Luis Carlos De León Pérez, otro corrupto de PDVSA-Electricidad de Caracas, que se benefició del sistema de delación de la justicia de EE. UU.

      El exgerente de asuntos legales de la Electricidad de Caracas cumplirá una condena menor a los 12 meses de prisión.

Por Maibort Petit

   El exfuncionario del régimen chavista, Luis Carlos De León Pérez, exgerente de Asuntos legales de la Electricidad de Caracas, fue sentenciado el 7 de agosto de 2023 a 12 meses de prisión luego de haberse declarado culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero, tras haber llegado acuerdos con la fiscalía que le permitieron beneficiarse de una condena menos severa y de la no inculpación de familiares.

   El Juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Kenneth M. Hoyt, ordenó el cierre del caso de De León Pérez a petición de la fiscalía y de los abogados de la defensa.

   El corrupto ex-funcionario acordó entregarse voluntariamente a las autoridades para cumplir su sentencia.

   En julio de 2018, De León Pérez admitió ante el tribunal los hechos que se le imputaban por su participación en un esquema corrupto mediante el cual cobraban millonarios sobornos a las empresas que procuraban contratos de la empresa pública de servicio eléctrico, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tras el pago de una fianza de USD 250.000 obtuvo el beneficio de casa por cárcel.

 Luis Carlos De León-Pérez, quien además de la nacionalidad venezolana es ciudadano estadunidense, reconoció que se valió de su poder para exigir el pago de comisiones a las empresas contratistas de la Electricidad de Caracas entre los años de 2011 al 2013, para aprobar negociaciones y contratos. En tales actividades, actuaba junto a otros altos cargos en la empresa estatal, entre ellos el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos Cárdenas; y César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven.

   Pérez De León admitió haber participado en el esquema corrupto que encabezaron los empresarios Roberto Rincón y Abraham José Shiera[1].

   El exfuncionario venezolano, en un principio iba a ser sentenciado el 24 de septiembre de 2018. Otra fecha que se manejó el 7 de octubre de 2019[2]. Luego, el juez Kenneth M Hoyt la reprogramó nuevamente para el 8 de noviembre de 2021, y luego a cambió nuevamente.

Los cargos y los acusados

   Luis Carlos De León-Pérez, arrestado en España, país en el que residía, en octubre de 2017, fue extraditado a Estados Unidos donde fue imputado junto a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, a César David Rincón Godoy, a Alejandro Isturiz-Chiesa y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, “de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Cada uno de los acusados está acusado de uno o más cargos de lavado de dinero, de la siguiente manera: De León, César Rincón y Reiter, cuatro cargos cada uno; Villalobos, un recuento; e Istúriz, cinco cargos. De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA”, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

  Los cinco acusados —eran todos funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o exfuncionarios de otras agencias o instrumentalidades del gobierno venezolano— fungían con altos cargos con gran influencia en la estatal y conspiraron entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de Pla petrolera, incluidos algunos residentes de los Estados, sobornos y comisiones ilegales por brindarles asistencia en relación con su negocio de PDVSA. “La acusación formal alega además que los co-conspiradores luego lavaron el producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas, incluso hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos y, en algunos casos, lavaron el producto del soborno en la forma de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en los Estados Unidos”.  

   Igualmente, la acusación formal señala a dos proveedores de PDVSA, a saber, Roberto Enrique Rincón Fernández y a Abraham José Shiera Bastidas, quienes enviaron más de USD 27 millones en pagos de sobornos a una cuenta en Suiza de la que De León era un beneficiario efectivo y junto a Villalobos, tenían firma autorizada[3].

El papel de León-Pérez en la trama

   Luis Carlos De León-Pérez figura en el cargo número uno de la acusación, Conspiración para cometer lavado de dinero, junto a Nervis Villalobos, César David Rincón, Alejandro Istúriz Chiesa y Rafael Reiter Múñoz, señalados de actual a sabiendas de “que la propiedad involucrada en una transacción financiera representó el producto de alguna forma de actividad ilegal, para realizar o intentar llevar a cabo dicha transacción financiera que de hecho representó el producto de una actividad ilegal específica, sabiendo que la transacción está diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA”.

   También los imputa de tener “la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA”.

   Específicamente se indica que, De León, Villalobos, Rincón, Istúriz y Reiter, con sus co-conspiradores le prometieron a Roberto Rincón, Abraham Shiera y otros, asistencia para recibir el pago de las facturas pendientes de los contratos de PDVSA, así como asistencia para obtener nuevos contratos de la petrolera, a cambio para pagos de sobornos.

   Luis Carlos De León, Nervis Villalobos, César David Rincón y Alejandro Istúriz pidieron asistencia y, a su vez, Roberto Rincón, Abraham Shiera y Swiss Banker 1 (persona cuya identidad es conocida por el Gran Jurado, socio de la Compañía Suiza A, una firma de administración de patrimonios, igualmente identificada sólo por el Gran Jurado), ayudaron a los funcionarios de PDVSA a abrir cuentas bancarias, incluidas cuentas bancarias en Suiza, para ellos y sus co-conspiradores para recibir pagos de sobornos. También ordenaron que los sobornos se enviaran a varios destinatarios distintos a ellos, incluidas empresas, intermediarios, familiares, amigos, acreedores y asociados personales, con el propósito de ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente y propiedad de los pagos.

   Asimismo, Luis Carlos De Léon y Nervis Villalobos, participaron en transacciones monetarias entre sus diversas cuentas, de manera de ocultar la naturaleza, fuente y propiedad del producto de la actividad ilegal.

  Con el fin de facilitar los pagos de sobornos y ocultar su naturaleza y propiedad, Luis Carlos De León, Nervis Villalobos y sus co-conspiradores contrataron a la Compañía Suiza A para que abriera cuentas bancarias suizas en las que pudieran recibirse pagos de sobornos.

  Se determinó la utilización de varias cuentas en Suiza y en otros lugares, para canalizar los sobornos desde, hacia y a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final.

   La “Cuenta Suiza 1”, cuya identidad es conocida por el Gran Jurado, tenía como beneficiario efectivo a De León Pérez. En la misma estaban autorizados para firmar, él y Nervis Villalobos.

  Los demandados, entre ellos Del León Pérez, establecieron una compleja red de cuentas bancarias a través de las cuales realizar las transacciones financieras en relación con el esquema y ocultar la naturaleza y propiedad de los ingresos. El 16 de septiembre de 2011, Swiss Banker 1 escribió a Shiera, Villalobos y De León, para informar que la empresa suiza A había abierto cuatro cuentas bancarias: Swiss Account 1, que se identificó para Villalobos, mientras la cuenta suiza 3, se identificó para De León. El Swiss Banker 1 concluyó el correo electrónico diciendo: "Le enviaremos por correo electrónico la próxima semana los nuevos números de cuenta y las instrucciones de transferencia para comenzar la transferencia de fondos al aire acondicionado principal ([Cuenta Suiza 1]) para su distribución en las 3 cuentas".

  Entre otras negociaciones, la acusación específica en los cargo del 5 al 7, relativos a Lavado de dinero, que Luis Carlos De León Pérez llevó a cabo las siguientes transacciones destinadas a ocultar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de dicha actividad ilícita especificada, es decir, una infracción grave de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2.

La devolución de los fondos

  El 20 de octubre de 2020, De Léon Pérez acordó cumplir con la orden del tribunal de confiscar $18.11,783,75 de fondos que fueron obtenidos de la trama criminal por la cual fue procesado.

