno reconoció el contenido del documento, escribió notas en él, marcó transacciones y, en última instancia, lo fechó. La fuente confidencial proporcionó una copia de este documento a HIS-Miami con las notas manuscritas de Urdaneta Aquí y Conspirator 1. Incluidos en la hoja de cálculo están los pagos de sobornos al Funcionario venezolano 1.

El papel de Steinmann y Vuteff

  En la declaración jurada, el agente Alan Vega dice que durante la investigación, las fuerzas del orden público obtuvieron un correo electrónico fechado en septiembre de 2015, donde Vuteff le escribió a Amparan y Steinmann e incluía una hoja de cálculo que documentaba la distribución de las ganancias del soborno de Eaton-Rantor entre los conspiradores. La hoja de cálculo contenía diferentes hojas de trabajo, incluida una etiquetada identificada como "Salida Boli" que sugiere que aproximadamente € 227.265.537,52 en ingresos de Eaton Rantor se distribuyeron a Convit y/o sus conspiradores a través de transferencias a entidades controladas por estos. La posesión de estos documentos muestra que Steinmann y Vuteff participaron en el lavado de las ganancias del soborno y las fuerzas del orden continuaron investigando sus roles en el esquema de lavado de dinero, que incluía la transferencia electrónica de dinero desde Europa al Distrito Sur de Florida.

  Se indica que a mediados de 2016, en una reunión en persona, Amparan presentó a Urdaneta Aquí a Steinmann, Vuteff y Ramalho Gois, quienes acordaron ayudar al primero a obtener acceso a sus ganancias ilícitas que estaban siendo controladas por la fuente confidencial. Además, Urdaneta Aqui informó su papel como exfuncionario del gobierno a Amparan, Steinmann, Vuteff y Ramalho Gois y explicó que la fuente de sus fondos procedía de sobornos recibidos mientras era funcionario.

  Amparan, Steinmann, Vuteff y Ramalho Gois ayudaron a Urdaneta Aquí a ocultar la naturaleza, el origen y la ubicación de sus ganancias por soborno, siendo una d e las f ormas sugeridas la compra y transferencia de un condominio en Miami (Miami condo).

  En una llamada grabada del 17 de mayo de 2016, Urdaneta Aquí discutió con la fuente confidencial la transferencia del condominio en Miami bajo el pretexto de que la transferencia era una tarifa por los servicios de lavado de dinero de Amparan, cuando en realidad Urdaneta Aquí quería obtener acceso al dinero a través de la venta del mismo y animar a la fuente confidencial a trabajar con Amparan y otros para lavar las ganancias del soborno bajo su custodia. Previamente, el 24 de enero de 2013, Urdaneta Aquí, a través de su esposa, celebró un contrato de compraventa del Condominio Miami por aproximadamente USD 5.300.000. Desde febrero de 2013 hasta alrededor de mayo de 2013, Urdaneta Aqui provocó la transferencia de un total de aproximadamente USD 1.590.000 en una cuenta de depósito en garantía para la compra del Condominio en Miami que se estaba construyendo.

  El 26 de mayo de 2016, Paladium Real Estate Group LLC se estableció como una compañía de responsabilidad limitada de Florida en la que se nombró a la esposa de Urdaneta Aquí como gerente de la empresa. El 16 de septiembre de 2016, el familiar de Amparan fue designado como administrador único de Paladium.

  El 12 de enero de 2017, el título del condominio en Miami se transfirió a Paladium a través de una escritura de garantía especial del desarrollador. El resto del precio de compra de USD 5.300.000 del Condominio Miami, que totalizó aproximadamente USD 3.815.379,78, se pagó mediante transferencia desde una cuenta bancaria en el extranjero controlada por Ramalho Gois. Estas transferencias bancarias de Ramalho Gois se realizaron después de que Vuteff le envió un correo electrónico con copia a Steinmann, fechado aproximadamente el 9 de enero de 2017, con las instrucciones de transferencia y la cantidad total de dinero necesaria para transferir a cierre en el condominio de Miami.

  Steinmann y Vuteff hicieron que una cuenta bancaria controlada por Ramalho Gois transfiriera aproximadamente USD 3.815.379,78 en cuatro transferencias separadas al Distrito Sur de Florida.

  De acuerdo a la información de los testigos cooperantes, el dinero utilizado para completar la compra del condominio de Miami provino de Steinmann, Vuteff y Amparan. El dinero de Amparan procedía de una cuenta que tenía en la Institución Financiera Europea 1.

