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miércoles, 12 de mayo de 2021

Red Tree reclama que un error administrativo del tribunal afecta su posibilidad de obtener resarcimiento en su demanda contra PDVSA

  La demandante estima injustificado que por un error no imputable a ella no pueda cobrar lo que PDVSA le adeuda con activos de la petrolera en EE. UU.

Por Maibort Petit

    Para Red Tree Investments LLC es injustificable que por un error no imputable a ella no pueda verse compensada en su reclamo por la deuda que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y PDVSA Petróleo S.A. mantienen con ella, mientras que otras causas que se ventilan en distintos tribunales de Estados Unidos avanzan en este sentido.



  La estatal petrolera venezolana fue demandada por USD 118,4 millones por el incumplimiento de pagos de préstamos que, originalmente, fueron otorgados por General Electric Capital en 2015 y 2016 a PDVSA.

  Red Tree Investments LLC compró los préstamos de GE Capital en enero de 2019, de acuerdo a documentos judiciales[1].

   PDVSA fue demandada el 22 de febrero de 2019 por incumplimiento de un contrato de préstamos y Red Tree Investments LLC compró los compromisos de deuda y presentó dos demandas en el tribunal de Manhattan contra PDVSA y el garante PDVSA el 15 de febrero de 2019. La juez le dio el visto bueno a la demanda pese a las objeciones presentadas al respecto por PDVSA[2]

Red reclama compensación con CITGO y error de la Corte

  El 18 de marzo de 2021, Steven F. Molo, de la firma MoloLamken LLP que representa a Red Tree Investments LLC en la demanda que mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, remitió una comunicación vía electrónica a la juez del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison J. Nathan, para informar acerca del “desarrollo significativo sobre las mociones de los Demandados bajo la Regla 56 (d)”.

   Refirió en la comunicación que por información de la secretaría del tribunal se enteró que las mociones de los Demandados se marcaron incorrectamente en los registros internos de la corte como "rescindidas", la cual es una notación que no está disponible públicamente, por lo que pidió que se comunicaran con esa instancia judicial.

  El abogado dedujo que dicha notación incorrecta tal vez haya sido la razón por la cual las mociones de los Demandados no incluyeron en el informe más reciente de la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE. UU. de mociones pendientes durante seis meses, a pesar de que dichas mociones han estado pendientes durante trece meses. Advirtió que la notación incorrecta de "rescindido" sigue a un error de procesamiento anterior en el que estos casos se habían marcado incorrectamente como "suspendidos".

  En segundo lugar, Steven F. Molo le advirtió a la juez Nathan que estos errores de procesamiento han perjudicado a Red Tree, por lo que los mismos se incrementan a la luz de los desarrollos en casos relacionados. En este sentido destacó que, durante el año pasado, otros acreedores de PDVSA y PDVSA Petróleo han procedido o recibido sentencias contra estos o la República. Subrayó que, como ha señalado Estados Unidos, el principal activo disponible para satisfacer esa deuda incumplida es el interés indirecto de PDVSA a través de su compañía controladora, PDVH, en CITGO. 

  Recordó que el Distrito de Delaware ordenó recientemente que “procederá a realizar la venta de las acciones de PDVSA en PDVH por un monto suficiente para satisfacer la sentencia que Venezuela debe” a otro acreedor y también denegó la solicitud de PDVSA de suspender ese proceso de venta en espera de una apelación.

  Red Tree reclama que el no ser igualmente compensado con la venta del principal activo de PDVSA en Estados Unidos por culpa de un error no imputable a ella, a la administración del tribunal y no a una decisión judicial.

  El abogado, como una medida para remediar el problema, le solicitó a la juez Nathan que el Tribunal corrija la designación errónea de las mociones de la Regla 56 (d) de los Demandados como “rescindidas” y resuelva esas mociones tan pronto como sea posible. “Además, solicitamos que el Tribunal establezca un calendario acelerado para completar la sesión informativa del juicio sumario. Estamos disponibles para una conferencia de estado en la primera conveniencia de la Corte para discutir estos asuntos si es necesario”.

Red Tree Investments reitera el reclamo

   El 6 de abril de 2021, Steven F. Molo, en representación de su cliente, Red Tree Investments LLC, se remitió una comunicación a la juez Alison J. Nathan a cargo de la causa que esta mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, para recordarle que el tribunal no se había pronunciado acerca las mociones que hizo referencia en su escrito del 18 de marzo de 2021.

  Refiere Molo que se comunicaron con el secretario del tribunal para comprender qué causó ese error y cómo se puede solucionar y este les informó que esas mociones fueron marcadas como "rescindidas" por orden de las cámaras el 29 de septiembre de 2020.

 Recordó que ese día, Red Tree informó al Tribunal que había discutido las mociones de los Demandados al realizar ciertas producciones de documentos y que estos respondieron en octubre de 2020 argumentando que las mociones no eran discutibles porque ellos supuestamente tenían derecho a un descubrimiento adicional de terceros. A esto, Red Tree se opuso en una carta informativa presentada en octubre de 2020.

  Indican que el secretario del Tribunal les informó que no puede eliminar la notación de "rescindido" sin instrucciones de las cámaras, y que se ha comunicado con estas para abordar este asunto. “Entonces, de acuerdo con el secretario, todo lo que se necesita es una simple comunicación de las cámaras a la oficina del secretario. Solicitamos respetuosamente que ocurra”.

   Red Tree considera que los imputados no deben gozar de lo que equivale a otra suspensión indefinida del caso contraria a la orden del Tribunal, simplemente por un error administrativo.

[1] Banca y Negocios. “Demandan a Pdvsa en Estados Unidos por $118,4 millones”. 26 de febrero de 2019. https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1261569-330/pdvsa-demandada-en-eeuu-por-pr%C3%A9stamos-de-ge-capital


[2] El Planeta. “Juez de Nueva York permite a acreedor de PDVSA continuar demanda para cobrar deuda por $118 millones”. 24 de enero de 2020. http://elplaneta.com/news/2020/jan/24/juez-de-nueva-york-permite-acreedor-de-pdvsa-conti/


 

Tenedores de Bonos reclaman pago de sentencia en NYC mientras Venezuela alega que no paga por la crisis humanitaria que vive el país

  Desde que la corte falló a su favor, los demandantes bregan para que el fallo sea ejecutado.
Por Maibort Petit

  En octubre de 2020 el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó a Venezuela a pagar a Pharo Gaia Fund Ltd. y a Pharo Macro Fund Ltd., una suma que superaba los USD 387.085.592 más los retrasos que pudieran producirse.
   Desde entonces, los demandantes y la demandada han llevado a cabo diversas acciones, los unos para que la sentencia sea ejecutiva, la otra, para ser eximida del pago.