 El 30 de junio de 2023, el juez autorizó una moción presentada por la defensa y aprobada por los fiscales que permitió que el caso de Luis Carlos De Leon-Perez fuera sellado al ojo público. El 11 de julio de 2023 se ejecutó el sellado del caso.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel”. 16 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/tras-declararse-culpable-y-pagar-una.html

[2] Venezuela Política. “Exfuncionario chavista será sentenciado en Houston en octubre por cargos de corrupción y lavado de dinero”. 18 de abril de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/04/exfuncionario-chavista-sera-sentenciado.html

[3] Departamento de Justicia. “Five Former Venezuelan Government Officials Charged in Money Laundering Scheme Involving Foreign Bribery”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0 

45 años de cárcel para el líder del cártel del Golfo, alias 'Otoniel'

  Al narcotraficante colombiano se leerá la sentencia el 8 de agosto en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Por Maibort Petit

 La Fiscalía de Estados Unidos pidió a la juez, Dora Irizarry, de la Corte Federal de Brooklyn, una condena de 45 años de prisión para el exlíder del Clan del Golfo, alias Otoniel, por los los graves delitos cometidos, no solamente en Colombia sino con a la sociedad norteamericana. 

  Darío Antonio Úsuga David, también conocido con los alias de “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”, fue procesado en Nueva York, por delitos de narcotráfico y uso de armas. En una moción enviada por los fiscales a la corte se recomienda a la juez, “una sentencia de 45 años o 540 meses de prisión" que según el gobierno es un período suficiente para lograr los objetivos de la sentencia.

 Los representantes del gobierno estadounidense sostienen que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, posee una larga carrera criminal, que se extendió durante cerca de dos décadas, en las cuales estuvo al mando de “una poderosa y violenta organización terrorista, paramilitar y narcotraficante con operación en Colombia”.

 Los fiscales dicen que Otoniel fue “responsable de distribución generalizada de cargamentos de cocaína de Colombia para su importación final a los Estados Unidos”.

  En la carta se señala que Otoniel cuenta con los más altos niveles de responsabilidad frente a lo ocurrido, al advertir que él fue la cabeza de la organización por más de dos décadas.

 Dentro de los antecedentes esbozados para pedir la condena de Otoniel, ela fiscalía argumentó que Otoniel también hizo parte de organizaciones como las AUC, grupo paramilitar al que las autoridades norteamericanas citan en la misiva como “piratas y mafiosos que participaron en el conflicto armado colombiano al igual que las Farc”.

 Otoniel se declaró culpable el 25 de enero de 2023, luego de haber negociado con los fiscales, aceptando que es responsable de las operaciones de tráfico de drogas, que eran ilegales y afectaron la salud de los estadounidenses. La declaración de culpabilidad dice que a pesar de saber que era un delito,  ejecutó alianzas con varios carteles para transportar drogas a los Estados Unidos.

    El líder del Clan del Golfo, anteriormente conocido como “los Urabeños”, estaba al frente de la organización criminal que mantenía 28 rutas de narcotráfico, así como alianzas con otros grupos delincuenciales, de acuerdo a lo revelado poco después de su captura en 2021 por la Policía Nacional de Colombia[1].

Departamento de Justicia de EE. UU. 

   Se sabe que a través de la Ruta de Santander estaba conectado con el narcotráfico venezolano. El Clan del Golfo mantiene actividades en toda América, a saber, en Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Asimismo, en Europa, opera en Bélgica, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Polonia, Grecia, Irlanda, Inglaterra, Italia, Albania y Ucrania. Se indicó en aquel momento que también la organización cuenta con tres rutas hacia Irán, Emiratos Árabes Unidos y China[2].

    Alias “Otoniel” se constituye en una figura que envuelve más de 120 procesos abiertos por diversos crímenes, entre ellos homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir. Está señalado, incluso, de abuso sexual infantil, así como a mujeres. Por este último delito, las autoridades pudieron seguir su rastro.

  La justicia de Estados Unidos procesó a Darío Antonio Úsuga David por haber enviando hasta su territorio toneladas de cocaína junto a socios a través de distintas rutas que incluyen a Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México.

Sobre “Otoniel”

  El 23 de junio de 2015 los fiscales federales para los distritos Sur de la Florida (SDFL), Este de Nueva York (EDNY), conjuntamente con la Dirección Regional de la Zona de los Andes de la Administración Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), anunciaron la apertura de cinco acusaciones formales en los tribunales federales en Brooklyn,  Nueva York y en Miami, la Florida, contra 17 supuestos jefes y asociados banda criminal colombiana más grande y con mayor influencia, a saber, el Clan Úsuga. 

  El grupo de personas fueron imputadas del manejo de empresas criminales continuas, participación en conspiraciones internacionales de tráfico de cocaína y de usar armas de fuego para llevar a cabo sus delitos de narcotráfico. Previo a esto habían sido designados por el presidente de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como narcotraficantes específicamente designados de acuerdo con  la Ley de Nombramiento de Capos Narcotraficantes Extranjeros. Asimismo, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de USD 5 millones por información que llevara a su arresto y condena de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”[3].

  Tras su traslado a EE. UU. se inició su procesamiento judicial en el Distrito este de Nueva York.

   Tal como lo refieren los registros del Departamento de Estado, Darío Antonio Úsuga David es, presuntamente, uno de los líderes de El Clan Del Golfo, organización criminal que anteriormente como “Los Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, un “cártel de la droga colombiano fuertemente armado y extremadamente violento compuesto por ex-miembros de organizaciones terroristas que no se desmovilizaron como parte del proceso de justicia y paz” promovido por el gobierno de Colombia.

  Se advierte que esta organización se vale de la violencia y la intimidación para controlar las rutas del narcotráfico, los laboratorios de procesamiento de cocaína, los puntos de partida de lanchas rápidas y las pistas de aterrizaje clandestinas. Se indica que operan en 13 de los 32 departamentos de Colombia, especialmente al noroeste del país, destacando el hecho de que, durante una guerra territorial con una organización criminal rival por las rutas del narcotráfico, los homicidios se dispararon un 443 por ciento en dos años[4].

  Usuga-David, catalogado por el expresidente neogranadino, Iván Duque, como el "narcotraficante más temido del mundo", fue capturado en octubre de 2021, lo que significó un duro golpe al Clan del Golfo. De esta manera se le puso fin a una persecución que se extendió por seis años, captura que el mandatario comparó con la Pablo Escobar en la década de 1990. “Es un asesino de policías, militares y líderes sociales, así como un reclutador de menores; también es conocido por la locura que lo llevó a abusar de niños y adolescentes de manera recurrente”[5].

  Su extradición se produjo sorpresivamente este 4 de mayo de 2022, luego de que el Consejo de Estado de Colombia levantara la suspensión que mantenía al envío del narcotraficante los Estados Unidos. Todo en medio de una situación fuera de lo común, toda vez que la legislación colombiana establece que los detenidos deben ser notificados de su traslado con 10 días de antelación. Su reclusión en suelo neoyorquino está prevista en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC).

 Antes de ser entregado a las autoridades de EE. UU., alias “Otoniel” debió suministrar información valiosa  en Colombia y el expresidente Duque subrayó la obligación del narcotraficante de seguir colaborando con la justicia colombiana. Había suministrado el nombre de 64 políticos, exmandatarios regionales y funcionarios presuntamente relacionados con el paramilitarismo, según medios colombianos.

