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jueves, 26 de enero de 2023

Maikel Moreno, expresidente del TSJ chavista, fue acusado por EE. UU. de aceptar sobornos millonarios para resolver casos judiciales


  Un gran jurado federal de Miami acusó formalmente a Maikel José Moreno Pérez, de 57 años, expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela y actual juez, de conspirar para lavar y lavar sobornos que recibió a cambio de usar su cargo para resolver asuntos civiles y penales. casos en Venezuela para favorecer a los sobornadores.

 Según los documentos de acusación penal, como presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Moreno tenía el poder de influir en las decisiones judiciales en Venezuela porque tenía la autoridad para determinar el panel de jueces que escucharían casos en la Corte Suprema y el poder para nombrar o destituir a menores. jueces de los tribunales de primera instancia y de apelación en Venezuela. Esta actividad se prolongó desde 2014 hasta marzo de 2019.

 Se alega que Moreno recibió más de $10 millones de dólares en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido contratos de entidades estatales venezolanas. 

  En 2014, antes de su nombramiento como presidente de la Corte Suprema, recibió $1 millón mediante transferencias electrónicas a su cuenta bancaria personal en Miami de un contratista venezolano. Este dinero fue para acordar resolver futuros casos penales venezolanos a favor de este contratista.

 Durante su mandato en la Corte Suprema, Moreno recibió sobornos a cambio de influir en acciones en casos penales, incluida la desestimación de cargos penales y órdenes de arresto o la orden de confinamiento domiciliario para los acusados, según los documentos de acusación penal. 

  Moreno recibió sobornos de un contratista acusado en los Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario para que se desestimara un caso penal venezolano. También recibió sobornos a cambio de tomar acciones oficiales en casos civiles venezolanos. Estuvo de acuerdo en autorizar la incautación judicial de una planta automotriz de General Motors (valorada en aproximadamente $100 millones) como parte de una disputa civil a cambio de un porcentaje de participación en las ganancias de la venta de la planta, se alega. Mantuvo un libro de sobornos que rastreaba millones de dólares en sobornos entrantes y gastos personales.

  Moreno supuestamente usó los ingresos de los sobornos para comprar o renovar bienes inmuebles en todo el mundo, incluida una villa en la Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por $1,5 millones, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por $1,3 millones, y un apartamento en Miami por $1,3 millones. También usó las ganancias de los sobornos para comprar automóviles, artículos de lujo, viajes de lujo y más de $300,000 para una actuación musical en su boda.

  Los fiscales acusan a Moreno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.

  Los cargos de lavado de dinero conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años y los cargos de participar en transacciones en bienes derivados de actividades delictivas cada uno conlleva una sentencia máxima de 10 años.



martes, 13 de diciembre de 2022

Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa, la enfermera y el escolta de Hugo Chávez, fueron declarados culpables por un jurado en EE. UU.

Por Maibort Petit 

  Un jurado federal de estado de la Florida emitió un veredicto de culpabilidad este martes, contra la enfermera y el escolta de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa. La pareja fue convicta por cargos de conspiración de lavado de dinero relacionados con un esquema ilegal de cambio de moneda extranjera que generó $ 100 millones en ganancias, que se usaron para comprar yates, aviones privados y otros lujos.

   Después de aproximadamente tres horas de deliberaciones, el jurado encontró a la extesorera de Venezuela, Díaz Guillén culpable de cargos de conspiración para lavado de dinero y un cargo de lavado de un instrumento monetario. La mujer fue declarada no culpable de un cargo de lavado de dinero relacionado con una transferencia bancaria en marzo de 2013 de más de $281,000 desde Suiza a una cuenta bancaria en el sur de la Florida. 

  El mismo jurado encontró a Adrián Velásquez Figueroa, culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y dos cargos de lavado de instrumentos monetarios.  

  La pareja enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión.

  Según los fiscales federales, Adrián Velásquez habría sido un intermediario para que su esposa y Raúl Gorrín Belisario recibiera alrededor de $100 millones en ganancias de la venta de bonos, mientras que Díaz fue tesorero de 2011 y 2013.

  Velásquez y Díaz fueron extraditados de España a EE. UU. en 2021, mientras que Gorrín, quien también está imputado en el caso, sigue prófugo. El juicio de los acusados comenzó el 28 de noviembre.

  Los fiscales dijeron que Díaz, la ex enfermera personal de Hugo Chávez, y Velásquez, un oficial de inteligencia militar en el destacamento de seguridad personal de Chávez, pasaron inmediatamente de ocupar puestos en el gobierno a vivir una vida de lujo como resultado de una conspiración urdida entre ellos, Gorrín y Alejandro Andrade. antecesor de Díaz.

      Díaz Guillén ejerció como Tesorera Nacional de Venezuela en sucesión a Alejandro Andrade, mientras que su esposo fue jefe de seguridad del finado mandatario. En el ejercicio de estas funciones, la acusada y su cónyuge habrían recibido unos USD 65 millones en sobornos por parte de Gorrín.

   Las defensas de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa pidieron al tribunal, en el marco del juicio que concluyó este martes, que se desestimara la acusación y que el juez declarara el juicio nulo. 

  El abogado de Velázquez Figueroa planteó que su cliente es rico, pero no de manera ilegal, que la fortuna es producto de una extensa red de negocios legalmente establecidos, y que los millones de dólares que, según los fiscales, viene de de la corrupción, realmente llegaron a sus arcas después que la acusada saliera de su cargo como tesorera de la nación. 

  El 'consorcio' de empresas de Adrían Velázquez incluye una panadería, una escuela de buceo y un contrato con una empresa de extracción de petróleo, entre otros.

    La argumentación del abogado Andrew S. Feldman del escritorio jurídico Feldman Firm PLLC dejó perplejos a los fiscales encargados de la investigación que ha durado años, y que contó con la testificación de uno de los principales actores del esquema de corrupción que se ejecutó para esquilmar más de 2.800 millones de dólares a las arcas del tesoro venezolano, Alejandro Andrade. 

   El juicio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa está en la etapa final, luego de dos semanas de audiencias con el jurado donde han testificados varios testigos de la fiscalía, incluyendo al extesorero corrupto, Alejandro Andrade Cedeño, quien fue condenado, y tras su colaboración con los fiscales, se convirtió en testigo estrella de este caso.

  Durante los argumentos finales, los fiscales detallaron lo que dijeron que era evidencia de una conspiración entre Díaz y Gorrín que le permitió continuar comprando bonos del Tesoro del Reino Unido a una tasa baja del Tesoro de Venezuela y revenderlos por dólares estadounidenses con una ganancia en el mercado abierto, lo que resultó en cajas llenas de dinero en efectivo y compras de artículos caros, según los fiscales.

  Díaz Guillén presuntamente recibió una parte del 50% de las ganancias, que según los fiscales eran esencialmente sobornos, mientras que Gorrín dividió su mitad con Andrade a cambio de negociar la reunión.

  Los fiscales presentaron pruebas de las transacciones bancarias y electrónicas, registros de la compañía y registros de vuelos y cruces fronterizos que muestran las llegadas de Díaz, Velásquez, Gorrín y otros compañeros. conspiradores al sur de Florida en marzo de 2011, todo lo cual, según el gobierno, demostró ser una conspiración para lavar dinero de sobornos.

