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miércoles, 22 de septiembre de 2021

Proponen vender el 100 por ciento de las acciones de PDV Holding en CITGO para maximizar el precio de venta de la refinería venezolana en EE. UU.

    Convertirse en socio de Venezuela le restaría atractivo a la venta de la refinería.

Por Maibort Petit

   De acuerdo al director general senior de Evercore Group LLC, William O. Hiltz, lo ideal en el proceso de venta de acciones de PDV Holding Inc., propietaria de las acciones de CITGO, para que dicha operación sea atractiva, es que la misma englobe el 100 por ciento de las acciones de PDV H, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que, al restringir el porcentaje de acciones, los posibles compradores presenten una oferta reducida que evite la maximización de la transacción. Y es que a los ojos del asesor financiero, sólo será posible obtener un buen precio por la empresa si se le garantiza a los posibles compradores el control total de la compañía.
   Aunque hace poco menos de una semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos negó un pedido de Crystallex para recibir acciones de CITGO Petroleum Corp, filial de la estatal venezolana PDVSA, como pago parcial de la deuda[1] y esta declaración jurada de Hiltz se formuló el 9 de agosto de 2021, no deja de ser significativo lo advertido por el banquero.

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro le dijo a Crystallex que el Departamento de Estado había determinado que tal venta no sería incompatible con los intereses de la política exterior de Estados Unidos, pero que Washington volvería a evaluar esas consideraciones durante la primera mitad de 2022”.

  Cabe recordar que un juez aprobó a principios de año la venta de acciones de la matriz de CITGO para cumplir la sentencia de Crystallex que procura el cobro de USD 1.400 millones por la expropiación de sus activos en Venezuela.

   William O. Hiltz, director general senior de Evercore Group LLC, una firma de banca de inversión y asesoría financiera y banquero de inversión del Magistrado Especial en el caso Crystallex International Corporation contra a la República Bolivariana de Venezuela que se ventila en la Corte del Distrito de Delaware. Evercore fue contratada el 2 de junio de 2021, con el objetivo de que brindara servicios de banca de inversión y asesoría del e Magistrado Especial en relación con el diseño de un plan para la venta de acciones de PDV Holding Inc. (PDV-H) propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), según sea necesario para satisfacer la sentencia pendiente de Crystallex International Corporation, así como la sentencia de cualquier otro acreedor de sentencia agregado a la venta por la Corte y/o idear cualquier otra transacción que satisfaga dichos juicios pendientes mientras se maximiza el precio de venta de los activos que se venderán.

   El director de Evercore estima que los posibles compradores solamente presentarán buenas y atractivas ofertas en la medida en que se garantice el control de CITGO. Cree que la venta de una participación minoritaria de la refinería será menor si PDVSA sigue siendo el accionista mayoritario.

    Hiltz recordó que el universo de licitadores de un activo como CITGO ya está necesariamente limitado a grandes compradores estratégicos estadounidenses e internacionales, sí como a firmas de inversión selectas, las cuales tendrán más probabilidades de participar en una estructura de proceso tradicional de fusiones y adquisiciones que esté enrumbado claramente a la obtención del 100 por ciento de propiedad.

“Creo que la capacidad de adquirir una participación de control en la compañía aumenta el mercado de postores potenciales, ya que el potencial de una participación de control será fundamental para atraer compradores estratégicos que buscan aprovechar las sinergias de una combinación. Además, en mi experiencia, los compradores suelen estar dispuestos a pagar una prima por el control”.

   Agregó que, históricamente, las transacciones de control en el espacio público han tenido una prima de entre el quince y el veinticinco por ciento, mientras que las ventas de participaciones minoritarias sólo han obtenido hasta un diez por ciento de descuento.” Finalmente, los postores potenciales pueden valorar la capacidad de optimizar y mejorar la estructura de capital de la deuda financiera de la compañía sin el riesgo crediticio percibido como resultado de la propiedad de PDVSA”.

   Tales afirmaciones forman parte de la declaración que William O. Hiltz formuló ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, en apoyo del informe presentado por el Magistrado Especial encargado de formular la recomendación sobre la orden de procedimiento de venta de CITGO.

Ser socio de Venezuela limitaría las ofertas

  William O. Hiltz y su equipo en Evercore, refieren que una venta de menos del 100 por ciento de las acciones de PDVH, requeriría que un postor potencial se asocie con la República Bolivariana de Venezuela como copropietario, lo que, según estiman, limita drásticamente el universo de compradores potenciales que puedan estar interesados en adquirir las acciones de PDVH.

   Para ilustrar esta afirmación se remitió al historial de relaciones difíciles con empresas internacionales e inversionistas extranjeros de Venezuela, que probablemente desalienten a los posibles postores de presentar ofertas que resulten en una nueva asociación. “Además, creo que la inestabilidad política y económica reportada en Venezuela y las sanciones en curso de los Estados Unidos, limitan la capacidad de las personas estadounidenses de participar en negocios con entidades afiliadas al gobierno venezolano”, advirtió.

   Del mismo modo, Hiltz alertó acerca de que una venta parcial proporciona menos flexibilidad para abordar los gravámenes estructuralmente senior en relación con cualquier oferta. Una venta de la compañía completa brinda la mejor oportunidad de generar ingresos suficientes o algún otro resultado negociado con respecto a las reclamaciones que, supuestamente, están garantizadas por los gravámenes estructurales superiores. Un refinanciamiento u otra reestructuración del balance de CITGO será más difícil en el contexto de una venta parcial en comparación con una venta integral de la compañía.

   Por ello se pronunció porque se ofrezca a los posibles postores que especifiquen el porcentaje de acciones de PDV-H que están interesados en comprar, incluida la opción de licitar el 100 por ciento de las acciones de PDV-H. Esto, sostiene, brinda la mejor oportunidad de obtener licitaciones que maximicen el valor bajo las circunstancias del caso Crystallex. La oferta del 100 por ciento de las Acciones de PDV-H, no limita que una vez un licitante potencial presente tal oferta, una discusión o negociación con el Auxiliar Judicial, finalmente lo lleve a aceptar menos del 100 por ciento de las acciones de PDVH para una oferta revisada.

Sobre los reclamos de los bonistas y Rosneft

   El director de Evercore también hizo referencia a la revisión que han hecho de los reclamos que ciertos Tenedores de Bonos de PDVSA 2020 y Rosneft Trading SA (RTSA) han presentado respecto a poseer garantías por un 50,1 por ciento y compromiso del 49,9 por ciento de las participaciones accionarias de CITGO Holding, respectivamente.