La acusación sustitutiva de 1015

  En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York cursa una acusación sustitutiva contra Darío Antonio Úsuga-David, también conocido como “Otoniel”, “Mao”, “Gallo” y “Mauricio-Gallo”; Daniel Rendón Herrera, también conocido como "Don Mario; Jairo de Jesús Durango Restrepo, también conocido como "Gua Gua"; Roberto Vargas Gutiérrez, también conocido como "Gavilán"; Carlos Alberto Moreno Turberquía, también conocido como "Nicolás"; Arístides Manuel Mesa Páez, también conocido como "El Indio"; Luis Orlando Padierna Peña, también conocido como "Inglaterra"; Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, también conocido como "Chiquito" y "Chiquito Malo"; César Daniel Anaya Martínez, también conocido como "Tierra"; Yony Alberto Grajales Álvarez, también conocido como "Guajiro" y "Paisa"; y Ramiro Caro Pineda, también conocido como "Nolasco" y "Hugo", presentada el 12 de agosto de 2015.

   Refiere la misma que el Gran Jurado que el grupo narcotraficante “Los Urabeños” es una organización paramilitar y de tráfico de cocaína con sede en Uruba, Colombia, la cual estuvo involucrada en envíos de varias toneladas de cocaína desde Colombia a México y América Central para su importación final a los Estados Unidos; coordinaron la producción, compra y traslado de cargamentos de cocaína, así como la recepción de cargamentos de cocaína en México y Centroamérica; controlaban el territorio en varias áreas de Colombia e imponían un "impuesto" a los narcotraficantes que operaban en las regiones bajo su control. Asimismo, emplearon sicarios para perpetrar actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos y secuestros.

  Sobre Darío Antonio Úsuga David refiere que dirigió la cita organización criminal junto a Daniel Rendón Herrera.

   La acusación comprende dos cargos, a saber, el de Empresa Criminal Continua el cual comprende varias violaciones: Conspiración internacional de fabricación y distribución de cocaína; así como las violaciones comprendidas del 2 al 32 referidas a la Distribución internacional de cocaína. Entretanto, el segundo cargo es por Uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico.

  Con respecto al primer cargo, la acusación de reemplazo dice que, entre junio de 2003 y diciembre de 2014, en jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, Darío Antonio Usuga-David, Daniel Rendón Herrera, Jairo de Jesús Durango Restrepo, Roberto Vargas Gutiérrez, Carlos Alberto Moreno Tuberquía, Arístides Manuel Mesa Páez, Luis Orlando Padierna Peña, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, César Daniel Anaya Martínez, Yony Alberto Grajales Álvarez y Ramiro Caro Pineda, se involucraron a sabiendas en una empresa criminal continua en violación a lo establecido en el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 846, 848(e), 952(a), 959(a), 960 y 963.

  Los acusados ocupaban un cargo de supervisión y dirección, cometiendo una serie de violaciones por las cuales obtuvieron cuantiosos ingresos y recursos.

   Entre 2003 y 2014, los acusados conspiraron para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención y de importarla a los Estados Unidos.

  En las citadas fechas, los acusados distribuyeron cocaína con la intención de importarla ilegalmente a EE. UU. de la manera que se describe a continuación:

  También entre 2003 y 2014, los acusados cometieron uno o más delitos punibles, conspiraron para matar y provocar el asesinato intencional de una persona o más, a saber: líderes, miembros y asociados de empresas rivales organizaciones narcotraficantes, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 848(e)(l)(A) y 846.

  Respecto al segundo cargo, los acusados y otros, a sabiendas, usaron y portaron una o más armas de fuego durante la comisión del delito de narcotráfico, delito imputado en el Cargo Primero. Entre el armamento fue blandido y disparado estaba una ametralladora.

REFERENCIAS

[1] El País. “Los 'tentáculos' del 'Clan del Golfo': Así eran los nexos de 'Otoniel' con mafias internacionales”. 3 de noviembre de 2021. https://www.elpais.com.co/judicial/los-tentaculos-del-clan-del-golfo-asi-eran-los-nexos-de-otoniel-con-mafias-internacionales.html

[2] La Opinión. “Las conexiones internacionales del 'Clan del Golfo'”. 3 de Noviembre de 2021. https://www.laopinion.com.co/colombia/las-conexiones-internacionales-del-clan-del-golfo

[3] Departamento de Estado. “Diecisiete Supuestos Jefes Y Asociados Del Clan Úsuga Acusados Formalmente Como Parte De Un Golpe Coordinado En Brooklyn Y Miami Contra El Grupo Bacrim Narcotraficante Y Armado Colombiano Más Grande Y Con Más Influencia”. 23 de junio de 2015. https://www.justice.gov/opa/pr/diecisiete-supuestos-jefes-y-asociados-del-clan-suga-acusados-formalmente-como-parte-de-un

[4] Departamento de Estado. Dario Antonio Usuga David (Captured). 25 de octubre de 2021. https://www.state.gov/narcotics-rewards-program-target-information-wanted/dario-antonio-usuga-david/

[5] Atalayar. “The Colombian government puts the Gulf Clan in check with the capture of ‘Otoniel’". 24 de octubre de 2021. https://atalayar.com/en/content/colombian-government-puts-gulf-clan-check-capture-otoniel

Hugo "el Pollo" Carvajal se declaró "no culpable" de delitos de narcoterrorismo en EE. UU.

  La próxima cita en el tribunal de Nueva York será el 25 de julio de 2023, y se discutirá la posibilidad de fianza para el acusado de delitos de narcotráfico. La fiscalía ya se adelantó para recordar que el sujeto tiene un alto riesgo de fuga.

Por Maibort Petit

  El exjefe de inteligencia del régimen venezolano, Hugo Carvajal Barrios se presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en su audiencia de arraigo, este jueves 20 de julio. Frente al juez federal, Stewart D. Aaron se declaró 'no culpable' de los delitos de narcotráfico y terrorismo, y ser parte del célebre cártel de los soles.  La nueva cita será fue fijada para el 25 de julio.

   Luego de años de trampas para evadir de la justicia de Estados Unidos, el exjefe de Inteligencia del régimen chavista, Hugo Armando Carvajal se encuentra en una cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York. El exmilitar está acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber participado presuntamente en actividades de narcotráfico a gran escala cuando era funcionario del gobierno venezolano. Entre los cargos destacar haber sido responsable de  un cargamento de cocaína de 5,6 toneladas que tenía como destino final a los Estados Unidos.

    Carvajal dijo a juez, por medio de un traductor, que se declaraba no culpable de los cargos por los cuales fue imputado. Por consentimiento, permanecerá bajo custodia en la cárcel federal, y se espera que sus abogados presenten un paquete de fianza esta misma semana. 

  Carvajal Barrios fue extraditado a EE. UU. luego que el Tribunal de Derechos Humanos europeo, con sede en Estrasburgo, denegó un recurso de la defensa que pretendía imponer como criterio que en EE. UU., y en especial, con la sentencia de cadena perpetua se le violarían los derechos humanos al acusado de narcoterrorismo. La Audiencia Nacional de España ya había aprobado la entrega del presunto miembro del cártel de los Soles a los Estados Unidos.

 Cuando Carvajal Barrios pasó a ser custodiado por agentes federales estadounidenses, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams y la directora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Anne Milgram, anunciaron que la extradición de Carvajal desde España se basó en una acusación presentada en NY por delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego. 

 El exmilitar chavista fue detenido en España el 9 de septiembre de 2021.

Lo que dijo el fiscal de NY

  El fiscal, Damian Williams hizo referencia en su declaración pública que Carvajal Barrios enfrentará la justicia“Después de muchos años como fugitivo luego de una carrera criminal de más de una década".

