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miércoles, 24 de febrero de 2021

David Rivera asegura que Corte de Nueva York carece de jurisdicción para atender demanda contra su empresa interpuesta por PDV USA

Sostiene que PDV USA no tiene nada qué reclamar.

Por Maibort Petit

   David Rivera presentó una declaración jurada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York acompañada de documentación que él considera, comprueba la falta de jurisdicción del citado tribunal para dirimir la demanda que, contra su empresa, de Interamerican Consulting Inc., presentó PDV USA Inc. por incumplimiento de contrato y en reclamo de la devolución de los pagos realizados.

  Ante la citada corte, PDV USA reclama a Interamerican Consulting el reintegro de USD 15 millones que la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) pagó a la demandada de un total de USD 50 millones, correspondientes a un contrato por servicios de cabildeo que, la demandante, sostiene que nunca se cumplieron.

   Interamerican, propiedad del excongresista de los Estados Unidos, es calificada por fuentes ligadas al caso, como una empresa de maletín o fachada, la cual fue registrada en el estado de la Florida en 2017.

  Rivera y su empresa sostienen que PDV USA cedió los derechos del contrato a PDVSA y, por ello, la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde se dirime el caso, carece de jurisdicción para ello.

  En la misma fecha, 18 de febrero de 2021, presentó un memorando en apoyo a sus mociones para desestimar la demanda, argumentando que PDV USA cometió varios errores y omisiones “que son fatales para la Demanda Enmendada por motivos jurisdiccionales y de alegato”.

  Insiste en el alegato de que PDV USA cedió sus derechos a PDVSA y no ha presentado nada que lo desmienta.

La declaración de Rivera

  El 18 de febrero de 2021, David Rivera, declaró bajo pena de perjurio ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que es presidente de Interamerican Consulting Inc., empresa demandada por PDV USA Inc. en la referida instancia judicial —caso Nº 20-cv-3699-JGK—, en apoyo de las mociones de rechazo interpuestas por la compañía que representa.

   Aclaró, en primer término, que los hechos por él narrados se basan en su propio conocimiento personal, al tiempo que agregó que, en caso de ser llamado como testigo, testificaría.

  Informó que la Asamblea Nacional de Venezuela nombró la junta administrativa ad hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) el 13 de febrero de 2019, la cual se presenta como Anexo A su declaración con traducción certificada.

   En dicha resolución del Poder Legislativo venezolano, se establece que, la referida junta directiva ad hoc de PDVSA deberá asumir las funciones de la asamblea de accionista y junta directiva de la empresa estatal para actuar en su nombre y como única accionista de PDV Holding Inc. y proceder a designar a su junta directiva y, en consecuencia, nombrar el directorio de CITGO Holding Inc. y de CITGO Petroleum Corporation.

  Allí se autorizó a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para hacer el nombramiento y, en tal sentido, este designó a Simón Antunes, Gustavo J. Velásquez, Carlos José Balza, Ricardo Alfredo Prada y David Smolansky como integrantes de la junta directiva ad hoc de PDVSA.

   La junta directiva de PDV Holding Inc. quedó integrada por Luisa Palacios, Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolero y Andrés Padilla.

  La junta directiva de Citgo Holding Inc. la conformaron Luisa Palacios, Edgar Rincón, Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez; Javier Troconis y Rick Esser.

  A su vez, la junta directiva de Citgo Petroleum Corporation estaba formada por Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmetta, Andrés Padilla y Rick Esser.

  Igualmente, David Rivera acompañó su declaración jurada por el Anexo B, copia fiel y correcta del estado de cuenta bancaria de Interamerican Consulting Inc, del 31 de octubre de 2017.


  En dicho estado de cuenta, se observa un pago de USD 5.000.000 realizado por PDVSA el 27 de octubre de 2017.

  Del mismo modo, Rivera adjuntó el Anexo C, copia fiel y correcta del formulario de registro presentado por PDV USA Inc. bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

  En dicho documento se explica que la República Bolivariana de Venezuela es la única propietaria de Petróleos de Venezuela y el gobierno venezolano, a través del Ministerio de Energía y Petróleo, establece las políticas petroleras nacionales y también regula y supervisa las operaciones de PDVSA. Asimismo, refiere que el presidente de Venezuela nombra la junta directiva de PDVSA por decreto ejecutivo, habiendo sido modificados estos procedimientos por estatuto promulgado por la Asamblea Nacional a partir de febrero de 2019. Del mismo modo se indica que la Asamblea de Accionistas, máximo órgano de gobierno de PDVSA, cuyas decisiones son vinculantes dentro de los límites de sus competencias. Se indica que. como único propietario de PDVSA, Venezuela puede haber subsidiado o financiado componentes de las operaciones o negocios de PDVSA.

   El formulario de registro fue presentado el 31 de diciembre de 2020 por Elio Tortolero, integrante de la junta directiva de PDV Holding Inc.

   Allí también se explicaba que la relación entre PDV USA y PDVSA se deriva de sus estructuras corporativas, siendo la primera una subsidiaria de propiedad total de PDV Holdings (PDV H) que, a su vez, es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA.

  Igualmente se informa que, hasta enero de 2019, PDV USA brindó servicios a los accionistas a PDVSA, incluida la participación de proveedores en nombre de PDVSA. Desde 2015 hasta 2018, PDV USA contrató a tres proveedores para realizar actividades registrables en FARA. Estos compromisos, que son objeto de este registro, se realizaron en nombre y bajo la dirección de PDVSA”.

  Agrega que entre 2015 y 2017, PDV USA contrató al proveedor Caribbean Style Inc., para comprar cuatro anuncios para colocarlos en periódicos nacionales relativos al régimen de sanciones impuesto a la petrolera cuyo contenido sugiere que tenían la intención de influir en la perspectiva del gobierno de los EE. UU. o del público estadounidense.

   Refiere que, en 2017, PDV USA contrató al proveedor Interamerican Consulting Inc., para apoyar una estrategia relacionada con la "posición de PDVSA entre los funcionarios públicos importantes" y brindar consultoría y asistencia "para informar a los formuladores de políticas" sobre PDVSA.

  Del mismo modo se informó que de 2017 a 2018, PDV USA contrató a Wiss & Partners LLP para prestar servicios legales a “PDVSA y sus subsidiarias". Se aclara que, “si bien el alcance del trabajo realizado parece haber incluido cierta asesoría legal, PDV USA no puede determinar si el alcance del trabajo realizado involucra actividades políticas como se define en FARA”.

La relación con Caribbean

  Los servicios contratados entre PDV USA y Caribbean Style Inc se extendieron entre el 17 de marzo de 2015 y el 12 de octubre de 2018 y comprendió, como se dijo anteriormente, facilitó la colocación de cuatro anuncios en periódicos relacionados con Venezuela.

  El primero de ellos fue el 17 de marzo de 2015 y consistió en un anuncio de una página completa en el New York Times titulado "Venezuela no es una amenaza" a un costo de USD 175.000. Se trató de una carta al pueblo de los Estados Unidos y firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

  El segundo anuncio fue el 9 de septiembre de 2015, igualmente por USD 175.000, por una página completa en el New York Times, titulado “La verdad sobre la situación fronteriza entre Venezuela y Colombia”.

