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domingo, 4 de septiembre de 2016

Narcosobrinos se enfrentan al gobierno de EEUU: "Nos oponemos a limitar los temas en los interrogatorios de los testigos"

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Los abogados de Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas rechazaron, por medio de una misiva enviada al juez Paul Crotty, la solicitud del gobierno de los Estados Unidos de limitar a temas específicos los interrogatorios que tendrán lugar durante la audiencia de pruebas que se celebrará el 8 y 9 de septiembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.


En una carta fechada el 2 de septiembre, los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela informaron al juez su oposición rotunda a los lineamientos establecidos por el gobierno en el recurso de nulidad entregado a la corte el 31 de de agosto de 2016. 

Los abogados, pertenecientes a las costosas firmas Sidley Austin LLP y Boies, Schiller & Flexner LLP exigieron a la corte "rechazar la solicitud de gobierno de negar la información completa y de catalogar lo entregado hasta ahora como suficiente".

En primer lugar, -dice el documento- el gobierno ha admitido que el testimonio de la cada una de los testigos sujetos a citación es apropiado. No obstante, la fiscalía exigió que se limitará los temas a ser tratados en el interrogatorio y ha intentado "anular" bajo lo establecido en la Regla 17 (c) (2) - la moción solicitada por la defensa. 


Los defensores de los primos Flores pidieron al tribunal que exija al gobierno la entrega de más información en las que soporta las supuestas evidencias del caso, en especial la relacionada con las pruebas suministradas por los informantes confidenciales. "Dicha información se le ha pedido en varias oportunidades y el gobierno no ha suministrado nada a la corte", dice la carta.

Los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas quieren tener en su posesión todos los documentos que tiene la DEA en su poder para evaluar las pruebas que sustentan los cargos criminales a sus clientes. "Queremos que se entreguen todos los documentos aportados por cada testigo que está racionalmente relacionado con la evidencia de que los acusados cometieron el delito por el que se les quiere juzgar".


En la misiva los Flores señalan que esperan que una parte sustancial de los documentos limitados por gobierno sean entregados en la audiencia por cada uno de los testigos citados y que no forman parte del descubrimiento. 

Los abogados acusan al gobierno de bloquear la posibilidad de la defensa de develar un tema importante a favor de los acusados, que es la expoliación de las evidencias de los presuntos narcóticos manipulados por Campos Flores

Tal como informamos en este mismo blog, la Fiscalía de Nueva York informó a la corte su disposición para que se impongan limitaciones en los temas que se tratarán en la audiencia de pruebas, excluyendo específicamente el relacionado con la supuesta expoliación de evidencias hechas por los informantes confidenciales del gobierno. 

La propuesta de la fiscalía dice que el tema de la supuesta expoliación debe ser tocado en otra audiencia, aspecto al que la defensa se opone de manera rotunda ya que esa evidencia es importante para demostrar la supuesta inocencia de los acusados. 

Es incorrecto el intento del gobierno de volver a litigar sobre el alcance apropiado de la audiencia y evitar que pregunta a los testigos sobre  la expoliación de los presuntos narcóticos, aseguran los abogados de los primos Flores.

Los defensores señalan que el tema debe ser tratado en la audiencia y que si el gobierno desea solicitar una sesión informativa posterior a la audiencia o hacer una excepción sobre la materia podría hacerlo. "Lo que si no puede hacer es  tratar de establecer los límites de interrogatorio de los testigos en el de los acusados le hagan preguntas sobre la expoliación de evidencias".

En la misma carta, los abogados señalan que ellos decidieron retirar
las citaciones de la tripulación de vuelo desde Haití a Nueva York a solicitud de la fiscalía, por ejemplo, pero no pueden aceptar que el gobierno establezca limitaciones en los temas que se tratarán en los interrogatorios.



martes, 26 de julio de 2016

Solicitud de supresión de evidencias de la defensa de los sobrinos de Cilia Flores es inadecuada

Por Maibort Petit
@maiborpetit

La Fiscalía de Nueva York, a cargo de Preet Bharara calificó de "inadecuada" la petición hecha por los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas de obtener un adelanto de  la información clave que usará el gobierno durante el juicio. 