 El alto funcionario sostuvo que el exfuncionario venezolano  enfrentará la justicia por sus presuntos delitos, que fueron cometidos con la intención de 'inundar ' los Estados Unidos con toneladas de drogas potencialmente mortales. 

   Williams argumentó que Carvajal Barrios explotó su autoridad como director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela para corromper a las instituciones venezolanas, abusar del pueblo venezolano e importar veneno a los Estados Unidos. 

  Señalando detalles de la acusación que EE. UU. hizo contra el exjefe de espías del chavismo,  aseguró que Carvajal Barrios, en su presunto liderazgo en el Cártel de Los Soles "infligió un dolor y un sufrimiento inconmensurables a muchos venezolanos, estadounidenses y otros que se vieron afectados por la violencia y las actividades de narcotráfico del cartel". 

 Por su parte, la administradora de la DEA, Anne Milgram, dijo en un comunicado que “los funcionarios gubernamentales corruptos como Carvajal, que supuestamente usan su posición para aceptar sobornos y otras actividades de narcotráfico, deben rendir cuentas con todo el peso de la ley. Como se alega, Carvajal abandonó su responsabilidad ante el pueblo de Venezuela y explotó su posición para beneficio personal".

 Advirtió que la DEA y sus socios unieron fuerzas "para llevar ante la justicia a cualquier persona, en cualquier posición, que ponga en peligro la seguridad y la salud del pueblo estadounidense”.

La acusación y los hechos

  En la demanda contra Carvajal Barrios, ex director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela, se señala que el exmilitar  desde al menos en 1999, empezó a delinquir junto con otros funcionarios venezolanos de alto rango. Él y sus aliados actuaron como líderes y administradores del Cártel de Los Soles. 

 El acusado y otros miembros del cartel "abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del aparato militar, de inteligencia, legislativo y judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos". 

  Sostiene que "el Cártel de Los Soles buscaba no solo enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también “inundar” los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los usuarios en los Estados Unidos. Para lograr estos objetivos, los líderes del Cártel de Los Soles se asociaron con los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que controlaban la producción de cocaína en vastas áreas de Colombia y Venezuela".

   La acusación describe los múltiples cargos públicos de confianza ocupados por Carvajal Barrios en Venezuela, y destaca cómo el ex jefe de espías explotó en beneficio del Cártel de Los Soles, incluso como director de Dirección de Inteligencia Militar entre aproximadamente 2004 y 2011. 

  El acusado, asegura la acusación federal, "aprovechó su cargo para traficar narcóticos ilegalmente y apoyar a sus socios narcotraficantes, las FARC". 

  Los fiscales señalan que "en o alrededor de 2006, por ejemplo, el Pollo Carvajal se coordinó con otros miembros del Cártel de Los Soles para despachar un cargamento de cocaína de 5,6 toneladas desde Venezuela en un avión privado con matrícula estadounidense. El avión partió de Venezuela y aterrizó en México, donde las autoridades mexicanas incautaron las 5,6 toneladas de cocaína a su llegada. 

 Aproximadamente en 2008, Carvajal asistió a una reunión con un representante de las FARC en la que se acordó que el Cártel de Los Soles proporcionaría dinero y armas a las FARC a cambio de una mayor producción de cocaína.

  Carvajal, de 63 años, de nacionalidad venezolana, está acusado de: 

(i) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; 

(ii) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; 

(iii) usar, portar y poseer ametralladoras y artefactos destructivos en relación con el narcoterrorismo y la importación de cocaína conspirations, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; y 

(iv) conspirar para usar, portar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

Juez desestimó acusación criminal contra Paula Jorge Da Costa Murta, involucrado en la trama de corrupción de PDVSA

Por Maibort Petit

 El tribunal de Texas falló a favor de la moción de desestimar de caso criminal, presentada por la defensa de Paulo Da Costa Casqueiro Murta, un contratista acusado de haber participado en una millonaria trama de corrupción de Petróleos de Venezuela. El juez aprobó la petición en razón de que el acusado alegó que agentes actuaron "premeditadamente y con la intención de que el acusado se autoincriminara".

   Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, presunto artífice de la trama de corrupción encabezada por excontratistas de Petróleos de Venezuela S.A., quienes mediante el pago de sobornos a funcionarios de la estatal obtuvieron contratos y trato privilegiado de PDVSA logró liberarse de la acusación federal ante la supuesta mala práctica de agentes federales.

  Una una entrevista formulada en Portugal el 20 de marzo de 2018, al acusado, permitió a los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y luego al Departamento de Justicia, formular la acusación contra Murta. Sin embargo, la actuación irregular de agentes de DHS llevó al Tribunal a desestimar esta prueba fundamental.

  El juez Kenneth Hoyt del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División de Houston concedió en julio 2022 la moción para suprimir la entrevista, con base a la violación de los Derechos Miranda de Paulo Murta bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE. UU.

  El 11 de julio de 2022, el juez Hoyt concedió la moción de desestimación de la acusación de reemplazo presentada por Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta ante la corte que preside.

  El magistrado consideró para su decisión, tanto la moción para desestimar la acusación de reemplazo, como la de supresión sustentada en las presuntas violaciones a los Derechos Miranda de Paulo Murta bajo la Quinta Enmienda de la Constitución federal. Estas mociones presentadas de forma separada, fueron abordadas por el juez Hoyt de manera conjunta.

La moción de desestimación de la acusación de reemplazo

   Se acusaba a Murta de brindar servicios financieros de una manera que violó directamente o ayudó a violar varios estatutos federales de los Estados Unidos, como la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986, enmendada (MLCA), la Ley Federal de Prácticas Corruptas (FCPA), y el título 18 del Código de los Estados Unidos.

 La acusación de reemplazo señala que, aunque Murta era un ciudadano de Portugal y Suiza, actuó como un agente de la empresa suiza B, varios coacusados extranjeros y una o más empresas con sede en los EE. UU. Se refiere que si bien Murta no era un empleado del Banco Espírito Santo (BES) trabajó estrechamente con Banquero BES 1 Banquero 2 a objeto de “establecer la estructura y las cuentas utilizadas para realizar transacciones financieras en el presunto esquema de lavado de dinero en comercio interestatal”.

 Estimó el juez respecto a los cargos 13 y 14 de la acusación de reemplazo, que no se estableció que Paulo Murta haya enviado o recibido ninguna de las supuestas comunicaciones mientras se encontraba en Estados Unidos. Esto de acuerdo a la acusación de reemplazo, ocurrió después de que Murta viajara en febrero de 2012 a Miami, Florida, para reunirse con Abraham Shiera (ya sentenciado) y su socio para hablar sobre el presunto esquema de lavado de dinero. 

  A pedido de Shiera, el acusado le habría enviado por correo electrónico y mensaje de texto, entre el 25 de enero de 2012 y el 18 de marzo de 2013, información atinente a la apertura de cuentas en el Banco Espirito Santo. 

  Asimismo, en mayo de 2012, Murta supuestamente les remitió un correo electrónico a los socios de Shiera que contenía un acuerdo de préstamo presuntamente falso que serviría para justificar una transferencia bancaria a las cuentas de los funcionarios por USD 4,8 millones.

  Ya respecto a los cargos 18 y 19, el 25 de marzo de 2013 y el 8 de mayo de 2013, Murta habría transferido o ayudado a transferir de la Compañía de Rincón 2 con sede en EE. UU. a la Compañía de Rincón 8 con sede en Venezuela, USD 8,5 millones destinados supuestamente a pagar sobornos a los funcionarios venezolanos.