   Entre estas acciones se inscribe el pedido de Venezuela para que se deniegue la moción de reparación de los demandantes y para que el tribunal solicite la opinión del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los intereses de política exterior implicados por la moción. Por su parte, Venezuela estima que no es apropiado, dada la grave crisis humanitaria que padece, que se ejecute la sentencia en estos momentos.
  En enero 2019 se conoció que Pharo Gaia Fund Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd., dos fondos registrados en Islas Caimán, presentaron ante la Corte Suprema de Nueva York, una demanda contra Venezuela en reclamo a la falta de pago de un monto que en ese entonces se ubicaba en USD 26 millones. Dichos fondos están controlados por Pharo Management LLC en Nueva York[1].
La sentencia pendiente

  El 16 de octubre de 2020, Analisa Torres, juez del Distrito Sur de Nueva York, sentenció a favor de Pharo Gaia Fund Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd. y en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

  Determinó la magistrada que por los incumplimientos de Venezuela de los Bonos de 2019 al 7.75% (ISIN USP97475AN08), Pharo Gaia Fund, Ltd. tiene derecho a recuperar de Venezuela: a) USD 114.000.000 por capital impago; b) USD 30.824.333 por intereses contractuales acumulados y no pagados sobre el principal hasta el 9 de octubre de 2020; c) USD 4.155.476 en intereses legales previos al juicio sobre los intereses contractuales impagos, a una tasa del 9% anual acumulada desde el día después de cada pago de intereses atrasado hasta el 9 de octubre de 2020; d) Si el Fallo Final ingresara el 13 de octubre de 2020 o antes, USD 31.077 adicionales por cada día calendario siguiente al 9 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; e) Si el Fallo Final se ingresa después del 13 de octubre de 2020, USD 32.166 adicionales por cada día calendario siguiente al 13 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingresa en el expediente del Tribunal; y los intereses posteriores al juicio según lo establecido en 28 U.S.C. § 1961(a).

  Para los incumplimientos de Venezuela de los Bonos de 2018 al 13,625% (ISIN USP9395PAA95) y los Bonos de 2019 al 7,75% (ISIN USP97475AN08), Pharo Macro Fund, Ltd.tiene derecho a recuperar de Venezuela: a) USD 182.000.000 por capital impago; b) USD 49.448.976 por intereses contractuales acumulados y no pagados sobre el principal hasta el 9 de octubre de 2020; c) USD 6.656.807 en intereses legales previos al juicio sobre los intereses contractuales impagos, a una tasa del 9% anual acumulada desde el día después de cada pago de intereses atrasado hasta el 9 de octubre de 2020; d) si este Fallo Final se ingresa el 13 de octubre de 2020 o antes, USD 49.924 adicionales por cada día calendario siguiente al 9 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; e) si este Fallo Final se ingresa después del 13 de octubre de 2020, USD 51.649 adicionales por cada día calendario siguiente al 13 de octubre de 2020 hasta la fecha en que el Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; f) Honorarios y costos de abogados por un monto por determinar; y g) intereses posteriores al juicio según lo establecido en 28 U.S.C. § 1961 (a).

El pedido de Venezuela

  El 2 de marzo de 2021, los abogados de la firma Arnold & Porter Scholer LLP que representan a la República Bolivariana de Venezuela, pidieron al tribunal denegar la moción de reparación de los demandantes de conformidad con 28 U.S.C. § 1610 (c) y, como alternativa, solicitaron que la Corte procurara la opinión de los Estados Unidos bajo 28 U.S.C. § 517 con respecto a los intereses de política exterior implicados por la presente moción.

   Para Venezuela ha transcurrido un tiempo razonable desde la orden de Sentencia Definitiva del Tribunal contra la República el 16 de octubre de 2020, de modo que los demandantes puedan buscar hacer cumplir la sentencia contra los bienes de la República.
 
   Expusieron que el gobierno interino y la comunidad internacional han trabajado diligentemente para abordar las obligaciones de deuda heredadas, como parte de sus planes para restaurar la prosperidad económica de Venezuela. Pero advierte que no tienen acceso total a todas las instancias de poder en este momento. Recordaron que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro usurpa ilegalmente un control sustancial del funcionamiento del gobierno dentro del territorio de Venezuela y se ha negado a reconocer la autoridad constitucional de Guaidó.

   Refiere la moción que Juan Guaidó ha tomado medidas importantes para abordar los reclamos de legado contra el gobierno venezolano y proteger los intereses del pueblo venezolano y, en este sentido, desarrolla un proceso ordenado y consensuado de reestructuración de la deuda en virtud del cual todos los reclamos en situaciones similares serán tratados de manera justa y equitativa. Un plan que se prepara en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

  Venezuela argumenta que a la luz de la crisis que padece el país, no sería apropiado permitir procedimientos de ejecución contra la república y para ellos se sustenta en lo establecido en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés) la cual estipula que “ningún embargo o ejecución (…) se permitirá hasta que el tribunal lo haya hecho (…) determinó que ha transcurrido un período de tiempo razonable después de la emisión del fallo".

  Insiste en que en virtud de la abrumadora crisis humanitaria que padece Venezuela no se puede esperar razonablemente que el gobierno interino realice pagos del fisco público en la actualidad.

  Agregan que no es razonable en estos momentos el tribunal permita la ejecución cuando los demandantes carecen de las licencias necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para hacer efectiva la sentencia contra los bienes de Venezuela.

  Finalmente, Venezuela considera que las sentencias de dos tribunales de distrito de Estados Unidos que dictaminaron que períodos de cinco meses y dos meses eran razonables, no tuvieron plenamente en cuenta la crisis única y devastadora que enfrenta el país.