El documento, que forma parte del expediente de los dos venezolanos acusados de conspirar para transportar a los Estados Unidos 800 kilos de cocaína, califica la solicitud de los acusados de "no acoplarse a la norma jurídica" y por tanto dijo que la misma es inadmisible.

Bharara dijo que la petición de los abogados de los primos Flores para que el gobierno divulgue, como parte del descubrimiento, datos claves del caso no se ajusta a derecho. "No corresponde a los acusados conocer la identificación precoz de los testigos del gobierno, ni divulgaciones previas al juicio".

Bharara también señala que la defensa no necesita conocer los testigos que el gobierno interrogará en las audiencias del juicio, para preparar su estrategia.

Sostiene que el caso de los primos Flores, acusados de intentar introducir drogas a los Estados Unidos, es un "caso sencillo" de tráfico de drogas, en el cual los dos demandados son acusados de conspiración,  basado en una investigación realizada por las autoridades antinarcóticos de los EEUU a lo largo de aproximadamente dos meses. "Existen evidencias claras, obtenidas bajo los criterios establecidos en las leyes norteamericanas" sentencia la fiscalía.

"El gobierno es consciente en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Artículo 16, basado en Giglio, y Brady. De hecho, las revelaciones del gobierno durante el descubrimiento, incluyendo grabaciones detalladas,  proyectos de traducciones y declaraciones juradas de órdenes de registro han ido más allá de los requisitos de la Regla 16. Les hemos proporcionado a los acusados la información suficiente para preparar el juicio y evitar la sorpresa injusta durante las audiencias. Las solicitudes hechas por los acusados para que el gobierno entregue elementos adicionales debe ser negada", señala el informe.

Campos Flores y Flores de Freitas fueron arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015. Actualmente se encuentran a la espera de juicio. Ambos han permanecido ocho meses en Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

La defensa del caso Flores introdujo a la corte el pasado 2 de Julio varias mociones para solicitar que se eliminen evidencias del expediente, argumentando que las mismas fueron obtenidas de manera ilegal. Asimismo, pidieron que el gobierno revelara la identidad de los testigos confidenciales involucrados en la investigación que sirvió de base para la acusación contra los dos familiares del presidente de Venezuela. 

Los acusados pidieron al gobierno la eliminación de varias piezas usadas por el gobierno como evidencia, a saber:

(1) Los testimonio  obtenidos en la primera reunión entre los acusados ​​y los informantes confidenciales, que tuvo lugar el 4 de octubre de, 2015 en Honduras; 
(2) Las grabaciones de audio y vídeo de las sesiones posteriores de los acusados ​​con los informantes; y 
(3) Todos los testimonios al respecto, incluyendo las imágenes de la pantalla de un ladrillo que pretender ser presentado como cocaína, durante una reunión entre los acusados ​​y los informantes, el 25 de octubre de 2015. 

Los demandados solicitaron la eliminación de estas tres categorías de pruebas en el juicio, o, como alternativa,  que la corte haga una audiencia de prueba para evidenciar la mala fe de los informantes confidenciales. El pasado 22 de julio la fiscalía respondió de manera negativa a dichas solicitudes señalando que todas fueron obtenidas en pleno cumplimiento a la ley.

martes, 5 de julio de 2016

Abogados de sobrinos de Cilia Flores acusan a EEUU de destruir pruebas que exculpan a sus defendidos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los abogados defensores de los sobrinos de Cilia Flores acusaron al gobierno de los Estados Unidos de destruir pruebas importantes, de manera deliberada, para culpar a Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas del tráfico de narcóticos a los Estados Unidos de acuerdo a un informe preliminar presentado a la corte del Distrito Sur de Nueva York este viernes 01 de julio.