  El tercer aviso fue el 26 de mayo de 2016 en el Washington Post titulado "Comunicado especial sobre Venezuela", por un costo de USD 100.000. Era una declaración de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) para expresar "solidaridad sincera con el presidente Nicolás Maduro y su pueblo".

  El 22 de febrero de 2017 se contrató por USD 175.000, otro anuncio de una página completa en el New York Times, titulado "Carta pública al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América". Allí, el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami le escribió al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en respuesta a la decisión de la administración estadounidense de sancionarlo por tráfico de drogas.

La relación con Interamerican Consulting

  La empresa del excongresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting, Inc., prestó servicios a PDV USA entre el 21 de marzo y mayo de 2017. El precio de la relación contractual fue de USD 50 millones por servicios de “consultoría estratégica de servicios”.  En pocas palabras, eran servicios de lobby ante funcionarios públicos y líderes de opinión en favor de PDVSA.

  Rivera presentó solo dos informes carentes de detalles, uno de dos páginas y otro de cuatro páginas. PDV USA no tiene conocimiento de ninguna evidencia de que Interamerican haya realizado el trabajo real contemplado en el Acuerdo.

  PDV USA sólo realizó tres pagos por USD 5.000.000 cada uno los días 24 de marzo de 2017, 10 de abril de 2017 y 19 de abril de 2017.

La relación con Wiss & Partners

  El despacho de abogados con sede en Washington, Wiss & Partners LLP mantuvo una relación contractual con PDVSA que se extendió desde el 14 de marzo de 2017 hasta el 15 de marzo de 2018. El precio del contrato fue de USD 6 millones.

  Mediante una carta de compromiso firmada el 23 de mayo de 2017, se modificó la duración de los pagos de anticipo mensuales y se indicó que los servicios se prestarían a "PDV USA y sus subsidiarias".

  Los servicios prestados por la firma de abogados comprendieron casos de disputas que involucran a PDVSA y sus subsidiarias. sobre temas de seguros, criptomonedas, empleo e inmigración. Sin embargo, PDV USA desconoce el alcance total del trabajo legal que Wiss pudo haber estado realizando bajo el anticipo, incluyendo si se proporcionaron servicios a PDVSA (u otros) que no fueron revelados a PDV USA.

  PDV USA hizo su pago final a Wiss el 15 de marzo de 2018 y, a partir de abril de 2018, se le indicó a Wiss que dirigiera sus facturas a PDVSA. PDV USA interrumpió su relación con Wiss en octubre de 2018.


 


 


 


 

lunes, 22 de febrero de 2021

Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán fue arrestada por delitos de narcotráfico

El abogado Jeffrey Lichtman, quien representó a Joaquín el Chapo Guzmán, será el abogado de Emma Coronel, esposa del líder del cártel de Sinaloa. La mujer será presentada ante la Corte de #DC mañana martes por videoconferencia. María Colón también será parte del equipo de la defensa de la acusada.

Por Maibort Petit

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó este lunes que a esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.

  Emma Coronel Aispuro, de 31 años, ciudadana estadounidense y mexicana, de Culiacán, Sinaloa, México, fue arrestada hoy en el Aeropuerto Internacional Dulles. Está programada que comparezca por primera vez en un tribunal federal mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia.

  Según documentos judiciales, Aispuro está acusado de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos.

  La demanda alega que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escape del Altiplano el 11 de julio de 2015. prisión, ubicada en Almoloya de Juárez, México. Después de que Guzmán fue arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

 Guzmán Loera fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

  Coronel Aispuro está acusada en una denuncia penal de un cargo de conspiración para distribuir un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los EE. UU.

  El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo en Washington del FBI hicieron el anuncio.

El caso

   Emma Coronel está acusada de conspirar para distribuir consciente e intencionalmente lo siguiente:

1) Un (1) kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de heroína, un Anexo I controlado sustancia; 

2) Cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenga una cantidad detectable e cocaína, una sustancia controlada de la Lista II; 

3) Mil (1000) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de marihuana, una sustancia controlada de la Lista I; y 

4) Quinientos (500) gramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de metanfetamina, una sustancia controlada de la Lista II, sabiendo y con la intención de que dicha sustancia sería importado ilegalmente a los Estados Unidos. U.S.C. 

  De acuerdo a la acusación, fue el FBI y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal de esa agencia que investigó a miembros de alto rango de la organización internacional de tráfico de drogas conocida como "Cártel de Sinaloa", que incluye a Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael Zambada García, alias “ El Mayo”, Dámaso López Nuñez alias, el “Licenciado”, los hijos de Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias“Menor", Jesús Alfredo Guzmán Salazar el “Tocayo”, Ovidio Guzmán López alias el “Ratón” y Joaquín Guzmán López alias “Guerro” y posteriormente, a Emma Coronel.

  De acuerdo con la acusación, Coronel, quien nació el 3 de julio de 1989 en California, fue investigada por el FBI desde que se casó con Guzmán en 2007.

    De acuerdo a la investigación, Coronel se casó con Guzmán en 2007. Su padre Inés Coronel Barreras tenía vinculaciones con el Chapo porque trabajaba en el negocio de la drogas.

    Inés Coronel y su hijo, Inés Omar Coronel Aispuro fueron detenidos  en Sonora, México, el 13 de abril de 2013 por cargos de narcóticos y armas de fuego. 

    El 28 de abril de 2017, un tribunal mexicano condenó a Inés Coronel a más de diez años de prisión por tráfico de marihuana y armas de fuego violaciones, y su hijo, Inés Omar Coronel Aispuro fue condenado a más de diez años en prisión por tráfico de marihuana.

   Según el Testigo Colaborador 1, Coronel sabía que Guzmán era un líder del Cártel de Sinaloa y fue quien coordinó la distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana con el propósito de contrabandear ilegalmente esos narcóticos en Estados Unidos para su distribución.

   En los documentos federales, dice que el Testigo colaborador 1, dijo que Coronel también sabía que los hijos de Guzmán, Iván, Ovidio, Alfredo y Joaquín Ovidio, también son miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa. 

    "La acusada, Emma Coronel creció con conocimientos de la industria del tráfico de estupefacientes y se casó con Guzmán Loera cuando era una adolescente" dice la demanda. 

     En los documentos se sostiene que Coronel entiende el negocio del narcotráfico y conoce y comprende el Cartel de Sinaloa es el cartel más prolífico de México. 

   "Coronel estaba al tanto de la cocaína de varias toneladas envíos, producción de heroína de varios kilogramos, envíos de marihuana de varias toneladas y cantidad de toneladas de envíos de metanfetamina". 

    Emma Coronel entendió los ingresos de la droga que ella controló durante su el matrimonio con Guzmán. Además, de 2012 a 2014, emma Coronel transmitió mensajes en nombre de Guzmán para promover las actividades del narcotráfico mientras que el Chapo intentó evitar la captura por parte de las autoridades mexicanas. 