  Además de violar la ley estadounidense, los fiscales dijeron que los acusados violaron la ley venezolana al aceptar "dinero indebido" con la intención de violar sus deberes oficiales.






martes, 22 de noviembre de 2022

¿Cómo la fiscalía de EE. UU. busca probar que Claudia Díaz Guillén y su esposo lavaron millones de dólares provenientes de sobornos pagados por Raúl Gorrín?

  En este proceso, Alejandro Andrade, extesorero de Venezuela, se perfila como el testigo estrella del gobierno.

  Tal como estaba previsto este lunes 21 de noviembre se dio inicio al enjuiciamiento de Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez”, así como de su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, acusados de formar parte de una trama de corrupción que, a la sazón del sistema de control de cambio imperante en Venezuela a lo largo de la gestión de gobierno de Hugo Chávez y liberada de facto únicamente en los últimos años del gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro, supuestamente permitió millonarias ganancias con el diferencial cambiario a Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión. 
        Imagen del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

  Será el próximo 28 de noviembre cuando tenga lugar la primera sesión del juicio con las declaraciones de apertura en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, constituyéndose en el primer proceso de los múltiples que involucran a acusados venezolanos en actividades de lavado de dinero, que se dilucide en las salas de la corte, pues la tendencia hasta ahora había sido la admisión de culpa por parte de los involucrados.

  Díaz Guillén ejerció como Tesorera Nacional de Venezuela en sucesión a Alejandro Andrade, mientras que su esposo fue jefe de seguridad del finado mandatario. En el ejercicio de estas funciones, la acusada y su cónyuge habrían recibido unos USD 65 millones en sobornos por parte de Gorrín, correspondiéndole a la fiscalía a partir del próximo lunes, probar estos hechos ante el jurado.
  El pasado 18 de octubre de este año 2022, el juez de la causa, William P. Dimitrouleas, le dio entrada al acta sin papel de los procedimientos llevados a cabo hasta la citada fecha, los cuales, a saber, sirvieron para considerar en conferencia de estado, una serie de mociones de la defensa dirigidas a solicitar la exclusión de evidencia y de testigo del gobierno, así como para desestimar los cargos 2, 9 y 10 de la acusación por estimarlos prescritos con retraso previo. Estas acciones de los abogados de Díaz Guillén se formularon por considerar que se violaron el debido proceso establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Luego de escuchadas las partes y sus alegatos, el magistrado negó las mismas. Igualmente, el juez Dimitrouleas ordenó la presentación de los listados de testigos y pruebas.

 Cabe destacar que la defensa ha tratado por todos los medios de impedir que en el juicio testifique Alejandro Andrade, quien como ya señalamos, antecedió a Claudia Díaz Guillén en la Tesorería y habría dado inicio a la trama de corrupción junto con Gorrín. Andrade se declaró culpable de de un cargo de conspiración de lavado de dinero por USD 1.2 mil millones y por ello recibió una sentencia de 10 años en noviembre de 2018 que logró rebajar gracias a su colaboración con la justicia.
  Dicha colaboración fue la que permitió ampliar la acusación de la fiscalía y así incluir a Claudia Díaz Guillén, a Adrián Velásquez Figueroa y a Raúl Gorrín, presunto cabecilla de la trama.

 Andrade, quien se convertiría en el testigo estrella de este proceso, habría aportado datos fundamentales que, junto a transferencias bancarias y correos electrónicos entre los involucrados, facilitaron a los fiscales la estructuración del caso cuyos hechos ahora esperan demostrar en la corte. Las evidencias del gobierno incluyen supuestas transferencias efectuadas por Raúl Gorrín a los acusados, desde Suiza a cuentas en Miami de los demandados.
  En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, los fiscales intentarán comprobar que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a los acusados, de manera de asegurarse la participación en las operaciones de cambio de moneda extranjera en Venezuela que generaron cientos de millones de dólares en ganancias irregulares que fueron lavados con inversiones inmobiliarias y en entidades bancarias de los Estados Unidos.

Orden de apertura limitada

  El 19 de octubre de 2022, William P. Dimitrouleas, Juez del Distrito Sur de Florida, luego de escuchar los alegatos en fecha previa, 18 de octubre de 2022 y luego de consultar con el juez Rosenberg, determinó que el citado magistrado debía emitir una orden de apertura limitada con respecto a la moción de la Regla 35 en 17-80242-CR y, en ausencia de preocupaciones de CIPA.

 Igualmente, ordenó que el juez Rosenberg ingrese una orden de apertura limitada con respecto a las transcripciones de la moción de la Regla 35 en el caso.

Los testigos de la lista conjunta

  Ante la Corte, los abogados Marissel Descalzo y Andrew Feldman, en representación de Claudia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, presentaron un listado preliminar de los testigos que tienen previsto llamar al estrado en la defensa conjunta que ejercerán de los demandados.

  Así, serán llamado a testificar los agentes especiales Gregg Mervis, Slade P. Searight, Mark Shelby, Daltrisha A. Jean y Sandalio González.

  Asimismo, atestiguarán Josmel Velasquez, Carlos Pérez, Anirays Camino y Angélica Barrios.

  Del mismo modo, los abogados advierten que interrogarán a cualquier testigo en la lista de del gobierno.

Las pruebas de la defensa

  El 28 de octubre de 2022, los abogados de la defensa presentaron un listado de pruebas conjuntas que presentaran en el desarrollo del juicio, reservándose, como advirtieron el derecho de modificar o complementar las dichas pruebas y utilizar cualquier otra de las presentadas por la fiscalía durante el proceso.

  Se trata de un total de 57 documentos de diversa índole, entre ellos, copia de los convenios cambiarios y otras leyes venezolanas, resoluciones gubernamentales, certificados de depósitos, entre otros.

 Respuesta del gobierno a pedido de excluir a Alejandro Andrade como testigo

  El gobierno, a través de Paul A. Hayden, de la Sección de Fraude, División Criminal Departamento de Justicia y Kurt K. Lunkenheimer, asistente del Fiscal para el Distrito Sur de Florida Juan Antonio González, respondieron en oposición a la la Moción Conjunta para Excluir al Testigo Alejandro Andrade presentada por los acusados.

  La fiscalía estima que la solicitud de Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa de excluir el testimonio de Andrade o que el Tribunal ordene al gobierno revelar información clasificada a la defensa de manera que puedan indagar sobre la misma en el contrainterrogatorio, debe ser denegada.

  Los acusados sostienen que el Tribunal no siguió los requisitos y procedimientos de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA); que la información retenida de los acusados ​​era Brady y Giglio, y; que CIPA no pesa más que las demandas de debido proceso constitucional de Brady. En ello se sustentan para pedir que la declaración del testigo cooperante, Alejandro Andrade, sea excluida.

  Para el gobierno, la argumentación de la defensa es solamente un intento de volver a litigar sobre una materia que ya fue negada por el tribunal el 18 de octubre de 2022 cuando el juez Dimitrouleas negó las mociones para excluir la evidencia y el testigo del gobierno, así como la moción para desestimar los cargos 1, 9 y 10 de la acusación.