En el documento los defensores de los primos Flores aseguran que las grabaciones realizadas por los informantes confidenciales, pagados por el gobierno norteamericano, "están irremediablemente manchadas por la conducta impropia de los informantes"

Los abogados piden al juez suprimir esas grabaciones por considerar que las mismas violan las garantías procesales de los acusados. "Es axiomático cuando las personas que trabajan en nombre del Gobierno destruyen deliberadamente pruebas importantes" asegura Randall W. Jackson abogado de los primos Flores.
Agrega que: "Aquí no sólo hubo una destrucción de pruebas, sino que las mismas fueron alteradas por informantes pagados por el gobierno, que operan fuera del país y fuera de cualquier limitación impuesta por la formación, la ética o la rendición de cuentas por parte de los agentes de la administración de Control de Drogas (DEA)". 

En el documento, Jackson señala que el registro de descubrimiento indica que los informantes destruyeron grabaciones de audio y vídeo durante las reuniones cruciales con los demandados, o estratégicamente desactivaron sus dispositivos de grabación en los momentos críticos con el fin de eliminar de los registros de conversaciones "aquellas que no se ajustaban a la narrativa que los informantes querían establecer para probar las embarcaciones de droga".

La defensa sostiene que "Ambas acciones indebidas, tenían como objetivo, eliminar del registro las conversaciones que resultaran prueba exculpatoria a favor de los demandados".

Más adelante, el informe preliminar asegura que en el caso de los Flores, el impacto del despojo intencional de las pruebas es enorme, debido a que prácticamente, todo el caso en contra de los demandados se apoya en el cuerpo de grabaciones que fueron hechas por los informantes. 

-En este caso, no hubo incautaciones de cocaína, ninguna búsqueda de lugares donde se almacenan o se entregan los narcóticos, no hay registros ni embargos de buques u otros vehículos utilizados para la exportación de narcóticos, y ningún acto de violencia, argumenta la defensa asegura Jackson

Sostiene que durante una reunión con los demandados, los informantes confidenciales obtuvieron una cantidad de una "sustancia desconocida" -que el Gobierno afirma era cocaína- y que ahora ha sido destruida. Sobre la muestra obtenida no se pudo completar ninguna prueba conocida para probar la naturaleza de la misma.

La defensa de los sobrinos de Cilia Flores asegura que la supuesta muestra de "cocaína" es la única sustancia controlada que pretendía ser usada como prueba durante el curso de la presente investigación.
Por las razones expuestas en el informe, y en base a los actos de expoliación (destrucción) de la sustancia por parte de los informantes confidenciales del gobierno, los acusados ​​Efrain Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas buscan la eliminación de varias piezas usadas por el gobierno como evidencia, a saber:

(1) los testimonio  obtenidos en la primera reunión entre los acusados ​​y los informantes confidenciales, que tuvo lugar el 4 de octubre de, 2015; 
(2) las grabaciones de audio y vídeo de las sesiones posteriores de los acusados ​​con los informantes; 
(3) todos los testimonios al respecto, incluyendo las imágenes de la pantalla de un ladrillo que pretender ser presentado como cocaína, durante una reunión entre los acusados ​​y los informantes, el 25 de octubre de 2015. 

Los demandados solicitan la eliminación de estas tres categorías de pruebas en el juicio, o, como alternativa,  que la corte haga una audiencia de prueba para evidenciar  la mala fe de los informantes confidenciales.


miércoles, 11 de mayo de 2016

Gobierno de EEUU "blinda" su acusación contra sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El gobierno de los Estados Unidos activó un mecanismo legal para "blindar" su acusación contra los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas.  Con la solicitud hecha a la corte, para que lleve a cabo investigaciones separadas que determinen si hay  o no conflicto de intereses, el fiscal Preet Bharara está preparando "una coraza" para evitar que, una vez se dicte sentencia contra los acusados, la defensa pueda apelar el dictamen, alegando vicios  procesales que podrían ser interpretados como una violación de la Sexta Enmienda de la Constitución, que garantiza al acusado el derecho a la defensa, y a una representación libre de conflictos. 
El Fiscal General de Distrito Sur de NY, Preet Bharara aplica un procedimiento legal para proteger su acusación contra los Flores de una posible acción de apelación después de la sentencia.(foto publicada por Times)
En la solicitud hecha al juez Paul Crotty, el acusador de los sobrinos de Cilia Flores pide aplicar una herramienta legal que permite a la parte demandante acogerse a todos los principios del derecho americano, de tal manera de no dejar puertas abiertas a la defensa, para una posible solicitud de anulación de la sentencia con un recurso en la Corte de Apelaciones, luego del juicio asegura el exfiscal federal y abogado criminal, Eduardo Palmer.