   Una vez que Guzmán fue arrestado en febrero de 2014, Coronel  continuó entregando mensajes que recibió a su marido, durante sus visitas a la prisión, que no fueron monitoreadas por las autoridades mexicanas.

    Se habla de una carta manuscrita escrita y firmada por Guzmán que autenticada por varios testigos, incluido el Testigo Colaborador 1, y actualmente mantenido en el control de pruebas del FBI. 

   La carta dice, en la parte pertinente:

 Respecto a Cleto, aumenta la producción para que rinda. Saluda a Cleto. Dile que por favor dame una mano, para que la primera venta sea de mi parte… porque tengo muchos gastos aquí.

   Según los investigadores, "Cleto" es un narcotraficante radicado en Durango, México que produce heroína y que tuvo negocios de  heroína con Guzmán. 




Serie: Los papeles secretos de la La Electricidad de Caracas (Parte I)

Maibort Petit

  Una presencia permanente en las reuniones de la junta directiva de la C.A La Electricidad de Caracas terminó convirtiéndose en integrante de la misma con un alto nivel de competencias en las contrataciones a pesar de no contar con el nivel exigido por los manuales internos de la empresa que exigían que una figura de mayor jerarquía suscribiera las negociaciones.    Bajo la administración de Javier Alvarado de la C.A. Electricidad de Caracas la figura de Luis Carlos De León Pérez fue adquiriendo tal importancia y poder, que fueron ejecutándose una serie de decisiones que le permitieron crear las condiciones para que el gerente funcional de asuntos legales —en la actualidad procesado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas— se encargara de negociaciones fundamentales para la compañía, a pesar de no tener las facultades para ello, revelan documentos en nuestro poder.

   La C.A La Electricidad de Caracas fundada en 1895 por Ricardo Zuloaga fue vendida en el año 2000 a AES Corporation que a través de una Oferta Pública de Adquisición logró hacerse del 87,1 por ciento de las acciones, lo que permitió convertirse desde el 1° de julio del citado año en AES Electricidad de Caracas. La compañía fue finalmente estatizada en 2007 bajo el gobierno del finado Hugo Chávez Frías, quien consideró que el estado venezolano debía reservarse las actividades de generación y transmisión de energía eléctrica, por lo cual dispuso que Petróleos de Venezuela, S.A. comprara el 82,14 por ciento de la acciones por USD 739,26 millones, elevando así el total accionario de la nación a 92,98 por ciento. Esto se concretó el 8 de mayo de 2007 cuando la empresa retomó su nombre inicial.

  La EDC pasó a integrar la Corporación Eléctrica Nacional, S.A., Corpoelec, una sociedad anónima gubernamental que se encarga de la administración del sector eléctrico de Venezuela y el cual está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

  A partir de entonces asume la presidencia de la ahora empresa estatal, Javier Alvarado Ochoa, un ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Simón Bolívar, USB, con especialización en Gerencia de la Energía, que había ingresado a la industria petrolera en 1979 y quien, al no haberse sumado al paro petrolero de 2002-2003 fue recompensado con su nombramiento como gerente de Recursos Humanos de PDVSA, posición desde la que firmó la carta de despido de los 20 mil trabajadores de la empresa que quedaron cesantes por decisión del presidente Chávez y sin derecho a indemnización. Fue escalando posiciones hasta que en mayo de 2007 fue designado presidente de la Electricidad de Caracas a la estatización de la misma. Sobre sus hombros recayó la responsabilidad instrumentar el proceso de transición de la compañía, así como de su incorporación a Corpoelec.

Javier Alvarado

  Su haber en la EDC fue negativo prácticamente desde su ingreso, pues ya en 2008 se contabilizaban 300,5 millones de bolívares en pérdidas en razón del incremento de las cuentas por cobrar. Así lo reflejaron los estados financieros consolidados del Informe Anual de Gestión correspondiente al ejercicio 2007-2008, cuando la empresa venía de presentar una utilidad neta registrada en 2007 de 132,4 millones de bolívares.

  Los ingresos por ventas de energía eléctrica disminuyeron de 2,07 millardos a 1,6 millardos, en los dos períodos mencionados, lo cual repercutió en la caída de 351,7 millones de bolívares en los ingresos totales por operaciones durante el año anterior que pasaron de 2,1 millardos a 1,8 millardos de bolívares entre 2007 y 2008, respectivamente.

  Las cuentas por cobrar pasaron de 249,7 a 792,2 millones de bolívares entre 2007 y 2008, pasando la deuda de la empresa de 65,4 millones a 77 millones de bolívares entre los dos períodos referidos, se lee en una nota de Informe 21 publicada para la época[1].

  Asimismo, Javier Alvarado estaría tras la autorización para negociar con Derwick Associates dada a quien a lo largo de estas páginas veremos cómo adquirió especial protagonismo, Luis Carlos De León Pérez, un exfuncionario de la Electricidad de Caracas acusado por el gobierno de los Estados Unidos por supuestamente haber cometido delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violar la ley de Prácticas Corruptas. De León carecía de las facultades para suscribir contratos como el que esta negociación supuso, de acuerdo manual de firma interno de la C.A. Electricidad de Caracas.

  La gestión de Alvarado ha sido señalada de una serie de supuestas irregularidades, enumerándose entre ellas los presuntos sobreprecios en megacontratos suscritos con multinacionales españolas, como es el caso de la negociación con Duro Felguera, un proyecto llave en mano para la generación de 1.000 megavatios en dos grupos de ciclo combinado, lo suponían además de un retroceso tecnológico, un gran sobreprecio pues el contrato que se firmó por 2.100 millones de dólares, suponía un costo del megavatio/dólar —2 millones 100 mil dólares cada MW— muy por encima del promedio mundial.

  Este negociado dejó al descubierto el presunto pago de una comisión equivalente a USD 50 millones a Nervis Villalobos, exviceministro de energía durante el gobierno Hugo Chávez que en la actualidad enfrenta cargos por lavado de dinero en los Estados Unidos.

 También revisaremos el contrato para la compra de bombillos ahorradores, así como los contratos suscritos no honrados hasta la fecha, pero que supusieron grandes erogaciones para la república.

  De estos y otros asuntos estaremos hablando en esta y otras entregas en las que mostraremos al lector documentación que demuestra las irregularidades cometidas en la empresa eléctrica bajo la égida de Alvarado, sobre quien se han centrado las investigaciones y denuncias en los hechos cometidos por este cuando estaba al frente de Bariven, la filial de PDVSA encarga de llevar a cabo las compras y adquisiciones de la estatal, dejando de lado su gestión como presidente de la EDC o Elecar, como también se le conoce.

La preparación del terreno

  A continuación daremos cuenta del resumen de una serie de reuniones de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas recogidas en las actas del referido ente que tuvieron lugar a partir del 15 de junio de 2007 en la sede de la compañía ubicada en la avenida Vollmer de la Urbanización San Bernardino de Caracas, cuando Javier Alvarado asumió la presidencia de la compañía.

