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lunes, 16 de mayo de 2022

Claudia Díaz Guillén propone una fianza de $1 millón ante un tribunal de Florida, aspira lograr de inmediato su libertad

   En el tribunal se discutirá si la mujer acusada por delitos de corrupción y cobro de sobornos permanecerá en arresto domiciliario, con un monitor y junto a su familia. El juez tiene la última palabra.

Por Maibort Petit 

  La defensa de la ex-enfermera de Hugo Chávez y ex-tesorera nacional, Claudia Díaz Guillén planteó ante la Corte Federal de West Palm Beach, en la Florida que la acusada merece que se ordene su libertad en la espera del juicio en las condiciones razones porque la mujer no representa un riesgo de fuga.

  En la moción para oponerse a la oposición del gobierno de que el tribunal acepte una fianza a favor de Guillén Díaz, la defensa pone como ejemplo a los ex-contratistas de CITGO y PDVSA, Roberto Rincón y Abraham Shiera, acusados de liderar un esquema que pagó, al menos, mil millones de dólares en sobornos, y que han disfrutado de libertad a lo largo de todo el proceso que se inició con su arresto en diciembre de 2015.

   Por orden del juez William Matthewman la audiencia de fianza de Díaz Guillén será para el 31 de mayo. Estaba fijada para el 17 de mayo de 2022.

  En la comparecencia inicial de Díaz Guillén, el gobierno anunció que estaba solicitando la prisión preventiva únicamente porque el gobierno cree que la acusada está en riesgo de fuga de conformidad con 18 U.S.C. Sección 3142(f)(2)(a). 

  Los fiscales enfatizaron que la falta de contactos de Díaz Guillén en el sur de la Florida, su decisión de “luchar contra la extradición” y el dinero supuestamente involucrado en la supuesta conspiración eran razones suficientes para que el tribunal le niegue la fianza. No obstante, la defensa considera que la ex-enfermera de Hugo Chávez no presenta ningún riesgo de fuga.

  Según la defensa, Díaz Guillén es ciudadana española, y vive a la vista del gobierno de los Estados Unidos en Madrid desde 2016. "La Sra. Díaz Guillén es madre de dos niños de 3 y 13 años, esposa, mujer de fe y persona responsable". 

  En la moción se señala que Díaz Guillén tiene vínculos con la comunidad del Sur de la Florida "con al menos un familiar y varios amigos" en el estado. 

   Argumentan que la acusada "no tiene antecedentes penales en ninguna parte del mundo y los cargos que se le imputan son todos de naturaleza no violenta y no hay alegaciones de daño económico a ningún individuo específico". 

  En segundo lugar, "ni la Sra. Díaz ni su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa (ambos están en la lista de la OFAC) poseen suficientes activos dentro o fuera de los Estados Unidos para huir de los Estados Unidos y no pueden (y no quieren) regresar a Venezuela", sostiene la defensa. 

  Aclara que "fugarse equivaldría a poner en peligro sus propias vidas dado que, como se describe en este documento, fueron expulsados ​​​​forzosamente de Venezuela por la policía secreta en 2013". 

  En tercer lugar, la conducta de Díaz Guillén al comparecer ante los tribunales españoles en su anterior proceso de extradición, con estrictas restricciones de fianza durante varios años demuestra más que ampliamente que no representa ningún riesgo de fuga. 

  En cuarto lugar, hay numerosos tribunales de distrito, incluido este Distrito, que han permitido la liberación previa al juicio de acusados ​​de manera similar con mayor acceso a fondos y que presentan riesgos de fuga mucho más graves que los de Díaz-Guillén en el presente caso. 

 Finalmente, la defensa dice que incluso si esta "Honorable Corte concluyera, en general, que Díaz Guillén presenta un riesgo de fuga, dicha determinación es insuficiente para detenerla de pleno derecho cuando, como aquí, existe una combinación razonable de condiciones que puede asegurar su aparición en procedimientos futuros en este caso, incluyendo:

• $1,000,000.00 Fianza Personal firmada por Díaz Guillén y co-firmado por su suegra y amiga de la familia;

• Ejecución de la renuncia a la extradición;

• Confinamiento domiciliario con seguimiento electrónico.

   La abogada de Díaz Guillén dijo que su cliente está dispuesta a aceptar cualquier otra condición que el Tribunal crea necesaria. Como tal, la liberación previa al juicio está garantizada en este caso.

    En la moción se señala que la suegra de Díaz Guillén "está en España ayudando a cuidar a sus hijos pequeños, pero accedió a actuar como codeudora y traer a los niños al sur de la Florida si Díaz Guillén es liberada". 