Si el fiscal Bharara deja esa posibilidad abierta, de seguro que el tribunal de Apelaciones podría eliminar la sentencia, y ordenar el inicio de un nuevo juicio que además de generar altos costes al sistema judicial podría debilitar la posición de la parte acusadora.


La fiscalía eliminará del caso de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro un posible riesgo de anulación de sentencia. Con el cuestionario enviado a la Corte, los demandantes exigen a los demandados expresar por escrito y oralmente que entienden y conocen las consecuencias que puede traer para su defensa que los costes legales estén siendo pagados por una sola persona. 

Una vez que los reos  comprendan que ese asunto puede constituir un conflicto de intereses, y que puede haber una violación a la Sexta Enmienda constitucional, el gobierno habría preparado su terreno para lograr su objetivo inicial. 

Si los acusados deciden seguir con sus representantes legales, a pesar de la advertencia de la fiscalía,  dicha decisión -voluntaria y con conocimiento de las implicaciones legales,  se convierte en un elemento de protección para el gobierno federal, a la hora de una apelación.

El exfiscal federal Palmer explicó que la Fiscalía cuenta con diversos recursos para eliminar  todos los mecanismo que, de alguna u otra manera, puedan viciar el proceso y convertirse -a futuro- en un recurso de impugnación válido en el tribunal superior.

Cuando la parte acusadora no elimina los elementos que puedan convertirse en una prueba de violación de lo estipulado en la ley, y en especial, en lo relacionado a los derechos que tiene todo acusado a una legítima defensa libre de conflictos, reduce los riesgos futuros. 

Destaca el exfiscal que cuando un juez o tribunal emite una resolución judicial y una de las partes no está de acuerdo puede usar un recurso de apelación, a través de la cual se recurre a un órgano jurisdiccional superior para que revise la sentencia y, si estima que tiene defectos, la corrija en consecuencia. 

Un dictamen de la Corte de Apelaciones implica no sólo pérdida de tiempo y recursos para gobierno, sino que obliga al tribunal a iniciar nuevamente el procedimiento para su reposición o reconsideración, el cual debe efectuar el mismo juez que sentenció.

En la solicitud del fiscal Bharara al juez Crotty se apela a la existencia del conflicto entre los dos clientes, los dos escritorios jurídicos privados y la tercera persona, cuyo nombre no se hará público salvo que lo solicite una de las instancias involucradas en caso.

En los Estados Unidos no constituye delito alguno que un tercero pague los costes legales de los acusados, asegura Palmer. "La advertencia de la Fiscalía tiene como objetivo preparar el terreno para evitar una posible reconsideración de la sentencia, eso es todo", dijo.

El pago de honorarios legales por parte de terceros es de hecho una de las vías más usadas en la actualidad. Por lo general se considera tercero, cualquier otra persona o institución que pague con excepción del propio acusado. Asi, familiares, amigos o empresas pueden hacerse cargo del pago de la factura que generan los servicios de defensa.


La petición de la fiscalía destaca que puede haber tres tipos particulares de conflictos entre los abogados y sus cliente: Conflictos per se, los conflictos reales y conflictos potenciales

En tal sentido, se señala lo siguiente: 


Los conflictos Per Se  son tan graves que se consideran violaciones de la Sexta Enmienda. Tales violaciones son irrenunciables y no requieren que se demuestre que el acusado fue perjudicado por su representación.

Los conflictos reales se producen cuando los intereses de un acusado y su abogado divergen con respecto a una cuestión de hecho, material jurídico o un curso de acción que violan la Sexta Enmienda, es decir, cuando la representación del abogado del cliente se ve afectada negativamente por la existencia del conflicto. 

Los conflictos potenciales existen si los intereses del demandado pueden colocar al abogado bajo deberes inconsistentes en algún momento en el futuro y con ello se viola la Sexta Enmienda, (cuando perjudican a la parte demandada).