  Advierten los fiscales que, incluso si la Corte considerara los argumentos de los demandados, igualmente fracasarían porque tanto el tribunal como el gobierno, se ciñeron a lo establecido en la CIPA.

   Cabe destacar que el pasado 13 de octubre de 2022, la fiscalía hizo una presentación clasificada de conformidad con CIPA y al día siguiente el Tribunal, efectuó una audiencia a puerta cerrada ex parte y el gobierno presentó información no clasificada a la defensa.

  Subrayó el gobierno que la CIPA no cambia las obligaciones de descubrimiento de la fiscalía y tampoco altera las reglas de la evidencia. Explicaron que esta norma exige una serie de procedimientos en las etapas previas al juicio, en el juicio y en la apelación, para proteger el derecho del acusado al debido proceso. Además, subrayaron que CIPA tiene como objetivo la protección y restricción del descubrimiento de información clasificada de tal manera que no perjudique el derecho del acusado a un juicio justo. Esta ley crea un procedimiento previo sobre la admisibilidad de la información clasificada.

  En razón de que la jurisprudencia ha determinado que los tribunales de distrito tienen la potestad de decidir si la información clasificada es “relevante para la determinación de la culpabilidad o inocencia del acusado []”, o “útil para la defensa” o “esencial para una determinación justa de la causa, ”está dentro de su autoridad retener la divulgación de la información”. En este contexto, sostiene el gobierno, se inscribió la decisión de la Corte de llevar a cabo una audiencia a puerta cerrada ex parte y luego de ello ordenó al gobierno presentar a la defensa información no clasificada. Es decir, se cumplieron las pautas de CIPA.

  El gobierno cree que las motivaciones esgrimidas por la defensa para buscar información adicional sobre Alejandro Andrade no procede y es infundado el argumento de que al haberse incumplido CIPA por parte del tribunal, el asunto se remedia con la exclusión del testigo.

Preocupación por interferencia de coacusado

  El gobierno manifestó su preocupación por el hecho de que un co-acusado en condición de fugitivo se habría puesto en contacto con con un testigo identificado, lo cual habría hecho a través de un tercero.


  Por lo conocido por la fiscalía el contacto se produjo para indagar si, efectivamente, el testigo estaba testificando y por qué razón, lo que que el testigo tomó como un acto intimidatorio.

  En razón de que el referido testigo sólo había sido identificado por el abogado de Díaz Guillén en cumplimiento de una orden judicial y nunca se había mencionado su nombre como posible testigo del gobierno, por lo que se tiene como información confidencial, la fiscalía estimó necesario que se convocara a una conferencia de estado para aclarar este contacto inapropiado.

lunes, 31 de octubre de 2022

Conducta irregular de los agentes de Seguridad Nacional de EE. UU. condujo a la desestimación de acusación contra Paulo Murta, artífice de la trama de corrupción de Roberto Rincón y Abraham Shiera

  Entre otras razones de tipo legal, el haber actuado premeditadamente y con la intención de que el acusado se autoincriminara llevó al juez a desestimar una de las pruebas fundamentales de acusación.

Por Maibort Petit
  En el proceso judicial que se le sigue a Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, presunto artífice de la trama de corrupción encabezada por los empresarios c, excontratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quienes mediante el pago de sobornos a funcionarios de la estatal a cambio de la obtención de contratos y trato privilegiado, una entrevista formulada en Portugal el 20 de marzo de 2018, permitió, primero a los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y luego al Departamento de Justicia, formular la acusación. Sin embargo, la actuación irregular de los DHS llevó al Tribunal a desestimar esta prueba fundamental.
  El juez Kenneth Hoyt del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División de Houston concedió en julio 2022 la moción para suprimir la entrevista, con base a la violación de los Derechos Miranda de Paulo Murta bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE. UU.

  El 11 de julio de 2022, el juez Hoyt concedió la moción de desestimación de la acusación de reemplazo presentada por Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta ante la corte que preside.

  El magistrado consideró para su decisión, tanto la moción para desestimar la acusación de reemplazo, como la de supresión sustentada en las presuntas violaciones a los Derechos Miranda de Paulo Murta bajo la Quinta Enmienda de la Constitución federal. Estas mociones presentadas de forma separada, fueron abordadas por el juez Hoyt de manera conjunta.

La moción de desestimación de la acusación de reemplazo

  Se acusa a Murta de brindar servicios financieros de una manera que violó directamente o ayudó a violar varios estatutos federales de los Estados Unidos, como la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986, enmendada (MLCA), la Ley Federal de Prácticas Corruptas (FCPA), y el título 18 del Código de los Estados Unidos.

  La acusación de reemplazo señala que, aunque Murta era un ciudadano de Portugal y Suiza, actuó como un agente de la empresa suiza B, varios coacusados extranjeros y una o más empresas con sede en los EE. UU. Se refiere que si bien Murta no era un empleado del Banco Espírito Santo (BES) trabajó estrechamente con Banquero BES 1 Banquero 2 a objeto de “establecer la estructura y las cuentas utilizadas para realizar transacciones financieras en el presunto esquema de lavado de dinero en comercio interestatal”.

 Estimó el juez respecto a los cargos 13 y 14 de la acusación de reemplazo, que no se estableció que Paulo Murta haya enviado o recibido ninguna de las supuestas comunicaciones mientras se encontraba en Estados Unidos. Esto de acuerdo a la acusación de reemplazo, ocurrió después de que Murta viajara en febrero de 2012 a Miami, Florida, para reunirse con Abraham Shiera y su socio para hablar sobre el presunto esquema de lavado de dinero. 

  A pedido de Shiera, el acusado le habría enviado por correo electrónico y mensaje de texto, entre el 25 de enero de 2012 y el 18 de marzo de 2013, información atinente a la apertura de cuentas en el Banco Espirito Santo. 

  Asimismo, en mayo de 2012, Murta supuestamente les remitió un correo electrónico a los socios de Shiera que contenía un acuerdo de préstamo presuntamente falso que serviría para justificar una transferencia bancaria a las cuentas de los funcionarios por USD 4,8 millones.

  Ya respecto a los cargos 18 y 19, el 25 de marzo de 2013 y el 8 de mayo de 2013, Murta habría transferido o ayudado a transferir de la Compañía de Rincón 2 con sede en EE. UU. a la Compañía de Rincón 8 con sede en Venezuela, USD 8,5 millones destinados supuestamente a pagar sobornos a los funcionarios venezolanos.

  En atención al cargo 14, Conspiración para violar la FCPA, el juez determinó que debe ser desestimado por falta de jurisdicción, falta de debido proceso y vaguedad. El tribunal cree que el gobierno carece de jurisdicción extraterritorial sobre el acusado cuando lo califica de “agencia” por su conducta en el extranjero. Estableció el magistrado que el término “agencia” es constitucionalmente vago en cuanto a este acusado extranjero.