   La suegra de Díaz Guillén ha firmado documentos de fianza de forma remota.

   El nombre de la suegra ha sido retenido de esta presentación pública debido al escrutinio de este caso por parte de la prensa. 

  El abogado estará preparado para revelar el nombre en la audiencia de detención.

    Según los abogados. la suegra de Díaz Guillén vive en Key Biscayne y está preparada para traer a los hijos de la acusada de España, para que puedan reunirse con su madre. "Díaz Guillén también tiene una amiga en el área del sur de la Florida que está preparada para actuar como codeudora del bono y darle la bienvenida a su hogar".

  Agrega que "No hay país al que pueda huir la señora Díaz Guillén"

  Sostiene que "el gobierno no ha articulado ni puede articular ningún país al cual la señora Díaz-Guillén podría huir. Esto se debe a que no existe ningún país al que hipotéticamente pueda huir la acusada. Para entender esto, es importante resaltar cómo la señora Díaz llegó por primera vez a España, país desde el cual fue extraditada".

  "Díaz Guillén vivía en Madrid, España, con sus dos hijos (de 3 y 13 años) y su esposo cuando fue extraditada a los Estados Unidos. La señora Díaz-Guillén se convirtió en ciudadana española no por elección y sólo después de que ella y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueran expulsados ​​de Venezuela". 

  En la moción se destaca que Díaz Guillén trabajó bajo la presidencia de Hugo Chávez como directora de la Oficina del Tesoro Nacional y su esposo trabajaban en el palacio presidencial en el Departamento de Seguridad. Sin embargo, en 2013, una vez que el presidente Nicolás Maduro asumió el control de la presidencia de Venezuela, la señora Díaz Guillén y su familia fueron expulsados ​​de Venezuela. 

 En efecto, la policía secreta venezolana le dijo al Sr. Velázquez Figueroa que tenía una semana para salir de Venezuela.

  En consecuencia, las circunstancias anteriores muestran que no existe riesgo de que  Díaz Guillén huya a Venezuela y se arriesgue a una mayor persecución política y ponga en peligro su propia vida. 

  Asimismo, la defensa sostiene que pone a prueba la credulidad creer que Díaz Guillén huiría arbitrariamente a algún país al azar lejos de su familia cuando, como se explica más adelante, la acusada carece de los recursos financieros para hacerlo y permanece en la lista de la OFAC. 

  Advierten que en cambio, "como madre y esposa, de hecho es mucho mas probable que sí la Sra. Díaz-Guillén huyera, huyera a España para estar con su familia, una familia que está dispuesta a venir aquí. Pero España ya ha demostrado su compromiso de extraditar a la Sra. Díaz-Guillén de conformidad con sus obligaciones en virtud del Tratado y seguramente lo haría de nuevo si buscara puerto seguro allí. Por lo tanto, la premisa de que la Sra. Díaz Guillén podría huir a España para regresar con su familia que está dispuesta a trasladarse y apoyarla aquí desafía la lógica y el sentido común".

 Sin dinero para huir

  La defensa de Díaz Guillén sostiene que no tiene dinero para huir, primero, porque en Venezuela, el gobierno luego (sin el debido proceso ni ningún procedimiento judicial) confiscó los bienes de la señora Díaz Guillén (viviendas, cuentas bancarias, vehículos).

  En segundo lugar, desde ese momento, todos los bienes de la Sra. Díaz Guillén fuera de Venezuela fueron confiscados, congelados y/o son inaccesibles. Esto se debe en gran parte a que, a principios de 2018, la Sra. Díaz Guillén y su esposo fueron incluidos en la lista de sanciones de la OFAC como ciudadanos específicamente designados . 

  Además, debido a que Díaz Guillén ocupó un cargo como funcionaria pública en Venezuela entre 2011 y 2013, los departamentos de riesgo y cumplimiento de los bancos de todo el mundo la identifican a ella (y a su esposo) como Persona Políticamente Expuesta (“PEP”), lo que hace que prácticamente imposible para la acusada o su esposo abrir una cuenta bancaria en cualquier parte del mundo.

  Finalmente, dado que el gobierno de los Estados Unidos ha estado investigando este caso durante al menos 8 años, seguramente tienen suficiente información relacionada con la situación financiera de la Sra. Díaz Guillén y saben que ella está en la indigencia financiera y depende de la caridad de sus amigos y familiares.

  La defensa asegura que Díaz Guillén está comprometida con cada una de las condiciones de fianza ordenadas por dos tribunales españoles diferentes durante su proceso de extradición en España respalda la liberación previa al juicio.