El fiscal advierte en su petición que los tribunales y comentaristas del derecho norteamericano han reconocido los peligros inherentes que surgen cuando un acusado es representado por un abogado contratado y pagado por un tercero.

En ese sentido, Bharara recuerda las consideraciones éticas que se generan cuando un abogado acepta el pago de honorarios de alguien que no sea su cliente. La aceptación de estos pagos por parte de "benefactores" puede someter a un abogado a la influencia externa no deseada y plantea una cuestión ética, en cuanto a si la lealtad del abogado es con el cliente o al pagador.

En los Estados Unidos, los tribunales tienen dos obligaciones separadas cuando existe un posible conflicto de intereses. En primer lugar, hay una "obligación de consulta", en virtud del cual el tribunal debe "investigar los hechos y los detalles de los intereses del abogado para determinar si el abogado de hecho sufre de un conflicto real, un posible conflicto o ningún conflicto real en absoluto. 

En segundo lugar, si el tribunal de distrito encuentra que el abogado del acusado se enfrenta a un conflicto real o potencial, surge una descalificación o renuncia de la obligación, en virtud de la cual el tribunal debe:

1-Descalificar al abogado si el conflicto es lo suficientemente grave
2- Si se puede renunciar al conflicto, lo que indica que se debe llevar a cabo una audiencia Curcio, que es una sesión que incluye interrogatorios y orientación, para asesorar a la parte demandada sobre las ramificaciones del conflicto y obtener una exención para el demandante sobre consecuencias derivadas de dicho conflicto.

En el caso que el demandado pueda racionalmente optar por contratar a un abogado de su elección, a pesar de un conflicto, la conducta judicial  una audiencia Curcio podría determinar si el acusado -a sabiendas e inteligentemente- renuncia a su derecho a la representación libre de conflictos.

Sin embargo, el tribunal de distrito se puede reservar la discreción de rechazar la renuncia si el conflicto planteado por el fiscal puede poner en peligro la integridad del proceso judicial como tal.

La Fiscalía quiere poner de manifiesto que hay un posible conflicto de intereses debido a que un tercero está pagando los honorarios legales para ambos acusados.  

Uno de los riesgos es que el abogado va a impedir que su cliente obtener indulgencia al impedir que el cliente de ofrecer testimonio en contra de su antiguo empleador o de tomar otras acciones contrarias a los intereses del empleador.

Por ejemplo, el tercero que paga las cuentas puede tratar de influir en una estrategia global de defensa que no necesariamente es del interés de uno o ambos de los acusados. Otro tipo de riesgo, que parte que paga los honorarios puede haber tenido un interés a largo plazo en el establecimiento de un precedente legal y podría hacerlo sólo si los intereses de los propios acusados fueran sacrificados.

También es concebible que la tercera parte podría persuadir a un abogado para evitar la búsqueda de indulgencia que podría conseguir uno de los clientes que desee cooperar, o para asesorar a sus clientes a abstenerse de declarar en su propia defensa.

Uno de los riesgos que se presenta según el escrito es que el abogado podría impedir que su cliente obtenga indulgencia al impedirle ofrecer testimonio en contra de su antiguo empleador o de tomar otras acciones contrarias a los intereses del empleador.

En el documento de la fiscalía se señala que en circunstancias especiales, se podría divulgar la información sobre la tarifas y la identidad del cliente, con lo cual dicha información dejaría de ser privilegiada. (Podría ser a través de una solicitud del Gran Jurado) Esto ocurriría en caso que se quiera evitar inculpar al pagador de los costes legales, y probar que un abogada haya abdicado su deber de lealtad al permitir que un tercero que paga sus honorarios para influir en su juicio profesional en la representación del acusado.

jueves, 5 de mayo de 2016

Caso Flores: Sidley Austin LLP, Bufete que defiende a Flores de Freitas, tiene una larga relación con Citgo

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El costoso bufete de abogados Sidley Austin LLP, que está a cargo de la defensa del sobrino de Cilia Flores y Nicolás Maduro, Franqui Francisco Flores de Freitas tiene una larga relación con Citgo Petroleum Corporation. Abogados de la afamada firma legal han sido los representantes de la corporación petrolera en varios litigios en los Estados Unidos desde 1988.