   En tal sentido, William O. Hiltz advirtió que su opinión nada tiene que ver con que dichos gravámenes sean o no legalmente exigibles o evitables. Refirió en tal sentido que el abogado del Magistrado Especial le informó que los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 obtuvieron una sentencia contra PDVSA por la cantidad de USD 1.924.126.058 al 1 de diciembre de 2020 que está garantizada por un gravamen estructural senior sobre el 50,1 por ciento de las participaciones en el capital de CITGO Holding. Dijo tener entendido que a la fecha, la capacidad de los Tenedores de Bonos PDVSA 2020 para ejercer el compromiso de explotación de CITGO permanece pendiente de apelación. “Ni yo ni ningún otro miembro de Evercore hemos podido discernir el monto pendiente. Si lo hubiera, puede ser asegurado por un gravamen estructuralmente senior a favor de RTSA”.

 Alertó acerca de que la resolución de los gravámenes Estructuralmente senior, y particularmente el compromiso de participación de CITGO, será fundamental para minimizar la incertidumbre del proceso de venta y obtener un valor que maximice la transacción de venta. “Si, por ejemplo, tanto los Tenedores de Bonos de PDVSA 2020 como RTSA pudieron ejercitar remedios con respecto a sus supuestas prendas, el comprador de las acciones de PDVH podría quedarse sin interés en CITGO”.

   Considera que, de acuerdo a su experiencia, los licitantes potenciales no están dispuestos a invertir su tiempo y recursos en presentar una oferta por las acciones de PDV-H sin comprender cómo serán resueltos los gravámenes estructuralmente senior.

El modus operandi

   Manifiesta en su declaración que desde su contratación ha venido trabajando con el Auxiliar Judicial y sus otros asesores en el diseño de un proceso de venta de acuerdo con su mandato, el cual equilibre todos intereses en competencia, al tiempo de procurar la mejor oportunidad para lograr una venta que maximice el valor. En el desarrollo de dicho plan, informó que ha sostenido reuniones con las partes interesadas y sus asesores del caso, a saber, Crystallex, la República Bolivariana de Venezuela, PDVSA, Garnishee PDV-H, CITGO Petroleum Corporation. Asimismo, con no partes, como es el caso de Phillips Petroleum Company Venezuela Limited y ConocoPhillips Petrozuata, y con el gobierno de los Estados Unidos, incluidos representantes del Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro, incluidos representantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento de Estado.

   Dijo que el trabajo con el Auxiliar Judicial en relación con el caso Crystallex, le ha permitido a él y a Evercore, conocer sobre las operaciones comerciales y los activos de PDV-H, CITGO Holding Inc. (integrado por CITGO Holding y CITGO Petroleum) y CITGO Petroleum, habiendo revisado detalladamente la información disponible públicamente y la información producida por CITGO, relevante para el diseño de la Orden de Procedimientos de Venta Propuesta. Un plan que, según explicó, requiere la revisión de la información corporativa y estructura de capital, desempeño financiero histórico y proyectado, una revisión y análisis de las operaciones comerciales de CITGO y de cualquier otra diligencia comercial relevante, de las líneas de crédito corporativas y financiadas y otros reclamos e intereses relevantes.

   Hiltz precisó que el 1 de julio de 2021, junto con el Magistrado Especial y sus otros asesores, se reunió con varios miembros del equipo de gestión de CITGO, incluidos sus miembros de mayor jerarquía, durante los cuales esta última brindó una descripción detallada del negocio que desarrolla, incluido su plan estratégico y desempeño financiero proyectado.

   Informó que su equipo también ha llevado a cabo la debida diligencia en el mercado competitivo y los postores potenciales que pueden estar interesados en ofertar por las Acciones de PDV-H para asegurar que los procedimientos contemplados por la Orden de Procedimientos de Venta reflejan mejor un proceso de venta justo y óptimo dada la dinámica del mercado y los participantes más probables en la licitación.

   Como resultado de estas diligencias y el trabajo realizado en relación con la asesoría al Auxiliar Judicial en relación con el diseño del plan, William O. Hiltz consideró que él su equipo Evercore se encuentra en condiciones de brindar el asesoramiento adecuado al Magistrado Especial con respecto al Caso Crystallex, PDV-H y CITGO.

Sobre la estructura corporativa y de capital de PDV-H y CITGO

   El experto en banca de inversión dijo que, vista y analizada, la información disponible públicamente y la producida por PDV-H y CITGO con respecto a su estructura corporativa y de capital, han podido establecerla en el contexto de los reclamos e intereses relevantes se muestra en el Informe.

   Así, quedó establecido que PDV-H es la empresa matriz de CITGO Holding, la cual a su vez es la empresa matriz de CITGO Petroleum , la cual opera tres refinerías de petróleo complejas a gran escala ubicadas en Lake Charles, Louisiana, Corpus Christi, Texas y Lemont, Illinois. Las operaciones de refinación de CITGO están respaldadas por una extensa red de distribución, que brinda acceso a los mercados finales de productos refinados de la compañía. Igualmente, CITGO tiene una presencia de marca reconocida a nivel minorista en los Estados Unidos a través de su red de concesionarios minoristas de la marca.

Sobre la venta

   Para el director de Evercore, la compleja estructura corporativa y de capital de CITGO, combinada con el número de partes interesadas en el caso Crystallex y otras circunstancias dinámicas e internacionalmente sensibles, plantea una serie de desafíos únicos para lograr una transacción de venta que maximice el valor.

  Entre las consideraciones que Hiltz considera relevantes para el diseño de los Procedimientos de venta propuestos están, en primer lugar, las consideraciones OFAC. En este sentido, dijo que, de acuerdo a discusiones con el abogado del Auxiliar Judicial sobre las prohibiciones relacionadas con las sanciones de los EE. UU. y las autorizaciones y orientación asociadas emitidas por la OFAC en relación con el proceso de venta, la incertidumbre puede enfriar materialmente la licitación.

   De acuerdo las reuniones sostenidas con representantes del gobierno de los Estados Unidos, incluida la OFAC, cree que obtener orientación o autorización explícita, o al menos tácita, del organismo antes de iniciar el proceso de marketing, será fundamental para fomentar un entorno de licitación competitivo y, en última instancia, obtener ofertas que maximicen el valor.

   El otro asunto a considerar, según el director de Evercore, es el precio de compensación ilustrativo el cual, con base en una revisión de la información disponible relacionada con las líneas de crédito financiadas por CITGO y los gravámenes estructurales mayores, en ausencia de un compromiso negociado con cualquier otra parte interesada en la refinería, deba contemplar un valor empresarial que por lo menos genere suficiente consideración para que el fallo de Crystallex se cumpla en su totalidad.

  William O. Hiltz presentó un monto estimado que el tribunal silenció al momento de divulgar esta declaración jurada. Pero lo importante es que la oferta debería cubrir tanto el fallo de Crystallex como de ConocoPhillips, si el este se suma finalmente a la transacción de venta por parte del Tribunal.

   Alerta que cualquier fallo adicional que el Tribunal agregue a la venta, aumentará aún más el precio de compensación ilustrativo.