 En dichos resúmenes se podrá constatar cómo las decisiones adoptadas constituyeron la preparación del terreno para que luego tuvieran lugar las negociaciones y hechos irregulares a los que hemos hecho referencia líneas arriba.

  Así tenemos que el 15 de junio de 2007, se celebró una reunión de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas ya presidida por Javier Alvarado, con la participación de Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas y Carlos Luengo, fungiendo como secretario accidental de la reunión, Luis Carlos de León Pérez. Entre otros puntos de agenda se designó a De León Pérez como representante judicial de la empresa.

   El próximo encuentro se llevó a cabo el 6 de julio de 2007, cuando la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas, constituida para la fecha por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas, Jesús Rangel y Genel Severeyn y actuando Alice Sader como secretaria accidental, se procedió a designar a los miembros de la comisión de licitaciones de la empresa. Igualmente, entre otros asuntos, se creó el Fondo Social EDC, se designó a los miembros de las juntas directivas de las filiales de la empresa.

  El 18 de julio de 2007, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas, Jesús Rangel y Genel Severeyn, ejerciendo como secretario accidental Luis Carlos de León Pérez, discutió la situación de la elaboración del presupuesto de la empresa para 2008. Igualmente se abordaron los resultados de la empresa para el 30 de junio de 2007, los indicadores financieros y flujo de caja; los indicadores operativos; el proyecto de instalación de condensadores s/e guaira 69 kv; el proyecto de actualización de los sistemas Scadas de transmisión y distribución; el proyecto de mercado de capitales; y estado del proyecto de reconversión monetaria; entre otros.

  En la cita del 15 de agosto de 2007, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas, Jesús Rangel y Genel Severeyn, con Luis Carlos de León Pérez como secretario accidental se analizaron los indicadores operativos; los resultados financieros julio 2007; la posición de caja y tratamiento de obtención de divisas; se estudió el Decreto de Reorganización Eléctrica; entre otros.

   Para el 3 de octubre de 2007, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada para ese entonces por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas, Jesús Rangel y Genel Severeyn, con Luis Carlos de León Pérez como secretario accidental, discutió la indemnización por daños a terceros; la medida temporal frente a la exigencia de la solvencia laboral como requisito indispensable para contratar con PDVSA; el procedimiento transitorio para solicitar modificaciones al presupuesto 2007 de la Nueva Electricidad de Caracas y las empresas filiales; la situación presupuestaria de la de la Nueva Electricidad de Caracas y las empresas filiales; la solicitud de recursos presupuestarios 2007; entre otros.

   En fecha 17 de octubre de 2007, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada para por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta, Alejandro Borjas, Jesús Rangel y Genel Severeyn, con Luis Carlos de León Pérez como secretario accidental, analizó la solicitud de recursos adicionales para el presupuesto 2007; los estados financieros 2007; las políticas de la empresa a nivel de presidencia; los resultados de las proyecciones de los estados financieros; entre otros.

   Entretanto, el 24 de marzo de 2008, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas constituida por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta y Genel Severeyn, con Luis Carlos de León Pérez como secretario accidental, discutió la emisión de bonos; la designación del agente de colocación; la modificación del presupuesto 2008.

   En lo atinente a la emisión de bonos, De León Pérez presentó a la consideración de la directiva y así se aprobó, las condiciones para dicha emisión por una cantidad entre USD 550 millones y USD 950 millones en ejecución a lo acordado por los accionistas el 26 de noviembre de 2007. Dijo que los bonos se inscribirían en la Bolsa de Luxemburgo con plazo no mayor a 10 años sin posibilidad de redención, suscritos en bolívares fuertes pero pagaderos en dólares estadounidenses.

   Se designó a Antonio Simancas y a Luis Carlos de León Pérez para que, conjunta o separadamente, realizaran los trámites necesarios a nombre de la empresa y suscribieran todos los documentos pertinentes para ejecutar la medida.

  Se designó a la empresa Unovalores Casa de Bolsa, C.A. como agente de colocación de los bonos, por ofrecer condiciones favorables y se aprobó pagarle una comisión del uno por ciento sobre el monto efectivamente colocado.

  La junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas volvió a reunirse el 23 de abril de 2008, conformada por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta y Genel Severeyn, con Luis Carlos de León Pérez como secretario accidental. Entre otros asuntos, se aprobó la solicitud de financiamiento, delegaciones y otros requerimientos para las operaciones del presupuesto con el Fondo Conjunto China Venezuela FCCV; se aprobó el espécimen de firmas conjuntas para solicitar financiamiento y firma de convenios como alternos al presidente de la EDC. Se decidió que firmarían conjuntamente Javier Alvarado como presidente y Genel Severeyn, por el área de finanzas. En ausencia del presidente firmarían Alberto Urdaneta y por el área de finanzas, Armando Astudillo.

  Se aprobó también el espécimen de firma para solicitar desembolsos, alterno al presidente de la EDC. Se acordó que firmarían conjuntamente, una por el área gerencial y una por el área financiera. Por el área gerencial estaban facultados: Alberto Urdaneta, Genel Severeyn, José Romero y Julio Sansonetti. Por el área de Finanzas: Armando Astudillo y Carlos Galíndez.

   El día 5 de mayo de 2008, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Antonio Simancas, Alberto Urdaneta y Genel Severeyn, con el gerente funcional de asuntos legales, Luis Carlos de León Pérez como “invitado permanente” —así se le menciona en el texto de las actas— e Iliany Mata, como secretaria, discutió la solicitud de delegación expresa de firma para el convenio de financiamiento con el Fondo Conjunto China Venezuela FCCV y la ratificación de las delegaciones realizadas en reunión de junta directiva del 23 de abril de 2008.

  Luis Carlos de León Pérez sometió a la consideración de la directiva, al momento de discutir el punto arriba mencionado, la aprobación de la firma de Javier Alvarado, en representación de la empresa, para el Convenio de Financiamiento con el Fondo Conjunto China-Venezuela por los recursos que le fueron otorgados en el año 2008 en el Punto de Cuenta N° 135-07, aprobado por el presidente de la república, Hugo Chávez Frías.

  En reunión efectuada el 15 de julio de 2008, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada para la fecha por Javier Alvarado (presidente), Jesús Rangel, Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con el gerente funcional de asuntos legales, Luis Carlos de León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, se actualizó el manual de autorización y delegación de firmas de la EDC, entre otros asuntos.

  En este sentido, quedaron autorizados: Luis Carlos de León Pérez, gerente funcional de asuntos legales; Javier Alvarado, presidente de la EDC; Nicolás Veracierta, director de Finanzas; Jesús Rangel, director externo: Genel Severeyn, director de integración de procesos; Alberto Urdaneta, director de operaciones.