Pharo Gaia: Tiempo suficiente

  El de marzo de 2021, la representación legal de los demandantes Pharo Gaia Fund, Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd., pidió al tribunal otorgarle una moción de alivio en razón de que, en su opinión, ha transcurrido un tiempo suficientemente razonable desde la orden de Sentencia Definitiva emitida por la Corte el 16 de octubre de 2020 en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

  Contrario a la sugerencia de Venezuela, los demandantes consideran que los intereses de política exterior de los Estados Unidos no están implicados por la determinación de la Corte sobre si ha transcurrido un período de tiempo razonable.

   Según lo establecido en la norma, el período de tiempo razonable que gira en torno a los esfuerzos de Venezuela para satisfacer la sentencia, no está relacionado con ningún interés político que favorezca o milite en contra de la incautación de activos. Tampoco hay ninguna razón para exigir que Pharo obtenga una licencia OFAC antes de buscar una determinación bajo la ley. Subraya que ningún acreedor de Venezuela ha obtenido aún una licencia de este tipo para vender activos de Venezuela y satisfacer una sentencia.

  Por último, los demandantes creen que solicitar la aportación innecesaria de los Estados Unidos solo retrasará aún más la capacidad de Pharo para buscar la satisfacción de su juicio contra Venezuela.


[1] Contexto Diario. “Fondos de Islas Caimán presentan demanda contra el Gobierno de Maduro”. 17 de enero de 2019. https://contextodiario.com/venezuela/fondos-de-islas-caiman-presentan-demanda-contra-el-gobierno-de-maduro/

 


 

martes, 11 de mayo de 2021

Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York Mantener el sello sobre documentos del expediente de Víctor Mones Coro

   La acción responde a un pedido de Inner City Press de abrir documentos del caso.

Por Maibort Petit

   La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, magistrado de la referida jurisdicción, mantener bajo sello un conjunto de documentos pertenecientes al expediente del caso Estados Unidos contra Mones Coro y otros.
  Un pedido ante al cual el magistrado ordenó a la secretaría del tribunal mantener el acceso solamente al Fiscal Federal Auxiliar que maneja el caso y su personal y la corte. El gobierno informar antes del 29 de abril de 2021 qué aspectos de los documentos permanecerán sellados y cuáles se harán públicos.


  El 31 de marzo de 2021, Inner City Press, presentó una solicitud para abrir documentos en el referido caso.

  Ante tal solicitud, el juez Hellerstein había ordenado el 14 de abril a la fiscalía, reconociendo la presunción a favor de la rendición de cuentas y la presentación pública de documentos, que informara a la Corte qué partes de los documentos a su juicio debían permanecer sellados con la respectiva motivación para ello.

  El 31 de marzo de 2021, el Tribunal del distrito Sur de Nueva York sentenció a Victor Mones Coro a cumplir 55 meses de prisión por haber formado parte de un plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su supuesto testaferro, Samark José López Bello; así como al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro, violando con esta acción las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de estados Unidos (OFAC). Mones Coro se había declarado culpable de una acusación formal de cinco cargos el 4 de enero de 2021[1].








[1] Department of Justice. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

 

viernes, 7 de mayo de 2021

¿Engañó Rafael Ramírez al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston?

  Una decisión de la corte le otorgó al exjerarca petrolero venezolano, la oportunidad de presentarse a un nuevo juicio en el que pudiera ejercer su derecho a la defensa.

Por Maibort Petit

   Algunos documentos y rastreos harían presumir que Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y ex ministro de energía y minas en el gobierno del finado Hugo Chávez, así como canciller y representante de Venezuela en la ONU bajo la administración de Nicolás Maduro, habría engañado a la Corte de Houston donde las empresas Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energía BV lo acusaban de fraude.
   En febrero de 2018, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil ante el tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios, a saber, Juan José Mendoza García, Petro Consultores S.C., Petro Consultores International Trading Company Inc., Azure 904 y José Ángel González Acosta, acusándolos por daños y señalándolos de llevar a cabo un esquema de soborno y lavado de dinero.
  Según los demandantes, habrían sido objeto en cuatro oportunidades de presión para que pagar USD 10 millones a cambio de que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería aprobara la venta de los activos de las demandantes en Venezuela. Al haber rechazado tales exigencias, Harvest perdió dos operaciones por compradores diferentes en 2013 y 2014 (una por USD 725 millones y la otra por USD 400) y se vio obligada a vender los mismos activos por USD 255 millones, lo que representó una pérdida de USD 470 millones, así como, inesperadamente, dejar de hacer negocios y liquidar sus negocios.

  El 13 de febrero de 2019, la corte dictaminó a través de la juez federal de Houston, Lee Rosenthal, que Rafael Ramírez debía pagar a los demandantes USD 1.400 millones como compensación por el fraude de fueron objeto.

  Durante el proceso, Ramírez no dio respuesta al tribunal respecto a las acusaciones de que fue objeto por parte de Harvest y HNR y la juez Rosenthal que inicialmente, en diciembre de 2018 otorgó una compensación de USD 472 millones, monto que el nuevo fallo triplicó[1].
   Un mensaje del abogado Dane Ball, quien formó parte del equipo legal que representó a Harvest Natural Resources, da cuenta de esta situación.

  El abogado Ball refiere a Ramírez que “no ha respondido a la demanda en el tribunal, ni ha aparecido un abogado en su nombre” y, por ello, lo insta a hablar con él o a enviar a un abogado.
“Simplemente me gustaría saber, en este momento, si responderá a la demanda en la corte. Encantado de seguir hablando con usted, sobre este o el caso en general, por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. Nuevamente, si tiene un abogado con el que debería hablar, por favor avise”.

  Pero, sorpresivamente, el 26 de agosto de 2020, mediante una comunicación que los abogados de Harvest Natural Resources Inc. informaron que la empresa había decidido retirar voluntariamente la querella y advirtió que no estaba obligado a responder ante el tribunal.

  En esa ocasión, Venezuela Política conoció por fuentes ligadas al caso, que la razón del retiro de la acusación había sido el no haber logrado ubicar "una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio".

  Igualmente, la corte otorgó a Rafael Ramírez el derecho a iniciar un nuevo proceso en razón de que no había ejercido su derecho a la defensa al encontrarse fuera del territorio de los Estados Unidos “y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources”[2].