   Por otra parte, el director de Evercore cree que la pandemia del Covid-19, igualmente, ha impactado desfavorablemente las operaciones y negocios de la refinería.

Referencias
[1] Tal Cual. “EEUU niega solicitud de Crystallex sobre acciones de Citgo, revaluarán en 2022”. 15 de septiembre de 2021. https://talcualdigital.com/eeuu-niega-solicitud-de-crystallex-sobre-acciones-de-citgo-revaluaran-en-2022/

sábado, 12 de octubre de 2019

Serie Crystallex (1): Conozca las propuestas que Crystallex le presentó a PDVSA luego de ganar el laudo arbitral por expropiación de Las Cristinas

Luego de conocerse el resultado del Laudo Arbitral del CIADI del 4 de abril de 2016, que favoreció a la minera canadiense, la empresa presentó una serie de propuestas dirigidas a la ejecución de la decisión mediante la emisión de bonos.

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

A un arreglo amistoso invitó el presidente de Crystallex International Corporation, Robert Fung, al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para la época (26 de mayo de 2016), Eulogio Del Pino, para ejecutar de mutuo acuerdo la decisión del Laudo Arbitral que favoreció a la minera canadiense con el pago de USD 1.390.184.371,67 como compensación por la expropiación de que fuera objeto por parte del finado expresidente, Hugo Chávez, en el proyecto Las Cristinas.
Crystallex formuló dos propuestas de emisión de bonos como mecanismo de pago de la deuda, los cuales, bien podrían ser expedidos por PDVSA, por la República Bolivariana de Venezuela o por ambos.

Asimismo, la comunicación revela que pese al largo proceso judicial que ambas partes han mantenido, PDVSA invitó a la minera canadiense a participar en los proyectos del Arco Minero a través de su asociación con la petrolera en una empresa mixta.

La comunicación

El 23 de mayo de 2016, Robert A. Fung, presidente de Crystallex International Corporation, remitió una comunicación al para entonces presidente de Petróleos de Venezuela S.A., Eulogio Del Pino, con el propósito de explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso para ejecutar el Laudo Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que otorgó a la minera canadiense USD 1.390.184.371,67 como compensación por la terminación de su participación en el proyecto de extracción de oro en Las Cristinas.
La decisión unánime del tribunal arbitral tuvo lugar el 4 de abril de 2016 —un mes y 19 días antes de la correspondencia— y así se lo recordó el remitente a Del Pino al tiempo que refirió que dicho tribunal actuó de acuerdo al Tratado de Protección de Inversión entre Canadá y Venezuela, base sobre la cual se decidió el pago de la referida cifra por parte de la República Bolivariana de Venezuela a Crystallex International Corporation (KRY).

Fung manifestó su agradecimiento al presidente de PDVSA por una reunión que habían sostenido el 17 de mayo del referido año 2016 en las oficinas de la estatal petrolera, la cual sirvió para que se produjera un “conveniente acercamiento directo” entre las partes con el objetivo de “explorar la posibilidad de llegar a acuerdos constructivos y mutuamente beneficiosos, para la solución de los conflictos existentes”.

En la comunicación, que se remitió con copia a Edoardo J. Orsini Defrenza, consultor jurídico de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), el presidente de Crystallex manifestó su conciencia de que ambas partes poseían recursos legales y jurídicos a su alcance, tanto a favor como en contra de la ejecución del Laudo Arbitral CIADI, así como la disposición y capacidad de las partes para llevarlos a cabo.

A pesar de esto, Robert A. Fung expresó que no podía tenerse como la mejor opción ni para PDVSA ni para Crystallex el continuar innecesariamente con dichas acciones pues, por el contrario, ponerlas en práctica iba en perjuicio de ambas.

Para el presidente de Crystallex el momento era oportuno para “acercarnos de manera directa, con la mejor disposición y buena voluntad, para explorar posibles soluciones para la ejecución del Laudo Arbitral CIADI, en términos y condiciones justos, equitativos y mutuamente convenientes para las partes”.

La comunicación de Crystallex hacía referencia a que Venezuela es un “país privilegiado con un gran potencial natural y humano” en el que la empresa canadiense “siempre ha confiado” y estimaba que resultaba beneficioso aprovechar al máximo sus recursos “y sacar ventaja de todas las oportunidades que se le presenten”.

En tal sentido, Fung presentó a Del Pino varias propuestas de “arreglo amistoso” con el ánimo de buscar una solución rápida y mutuamente beneficiosa para la ejecución del Laudo Arbitral CIADI. “Confiamos en que el contenido de las mismas transmita de manera fiel nuestra confianza en el país, presente y futuro, así como muestra mayor disposición a tratar de encontrar un punto de equilibrio que permita poner fin a tantos procesos legales y judiciales, en nada beneficiosos para las partes”.

La primera propuesta

En primer lugar, Crystallex International Corporation propuso a PDVSA emitir un Bono Privado, no negociable, con vencimiento en el año 2021, un periodo exclusivo de pago de intereses de tres años y dos pagos de capital iguales en 2020 y 2021, como opción para pagar el Laudo Arbitral CIADI.

El bono propuesto no sería objeto de incumplimientos cruzados simultáneos con respecto a otros bonos u obligaciones de PDVSA y/o Venezuela en caso de incumplimiento de los mismos.

El cumplimiento de las condiciones del bono suspendería la ejecución del Laudo Arbitral CIADI.

En caso de producirse un incumplimiento de las condiciones acordadas del Bono, este se convertiría en libremente negociable yt tendría todos los derechos para la ejecución del saldo adeudado por concepto del mismo y de la totalidad del laudo.

El Bono sería emitido, bien por Petróleos de Venezuela S.A. y/o la República Bolivariana de Venezuela, siendo el comprador Crystallex International Corporation.

Como ya se apuntó, sería un bono privado, no negociable a terceros, salvo en caso de incumplimiento, emitido por PDVSA y/o la República Bolivariana de Venezuela bajo la ley del estado de Nueva York.

El bono, como ya se apuntó, no sería objeto de incumplimiento cruzado simultáneo con respecto a otros bonos u obligaciones emitidos o por emitir por PDVSA o Venezuela.

El monto nominal sería de USD 1.390.184.371,67 a una tasa de interés de 11,50 por ciento por año, pagaderos semestralmente por un período de tres años.

Las partes acordarían la fecha de emisión, estableciéndose el periodo exclusivo de intereses desde la fecha de emisión por un periodo de tres años.

La fecha de vencimiento sería el 1° de julio de 2021.

El 1° de julio de 2020 sería obligatorio el pago del 50 por ciento del capital, siendo opcional el prepago en cualquier momento sin penalidad alguna.