  Agregan: "Contrariamente a las afirmaciones del gobierno de que es probable que la Sra. Díaz Guillén huya porque impugnó las solicitudes de extradición venezolanas y estadounidenses, la conducta de Díaz Guillén al impugnar esas dos solicitudes de extradición separadas en España (una de las cuales ganó) demuestra que la libertad previa al juicio está justificada". 

  Además, "la Sra. Díaz Guillén tenía derecho a impugnar la extradición y su impugnación de la solicitud estadounidense se basó en una creencia bien fundada de que el estatuto de limitaciones prohibía a los Estados Unidos presentar una acusación de reemplazo (SSI) en su contra casi 8 años después el último hecho alegado en el SSI (mayo de 2013). También se basó en su meritorio argumento de que la Sra. Díaz Guillén pretende plantear que el gobierno de Estados Unidos carece de jurisdicción sobre la Sra. Díaz Guillén. 

  Finalmente, asegura, "se basó en un precedente español bien establecido que prohíbe la extradición mientras esté pendiente una investigación en el Estado requerido (es decir, España). 

miércoles, 9 de febrero de 2022

Raúl Gorrín Belisario: Una causa de lavado de dinero que no ha sido olvidada por la justicia de los Estados Unidos

   El prófugo de la justicia estadounidense es ampliamente buscado por las autoridades y su causa, sellada en los tribunales, sigue su curso.

Por Maibort Petit

   No se trata de una causa olvidada, de ninguna manera. Los cargos formulados por Raúl Gorrín Belisario, propietario de Globovisión y Seguros La Vitalicia, siguen vigentes y al caso que se le sigue en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida donde la fiscalía lo señala de la comisión de delitos de lavado de dinero, se suma el expediente abierto contra él por el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de Honolulu, Hawaii, donde, igualmente, se formuló una orden de captura en contra del empresario ligado al chavismo por los mismos ilícitos.

  La instancia judicial de EE. UU. lo acusa de blanqueo de capitales y ha emprendido una campaña que lleve a su captura, poniendo el número 1-866-347-2423 a disposición de quienes puedan dar información certera que lleve a su captura.

  La solicitud la presentó el HSI Honolulu a través de su cuenta en la red social Twitter @HSIHonolulu, en la que se indica que el empresario es buscado por lavado de dinero[1].

  Gorrín insiste en decir que las acusaciones formuladas en su contra por la Fiscalía de los Estados Unidos se sustentan en “pruebas falsas”. Afirmación que hizo a través de un mensaje en su cuenta en Twitter[2]

“Quiero alertar que con pruebas falsas los EE.UU. pretenden, una vez más, vincularme con Claudia Díaz y Adrián Velásquez, utilizando dos operaciones bancarias que de ninguna manera nos relacionan”.

  Gorrín aseguró en el citado mensaje que la primera operación a la que hace referencia el gobierno estadounidense, la realizó desde su cuenta personal de HSBC por USD 281.051.

  Tal cantidad la transfirió a la empresa Interglobal Yatch Sales LLC el 13 de marzo de 2013 por la compra de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela.

  Agregó que la lancha estuvo a nombre de su empresa Inversiones Play Andes C.A, y la vendió a Armando Capriles Capriles en diciembre de 2014.

  Asimismo, dijo que la segunda transacción fue una operación de permita que llevó a cabo el 15 de marzo de 2013 por USD 4 millones a la empresa Patric Love Holdings INC.

  La referida empresa es propiedad de la española María Torres Millán de quien recibí la cantidad al cambio en bolívares.

   Justificó con el argumento de que “En ese momento las operaciones en el mercado cambiario se sustentaban mediante la figura de un pagaré.

   Según Raúl Gorrín, sus evidencias demuestran que la fiscalía de los Estados Unidos “no solo impulsa una narrativa motivada por intereses políticos sino que lo hace sin elementos probatorios de ningún tipo”.

La acusación contra Gorrín

   El 16 de agosto de 2018 se conoció de la demanda que la Fiscalía presentó en contra de Raúl Gorrín Belisario ente el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, acusado de tres cargos, el primero de ellos Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; el segundo, Conspiración para cometer lavado de dinero; y el tercero, Lavado de instrumentos monetarios.

   Respecto al primero de estos cargos, la acusación indica que Raúl Gorrín Belisario fue residente de los Estados Unidos durante varios períodos de la conspiración, específicamente en Coral Gables, Florida, quien a partir de 2008 ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 1 con el fin de obtener y retener negocios.

  Este Oficial Extranjero 1 le permitía a Gorrín realizar cambios de moneda extranjera para el gobierno de Venezuela y obtener una ventaja indebida.