  El 25 de agosto de 2008, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con la presencia del invitado permanente, Luis Carlos de León Pérez, Gerente Funcional de Asuntos Legales, e Iliany Mata, como secretaria, procedió a discutir el cambio de miembro de la Comisión de Contrataciones N° 1, la compra de transformadores de distribución, la adquisición de aceite para emplazamientos de generación distribuida, la apertura de una cuenta en el JP Morgan Chase, la contratación de auditores externos, la modificación del Manual de Autorización de y Delegación de Firmas de la empresa y el estudio de valoración de activos para fines de Seguros y Contables para la EDC y sus empresas filiales y SENECA.

 Comienzan a concretarse las acciones en el Complejo Generador Termocentro.

  Llegamos entonces al 5 de septiembre de 2008, cuando la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con la participación del invitado permanente Luis Carlos De León Pérez e Iliany Mata, como secretaria, discutió entre otros asunto, el Plan de Mantenimiento Multianual GE-SENECA, apertura de Carta de Crédito Stand By a nombre de General Electric International INC.

  En tal sentido, se autorizó solicitar ofertas técnico-económicas a GTME de Venezuela, S.A., para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación de 85 MW 700 IEA General Electric, en la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

  A Derwick Associates, S.A. se le solicitarían ofertas para la adquisición de dos unidades de generación de 45 MW cada una de la marca General Electric, modelo ML600 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

  Y a Derwick Associates Corporation igualmente se lo pedirían cotizaciones para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación de 45 MW cada una de la marca General Electric, modelo ML600 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

  Se delegó en la Gerencia Funcional de Ingeniería y Proyectos la evaluación técnico-económica de las ofertas presentadas, la cual debería presentarse a la consideración de la junta directiva para su aprobación.

  Se resolvió la contratación de la empresa Inversora Cerro Azul, C.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción del gasoducto asociado al proyecto del Complejo Generador Termocentro por la cantidad de USD 9.063.928,80 y Bs. 91.589.071,48, incluido el IVA, así como el otorgamiento de un anticipo del 50 por ciento de la porción en dólares y de 30 por ciento de la porción en bolívares.

  Se delegó indistintamente, sin prelación o preferencia, para que actuaran conjunta o separadamente, al presidente de la EDC, al director de integración de procesos o al director de operaciones, la suscripción de la documentación del proceso antes referido y la suscripción del contrato.

Avance de los proyectos: Fallas de Derwick

  El 1° de julio de 2009 tuvo lugar una reunión de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas, presidiendo el acto Javier Alvarado y participando los directores Luis Carlos De León Pérez (ya como miembro de la directiva), Jesús Rangel, Genel Severeyn y Alberto Urdaneta, fungiendo como secretaria, Iliany Mata.

  El encuentro tuvo por objeto la consideración de un punto especial referido al avance de los proyectos que fue expuesto por José Romero y Julio Sanmsonetti, gerente funcional de ingeniería y proyectos y gerente de proyectos, respectivamente. Se analizó el estado en que se encontraban a la fecha el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, la Planta La Raisa y la Ampliación de Generación de Margarita.

  Así, el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas con una generación total de 335 MW, conformado por la Planta Picure con 135 MW de generación, consistente en dos unidades de 22 MW GE LM2500 para un total de 44 MW; y una unidad de 42 MW y una unidad 49 MW GE LM6000 para un total de 91 MW.

   Se observó que estaba pendiente por parte de la empresa Derwick, la reparación de la unidad LM2500 y estaba en tramitación el reclamo ante el seguro del siniestro de la unidad LM6000.

  La Planta La Raisa con una capacidad de generación de 440 MW constaba de dos unidades de 45 MW (90 MW), prevista para ser inaugurada en julio de 2010; tres unidades de 60 MW (180 MW), prevista para inaugurarse en abril de 2010; y dos unidades de 85 MW (170 MW), a ser inaugurada en julio de 2011.

  La Ampliación de Generación de Margarita de 214 MW y constituida por unidades de 22 MW (44 MW) para inaugurarse en marzo de 2010; y dos unidades de 86 MW (170 MW) para ser inaugurada en julio de 2011.

  También se autorizó para este proyecto, la compra de tres unidades de 60 MW cada una y se delegó en la Gerencia Funcional de Ingeniería y Proyectos, la búsqueda de los equipos en el mercado, la solicitud de ofertas y su presentación ante la junta directiva.

  En esa reunión también se aprobaron las contrataciones para la Planta de Generación La Raisa, por lo que la gerencia funcional de ingeniería y proyectos sometió a la consideración del ente la revisión de la estrategia de contratación, así como las contrataciones requeridas.

   Se advirtió que siendo la generación el primer eslabón del proceso productivo y en virtud de que el proyecto Complejo Generador Termocentro contribuye a garantizar la continuidad del mismo y para evitar el agravamiento del déficit eléctrico, se justificaba recurrir a lo establecido en el numeral 1 del artículo 76 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente para la época y el cual estaba referido a los supuestos que permitían la contratación directa independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justifique adecuadamente su procedencia. El citado numeral 1° establece que esto es posible “Si se trata de suministros de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras requeridas para la continuidad del proceso productivo, y pudiera resultar gravemente afectado por el retardo de la apertura de un procedimiento de contratación”.

  Amparados en esto, la junta directiva de la EDC procedió a aprobar la contratación de la empresa Derwick Associates, S.A. para la adquisición de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000.

  Se dijo que Derwick Associates, S.A. es representante en Venezuela de ProEnergy Services “la cual cuenta con gran experiencia en la venta de unidades de generación, servicios de ingeniería, procura, construcciones de plantas y accesorios para equipos de generación, así como también operación y mantenimiento de los mismos”. Es decir, la junta directiva estaba en pleno conocimiento de que Derwick sólo actuaría como intermediaria y que los trabajos los ejecutaría efectivamente la empresa ProEnergy Services a la que la primera subcontrataría.

  La junta directiva resolvió hacer la contratación con Derwick en los términos antes descritos por USD 49 millones con un anticipo del 10 por ciento del monto del contrato.

La contratación de Elencor

  El 10 de julio de 2009, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas, bajo la presidencia de Javier Alvarado y participando los directores Luis Carlos De León Pérez, Genel Severeyn y Alberto Urdaneta, fungiendo como secretaria, Iliany Mata, discutió como punto especial el estado de avance de los proyectos.

  También se resolvió la contratación de la empresa Elencor, S.A. para los servicios de energía, procura y construcción de la alimentación temporal de la subestación La Raisa en 230 Kv del proyecto Planta de Generación La Raisa perteneciente al Complejo Generador Termocentro, por 2.400.226,24 euros y Bs. 3.818.159,68, así como también hasta la cantidad de Bs. 2.372.146,65 como gastos reembolsables por aranceles e impuestos de importación.

  Se aprobó un anticipo de 1.680.158,37 euros correspondiente al 70 por ciento del monto total del contrato en su porción en euros y de Bs. 1.909.079,84 equivalentes el 50 por ciento del total del contrato en su porción en bolívares.