  Pero por lo menos hasta el 4 de diciembre de 2017 se había mantenido en Nueva York, ejerciendo como Representante Permanente de Venezuela ante las naciones Unidas, un cargo al que llegó —según insistieron distintos personeros de la política y la opinión pública venezolana— para revestirlo de inmunidad en razón de las múltiples acusaciones que existían en su contra. De hecho, la Asamblea Nacional lo señaló como responsable de la comisión de varias irregularidades y el Tribunal Supremo de Justicia la silenció para que, años después, el mismo sistema judicial que lo protegió, lo señalara como corrupto y responsable de buena parte de los ilícitos cometidos en la industria petrolera de que anteriormente lo había eximido.

  Desde esa capital emitía mensajes a través de su cuenta en la red social Twitter, referidos estos a su labor diplomática.
  El servicio Wayback Machine, el cual es una base de datos que contiene copias de una gran cantidad de páginas o sitios de Internet, certificó que el 5 de octubre de 2017, Rafael Ramírez se encontraba en Nueva York y desde allí lanzó los tweets.

   Documentos presentados por Harvest igualmente refieren que otros sitios de rastreo también ubicaban, para junio de 2019, a Rafael Ramírez en Nueva York, e indicaban que su dirección en dicha localidad era el 16 E 81st; New York, NY 10028-0201. Esta dirección es la correspondiente a la casa del Embajador de Venezuela ante la ONU. El inmueble es propiedad de la República de Venezuela.
Su esposa, Beatrice Sansó también fue ubicada en la misma dirección.







































[1] Venezuela Política. “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 15 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/conoce-todos-los-detalles-de-la-demanda.html



[2] Venezuela Política. “¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/por-que-harvest-natural-resources-inc.html


martes, 4 de mayo de 2021

En Venezuela no rige un estado criminal sino un estado paralelo

   El diagnóstico adecuado es lo que permite la implementación de una estrategia de solución adecuada, advierte el experto en temas de seguridad Joseph Humire.

Por Maibort Petit

   Las definiciones de “estado criminal”, “estado mafia”, “narco estado”, entre otras, se habrían quedado cortas a la hora de denominar el régimen venezolano, por lo que el concepto que mejor aplica es el de “estado paralelo”, acuñado por el historiador norteamericano, Robert Paxton, un investigador de los regímenes totalitarios que explica que se trata de subestructuras, que funcionan dentro del estado formal. Así lo sostiene Joseph Humire, experto en Seguridad Global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).

  Estas subestructuras cívico paramilitar criminal, se desarrollan dentro del Estado y llegan, incluso, a ostentar más poder que el estado formal, al extremo de controlar más territorio que el propio estado. El mejor ejemplo de estado paralelo lo constituyen los nazis en Alemania, refiere el experto.

  Subraya que los modelos totalitarios han ido avanzando en sus conocimientos y aprendiendo uno del otro durante casi 200 años de regímenes totalitarios modernos. Su estrategia consiste en la conquista de terreno sin tener que recurrir a la fuerza militar o, al menos, que, si esta se encuentra presente, no lo sea como la herramienta principal de control.

  “El estado paralelo es un término académico que define a Venezuela en el sentido de que la estructura que controla a Venezuela es paralela al régimen y al estado, porque Nicolás Maduro no está en el control de todo, es horizontal con las ocho regiones de defensa de Venezuela que se llaman REDI”.

  Cada una de estas REDI opera con una economía ilícita que la sustenta, como minería ilegal, extorsión, narcotráfico, etc., las cuales, generalmente, están ligadas a la posición geográfica.

  Por ejemplo, REDI CapitaL, opera con la extorsión e igualmente junto a un Grupo Armado Organizado (GAO) que, en este caso son los colectivos; el REDI Los Llanos, opera con los pranatos y el contrabando; REDI Los Andes, opera con los paramilitares y el tráfico humano; REDI Oriental, opera con el ELN y el narcotráfico. En total, son 8 Grupos Armados Organizados (GAO), que funcionan y trabajan esa economía en conjunto con 8 REDI, en 8 regiones, con 8 economías ilícitas, por ó que se le conoce como la “Ley de 8”.

  De allí, que Humire advierta que el mecanismo del diálogo y la negociación como mecanismo de resolución del conflicto venezolano, no funciona en razón de que habría que sentar a la mesa a todos estos grupos irregulares, dado que cada región se mueve de manera autónoma. “Esa es la complejidad del asunto, no basta con negociar con Maduro o cualquiera de los miembros del gobierno, pues ellos sólo tienen el control político”.

La narrativa falsa como estrategia

  En torno al régimen venezolano se han tejido toda una serie de especulaciones y se han hecho circular historias que solamente tienen por objetivo la desinformación y la distracción, advierte Joseph Humire.

   Entre estas narrativas está la de presentar a Nicolás maduro como un individuo ignorante, bruto y disparatero, cuando en realidad estamos en presencia de un hombre sumamente astuto, claro en sus objetivos y con toda una maquinaria detrás que trabaja en su afianzamiento.

   El experto en temas de seguridad destaca que la construcción de narrativas falsas es parte de la estrategia de conquista mediante la manipulación y sin necesidad de la fuerza militar.

“En la guerra asimétrica, no solamente hay que atacar al enemigo, sino también infiltrarlo para controlarlo y controlar la narrativa que tú enemigo va a decir sobre ti. Si tú puedes controlar la narrativa de tu enemigo, tienes el triunfo asegurado”, explica.

  Parte de esas narrativas falsas es también la especie de la existencia de diferencias entre el chavismo y el madurismo, o entre los chavistas disidentes y Maduro. “Hay una manipulación tan fuerte de la contra narrativa, que tienen a la oposición completamente desviada de la realidad, todo con el objetivo de mantener la falsa narrativa de que el chavismo y el madurismo son dos cosas distintas”. En tal sentido recordó a quienes esto creen, que Nicolás Maduro fue el canciller de Hugo Chávez, trabajó con él para sacarlo de la cárcel.

  Cónsono con la advertencia que ha hecho en torno a Tareck El-Aissami como figura principalísima en este proceso, Joseph Humire alerta que Nicolás Maduro es un fiel soldado de Chávez, pero no es el líder. “Ya lo he dicho, el líder es Tareck El-Aissami. La manipulación es fundamental y allí entran los cubanos que son maestros en la manipulación”.

  Una prueba de que ni Chávez ni maduro son los líderes es el hecho de que el proyecto no acabara con la muerte del primero.

Conflicto en la frontera

  Como apuntáramos en nota precedente, Siria es el modelo que se sigue en Venezuela para expandir la revolución bolivariana por Latinoamérica, sin necesidad del conflicto militar.