Al igual que el escritorio jurídico Squire Patton Boggs, que sirve como representante legal y lobbista de los intereses del gobierno de Nicolás Maduro en varios tribunales de los Estados Unidos, la firma que contrató Franqui Francisco Flores de Freitas a inicios del mes de abril de 2016, Sidley Austin LLP mantiene vínculos con el Estado venezolano y ha sido representante legal de Citgo en varias oportunidades.

Una relación de larga data y de muchos intereses

Citgo se convirtió en uno de los mejores clientes de Sidley Austin LLP desde mucho antes de la llegada del chavismo al poder.  En 1988, Citgo le otorgó el primer contrato al bufete que defiende actualmente al sobrino de Cilia Flores en Nueva York. En aquella oportunidad, uno de los abogados estrellas de Sidley Austin LLP era Nathan Eimer. Los registros señalan que ese profesional del derecho se ganó la confianza de los directivos de Citgo Petroleum Corporation, cuya propiedad era compartida entre el gobierno de Venezuela y la Corporación Southland. En 1990, Pdvsa adquirió la totalidad de Citgo. Eimer era el abogado preferido de la corporación venezolana. 

Con la llegada de Hugo Chávez al poder, el abogado de Sidley Austin LLP, viajó a Caracas varias veces, donde logró establecer una red de contactos con funcionarios de Pdvsa y del gobierno chavista. De acuerdo a las registro de la época, Citgo pasó a ocupar las 24 horas de la agenda de trabajo de Eimer y le permitió hacerse de una gran fortuna.

Eimer aseguró en una entrevista en una oportunidad que viajó Venezuela para reunirse con funcionarios de Pdvsa y del gobierno, pero no tuvo la oportunidad de toparse con el presidente Hugo Chávez

Tan bien le fue a Eimer con el gigante refinador Citgo que en el año 2000 fundó una firma de abogados, llamada Eimer Stahl Klevorn & Solberg con sede en Chicago.  Hasta la fecha,  Eimer es uno de los abogados consentidos de Citgo y sus consejos legales y financieros llegan a los oídos de las altas esferas del gobierno venezolano. 

A pesar que Eimer Stahl dejó el prestigioso bufete Sidley Austin LLP, la relación que esa firma legal con Citgo Corporation no se acabó, sino que por el contrario se incrementó. Así, el escritorio jurídico representó al Estado venezolano en casos extremadamente complejos, entre los cuales se destaca uno ocurrido en 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos consideró una demanda contra Citgo por 180 millones de dólares, hecha por unas empresas Frescati Shipping Co. Ltd. y su buque M / V Athos que acusaron al gigante petrolero de ser responsable por el derrame de petróleo. 

*El caso se basaba en el hecho que un barco chocó contra un ancla sumergida en el río Delaware en noviembre de 2004, cerca de la terminal de Citgo, derramando 265.000 galones de petróleo crudo en el río.

Citgo perdió el caso en el máximo tribunal, a pesar que los abogados de Sidley Austin LLP pelearon en varias instancias, inclusive en la corte de apelaciones.  Ver detalles de ese caso aquí.

Citgo fue representada por los abogados Carter G. Phillips, Jacqueline G. Cooper y Richard E. Young de Sidley Austin LLP.

La firma Eimer Stahl Klevorn & Solberg cuya sede está en Chicago, tiene excelentes relaciones con Sidley Austin LLP en Nueva York.


martes, 3 de mayo de 2016

Piden investigar origen de los fondos para el pago de la defensa de sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit


A través de un comunicado de prensa, el abogado venezolano Luis Alejandro Aguilar Pardo  informó que había enviado una misiva a los fiscales del gobierno de los Estados Unidos para pedir una investigación formal sobre el origen de los fondos usado para pagar a la defensa de sobrinos de Cilia Flores




Aguilar Pardo envió  la primera carta el pasado mes de noviembre de 2015 donde pedía a las autoridades de los EEUU, y a los que llevan el caso Flores, la apertura de una averiguación sobre la legalidad de los ingresos para el pago de abogados de la defensa y  ponía en tela de juicio las circunstancias en que Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas obtenían los dólares para pagar costosos abogados en Nueva York.