  En 2010, Gorrín se asoció con quien en la acusación se identifica como Oficial Bancario Extranjero, para adquirir un Banco Extranjero, que le permitía asistencia en el lavado de dinero de sobornos pagados a funcionarios venezolanos.

  Entre 2011 y 2017, después de que el Funcionario Extranjero 1 dejó el cargo, Gorrín pagó sobornos que sumaron por lo menos USD 94 millones en beneficio del Funcionario Extranjero 1, con el propósito de continuar realizando pagando los sobornos, impedir que el Oficial Extranjero 1 interfiriera o impidiera el esquema y para recompensarlo por presentarle al Funcionario Extranjero 2 y facilitar la continuación del esquema de soborno con este último. Por ejemplo, entre diciembre de 2012 y junio de 2013, transfirió USD 1,78 millones desde cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Nueva York en beneficio del Funcionario Extranjero 1.

  En sus operaciones, Raúl Gorrín usó cuentas bancarias personales y de empresas de su propiedad o bajo su control para transferir pagos de sobornos.

  A partir de 2011, Gorrín Belisario pagó al Oficial Extranjero 2 y al co-conspirador 1 para influir e inducir al Oficial Extranjero 2 que le permitiera cambios de divisas y obtener una ventaja indebida de estas operaciones.

  Entre 2011 y 2013, Raúl Gorrín pagó sobornos por un total USD 65 millones al Funcionario Extranjero 2. Para ello, transfirió USD 8,6 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 en beneficio del Oficial Extranjero 2 y el co-conspirador 1.

  Además de transferir dinero al Oficial Extranjero 1, al Oficial Extranjero 2 y el co-conspirador 1, Raúl Gorrín Belisario compró y pagó por tres aviones, un yate, varios caballos campeones y numerosos caballos en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas en beneficio de estos. También compró jets y un yate en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas para beneficio del Oficial Extranjero 2 y co-conspirador l. Igualmente pagó facturas de estos mediante transferencia bancaria desde cuentas en Suiza y en otros lugares.

  Estos pagos quedaron registrados en hojas de cálculo que empleados de Gorrín le enviaron por correo electrónico.

  La acusación refiere que, en 2010, Raúl Gorrín Belisario, Funcionario Bancario Extranjero y otros, compraron una institución financiera en la República Dominicana con el propósito de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos.

  En 2012, Gorrín se reunió con el Oficial Extranjero 1 en el Distrito Sur de Florida para discutir el pago de sobornos y el 18 de junio del mismo año el Funcionario Extranjero 2 transfirió un bono de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela a la cuenta de la Compañía 1 en Suiza, cuyo banco le informó a Gorrín que sería liquidado, intercambiado y retenido en su cuenta.

  Asimismo, la acusación da cuenta de que el 25 de octubre de 2012, Gorrín envió un correo electrónico con el asunto "485,000" a uno de sus empleados y socios comerciales, adjuntando instrucciones para una empresa de yates y indicando: "Por favor, haga la transferencia y cargue a [co-conspirador 1]". El 29 de octubre de 2012, Raúl Gorrín hizo que se transfiriera un pago de USD 485.000 desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

  El 13 de noviembre de 2012, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[co-conspirador 1]" por USD 4.35 millones, Gorrín ordenó transferir dicha cantidad de la cuenta de la empresa 1 en Suiza a la cuenta de una empresa de yates en el Distrito Sur de Florida.

  Igualmente, el 11 de diciembre de 2012, el Oficial Extranjero 1 envío por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios e instrucciones para realizar el pago, por lo que el 12 de diciembre, Gorrín ordenó una transferencia de USD 15.000 desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta del veterinario.

   El 29 de enero de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un sistema de seguridad de USD 1.103.371 para el hogar del Funcionario Extranjero l en Caracas, Gorrín envió por correo electrónico la propuesta de dicho sistema de seguridad al Funcionario Extranjero 1, dirigiéndose a éste como "Jefe", y solicitó su aprobación. El 30 de enero de 2013, Gorrín ordenó el pago desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta de la compañía de seguridad en el Distrito Sur de Florida.

  El 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, el Oficial Extranjero 1 envío por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos, la cual fue cancelada por el 7 de febrero mediante la transferencia de la citada cantidad desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta en Nueva York de la empresa de transporte de caballos.

   El 15 de febrero de 2013, el Funcionario Extranjero 1 envió un correo electrónico a Gorrín con la identificación de la persona a quien se le debían pagar los gastos relacionados con sus caballos y el 25 de febrero el empresario ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la persona a quien se debían los gastos relacionados con los caballos en el Distrito Sur de Florida.