  De hecho, sostiene que el país del medio Oriente ha funcionado como un centro logístico y un laboratorio para Rusia, Irán, Hezbollah. Los resultados de la experiencia los están trayendo a Venezuela.

  En el propósito de expansión de la revolución bolivariana, Colombia es el paso siguiente pues, como advierte no hay Gran Colombia sin ella. La reciente incursión de aviones rusos en el espacio aéreo colombiano se inscribe como un sondeo para determinar dónde están los límites.

  La conquista de Colombia pasa, a criterio de Humire, por la generación de un conflicto en la frontera colombo-venezolana para provocar un desastre en la nación neogranadina y convertirla en un estado fallido donde se reproduzcan, aparte de todos los demás problemas que aquejan a todos los países a raíz de la pandemia del Covid-19, la tragedia humanitaria, migratoria, el conflicto armado, etc.

“El plan es destruir a Colombia por dentro, dividir la sociedad. Construir diferentes movimientos separatistas, manipular tanto a la izquierda como a la derecha. Vladimir Putin es experto en manipular a la derecha del mundo usando temas de nacionalismo y separatismo”.

Neo-totalitarismo

  Por último, Joseph Humire advierte que Venezuela y Siria son países que no son ni anárquicos ni democráticos, sino que son un nuevo modelo neo-totalitario consistente en usar regímenes con alto control político, pero poco control territorial. En el caso de Venezuela, el territorio está en manos de milicias y grupos como las FARC, ELN, hezbollah, mientras el régimen maneja el tentáculo del poder.


 

martes, 30 de marzo de 2021

EE. UU. condenó a cadena perpetua al hermano del presidente de Honduras por delitos de narcotráfico

  Juan Antonio 'Tony' Hernández fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan y se le ordenó el decomiso de 138 millones de dólares.

Por Maibort Petit

   Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado por  la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua, tras ser sentenciado por lo que los fiscales describieron como “tráfico de drogas patrocinado por el estado”. 

  El juez Kevin Castel,  también le ordenó sentencia de dinero de 138,5 millones de dólares por distribuir 185 toneladas de cocaína,  y armas de fuego relacionadas y delitos de declaraciones falsas

  Hernández fue hallado culpable por un jurado en octubre de 2019 por cargos que conllevaban una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión.

  El fiscal federal adjunto Matthew Laroche le dijo al juez que Hernández durante 15 años alimentó una avalancha de envíos de cocaína a los Estados Unidos al pagar millones de dólares a altos funcionarios hondureños como su hermano, el presidente de la República.

  Hernández participó en la importación de al menos 185.000 kilogramos de cocaína; pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños; Seguridad fuertemente armada, incluidos miembros de la Policía Nacional y Militar de Honduras.

  La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo que “El excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína destinadas a los Estados Unidos, seguridad para los envíos de cocaína, y negoció grandes sobornos de los principales narcotraficantes a poderosas figuras políticas, incluidos los presidentes anteriores y actuales de Honduras. Hernández fue cómplice de al menos dos asesinatos. Hoy Tony Hernández fue sentenciado con razón a cadena perpetua ”.

   Por su parte, el agente especial del FBI que estuvo a cargo del caso, Wendy C. Woolcock sostuvo que “Explotar una posición de alto rango en el gobierno para ejercer el poder del estado para apoyar el tráfico de drogas es tan nefasto como parece. La condena y sentencia de Tony Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerse de enfrentar a la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos al enviar toneladas de cocaína a nuestro país. Tan importante como es esta convicción para el pueblo de los Estados Unidos, también es importante para los ciudadanos de Honduras a quienes Hernández intencionalmente puso en peligro para su propio beneficio personal. La sentencia de hoy es una victoria para el estado de derecho y estamos agradecidos a nuestros socios federales e internacionales que lo hicieron posible ".

   El fiscal Laroche sostuvo ante el juez que “Tony Hernández" conspiró con su hermano, el presidente de Honduras. Provocó brutales actos de violencia. Canalizó el dinero de la droga hacia campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección ... esto es tráfico de drogas patrocinado por el estado”.

  El abogado de Hernández, Peter Brill, había abogado por la indulgencia, diciendo que Estados Unidos debería centrar los esfuerzos contra el tráfico de drogas en el apetito voraz de sus ciudadanos por las drogas.

  En los documentos judiciales, los fiscales habían abogado por una cadena perpetua, citando los antecedentes penales de Tony Hernández.

  Su hermano se desempeñó como líder del Congreso de Honduras antes de asumir la presidencia en enero de 2014.

  “El acusado era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el estado”, escribieron los fiscales en documentos judiciales.

  “Durante un período de 15 años, el acusado corrompió las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse transportando al menos 185.000 kg de cocaína, una cantidad asombrosa de veneno que ayudó a importar a Estados Unidos”, escribieron los fiscales. Dicen que también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunos de los cuales provenían del ejército de Honduras, y de laboratorios de drogas controlados en Colombia y Honduras.

  "Entre 2004 y 2019, el acusado consiguió y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a [su hermano] Juan Orlando Hernández, el ex presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y otros políticos asociados con el Partido Nacional de Honduras", dijeron los fiscales.

   Alegaron que entre esos sobornos había un millón de dólares del notorio capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán a Juan Orlando Hernández.

  Juan Orlando Hernández ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con narcotraficantes, al igual que Lobo, cuyo hijo actualmente cumple una condena de 24 años por narcotráfico en Estados Unidos.

  En la corte el martes, Tony Hernández se veía pálido y abatido. Cuando se le dio al acusado la oportunidad de hablar, trató de convencer al juez de que se le había negado un juicio justo debido a un equipo de defensa inadecuado que apenas respondió a sus correos electrónicos.

“Siento que me han mentido”, dijo a través de un traductor.

El caso

  Como se refleja en la acusación sustitutiva, otras presentaciones en la corte federal de Manhattan, la evidencia en el juicio y declaraciones hechas en procedimientos judiciales señalan lo siguiente:

1) Hernández jugó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el estado. Durante un período de 15 años, Hernández  fabricó y distribuyó al menos 185.000 kilogramos de cocaína que se importó a Estados Unidos. 