  A las afirmaciones del gobierno de que las comunicaciones por correo electrónico entre el acusado y otros co-conspiradores ocurridas entre enero de 2012 y marzo de 2013, calificados como posibles actos abiertos, no son sustentados debidamente. La acusación de reemplazo no alega que Murta haya enviado o recibido estas comunicaciones desde EE. UU. Por tanto, estas comunicaciones no pueden considerarse como actos que apoyen la conspiración.

  Agrega el magistrado que no se establece un nexo suficiente entre la supuesta conducta de Paulo Murta y los Estados Unidos para satisfacer el requisito del debido proceso de la Quinta Enmienda. Por ello el cargo 14 se desestima.

  Los cargos 18 y 19 referidos a violaciones sustanciales de lavado de dinero y complicidad; así como conspiración para cometer lavado de dinero del cargo 13, también se desestimaron por falta de jurisdicción.

  Tampoco la acusación de reemplazo alega que Murta se encontraba en EE. UU. cuando ocurrieron las supuestas transacciones, o que las inició o intentó iniciarlas desde Estados Unidos. Igualmente, no existe alegato de que ninguna de las comunicaciones de las que se hace mención en los cargos 18, 19 o 13, hayan ocurrido en EE. UU. Por tanto, se determina que el tribunal carece de jurisdicción extraterritorial sobre el acusado en relación a un delito sustantivo de lavado de dinero a que hace referencia al cargo 18. En consecuencia, también se deben desestimar los cargos 19 y 13 de complicidad y conspiración. En opinión del juez, el enjuiciamiento de Paulo Murta en razón de los cargos 18, 19 y 13, viola sus derechos al debido proceso de la Quinta Enmienda.

 Por todo lo expuesto, el Tribunal para el Distrito Sur de Texas determinó que los cargos 13, 14, 18 y 19 de la acusación de reemplazo deben desestimarse por falta de jurisdicción, falta de declaración una demanda, el debido proceso y la vaguedad.

  Del mismo modo, el tribunal estimó que debe otorgarse la moción de desestimación a Paulo Murta sustentada en el estatuto de limitaciones. Se determinó que al acusar al demandado en abril de 2019 es indicativo de que se presentó fuera del plazo de prescripción, por lo que los Cargos 13, 14, 18 y 19 deben ser y son desestimados.

La moción de supresión

 El tribunal recordó que cuando un acusado sostiene que una declaración fue involuntaria y se procura que la misma sea usada en su contra en el juicio, al gobierno le corresponde probar que la declaración fue voluntaria.

  La jurisprudencia ha establecido que la voluntariedad no la determina la cooperación de un testigo, sino por el hecho de que se le informen sus derechos. La Quinta Enmienda otorga al acusado el derecho a no autoincriminarse. Por ello los Derechos Miranda estipulan que una persona tiene derecho a permanecer en silencio durante un interrogatorio bajo custodia. Además, el hecho de que la entrevista o el interrogatorio tenga lugar en un país extranjero no aminora las protecciones de la Quinta Enmienda o Miranda.

  La decisión estableció que fue evidente que los agentes de Seguridad Nacional controlaron la entrevista a Paulo Murta en Portugal el 20 de marzo de 2018 y allí las preguntas se realizaron de manera intimidante, diseñadas para obtener respuestas incriminatorias. De no haber sido así, no se habría requerido una declaración escrita.

 Para el juez es indiscutible que no se le leyeron los Derechos Miranda a Paulo Murta antes de realizar las preguntas y, por el contrario, le aseguraron para tranquilizarlo, que no estaba siendo investigado.

“La evidencia indiscutible muestra, sin embargo, que el acusado fue interrogado mientras se encontraba en un entorno y estado de custodia, por lo que se aplican las protecciones de Miranda y la Quinta Enmienda”, reza la decisión.

 El magistrado estableció que en la posición de Paulo Murta este no sintió que podía abandonar la entrevista voluntariamente, por lo que la moción para suprimir cualquier declaración oral o escrita dada a los agentes de portugueses o del DHS, se suprimen.

 Por todo lo expuesto, el juez Kenneth M. Hoyt concedió la moción de desestimación a Paulo Murta.

Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl pidieron al Tribunal de Delaware ejecutar su sentencia mediante embargo de las acciones de CITGO

  Presentaron ante la Corte una solicitud de una orden de embargo fieri facias.

Por Maibort Petit
  Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl, empresas a las que el finado expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, expropió en 2010 su participación accionaria de 25 por ciento de los activos de Ferinitro, brega desde entonces a través de una serie de acciones, para hacer valer sus derechos y ser resarcidas. Luego de ganar el litigio presentado ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), demandó y ganó ormente demandar y ganar el 22 de febrero de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el cual sentenció el cumplimiento del laudo arbitral por un monto de USD 306,95 millones más costas y interés[1].
  Koch registró la sentencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, donde su última diligencia fue solicitar que se ordene al secretario de la corte emitir una orden de embargo fieri facias sobre las acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), propiedad total de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y alter ego de Venezuela. En pocas palabras, los demandantes buscan cobrar la sentencia con las acciones de CITGO.

Veamos las diligencias realizadas en detalle:

Memorándum de ley en apoyo a la moción

  El 7 de octubre de 2022, Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl, demandantes y acreedores en el laudo arbitral contra Venezuela, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, un memorándum de ley en apoyo de su moción de una orden que autorice el Secretario del Tribunal para emitir una orden de embargo fieri facias sobre las acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), propiedad total de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y alter ego del deudor de sentencia a su favor.

  De acuerdo a los demandantes, la emisión de la orden de embargo fieri facias procede con la condición de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) haya (i) autorizado la emisión y notificación de dicho auto o (ii) haya eliminado o modificado de otro modo las sanciones pertinentes que actualmente prohíben la transferencia de PDV Holding, Inc., por lo que la acción del secretario de la corte ayudará a Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl a ejecutar su sentencia consolidada contra Venezuela; así como también, conceder cualquier otra reparación adicional que se considere justa y apropiada.
   Los demandantes se amparan en la tesis de que PDVSA es el alter ego de Venezuela y, por tanto, los activos de esta en los Estados Unidos pueden considerarse activos comerciales del país sujetos al embargo. Recuerdan los demandantes que ya la Corte con anterioridad, en agosto de 2018, estableció que PDVSA era el alter ego de Venezuela y autorizó el embargo de las acciones de PDV H por parte de Crystallex International Corporation. En razón de que el tribunal debe analizar la condición de alter ego de un deudor al momento en que incurrió en la responsabilidad y, en este caso, así ocurrió cuando se modificó el laudo adverso en abril de 2018, ajustando el monto del laudo.

  Sostiene Koch que a la fecha actual, la relación entre PDVSA y Venezuela se mantiene, por cuanto desde enero de 2019, el gobierno de interino de Juan Guaidó trata a PDVSA como parte del estado venezolano y utiliza sus activos en el comercio no menos que el régimen de Nicolás Maduro.

  Estiman que negarles el embargo que procuran los dejaría sin un recurso efectivo para para cobrar la sentencia, puesto que no se han identificado otros activos de Venezuela en EE. UU. Actuar de esta manera sería discriminatorio, sostienen.

  Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl se encuentra en proceso de solicitar una licencia de la OFAC a objeto de que se autorice el embargo de las acciones de PDV H en poder de PDVSA en Delaware. Estiman que la moción no entra en conflicto con las sanciones de EE. UU. a Venezuela.

Declaración jurada

  También el 7 de octubre de 2022, Alexander A. Yanos, abogado de la firma Alston & Bird LLP, presentó una declaración jurada ante el Tribunal para el Distrito de Delaware en la que asegur, primeramente, que actúa en representación de Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI) en la causa que estas mantienen contra la República Bolivariana de Venezuela en dicha instancia judicial.
  Refirió a la Corte que dicha declaración la presentó en apoyo de la solicitud de los demandantes de una orden que autorice al secretario del Tribunal a emitir una orden de embargo fieri facias (“Petición”), así como que acompañará a estos en esta búsqueda que les permita ejecutar el laudo arbitral dictado contra Venezuela en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia en el proceso denominado Koch Minerals Sàrl c. República Bolivariana de Venezuela.

Igualmente, hizo una larga enumeración de la documentación anexa que acompaña la moción.

Registro de sentencia en Delaware

  El 31 de marzo de 2022, Laura Davis Jones, de la firma Pachulski Stang Ziehl & Jones LLP, en representación de Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI), envió una comunicación a Juan A. Cerino, secretario del Tribunal para el Distrito de Delaware, para remitirle documentación emitida por el Secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia relacionada con el caso de los demandantes contra Venezuela, a saber, una (i) Certificación original del Secretario de un fallo que se registrará en otro distrito; y (ii) copia certificada de Sentencia, en la referida acción.

  Refirieron a Merino que el 22 de febrero de 2022, la Corte de Columbia autorizó a Koch a registrar por causa justificada la sentencia a su favor en el Distrito de Delaware.

  Igualmente, solicitó la asignación del caso al juez Stark, por su relación con acciones pendientes contra Venezuela.

Recurso fieri facias propuesto por Koch

  Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI) presentaron una propuesta de recurso fieri facias dirigido a los marshals de los Estados Unidos en el que se ordena entregar la orden de embargo a PDV Holding Inc. o a su agente registrado Corporation Trust Company, para embargar todas las acciones y cualquier otro activo o derecho relacionado con esas acciones propiedad perteneciente o adeudada a Petróleos de Venezuela (PDVSA), para así satisfacer la sentencia adeudada a su favor por la suma de USD 387.212.536,29 interés más post sentencia.


  La propuesta contempla la respuesta verificada que el embargado debe hacer al tribunal y a Laura Davis Jones, Pachulski, Stang, Ziehl & Jones LLP en un plazo de 20 días luego de la notificación del proceso.

 Igualmente una propuesta de declaración en apoyo de la petición de los demandantes de una orden que autorice al Secretario del Tribunal a emitir una orden de embargo fieri facias.

Memorándum de Opinión del Distrito de Columbia

  Koch presentó ante el Tribunal para el Distrito de Delaware el Memorándum de opinión y orden emitido por Zia M. Faruqui, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en el que además de establecer las razones de su decisión de sentenciar en favor de los demandantes y confirmar el laudo arbitral del CIADI.
  El magistrado determinó que Koch Minerals Sàrl (KOMSA) tiene derecho a USD 140.250.000 más intereses previos a la la adjudicación del 11 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2017, calculados al USD Libor 6 meses más 2% capitalizable cada seis meses, lo cual suma USD 28.419.011,14; así como también intereses posteriores al laudo desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la emisión de la sentencia del Tribunal a una tasa de USD Libor a 6 meses más 2%, capitalizable cada seis meses.

  Entretanto, a Koch Nitrogen International Sàrl (KNI), tiene derecho a USD 166.700.000, más intereses previos a la adjudicación del 11 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2017, calculados a Tasa Libor a 6 meses en USD más 2% capitalizable semestralmente, lo que suma USD 33.778.603,62; más intereses posteriores al laudo desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la sentencia a una tasa de USD Libor a 6 meses más 2%, compuesto cada seis meses.

  El juez también estableció costas judiciales por USD 17.436.085,10 y costos de arbitraje por USD 628.836.435, más intereses.

Informe de experto

  Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI) presentaron ante el Tribunal para el Distrito de Delaware un Informe pericial del experto Manuel A. Gómez en apoyo a la moción de embargo fieri facias.

 En su exposición, Gómez explicó la relación de alter ego entre PDVSA y Venezuela.

  Refirió que, como en sus dos informes anteriores, estima que PDVSA carece de independencia de Venezuela y, por lo tanto, debe considerarse su alter ego.

  Asimismo aseguró que la situación actual de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela es precaria, por lo que su control sobre los activos extranjeros de PDVSA es más importante que nunca para su supervivencia política. Refirió que transcurridos tres años de su investidura no se ha producido ninguna transición y Nicolás Maduro continúa ejerciendo el poder en Venezuela.


[1] Venezuela Política. “Venezuela condenada a pagar más de USD 981.641.531,24 a sus antiguos socios Koch Minerals y Koch Nitrogen: CITGO en la mira”. 28 de marzo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/03/venezuela-condenada-pagar-mas-de-usd.html

miércoles, 26 de octubre de 2022

Tras colaborar con los fiscales, juez sentencia al exalcalde de Guanta, Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino a 27 meses de cárcel por delitos de corrupción

 El ex-funcionario corrupto cumplirá su sentencia en una cárcel de Miami por petición de la defensa.

Por Maibort Petit

    El juez del Distrito Sur de Nueva York, Robert N. Scola Jr. sentenció este miércoles al exalcalde chavista del Municipio Guanta, estado Anzoátegui, Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino a 27 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero.

   Previamente, la Corte del Distrito Sur de la Florida había dictado una orden de decomiso por USD 3.800.000, equivalentes a los fondos irregulares recibidos en sus cuentas bancarias en Estados Unidos, provenientes de sobornos otorgados por contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. que buscaban a través de su intermediación, hacerse de contratos millonarios con la estatal.

  Marín aceptó colaborar con los fiscales federales estadounidenses suministrando información sobre actividades ilegales de sus socios, y de personas vinculadas a esquemas de corrupción relacionados con negocios petroleros en Venezuela, para lograr un condena menos severa, objetivo que logró gracias a las recomendaciones del gobierno.

  El juez Scola también sentenció a Marín a un año de libertad supervisada y condiciones especiales de vigilancia. Asimismo, el fallo le da al convicto la posibilidad de entregarse voluntariamente el 27 de abril de 2023. 

    En la sentencia, el juez informó que tenía derecho apelar la sentencia en los próximos 14 días. Asimismo, Scola ordenó a la Oficina de Prisiones que se le devuelva el pasaporte venezolano al convicto a través de su abogado, el exfiscal, Michael Nadler, una vez que se haya confirmado que el acusado se entregó para el cumplimiento de la sentencia.

   Hay que destacar que los activos de Marín Sanguino, así como los de su socio en las negociaciones irregulares en PDVSA, el exzar de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Torres, han sido objeto de controversia en los tribunales estadounidenses, toda vez que personas señaladas como sus testaferros han emprendido una serie de diligencias en procura de hacerse de los bienes de los acusados. Ante estos intentos, el juez Scola ha frenado estas iniciativas al favorecer la posición de la fiscalía que se negaba a ello[1].