  El 4 de marzo de 2013, estando en Wellington, Florida, el Oficial Extranjero 1 envió por correo electrónico a Gorrín Belisario una copia de las instrucciones para una empresa de transporte de caballos y el 7 de marzo de 2013, ordenó una transferencia de USD 228.768 desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la empresa de transporte de caballos.

  De igual manera, el 15 de marzo de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[co-conspirador 1]" por USD 281.051, Raúl Gorrín hizo que se transfiriera un pago por dicha cantidad de la cuenta en Suiza de la Compañía 1 a la cuenta de la compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

  El 17 de mayo de 2013, Gorrín transfirió USD 4 millones desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de moda del co-conspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

  El 29 de mayo de 2013, el Oficial Extranjero 1 le envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 117.062,15 por trabajos de mejoras en su hogar y el 6 de junio el empresario transfirió la suma indicada desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de mejoras para el hogar en el Distrito Sur de Florida.

La conspiración para lavar dinero

   El segundo de los cargos que la fiscalía presentó contra Raúl Gorrín Belisario fue por Conspiración para cometer lavado de dinero, refiriendo que entre 2008 y 2017, el empresario, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, llevó a cabo actividades para transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica.

  Se indica en la acusación que Gorrín transfirió fondos de Suiza a los Estados Unidos, en cumplimiento de un esquema para pagar y ofrecer dinero y otras cosas de valor a funcionarios extranjeros en Venezuela, incluidos el Funcionario Extranjero 1 y el Funcionario Extranjero 2, para obtener y retener negocios.

Lavado de instrumentos monetarios

  El tercero de los cargos, Lavado de instrumentos monetarios, refiere que Raúl Gorrín Belisario entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito sur de Florida, “transportó, transmitió y transfirió a sabiendas, y ayudó e instigó el transporte, la transmisión y la transferencia e intentó transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de Estados Unidos, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el cohecho de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos”.

Estas actividades según se explica a continuación:

Decomiso de propiedades de Gorrín

  La acusación de la fiscalía incluyó el decomiso de una serie de propiedades de Raúl Gorrín Belisario en los Estados Unidos, a saber:

(1) 1241 Placetas Avenue, Coral Gables Florida 33146;

(2) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143;

(3) 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;

(4) 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160;

(5) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180;

(6) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 503, Aventura, Florida 33180;

(7) 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146;

(8) 4100 Salzedo Street, Unidad 904, Coral Gables, Florida 33146;

(9) 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146;

(10) 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146;

(11) 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146;

(12) 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146;

(13) 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146;

(14) 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146;

(15) 4100 Salzedo Street, Unidad 903, Coral Gables, Florida 33146;

(16) 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146;

(17) 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146;

(18) 20 W. 53rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019;

(19) 310 E. 53th Street, Apt 24C, Nueva York, Nueva York 10022;

(20), 330 E. 57th Street, apartamento 9, Nueva York, Nueva York 10022;

(21) 330 E. 57th Street, apartamento 11, Nueva York, Nueva York 10022;

(22) 330 E. 57th Street, apartamento 12, Nueva York, Nueva York 10022;

(23) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y

(24) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.

Acusación de reemplazo

  El 15 de diciembre de 2020, la fiscalía presentó una Acusación de reemplazo en la que ya, quienes en la acusación inicial se identificaban como Funcionario Extranjero 2 y co-conspirador 1, pasan a ser demandados y se identifican como Claudia Patricia Díaz Guillén —Funcionario Extranjero 1 era Alejandro Andrade, extesorero nacional— y Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la Díaz Guillén.

  Claudia Díaz sustituyó a Alejandro Andrade en la Oficina Nacional del tesoro de Venezuela y fue incorporada al esquema de corrupción de Raúl Gorrín Belisario.

  Al igual que lo hiciera Alejandro Andrade, Claudia Patricia Díaz Guillén facilitó a Gorrín Belisario las ventajas indebidas en la obtención de divisas a precio preferencial ofrecidos por el gobierno venezolano donde imperaba un control de cambio.

  De tal manera que, a las operaciones y cargos descritos anteriormente, se incorporan ahora la descripción de las transacciones fraudulentas protagonizadas por la ex-tesorera nacional venezolana y su esposo.




 


 




[1] Twitter. HSI Honolulu. @HSIHonolulu. https://twitter.com/HSIHonolulu/status/1483846727765577735


[2] Twitter. Raúl Gorrín. @RaulGorrinB. https://twitter.com/RaulGorrinB/status/1459962788814757892?ref_src=twsrc%5Etfw