El precio de la emisión sería el 100 por ciento del valor nominal

Una vez que se emitiera el bono, Crystallex International Corporation no podría continuar o comenzar ninguna acción judicial o extrajudicial para hacer cumplir el Laudo Arbitral del CIADI, a menos de que se produjera un incumplimiento en cualquiera de las condiciones del bono, incluyendo, sin limitación, el pago de capital o de intereses.

De no producirse incumplimiento alguno y se pagara en su totalidad de conformidad a los términos y condiciones acordados, el Laudo Arbitral CIADI sería integralmente cancelado, homologado y declarado pagado en su totalidad por Venezuela.

Pero si hubiere incumplimiento de pago de cualquiera de las condiciones incluyendo el pago de capital e intereses sobre el bono, este pasaría libremente a ser negociable por parte de Crystallex y esta tendría derecho a tomar todas las medidas para hacer cumplir, ejecutar o de otro modo obtener beneficios económicos derivados del bono, así como de la cantidad total del laudo como si tales acciones nunca se hubiese suspendido.

Los beneficios de la propuesta 1

Seguidamente la comunicación pasó a enumerar los supuestos beneficios que —al parecer de la minera canadiense— tendría la propuesta de la emisión del Bono Privado.

Citaba en primer término, que el valor nominal del bono era igual al monto correspondiente al Laudo Arbitral CIADI, lo que evitaría la posible percepción negativa del mercado en el supuesto de emitir una cantidad mayor de bonos superior al monto adeudado.

Las partes podrían negociar y acordar en privado las condiciones del bono y, por tanto, cualquier anuncio público que se hiciera al respecto podría realizarse a la conveniencia de PDVSA y/o Venezuela. También permitiría a Venezuela anunciar el cumplimiento total del pago del laudo arbitral CIADI.

Crystallex refirió igualmente como beneficio que el bono no tendría ningún efecto negativo en los bonos de PDVSA o de Venezuela, puesto que no se trata de un bono general negociable, sino de un instrumento privado emitido a un solo beneficiario.

La emisión del bono podía tener un efecto positivo en la cotización de los bonos de PDVSA y/o Venezuela en virtud de que se percibiría en el mercado el valor del bono como de aproximadamente 35 a 40 por ciento del monto nominal. Esto en razón de las condiciones prevalentes de mercado actualmente dando la percepción de que Venezuela habría logrado negociar el pago de una deuda de USD 1.390.184.371,67 por un monto equivalente a aproximadamente USD 550.000.000,00 a valor actual (a la fecha de la comunicación). Según la visión de la minera, esto sentaría un precedente positivo para futuros arreglos de PDVSA y/o Venezuela.

El bono no contemplaba pagos de capital por los próximos tres años ni el pago total de capital en cinco años.

No se contemplaban incumplimientos cruzados con otros bancos, por lo que en caso de que PDVSA y/o Venezuela incumpliera cualquier otra obligación, el bono no sería exigible de inmediato por esa causa en tanto que la petrolera o la república cumplieran oportunamente las obligaciones previstas.

Si eventualmente PDVSA y/o Venezuela incumpliera cualquiera de las obligaciones contempladas en el bono, este podría participar en intercambios o reestructuraciones diseñadas para cualquier otro bono, aun cuando Crystallex estuviera facultado para tomar todas las acciones legales necesarias para ejecutar el monto completo del laudo arbitral CIADI.

El arreglo detendría instantáneamente todos los procesos judiciales intentados por Crystallex con relación al laudo arbitral CIADI, sin tener que esperar ninguna acción, participación o acuerdos con terceros.

El bono podía ser emitido, bien por PDVSA, bien por Venezuela o por una combinación de ambos que pudiera resultar más atractiva a los intereses de Venezuela.

La segunda propuesta

La segunda propuesta de Crystallex a PDVSA consistía en la emisión de emisión de bonos públicos negociables con vencimiento a largo plazo (2030-2040) por un monto suficiente que cubriera la totalidad del Laudo Arbitral CIADI, calculado al valor del mercado de los bonos al momento de su emisión y a ser vendidos a través de un esquema acordado entre las partes con el objetivo de minimizar su impacto en el precio de mercado de los bonos existentes o a futuro.

En este caso se contemplaba que en el supuesto que los bonos aumentaran su valor en el mercado y su venta generara una cantidad superior a la acordada, el excedente sería devuelto integralmente a Venezuela, puesto que el objeto de la propuesta era la satisfacción de una obligación definida y no la especulación bursátil con los títulos entregados en pago.

Los bonos serían emitidos por PDVSA y/o la República Bolivariana de Venezuela y el comprador sería Crystallex International Corporation. Se trataría de bonos senior, sin garantía, pari-passu con todas las otras posiciones similares de emisiones presentes y futuras.

Serían Bonos Elegibles DTC similares a otros pagarés emitidos por PDVSA y/o Venezuela bajo la ley del estado de Nueva York. Estaría abierto a una nueva serie de bonos vendidos por los emisores y también abierto a cualquier serie de los bonos de los emisores o porciones de varias series de bonos de los emisores.

El monto nominal sería equivalente al valor de mercado de los bonos para el momento de la emisión para cubrir la cantidad de USD 1.390.184.371,67 con una tasa de interés negociable, siempre y cuando el monto nominal fuera igual al precio de mercado del laudo arbitral CIADI, teniendo en cuenta la tasa de interés.

La fecha de emisión se establecería de mutuo acuerdo entre las partes y la fecha de vencimiento estaría abierta a la negociación para una nueva serie con vencimiento entre los años 2030 y 2040. También abierto a bonos emitidos de una serie para el momento. En ambos casos, siempre que el valor nominal de los bonos emitidos para el comprador sea igual al precio de mercado del Laudo arbitral CIADI, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento.

Los bonos serían emitidos a cambio del pago total del monto del laudo arbitral Ciadi y cualquier otro derecho que Crystallex pudiera tener en contra de los emisores en relación con el proyecto Las Cristinas.

Crystallex estaría dispuesta a trabajar con los emisores para acordar mecanismos para minimizar el impacto que tuvieran los nuevos bonos en los bonos del emisor para el momento de la emisión. Sin embargo, si se acordara implementar este mecanismo, el laudo arbitral CIADI no estaría totalmente cancelado hasta que los bonos se emitieran y fueran de libre intercambio por parte de Crystallex.

Los beneficios de la propuesta 2

De acuerdo al criterio de Crystallex, los beneficios de la segunda propuesta por ellos presentada a PDVSA serían, en primer término, el que no contemplaba pagos de capital por un extenso periodo.

Pudiera ser negociado y acordado en privado por las partes, por lo que cualquier anuncio público que se hiciera al respecto podía realizarse a la conveniencia de PDVSA y/o Venezuela.

También permitiría Venezuela anunciar la satisfacción total del pago del laudo arbitral CIADI.