  Se agrega que desde agosto de 2016 hasta septiembre de 2017, Steinmann y Vuteff dirigieron transferencias electrónicas y estaban al tanto de transferencias electrónicas relacionadas con Paladium Group y Miami Condo, incluido el envío de transferencias electrónicas directamente al Distrito Sur de Florida o a través de Bancos corresponsales de EE. UU.

  Se explica que los esfuerzos de Amparan y Urdaneta Aqui para lavar las ganancias del soborno continuaron desde alrededor de 2016 hasta alrededor de 2018.

  En la segunda mitad de 2016, Urdaneta Aqui se reunió con Steinmann, Vuteff y Ramalho Gois en Madrid, España y les explicó a los tres los problemas que estaba teniendo al recibir sus fondos de la fuente confidencial. Steinmann, Vufett y Ramalho Gois le propusieron a Urdaneta Aqui estructuras y transacciones financieras, incluida una fianza en mora, que podrían ayudarlo a obtener los ingresos del soborno.

  El 21 de noviembre de 2016, en el chat de Blackberry Messenger (BBM), Amparan proporcionó los detalles a la fuente confidencial de la compra fraudulenta de bonos que formaba parte del plan de lavado de dinero de bonos en mora, y explicó que el bono será comprado a través de un corredor de bolsa del Reino Unido.

  El 1 de marzo de 2017, reunión registrada en Madrid, la fuente confidencial se reunió con Urdaneta Aquí, Amparan, Steinmann y Ramalho Gois, en las oficinas de European Company 1, una empresa de inversión inmobiliaria que también era, en parte, una empresa fachada. Urdaneta Aquí fue grabado explicando a la fuente confidencial que no debería preocuparse por el falso contrato de empresa conjunta y ser atrapado porque solo tenían que preocuparse por Estados Unidos y los "estadounidenses" … no tienen jurisdicción”. El objetivo de la reunión era que la fuente confidencial se sintiera cómoda con la “operación” propuesta por Amparan.

   Durante la reunión, Urdaneta Aqui le explicó a Steinmann que había algunos problemas con los documentos presentados a un banco (según la fuente confidencial, su firma fue falsificada en un documento entregado a un banco) y que él quería “resolver eso de la mejor manera y no dejar que nadie se alarme ante cualquier sospecha”, a lo que Steinmann responde “por supuesto que no”.

  El 26 de abril de 2017, la fuente confidencial, a pedido de Ramalho Gois y Urdaneta Aqui, compró GILT del Tesoro del Reino Unido por 5 millones de libras esterlinas. El 20 de junio de 21017, a pedido de Ramalho Gois, ordenó a su banco que "entregue gratis" el GILT a una cuenta abierta para CS en el corredor de bolsa del Reino Unido. Según la fuente confidencial, entendió que Ramalho Gois supervisaría una operación para cambiar el GILT por un bono sin valor por separado, por lo que los fondos podrían finalmente transferirse y ocultarse para Urdaneta.

  A partir de entonces, la fuente confidencial, Ramalho Gois y Urdaneta Aquí continuaron discutiendo el movimiento del saldo de la porción de Urdaneta Aquí de las ganancias del soborno hasta 2018, pero no se movieron más fondos.

  El 11 de octubre de 2017, Amparan envió un correo electrónico a Urdaneta Aquí con copia a Steinmann y Vuteff donde explicaba los costos asociados con ciertas transacciones que estos realizaron en nombre de Urdaneta Aquí. Amparan dijo que parte de la razón por la que los costos fueron tan altos se debió al “riesgo” involucrado en las transacciones. Además, describió cómo se podrían ahorrar costes en una “operación futura”, que Urdaneta Aquí entendió como el uso de los servicios de blanqueo de capitales de Amparan, Steinmann y Vuteff.

  En una reunión registrada el 11 de diciembre de 2017 en el Reino Unido, Ramalho Gois explicó a la fuente confidencial cómo European Company 1 era la empresa fachada que respaldaba la operación de lavado de dinero con el bono falso, y que Ramalho Gois, Amparan, Steinmann y Vuteff fueron los directores.

La interacción del conspirador 1 con Steinmann, Vuteff y Amparan

  El conspirador 1, que también recibió dinero por su participación en el esquema de soborno, se reunió con Amparan, Steinmann y Vuteff en Europa para discutir cómo obtener acceso a su parte de las ganancias del soborno en algún momento a fines de 2016.

  Urdaneta Aqui informó a Conspirator 1 que había informado a Amparan, Steinmann y Vuteff sobre el verdadero origen de los fondos de Conspirator 1 y que este sabía que Urdaneta Aqui utilizó los servicios de Amparan, Steinmann y Vuteff para lavar Urdaneta fondos de los sobornos.