Otras decisiones

  El 5 de agosto de 2009, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Luis Carlos De León Pérez, Jesús Rangel y Alberto Urdaneta, con Iliany Mata como secretaria, luego de analizar el estado de avance de los proyectos, procedió a aprobar el pago de la empresa Clover Internacional por USD 2,9 millones por parte de la empresa y que sería reembolsado por Corpoelec a la misma.

  También se aprobó contratar con la empresa Asincro únicamente para la primera fase del Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas.

  Igualmente, entre otros asuntos, decidieron solicitar oferta a Clover Internacional para transporte de cuatro unidades 4 x 85 MW desde Nueva Jersey, dos unidades hasta La Raisa y dos unidades hasta el Guamache.

   Otra resolución de la directiva de la C.A. Electricidad de Caraca en esa fecha fue la contratación —atendiendo la recomendación de la Comisión de Contrataciones N° 1 de la empresa— de Romagnole Productos Eléctricos INC por un monto FOB de 5.477.582,58 equivalentes al cambio oficial para la fecha a Bs. 16.925.730,17.

  También se aprobó la contratación de la empresa Elencor, S.A. para llevar a cabo las obras relacionadas con el área 2 y 3 del proyecto del Complejo Generador Termocentro, relativas a IPC subestaciones Termocentro, El Castaño, Carúpano y La Raisa; e IPC líneas de transmisión en 230 Kv (30 Km) por 141.325.132,12 euros.

  En las próximas entregan continuaremos revelando cómo se estructuraron y se llevaron a cabo las irregularidades cometidas en la C.A. Electricidad de Caracas durante la administración de Javier Alvarado.


DISCLAIMER

Esta periodista intentó obtener para este reportaje las opiniones de los funcionarios y empresas mencionadas. Correos y mensajes enviados a Javier Alvarado Ochoa no fueron devueltos al cierre de esta edición. Intentamos contactarlo a través de varios teléfonos en Caracas, Venezuela pero no logramos respuesta para una entrevista. Si alguna persona mencionada en esta nota desea comunicarse con nosotros para exponer su punto de vista puede enviarnos sus comentarios al email blogvenezuelapolitica@gmail.com


 

viernes, 19 de febrero de 2021

El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes

  El chavismo trastocó la vida venezolana y la convirtió en un escenario donde conviven las organizaciones criminales y le dan sustento al gobierno de Maduro.

Por Maibort Petit

  “El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes. Es un ensamblaje reticular y dinámico que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de mando”.

  Así lo establece el informe “Esto es venezuela. Entre la estabilización y la amenaza de un estado en disolución” elaborado por “The Risk Awareness Council” (TRAC), organización no gubernamental dedicada al estudio de los riesgos políticos y de seguridad surgidos de la complejidad del mundo globalizado.

   Refiere el estudio fechado en enero de 2021, que régimen se vale de la actividad criminal para sostener el poder, al tiempo en que está influenciado por los modelos de conflicto desiguales en el poder de fuego o asimétricos.

  Sostiene que los recursos que administra la red están destinados a mantener el poder, para lo que han fraccionado el territorio para entregarlo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinérgica con la tiranía.

  Se trata, pues, de un esquema cooperativo que destaca el valor que tienen la ocupación y control territorial para los emprendimientos político-criminales, pues generan un ecosistema autosustentable para todas las partes.

  Refieren que esta tiranía criminal convirtió a Venezuela una nación inviable para satisfacer las mínimas condiciones de seguridad humana de sus habitantes, pues en el país no es posible desarrollar políticas públicas sustentables, en razón de la destrucción institucional del Estado y el abandono de su infraestructura. Por ello, es un espacio donde convergen organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas cuyas operaciones se han integrado al mando político-militar del régimen, convirtiéndolos en socios para el delito internacional.

  El informe de TRAC estima que los intentos para resolver la crisis venezolana, tanto domésticos como internacionales, se han visto entorpecidos, primero, por la compartimentación del poder dentro del propio régimen, y segundo, por la falta de claridad estratégica de la oposición y sus aliados en el mundo.

  Se indica que el estado al que ha llegado Venezuela, obliga a establecer como prioridad detener el sufrimiento de la población, para lo cual hay que remover de raíz la estructura criminal que detenta el poder. Se alerta que no será posible un cambio positivo si se mantienen las actuales condiciones de vida de los habitantes y si permanecen en el mando algunos de los liderazgos de estas redes. De no atender esta advertencia, se corre el riesgo de que el régimen, contrario a lo esperado, se estabilice y se expanda aún más.

  Igualmente, el informe es enfático al señalar que el dilema para la comunidad internacional no se circunscribe a si se requiere o no su participación activa y decidida en el abordaje de la crisis, sino de establecer “qué tipo de resolución tendrá que ocurrir para detener el drama humanitario, la violencia interna y la amenaza regional que representa la tiranía criminal venezolana”.

El panorama

  A la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, se propuso establecer una revolución transregional financiada con las riquezas venezolanas aun en detrimento de la población del país. El carácter internacional se lo otorga la participación de Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba.

  El proyecto revolucionario se aceleró con la entrada al escenario de Nicolás Maduro, quien estableció alianzas y conformó redes con organizaciones criminales con el objetivo de sostenerse en el poder.

  En la actualidad, las fuerzas armadas que anteriormente eran factor preponderante, han sido desplazadas por “redes ilícitas, junto con los actores externos estatales y no estatales, [que son] el nuevo centro de gravedad del poder y quienes mantienen al régimen de Maduro al mando”.

  Es así como el poder en Venezuela está compartimentado en una compleja red militar, política y criminal dirigida a impedir el cambio de régimen, una tarea que se ha hecho más cuesta arriba, por la utilización de premisas incorrectas al momento de diseñar las estrategias para sacarlos del poder.

  Considerar a las fuerzas armadas como una institución institucional y jerárquica subordinada al poder civil del gobierno interino, es uno de esos errores. De allí que el sector castrense no sea un socio confiable para procurar el fin de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.

  Paralelamente, el régimen ha fortalecido el aparato coercitivo a la par de que el país se ha empobrecido.

  El estado venezolano se ha hecho inviable mientras el crimen organizado, las redes terroristas globales y otras amenazas transregionales convergen en el país, convirtiéndolo en centro de operaciones logísticas para su beneficio.

  En este panorama, los recursos provenientes de economías criminales, tales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, “facilitan el uso de herramientas de conflictos asimétricos que tienen como objetivo expandir su área de influencia y asegurar la permanencia de la tiranía en el poder”.

  En el plano internacional ha habido un desgaste de la política de los EE. UU. que brindó su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. También se discute la efectividad de las sanciones impuestas al régimen. El régimen de Maduro las denuncia como causa del deterioro de la calidad de vida de la población. Sin embargo, son muchas las evidencias que apuntalan su pertinencia.

  Venezuela se ha convertido en un eje importante del narcotráfico, las empresas estatales en instrumentos para la legitimación de capitales y el régimen y sus socios internacionales trabajan sistemáticamente para desestabilizar políticamente el continente.