Crystallex estaba dispuesta a acordar mecanismos de comercialización que minimizaran el impacto de la venta de los bonos en los precios de mercado de otros bonos emitidos por PDVSA y/o Venezuela.

Si se acordaran estos mecanismos y tal como lo espera Crystallex, la cotización de los bonos aumentaría en el futuro, cualquier cantidad de dinero o bonos remanentes una vez satisfecha la totalidad del pago del laudo arbitral CIADI, sería devuelta integralmente a Venezuela.

En caso de que PDVSA y/o Venezuela incurriera en algún incumplimiento de los bonos, estos podrían ser reestructurados de igual manera que cualquier otro bono.

Crystallex detendría instantáneamente todos los procesos judiciales intentados en relación con la ejecución del laudo arbitral CIADI, sin necesidad de esperar ninguna acción, participación o acuerdo con terceros.

El bono pudiera ser emitido por PDVSA o por Venezuela, o por una combinación de ambos pudiendo resultar más atractiva a los intereses de Venezuela.

Otras propuestas

Además de las dos anteriores propuestas, la comunicación de Robert A. Fung a Eulogio Del Pino, planteaba que Crystallex estaba abierta a la consideración de alguna combinación de las propuestas anteriores de manera de optimizar su beneficio a ambas partes.

Crystallex también estaba dispuesta a considerar cualquier otra propuesta adicional que PDVSA y/o Venezuela estuviese presta a presentar para su consideración.

En un aparte, el presidente de Crystallex International Corporation refirió que en la elaboración de las propuestas presentadas a PDVSA se realizó un minucioso análisis de las condiciones aplicables a los bonos emitidos por la petrolera y/o Venezuela y utilizó los valores que representaban —a su criterio— las condiciones razonables de mercado de manera equitativa para ambas partes.

Se pusieron a disposición de PDVSA todos los elementos utilizados para presentar los valores que contenían las propuestas para que los evaluara y comentara.

Crystallex, igualmente, estaba dispuesta a considerar cualquier revisión a los parámetros propuestos que representaran una alternativa justa y equilibrada para ambas partes.

Crystallex invitada al Arco Minero

Robert Fung agradeció a Eulogio Del Pino la invitación que se le formuló a Crystallex International Corporation para participar en forma conjunta con un ente que Venezuela designara en los proyectos del Arco Minero, pero declinó la misma en razón de que la minera canadiense no estaba orientada en esos momentos a la participación de proyectos de esa naturaleza. “(…) aun cuando estamos convencidos de los beneficios que presenta este ofrecimiento, en esta oportunidad no estamos en capacidad de participar en una empresa mixta para el desarrollo de proyectos mineros”.

El presidente de Crystallex le manifestó a Del Pino que permanecerían atentos para una futura oportunidad que se pudiera presentar para evaluar la participación en proyectos conjuntos.

Sobre Las Cristinas

El presidente de Crystallex le expresó a Eulogio Del Pino la disposición de la empresa que representaba para negociar en condiciones beneficiosas para ambas partes, la cesión y transferencia a PDVSA de toda la información relativa al diseño, geología, ingeniería y ambiente (Data) desarrollada por el equipo técnico de la minera canadiense y por otras firmas independientes para la ejecución del proyecto Las Cristinas.

“La elaboración de la Data representó una considerable inversión de recursos para KRY, y facilitará en gran medida la capacidad de PDVSA, a través del operador que designe, hacer realidad el proyecto minero Las Cristinas, en un tiempo y a un costo reducido”.

Robert Fung advirtió que “Más allá de fijar un valor monetario para la cesión de la Data”, Crystallex estaba dispuesta a incluir la cesión de la misma como parte integral de la negociación de los términos y condiciones de la emisión del Bono o los Bonos contenida en las propuestas anteriores”.

El presidente de Crystallex International Corporation se despidió del presidente de PDVSA manifestando su deseo porque las propuestas presentadas, así como aquellas que la petrolera tuviera a bien presentar, sirvieran para concretar de manera directa, rápida y eficiente un acuerdo mutuamente beneficioso para la ejecución del Laudo Arbitral Ciadi.




viernes, 19 de abril de 2019

Las estrategias y acciones de Crystallex para apropiarse de CITGO

A raíz de que fuera expropiada de sus bienes en Venezuela por el fallecido expresidente Hugo Chávez, la empresa minera canadiense Crystallex emprendió una batalla para cobrar el premio que le concediera el CIADI por las pérdidas sufridas. Desde entonces, una serie de eventos han tenido lugar, entre ellos la aparición en escena de Juan Guaidó, quien lucha por evitar que el país sea despojado su activo más valioso en el extranjero: CITGO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
El futuro del principal activo de Venezuela en el exterior, a saber, CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A., se debate en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de los Estados Unidos en Filadelfia, donde los jueces Anthony Scirca, Joseph Greenway y Thomas Ambro, titulares del caso, deliberan acerca de la pertinencia o no de tomar en cuenta la grave crisis que atraviesa el país suramericano, a la hora de decidir sobre el reclamo que mantiene Crystallex International Corp. sobre los bienes de la empresa en territorio estadounidense como forma de pago de la acreencia de la nación derivada de la expropiación que sufriera a manos del gobierno del finado expresidente, Hugo Chávez.

Y es que mientras los ejecutivos de Crystallex reclaman que los bienes de CITGO sean subastados para cobrar el premio de USD 1.400 millones que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó en 2016 que Venezuela debía cancelar a la transnacional como mecanismo de compensación por el arrebatamiento de sus bienes por parte de la administración chavista, ahora en manos de Nicolás Maduro, un nuevo actor ha entrado en escena con la intención de detener que la refinería pasé a manos de la transnacional: Juan Guaidó, el presidente encargado de la Venezuela, quien el 23 de enero de 2019 asumió la primera magistratura ante un cabildo abierto y fue reconocido como tal por la administración de Donald Trump y más de cincuenta países en el mundo.

Entre las primeras decisiones de gobierno, Guaidó designó el 13 de febrero una nueva junta directiva de CITGO integrada por Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser. “Con esta decisión no solo estamos protegiendo nuestros activos, también evitamos que continúe la destrucción y que perdamos la empresa”, manifestó el líder opositor[1].

Esta designación contó con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos que les otorgó a Juan Guaidó y a su equipo el control de CITGO en territorio norteamericano. El Departamento del Tesoro extendió la licencia que permite a CITGO Petroleum Corp. mantener operaciones en el mercado, aun cuando sostiene una serie de sanciones en contra de la PDVSA en manos de Maduro. “Esta extensión autorizará por más tiempo las actuales operaciones de CITGO al tiempo que prohibirá que cualquier beneficio regrese al régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro”, dijo un portavoz del Tesoro en condición de anonimato[2].