   En su primera reunión, Amparan instruyó al Conspirador 1 para que confiara en Steinmann y Vuteff y hablara libremente durante la reunión. Esta discusión fue una prueba más de que Steinmann y Vuteff sabían que los fondos del Conspirador 1 provenían de sobornos que recibió como funcionario del gobierno. Steinmann y Vuteff fueron presentados como banqueros y conspiradores.

  Durante la reunión, Conspirator 1 discutió el Esquema de préstamos Eaton Rantor con Steinmann y Vuteff y explicó cómo funcionaba el esquema, incluidos los detalles del mecanismo de préstamo y el cambio de moneda.

  Steinmann y Vuteff decidieron que, debido a la riqueza familiar del Conspirador 1, se abriría una cuenta familiar para este en una institución financiera europea para ocultar la verdadera naturaleza de los fondos depositados en la cuenta.

  En mayo de 2017, Vuteff proporcionó a Conspirador 1 documentos para abrir una cuenta en la Institución Financiera Europea 1 y lo ayudó a completar los formularios de apertura de cuenta. En el papeleo, Vuteff minimizó el trabajo del Conspirador 1 en PDVSA.

  Steinmann y Vuteff hicieron que se abriera una cuenta en la Institución Financiera Europea 1 para el Conspirador 1.

  El contacto del Conspirador 1 con Vuteff continuó en 2018 con respecto a los fondos ilícitos en la Institución Financiera Europea 1 y el primero estuvo en contacto con la fuente confidencial alrededor del 16 de mayo de 2018, solo un par de meses antes de la acusación de Ramalho Gois, Urdaneta Aquí y otros co-conspiradores en julio de 2018.

Quitan sello a la causa

  El 22 de junio de 2022, Jonathan Hoodman, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, aprobó la orden de apertura de la denuncia penal, órdenes de arresto y cualquier otro documento presentado en este caso penal contra Ralph Steinman y Luis Fernando Vuteff, presentados ante esa instancia judicial bajo sello el 12 de junio de 2022.

   El magistrado ordenó que se conceda la Moción de quitar el sello a la Querella Penal, Órdenes de Aprehensión, órdenes y cualquier otro documento presentado en el caso penal.


martes, 7 de junio de 2022

Las múltiples diligencias de CITGO para que José Manuel González Testino y su empresa respondan ante la justicia de Texas

  La táctica de González Testino es hacerse el desentendido ante los requerimientos de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit 

   CITGO Petroleum Corp. presentó una moción ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas a objeto de que se obligue a testificar a Sergio Omaña, presidente, director y agente registrado de Petroleum Logistics Service USA, Inc. (PLS USA), subsidiaria de Petroleum Logistics Service Corp. (PLS) en Miami, la empresa de José Manuel González Testino que la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en EE. UU. demanda por incumplimiento de contrato, fraude y violación a la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO). El pedido estuvo acompañado por una serie de documentos que demuestran las múltiples diligencias realizadas la demandante con el objetivo de que Omaña y la empresa respondiera a la citación.

En esta entrega presentamos algunos de estos documentos.

Los correos

  Entre el 1 y el 12 de diciembre de 2021, hubo un cruce de correos electrónicos entre el abogado de CITGO y el abogado de Sergio Omaña, Peter González.

  Luego de que CITGO contratara los servicios de un notificador que el 1 de diciembre de 2021 le entregó correcta y personalmente la citación a Sergio Omaña en su residencia conocida en 28706 Shoalhaven Court, Fulshear, TX 77441, se produjo una conversación telefónica el 2 de diciembre Sergio Omaña y el abogado de la filial de PDVSA, quien preguntó si tenía un abogado que lo representara. Dado que Omaña respondió que Peter González de la firma Sanchez-Medina, Gonzalez, Quesada, Lage, Gomez & Machado LLP, era su abogado, se dio por concluida la conversación.

  Un correo fechado el 1 de diciembre de 20121, remitido por Damarys Martínez, asistente de Peter González, dirigido a Michael Gottieb, abogado de la firma Willkie Farr and Gallagher LLP, que representa a CITGO, informaba González fue contratado por Javier Aurrecoechea y Petroleum Logistics Service Corp.

  Martínez le indicó a Gottieb que las declaraciones programadas para el día 2 de diciembre no se llevarían a cabo, agregando que Peter González se comunicaría en dicha fecha para reprogramar las deposiciones.

   Sólo hasta el 7 de diciembre de 2021, el abogado de CITGO, Andrew English, le remitió a Damarys Martínez —con copia Peter González, a Michael Gottlieb, James Kellner, Robert Meyer y Andrew Bouriat— un correo para pedirle posibles fechas para la declaración e informar cuándo se producirían los documentos de respuesta. Igualmente, English quería confirmar que González, efectivamente, representara a Sergio Omaña.