2) Hernández estaba al mando de miembros fuertemente armados del ejército hondureño y de la Policía Nacional de Honduras; vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunas de las cuales obtuvo del ejército hondureño; controló laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras; aseguró millones de dólares en ingresos provenientes de la droga para las campañas del Partido Nacional de Honduras en relación con las elecciones presidenciales de 2009, 2013 y 2017; y ayudó a causar al menos dos asesinatos.

3)  Hernández ganó al menos $ 138.5 millones a través de sus actividades de tráfico de drogas, dinero que se le ordenó perder en relación con la sentencia dictada por el juez Castel.

Conducta del narcotráfico de Hernández

   Según la fiscalía, la carrera de narcotraficante de Hernández comenzó alrededor de 2004 cuando comenzó a brindar información confidencial sobre las fuerzas del orden y el ejército a los principales narcotraficantes hondureños Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo", y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias "Don H.” 

   Los fiscales sostienen que Hernández  proporcionó a Víctor Hugo Díaz Morales información sobre, entre otras cosas, las operaciones de la Armada de Honduras; los esfuerzos de los Estados Unidos para capacitar a los pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña para que vuelen de noche para realizar operaciones antinarcóticos; capacidades de radar militar para que los envíos de aviones de cocaína pudieran evitar ser detectados; y esfuerzos de interdicción por parte de algunos oficiales de la Policía Nacional de Honduras. A lo largo de su relación, Hernández ayudó a Fernández Rosa y Díaz Morales a distribuir aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína.

   Para 2008, el narcotráfico de Hernández se había expandido y también estaba fabricando su propia cocaína en un laboratorio que controlaba cerca de El Aceitico, Colombia. Hernández les dijo a sus co-conspiradores que parte de la cocaína fabricada en su laboratorio estaba sellada con sus iniciales “TH” y una fotografía de un kilogramo de cocaína sellada con “TH” fue interceptada durante el curso de la investigación. Hernández suministró a sus co-conspiradores toneladas de cocaína que se producía en su laboratorio.

  A partir de 2008, Hernández se asoció con Amilcar Alexander Ardon Soriano, ex narcotraficante y alcalde hondureño, bajo la protección de miembros de la dirección del Partido Nacional. El testimonio en el juicio estableció que Hernández y Ardon Soriano obtuvieron protección contra la investigación, el arresto y la extradición a través de sobornos masivos pagados a políticos de alto rango, incluidos, entre otros, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. 

  En relación con las elecciones nacionales de 2009, los sobornos contra el tráfico de drogas pagados a cambio de protección incluyeron: (i) Ardon Soriano pagó $ 2 millones para apoyar la campaña presidencial de Lobo Sosa y la campaña de reelección de Juan Orlando Hernández para un puesto en el Congreso de Honduras; (ii) Díaz Morales pagó $ 100,000 a Hernández para apoyar las campañas del Partido Nacional; y (iii) Ardón Soriano sobornó a tres congresistas bajo la dirección de Juan Orlando Hernández para que los congresistas apoyaran los esfuerzos de Juan Orlando Hernández para convertirse en presidente del Congreso.

  Juan Orlando Hernández fue nombrado presidente del congreso a principios de 2010. Su hermano, Tony Hernández, Ardón Soriano y sus co-conspiradores, incluido el coacusado Mario José Calix Hernández, teniente de alcalde hondureño, y el coacusado Mauricio Hernández Pineda, entonces miembro de la La Policía Nacional de Honduras y primo de Hernández, aprovecharon la protección del Partido Nacional para seguir transportando enormes cantidades de cocaína. Una o dos veces al mes en 2010, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína a Ardón Soriano de aproximadamente 300 kilogramos; y una vez al mes en 2011 y 2012, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína marítima a Ardón Soriano de entre 700 y 1.600 kilogramos.

   En 2013, Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en congresista y Juan Orlando Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente. Alrededor de este tiempo, según el testimonio en el juicio, Juan Orlando Hernández solicitó $ 1.6 millones en ganancias de la droga de Ardón Soriano para mantenerse a sí mismo y a las campañas del Partido Nacional. También durante la campaña de 2013, Hernández aceptó $ 1 millón del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "Chapo", para apoyar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. 

   Durante las reuniones con el Chapo en Honduras, Hernández prometió brindar protección a los miembros de su conspiración y sus envíos de cocaína a través del territorio hondureño si Juan Orlando Hernández era elegido presidente.

  En noviembre de 2013, Hernández fue elegido para el congreso hondureño y Juan Orlando Hernández fue elegido presidente. Entre 2015 y 2017, según el testimonio del juicio, Tony Hernández y Juan Orlando Hernández continuaron obteniendo grandes sumas de las ganancias de las drogas para las campañas del Partido Nacional a cambio de proteger a los narcotraficantes. Por ejemplo, hubo testimonio en el juicio de que aproximadamente seis meses antes de las elecciones nacionales de noviembre de 2017, Tony Hernández  y Juan Orlando Hernández se reunieron con Ardon Soriano en Copán, Honduras. Durante esa reunión, Hernández y Juan Orlando Hernández solicitaron $ 500,000 y 1.6 millones de Lempira en ganancias de la droga de Ardón Soriano para "financiar" la campaña del Partido Nacional en los departamentos de Copán y Lempira.

   En 2018, Hernández continuó participando en grandes cargamentos de cocaína con Nery López Sanabria, otro importante narcotraficante hondureño. Las autoridades hondureñas arrestaron y detuvieron a López Sanabria en relación con un incidente de tránsito y recuperaron, entre otras cosas, varios libros de contabilidad de drogas en un compartimiento secreto de su automóvil. Uno de los libros de contabilidad tenía la etiqueta “Trabajo duro” 2018 y reflejaba un envío de cocaína de 650 kilogramos con Hernández . Al menos uno de los otros libros de contabilidad incautados por la policía hondureña en 2018 contenía referencias a "JOH", iniciales utilizadas por Juan Orlando Hernández. López Sanabria fue asesinado en una prisión hondureña, como se describe a continuación, poco después de que se presentaran sus libros de contabilidad de drogas en el juicio de Hernández.

Posesión de armas y actos de violencia de Hernández

   Hernández  utilizó armas de fuego en todo su tráfico de drogas. Las armas personales de Hernández  incluían un AR-15 modificado, una Uzi inscrita con el nombre de Juan Orlando Hernández, "Presidente de la República", y una ametralladora de cinta M60.