Tal situación ha puesto ante una decisión difícil a los jueces, quienes ahora deben evaluar no solo los considerandos de Crystallex y los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, sino también la posición de quienes aspiran restablecer la democracia en Venezuela y de la administración de Trump que los apoya. Y es precisamente esto último el principal argumento esgrimido por Guaidó y sus abogados, quienes advierten a la Corte de Apelaciones del tercer circuito de Filadelfia ante la cual PDVSA acudió para que se reconsidere el fallo de un juez en Delaware que concedió a Crystallex anexarse activos de PDV Holding para resarcir la deuda que con ella mantiene Venezuela, que advirtió que la política exterior de Trump estaría en peligro al impedir la habilidad de Guaidó para completar la transición de la república [de Venezuela] a la democracia, dicen los documentos legales[3].

Pero ante tal posición el juez Anthony Scirca advirtió durante la audiencia que “Podríamos estar en la misma situación que tenemos ahora dentro de un año”, una posición en línea con los argumentos de Crystallex, cuyo abogado, Miguel Estrada, refirió en un escrito que “Quien controla Venezuela hoy y lo que quieran o no quieran hacer en el futuro es irrelevante respecto si a Crystallex le corresponder recaudar su laudo”.

Para la representación legal de Crystallex, tanto PDVSA como el gobierno interino de Guaidó mantienen una posición similar que afecta los intereses de la minera despojada de la Las Cristinas por Hugo Chávez.

Crystallex batalla por excluir a Guaidó

Para la canadiense Crystallex es fundamental evitar que Juan Guaidó y su representación legal como presidente encargado de Venezuela se incorporen al litigio y, en tal sentido, ha enfilado sus baterías.

También quiere sacar del juego a los tenedores de los bonos PDVSA 2020, quienes procuran evitar la subasta de la petrolera para así no ver afectados sus intereses de cobro al vencimiento de los papeles.

Para unos la subasta significaría la destrucción del valor de los activos de CITGO y para otros la posibilidad de no recibir pago por su inversión[4].

La representación judicial de la administración de Juan Guaidó solicitó a la Corte de Apelaciones revocar el fallo que concedió a Crystallex hacerse de los activos de CITGO en los Estados Unidos.

Guaidó lucha por preservar los bienes venezolanos y quieren que el tribunal considere la situación política de Venezuela. “Tal subasta no sólo sería impropia. Sería peligrosa, socavaría la política exterior de los Estados Unidos al obstaculizar la capacidad del presidente interino Guaidó para completar la transición de la república a una democracia”, dijeron los abogados del bufete Arnold & Porter en un documento presentado en la corte el 3 de abril a la corte[5].

Para Juan Guaidó resulta fundamental evitar la venta de los bienes de la filial petrolera en Estados Unidos sobre los cuales el gobierno de Donald Trump le ha otorgado absoluto control.

Nicolás Maduro, enfrentado a Guaidó —a la sazón también presidente de la Asamblea Nacional— ha acusado al opositor querer robarse CITGO, pero un fallo de la Corte de Apelaciones emitido el 20 de marzo le concedió al parlamentario y mandatario interino, intervenir en el litigio a través de sus representantes legales.

La decisión del tribunal dio a pie a que los abogados de Juan Guaidó argumentaran su solicitud de que suspenda la subasta por la que Crystallex cobraría sus acreencias por USD 1.400 millones en decisión concedida por el CIADI. 

"Le concedemos a la República de Venezuela la moción de intervenir", dijo el juez Thomas Ambro, quien otorgó 120 días para que el gobierno interino venezolano presentara sus alegatos, al estimar que era un "tiempo suficiente para evaluar su posición en este y otros casos”[6].

La representación legal de Guaidó dijo el 15 de abril de 2019 durante la audiencia que “los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no toman en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano” y, además, sostuvieron que “la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos”[7].

Interesados en una tajada 

Sobre los bienes de CITGO acosan no solamente Crystallex, sino otros acreedores con los que Venezuela mantiene más de 150 mil millones de dólares en deudas.

Entre quienes formulan estos reclamos figura un muy poco conocido fondo de inversión estadounidense, a saber Tenor Capital Management, el cual aspira a obtener una tajada de USD 800 millones de CITGO, en virtud de que desde 2012 invirtió USD 76 millones en Crystallex International Corp para financiar la demanda contra Venezuela. Así lo dio a conocer una reseña de Reuters[8] que refiere que con su aporte, Tenor facilitó forzar la minera canadiense el cobro a Venezuela.

La inversión de Tenor entre 2012 y 2016 experimentó un crecimiento de 40 por ciento al año y se espera que supere los USD 2.000 millones en 2021. Para las empresas de financiamiento de litigios un objetivo fundamental es obtener retornos de tres a 10 veces su inversión inicial.

La minera estableció otorgar a Tenor Capital Management alrededor de un 70 por ciento de los pagos que obtuviera por parte de Venezuela. En noviembre de 2018, Crystallex llegó a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro que le habría permitido haber recibido USD 500 millones, pero a las pocas semanas acusó al país de incumplir los términos del referido acuerdo.

Sobre Tenor Capital Management Company, L.P., el portal Bloomberg informa que se trata de “un administrador de inversiones de propiedad privada. La firma presta principalmente sus servicios a vehículos de inversión conjunta. También abastece a corporaciones y empresas. La firma gestiona carteras de renta fija y renta variable centradas en el cliente. También lanza y gestiona fondos de cobertura para sus clientes. La firma invierte en los mercados públicos de renta fija y renta variable en todo el mundo. Por lo general, utiliza un arbitraje convertible, un arbitraje de la estructura de capital, la volatilidad y el valor relativo del crédito, y operaciones de situaciones especiales para realizar sus inversiones. Para sus inversiones de capital, la empresa invierte en acciones de capitalización media con una capitalización de $ 500 millones a $ 5 mil millones. Emplea investigación externa e interna para hacer sus inversiones. Tenor Capital Management Company, L.P. fue fundada en julio de 2004 y tiene su sede en la ciudad de Nueva York”[9].

Sobre el misteriosos acuerdo entre Maduro y Crystallex

Como se dijo líneas arriba, entre la administración de Nicolás Maduro y Crystallex, privilegiando las acreencia de la canadiense por encima del resto de los acreedores, se firmó una negociación que no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, requisito indispensable de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para dar validez a los convenios suscritos por la nación.

El procurador de la república designado írritamente sin el consentimiento parlamentario, Reinaldo Muñoz Pedraza, suscribió el acuerdo en el que hubo alteraciones en el texto, los cuales significaron la afectación de los intereses de Venezuela.

La negociación secreta tuvo lugar el 10 de septiembre de 2018 y de esta manera se modificaron los términos de la transacción anterior firmada en 2017, lo que permitió a Crystallex obtener un pago de USD 425 millones, el cual sería el primero hasta completar el pago de la deuda.

Si Venezuela no cumplía con los pagos acordados, Crystallex podía reiniciar sus acciones legales.