   Peter González contestó el mismo día refiriendo que no estaba seguro de representar a Omaña. Le dijo que tenía entendido que Sergio Omaña es el representante corporativo de Petroleum Logistics Service USA, Inc. (PLS USA) y, en ese caso, lo representaría como efectivamente representa a a Javier Aurrecoechea y PLS, pero se comprometió a confirmar que así fuera y s elo haría saber. Se excuso diciendo que se encontraba de viaje hasta el 13 de diciembre y pidió una copia de la declaración jurada/devolución de servicio y de las citaciones para Omaña y Aurrecoechea.


    El 12 de diciembre de 2021, Andrew English le envió un nuevo correo electrónico a Peter González donde le informó del incumplimiento contra los demandados José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp. (PLS) al que le había dado entrada el Tribunal. También de dio a conocer que la Corte había autorizado el descubrimiento de Sergio Omaña, de Javier Aurrecoechea y de Petroleum Logistics Service USA, Inc. (PLS USA), entre otros.

   Andrew English adjuntó al correo toda la documentación judicial y le recordó que estaban solicitando una declaración de PLS USA lo que significaría la declaración de Sergio Omaña como el representante designado de PLS USA. Le solicitó programar dicha declaración con prontitud y proporcionar las fechas en las que Omaña estaría disponible.

  Dado que PLS USA y Aurrecoechea tampoco habían cumplido con los plazos en los que debían producir documentos de respuesta, pidió que antes del 15 de diciembre se produjeran. Puntualizó que, según la citación entregada a Sergio Omaña, debe presentar los documentos antes del 22 de diciembre de 2021.

   Peter González no le respondió a Andrew English este correo ni otros cuatro que remitió entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

   El 20 de diciembre de 2021, Andrew English, le escribió a Peter González y a Damarys Martínez, para reiterar la información sobre la citación a PLS USA y Javier Aurrecoechea y el incumplimiento de ambos a los plazos en los que debían producir documentos en respuesta a dichas citaciones y/o presentar objeciones.

  También refirió que ya anteriormente le había solicitado proporcionar una fecha en la que ambos producirían documentos y una lista de posibles fechas para una declaración de PLS USA. Al no haber recibido respuesta, English reiteró el pedido y alertó que, de no hacerlo antes del 27 de diciembre de 2021, se verían obligados a presentar mociones para obligar.

   El 4 de enero de 2022, Andrew English envió un correo electrónico a Peter González, Damarys Martínez, advirtiendo que, en razón de no haber recibido la documentación requerida de su cliente, Javier Aurrecoechea, así como tampoco ninguna respuesta a los correos remitidos, se vieron obligados a presentar una moción para obligar a Aurrecoechea a presentar documentos. Adjuntaron una copia de cortesía de la moción.

  Igualmente hizo mención al hecho de que se había entregado la citación a Sergio Omaña conminándolo a presentar documentos antes del 22 de diciembre de 2021, por lo que al haber transcurrido la misma sin respuesta, presentarían una moción para obligar si no había entrega de documentos u objeciones antes del 12 de enero de 2022 a las 5:00 p. m.

   El 6 de enero de 2022, Andrew English, envió un correo a Peter González y Damarys Martínez, para referirles que, al revisar sus registros, notó que cuando PLS USA recibió personalmente la citación, la citación no se entregó con una tarifa de asistencia. En tal sentido, le preguntó al abogado González si su cliente aceptaría un cheque por la tarifa de asistencia y el kilometraje estimado, así como un horario a su conveniencia.

  English alertó que de no aceptar el ofrecimiento procederían a prestar servicio a PLS USA, algo que esperaban no sucediera para evitar un retraso innecesario. Pidió una respuesta antes del lunes 10 de enero de 2022, pues si no volverían a entregar la citación.

    El 19 de enero de 2022, Andrew English le escribió a Peter González y Damarys Martínez, para informarle que el día 18 de enero de 2022, su cliente, PLS USA, había recibido una citación y un cheque por la tarifa de comparecencia y el millaje estimado. La deposición se programó para el 7 de febrero de 2022.

    El 2 de febrero de 2022, Andrew English remitió un correo a Peter González y Damarys Martínez, para informarle que el 18 de enero de 2022, su cliente, PLS USA, recibió una citación para presentar documentos y hacer que un representante compareciera para una declaración. La fecha del evento era el 7 de febrero.