  En atención al cargo 14, Conspiración para violar la FCPA, el juez determinó que debe ser desestimado por falta de jurisdicción, falta de debido proceso y vaguedad. El tribunal cree que el gobierno carece de jurisdicción extraterritorial sobre el acusado cuando lo califica de “agencia” por su conducta en el extranjero. Estableció el magistrado que el término “agencia” es constitucionalmente vago en cuanto a este acusado extranjero.

  A las afirmaciones del gobierno de que las comunicaciones por correo electrónico entre el acusado y otros co-conspiradores ocurridas entre enero de 2012 y marzo de 2013, calificados como posibles actos abiertos, no son sustentados debidamente. La acusación de reemplazo no alega que Murta haya enviado o recibido estas comunicaciones desde EE. UU. Por tanto, estas comunicaciones no pueden considerarse como actos que apoyen la conspiración.

  Agrega el magistrado que no se establece un nexo suficiente entre la supuesta conducta de Paulo Murta y los Estados Unidos para satisfacer el requisito del debido proceso de la Quinta Enmienda. Por ello el cargo 14 se desestima.

  Los cargos 18 y 19 referidos a violaciones sustanciales de lavado de dinero y complicidad; así como conspiración para cometer lavado de dinero del cargo 13, también se desestimaron por falta de jurisdicción.

  Tampoco la acusación de reemplazo alega que Murta se encontraba en EE. UU. cuando ocurrieron las supuestas transacciones, o que las inició o intentó iniciarlas desde Estados Unidos. Igualmente, no existe alegato de que ninguna de las comunicaciones de las que se hace mención en los cargos 18, 19 o 13, hayan ocurrido en EE. UU. Por tanto, se determina que el tribunal carece de jurisdicción extraterritorial sobre el acusado en relación a un delito sustantivo de lavado de dinero a que hace referencia al cargo 18. En consecuencia, también se deben desestimar los cargos 19 y 13 de complicidad y conspiración. En opinión del juez, el enjuiciamiento de Paulo Murta en razón de los cargos 18, 19 y 13, viola sus derechos al debido proceso de la Quinta Enmienda.

 Por todo lo expuesto, el Tribunal para el Distrito Sur de Texas determinó que los cargos 13, 14, 18 y 19 de la acusación de reemplazo deben desestimarse por falta de jurisdicción, falta de declaración una demanda, el debido proceso y la vaguedad.

  Del mismo modo, el tribunal estimó que debe otorgarse la moción de desestimación a Paulo Murta sustentada en el estatuto de limitaciones. Se determinó que al acusar al demandado en abril de 2019 es indicativo de que se presentó fuera del plazo de prescripción, por lo que los Cargos 13, 14, 18 y 19 deben ser y son desestimados.

La moción de supresión

 El tribunal recordó que cuando un acusado sostiene que una declaración fue involuntaria y se procura que la misma sea usada en su contra en el juicio, al gobierno le corresponde probar que la declaración fue voluntaria.

  La jurisprudencia ha establecido que la voluntariedad no la determina la cooperación de un testigo, sino por el hecho de que se le informen sus derechos. La Quinta Enmienda otorga al acusado el derecho a no autoincriminarse. Por ello los Derechos Miranda estipulan que una persona tiene derecho a permanecer en silencio durante un interrogatorio bajo custodia. Además, el hecho de que la entrevista o el interrogatorio tenga lugar en un país extranjero no aminora las protecciones de la Quinta Enmienda o Miranda.

  La decisión estableció que fue evidente que los agentes de Seguridad Nacional controlaron la entrevista a Paulo Murta en Portugal el 20 de marzo de 2018 y allí las preguntas se realizaron de manera intimidante, diseñadas para obtener respuestas incriminatorias. De no haber sido así, no se habría requerido una declaración escrita.

 Para el juez es indiscutible que no se le leyeron los Derechos Miranda a Paulo Murta antes de realizar las preguntas y, por el contrario, le aseguraron para tranquilizarlo, que no estaba siendo investigado.

“La evidencia indiscutible muestra, sin embargo, que el acusado fue interrogado mientras se encontraba en un entorno y estado de custodia, por lo que se aplican las protecciones de Miranda y la Quinta Enmienda”, reza la decisión.

  El magistrado estableció que en la posición de Paulo Murta este no sintió que podía abandonar la entrevista voluntariamente, por lo que la moción para suprimir cualquier declaración oral o escrita dada a los agentes de portugueses o del DHS, se suprimen.

 Por todo lo expuesto, el juez Kenneth M. Hoyt concedió la moción de desestimación a Paulo Murta.

Fijan fecha del juicio contra Carlos Orense Azócar, alias "El Gordo", acusado de ser parte del Cártel de los Soles

Por Maibort Petit

  El juez Vernon S. Broderick, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que la selección del jurado para el juicio contra Carlos Orense Azócar, alias “El Gordo”, se realizará el 20 de noviembre de 2023 y el proceso se iniciará el 27 de ese mismo mes. El venezolano está acusado de delitos de narcotráfico por su supuesto papel en la logística de las operaciones del Cártel de los Soles.

  El juez Broderick advirtió que el tiempo otorgado busca que, por un lado, el gobierno proceda a la producción de documentos del descubrimiento y, por el otro, la defensa pueda proceder a analizarlos y estructurar el caso.

“El Gordo” es acusado de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].

  Carlos Orense Azócar fue extraditado a Estados Unidos en junio del presente año 2022, luego de permanecer durante un año detenido en Italia, donde fue aprehendido en mayo de 2021 cuando estaba en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone.

  De acuerdo a los fiscales norteamericanos, Orense Azócar participó en una empresa criminal desde 2003 hasta 2021, en Venezuela, Colombia, República Dominicana y México junto a otros conspiradores que violaron las leyes norteamericanas contra el tráfico de estupefacientes.

 La próxima cita es el 3 de noviembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es enjuiciado.

 Azócar enfrenta cadena perpetua si es hallado culpable de los cargos interpuestos en su contra por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

 

La enfermera y el guardaespaldas de Hugo Chávez serán sentenciados en EE. UU. el próximo lunes 17 de abril

  La pareja de exfuncionarios corruptos enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión. 

Por Maibort Petit

   El próximo lunes 17 de abril serán sentenciados en la Corte Federal de Fort Lauderdale en Florida, Claudia Díaz Guillén y su marido, Adrián Velázquez Figueroa, la enfermera ( y ex-tesorera de Venezuela)y el escolta del fallecido Hugo Chávez, que fueron declarados por un jurado en diciembre de 2022 por delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

  Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa fueron declarados culpables por cargos de conspiración de lavado de dinero relacionados con un esquema ilegal de cambio de moneda extranjera que generó $ 100 millones en ganancias, que se usaron para comprar yates, aviones privados y otros lujos. 

 Díaz Guillén será condenada por un cargo de conspiración para lavado de dinero y un cargo de lavado de un instrumento monetario. La mujer fue declarada no culpable de un cargo de lavado de dinero relacionado con una transferencia bancaria en marzo de 2013 de más de $281,000 desde Suiza a una cuenta bancaria en el sur de la Florida. 

 Por su parte, Adrián Velásquez Figueroa, fue declarado culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y dos cargos de lavado de instrumentos monetarios.  

  La pareja enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión.