No existe información oficial acerca de los pagos hechos por Venezuela a Crystallex, pero el precipitado acuerdo que evitaría la confiscación de CITGO contemplaría que PDV Holding Inc. es que el alter-ego de PDVSA, otorgando así a la empresa minera los derechos sobre la petrolera en territorio estadounidense.

El acuerdo contempla dos tipos de pagos, uno inicial de USD 425.000.000, mientras que el saldo restante de USD 814.632.217, sería dividido en 34 cuotas que habrían de comenzar a cancelar el 1° de febrero 2019, concluyendo las erogaciones el 28 de enero del 2021. La suma de la cuotas realizadas y las por hacer suman USD 1.314.271.214,43, lo cual representa USD 112.271.214,43 millones por encima de lo concedido por el CIADI.

El acuerdo también establece que Venezuela mantendría en garantía activos por el valor de 120 por ciento del monto a pagar en cuotas, conocido como lo “sustancialmente habitual”[10].

Por ahora se mantiene el suspenso acerca de cuál será el desenlace final de esta novela por entrega que tiene lugar desde que Hugo Chávez decidiera expropiar a Crystallex pero, sobre todo, la expectativa con relación al papel que Juan Guaidó jugará en este litigio.

Citas:

[1] El Nuevo Herald. “Guaidó aprieta las tuercas a Maduro con filial petrolera en EEUU”. 13 de febrero de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article226224465.html


[2] PanamPost. “EEUU otorga licencia a CITGO para seguir operando pero en manos de Guaidó”. 15 de marzo de 2019. https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/03/15/eeuu-otorga-licencia-a-citgo-para-seguir-operando-pero-en-manos-de-guaido/?cn-reloaded=1

[3] Documento de la Corte de Apelaciones del Distrito Tercero, PA. 

[4] Banca y Negocios. “Crystallex quiere excluir argumentos de abogados de Guaidó en caso contra Citgo”. 19 de marzo de 2019. http://www.bancaynegocios.com/crystallex-quiere-excluir-argumentos-de-abogados-de-guaido-en-caso-contra-citgo/

[5] Notiamerica. “Venezuela.- Abogados de Guaidó piden a una corte de EEUU que revoque un fallo para que Crystallex incaute parte de Citgo”. 6 de abril de 2019. https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-abogados-guaido-piden-corte-eeuu-revoque-fallo-crystallex-incaute-parte-citgo-20190406070741.html

[6] Reuters. “La corte de los Estados Unidos permite que el venezolano Guaido discuta en el caso Crystallex”. 21 de marzo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-crystallex/u-s-court-allows-venezuelas-guaido-to-argue-in-crystallex-case-idUSKCN1R22C4

[7] Venezuela Política. “CITGO sigue siendo el centro de disputa entre Crystallex y la república de Venezuela”. 16 de abril de 2019. http://maibortpetit.blogspot.com/2019/04/citgo-sigue-siendo-el-centro-de-disputa.html


[8] Reuters. “A FONDO-¿Quiere demandar a Venezuela? Varias firmas pueden ayudar... por un precio”. 21 de diciembre de 2018. https://lta.reuters.com/articulo/idLTAL1N1YQ0DA

[9] Bloomberg. Company Overview of Tenor Capital Management Company, L.P. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=9301922

[10] Venezuela Política. “Conoce la misteriosa del acuerdo firmado entre Crystallex y el régimen de Nicolás Maduro”. 12 de abril de 2019. http://maibortpetit.blogspot.com/2019/04/conoce-la-misteriosa-del-acuerdo.html

martes, 16 de abril de 2019

CITGO sigue siendo el centro de disputa entre Crystallex y la república de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation sigue su curso en un tribunal de los Estados Unidos, donde la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano pelean para evitar que las acciones de la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), sea subastada para pagar las deudas adquiridas por Venezuela a raíz de las expropiaciones hechas por el fallecido expresidente, Hugo Chávez. 
Este lunes, en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de los Estados Unidos en Filadelfia, se escucharon los argumentos legales de los abogados de la minera canadiense que busca cobrar USD 1.400 millones del premio adeudado por Venezuela a raíz del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de 2016.

Los abogados de Crystallex siguen dispuestos a ponerle la mano a CITGO. Aunque el camino ya se había adelantado con la decisión del juez de la Corte de Delaware de agosto de 2018, que acordó que los activos de PDVSA en los Estados Unidos, a saber, CITGO, podrían usarse para satisfacer las deudas de Venezuela con Crystallex. No obstante, a finales de 2018, Venezuela logró un acuerdo con Crystallex, cuyos términos se mantienen en secreto, y para lo cual pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. 

En febrero de 2019, CITGO pasó a manos de la administración de Guaidó, quien nombró una nueva junta directiva que asumió el poder de la filial y hasta logró un nuevo endeudamiento por USD 1.2 mil millones para ayudar a sus operaciones diarias.

En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que el gobierno "interino" de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, pudiese intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela. 

Los representantes de Guaidó están tratando de preservar CITGO que ahora está en su poder, para evitar a toda costa que Crystallex y otros acreedores recorten los activos extranjeros del país por deudas contraídas con el gobierno presidido por Nicolás Maduro y por su antecesor Hugo Chávez. 


Los abogados designados por Guaidó para el caso que se encuentra en la corte de apelaciones de Filadelfia, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no toman en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

Los representantes legales de Guaidó sostienen que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos.

La administración de Donald Trump otorgó a Juan Guaidó el control de CITGO tras su reconocimiento como única autoridad legítima de Venezuela, luego que se desconocieran los resultados de las elecciones del 20 de mayo de 2018, calificadas como fraudulentas donde Nicolás Maduro dijo haber ganado por una amplia mayoría. Guaidó fue reconocido por más de 50 países.

La nueva junta directiva de CITGO presidida por Luisa Palacios asumió el control de la filial en febrero de 2019. 

De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales ha hecho que CITGO sea vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

La deuda del estado venezolano con los dueños de los bonos de PDVSA 2020 tienen como garantía las acciones de CITGO. Los pagos de esos instrumentos se vencen el 27 de abril de 2019. 


viernes, 12 de abril de 2019

Conoce la misteriosa del acuerdo firmado entre Crystallex y el régimen de Nicolás Maduro

La política de expropiaciones desarrollada por el gobierno de Hugo Chávez continúa generando pérdidas millonarias para la república. En 2011, Venezuela expropió un proyecto de minería de oro de la canadiense Crystallex, lo que llevó al fallo de arbitraje en 2016 que generó una deuda por casi USD 1.400 millones de dólares. En 2018, el régimen de Nicolás Maduro privilegió los pagos de un acuerdo con la trasnacional canadiense por encima de otros acreedores. El convenio (secreto) no fue aprobado por la Asamblea Nacional que es el poder encargado de darle legalidad a los compromisos de la república. Aunque las cartas pareciera que están echadas, no hay claridad sobre este asunto que podría conllevar a la pérdida de grandes activos de la nación.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
La minera canadiense Crystallex ganó un caso de arbitraje en contra del Estado venezolano en 2016, por un monto de USD 1.202 millones más intereses y gastos. Desde entonces, la empresa inició diversos litigios para el cobro de la deuda, incluyendo una demanda en la corte federal de Delaware para intentar ese cobro ejecutando las acciones de PDVSA en PDV Holding, Inc., la empresa matriz de CITGO.