  Marín Sanguino fue acusado el 21 de abril de 2022 por la Fiscalía de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. En la trama de corrupción que ha llevado al exfuncionario chavista al banquillo de los acusados en Nueva York, este usó su posición política y de poder, para beneficiar a empresarios que suministran bienes y servicios a PDVSA y que en la acusación del gobierno se identifican como Co-conspirador 1 y 2. El segundo de estos elementos fue identificado por la fiscalía como Carlos Enrique Urbano Fermín, propietario de la Constructora Cuferca C.A., quien igualmente es procesado por blanqueo de capitales en una corte de Florida en la que se declaró culpable[2].

  El 4 de agosto de 2022, Robert N. Scola Jr., Juez del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden preliminar de decomiso contra Jhonnathan Marín Sanguino.

  La acusación en su contra contemplaba el decomiso de todos los bienes, inmuebles o muebles que derivaran de las ganancias atribuibles al delito de conspiración para cometer lavado de dinero que se le imputó. El 23 de junio de 2022, el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad que Marín Sanguino presentó y en la que convino una sentencia de decomiso de dinero por la cantidad de USD 3.800.000.

  Dicha cantidad es equivalente a los sobornos que Jhonnathan Marín Sanguino recibió entre 2013 y 2017 cuando se desempeñó como alcalde de Guanta (estado Anzoátegui) a cambio de influir en los funcionarios de PDVSA encargados de aprobar contratos millonarios a las empresas que aparece en la acusación y se identifican como Co-conspirador 1 y 2, las cuales proporcionaban bienes y servicios a la petrolera. Los pagos de los citados sobornos se efectuaron a través de cuentas bancarias en bancos de Florida.

 Marín Sanguino recibió el dinero en cuentas controladas por él, familiares y otros, que en parte fue destinado a la compra de propiedades en Florida.

  El juez Scola dictó la sentencia de decomiso por USD 3.800.000 contra Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino y autorizó el descubrimiento que conduzca a identificar, ubicar o disponer de bienes decomisados y para resolver cualquier petición de terceros.

 REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Juez bloqueó nuevo intento de los testaferros de Jhonnathan Marín y Pedro León Torres por hacerse de activos decomisados por EE. UU.” 20 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/juez-bloqueo-nuevo-intento-de-los.html

[2] Venezuela Política. “Justicia de EE. UU. : El caso del exalcalde de Guanta, Jhonnatan Marín está relacionado con el empresario corrupto, Carlos Enrique Urbano Fermín (CUFERCA)”. 16 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/jhonnatan-marin-un-chavista-corrupto.html




 

miércoles, 19 de octubre de 2022

Continúa el contrapunteo entre Cliver Alcalá Cordones y la fiscalía por entrega de pruebas que supuestamente lo exculparían

  El gobierno sostiene que al militar venezolano se le han entregado todas las evidencias que ha pedido y aún más.

Por Maibort Petit

    En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Clíver Alcalá Cordones, acusado de crímenes de narcoterrorismo, sigue en la brega para que la fiscalía haga entrega de unas supuestas evidencias que, según su defensa, 'lo exculparían' de los delitos que se le imputan y, más aún, demostrarían su divorcio del régimen de Nicolás Maduro, su oposición al mismo y las acciones que ha llevado a cabo para que se concrete el fin de la dictadura venezolana.

  El 11 de octubre de 2022, el Fiscal de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, a través de sus fiscales auxiliares, Kaylan E. Lasky y Kyle A. Wirshba, remitió al juez, Alvin K. Hellerstein, las versiones redactadas de los memorandos de ley pertinentes para el expediente público del caso que se ventila en dicha instancia judicial entre los Estados Unidos y Clíver Antonio Alcalá Cordones.

  El gobierno refirió al magistrado que Alcalá Cordones presentó el 11 de mayo de 2022 una moción sellada cuya respuesta de la fiscalía en oposición, también sellada, fue entregada al tribunal el 15 de junio de 2022.

La moción sellada de Alcalá Cordones

  El 11 de mayo de 2022, los abogados de Clíver Alcalá Cordones, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, un Memorándum de ley en apoyo de la moción renovada por el solicitada para la producción de material de conformidad con Brady v. Maryland y la Regla Federal de Procedimiento Penal 5(F).

   El acusado insiste en que la Corte debe obligar a la fiscalía a cumplir con lo establecido en la norma. Refiere que es necesario que el gobierno presente la evidencia de demuestra la hostilidad y la rebelión armada del general Alcalá Cordones contra Nicolás Maduro y sus otros presuntos cómplices, pues el material, a juicio de la defensa, demostraría que el acusado se retiró de la conspiración acusada en 2014. Se trata de pruebas exculpatorias que la fiscalía debe entregar.

  Recuerdan que Alcalá Cordones se retiró del ejército en julio de 2013, tras 30 años de servicio y luego de que se produjera la muerte de Hugo Chávez en marzo de dicho año. Luego de eso, anunció públicamente su antipatía con el régimen de Maduro y, poco después, en 2014, se sumó a la sociedad civil que se oponía abiertamente al gobierno. En 2017, se comprometió en derrocar a Maduro mediante una insurrección armada y, entre ese año y 2020 mantuvo varias reuniones con oficiales de la CIA y oficiales de inteligencia colombianos para discutir la referida revuelta.

  Se indica en el memorándum que la acusación original de este caso fue presentada en 2011 únicamente contra Hugo Carvajal, a quien se señaló de participar en una conspiración de narcóticos. 

  En 2019, una acusación de reemplazo seguía solamente demandando a “El Pollo”. Entretanto, Alcalá Cordones seguía participando en complot contra Maduro. 

  El 5 de marzo de 2020, una segunda acusación de reemplazo incluye en la conspiración de narcotráfico y delitos conexos a Cliver Alcalá Cordones, junto a otros imputados. En esta segunda acusación se dice que el demandado participó en una conspiración de narcoterrorismo que contemplaba más de 20 años y lo señaló de formar parte del Cartel de los Soles. Sin embargo, a pesar de contemplar 21 años de conspiración, los abogados refieren que a su cliente sólo se menciona una vez en 2008, cuando junto a Diosdado Cabello y Hugo Carvajal, habría participado de una reunión en la que se le encomendaron labores adicionales de coordinación del referido Cartel de los Soles.

  Refiere en memorándum que el 30 de octubre de 2020, el tribunal ordenó la entrega de material según Brady, pero hasta la fecha solamente se ha hecho revelaciones parciales de hechos comprendidos entre 2016 y 2020 a la defensa.

 Se indica que el 22 de noviembre de 2021, el General Alcalá Cordones demandó del gobierno material Brady sobre testigos y miembros del gobierno de EE. UU. que conocían su participación en dos intentos de golpe, así como la planificación de un tercero, contra el gobierno de Maduro. 

  Luego, el 28 de enero de 2022 presentó mociones previas al juicio que incluían el material Brady y el 17 de marzo de 2022 la corte denegó la primera moción argumentando que no era necesaria una orden porque el gobierno parecía estar cumpliendo con sus obligaciones. 