 Según los fiscales federales, Adrián Velásquez habría sido un intermediario para que su esposa y Raúl Gorrín Belisario recibiera alrededor de $100 millones en ganancias de la venta de bonos, mientras que Díaz fue tesorero de 2011 y 2013.

  Velásquez y Díaz fueron extraditados de España a EE. UU. en 2021, mientras que Gorrín, quien también está imputado en el caso, sigue prófugo. El juicio de los acusados comenzó el 28 de noviembre.

  Los fiscales dijeron que Díaz, la ex enfermera personal de Hugo Chávez, y Velásquez, un oficial de inteligencia militar en el destacamento de seguridad personal de Chávez, pasaron inmediatamente de ocupar puestos en el gobierno a vivir una vida de lujo como resultado de una conspiración urdida entre ellos, Gorrín y Alejandro Andrade, antecesor de Díaz.

  Díaz Guillén ejerció como Tesorera Nacional de Venezuela en sucesión a Alejandro Andrade, mientras que su esposo fue jefe de seguridad del finado mandatario. En el ejercicio de estas funciones, la acusada y su cónyuge habrían recibido unos USD 65 millones en sobornos por parte de Gorrín.

   Las defensas de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa pidieron al tribunal que se desestimara la acusación y que el juez declarara el juicio nulo. El tribunal negó la moción de los abogados de la pareja venezolana que se enriqueció a costa de los venezolanos. 

   El juicio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa duró dos semanas en las que testificaron varios testigos de la fiscalía, incluyendo al extesorero corrupto, Alejandro Andrade Cedeño, quien fue condenado, y tras su colaboración con los fiscales, se convirtió en testigo estrella de este caso.

  Durante los argumentos finales, los fiscales detallaron lo que dijeron que era evidencia de una conspiración entre Díaz y Gorrín que le permitió continuar comprando bonos del Tesoro del Reino Unido a una tasa baja del Tesoro de Venezuela y revenderlos por dólares estadounidenses con una ganancia en el mercado abierto, lo que resultó en cajas llenas de dinero en efectivo y compras de artículos caros, según los fiscales.

  Díaz Guillén presuntamente recibió una parte del 50% de las ganancias, que según los fiscales eran esencialmente sobornos, mientras que Gorrín dividió su mitad con Andrade a cambio de negociar la reunión.

  Los fiscales presentaron pruebas de las transacciones bancarias y electrónicas, registros de la compañía y registros de vuelos y cruces fronterizos que muestran las llegadas de Díaz, Velásquez, Gorrín y otros compañeros. conspiradores al sur de Florida en marzo de 2011, todo lo cual, según el gobierno, demostró ser una conspiración para lavar dinero de sobornos.

  Además de violar la ley estadounidense, los fiscales dijeron que los acusados violaron la ley venezolana al aceptar "dinero indebido" con la intención de violar sus deberes oficiales.

La compra de unas bombas para empresas mixtas de PDVSA en la FPO ilustra cómo operó la trama corrupta que involucró a Jhonnatan Marín y sus socios corruptos

 Así saquearon el patrimonio de PDVSA los socios involucrados en el esquema, quienes también mantenían vínculos Naman Wakil, procesado en EE. UU. por delitos de corrupción.

Por Maibort Petit

 

  El proceso de compra de unas bombas para las divisiones de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) por parte de Petróleos de Venezuela S.A. para PDVSA Petróleo, ilustra la descarada manera cómo los contratistas del chavismo robaron—y probablemente esquilmen aún— el patrimonio de la principal industria del país en obvia connivencia con las autoridades de PDVSA y el gobierno. En esta entrega presentamos el desarrollo del proceso de compras de unos equipos ofertados por Constructora Masein C.A., empresa ligada a Rixon Rafael Moreno Oropeza —a través de Rosaling Andrea Moreno Oropeza— socio de Naman Wakil, procesado en Estados Unidos por delitos de corrupción, la cual representó millonarias ganancias para los ofertantes.

  A su vez, esta acción corrupta está relacionada a la trama en la que intervino el exalcalde de Guanta, estado Anzoátegui, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino, acusado de Conspiración para cometer lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, delito del que se declaró culpable en junio de 2022[1] y fue condenado en octubre a 27 meses de prisión[2].

  Aprovechándose de su cargo como alcalde ejercido entre 2008 y 2017, Jhonnathan Marín y sus socios co-conspiradores, obtuvo contratos y otras ventajas con filiales de PDVSA. El exalcalde se valió de una empresa bajo su control, la cual mantenía cuentas bancarias en el estado de Florida, Estados Unidos, para operar el esquema corrupto.

  Específicamente, Marín Sanguino y sus socios, obtuvieron contratos con las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, a saber, Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A.

 Las empresas involucradas en estas negociaciones irregulares obtuvieron millones de dólares que se manejaron en cuentas bancarias de Florida. 

  El acuerdo de culpabilidad establecido entre Marín Sanguino y la justicia estadounidense estableció el decomiso de USD 3.800.000 recibidos en cuentas bancarias en EE. UU., los cuales provenían de sobornos recibidos de contratistas de PDVSA que buscaban su intermediación para obtener millonarios contratos con la estatal petrolera. Igualmente se comprometió a colaborar con la fiscalía, suministrando información sobre las actividades ilegales de sus socios.  

El caso

  En julio de 2018, Petróleos de Venezuela (PDVSA) hizo públicas las condiciones de contratación directa que regirían la “adquisición de bombas de cavidad progresiva (BCP) alto caudal, mediano caudal y bajo caudal para las divisiones de la FPO-Plan Producción julio-agosto 2018”, a favor de PDVSA Petróleo S.A.

  Se dieron a conocer los criterios de evaluación de la oferta, los cuales establecían que para ello se determinaría la “razonabilidad de las ofertas presentadas, mediante la comparación de precios unitarios por rubros”. 

 El precio base establecido fue Bs. 397.325.803.150,14 o BsS. 397.325.803,15 (bolívares soberanos), equivalentes a USD 5.583.624,07. 

La oferta de Masein

  Constructora Masein C.A., mediante el Formato III.1, presentó su oferta de bombas de cavidad progresiva (BCP) de alto caudal, mediano caudal y bajo caudal.

 Los precios ofertados fueron Bs. 660.714.026.532.33 o BS.S. 6.607.140,27, más Impuesto al Valor Agregado (IVA 12%) de Bs. 79.285.683.183,88 o Bs.S. 792.856,83, que totalizaban Bs. 739.999.709.716,21 o Bs.S. 7.399.997,10, equivalentes a USD 6.035.826.00. 

Documentación presentada

 Constructora Masein presentó la documentación requerida entre los que estaba la acreditación como persona facultada para realizar la oferta por parte de la empresa.

  La declaración jurada de la autentificación de la información suministrada en los documentos consignados.

  La declaración bajo fe de juramento de que la empresa no tenía obligaciones exigibles con PDVSA, filiales y empresas mixtas ni tampoco contar en la organización con socios, miembros o administradores de empresas inhabilitadas para contratar con el sector público, así como de no estar incursa en demandas; de no estar descapitalizada.

  Declaración bajo fe de juramento de que Constructora Masein C.A. contaba con una experiencia de 5 años en la actividad comercial requerida en el proceso.

Asimismo, presentó la oferta técnica:

El proveedor de Masein

 Las bombas ofertadas por Constructora Masein le fueron suministradas por AGF Group LLC, una empresa registrada en Texas el 1 de mayo de 2017 (poco más de un año antes de que PDVSA efectuara el requerimiento), bajo el número 0802711115, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates.