En agosto de 2018, el juez federal de distrito, Leonard Stark, en Delaware, consideró que Crystallex podía vender en subasta pública las acciones propiedad de PDV Holding, Inc., lo que implicaría la pérdida de control de CITGO.

Poco después, el 10 de septiembre de 2018, el gobierno de Nicolás Maduro y Crystallex celebraron un acuerdo que modificó los términos de la transacción anterior firmada en 2017. En esta ocasión, Crystallex obtuvo un pago de 425 millones de dólares. En el contexto de esta negociación, lo primero que llama la atención es la rapidez con la cual se obtuvo el pago de más de un tercio del monto total adeudado.

Lo más sorprende sucedió poco después, en el juicio que Crystallex sigue por la apelación que se lleva a cabo en Delaware por la sentencia que afecta a CITGO. El 27 de diciembre de 2018, Henry Rodríguez, quien trabaja en la Procuraduría General de la República, dijo que Crystallex había cambiado el texto de la transacción inicialmente.

Según declaraciones juradas que forman parte del expediente, el abogado de la Procuraduría, señala que el texto original de la transacción en español, sólo abarcaba a la república, pero en la versión en inglés, Crystallex incluyó también a PDVSA. Fue esa traducción al inglés la que una vez firmada, ha sido utilizada en las cortes, incluyendo el tribunal de Canadá, país en el cual Crystallex mantiene un proceso de bancarrota.

Los documentos señalan que la transacción fue firmada por Reinaldo Muñoz Pedraza en octubre de 2018, esto a pesar de que la Asamblea Nacional ya había declarado que Muñoz Pedraza no ha sido debidamente designado Procurador y, por tanto, no está facultado para suscribir válidamente ningún documento que comprometa a la república.

Finalmente, Crystallex recibió el pago con fondos del Estado venezolano, a pesar de que la Asamblea Nacional no ha aprobado el presupuesto y, por tanto, no era posible efectuar ningún gasto válidamente. 

La transacción de Crystallex deja varias interrogantes:

1. ¿Por qué el régimen de Maduro aceptó reconocer la totalidad del monto reclamado por Crystallex y pagarle casi un tercio?

2. ¿Por qué el gobierno de Maduro, que ha incumplido diversas obligaciones, decidió pagar ese monto a Crystallex?

3. ¿Por qué Crystallex cambió el texto de la transacción firmada, según fue declarado por el abogado de la Procuraduría?

Por ahora estas preguntas no tienen respuestas.

Otros detalles del caso

Crystallex International Corporation entró a operar en Venezuela en 2002, a través de un Contrato de Operación, en conjunto con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para explotar las minas de oro “Las Cristinas”, localizadas en el estado Bolívar.  El contrato fue cancelado por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez en 2011, lo que generó que minera interpusiera un recurso de arbitraje en 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por USD 3.400 millones el cual estaba basado en los tratados de Inversión entre Canadá y Venezuela.  En 2016, el CIADI falló a favor de Crystallex, obligando a Venezuela a pagar USD 1.400 millones (USD 1.200 millones más USD 0.2 millones en intereses desde esa fecha, a 6 meses tasa LIBOR, más 1 por ciento de interés aproximadamente el 3,75 por ciento PA hasta que la deuda se pagara por completo).

Los pagos

La evaluación cronológica de los documentos del caso señala que para el 4 de abril de 2016 la deuda original del arbitraje a favor de Crystallex era de USD 1.202.000.000.00. 

El acuerdo señalaba que si Venezuela no cumplía con los pagos acordados antes del 10 de enero, Crystallex reiniciaría los procedimientos legales. Así, Crystallex y Venezuela llegaron a un arreglo en 2018, en el que el país mantuvo el acuerdo de pago luego de transferir USD 74.638.998,43.

Se desconoce oficialmente cuántos pagos ha hecho el gobierno de Venezuela a Crystallex y los montos de los mismos. Sin embargo, se han observado que los términos del precipitado acuerdo firmado entre las partes para evitar la confiscación de CITGO, luego que la corte aceptara el argumento de que PDV Holding Inc. es que el alter-ego de PDVSA, lo que otorgó a Crystallex los derechos sobre las acciones de la citada empresa —PDV Holding Inc— y, por ende, de la filial en territorio estadounidense.

Según los documentos legales, el acuerdo contiene dos tipos de pagos: Una erogación inicial de USD 425.000.000 y el saldo restante, que de acuerdo al contrato es de USD 814.632.217, dividido en 34 pagos, que deberían comenzar a efectuarse el 1° de febrero 2019 y terminar el 28 de enero del 2021.

La suma de los pagos que se han hecho, así como están por hacerse, suman un total de USD 1.314.271.214,43, una cantidad que resulta USD 112.271.214,43 millones por encima de la cifra premio concedida por el CIADI.

Asumiendo que Crystallex haya decidido cobrar intereses por la deuda entre el momento del premio y la fecha del acuerdo, la tasa de interés que se corresponde con ese aumento está en un rango entre 3,34 por ciento y 3,42 por ciento anual, según el momento en el que se hayan hecho los pagos que suman USD 74.638.998,43. A partir de ahí, el acuerdo no contempla ninguna tasa de interés, sólo divide el monto de la deuda total al momento de realizar el acuerdo (USD 1.239.632.216), en dos partes, que se pagan una al inicio (USD 425.000.000) y otra parte (USD 814.632.217) pagaderos en 34 cuotas a lo largo de dos años, y que no conllevan ningún tipo de interés.

Los documentos también señalan que durante toda la duración del contrato, la república se compromete a mantener en garantía activos por el valor de 120 por ciento del monto a pagar en cuotas, conocido como lo “sustancialmente habitual”. En cualquier caso, dada la garantía sustancial en activos líquidos, la tasa de interés debería ser baja y, en efecto, es cero. Asimismo, se sabe que el acuerdo como tal no tiene términos excesivos.


Hasta ahora se desconocen las razones por las cuales, eventualmente, Crystallex decidió capitalizar intereses de entre 3.34 por ciento y 3.42 por ciento anual por el tiempo transcurrido entre la fecha del premio y el acuerdo, y no haya decidido tener intereses mínimos (dada la garantía) en el resto del acuerdo.