  Después, el 29 de marzo de 2022 mantuvo una reunión con el tribunal ex parte  sobre la solicitud pendiente del gobierno de una orden de protección de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada. A raíz de esto, Alcalá Cordones presentó la actual moción renovada  para la divulgación del material Brady en posesión del gobierno el cual comprobaría su retiro, en caso de que así fuere, como resultado de su oposición al régimen de Nicolás Maduro.

  Entre otros materiales no divulgados, Cliver Alcalá Cordones exige a la fiscalía toda la documentación de la reunión del 13 de noviembre de 2013 entre el acusado y el agente de la DEA, Slade Searight, en Madrid; así como de la reunión del 23 de julio de 2014 con el fiscal Michael Lockard y los Agentes de la DEA Sandalio González y Gregg Mervis en Bogotá, Colombia.

La oposición del gobierno

  La fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, a través de los fiscales auxiliares, Kyle A. Wirshba y Kaylan E. Lasky, presentó un memorandum en oposición a la moción de Clíver Alcalá Cordones.

  El gobierno sostiene que el acusado está equivocado, primero, porque la conspiración de narcoterrorismo imputada tiene un plazo de prescripción de al menos ocho años y no de cinco años. Por ello, sostiene la fiscalía, aunque Alcalá se hubiera retirado de la conspiración en 2014, seguiría siendo culpable de de la conspiración de narcoterrorismo. 

  Asimismo, la fiscalía asegura que ha cumplido y superado sus obligaciones en lo atinente a la presentación de pruebas, tanto por la norma como Brady y otras, pues al demandado se le proporcionó material de varios casos acusados diferentes, de una investigación en curso por parte de la fiscalía para el Distrito Sur de Florida y de cada una de las reuniones del demandado con agentes de la DEA y fiscales.

  El gobierno advirtió que el material solicitado por Cliver Alcalá Cordones no está en posesión de los fiscales acusadores ni de ninguna agencia que haya participado en las investigaciones, por lo que el tribunal debe denegar la petición del acusado.

  El memorando de oposición refiere que los cargos de la acusación tienen que ver con hechos ocurridos en los que los acusado participaron entre 1999 y 2020 y en los que están involucrados el Cartel de los Soles y las FARC.

  Del mismo modo, el gobierno advierte que en la Oposición del Gobierno a las Mociones Previa al Juicio queda establecido el papel de líder de Cliver Alcalá Cordones en el Cartel de los Soles, lo que contemplaba el brindarle seguridad a Luciano Marín Arango alias  “Iván Márquez”, uno de los más altos cargos de las FARC. 

 Además, los fiscales dicen que la evidencia deja clara la participación de Alcalá en varias reuniones con otros integrantes del referido cartel y con narcotraficantes asociados al grupo terrorista colombiano. En esos encuentros se planificó cómo el Cartel de los Soles cooperaría con las FARC en las actividades de narcotráfico y, además, conspiraron para suministrar armas a dichos terroristas.

  El gobierno hizo un largo recuento de la entrega del descubrimiento a la defensa y de las distintas diligencias que se han desarrollado en el proceso judicial.

  La fiscalía especificó, respecto al material solicitado por la defensa, que el 4 de septiembre de 2020, presentó notas de una reunión del 16 de julio de 2014 entre Alcalá, sus abogados, agentes de la DEA y fiscales de Nueva York; el 13 de junio de 2020, entregó notas de la reunión del 13 de noviembre de 2013 con agentes de la DEA en Madrid. También se produjo un informe de la DEA de una reunión de Alcalá y la DEA el 7 de abril de 2014.

 En esos encuentros el acusado negó su participación en el narcotráfico, pero los registros muestran su admisión de tener relación con las FARC y de asistir a una reunión de Marín y Hugo Carvajal. Allí Carvajal ofreció lanzacohetes a las FARC y unos 15 días después de esto, Carvajal entregó lanzacohetes a Alcalá, quien a su vez los entregó a las FARC.

  La fiscalía pidió que el tribunal desestime el pedido de Cliver Alcalá Cordones.


 

miércoles, 7 de septiembre de 2022

Trafigura, la empresa ligada al chavismo y a la que la justicia de EE. UU. le otorga sus demandas

  Mientras por un lado es acusada por presunta corrupción, por el otro los tribunales le conceden sus demandas.

Por Maibort Petit

   Trafigura, una empresa que se dedica al comercio de productos básicos y logística” en todo el mundo que entre sus principales actividades negocia de manera independiente petróleo y productos derivados del petróleo y que ha sido ampliamente cuestionada por sus vínculos con el chavismo, exhibe avances no solamente en territorio venezolano con sus aliados en el régimen de Nicolás Maduro, sino también en el propio Estados Unidos. Allí, mantiene operaciones con CITGO Petroleum Corporation, pese a que compañías, agentes y países, de manera previsiva, han suspendidos sus negocios con ella. También, el sistema judicial ha concedido sus demandas. Tal es el caso de la sentencia de un tribunal de apelaciones que ratificó la decisión del tribunal de distrito que dispuso, tal como lo había demandado, el reembolso de impuestos cobrados a las exportaciones petrolera que habían estado en manos de la citada compañía.

La decisión

  El 24 de marzo de 2022, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito falló a favor de la empresa Trafigura Trading LLC y la devolución de los impuestos cobrados a la misma, al establecer que es la propia Constitución de los Estados Unidos prohíbe gravar las exportaciones, lo cual “resuelve este caso”, dijo categóricamente el magistrado ponente, James Ho.

  La decisión se tomó 2 a 1, habiendo el juez Jacques Wiener dado el visto bueno a la sentencia mas no a la opinión de Ho. Entretanto, el juez James Graves manifestó su disenso. De este modo se refutó la acción del gobierno federal que insistía en que Trafigura Trading debía pagar un impuesto sobre el petróleo crudo nacional que exporta de los Estados Unidos, a lo que el tribunal de distrito dijo que y el tribunal de apelaciones lo confirmó.

  Recordó que la Convención Constitucional comenzó en Filadelfia el 25 de mayo de 1787 y allí, Alexander Hamilton defendió la necesidad de que constituir un gobierno federal debía tener un amplio poder para impuestos que incluyera específicamente las exportaciones, un criterio al que se opusieron firmemente los delegados del sur del país, quienes advirtieron que no aprobarían una Constitución que no prohibiera explícitamente impuestos sobre las exportaciones. Negociaron los del norte y los del sur, entonces, intercambiando el poder de gravar las exportaciones para el poder de regular el comercio.

  Después de largas discusiones, la Convención finalmente adoptó el lenguaje que ahora aparece en el Artículo I, la Sección 9 de la Constitución: "No se establecerán impuestos o impuestos sobre los artículos exportados de cualquier Estado". Una cláusula cuya importancia ha resaltado la Corte Suprema en varias ocasiones.