La pandemia como instrumento de control

  El informe asegura que el régimen de Nicolás Maduro convirtió la pandemia del Covid-19 en estrategia para el control de la población. Es así como, fingiendo un máximo control de la situación, han restringido la movilidad de las personas, con lo cual han podido paliar la crisis por la escasez de gasolina.

  Hay un férreo control de la información sobre los casos y muertes que indican un subregistro de las cifras.

El posible conflicto interno

  El estudio refiere que el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU evidenció la violación sistemática y continuada del debido proceso, la tortura física y psicológica y la comisión de delitos ordenados desde la cúpula del poder en contra de la población civil.

  Apunta la existencia de un clima de conflictividad del país que se manifiesta a diario en decenas de protestas por múltiples causas. También se indica que en Venezuela hay 359 presos políticos y en los últimos 6 años, más de 15 mil personas han sido procesados por protestar. Se alerta que de no cambiar esta dinámica de la violencia es predecible que en poco tiempo el caos se apodere del país.

  Además, la población podría quedar en el medio del fuego cruzado que se podría generar por la debilidad del estado y la fragmentación del territorio para entregarlo a los grupos criminales que pudieran llegar a enfrentarse.

El futuro

  El régimen intenta construir la percepción de que la llegada de nuevo gobierno a la Casa Blanca, podría favorecer su estabilización en el poder.

  Su objetivo es sobrevivir en el poder a cualquier costo, puesto que esa es la única manera que posee para desarrollar su política. Depredar el orden productivo es su modus operandi y por ellos requiere expandirse y tomar el control de nuevos territorios, lo cual es una grave amenaza para la región.

  La confrontación convertida en política y estrategia ya trasciende el escenario nacional, habiendo instaurado el régimen el modelo Modelo de Guerra Popular Prolongada (GPP). No se descarta, advierte el informe, que la confrontación vaya más allá de la narrativa política.

  Entretanto, Estados Unidos y el resto de los países han construido un dique de contención del régimen que entorpece la expansión de la revolución mediante acciones como las investigaciones por violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, las sanciones económicas y la operación antinarcóticos desplegada en el Mar Caribe desde abril de 2020.

  El enfrentamiento de estas fuerzas podría derivar en una desescalada a través de una negociación de salida de los jerarcas del régimen para dar paso a la transición democrática; o en la ascensión a un estadio final y resolutivo mediante “una operación multidimensional orientada a salvaguardar los intereses de los estados que podrían ser agredidos por la revolución bolivariana y/o sus aliados transnacionales, proteger la población y estabilizar el territorio”. 

lunes, 8 de febrero de 2021

Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones

  Desde que en noviembre la corte decidiera designarle un abogado público, el denominado piloto de Tareck El-Aissami es defendido por Kelley J. Sharkey.

Por Maibort Petit

   Ser propietario[1] de la empresa My Jet Sarver LLC[2], no ha sido óbice para que Alejandro Javier Marín recibiera el beneficio de la defensa pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es procesado por mentirle al gobierno de los Estados Unidos en el contexto de un programa de cooperación en el que agentes federales recibían información con relación a un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Tareck El-Aissami.

   Marín enfrenta tres cargos por hacer una declaración falsa a un agente federal, a saber, una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) respecto a la retención de un dinero durante una operación encubierta en la que participaba como informante. Uno de estos interrogatorios se produjo el 18 de agosto de 2020 y los otros dos el 28 de agosto del mismo año.

   En enero de 2018, Alejandro Marín había firmado un acuerdo para actuar como fuente confidencial de HSI y se comprometió a cooperar en una investigación relacionada con transacciones irregulares e ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero. En ese contexto, en junio de 2018 participó en una operación de la investigación y debía transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado. Marín debía recoger el dinero de las ganancias ilícitas y llevar el avión a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

   El imputado ocultó el destino de parte del dinero[3]. Cuando se le consultó si había recibido alguna vez una suma de USD 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos, Marín dijo que no, cuando en realidad sí lo había recibido. En pocas palabras, el imputado sustrajo la cantidad de los paquetes que debía transportar en la operación[4].

  Alejandro Javier Marín se acogió a la defensa pública pero la fiscalía cuestionó tal prerrogativa y la jueza de la causa, Debra Freeman ordenó establecer cuál es la realidad financiera del acusado quien insiste en afirmar que, pese a ser un empresario, los ingresos que percibe se destinan casi en su totalidad al pago de un préstamo de USD 1,4 millones.

  Pero ese no ha sido el único beneficio recibido por Marín durante el tiempo en que ha estado procesado por la justicia estadounidense, pues igualmente recibió un préstamo de USD 400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del expresidente, Donald Trump, destinado a ayudar a las empresas durante la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19[5].

Designación del abogado público

  El 18 de noviembre de 2020, la juez de primera instancia de los Estados Unidos, Debra Freeman, ordenó continuar que Alejandro Marín continúa disfrutando el beneficio de designación de un abogado en tanto se determine con certeza si el acusado está en capacidad o no de pagar defensa privada.

  Se advierte que, en una etapa posterior de estos procedimientos, el gobierno podría solicitar el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de la Ley de Justicia Penal.

  La corte también ordenó que la abogada designada para la defensa de Marín informe cualquier cambio en las circunstancias financieras de imputado durante el curso de su enjuiciamiento.

  Refiere la orden que el 13 de noviembre de 2020, fue presentado ante el referido tribunal, el imputado Alejandro Javier Marín, acusado de hacer una declaración falsa a un agente federal y se procedió a designarle temporalmente como abogado a Kelley J. Sharkey. Pero se advirtió, con base en la información financiera de la declaración jurada financiera de Marín y las hechas por el gobierno —opuesto al nombramiento de abogado— no estaba claro si el imputado era elegible para ello. Por tal razón, la corte ordenó a Sharkey informar si el nombramiento temporal debería continuar.

  La abogada designada había remitido al tribunal una correspondencia el 12 de noviembre de 2020, en la que esa instancia judicial encontró que, si bien Alejandro Marín parecía tener activos sustanciales, igualmente parecía estar significativamente endeudado y con poca liquidez en sus activos y sin efectivo disponible. Se indica que antes de su arresto, Marín presuntamente obtenía ingresos como piloto, luego de haber ordenado la prisión preventiva del acusado se desconoce si los ingresos continuarán. En este sentido, si bien el gobierno ha argumentado que podría obtener fondos de su negocio familiar aún en funcionamiento —recientemente obtuvo un préstamo PPE Pandemic de USD 400.000— el abogado Sharkey manifestó que, según su cliente, cualquier ganancia de la empresa se utiliza para pagar una deuda de USD 1.4 millones.

   Según la jurisprudencia no se necesita estar totalmente sin medios para calificar para el nombramiento de abogado, sino que el tribunal considere "las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de la defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia".

  Que se tenga conocimiento público, hasta la fecha Kelley J. Sharkey no ha informado a la corte de ningún cambio en la situación financiera de Marín que motive el retiro de la defensa pública.