  Tony Hernández  también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes. En 2010, Díaz Morales obtuvo entre 4.000 y 6.000 cartuchos de munición de rifle de asalto de un miembro de la Policía Nacional de Honduras que le dijo a Díaz Morales que obtuvo las municiones de Tony. En 2012, Hernández  entregó 40 M16 a otro narcotraficante.

  El sentenciado también coordinó al menos dos asesinatos relacionados con las drogas. En 2011, Hernández y Ardon Soriano provocaron el asesinato de un narcotraficante rival llamado Franklin Arita en el departamento de Copán. 

   Hernández ordenó a Juan Carlos “Tigre” Bonilla Valladares, el jefe regional de la Policía Nacional Hondureña responsable del departamento de Copán en ese momento, que dispusiera el asesinato de Arita, que fue ejecutado por sicarios utilizando dos lanzagranadas de 40 milímetros, M16 y de fabricación israelí. Rifles de asalto Galil. En 2013, Tony Hernández  trabajó con otros narcotraficantes, incluido Ardon Soriano, para asesinar a un narcotraficante llamado Chino porque a Hernández le preocupaba que Chino pudiera cooperar con la policía.

La obstrucción de Hernández y otros esfuerzos para influir en la investigación

  Asimismo, los fiscales dijeron que Hernández  realizó declaraciones falsas a las fuerzas del orden y la Corte durante el curso de esta investigación y procesamiento, y obstruyó la justicia. Hernández (i) viajó a Estados Unidos en 2016 e hizo declaraciones falsas a las fuerzas del orden sobre sus actividades de tráfico de drogas; (ii) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una audiencia de fianza en enero de 2019; (iii) hizo que se divulgara información confidencial de testigos en Honduras en violación de una orden de protección en octubre de 2019; y (iv) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una solicitud de abogado designado en febrero de 2020.

  Ocho días después de que el jurado declarara culpable a Hernández  el 26 de octubre de 2019, López Sanabria --el narcotraficante a quien se confiscaron los libros de contabilidad con el nombre de Hernández y las iniciales de Juan Orlando Hernández-- fue asesinado en una prisión de máxima seguridad en Honduras. 

   Los abogados de López Sanabria confirmaron a los medios de comunicación que: uno de los familiares de Hernández  y un investigador contratado por la familia de Hernández habían realizado visitas no autorizadas a López Sanabria antes del juicio de Hernández; López Sanabria había rechazado sus esfuerzos por obtener información sobre si estaba cooperando con la DEA; y López Sanabria había planeado cooperar con la DEA contra Juan Orlando Hernández y Hernández. El video de vigilancia filtrado del asesinato muestra a López Sanabria hablando con el director de la instalación, Pedro Ildefonso Armas, mientras un hombre enmascarado pasa y abre una puerta cercana. Varios individuos que se cree que son prisioneros luego asaltan la puerta y disparan y apuñalan a López Sanabria hasta la muerte. El 9 de diciembre de 2019, un grupo de desconocidos asesinó a José Luis Pinto, abogado que representaba a López Sanabria. Tres días después, el 12 de diciembre de 2019, un grupo de pistoleros desconocidos en motocicletas asesinó a Ildefonso Armas, el alcaide de la instalación en la que fue asesinado López Sanabria, en Tegucigalpa. 

Co-conspiradores de Hernández

  El 8 de agosto de 2019 Fernández Rosa fue condenado en este Distrito a cadena perpetua por, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de Hernández  y por la comisión de 18 asesinatos. Varios de los otros co-conspiradores de Hernández, incluidos, entre otros, Hernández Pineda, Calix Hernández, Bonilla Valladares, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Angel Urbina Soto, también están imputados en este Distrito por delitos de armas de fuego y narcotráfico con base en sobre, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de Tony Hernández. 

   El 12 de febrero de 2020 Hernández Pineda se rindió en este Distrito y se encuentra a la espera de juicio. El 22 de marzo de 2021, el coacusado y cómplice de Hernández, Geovanny Fuentes Ramírez, fue condenado en juicio en este Distrito por delitos de tráfico de drogas y armas. La sentencia de Fuentes Ramírez está programada para el 22 de junio de 2021.

  Además de la pena de prisión, Hernández, de 42 años, fue condenado a cinco años de libertad supervisada.



jueves, 18 de marzo de 2021

Defensa del piloto acusado en el caso de Tareck El Aissami y Samark López pide al juez su libertad porque está deprimido

Por Maibort Petit

    La defensa de Michols Orsini Quintero, el piloto que está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas al ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, Samark López, Maikel Moreno y otros cabecillas del régimen,  pidió al tribunal modificar sus condiciones actuales de libertad bajo fianza para que pueda recibir tratamiento de salud mental, incluida la consejería. 

   De acuerdo a lo explicado por la abogada Sabrina P. Shroff,  desde sus 21 meses de detención en MCC-Nueva York, el Sr. Orsini ha sido puesto en libertad bajo fianza. "Mientras estaba en libertad bajo fianza, no ha podido dormir, tiene ansiedad y depresión y sufre pérdida de peso". 

   Shroff sostiene que Orsini Quintero, en lugar de aumentar de peso, ha perdido 10 libras. "He hablado con su oficial de servicios previos al juicio, David Stwarka, quien me informa que el Sr. Orsini cumple plenamente con sus condiciones de liberación". 

  "El Oficial de Servicios Previos al Juicio Stwarka también informa que el Sr. Orsini de hecho se beneficiaría de (i) una evaluación y tratamiento de salud mental  y (ii) de asistir a una casa de culto ya que la religión y Dios son una fuente de consuelo para el Sr. Orsini" agrega la solicitud.

  Por estas razones, solicito a la Corte que modifique las presentes condiciones de liberación y agregue las dos condiciones señaladas anteriormente.

  Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aérea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien pilotó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países.

En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios, Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.


  Orsini Quintero se declaró no culpable de los cargos y se prepara para ir a un juicio con jurado.

La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo de 2020 por el entonces fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Orsini Quintero está acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

   Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en la cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

   La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

   El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

   El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidense a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.

  El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.



lunes, 8 de marzo de 2021

¿Por qué la juez del caso Ali Sadr decidió publicar los documentos que dejaron mal parada a la justicia de EE. UU. ?