 Expone la sentencia que Trafigura Trading es una empresa de comercio de productos básicos que compra y exporta petróleo crudo de los Estados Unidos, la cual, entre 2014 y 2017, exportó alrededor de 50 millones de barriles de petróleo crudo de campos petroleros en Texas, Louisiana y Dakota del Norte. La compañía pagó más de USD 4 millones al Servicio de Rentas Internas (IRS, por las siglas en inglés de Internal Revenue Service) por dichas exportaciones, como lo requieren 26 U.S.C. § 4611 (b), una disposición que impone un "impuesto", a una tasa de 8 o 9 centavos por barril, según el año, al petróleo crudo nacional "utilizado o exportado desde los Estados Unidos". Este dinero pagado fue al Fondo Fiduciario de Responsabilidad por Derrames de Petróleo.

  Trafigura Trading LLC denunció que la disposición § 4611 (b) impone un impuesto inconstitucional bajo la cláusula de exportación, por lo que buscó un reembolso por el monto pagado, pero el IRS negó la solicitud. La empresa entonces acusó la inconstitucionalidad de la norma y el Tribunal de Distrito estuvo de acuerdo y otorgó el reembolso en consecuencia. Ante esta decisión, Estados Unidos apeló.

  Refiere el fallo que cuando se trata de la potestad federal de gravar las exportaciones, el texto del Artículo I, Sección 9 de la Constitución es categórico: “No se impondrá ningún Impuesto o Tasa sobre los Artículos exportados de cualquier Estado”.

  Entretanto, en los estados la prohibición para gravar las exportaciones es menos radical y estipula que “ningún Estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, imponer impuestos o derechos sobre las importaciones o exportaciones, excepto lo que sea absolutamente necesario para ejecutar sus leyes de inspección”.

 La inclusión de la excepción que permite a los estados imponer tarifas a las exportaciones que son "absolutamente necesarias para ejecutar sus leyes de inspección" y que plantea la pregunta de si puede el gobierno federal imponer tarifas similares a las exportaciones en virtud del Artículo I, Sección 9, la ponencia sostiene que la resuelve el Tribunal Supremo. Explica que dicha instancia judicial resolvió el asunto sosteniendo que un “impuesto” federal sobre las exportaciones puede ser recaracterizado —y confirmado— como una “tarifa de usuario”, si está “diseñado como compensación por servicios, instalaciones o beneficios proporcionados por el gobierno”.

¿Impuesto o tarifa de usuario?

  El juez Ho refiere que tocaba ahora resolver si la regla § 4611(b) impone un impuesto o una tarifa de usuario. En este sentido, indica que, a primera vista, el texto de la norma se refiere al cargo como un “impuesto”, pero “debemos considerar las cosas en lugar de los nombres” y considerar si el cargo funciona como “una tarifa de usuario de buena fe”.

  La jurisprudencia lleva al magistrado a establecer que, primero, hay que considerar si el cargo según § 4611(b) se basa en la cantidad o el valor del petróleo exportado y, de ser así, es más probable que se trate de un impuesto. En segundo lugar, hay que considerar la conexión entre los servicios del Fondo a los exportadores, si los hay, y lo que pagan los exportadores por esos servicios según § 4611(b). Esa conexión no necesita ser un ajuste perfecto, pero una tarifa de usuario debe "coincidir justamente" o "correlacionarse de manera confiable con" el uso de los servicios gubernamentales por parte de los exportadores. Finalmente, se debe aplicar un "escrutinio intensificado” y hacer cumplir estrictamente la prohibición de impuestos de la Cláusula de Exportación al "protegernos contra (…)  la imposición de un [impuesto] con el pretexto de fijar una tarifa”.

  Trafigura considera que el cargo no compensa el costo de ningún servicio que reciba del gobierno, desafía la analogía del seguro del gobierno y enfatiza que la regla § 4611(b) financia una amplia gama de iniciativas que no son “servicios” proporcionados a los exportadores en cualquier sentido razonable de la palabra. Este último punto es dispositivo, por lo que no hay necesidad de abordar la analogía del seguro del gobierno.

 Se subraya que las tarifas de usuario surgen en el contexto de "transacciones de valor por valor".

  Destaca que los exportadores de petróleo sujetos a § 4611(b) están obligados a pagar, entre otras cosas, reembolsos a fideicomisarios federales, estatales y de tribus indias por evaluar el daño a los recursos naturales; investigación y desarrollo de tecnología de contaminación por petróleo; estudios sobre los efectos de la contaminación por hidrocarburos; investigación de simulación marina; y becas de investigación a universidades y que ninguna de estas cosas puede concebirse plausiblemente como “servicios” prestados a los exportadores a cambio de su pago.

  Se indica que el Congreso elaboró un esquema en el que los exportadores de petróleo crudo se ven obligados a subsidiar actividades que no son "servicios utilizados o utilizables por el exportador". Se advierte que la sección 4611(b) carga a los exportadores con el costo de las medidas contra la contaminación que generalmente benefician a la sociedad en general, y no específicamente al exportador que paga el cargo.

Al disidente

  En la ponencia, el magistrado James Ho responde a su compañero, el juez Graves, quien manifestó su disidencia con la decisión.

 En este sentido, respecto al criterio de Graves, quien teoriza que la industria petrolera, en su conjunto, causa derrames de petróleo, contaminación por petróleo y daño ambiental, y que, por lo tanto, la industria debe ser considerada "responsable de sus propias acciones y prácticas comerciales", Ho le recuerda que muchos impuestos están diseñados con ese propósito, como es el caso de los impuestos a la gasolina.

 Explica Ho que se trata de medidas diseñadas para lograr fines importantes para la sociedad, los cuales están mucho más allá de simplemente sufragar los costos del gobierno que brinda un servicio o beneficio particular a los miembros del público. Eso es “precisamente lo que los convierte en un impuesto, en lugar de una tarifa”.

 Concluye subrayando que, “si la Constitución prohíbe los impuestos a la exportación diseñados para promover la política comercial, y claramente lo hace, entonces no existe una base de principios para permitir los impuestos a la exportación diseñados para promover la política ambiental. Eso desafiaría el texto simple, así como la comprensión de los Fundadores de los estatutos de nuestra nación”.

 Y sentencia: “Sostenemos que § 4611(b) impone un impuesto a las exportaciones en violación de la Cláusula de Exportación. Estados Unidos no puede hacer cumplir la § 4611(b) sobre el petróleo crudo ‘exportado de Estados Unidos’. Nosotros afirmamos”.

El voto disidente

  El juez James Graves sostiene que disiente de la decisión en razón de que existen cuestiones genuinas de hecho material en cuanto a si 26 U.S.C. § 4611 impone una tarifa de usuario legítima, dejaría sin efecto la concesión del juicio sumario de responsabilidad del tribunal de distrito a Trafigura Trading LLC y la devolución.

  Según Graves, la cláusula de exportación no descarta las tarifas de usuario si no tienen las condiciones de un impuesto o derecho y, por el contrario, están diseñadas para compensar al gobierno por servicios, instalaciones o beneficios.

  Considera que Trafigura no pudo demostrar que no existe una disputa genuina de hecho material o que tenía derecho a un juicio como cuestión de derecho y, por lo tanto, el juicio sumario fue impropio.

 Graves finalizó indicando que anularía la concesión del juicio sumario de responsabilidad a Trafigura por parte del tribunal de distrito y la prisión preventiva.