  Dado que no habían recibido ninguna comunicación de González en la que indicara si PLS USA planeaba o no producir documentos o comparecer para la declaración y en razón de que tampoco habían recibido ninguna objeción a la citación, la cual de conformidad con la norma vencían el 1 de febrero de 2022, se entendía que PLS USA había renunciado a cualquier objeción a la citación y estaba obligado a cumplir con las solicitudes de documentos en la misma, así como con la solicitud de declaración.

  En virtud de que, igualmente, no habían recibido respuesta al correo del 19 de enero solicitando que una reunión y consulta sobre la citación y los temas que querían, de no recibir contestación antes de las 6 de la tarde de ese mismo día 2 de febrero, asumirían que PLS USA no tener la intención de comparecer para la deposición de ese día ni para la deposición del 7 de febrero, presentarían una moción para obligar a PLS USA a cumplir con la citación.


   El 7 de febrero de 2022, Andrew English le escribió a Peter González y a Damarys Martínez, para preguntar si tenían la disponibilidad para una reunión y conferencia esa semana con respecto a la declaración de PLS USA.


   El 7 de febrero de 2022, Peter González le escribió a Andrew English, para informarle que no había recibido respuesta de su parte sobre el correo escrito el 19 de enero de 2022, porque los correos enviados habían ido a su buzón de correo no deseado. Precisó que Sergio Omaña lo había llamado respecto a la citación para PLS USA, advirtiendo que la misma no se entregó personalmente sino que se la dejaron en la oficina.

  Le advirtió que no era necesario que presentará una moción para obligar este asunto, puesto que PLS USA tenía la intención de comparecer y presentar los documentos.


  El 8 y 9 de febrero de 2022, Andrew English le escribió a Peter González y Damarys Martínez, para referirles que se encontraba haciendo un seguimiento de la programación de una reunión y conferencia esa semana para la declaración de PLS USA. También le informó que llamó a su oficina y lo dirigieron al correo de voz de Damarys, donde dejó un mensaje.

   El 14 de febrero de 2022, Andrew English, le remitió un correo a Peter González y Damarys Martínez, para programar una reunión y conferencia para la deposición de PLS USA y para obtener posibles fechas para esa deposición. Indicó que había enviado varios correos electrónicos y varios mensajes de voz haciendo el pedido, pero no habían respondido. Alertó que de no responder el 16 de febrero de 2022 antes de las 5 de la tarde, procederían a obligar a PLS USA a cumplir con la citación.

   El 15 de febrero de 2022, Damarys Martínez escribió a Andrew English, para informar que Peter González tenía disponibilidad para reunirse y consultar el asunto de la citación bien el 22 de febrero o el 23 de febrero después de las 11:00 a. m. en ambas fechas.

  El 16 de febrero de 2022, Andrew English informó a Damarys Martínez y Peter González que podían hablar a las 3:30 p.m. (hora del Este) el martes 22 de febrero.

   El 22 de febrero de 2022, Andrew English le envió un correo a Damarys Martínez y Peter González, para actualizar la declaración de González para el 23 de febrero a las 3:15 p. m, dado que habían no podían para el 22 de febrero como habían convenido anteriormente.

   El 23 de febrero de 2022, Damarys Martínez informó a Andrew English que por la muerte de un familiar, Peter González no estaría disponible para la reunión de ese día. Pidió reprogramar para la próxima semana.

  La respuesta de English fue, luego de lamentar el hecho, reprogramar para el 28 de febrero, advirtiendo que también estarían disponibles para el 1 de marzo de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 12:00 p. m. a 13:30 (todos los tiempos del este). Este información se reiteró en otro correo el 25 de febrero de 2022.

  El 1 de marzo de 2022, Andrew English escribió a Damarys Martínez para pedir la disponibilidad de Peter González para el 2 y el 3 de marzo para reunirse y consultar sobre la citación de PLS USA.

  El 12 de abril de 2022, Andrew English, remitió un correo electrónico a Peter González y Damarys Martínez, para conminarlo a consultar una orden que adjuntaba en la que el Tribunal para el Distrito Sur de Florida obligaba a su cliente, PLS USA, a presentar documentos y asistir a una declaración. Le pidió que le hiciera saber en qué fecha recibirían los documentos de respuesta, así como la disponibilidad de su cliente para una deposición las semanas del 16, 23 y 30 de mayo.

  También le refirió el caso de Sergio Omaña quien fue citado para que presentara documentos, lo cual no hizo, como tampoco ninguna objeción a la citación. En virtud de ello, English pidió, a la luz de la orden judicial que obliga a PLS USA a presentar documentos y asistir a una declaración, que Omaña también aceptara presentar los documentos. Si no recibían respuesta antes del 14 de abril a las 5:00 p. m., presentarían una moción para obligar.