   La juez del caso ordenó divulgar las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes y los documentos de respaldo del caso.

Por Maibort Petit

  Una victoria para la libertad de expresión e información significó la decisión de la juez, Alison Nathan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York respecto al caso que en esa instancia judicial se dirime entre Estados Unidos y Ali Sadr Hashemi Nejad, toda vez que en uno de los apartes de su decisión del pasado 17 de febrero de 2021, concedió la solicitud de la prensa —a través de The Associated Press— de permitir la divulgación de los documentos que la fiscalía neoyorquina manipuló y pretendió ocultar durante el juicio del banquero iraní.

   En la citada corte, un jurado determinó que Sadr Hsheminejad era culpable de “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”, delitos por los que podía pasar varias décadas en la cárcel.

    Sin embargo, recientemente se conoció que los fiscales ocultaron de los abogados del imputado un documento que habría ayudado en la defensa de Sadr, a saber, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones. La extraña conducta de los fiscales llegó al extremo de, en lugar de enmendar su error, procedieron a “enterrar” el documento entre otra serie de papeles que remitieron a la defensa, creyendo que la irregularidad no iba a ser detectada.

  La prensa bregó ante el tribunal a objeto de que se permitiera la divulgación, tanto de la carta del Commerzbank, como de los correos electrónicos y mensajes de texto, entre otros, que se cruzaron los fiscales y que revelaban cómo su actuación permitió el desmoronamiento del caso contra Sadr cuando el juicio estaba a punto de completarse.

  Ocurrió que un registro bancario apareció a último momento cuando la fiscal federal adjunta, Jane Kim, lo quería presentar como prueba, pero se percató de que aún no lo había compartido con los abogados de Alí Sadr, algo que violaba las reglas del debido proceso. 

   Tales hechos llevaron a la juez Alison Nathan a anular el veredicto del jurado y a, en los últimos días, recomendar al Departamento de Justicia, investigar la probable conducta irregular de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, específicamente a la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales.

  En su decisión del 17 de febrero, la juez Nathan permitió el acceso público a las declaraciones de la fiscalía y a los documentos que esta aspiraba mantener bajo sello. Y si bien la magistrada accedió a sellar los expedientes que constituyen la base del dictamen que estableció que el público tiene derecho a saber cómo sucedieron los hechos.

   Recuerda la decisión que tanto la Constitución como las leyes y la tradición judicial reconocen el derecho de acceso público a los procedimientos judiciales y a los documentos judiciales. Subraya que las Enmiendas Primera y Sexta también protegen el derecho a iniciar un proceso judicial —la Sexta para los acusados y la Primera para el público y los miembros de la prensa— siendo condición que el documento solicitado sea un "documento judicial".

   Señala la jurisprudencia que la Corte debe considerar la “relevancia del contenido específico del documento para la naturaleza del procedimiento y el grado en que el acceso al documento ayudaría materialmente al público a comprender los asuntos ante la corte y a evaluar la imparcialidad e integridad de la resolución judicial". Agrega que el tribunal en el ejercicio de sus poderes de supervisión tiene poder para investigar las declaraciones falsas y sancionar la mala conducta de los abogados. 

  De este modo, las declaraciones del fiscal, los anexos y las cartas de las partes son importantes para que el público comprenda las cuestiones que tiene ante sí la Corte, refiere la decisión, incluida la desestimación de los cargos subyacentes contra Alí Sadr y la tergiversación de la fiscalía ante la Corte con respecto a la divulgación de pruebas exculpatorias. En tal sentido, el Tribunal mostró su desacuerdo con la posición de los fiscales de que los documentos están exentos de divulgación porque la presente investigación del es análoga a un procedimiento disciplinario. Contundentemente el tribunal estableció que el caso de Sadr no es un procedimiento disciplinario. 

  La Corte estimó que el derecho público de acceso a los documentos judiciales no se evapora cuando está involucrada la mala conducta de un abogado y, por el contrario, sostiene que es más importante "tener cierta responsabilidad y que el público tenga confianza en la administración de justicia". Así, el tribunal concluyó que las declaraciones del fiscal y las cartas de las partes son documentos judiciales.

  Igualmente, la Corte concluyó que tanto la Primera Enmienda como el derecho consuetudinario apoyan el acceso público a los documentos en el caso de Alí Sadr, una conclusión a la que llegó sobre la base de que las declaraciones en las que se basa un tribunal para llegar a una decisión judicial son documentos históricamente abiertos a la prensa y al público, el cual tiene un profundo interés en la conducta de los fiscales federales. 

  Precisa la juez Nathan que la información sobre la mala conducta de la fiscalía que dio pie a la anulación del veredicto del jurado y la desestimación de una acusación, es de gran valor para quienes supervisan los tribunales federales. El hecho de que se haya decidido no imponer más sanciones basándose únicamente en dichos documentos, sin una audiencia pública, pesa más a favor de la divulgación. 

   Refiere la decisión que las declaraciones del fiscal y sus anexos hacen referencia solo a un puñado de correos electrónicos con terceros, ninguno de los cuales incluye información privada o vergonzosa. Sostiene que los intereses de privacidad de los propios fiscales tampoco justifican la denegación del acceso público a los documentos, mientras que el interés del público precisamente en estos detalles pesa en contra del sellado.

  La juez Alison Nathan determinó que es apropiado revelar las identidades de los fiscales involucrados y concluyó que dicha información se puede verificar fácilmente a partir de documentos presentados públicamente y transcripciones del juicio. 

  Determinó la magistrada que el público tiene derecho a saber cómo ocurrieron los hechos extraordinarios de este caso en el cual el Gobierno terminó por solicitar y obtener la vacante del veredicto del jurado en razón de la responsabilidad de los funcionarios públicos y en la confianza del público en la administración de justicia. 

“Con la excepción de una clase limitada de materiales que tratan con información confidencial, la Corte no mantendrá en secreto las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes y los documentos de respaldo en este caso. La Corte espera que a medida que el Distrito Sur de Nueva York deje atrás este desafortunado capítulo, estos documentos proporcionarán a otros fiscales y miembros del público una idea de cómo el Gobierno llegó a manejar tan mal sus obligaciones éticas en este caso, algo de disuasión para conducta indebida en juicios futuros y cierta seguridad de que el poder judicial trata estos asuntos con la mayor seriedad”, concluye la decisión.