El profesional del derecho pide a la justicia norteamericana que  investigue el origen de los fondos con los cuales se pretende financiar los honorarios y gastos ocasionados por la defensa de los sobrinos  de Cilia Flores y Nicolás Maduro. El portal Sumarium tiene una entrevista exclusiva con el profesional del derecho que puede leer aquí.

martes, 5 de abril de 2016

Solicitan nuevo diferimiento para audiencia de sobrinos de Cilia Flores para el mes de mayo

@maibortpetit

Por Maibort Petit


Tal como lo habíamos adelantado, la nueva defensa de Franqui Francisco Flores De Freitas, David M. Rody pidió formalmente a la corte una prórroga de la audiencia preliminar al juicio que tendría lugar este miércoles 6 de abril a las 3pm. En una carta enviada al juez Paul Crotty la firma de abogados pidió tiempo para hacer el estudio del expediente voluminoso que recibieron de los defensores salientes.

La nueva cita será el 3 de mayo de 2016 a las 2:00 pm. en la sala 14C de la SDNY, ubicada en el número 500 de la calle Pearl según se observa en el documento emitido por la corte.

En la carta los abogados, expresan el consentimiento entre las partes para solicitar la prórroga para el mes de mayo.

Los nuevos  abogados y solicitantes del diferimiento son Michael D. Mann y David M. Rody quienes asistirán en la defensa legal de Franqui Francisco Flores de Freitas

David M. Rody es un abogado asociado a la firma  Sidley Austin LLP. Trabajó como jefe de la Unidad de crímenes violentos perteneciente a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y se especializa en derecho criminal,  criminales. Tiene amplia experiencia en delincuencia financiera, ya que apoyó al gobierno federal en investigaciones relacionadas con esa área. 

A continuación les dejo el documento del diferimiento.






martes, 12 de enero de 2016

¿Por qué los #narcosobrinos se declaron "pobres" en los Estados Unidos?

Por Maibort Petit

Muchos correos electrónicos recibidos a raíz de las crónicas del caso de los narcosobrinos  preguntan por qué los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, actualmente presos en una cárcel federal de Nueva York acusados de narcotráfico, decidieron declararse "pobres" o "financieramente incapaces" ante la justicia norteamericana. 

Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freitas juraron ante la Corte Federal, que no poseían recursos suficientes para pagar abogados privados que los defiendan ante las acusaciones por narcotráfico hechas en su contra por la Fiscalía General Norteamericana.  

Francisco Flores de Freitas firmó el Affidavit que lo convirtió en "pobre" en la primera audiencia de presentación (12-11-2015), mientras que Efraín Campos Flores lo hizo luego de la solicitud formal para que la Corte investigue el origen de los fondos con los que el hijastro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro pagó  los servicios de defensa del costoso bufete de abogados Squire Patton Boggs (17-12-2015). 

Ante la ley norteamericana toda persona tiene el derecho de ser representado por un abogado de oficio si su situación financiera personal no le permite pagar un abogado privado. Para recibir ese beneficio debe pagarse una cuota a la Oficina de Defensa Pública que va entre $50 a $100 dólares, dependiendo del caso. En circunstancias de indigencia, el reo está exento de pagar esa cuota, inclusive.

¿Los abogados de oficios son gratis? 

Hay una creencia que los abogados de oficio o abogados de públicos son gratis, o libre de costo para todos los procesados que reciben el beneficio de derecho a la defensa. Aunque para muchos sí lo es,  para otros no. 

Cuando el proceso legal concluye, si el acusado ha estado representado por un abogado de oficio, el juez puede llevar a cabo una audiencia para determinar si el reo tiene o no capacidad de pago de todo, o de una parte de los costos en los que ha incurrido por ser representado por un abogado designado por el tribunal. Es en esta audiencia y dependiendo de los ingresos y gastos del acusado o sentenciado, el juez puede ordenar que pague por el costo total de los servicios de su abogado público, una parte de esos costos - o ninguno. 