 El domicilio de AGF es el 1911 Westmead DR APT 2805, Houston, 77077-4719, Tx. El directorio de la empresa está conformado por Arquímedes José García Rojas, Eneidys García y Johnny Joaquín García Caldera, todos en calidad de gerentes. El agente registrado es Law Offices of Herrera & Associates PLLC[3].

 AGF le cotizó a Constructora Masein C.A.53 Bombas de Cavidad Progresiva de alto caudal a un precio por unidad de USD 21.063,59 para un total de USD 1.226.370, 27.

 Asimismo, 103 Bombas de Cavidad Progresiva de mediano caudal  a un precio por unidad de USD 15.159,89 para un total USD 1.561.468,67.

 Entretanto, 97 Bombas de Cavidad Progresiva de bajo caudal a un precio unitario de USD 5.910,98 para un total de USD 573.365,06.

El total de la cotización sumaba USD 3.251.204,00.

 Así tenemos que, en números redondos, la cantidad ofertada a PDVSA de USD 6.035.826,00 que casi duplicaba su costo inicial de USD 3.251.204,00 lo que equivaldría a 53,86 por ciento.

  Sin embargo, al sincerar la operación tenemos que al precio de USD 6.035.826,00 deben restarse el impuesto sobre la renta ( USD 181.074,78), responsabilidad social USD 181074,78 y timbres fiscales USD 6.035,83, lo que totalizaba USD 5.667.640,61, cifra a la también hay que restarle la comisión financiera de USD 422.507,82.

  De este modo la diferencia con el costo suministrado por el proveedor de USD 3.251.204 permitía una utilidad bruta de USD 1.993.928,79 y una utilidad neta de USD 1.269.629,67 al aplicársele otras deducciones.

Ratificación de la representante legal

  Una comunicación fechada el 31 de agosto de 2018, informa que Rosaling Andrea Moreno Oropeza, fue ratificada como presidente de Constructora Masein C.A. en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa el 24 de marzo de 2017.

Sobre la empresa

  Según información suministrada por la propia empresa al momento de ofertar las bombas de cavidad progresiva (BCP), la Constructora Masein C.A.  fue registrada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 24 de noviembre de 2010, bajo el número 9, Tomo 47-4 de los libros respectivos.

  El portal Pymes Venezuela informa que la compañía tiene su domicilio en el Sector Sierra Maestra, Calle Principal, Casa número 24, Puerto La Cruz, Municipio Sotillo, estado Anzoátegui. El número de Registro de Información Fiscal (RIF) es J-306980156. El objeto de la misma son los servicios, cuenta con cuatro trabajadores y el teléfono es el 0416-0390972[4].

 En una de las comunicaciones manejadas en el proceso de compra, si informa la dirección de la empresa en Caracas, a saber, Calle Agustín Codazzi, quinta Minucha, Urbanización Santa Móquina.

  Constructora Masein C.A. figura en los récords judiciales de Rixon Rafael Moreno Oropeza —socio de Naman Wakil— acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida de la comisión de los delitos: concierto para delinquir para lavar dinero; encubrimiento lavado de dinero; lavado de dinero promocional internacional; y participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas.

  La empresa se encuentra en los registros bancarios con que los fiscales acusaron al supuesto socio de Wakil, habiéndose usado la Constructora Masein en las operaciones de lavado de millones de dólares en Estados Unidos. También Rosaling Andrea Moreno Oropeza, representante legal de la compañía igualmente figura en dichos expedientes judiciales[5].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino se declaró culpable de lavado dinero en los EE. UU.”. 23 de junio de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/06/exalcalde-de-guanta-jhonnatan-teodoro.html

[2] Venezuela Política. “Tras colaborar con los fiscales, juez sentencia al exalcalde de Guanta, Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino a 27 meses de cárcel por delitos de corrupción”. 26 de octubre de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/10/tras-colaborar-con-los-fiscales-juez.html

[3] Open Corporates. AGF Group LLC. https://opencorporates.com/companies/us_tx/0802711115

[4] Pymes Venezuela. Constructora Masein C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/constructura-masein-ca-156827

[5] Venezuela Política. “Conoce el caso de Rixon Rafael Moreno Oropeza, un socio de Naman Wakil, que fue acusado por EE. UU. de pagar sobornos millonarios a funcionarios de Petropiar y lavar dinero en bancos estadounidenses”. 24 de agosto de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/08/conoce-el-caso-de-rixon-rafael-moreno.html

¿Cómo te manipulan a través del lenguaje y las emociones? Parte (I)

 Homologado a una computadora, el hombre, al igual que estas, puede programarse y el lenguaje es la forma de hacerlo.

Por Maibort Petit

  Desde el discurso público es posible generar un conjunto de emociones dirigidas a controlar la conducta del ser humano, al fijar en el hombre creencias que tienen por objetivo la manipulación social. Así nos lo explica Carme J. Huertas, filóloga especializada en lingüística computacional y escritora, quien ha estudiado el proceso del conocimiento y la conducta a través del lenguaje, el cual se convierte en instrumento para establecer creencias y emociones en el hombre, logrando con ello su entera manipulación. 

  En su conferencia “Ingeniería lingüística: Cómo, desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social”, la académica explica los mecanismos de la ingeniería lingüística, una sub-área de la inteligencia artificial que está conformada por la lingüística, la informática y la psicología, áreas del conocimiento que han sido estratégicamente separadas en el sistema educativo para evitar la formación de profesionales en el área.

 Huertas refiere que en la ingeniería lingüística convergen la matemática y la lengua que conforman una mezcla imprescindible de esta ciencia que no es más que el proceso del lenguaje a través de la tecnología y de la informática. La aviesa separación de estos en la educación formal ha llevado a que los equipos de ingeniería lingüística tengan que ser multidisciplinares, porque se requieren lingüistas, informáticos y psicólogos, estos últimos necesarios porque la finalidad de esta especialización es acercarnos al lenguaje natural.

  La especialista indica que desde el discurso público se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, esto para generar respuestas emocionales y, por ende, la manipulación de la sociedad. 

  La ingeniería lingüística, explica, sirve tanto para crear aplicaciones utilísimas como son los correctores de textos, los diccionarios en internet, los traductores, el reconocimiento de voz, la predicción de redacción pres ente en aplicaciones de la telefonía móvil, como para ideologizar a la sociedad y censurarla. Y es que esto es posible mediante la utilización de algoritmos y software, pues, explica, “el teléfono es tonto, lo que es inteligente es la inteligencia artificial que está generando un lenguaje natural o que pretende acercarse al lenguaje natural, a través del conocimiento del lenguaje”.

  Y entonces, Carme Huertas expresa: “Estamos en un momento de la historia único en el que se nos está manipulando a través del lenguaje. Alguien sabe que esto es tan importante que lo divide en la enseñanza obligatoria para que no tengamos especialistas que dominen ambos campos. Este lenguaje es tan importante, es la base imprescindible para inteligencia artificial. Estamos ante un mundo que no sabemos hasta dónde llegará (…) Se puede manipular todo desde la lingüística. Estamos ante un mundo donde todos los parámetros que conocemos, van a cambiar”.

Niveles neurológicos y lenguaje

  Carme Huertas divide su ponencia en cuatro bloques, a saber: Niveles neurológicos y lenguaje; Ingeniería lingüística; Cómo han logrado el nivel de obediencia; y Desprogramación.

  En esta primera entrega, nos referiremos a los niveles neurológicos y lenguaje, lo cual es fundamental comprender, por cuanto nos permite entender a través del lenguaje se manipula a la sociedad y cómo inducen creencias en la población.