  Sin embargo, como ya lo hemos dado a conocer anteriormente, Venezuela Política determinó que Alejandro Javier Marín es dueño de inmuebles en Brickell, Florida, posee autos lujosos y es titular de instrumentos financieros. Asimismo, la flota de aviones de su empresa, My Jet Saber, incluye aeronaves de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes casos de corrupción. Así, por ejemplo, dos de los aviones son propiedad de José Manuel González Testino; uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde, Álex Saab, señalado de ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara, deportado o expulsado de los Estados Unidos en octubre de 2020; entre otros[6].

REFERENCIAS

[1] Sunbiz. My Jet Sarver LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0701%5C00156932.Tif&documentNumber=L12000114362

[2] My Jet Sarver. http://www.myjetsaver.com/


 


[3] Venezuela Política. “Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.”. 7 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/juez-de-florida-ordena-traslado-nueva.html


[4] Venezuela Política. “Arrestan al piloto venezolano, Alejandro Javier Marín por mentir al gobierno de EE. UU. en el marco de su colaboración en un caso de unos asociados a Tareck El Aissami”. 26 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/arrestan-al-piloto-venezolano-alejandro.html


 


[5] Venezuela Política. “Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.”. 19 de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/aunque-esta-preso-por-mentirle-los.html


 


[6] Venezuela Política. “Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.”. 7 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/estas-es-la-flota-de-aviones-de-my-jet.html


 


 

martes, 2 de febrero de 2021

CITGO reporta al tribunal sobre las múltiples diligencias para citar a José Manuel González Testino sobre demandas en su contra

  Los demandados no han dado ninguna respuesta a la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit 

   En una declaración jurada emitida bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos, Robert J. Meyer, socio de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP que representa a CITGO Petroleum Corporation, en el litigio que esta empresa entabló en esa instancia contra Petroleum Logistics Service Corp. y José Manuel González Testino, dio a conocer todas las diligencias que ha realizado para informar a los demandados del proceso judicial que inició.

La declaración de Robert J. Meyer

   El 16 de diciembre de 2020, Robert J. Meyer, presentó su declaración jurada con respecto a la demanda que su representada entabló contra José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp. el 26 de mayo de 2020.

    En su narración acerca de lo difícil que resultó la búsqueda para CITGO de un agente registrado de Petroleum Logistics Service Corp (PLS) en los Estados Unidos, contactó telefónicamente en junio de 2020 a Douglas N. Jacobson de la empresa Jacobson Burton Kelley PLLC, un abogado que en correspondencia previa con CITGO y los abogados de Willkie se había mantenido como asesor legal de PLS y de su subsidiaria estadounidense, Petroleum Logistics Service USA Inc.

  Jacobson respondió el 22 de junio de 2020 a través de correo electrónico en el que dijo ser “abogado de la OFAC solo para la entidad estadounidense de PLS” y que “PLS le dará el nombre de su abogado litigante que puede aceptar el servicio". Además preguntó a Meyer si la demanda estaba referida solamente a la entidad panameña o también incluía a la estadunidense.


   El 23 de junio de 2020, Jacobson remitió otro correo electrónico de seguimiento en el que decía que "PLS le informó que no tienen un representante en los EE. UU. Para aceptar la notificación del proceso en su nombre" y que "el punto de contacto en Panamá es Jeymi [sic] Domínguez ”.

 Refiere que igualmente, CITGO intentó contactar a PLS en la dirección de la oficina en Estados Unidos  que figura en el sitio web de la empresa, a saber, el 1519 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126[1], pero cuando se visitó el lugar en agosto de 2020, la ubicación estaba ocupada por una empresa llamada "Meson Valves". Precisó que una empleada de la recepción dijo desconocer que PLS tuviera oficinas en la referida dirección y agregó que no había oído hablar de PLS.




  En su declaración, Robert Meyer dice que el 4 de agosto de 2020, CITGO contactó con éxito a PLS a través de una notificación dirigida a su agente ante el Secretario de Estado de Texas, como se establece en la declaración de Sarah M. Wastler que CITGO presentó como prueba el 21 de agosto de 2020.

  Refirió que CITGO entregó a la Secretaría de Estado de Texas la documentación del caso, a saber, la demanda, la citación, la declaración de divulgación corporativa de la Regla 7.1 y el certificado de partes interesadas, con instrucciones para quee stos fueran remitidos a PLS a la sede corporativa internacional en Panamá, según su sitio web y correspondencia con CITGO: Trump Office Tower, 2nd floor, Office 2-06, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá con atención al Agente Gerente de PLS. Igualmente al agente de PLS en Panamá, Fábrega, Molino y Mulino, en BMW Plaza, 9th Floor, 50 St. P.O. Box: 0816-00744, Panamá, República de Panamá. También al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, en la dirección de su casa según los documentos corporativos ubicados en PH Riverside, Piso 23, Apto. 23A, Calle 5ta, Parque Lefevre y vía España, Parque Lefevre, Panamá.

   Indica que el 14 de agosto de 2020, el Secretario de Estado certificó haber recibido la documentación así como su envío y el 15 de septiembre de 2020, emitió tres nuevas certificaciones adicionales sobre la respuesta que recibió de los correos a PLS.

  Como puede verse, estos certificados señalan que el 2 de septiembre de 2020, los correos del Secretario de Estado de Texas fueron devueltos; que el 8 de septiembre de 2020, el correo a Jaymy Domínguez también fue devuelto.

  Meyer manifiesta que, como se alega en la demanda, Petroleum Logistics Service Corp. es una empresa controlada indirectamente por José Manuel González Testino. Agrega que CITGO también entregó los documentos de servicio de PLS a González Testino a través del abogado registrado en su proceso penal r, Edward Shohat de Jones Walker LLP. Precisa que en ningún momento PLS ha respondido a la demanda.

   Especifica que el 21 de agosto de 2020, después de repetidos intentos de notificar a González Testino en el apartamento registrado judicialmente como el lugar de su confinamiento domiciliario de 24 horas al día, así como a través de su abogado, CITGO presentó una moción de notificación sustitutiva, la cual fue concedida por el tribunal el 24 de agosto de 2020. La corte ordenó a CITGO que notificara a González Testino la Moción de notificación sustitutiva, lo cual fue cumplido e informado al tribunal el 7 de octubre de 2020.

  Seguidamente, Robert Meyer refiere que el 13 de octubre de 2020, remitió al abogado de José Manuel González Testino un correo electrónico adjuntando copias de cortesía de la Orden de notificación y la prueba de presentación de notificación y solicitando confirmación de la recepción.

  Meyer informa al tribunal en su declaración jurada que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta u otra comunicación de González Testino o de su abogado. Tampoco se ha producido respuesta a la demanda por parte del acusado.

  Finalmente, Robert Meyer le refiere al tribunal del distrito sur de Texas que, tal como lo confirman las búsquedas en los registros del Centro de Datos de Mano de Obra del Departamento de Defensa, José Manuel González Testino no es un miembro activo del servicio.

[1] Petroleum Logistic Service. http://petrologservice.com/?#where