Si el juez, previa investigación, determina que el acusado tiene la posibilidad de pagar una parte o la totalidad de los costos, se le ordenará pagar de acuerdo a su situación financiera. Y si el reo es realmente incapaz financieramente no tendrá que hacerlo.

Cuando los acusados o procesados son ciudadanos y residentes del país suelen privar informaciones previas relacionadas con declaraciones de impuestos o solicitudes de ayuda pública. 
La Sociedad de Ayuda Legal, uno de los mayores defensores de oficio en los casos penales, muestra el siguiente cuadro de elegibilidad de ingresos en su página web:

Tamaño de la Familia - Ingreso Mensual- Ingreso anual

1 $ 1,063 $ 12,762
2 $ 1,426 $ 17,112
3 $ 1,788 $ 21,462
4 $ 2,151 $ 25,812
5 $ 2,513 $ 30,162
6 $ 2,876 $ 34,512
7 $ 3.238 $ 38.862

8 $ 3,601 $ 43,212

En el caso de criminales extranjeros ( Caso de los Flores)  priva esencialmente el cumplimiento de la VI Enmienda de la Constitución Norteamericana que reza lo siguiente:

En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado pública y expeditamente, por un jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito se haya cometido, distrito que habrá sido determinado previamente por la ley; así como de ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación; que se le caree con los testigos en su contra; que se obligue a comparecer a los testigos en su favor y de contar con la ayuda de Asesoría Legal para su defensa.


La defensa pública  sufre de hacinamiento

En la ciudad de Nueva York  hay más de 1.000 abogados de oficio que llevan cientos de miles de casos de los acusados y procesados clasificados como pobres e indigentes. Para ahorrar dinero, muchas veces la ciudad de Nueva York nombra a los defensores públicos minutos antes de aparecer ante el juez y, a veces incluso después de haber comparecido ante el tribunal sin representación. 

Un artículo publicado en 24 de septiembre de 2014 por la Associated Press,  revela que un abogado de oficio promedio en Nueva York, tiene que defender aproximadamente 680 casos al año. 

Un reportaje del The New York Times asegura que los defensores públicos en Nueva York están tan sobrecargado de trabajo y tiene tantos casos que los acusados calificados de pobres esencialmente no reciben una defensa legal apropiada. 

La nota describe un sistema en el que los acusados incapaces de pagar un abogado privado por su pobreza y niveles de indigencia, navegan por los tribunales contando con el asesoramiento irregular de los abogados que no tienen el tiempo o el dinero para investigar sus casos o asesorarlos adecuadamente. ¿ Nos preguntamos si ese es el caso de los sobrinos de Cilia Flores?

¿ Qué pasa si los delincuentes mienten en a la justicia para beneficiarse de un abogado de oficio ?

Mentir a las autoridades federales también es un delito grave. Se conocen casos en los que los acusados se declaran incapaces de pagar una defensa privada, y luego se descubre que poseen propiedades u otros activos. Esto genera nuevos cargos y penalidades.

El abogado experto en derecho penal y litigio comercial, Eduardo Palmer asegura que las leyes de Estados Unidos establecen claras sanciones para aquellos acusados que cometen delito de perjurio y hay casos de penalización. No obstante, en la práctica suele ocurrir que el fiscal que lleva el caso tiene poco presupuesto y tiempo para llevar el caso por el que el acusado está siendo juzgado, por lo cual suelen dedicarse a la causa mayor, dejando de lado la investigación por perjurio.

Esta situación puede cambiar si hay una solicitud específica que lleve al fiscal a averiguar que el acusado mintió en su declaración jurada para declararse incapacitado financieramente, o reciba órdenes motivado a que haya una clara sospecha de que hubo mentira. Hay muchas excepciones que han llevado a la penalización, dijo el experto.


Explica que en estos casos, el fiscal ­que es la parte acusadora­ puede intuir y por ende investigar y descubrir que hubo falso testimonio, lo que lo obliga a establecer una solicitud ante la corte para que el acusado sea penalizado por ese otro caso en particular.

Este tema lo amplié en esta nota publicada por el diario El Nacional el pasado mes de diciembre.