 Advierte que, a diferencia de lo que se piensa, el hombre no analiza las palabras con la razón, sino que las procesa con las emociones. “Pensamos que somos mamíferos inteligentes, no es cierto, somos animales emocionales y quien sabe mover las emociones es quien tiene el control del poder. Entonces no somos animales inteligentes, lo siento, nuestras respuestas son viscerales y las toma el cerebro límbico mucho antes de que llegue la información al cerebro humano o lógico”, sentencia.

  Para explicar el proceso, se remite a lo expuesto por el psicólogo Robert Dilts, quien a través de un esquema que asemeja a un iceberg o a una pirámide, da a conocer como funciona el sistema.

  Una parte es consciente y la otra inconsciente, ubicándose en la primera las acciones del individuo, son los hechos, las reacciones del hombre, las cuales son controladas desde el inconsciente, es decir, las actitudes, las creencias, los valores, la identidad y la identidad transpersonal

  Alerta que para la inconsciente todas las creencias son ciertas, puesto que no se puede creer lo que no es, por ello tenemos reacciones antes hechos que son ficción, como el cine, de allí el sudor, el miedo, la aceleración del corazón que algunas películas nos provocan.

  Entonces, Huertas revela que la en la actualidad, la educación está sustentada en creencias, no en saberes. En la escuela se enseñan hipótesis, ideas que se venden como verdades, “cuando no son ni siquiera eso, son ideologías que si creemos estamos perdidos, porque para nuestro inconsciente todas las creencias son ciertas. Los procesos relacionales que hacen a partir de ahí nuestro cerebro irá a buscar sus referentes en las creencias”.

  La académica advierte que esto es fundamental entenderlo, pues de esta manera se mantiene a la sociedad ignorante de la realidad. De allí que quienes son “más reticentes a aceptar la verdad de toda la situación que estamos viviendo son precisamente las personas con formación universitaria, porque tienen toda la enseñanza introducida por intravenosa en el nivel de las creencias. Entonces, aunque quieran convencerlos no van a poder”.

 Refiere que, en lo atinente a la identidad transpersonal, la política se vale de grupos de pertenencia que buscan dividir a la sociedad.

  Al esquema de Dilts, Carme J. Huertas le hace adaptaciones para reflejar cómo a las categorías neurológicas explicadas por el primero, ella le suma las categorías gramaticales que le son equivalentes. 

 Alerta que la gramática no la inventan los lingüistas ni los gramáticos, sino que es la forma que tiene el cerebro de procesar la información.

 Refiere que la ingeniería lingüística busca “identificar el lenguaje natural para poder entrar en la mente, introducir mensajes que a nivel conscientes no se identifican, pero en el inconsciente, sí”. Es decir, procura entrar a través de las experiencias, de los valores, de las creencias y de las actitudes de grupos de pertenencia. 

 Ejemplifica con una conversación íntima en la que se utilizan el “Yo” y el “Tú”, mientras que con aquellos que se busca mantener distancia, nos valemos del “Usted”.

Los tres niveles del cerebro

  Carme Huertas refiere que el lenguaje es procesados a nivel mental, cerebral, pero advierte que el cerebro no funciona como una máquina perfecta unitaria, sino que existen tres niveles neurológicos claramente diferenciados.

  Estos niveles, a saber, son el del cerebro reptiliano, que tiene que ver con el instinto y la supervivencia; el cerebro límbico, encargado de las emociones y la percepción no consciente; y el neocortex también conocido como cerebro humano, encargado del raciocinio y la reflexión.

  Indica que el cerebro reptiliano es el más primitivo, el interno, el que se encarga de las funciones vitales y de los instintos, el cual funciona de manera automática. El hombre no tiene que preocuparse por la respiración o los latidos de su corazón, pues el cerebro reptiliano se ocupa de ello. 

 El cerebro reptiliano se desarrolla en la etapa intrauterina, en la gestación, la concepción y el parto.

 Luego, el cerebro límbico que funciona con las emociones y que utiliza un lenguaje de programación, de órdenes, de instrucciones que se ejecuta con archivos auto-ejecutables, es decir, que siempre se activa a una orden. Es el cerebro de las emociones y los impulsos que funciona con un lenguaje inconsciente. “Es rápido y automático, da respuestas relacionales y emocionales, entiende las ordenes y pone en marcha las funciones fisiológicas. Es el que hace que sudemos, que nos pongamos nerviosos, es el que organiza las respuestas del sistema endocrino y de todo el sistema nervioso.

  La etapa de vida en que este cerebro y este lenguaje se desarrolla es la infancia y la adolescencia. 

  Después tenemos el neocortex o cerebro humano, la corteza cerebral, el cual utiliza un lenguaje de compilación, equivalente a los lenguajes compilados que usa la computadora, donde al activar el Unicode, este icono da instrucciones y ejecuta programas complejos. Aquí el lenguaje es más elaborado, no son simples instrucciones como en el límbico.

  Este cerebro se desarrolla en la etapa adulta y es el único que es consciente, “es más lento, necesita ser procesado e interpretado y requiere un software que se llama lenguaje”. 

  Este programa puede entender instrucciones a través del lenguaje y procesa todos los procesos relacionales, la comprensión, el léxico, las experiencias, donde funcionan todos a la vez, al igual que las computadoras. 

 Huertas sentencia nuevamente: El lenguaje de computación, la lingüística computacional, la ingeniería lingüística, intentan imitar el lenguaje humano y no al revés. 

  En tal sentido, refiere que desde siempre la informática ha intentado imitar los funcionamientos del lenguaje humano para poder controlar, a través de este software, las actitudes, las emociones, las respuestas incluso viscerales por grupos de pertenencia. 

“El lenguaje informático está copiando el lenguaje natural y no al revés. Así que no es casualidad que se parezca, pues es exactamente lo que quieren, encargarse de nuestra mente a través del lenguaje. Por eso no quieren que nadie sepa cómo funciona, por eso no hay especialistas en el tema”, explica. 

  Carme Huertas refiere las similitudes existentes entre el lenguaje humano y el lenguaje de computación y explica que funcionamos de manera similar a las computadoras y podemos realizar simultáneamente varias actividades, es decir, ejecutamos al mismo tiempo varios programas de software.

  Lo grave, subraya Huertas, es que somos usuarios de un cerebro cuyo funcionamiento desconocemos por lo general, por lo que el hombre se encuentra a merced de quienes sí lo conocen, de los programadores.

  Refiere que el ADN tiene una estructura lingüística que reacciona al lenguaje y en razón a su similitud con una computadora, es susceptible de ser programado por otros, es decir, puede ser víctima de manipulación a través del lenguaje con que se le programa. Esto se logra mediante el manejo que se hace de las emociones y creencias. “Por eso les digo que no se puede convencer a las personas que se están creyendo lo que les explican por la televisión, porque a nivel de creencias, la decidibilidad está marcada por el programa emocional, por tanto, no pueden cambiar de opinión, aunque quieran”. 

  Finalmente, Huertas destaca que de allí que “alguien que se ha dedicado toda la vida al lenguaje de informática con programas de Microsoft está ahora interesado en el lenguaje de control a través del lenguaje”. En este sentido, hace mención al programa Big-Data de Microsoft Project Hanover, en el cual en la actualidad se trabaja “para no solamente dominar a la población a través del lenguaje como lo voy a mostrar, sino para generarse big data, enorme, de todos los datos, y poderlos procesar”.